Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03090-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03090-01 (5440-2019)
Demandante: JORGE HOMERO GAMBA MACÍAS
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES,
COLPENSIONES1
Tema: Ejecución de intereses moratorios. Excepción de pago.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia proferida el 25
de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que ordenó seguir adelante con la ejecución.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Homero Gamba Macías formuló demanda ejecutiva con el fin de
obtener el cumplimiento íntegro de las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 25 de septiembre de 2009 y por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 23 de febrero de 2012, por medio de las cuales
se condenó a Colpensiones a reliquidar y pagar la pensión de jubilación en un
monto equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios.
Pretensiones2
Librar mandamiento ejecutivo contra Colpensiones por la suma equivalente a
$41.627.068, correspondiente a las diferencias entre los valores pagados por el
régimen de prima media con prestación definida y las condenas fijadas mediante
1 En adelante Colpensiones.
2 Folio 59.
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1
sentencia del 23 de febrero de 2012. Por las diferencias que se causen a partir
del 1.º de abril de 2017, entre la mesada ajustada y lo pagado por parte de
Colpensiones. Por la suma de $49.354.332, por concepto de los intereses de
mora entre el 1.º de abril de 20133 y el 31 de marzo de 20174. Por los intereses
de mora respecto de los valores que se causen desde el 1.º de abril de 2017 y
hasta que se produzca su pago efectivo.
Fundamentos fácticos relevantes5
1. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se negaron las pretensiones de la demanda.
El 23 de febrero de 2012 el Consejo de Estado revocó la anterior providencia.
En su lugar, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Jorge
Homero Gamba Macías.
2. El 26 de marzo de 2014 el demandante radicó ante la Administradora
Colombiana de Pensiones la solicitud de cumplimiento de las sentencias ya
mencionadas. Colpensiones expidió la Resolución GNR 243485 del 11 de
agosto de 2015, en la que reliquidó la prestación periódica.
3. El retroactivo de la mesada reliquidada e indexado desde el 1.º de junio de
2007 hasta abril de 2017 y al descontar lo pagado mediante la Resolución
GNR 243485 del 11 de agosto de 2015, es la cantidad de $41.627.068. Los
intereses de mora sobre el capital adeudado con corte al 30 de marzo de 2017
ascienden a la suma de $49.354.332.
Contestación de la demanda6
Colpensiones formuló las excepciones de pago, buena fe y compensación.
a) Pago. Sustentó que mediante la Resolución GNR 243485 del 11 de agosto de
2015 dio cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado y que no es
procedente la condena al pago de intereses moratorios, comoquiera que fueron
reconocidos en la mencionada voluntad administrativa.
b) Buena fe. Indicó que Colpensiones en todas sus actuaciones tiene que
someterse al imperio de la Constitución Política y de la Ley, conforme lo
prescriben, entre otros, los artículos 121, 122 y 128 de la Carta Magna, siendo
ello lo que ha acatado hasta el momento.
c) Compensación. Argumentó que sin que implique aceptación o reconocimiento
del objeto en controversia, se excepciona la compensación de las sumas
3 La parte demandante contabilizó 10 meses después de la ejecutoria.
4 Los cálculos de la demanda se efectuaron hasta el mes anterior a la presentación de la misma.
5 Folios 58 al 58vto.
6 Folios 109 al 114.
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pagadas por concepto de mesadas pensionales o cualquier otro pago a partir del
reconocimiento de la pensión.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA
Fecha de la audiencia: 31 de mayo de 2019.
Fijación del litigio
En la audiencia se fijó el litigio de la siguiente manera:
«[…] se contrae a determinar, teniendo en cuenta los presupuestos fácticos que
aparezcan probados en el proceso, si le asiste derecho al ejecutante al pago de
$41.627.068, por concepto de saldo dejado de cancelar en la Resolución No. (sic)
GNR 243485 del 11 de agosto de 2015, y al pago de intereses moratorios causados
desde el 2 de junio de 2012, día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia
base de recaudo, y hasta que se efectúe el pago total, o si por contrario la entidad
ejecutada dio cumplimiento estricto a la orden impartida en la sentencia y, por lo
tanto, debe declararse probada la excepción de pago o de compensación,
propuestas por la entidad ejecutada […]»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA7
El a quo profirió sentencia el 25 de julio de 2019, en la cual ordenó seguir adelante
con la ejecución, con fundamento en las siguientes consideraciones:
El tribunal indicó que la excepción denominada buena fe es improcedente, según
lo previsto en el artículo 442 del CGP. En lo que respecta al medio de defensa de
pago, estimó que si bien la entidad ejecutada realizó la reliquidación de la pensión
del señor Gamba Macías y reconoció que el valor de la mesada pensional para
el 1.º de junio de 2007 equivalía a la suma de $1.799.774, también lo es que esta
no era la cifra correcta, sino la cantidad de $1.832.834,81.
Consideró que no era dable desconocer que el saldo dejado de cancelar por la
entidad ejecutada (que es lo que se ejecuta en esta oportunidad), también
generaba intereses moratorios, los cuales se causan sobre las diferencias
indexadas del retroactivo pensional a la ejecutoria de la sentencia, menos los
descuentos a la salud, esto es, $2.538.715,70, desde el día siguiente a la fecha
de ejecutoria de la sentencia (2 de junio de 2012) hasta cuando efectivamente se
realice el pago total de la obligación.
7 Folios 119 al 135.
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Aclaró que los intereses moratorios se causan únicamente respecto de las
cantidades líquidas originadas al momento de la ejecutoria del fallo, tal y como lo
interpretó la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999 que, al estudiar
la constitucionalidad del artículo 177 del CCA, concluyó que las sumas líquidas
reconocidas en una sentencia condenatoria proferida por esta jurisdicción
devengan intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia,
por lo que para calcularlos sólo debe ser tenido en cuenta el capital indexado
hasta esta fecha.
En lo atinente a la excepción de compensación advirtió que no se probó, máxime
cuando el artículo 1714 del Código Civil dispone que la compensación como
modo de extinguir la obligación puede configurarse cuando dos personas son al
mismo tiempo acreedoras y deudoras del otro.
Condenó al extremo vencido al pago de las expensas que se encuentren
causadas y acreditadas. Y, en relación con las agencias en derecho, ordenó el
pago del tres por ciento (3%) del valor de las pretensiones de la demanda
ejecutiva, conforme a los criterios fijados en el numeral 4.º del artículo 5.º del
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 agosto de 2016, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad ejecutada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se absuelva de todas y cada una de las condenas. Sustentó que no se
comparte la decisión de condena en intereses moratorios impuesta en la
providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, por cuanto no ha
operado por parte de la entidad un retraso injustificado para el pago de la
prestación económica.
Sostuvo que por mandato legal es procedente el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios cuando existe mora o retardo en el pago de las respectivas
mesadas pensionales ya reconocidas; de lo que se infiere que proceden los
aludidos intereses única y exclusivamente a partir de la fecha en que ha sido
expedido el acto administrativo mediante el cual se ordena el reconocimiento y
pago de las prestaciones, obviamente en el evento en que no se cumpla lo
ordenado en el mismo, situación que evidentemente no es la del accionante.
Alegó que no basta con que una de las partes solicite la condena en costas, sino
que debe sustentar su generación, pues la nueva postura de la Sección Segunda,
cuya jurisprudencia es vinculante, además de ser objetiva, es valorativa y exige
la causación y su respectiva prueba, para que el funcionario judicial pueda
imponer la condena.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Las partes ejecutante y ejecutada guardaron silencio.
Ministerio Público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó rechazar el recurso de apelación interpuesto o, en su defecto,
confirmar la providencia de seguir adelante la ejecución8. Señaló que el hecho de
haberse reconocido en la Resolución GNR 243485 una suma por concepto de
intereses moratorios no significa que ello exculpara a la deudora, pues, se reitera,
al encontrarse que los factores salariales no fueron atendidos debidamente en
dicho acto administrativo y, por ende, el monto de la pensión fue mal calculado,
obvio es que los intereses moratorios salieron afectados en forma directa. Por
tanto, la suma reconocida y ordenada para su pago no era la debida y por esto,
procede la corrección y el mandamiento ejecutivo sobre el particular.
Ultimó que la providencia que ordena seguir adelante la ejecución no es
susceptible de recurso alguno, pues el ordinal 5.º del artículo 443 del Código
General del Proceso prevé que al no prosperar las excepciones propuestas la
decisión que así lo declare hará tránsito a cosa juzgada. Adicionalmente, indicó
que la situación estudiada no se encuentra dentro de las reguladas por el artículo
321 ibidem (Decisiones apelables), concretamente el numeral «4. El que niegue
total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo», en cuanto las excepciones
propuestas fueron analizadas y corrieron el trámite previsto para estas, es decir,
no fueron decididas de plano.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Cuestión previa
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado precisó que la
providencia que ordena seguir adelante la ejecución no es susceptible de recurso
alguno, pues el ordinal 5.º del artículo 443 del Código General del Proceso prevé
que al no prosperar las excepciones propuestas la decisión que así lo declare
8 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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hará tránsito a cosa juzgada. Adicionalmente, indicó que no se encuentra la
situación estudiada dentro de las reguladas por el artículo 321 ibidem.
Pues bien, el ordinal 4.º del artículo 443 del CGP determina que, si las
excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia se ordenará
seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda. Asimismo, el primer
inciso del artículo 321 ibidem consagra que son apelables las sentencias de
primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.
Bajo este contexto, se tiene que el pronunciamiento del 25 de julio de 2019
corresponde a un fallo que rechazó por improcedente el medio de defensa de
buena fe y declaró no probadas las excepciones de pago y compensación y
ordenó continuar con la ejecución a favor del señor Jorge Homero Gamba Macías
en contra de Colpensiones. En consecuencia, la Subsección estima que el
recurso bajo estudio es procedente, comoquiera que se trata de una alzada
interpuesta contra una sentencia.
Lo atinente al ordinal 5.º del artículo 443 del CGP se refiere a la providencia de
primera instancia pero cuando ya adquiere ejecutoria, dado que de otra manera
no podría hacer tránsito a cosa juzgada y, lo relacionado con el ordinal 4.º del
artículo 321 ibidem cuando el auto niega total o parcialmente el mandamiento de
pago o rechaza de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo,
situación que no es la presente en el asunto de la referencia, por cuanto las
excepciones se resolvieron a través de sentencia, por lo que para determinar la
procedencia o no de la apelación es necesario aplicar el primer inciso del artículo
321 ibidem y no su ordinal 4.º.
Por consiguiente, se continuará con el análisis de los motivos de inconformidad
planteados por la parte ejecutada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en las
siguientes preguntas:
1. ¿Los intereses moratorios en relación con las diferencias sobre el capital
indexado para la fecha de la ejecutoria de la sentencia, sólo se causan a partir
de la expedición del acto administrativo que da cumplimiento al pronunciamiento
judicial?
2. ¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?
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• Primer problema jurídico
¿Los intereses moratorios en relación con las diferencias sobre el capital
indexado para la fecha de la ejecutoria de la sentencia, sólo se causan a partir
de la expedición del acto administrativo que da cumplimiento al pronunciamiento
judicial?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: los intereses moratorios,
en relación con las diferencias sobre el capital indexado para la fecha de la
ejecutoria de la sentencia, se empezaron a causar una vez adquirió ejecutoria la
providencia de segunda instancia base de recaudo, de acuerdo con la
argumentación que se expone a continuación.
El proceso ejecutivo.
En atención a lo previsto en el artículo 297 del CPACA, constituyen título
ejecutivo, entre otras, «Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene
a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.»
A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso lo define en los
siguientes términos:
Artículo 422. Título Ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184.
Ahora, es importante señalar que en el título ejecutivo existen dos tipos de
requisitos, a saber, formales y sustanciales. Los primeros son definidos, tanto
por la Corte Constitucional como por esta Corporación, como los presupuestos
que dan cuenta de la existencia de la obligación, es decir, los que atañen al
documento en cuanto a su autenticidad y, a que provenga del deudor o tribunal
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley.
Los segundos se refieren a la obligación, en sí misma, la cual debe ser: i) clara:
los elementos de la obligación, sujeto activo, pasivo, vínculo y la prestación u
objeto, deben estar determinados o ser fácilmente identificados; ii) expresa: la
obligación debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer; y iii) exigible:
porque no está pendiente de cumplirse un plazo o condición.
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Acorde con lo anterior, la parte que considera incumplida en todo o parte la
decisión judicial, puede acudir al proceso ejecutivo regulado en el capítulo I de
la Sección Segunda del Código General del Proceso, para lo cual, según lo
dispone el artículo 430 del citado estatuto procesal, el juez, luego de revisar que
se cumplan los requisitos citados, disponga librar mandamiento ejecutivo, en el
que se ordena al demandado cumplir con la obligación «en la forma pedida, si
fuere procedente, o en la que aquel considere legal».
Frente a la anterior decisión (de librar mandamiento ejecutivo), la parte ejecutada
tiene la posibilidad de interponer recurso de reposición para discutir el
cumplimiento de los requisitos formales del título, siendo este el único
mecanismo legal procedente para dicho efecto, al estipular el artículo 430 del
CGP que «No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que
no hayan sido planteadas por medio de dicho recurso», y que como
consecuencia, «los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse
o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante
la ejecución, según fuere el caso»9.
Por otra parte, el ejecutado tiene otro medio de defensa consistente en la
formulación de excepciones, con la advertencia de que, en aquellos casos donde
la obligación deviene de una sentencia judicial, el artículo 442 del Código
General del Proceso previó en su numeral 2.º un listado taxativo de estas, tal
como puede apreciarse a continuación:
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a
la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. (Subraya de la
Subsección)
Así las cosas, en tratándose de obligaciones originadas en decisiones judiciales
cuyo cumplimiento se solicita a través de la demanda ejecutiva, los demandados
tienen dos medios de defensa contra el auto que libra mandamiento ejecutivo
como son, se reitera, la interposición del recurso de reposición contra la citada
providencia para atacar los requisitos formales del título ejecutivo y la
formulación de las excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, la de nulidad por indebida representación o
falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido que el medio de defensa
idóneo en los casos en que se libra mandamiento ejecutivo contra entidades de
derecho público es la proposición o formulación de excepciones de mérito antes
9 El artículo 81 de la Ley 2080, el cual no es aplicable al presente asunto, consagró que los defectos formales
del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
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anotadas10. En dicho caso, corresponde a la parte ejecutada la carga de probar
los supuestos de hecho que sustentan las excepciones formuladas.
Régimen de intereses de mora aplicable por condenas impuestas en virtud
del CCA.
Los intereses por mora son la sanción para el deudor que incumple la obligación
de pagar oportunamente una suma de dinero y se concede a título de
indemnización, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de esta.
Los intereses moratorios tienen un carácter eminentemente punitivo y
resarcitorio, por lo que representan la indemnización de perjuicios por la mora en
el cumplimiento de la obligación principal, además, que se causan en virtud de
la ley, sin que sea menester pacto alguno y no requieren prueba del perjuicio
más que el mero retardo. También los caracteriza el hecho de que son exigibles
junto con la obligación principal y de que se deben mientras no se cumpla lo
debido. En consecuencia, cumplen una función compensatoria del daño causado
al acreedor mediante la fijación de una tasa tarifada por el legislador.
En primer lugar, la Subsección advierte que, en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, los artículos 173, 176 y 177 regulaban las condiciones y el
procedimiento para hacer efectivas las condenas impuestas a las entidades
públicas. Particularmente, el artículo 177 CCA preveía que una vez en firme la
sentencia condenatoria, la entidad pública contaba con un plazo de 18 meses
para dar efectivo cumplimiento a la decisión, y en materia de intereses, esta
norma señalaba inicialmente lo siguiente:
Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. <Código derogado
por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la
Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien
sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada.
[…]
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia
ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en tales
sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes
a su ejecutoria y moratorios después de este término.
<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el
siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que
10 Así se sostuvo en sentencia dictada en acción de tutela del 18 de febrero de 2016, en el proceso con
radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC), donde actuó la señora Flor María Parada Gómez contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
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imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en
legal forma.
<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998> En asuntos de carácter
laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses
siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere
llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación
de emolumentos de todo tipo.
De acuerdo con la norma citada, previa declaración de inexequibilidad de los
apartes tachados, pese a que las entidades públicas contaban con un término
de 18 meses para dar cumplimiento a la orden judicial impuesta en la sentencia
condenatoria en su contra, se generaban intereses desde el mismo instante en
que la providencia judicial quedaba debidamente ejecutoriada. Así, durante los
primeros seis meses se causaban intereses comerciales y al vencimiento de
dicho plazo iniciaban los moratorios.
No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-188 de 1999, sostuvo que
resultaba injustificado e inequitativo, y por tanto vulneratorio del derecho a la
igualdad, prever un plazo en el cual las obligaciones en mora a cargo del Estado
no devengaran intereses moratorios. Veamos:
Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en
estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno
que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos
no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago,
las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres
de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio
para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados.
Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y
no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el
Estado, que incumple.
Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que,
con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el
mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por
causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas
no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.
[…]
En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la
sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual,
dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se
causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la
aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que
la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria. (Subrayas fuera
de texto).
Del anterior pronunciamiento se desprende que la Corte Constitucional, bajo el
principio de igualdad, equiparó la situación entre la forma en que se cobraban
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los intereses moratorios a los contribuyentes y los generados producto del
cumplimiento de providencias judiciales, para señalar que los intereses
moratorios se causaban a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia y no
después de seis meses.
Por otra parte, el artículo 177 CCA no reguló las tasas de interés comercial o
moratorio, de modo que para su determinación debía acudirse a las previsiones
del Código del Comercio, específicamente, a su artículo 884, modificado por el
artículo 111 de la Ley 510 de 1999. En ese entendido, los intereses de mora a
pagar en virtud de una decisión judicial condenatoria se calculaban con base en
una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.
En resumen, las reglas de efectividad de las sentencias, laudos arbitrales y
conciliaciones debidamente aprobadas por esta jurisdicción, bajo el Código
Contencioso Administrativo, son las siguientes11:
i) Las entidades públicas tenían un término de dieciocho (18) meses para el
cumplimiento de las sentencias en firme que les imponen el pago de una cantidad
líquida de dinero o de conformidad con el término pactado en los casos de los
acuerdos conciliatorios.
ii) Una vez vencido este plazo sin que se hubiera dado cumplimiento a la
sentencia, el mismo podía ser exigido mediante proceso ejecutivo.
iii) Las cantidades líquidas reconocidas en una sentencia causaban intereses
moratorios desde el momento de su ejecutoria, salvo que se fijara un plazo para
su pago.
iv) En el caso de conciliaciones y sentencias en las que se fijara un plazo para su
cumplimiento, se causaban intereses comerciales durante el respectivo término
y moratorios una vez vencido este.
v) De conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, la tasa comercial
era equivalente al interés bancario corriente y los moratorios señalados en el
artículo 177 del C.C.A., correspondían a una y media veces de los corrientes
bancarios.
El valor reclamado por el ejecutante por concepto de intereses moratorios
A juicio de esta Subsección, los intereses moratorios atinentes al título judicial
constituido por las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de septiembre de 2009 y la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 23 de febrero de 2012, se empezaron a causar una vez adquirió
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B providencia del 26 de mayo de 2022,
expediente 25000-23-42-000-2013-04993-01 (1513-2017).
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ejecutoria esta última providencia. Lo anterior se sustenta en los siguientes
razonamientos:
En primer lugar, se advierte que el señor Jorge Homero Gamba Macías presentó
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Instituto de los Seguros Sociales, con el objeto de lograr la
reliquidación de su pensión de jubilación.
En segundo lugar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D negó las pretensiones de la demanda mediante
sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2009 (folios 13 a 25). La
Subsección Segunda del Consejo de Estado revocó la anterior providencia el 23
de febrero de 2012, la cual fue notificada por edicto fijado el 25 de mayo de 2012
y desfijado el 29 del mismo mes y año (folio 47), por lo que quedó debidamente
ejecutoriada el 1.º de junio de 2012 y cuyo cumplimiento se hizo efectivo a través
de la Resolución GNR 243485 del 11 de agosto de 2015, hechos con los cuales
están de acuerdo las partes, por lo que se tendrán como ciertos.
En tercer lugar, se encuentra que la demanda ejecutiva se inició con el fin de que
se librara mandamiento por la suma equivalente a $41.627.068, correspondiente
a las diferencias entre los valores pagados por Colpensiones y las condenas
fijadas mediante la sentencia del 23 de febrero de 2012. Por las diferencias que
se causen a partir del 1.º de abril de 2017, entre la mesada ajustada y lo pagado
por parte de la entidad ejecutada. Por la suma de $49.354.332, por concepto de
los intereses de mora entre el 1.º de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2017. Por
los intereses de mora respecto de los valores que se causen desde el 1.º de abril
de 2017 y hasta que se produzca su pago efectivo.
En cuarto lugar, el juez de primera instancia, a través de auto del 23 de mayo de
2018, resolvió librar mandamiento ejecutivo por la suma de $8.480.648,69,
discriminados de la siguiente manera:
1. Diferencias pensionales desde el 1.º de junio de 2007 hasta el 31 de marzo de
2017 por cuantía de $5.606.756,82.
2. Retroactivo pensional indexado desde el 1.º de junio de 2007 hasta el 1.º de junio
de 2012 por cuantía de $229.696,52.
3. Intereses desde el 2 de junio de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017 por cuantía
de $3.252.741,94.
En quinto lugar, se tiene que la providencia del 25 de julio de 2019, que ordenó
continuar con la ejecución, fijó la suma de $5.227.906,75, correspondientes al
saldo dejado de cancelar del retroactivo pensional ordenado en la sentencia base
de recaudo desde el 1.º de junio de 2007 hasta el mes anterior a la presentación
de la demanda; como también por la suma $2.365.623,45 por concepto de
intereses moratorios causados sobre las diferencias del retroactivo pensional
indexado desde el 2 de junio de 2012 hasta el 1.º de diciembre de 2012 y del 26
de marzo de 2014 al mes anterior a la presentación de la demanda.
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La primera instancia aclaró que la diferencia en el valor de los intereses
moratorios entre el mandamiento ejecutivo ($3.252.741,94) y la providencia que
ordenó continuar adelante con la ejecución ($2.365.623,45), radicaba en que la
parte ejecutante no cumplió con la carga de solicitar el cumplimiento del fallo
condenatorio a la entidad ejecutada dentro del término consagrado en la Ley.
Bajo este contexto, se observa que la parte ejecutada sólo difiere de la
providencia de primera instancia en relación con los intereses moratorios de las
diferencias sobre el capital indexado desde el 2 de junio de 2012 hasta el 1.º de
diciembre de 2012 y del 26 de marzo de 2014 al mes anterior a la presentación
de la demanda, para lo cual aduce que procede única y exclusivamente a partir
de la fecha en que ha sido expedido el acto administrativo mediante el cual se
ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones.
Al respecto, es de indicar que el inciso 5.º del artículo 177 del CCA determinaba
que las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorias después de este término. Sin embargo, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-188 de 1999, declaró inexequible las expresiones «durante
los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria» y «después de este término», para
decir que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
De esta manera, la Subsección estima que las cantidades líquidas reconocidas
en una sentencia causaban intereses moratorios desde el momento de su
ejecutoria, salvo que se fijara un plazo para su pago, situación esta última que
no es la presente en el asunto de la referencia, por cuanto en la parte resolutiva
de la providencia de segunda instancia se ordenó que la parte demandada daría
cumplimiento a las órdenes judiciales, según lo previsto en los artículos 176 y
177 del C.C.A.
Así las cosas, no es de recibo el argumento expuesto por la recurrente
consistente en que los intereses moratorios proceden única y exclusivamente a
partir de la fecha en que ha sido expedido el acto administrativo mediante el cual
se ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones, comoquiera que las
reclamaciones en dicho sentido y producto de cumplimiento de providencias
judiciales, se generan en virtud de la ley, la cual, una vez se pronunció la Corte
Constitucional, quedó en que se causaban a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
Es tan así que, la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante la
Resolución GNR 243485 del 11 de agosto de 2015, resolvió reconocer por
«intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del fallo, es decir, entre el 1 de junio
de 2012 al 30 de julio de 2015, día anterior a la inclusión en nómina por la suma de
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$3.343.462 pesos»12. En otros términos, la entidad pública incurrió en una
contradicción entre lo que realizó a través del acto administrativo de cumplimiento
del fallo judicial y lo expone como motivo de inconformidad en el recurso de
alzada.
Incurrir en la apreciación expuesta por la parte ejecutada sería aceptar que las
entidades públicas pueden tardarse años en expedir la voluntad administrativa
para cumplir la providencia judicial y los ciudadanos recibir el pago de sus
derechos laborales en forma devaluada, porque entre el momento de la ejecutoria
del pronunciamiento judicial y la expedición del acto administrativo transcurre un
tiempo a través del cual se pierde el poder adquisitivo de los dineros, los cuales
correspondía cancelarse oportunamente, tal y como acontece con el deber
ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado, según el ordinal 9.º del artículo 95 de la Carta Política.
Aplicados los anteriores razonamientos al asunto de la referencia, se tiene que el
pronunciamiento de segunda instancia del 23 de febrero de 2012 quedó
debidamente ejecutoriado el 1.º de junio de 2012 y la parte ejecutante sólo hasta
el 26 de marzo de 2014 procedió a radicar el escrito de solicitud de cumplimiento
de la decisión, esto es, por fuera de los 6 meses que traía el artículo 177 del CCA,
para evitar que cesara la causación de intereses de todo tipo.
Por consiguiente, a la entidad ejecutada sí le concierne cancelar al señor Jorge
Homero Gamba Macías por concepto de intereses moratorios de las diferencias
sobre el capital indexado a la ejecutoria del proceso, lo correspondiente al
período comprendido entre el 2 de junio de 2012 y el 1.º de diciembre de 2012 y
del 26 de marzo de 2014 al mes anterior a la presentación de la demanda, dado
que tal y como lo resolvió la primera instancia, el ejecutante no cumplió con su
deber legal de solicitar el cumplimiento de la sentencia dentro de los 6 meses
previstos en el artículo 177 ibidem.
Es de resaltar que el régimen de los intereses moratorios causados a partir del
2 de julio de 2012, esto es, una vez entró en vigencia la Ley 1437 de 2011, no
fue objeto de discusión por la parte ejecutada durante el trámite de la primera
instancia ni en el recurso de apelación de la referencia, por lo que no es del
resorte emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.
Lo anterior, debido a la posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en el entendido de que si el fallo del proceso que condena al ente público fue
proferido mientras aún eran válidos los preceptos del Decreto 01 de 1984 y el
tiempo para su cumplimiento se difirió incluso después de la derogatoria del
mismo, los intereses de mora serán liquidados con base en las normas que se
encuentren vigentes durante la causación de estos, por lo que respecto de las
providencias que quedaron ejecutoriadas antes del 02 de julio de 2012 –de
acuerdo con el artículo 308 del CPACA–, la respectiva mora se tasará, en una
12 Ver folio 54.
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parte, según a lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra
parte, conforme a la Ley 1437 de 201113.
En conclusión: los intereses moratorios, en relación con las diferencias sobre
el capital indexado para la fecha de la ejecutoria de la sentencia, se empezaron
a causar una vez adquirió ejecutoria la providencia emitida el 23 de febrero de
2012 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, no como lo pretendía
Colpensiones, a partir de la expedición de la Resolución GNR 243485 del 11 de
agosto de 2015.
Segundo problema jurídico
¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y valorativa
de las costas procesales de primera instancia?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la
postura asumida por esta en sentencia del 7 de abril de 2016, la condena en
costas y agencias en derecho se encuentra sustentada en un criterio objetivo
valorativo, que debe verificarse para determinar su procedencia.
Así, la actuación de la parte ejecutada en sede judicial de primera instancia,
satisface los requisitos desarrollados en la mencionada providencia de
unificación, por cuanto no solo sus argumentos de defensa fueron despachados
desfavorablemente, sino que consecuencia de su decisión administrativa frente
a la solicitud pensional del ejecutante, puso en movimiento el aparato judicial, lo
que permite concluir la concurrencia de los elementos objetivo y valorativo para
disponer la condena en costas.
De conformidad con los planteamientos desarrollados en providencia dictada por
esta Corporación el 07 de abril de 201614, «el concepto de las costas del proceso
está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de
esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos
ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para
la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos
y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias,
etc.» (Subrayas propias)
Así mismo, comprende las denominadas agencias de derecho, las cuales
«[…]corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del CGP, y que no
13 Al respecto, ver sentencia del 7 de julio de 2022 en el expediente25000-23-42-000-2016-04077-01 (1968-
2019).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., siete (7) de abril de 2016.
Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14). Demandante: José Francisco
Guerrero Bardi.
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necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por
dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos
conforme los criterios previstos en el artículo 28 numeral 8.º de la ley 1123 de 2007.»
(Subraya la Sala)
A efectos de sustentar la posición que a partir de la sentencia en mención fue
asumida por esta Subsección en materia de costas y agencias en derecho, es
preciso señalar la interpretación y el criterio a la luz de los cuales se daba
aplicación a tales conceptos:
[…] a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de
condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, no implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a aquel
que resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como
la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.
Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge
el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho)
al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe).
Se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal
como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a
su artículo 365. Las razones son las siguientes:
a- El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, regula que tratándose de costas en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los
asuntos en los que se ventile un interés público.
Asimismo, que la liquidación y ejecución se rigen por lo dispuesto en el
Código de procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo
365.
b- De la lectura del artículo 365 en comento, se observa que varias de las
situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están
relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el
juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse
mala fe o temeridad como lo refiere la postura anteriormente adoptada y que
aquí se substituye.
c- En efecto, la evolución normativa de este concepto en nuestra legislación,
específicamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite
resaltar tres etapas bien definidas y diferenciadas: Una primera etapa de
prohibición, la segunda de regulación con criterio subjetivo, y la última de
regulación con criterio objetivo.
Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el pilar de aplicación de
la condena en costas se restringió a la observancia objetiva de los preceptos
legales, en armonía con las disposiciones del nuevo Código general del Proceso:
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a. La condena en costas con criterio objetivo. El CPACA adoptó la misma
línea del CPC y CGP en el sentido de acoger el criterio objetivo para la
condena en costas. Veamos las normas que lo consagran:
i. El artículo 178 que se refiere a condena en costas en los casos del
desistimiento tácito.
ii. El artículo 188 que regula la condena en costas cuando se trate de
sentencias, salvo en los procesos en los que se ventile un interés
público.
iii. El artículo 267, regula que en caso de que fuere desestimado el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se condenará
en costas al recurrente.
iv. El artículo 268, regula la condena en costas en caso de que alguno de
los recurrentes desista del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, salvo que se interponga ante el Tribunal antes de
haberse enviado al Consejo de Estado.
Las reglas previstas en los literales 1, 3 y 4 de la anterior relación, permiten
interpretar el enunciado deóntico “dispondrá” que consagra el artículo 188
ibídem, el cual puede asimilarse al enunciado “decidirá”, lo que
necesariamente lleva a señalar que se supera el criterio optativo propio del
criterio subjetivo, para avanzar hacia la condena en costas por un criterio
valorativo, con base en los presupuestos objetivos reseñados por la
legislación procesal civil.
[…]
d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional en sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio
objetivo valorativo de la norma, al señalar lo siguiente:
“[…] La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de
su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto en el artículo 365.
Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que
la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que
exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se
originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios
causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una
sanción en su contra. […]” (negrillas fuera de texto)
e- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto, para regular la
condena en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo con un criterio netamente objetivo, excepto en cuanto
corresponda a los procesos en los que se ventile un interés público, en los cuales
está legalmente prohibida la condena en costas. (Negrillas del texto original,
subraya la Subsección)
Bajo el análisis relacionado, se tiene que frente a la causación y condena de las
costas y las agencias en derecho procede revisar las siguientes conclusiones:
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a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables
y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de
la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Tales son los lineamientos que correspondería verificar con el objeto de
determinar si en el presente asunto hay lugar o no a la condena en costas de
primera instancia.
En efecto, la Subsección evidencia que el trámite procesal adelantado en primer
grado por el ejecutante en contra de Colpensiones, se encuentra dirigido a que
por intermedio de la jurisdicción contencioso administrativa se impartiera el
cumplimiento del pronunciamiento judicial que ordenó reliquidar y pagar la
pensión de jubilación en un monto equivalente al 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
Dicha circunstancia implicó para el ejecutante disponer la agencia de sus
derechos y representación en sede judicial, conforme se desprende del escrito
de demanda y del poder adjunto al plenario.
El tribunal de primera instancia, al resolver el asunto objeto de discusión,
consideró procedente el reconocimiento solicitado por el libelista, en tanto los
fundamentos fácticos y jurídicos de su derecho se compadecen con la
reclamación efectuada en la demanda.
En tal orden de ideas, para la Subsección se encuentran acreditados los criterios
objetivo - valorativo para la condena en costas a cargo de la parte ejecutada, en
tanto, no sólo resultó vencida en el trámite judicial de primera instancia, sino que,
además, motivó que el convocante debiera incurrir en costos de representación
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para la defensa de sus intereses en una contienda jurisdiccional, al haber errado
en sede administrativa sobre el cumplimiento de su derecho pensional.
En consecuencia, la pretensión planteada en el recurso de alzada frente a la
condena en costas, efectuada por el juez de primera instancia, no tiene vocación
de prosperidad.
Decisión de segunda instancia
Se impone confirmar la sentencia proferida el 25 de julio de 2019 por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que rechazó por improcedente el medio de defensa de buena fe,
declaró no probadas las excepciones de pago y compensación y ordenó
continuar la ejecución a favor del señor Jorge Homero Gamba Macías en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
Al respecto, esta Sala hace extensivas las consideraciones expuestas en
precedencia y se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, pues
si bien los planteamientos del recurso de apelación interpuesto por la parte
ejecutada no fueron estimados procedentes, no se evidenció actividad de la
contraparte ante esta Corporación, que permita concluir la causación objetiva de
las mismas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 25 de julio de 2019 por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que rechazó por improcedente el medio de defensa de buena fe,
declaró no probadas las excepciones de pago y compensación y ordenó seguir
adelante la ejecución a favor del señor Jorge Homero Gamba Macías en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo anteriormente
expuesto.
Tercero: Reconocer personería adjetiva a la abogada Angelica Margoth Cohen
Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía 32.709.957 y portadora de la
tarjeta profesional 102.786 del C.S. de la J. para representar los intereses de
Colpensiones.
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Asimismo, y para los efectos del poder de sustitución remitido a la Corporación,
se reconoce personería a la profesional del derecho Yenncy Paola Betancourt
Garrido, identificada con la cédula de ciudadanía 1.130.654.412 y portadora de
la tarjeta profesional 299.229 del C.S. de la J., para que actúe en nombre y
representación de de la parte ejecutada.
Cuarto: Ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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