Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00918-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00918-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00918-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
Ejecutantes: Néstor Julián Mesa Albarracín y otros
Ejecutado: UGPP
Temas: Ejecutivo laboral – Caducidad - Excepción de pago.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual declaró probada parcialmente la excepción de pago y
no probada la de prescripción y dispuso seguir adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
El señor Néstor Mesa Duarte y sus hijos Gloria Paola, Yuliana y Néstor Julián Mesa
Albarracín interpusieron demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla la sentencia
proferida el 15 de octubre de 2004 por Tribunal Administrativo de Santander, mediante
la cual se ordenó el reconocimiento de la pensión post mortem a la docente Gloria Inés
Albarracín y la sustitución pensional de la misma a Néstor Mesa Duarte y sus hijos
Gloria Paola, Yuliana y Néstor Julián.
PRETENSIONES
Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente:
A) POR CONCEPTO DE MESADAS PENSIONALES CAUSADAS DESDE EL 3 DE
ABRIL DE 1997 Y HASTA LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
(NOVIEMBRE 2 DE 2004), DEBIDAMENTE INDEXADA, la suma de CIENTO DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS MCTE ($110.678.867), las cuales deberán ser repartidas, de conformidad
con lo expuesto en la sentencia, así:
• NÉSTOR MESA DUARTE: 50%, es decir, la suma de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS MCTE ($55.339.433)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
• GLORIA PAOLA MESA ALBARRACÍN: 16,6% del valor consolidado a agosto 15 de
2001, fecha en que cumplió la mayoría de edad, es decir, le corresponde DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
MCTE ($10.474.097)
• YULIANA MESA ALBARRACÍN: 16,6% del valor consolidado a agosto 15 de 2001 y
con posterioridad a dicha fecha y hasta el 19 de octubre de 2003, fecha en que cumplió
la mayoría de edad, tiene derecho al 25% por acrecimiento de su cuota parte; es decir,
le corresponde la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($13.457.067)
• NÉSTOR JULIÁN MESA ALBARRACÍN: 16,6% del valor consolidado a agosto 15 de
2001; 25% de los valores consolidados con posterioridad al 15 de agosto de 2001 y hasta
el 19 de octubre de 2003 y 50% a partir del 20 de octubre de 2003 y hasta la fecha, que
asciende a la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($31.408.270)
B) POR CONCEPTO DE LOS INTERESES DE MORA CAUSADOS DESDE LA FECHA
DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, CON CORTE OCTUBRE 30 DE 2014, LA SUMA
DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($244.122.082), que deberán ser repartidos de
acuerdo a los valores asignados en el ítem anterior, así:
• NÉSTOR MESA DUARTE: la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y
UN MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($122.061.041)
• GLORIA PAOLA MESA ALBARRACÍN: la suma de VEINTITRES MILLONES SESENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($23.069.537)
• YULIANA MESA ALBARRACÍN: la suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($29.660.833)
• NÉSTOR JULIÁN MESA ALBARRACÍN: la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE
($69.269.640)
C) POR CONCEPTO DE DIFERENCIA PENSIONAL INDEXADA, CAUSADA CON
POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA Y CON CORTE OCTUBRE 30 DE 2014, la suma
de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($3.720.797), que corresponde a los señores NÉSTOR MESA DUARTE
Y NÉSTOR JULIÁN MESA ALBARRACÍN, en proporciones iguales, es decir, 50%
($1.860.398) para cada uno.
D) POR LAS DIFERENCIAS PENSIONALES MENSUALES QUE SE CAUSEN
DURANTE EL TRÁMITE DEL PROCESO Y HASTA QUE SE LE INICIE A CANCELAR
LO QUE POR LEY LE CORRESPONDE, valores que corresponden en partes iguales a
los señores NÉSTOR MESA DUARTE Y NÉSTOR JULÍAN MESA ALBARRACÍN, hasta
que éste último deje de estudiar o cumpla los 25 años de edad.
E) Por las costas y costos del presente proceso.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
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Que los ahora ejecutantes en calidad de cónyuge sobreviviente e hijos de la señora
Gloria Inés Albarracín, interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Cajanal, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
post mortem y la sustitución de esta.
Que el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 15 de octubre de
2004 accedió a las pretensiones y mediante Resolución 0282 del 13 de enero de 2006
Cajanal dio cumplimiento parcial al fallo y fueron incluidos en nómina en el mes de
mayo de 2006.
Que interpusieron demanda ejecutiva el 27 de abril de 2006 ante los jueces laborales
del circuito, la cual fue remitida a la jurisdicción contenciosa.
Que el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga libró mandamiento
de pago el 11 de julio de 2007, pero con ocasión del proceso liquidatorio de Cajanal se
dio por terminado el asunto el 25 de agosto de 2010. Que el 21 de septiembre de 2009
los ejecutantes se hicieron parte dentro del proceso liquidatorio.
Que en el mes de marzo de 2011 le fueron cancelados $66.759.362.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 26 de abril de 2023,1
libró mandamiento ejecutivo contra la UGPP por $338.521.746, correspondiente a
$110.678.867 por concepto de mesadas pensionales, $224.122.082 por intereses
moratorios, $3.720.797 por diferencia pensional indexada, más el valor que
corresponda a las diferencias pensionales mensuales hasta que se verifique el pago
total de la condena. Auto que fue corregido en el sentido de indicar que suma total era
de $358.521.746.2
La entidad ejecutada propuso las siguientes excepciones:3
i) Pago. Que mediante Resolución 0282 del 13 de enero de 2006 se dio cumplimiento
al fallo, adicionalmente, se hicieron unos pagos según los cupones 5645 por
$66.672.462.50 y 4254 por $7.781.491.01.
ii) Prescripción. Que en cualquier proceso que se haya dejado vencer el término de 5
años para interponer la acción ejecutiva, desde la ejecutoria del fallo, es procedente
darla por terminada por la configuración del fenómeno jurídico de
prescripción/caducidad.
Que el apoderado de la parte demandante está realizando imputación de pagos
1 Índice 31 de SAMAI actuaciones del tribunal.
2 Índice 38 de SAMAI actuaciones del tribunal.
3 Índice 49 de SAMAI actuaciones del tribunal.
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conforme lo dispone el artículo 1653 del Código Civil, la cual resulta improcedente,
porque el principio de integración normativa previsto en el artículo 306 del CPACA, sólo
aplica en materia procesal (y por eso remite al CGP) y no en el ámbito sustancial, lo
cual constituye la razón para que el artículo 1653 del Código Civil, no tenga cabida o
pueda regular los asuntos relativos a los créditos pensionales que le sean exigibles a
la Nación o entidades públicas.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 18 de octubre de 2023,
declaró probada parcialmente la excepción de pago y no probada la de prescripción y
dispuso seguir adelante la ejecución. Argumentó que el valor cancelado por la entidad
ejecutada a través de la Resolución 0282 del 13 de enero de 2006, no cubría la totalidad
de la obligación, pues, de los documentos aportados por la UGPP, como son los
cupones de pago, no se prueba que fueron liquidados y pagados los intereses
causados a partir de la ejecutoria de la sentencia que sirve de título en el presente
proceso, además que las sumas liquidadas y reconocidas hubieran sido indexadas, y
se hubieran incluido la totalidad de las mesadas atrasadas y precisamente por ello, la
parte ejecutante presentó proceso ejecutivo donde solicitó se librara mandamiento de
pago por un valor de $358.521.746.
Que no existe un pago total de las obligaciones, sino un pago parcial que es reconocido
en la demanda ejecutiva, lo que impide que se pueda dar por terminado el proceso.
Que el término de prescripción y de caducidad de la acción ejecutiva, por las
obligaciones a cargo de la entidad liquidada Cajanal EICE, fue suspendido por espacio
de 5 años, entre el 12 de junio de 2009 y el 13 de junio de 2013, razón por la cual no
prosperaba el medio exceptivo.
Se ordenó seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento de pago.
RECURSOS DE APELACIÓN
La UGPP, interpuso recurso de apelación. Sostuvo que la Resolución 0282 de 13 de
enero de 2006 fue incluida en la nómina de mayo 2006 y se efectuó el pago así:
Néstor Mesa Duarte en calidad de cónyuge con el 50% se incluyó en la nómina de
mayo de 2006 y hasta marzo 2011 se pagó:
MESADAS: comprendido entre el 02 de abril de 1997 (fallecimiento) y el 30 de abril de
2006 (inclusión) por la suma de $54.298.210,80
INDEXACION: comprendido entre el 02 de abril de 1997 (fallecimiento) y el 02 de
noviembre de 2004 (ejecutoria) por la suma de $11.737.702,24.
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Néstor Julián Mesa Albarracín en calidad de hijo con el 16.66% se incluyó en la
nómina de mayo de 2006 y hasta marzo 2011 se pagó:
MESADAS: comprendido entre el 02 de abril de 1997 (fallecimiento) y el 30 de abril de
2006 (inclusión) por la suma de $18.092.163,79
INDEXACION: comprendido entre el 02 de abril de 1997 (fallecimiento) y el 02 de
noviembre de 2004 (ejecutoria) por la suma de $3.911.002,39.
Yuliana Carolina Mesa Albarracín en calidad de hija con el 16.66% se incluyó en la
nómina de mayo de 2006 y hasta agosto 2010 se pagó de acuerdo con las
escolaridades presentadas:
MESADAS: entre el 20 de octubre de 2003 al 31 de diciembre de 2003 por la suma de
$550.698,69 entre el 01 de enero 2004 al 31 de diciembre de 2004 por la suma de
$2.438.657,39 entre el 01 de enero 2005 al 31 de diciembre de 2005 por la suma de
$2.572.783,54 entre el 01 de enero 2006 al 31 de diciembre de 2006 por la suma de
$2.697.563,55 entre el 01 de enero 2007 al 30 de diciembre de 2007 por la suma de
$2.818.414,39, entre el 01 de enero 2008 al 30 de diciembre de 2008 por la suma de
$3.563.900,11, entre el 01 de enero 2009 al 30 de diciembre de 2009 por la suma de
$4.810.882,16, entre el 01 de enero 2010 al 30 de junio 2010 por la suma de
$2.453.549,90
En marzo de 2011 se pagó:
MESADAS: de 02 de abril 1994 (fallecimiento) al 30 de abril 2006 (inclusión) por el valor
de $11.760.894,41
INDEXACION: de 02 de abril 1994 (fallecimiento) al 02 de noviembre de 2004
(ejecutoria) por el valor de $3.855.843,2.
Gloria Paola Mesa Albarracín en calidad de hija con el 16.66% se incluyó en la nómina
de mayo de 2006 y hasta agosto 2010 se pagó de acuerdo con las escolaridades
presentadas:
Entre el 16 de agosto de 2001 al 31 de diciembre de 2001 por la suma de $781.122,94,
Entre el 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 por la suma de $2.140.418,89,
Entre el 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 por la suma de $2.290.034,18,
Entre el 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 por la suma de $2.438.657,39,
Entre el 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 por la suma de $2.572.783,54
En marzo de 2011 se pagó:
MESADAS: de 02 de abril 1994 (fallecimiento) al 30 de abril 2006 (inclusión) por el valor
de $7.097.938,26
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
INDEXACION: de 02 de abril 1994 (fallecimiento) al 02 de noviembre de 2004
(ejecutoria) por el valor de $3.24.312,61
Que se superaron los términos legales para interponer la acción ejecutiva, por tanto, la
obligación contenida en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el
15 de octubre de 2004, respecto al pago de los intereses del artículo 192 del CPACA,
dejó de ser exigible.
Que la regla de imputación de pagos señalada en el artículo 1653 del C.C., sólo aplica
para obligaciones de carácter civil o comercial y ante un pago puro y simple, es decir,
cuando las partes no dicen nada acerca de la aplicación o imputación específica de los
pagos que realiza el deudor -lo cual no sucede en los casos que se presentan ante la
Unidad, pues ni la obligación es de carácter civil o comercial, ni los pagos que hacen
las administradoras del RPM son puros y simples. Sin perjuicio de lo anterior, y en el
evento de que el despacho considere que las disposiciones del Código Civil sí pueden
extenderse al pago de créditos pensionales, es necesario advertir que el asunto que
nos ocupa se debe gobernar en consecuencia por otros artículos diferentes al 1653.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso el 9 de mayo de 2024, la UGPP presentó escrito en el que reiteró
los argumentos expuestos en la primera instancia y la parte ejecutante y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer: i) si hay lugar a declarar probada la excepción de pago al no existir
obligación alguna a cargo de la entidad, ii) si al presuntamente estar caducada la acción
ejecutiva no hay lugar al pago de intereses moratorios y, iii) si es procedente la
imputación de pagos que consagra el artículo 1653 del Código Civil.
Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a
hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento
de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho,
pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto,
el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o
de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia
de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia
judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas
o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la
ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre
otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al
pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde
proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, conforme lo dispone
el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin
fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha
definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el
título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».4
Término de caducidad
Respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra de la
liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:5
Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo cumplimiento
por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante
Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura
de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial
Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso
sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen
la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
5 Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) Subsección A,
providencia del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000 23 42 000 2015 01327 01 (1777-2015); y ii) Subsección B,
providencia de 29 de marzo de 2016, radicado: 250002342000201501601-01 (5042-2015).
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-Ley
254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo
1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el presente
decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del
sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de la entidad…».
Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter
privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y
crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que «…Durante la negociación del
acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos contra el empresario».
En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del
artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de
las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no
corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo que,
según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013. [Resalta la Sala].
Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de prescripción y
de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio
de 2009 y el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años.6
Caso concreto
Como se observa en los antecedentes del presente asunto, los motivos de
inconformidad que expuso la entidad ejecutada tienen que ver con lo siguiente: i) que
ha efectuado los pagos conforme a la orden judicial emitida por el tribunal, razón por la
cual debe declararse probada la excepción de pago propuesta, ii) que no hay lugar al
pago de intereses moratorios por cuanto la demanda ejecutiva fue promovida por fuera
del término legal para ello y existe una inexigibilidad de la obligación y iii) que la
imputación de pagos conforme al artículo 1653 del Código Civil es improcedente
tratándose de créditos pensionales.
Un presupuesto principal que debe resaltarse en el caso concreto es que no operó la
caducidad de la acción ejecutiva si se tiene en cuenta que la sentencia que puso fin al
proceso ordinario sobre el cual se edifica el sub lite, adquirió firmeza el 2 de noviembre
de 2004; en consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial se verificaron el
3 de mayo de 2006, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a correr a partir
del 4 de mayo de 2006 y culminarían el 4 de mayo de 2015,7 dado que los términos
de caducidad para accionar en sede judicial contra Cajanal o la UGPP estuvieron
suspendidos entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013.
6 La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por el período
anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos, en las acciones de tutela
que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de
noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-03532-00.
7 Al ser el 3 de mayo de 2015 día inhábil.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
El 21 de octubre de 2014, los demandantes radicaron la presente demanda ejecutiva,
es decir, dentro del término que tenían para comparecer oportunamente ante la
jurisdicción y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no operó
la caducidad del medio de control de la referencia.
Debe precisarse, además, que los intereses moratorios tienen un carácter
eminentemente punitivo y resarcitorio, por lo que representan la indemnización de
perjuicios por la mora en el cumplimiento de la obligación principal, además, que se
causan en virtud de la ley.8
Lo anterior permite despachar de manera desfavorable el argumento propuesto en el
recurso relacionado con que al haber caducado la acción ejecutiva, resultan inexigibles
los intereses moratorios, pues tal como se explicó, los ejecutantes promovieron el
presente asunto dentro del término previsto para ello, situación que desvirtúa el
planteamiento que propuso la entidad para justificar el no pago de los intereses
moratorios reclamados judicialmente.
Ahora, si bien la entidad recurrente insiste en que hay un pago total de la obligación y
que debe darse por terminado el proceso, para lo cual allegó los cupones de pago
aportados en la primera instancia y otros adicionales que dan cuenta de unos valores
cancelados a los ejecutantes por concepto de los dineros ordenados en la sentencia
base de recaudo, lo expuesto líneas atrás, da cuenta de que los intereses moratorios
no han sido cancelados y precisamente ese concepto es reclamado ejecutivamente en
el presente asunto, escenario que impide declarar probado el medio exceptivo y que
habilita seguir adelante la ejecución tal como lo ordenó el a quo.
Bajo el anterior entendido, las sumas canceladas por la UGPP deberán ser tenidas en
cuenta en la etapa siguiente, esto es en la liquidación del crédito (artículo 446 del CGP),
en la cual se determina con precisión el monto de la deuda, momento en el que, se
insiste, se estudian los abonos o pagos efectuados. Recuérdese además que la
decisión de primera instancia, con fundamento en los elementos probatorios que hasta
ese momento reposaban en el expediente, declaró probada parcialmente la excepción
de pago.
Finalmente, con respecto a la improcedencia de la imputación de pagos que consagra
el artículo 1653 del Código Civil debe indicarse que si bien no fue un aspecto abordado
por el tribunal en la providencia recurrida, es un asunto que la entidad propuso al
momento de formular las excepciones y reiteró en recurso de apelación, situación que
habilita un pronunciamiento por parte de esta instancia conforme lo prevé el artículo
287 del CGP.
8 Criterio reiterado por esta Subsección, ver entre otras las sentencias del 25 de agosto de 2022 radicado 25000-
23-42-000-2017-03090-01 (5440-2019) y del 12 de septiembre de 2022 radicado 25000-23-42-000-2016-06114-01
(6191-2018).
9
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
Es importante advertir que en relación con este tema, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 6 de junio de 2019,9 avocó el conocimiento con el fin de
emitir sentencia de unificación jurisprudencial frente a varios temas, la imputación de
pagos, sin embargo, a la fecha no se ha proferido la providencia anunciada, razón por
la cual le corresponde a esta Subsección adoptar una decisión según las reglas de
derecho.
Frente al punto a dicho esta Subsección:10
En ese escenario, la Sala advierte que no existe una norma jurídica especial que permita
determinar cómo deben distribuirse los pagos que realiza el Estado para satisfacer las
obligaciones que están a su cargo, consignadas en documentos que presten mérito
ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa.
Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «[c]uando no hay ley
exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule de manera especial la
imputación de pagos cuando la parte deudora es una entidad del Estado, resulta
procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, ya citado, según el cual, «[s]i se deben
capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el
acreedor consienta expresamente que se impute al capital».
[…]
En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el artículo
1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez imputado el
pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando intereses de mora
sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no se trataría de intereses
calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual inconveniencia de aplicar la
norma mencionada, por la razón aludida, implicaría asumir que el Código Civil incurre en
contradicción, pues prohíbe el anatocismo y, a la vez, lo permite a través del
procedimiento de imputación de pagos, lo cual no es acertado
Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo el
entendido de que, si las administradoras de fondos de pensiones imputan los pagos de
los particulares a intereses y a capital, en ese orden, no hay justificación para que no
pueda aplicarse esa regla cuando la obligación está a cargo de la entidad:
[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de un
determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no pagados
oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay fundamento válido para
no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido con la diligencia y el cuidado
que le impone su condición de administradora de un sistema que involucra en muchos
casos derechos fundamentales, deba impartirse la misma solución, de suerte que si,
como en el caso actual, se presenta una tardanza aproximada de 3 años, los intereses
moratorios que, como ya se dijo, se causan una vez vencido el plazo de 4 meses
contados desde la petición, deben cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo
pensional, y en ese sentido abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653]
9 Radicado: 11001-33-42-048-2016-00009-01 (2914-2018).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 15 de febrero de 2024 radicado 25000-23-42-000
2015-01326-02 (0618-2021).
10
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
del Código Civil, según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se
impute al capital».11 (Cursivas propias del original)
En atención a lo expuesto, para esta Subsección sí procede de la imputación de pagos
que consagra el artículo 1653 del Código Civil, contrario a lo sostenido por la entidad
ejecutada.
Por lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de
la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la recurrente propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual declaró probada parcialmente la
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL9854-2014 del 16 de julio de 2014, radicación
n.° 41756, M.P., Elsy del Pilar Cuello Calderón. Esta tesis fue reiterada en la Sentencia SL4104-2018 del 15 de
agosto de 2018, radicación n.° 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.
11
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00918-02 (2470-2024)
excepción de pago y no probada la de prescripción y dispuso seguir adelante la
ejecución dentro del proceso promovido por Néstor Mesa Duarte y otros contra la
UGPP.
Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
12
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