Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00229-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00229-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-00229-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00229-02 (0582-2023)
Demandante: Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont
Demandado: Nación — Procuraduría General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Cosa juzgada. REVOCA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, corregida mediante providencia del 30 de octubre
del mismo año, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont instauró demanda1 en
contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a las
siguientes
PRETENSIONES
2. Que se inaplique por inconstitucional el Decreto 4040 de 2004; se declare la
nulidad del Oficio SG. 4589 del 15 de septiembre de 2009, por medio de la cual la
entidad negó la bonificación por compensación; como restablecimiento del derecho,
se condene a reconocer y pagar, de manera indexada y con intereses moratorios,
la diferencia en su remuneración, equivalente al 80% de todo lo percibido por los
magistrados de altas cortes desde el 1 de agosto de 2006 y en adelante.
1 Folios 56 a 80.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont Piñeres prestó sus servicios
como procurador judicial II Administrativo desde el 1 de agosto de 2006.
4. Que el 4 de junio de 2009 solicitó a la entidad el pago de las diferencias
dejadas de percibir. Petición que fue negada mediante el acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
5. Considera violados los artículos 13, 53 y 280 de la Constitución Política; Ley
4ª de 1992; Decretos 610 de 1998; 1239 de 1998 y 262 de 2000.
6. Que el acto demandado desconoció la Constitución, en particular el derecho
a la igualdad, así como los principios de trabajo igual remuneración igual,
irrenunciabilidad de los derechos y favorabilidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
7. La demanda fue admitida el 26 de noviembre de 20102. La entidad manifestó3
que el acto fue expedido de conformidad con la Constitución y la Ley. Expuso que
a la demandante le es aplicable el Decreto 4040 de 2004, toda vez que era la norma
vigente para el momento en que se vinculó como procuradora judicial II.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de
abril de 2014, corregida a través de providencia del 30 de octubre de la misma
anualidad, accedió parcialmente a las pretensiones. Expuso que la demandante, en
su calidad de procuradora 4 Judicial II Administrativa, es beneficiaria de la
bonificación por compensación, y, por ende, tiene derecho a que la demandada le
pague las diferencias dejadas de percibir por este emolumento, desde el 1 de agosto
de 2006 y hasta la ejecutoria de la sentencia, esto es, teniendo en cuenta el 80%
de todo lo devengado por los magistrados de alta corte.
2 Folio 110.
3 Folios 121 a 131.
4 Folios 280 a 297 y 321 a 326.
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RECURSO DE APELACIÓN
9. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de
que el Decreto 4040 de 2004, era la norma vigente para el momento en que la
demandante se vinculó con la Procuraduría. Normativa que solo preveía reconocer
un 70% de todo lo devengado por un magistrado de alta corte, es decir que su
situación jurídica se consolidó bajo dicho emolumento. Agregó que, en gracia de
discusión, la bonificación por gestión judicial resulta incompatible con la bonificación
por compensación
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
10. El 29 de enero de 20266 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio en la etapa de alegaciones y el Ministerio Público no rindió
concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
En audiencia de conciliación, celebrada el 18 de noviembre de 2019 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a solicitud de las partes, suspendió el presente
proceso por un término de 10 meses, con el fin de tener certeza del cumplimiento
de la sentencia del 31 de julio de 2019 emitida bajo el radicado: 11001-33-31-025-
2013-000015-01 en favor de la demandante, en tanto que en ella se reconoció, entre
otras, la bonificación que aquí se reclama7. Con posterioridad, la demandante aportó
al presente asunto la Resolución 185 del 20 de abril de 20208, por medio de la cual
la Procuraduría General de la Nación dio cumplimento al fallo referido en
precedencia.
Seguidamente, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 214 numeral
2 del CCA, el Despacho sustanciador, a través de auto del 25 de junio de 2026,
incorporó como pruebas los documentos obrantes en el índice 46 de SAMAI y
ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera con
destino a este proceso copia del expediente radicado: 11001-33-31-025-2013-
000015-01 cuya demandante en la señora Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont.
5 Folios 335 a 336
7 Folio 431.
8 Folios 438 a 442.
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Problema jurídico
11. La Sala debe determinar si hay lugar a declarar probada la cosa juzgada y,
de ser negativa la respuesta, si la demandante tiene derecho a la bonificación por
compensación.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
12. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal
y cargos equivalentes frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos últimos.
13. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos
laborales de los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes y alcanzando el 80% en el 2001.
14. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610
de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con lo
cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
15. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus emolumentos
hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los magistrados de las
altas cortes.
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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16. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables a
un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen introducido por
el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por Compensación)
reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y condicionó su acceso al
desistimiento de las acciones judiciales promovidas con ocasión de la bonificación
del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la suscripción de contratos de
transacción cuando no se hubieran formulado reclamaciones previas.
17. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de los
principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia salarial
para los beneficiarios de la norma.
18. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema de
la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose nuevamente
la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
19. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso, una
vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco había
claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
20. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló una
interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción trienal,
precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la exigibilidad del
derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la cual se configuró
con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento jurídico el Decreto
4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
21. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen
ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se determina
con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
De la cosa juzgada
22. Esta figura procesal de contenido sustancial corresponde a una excepción
que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad de
medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la
inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya
ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí mismo
desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez
para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente
resuelto.
23. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica13, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
Particularmente, esta corporación14, con fundamento en el artículo 303 del CGP, ha
sostenido que para que se configure:
«[…] el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional
en los siguientes términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda
y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
13 Véase:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2026. Radicado: 05001 23
31 000 2004 00657 02 (2284-2019). CP. Juan Camilo Morales Trujillo.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009. Radicado: 11001-03-24-000-2004-
00262-01. CP. Rafael Ostau de Lafont P.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2024. Radicado: 25000-
23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023). CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00229-02 (0582-2023)
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada» […]»
Resolución del caso concreto
24. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la cosa juzgada,
y de ser el caso, si la demandante tiene derecho a la bonificación por compensación.
25. Pues bien, dado que en el presente asunto se allegó el proceso radicado:
11001-33-31-025-2013-000015-0115, en cumplimiento del auto de pruebas de
segunda instancia del 25 de junio de 2026, cuya demandante es la señora Anny
Margarita Jordi de Ostau de Lafont, la Sala examinará si existe identidad de objeto,
causa petendi y partes respecto del referido expediente con el asunto que
actualmente está siendo analizado. Veamos:
Proceso 110013331025201300015 01 Proceso actual
Pretensión de nulidad Pretensión de nulidad
• Oficio SG 2804 del 20 de mayo de 2010 - Oficio SG. 4589 del 15 de septiembre
de la Procuraduría General de la Nación de 2009
-
Pretensión de restablecimiento
Pretensión de restablecimiento
«[...] se aplique la excepción de
«2. […] reliquidar la asignación salarial
inconstitucionalidad respecto del Decreto 4040
percibida por mi poderdante en su calidad de
de 2004, por medio del cual se creó la llamada
Procurador Judicial II, aplicando en el mismo
Bonificación por Gestión Judicial, que sumada
porcentaje los incrementos de la prima especial
a la asignación básica y demás emolumentos
de servicios que han beneficiado a los
equivale al 70% de lo que por todo concepto
magistrados de las altas cortes, en
devenga los magistrados de las altas cortes […]
concordancia con la relación de equivalencia
establecida en el Decreto 610 de 1998 -y
TERCERO: […] reliquidar la asignación
normas complementarias-, que establece que
mensual percibida […] y demás emolumentos
los Procuradores Judiciales II tendrán derecho
que deban liquidarse con base en dicha
a percibir una remuneración que equivalga al
asignación – en su calidad de Procuradora
80% de lo que por todo concepto devengan los
Cuarta (4ª) Judicial Administrativa ante el
magistrados del Consejo de Estado, la Corte
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Constitucional, el Consejo Superior de la
(Procurador Judicial II), incluyendo dentro de la
Judicatura y la Corte Suprema de Justicia […]
misma la Bonificación por Compensación de
reliquidar la asignación salarial percibida por mi
acuerdo con la equivalencia establecida en los
poderdante, aplicando los incrementos de la
Decretos 610 y 1239 de 1998, esto es que,
prima especial de servicios que han beneficiado
sumada a la asignación básica y demás
a los magistrados de las altas cortes […]
emolumentos mensualmente percibidos […]
equivalga al 80% de lo que por todo concepto
3. Que como consecuencia, se ordene […]
devengan los magistrados de las altas cortes
reliquide todas las prestaciones sociales y
[…]»
demás emolumentos a que tiene derecho […]
desde el 1° de agosto de 2006 -fecha de su
vinculación como Procuradora Judicial II-, y que
deben ser liquidadas con base en el salario;
teniendo en cuenta las mayores sumas de
dinero que deben ser devengadas por mi
poderdante a partir de su vinculación a labores
como Procurador Judicial II. Dentro de los
15 Índice 55 de SAMAI.
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emolumentos que deben ser reliquidados, debe
incluirse el auxilio de cesantía […]»
Partes Partes
Demandante: Anny Margarita Jordi de Ostau Demandante: Anny Margarita Jordi de Ostau
de Lafont de Lafont.
Demandado: Nación, Procuraduría General Demandado: Nación, Procuraduría General de
de la Nación. la Nación.
Causa petendi Causa petendi
La controversia gira en que la prima especial La controversia gira en torno al
que reciben los magistrados de alta corte debe desconocimiento de los derechos a la igualdad
ser liquidada con inclusión de las cesantías de e irrenunciabilidad de los derechos salariales,
los congresistas, lo cual genera una diferencia en tanto se recibe solo el 70% de todo lo
en la bonificación por compensación que devengado por un magistrado de alta corte,
reciben los procuradores judiciales II, toda vez cuando empleados bajo la misma condición
que esta equivale al 80% de todo lo reciben el 80%. De ahí que proceda el
devengado de forma efectiva por los reconocimiento del 10% de diferencia.
magistrados de alta corte.
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia de
segunda instancia del 31 de julio de 201916, emitida en el primer proceso, referido
en precedencia, revocó la decisión del 30 de septiembre de 2013 adoptada por el
Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, y ordenó:
«[…] TERCERO.- Condénese a la NACION - PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACION, a reconocer y pagar a ANNY MARGARITA JORDI DE OSTAU DE
LAFONT, el derecho adquirido a recibir una bonificación por compensación
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto
devenga como salario un magistrado de Alta Corte, de conformidad con el
Decreto 610 de 1998, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por
concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación
de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de
servicios, prima de navidad y cesantías, conforme al artículo 15 de la Ley 4a de
1992, a partir del uno (1) de agosto de 2006 y en adelante, y hasta cuando funja
16 Folios 96 y ss del documento “003Parte3” obrante en la carpeta “” del índice 55 de SAMAI.
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o hubiese fungido en el cargo de Procuradora Judicial II, o uno de los cobijados
por el citado decreto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO. - En consecuencia, la NACION - PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACION, debe reconocer y pagar al demandante, el equivalente al diez por
ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario
mensual un magistrado de una Alta Corte por concepto de bonificación por
compensación y prima especial, en los extremes temporales señalados, como
se indicó en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal
anterior». (Se subraya)
27. De acuerdo con lo anterior, es razonable colegir que, aun cuando no se
desconoce que la causa petendi y objeto entre ellos no era el mismo, sí existe
identidad de partes y el juez de segunda instancia analizó el reconocimiento de la
bonificación por compensación y cómo las disposiciones contenidas en el Decreto
4040 de 2004 no podían menoscabar los derechos de la demandante, aspecto que
correspondía examinar en el proceso que hoy es objeto de examen.
28. Ciertamente, en el primer proceso el tribunal expuso que el reconocimiento
de la bonificación por compensación no puede verse afectado por el Decreto 4040
de 2004; indicó que, al haberse declarado la nulidad de este, recobró vigencia el
Decreto 610 de 1998 a través del cual se creó el citado emolumento, dentro del cual
se previó que correspondería a un 80% de todo lo devengado por los magistrados
de alta corte. De igual manera, explicó que la bonificación debía liquidarse teniendo
en cuenta la forma correcta en que debe reconocerse la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en favor de los magistrados de alta
corte, en tanto que esta última debe incluir las cesantías de los congresistas.
29. Igualmente, precisó que si bien «en este caso, se pidió solo la reliquidación de la
asignación salarial por concepto de la prima especial de servicios y no propiamente el pago
de la bonificación por compensación, no es menos cierto, que estos derechos son
inescindibles y deben ser liquidados tomando en consideración el 80% de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de una Alta Corte».
30. En consecuencia, ordenó reconocer la bonificación por compensación a partir
del 1 de agosto de 2006; pretensión que se persigue en el proceso que actualmente
es objeto de examen. Así pues, al encontrase que este emolumento ya fue
reconocido a través de decisión judicial, procede declarar configurada la cosa
juzgada.
De la condena en costas en segunda instancia
31. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00229-02 (0582-2023)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil catorce
(2014) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar,
DECLARAR probada la cosa juzgada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia, según lo
manifestado en esta sentencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Con impedimento
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