Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2004-00657-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2004-00657-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2004-00657-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984.
Radicación: 05001 23 31 000 2004 00657 02 (2284-2019)
Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
Demandado: Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia, en su lugar se declara
probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia expedida el 27 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La accionante instauró demanda en ejercicio de la acción de la referencia con
la finalidad de que se declare la nulidad de las Resoluciones 4379 del 31 de diciembre
de 2002 y 2623 del 1º de agosto de 2003.
2. A título de restablecimiento del derecho reclamó la reliquidación y pago de las
diferencias prestacionales derivadas del porcentaje del salario que no fue considerado
para su cálculo, a partir del año de 1993 y las que se causen hacia el futuro, los ajustes
de valor y los intereses moratorios respecto de las sumas ordenadas y el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo1.
3. Adujo que ha laborado en la Rama Judicial en el cargo de juez de la República
desde 1993 hasta la fecha, que presentó reclamación administrativa ante la entidad
demandada con el fin de lograr el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales adeudadas, que fue resuelta desfavorablemente a través de los actos
acusados, los cuales se deben declarar nulos pues a su juicio desconocen los principios
del derecho laboral previstos en la Constitución, toda vez que producto de la
interpretación que se le ha dado a la prima especial se mermaron sus ingresos.
Contestación de la demanda2.
1 En adelante CCA
2 Folios 24 a 29 del expediente físico.
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Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
4. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la
prima especial no tiene carácter salarial salvo para efectos pensionales, tal como lo
dispone el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 y los decretos salariales.
Sentencia apelada3.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de los actos acusados
al considerar que la prima especial es una adición a la remuneración básica de los
beneficiarios, de conformidad con las sentencias del 2 de abril de 2009 y 29 de abril de
2014 del Consejo de Estado. Agregó que el mencionado emolumento tiene carácter
salarial y debe incidir en el cálculo de las prestaciones sociales de la demandante.
6. Con base en lo anterior, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
las diferencias «entre los valores liquidados en el 100% de la prima especial de servicio,
con sus respectivas prestaciones sociales y económicas», desde el año 1993 hasta su
retiro efectivo del cargo; asimismo, ordenó el ajuste de la condena y se abstuvo de
imponer costas.
Recurso de apelación.
7. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación4 en el que cuestionó que se hubiera otorgado carácter salarial a la prima
especial a pesar de que la ley no le confirió tal naturaleza, pues solo se la dio para efecto
de calcular el ingreso base de cotización en pensiones; mencionó que la sentencia del 2
de abril de 2009 del Consejo de Estado solo tiene efectos hacia el futuro y no tiene
incidencia en situaciones ya consolidadas. Por último, aseguró que se configuró la
prescripción trienal al tenor de lo previsto en el Decreto 3135 de 1968.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
8. Los magistrados que conformaban la Sección Segunda de esta Corporación
manifestaron impedimento5 y fueron separados del asunto6. El proceso regresó a la
Subsección pues la nueva conformación de la Sala dio lugar a que se desplazara a los
conjueces7.
9. El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves8 fue separado del conocimiento del
asunto luego de haberse aceptado el impedimento manifestado.
3 Folios 125 a 138 Ibidem.
4 Folios 140 a 146 Íbidem.
5 Folio 158 del expediente físico e índice 49 de SAMAI
6 Auto del 6 de noviembre de 2019, folios 162 a 164.
7 Índice 43 Íbidem
8 Mediante providencia del 10 de julio de 2025 fue aceptado el impedimento del doctor Luis Eduardo Mesa
Nieves, índice 53 Íbidem.
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Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
10. Mediante auto del 26 de noviembre de 2020 se admitió el recurso de apelación9
y el 13 de abril de 2021 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión10, término
durante el cual no hubo pronunciamiento11.
11. En providencia del 10 de julio de 2025 se decretó una prueba de oficio dirigida
a obtener la reclamación administrativa presentada por la actora, con el fin de estudiar la
prescripción trienal planteada en el recurso de apelación12. La entidad allegó las
peticiones radicadas por la demandante en otros procesos y una sentencia de primera
instancia del 25 de junio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
la que se le reconoció el carácter adicional de la prima especial, así como las diferencias
salariales y prestacionales desde su vinculación hasta la fecha del retiro13.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del CCA, subrogado por el
artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
13. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en error al otorgar carácter salarial a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 a de
1992, pues esta solo tiene tal carácter para cotización a pensiones; por otra parte,
determinar si reconoció derechos afectados por prescripción trienal.
Análisis del problema jurídico
14. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que revocará la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada
comoquiera que el objeto de la controversia ya fue resuelto en el fallo del 18 de julio de
2025 emitido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
confirmó la providencia del 25 de junio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
Cuestión previa - Fenómeno jurídico de la cosa juzgada
15. La mencionada figura corresponde a una excepción encaminada a cuestionar
el fondo del litigio en lo relacionado con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho
9 Folio 170 del expediente físico.
10 Folio 172 Íbidem.
11 Como consta en el informe secretarial del folio 173 Íbidem.
12 Índice 53 de SAMAI
13 Índice 58 Íbidem.
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reclamado cuando su procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también
controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que
ver con la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.
16. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el
cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales
contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
17. Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la
inmutabilidad y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan tránsito a
dicho fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al respecto,
el artículo 303 del CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]
18. El artículo 164 del Decreto 01 de 198414 establece que en la sentencia definitiva
se decidirá sobre todas las excepciones propuestas «y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada»; además, que el silencio del inferior no impedirá que el
superior las estudie y decida, sin perjuicio de la no reforma en perjuicio.
19. Pues bien, sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada esta Sección 15 ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:
[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se configure,
el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i) identidad
de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido
definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
14 Norma que rige este proceso, al tenor de lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, según
la cual «Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
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Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material
o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas
o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes
que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre
aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo. […]
Análisis del caso
20. Precisado lo anterior, se tiene que si bien el recurso plantea reparos que acotan
el problema jurídico, la Sala no puede pasar por alto la ocurrencia de cosa juzgada que
se predica en este asunto comoquiera que ello salta a la vista en razón a los documentos
adjuntos como respuesta a la prueba de oficio, concretamente a la sentencia de primera
instancia del 25 de junio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
la que se reconoció a la actora el derecho a las diferencias salariales y prestacionales
con el 30% del salario que fue descontado mensualmente para darle el carácter de prima
especial, durante los periodos en los que ha laborado como juez de la República,
providencia que fue confirmada en segunda instancia el 18 de julio de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación16. A continuación se
examinará si existe identidad de objeto, causa petendi y partes:
Presente asunto Proceso con radicación 05001 23 33 000
2015 01764 00
Pretensión de nulidad: Pretensión de nulidad:
• Se declare la nulidad de las Resoluciones - Se declare la nulidad de la Resolución
4379 del 31 de diciembre de 2002 y 2623 DESAJMR 13-5648 del 10 de julio de 2013
del 1º de agosto de 2003. y del acto ficto configurado por la omisión
de respuesta del recurso de apelación.
16
Radicación 05001 23 33 000 2015 01764 02 (4342-2024), Consejero Ponente: Jorge Edisson
Portocarrero Banguera.
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Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
Pretensión de restablecimiento: Pretensión de restablecimiento:
• Reconocimiento y pago de las diferencias - Reconocimiento y pago de las diferencias
prestacionales derivadas de la inclusión prestacionales derivadas de la inclusión
del porcentaje del salario que fue del porcentaje del salario que fue
considerado como prima especial a partir considerado como prima especial «desde
de 1993, año de su vinculación, hacia el el 2009» hasta el momento en que ocupe
futuro. el cargo.17
Partes: Partes
• Demandante: Martha Elena Botero - Demandante: Martha Elena Botero
Giraldo Giraldo
• Demandado: Nación - Rama Judicial, - Demandado: Nación - Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Judicial
Causa petendi: Causa petendi:
• La controversia se deriva de la - La controversia se deriva de la
interpretación incorrecta que la interpretación incorrecta que la
administración le dio a la prima especial al administración le dio a la prima especial al
considerarla como una parte del salario y considerarla como una parte del salario y
no una adición o plus de este. no una adición o plus de este.
21. En consideración de lo expuesto, si bien es cierto las pretensiones de nulidad
se encaminan a desvirtuar la presunción de legalidad de distintos actos administrativos,
también lo es que se presenta identidad de partes, causa petendi y objeto, que consiste
en el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales derivadas del 30% del
salario que fue descontado durante el tiempo de servicio como juez de la república, toda
vez que dicho porcentaje fue considerado prima especial.
22. Lo anterior quiere decir que sobre dicho asunto ya existe pronunciamiento
judicial en firme, contenido en la sentencia del 18 de julio de 2025 emitida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la providencia
del 5 de junio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por
consiguiente se concluye que se configuró la cosa juzgada.
23. No sobra agregar que si bien en el proceso 05001 23 33 000 2015 01764 02
(4342-2024)18 que dio origen a las sentencias de primera y segunda instancia referidas
se reclamaron las diferencias salariales y prestacionales a partir del año 2009, también
lo es que debido al análisis probatorio realizado en dicha causa judicial, se estableció que
la demandante prestó el servicio como juez «desde el 1 de enero de 1993»19 y en ese
sentido el reconocimiento abarcó «los tiempos en que se desempeñó como juez de la
república»20 sin sujetarse a los posteriores al año 2009.
17 La pretensión se toma de la transcripción realizada en la sentencia del 5 de junio de 2024 expedida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia. El cargo al que se refiere es el de juez de la república.
18 Corresponde al radicado del proceso en segunda instancia, con el número interno que le fue asignado.
19 Primer párrafo de la página 16 de la sentencia de segunda instancia.
20 Según se ordenó en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de junio de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia. Radicado 05001 23 33 000 2015 01764 00.
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24. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada, decisión que no afecta al
apelante único, que en este caso es la parte demandada. En virtud de lo anterior, la Sala
se abstendrá de realizar el estudio de los reparos planteados en su recurso.
Condena en costas.
25. El artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 199821,
establece que el juez podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso teniendo
en cuenta la conducta de las partes; cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
26. Al revisar el caso concreto, se considera que la conducta desplegada dentro
del proceso no fue temeraria ni de mala fe, por lo que resulta improcedente la condena
en costas en esta instancia. Adicionalmente la decisión de revocar la sentencia de
primera instancia obedeció a la declaración oficiosa de la excepción analizada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2018 expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En su lugar disponer lo siguiente:
PRIMERO. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
21 «En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil».
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Demandante: Martha Elena Botero Giraldo
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM
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