Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00632-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-00632-02
Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortíz
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Bogotá, veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Asunto previo
En auto proferido el 4 de abril de 2025, el expediente de la referencia fue remitido al
despacho inicialmente designado para que se decidiera si operaba el desplazamiento de
los conjueces (índice 54); por auto proferido el 25 de julio de 2025, la Consejera Doctora
Elizabeth Becerra Cornejo ordenó devolverlo al Conjuez designado para que continuara el
trámite (índice 61 ); el 4 de agosto de 2025 el proceso fue ingresado al Despacho en
estado para proferir sentencia (índice 68).
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 31 de mayo de 20191 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió́ a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes (Expediente Digital Indice 27 Samai)
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Exp. Digital Inidice 27
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones:
i. Mirta Patricia Linares Prieto, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, pidió que se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio S.G. 0101del 14 de enero de 2010
expedido por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación,
en adelante PGN, que le negó el ajuste de la prima especial de servicios.
ii. Como consecuencia de lo anterior pidió:
• Ordenar el pago de las diferencias adeudadas por concepto de la prima
especial de servicio desde el 1º de agosto de 2001 hasta el 31 de enero
de 2009 teniendo en cuenta todo lo devengado por los Congresistas,
incluida la cesantía.
• Reconocer la indexación e intereses legales.
1.1.2. Hechos:
• Laboró como Procuradora Delegada de la PGN desde el 1º de agosto de
2001 hasta el 31 de enero de 2009, fecha de retiro del cargo.
• Tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios en los
términos del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, todo ello a la luz de lo
dispuesto en el artículo 285 de la C.P. y los artículos 21 y 180 del Decreto
262 de 2000.
• El Decreto 10 de 1993 por el cual se reguló la prima especial de servicios
(arts. 1º. 2º y 4º)
• Como Procuradora Delegada devengó la prima especial de servicios,
como la devengan los Congresistas, ingreso permanente que se liquida
anualmente, razón por la cual debe incluirse para la liquidación del
emolumento demandado.
2
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
• Inexplicablemente la entidad no ha tenido en cuenta las cesantías
pagadas a los Congresistas para liquidar la prima especial de servicios.
• El Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de mayo de 2009 en el
expediente con No. 2004-5209 fallo indicando que las cesantías como
ingreso laboral permanente y deben ser incluidas en la liquidación de la
prima especial de servicios; y citó la línea jurisprudencial existente en
controversias de similares contornos.
• Presentó petición de pago el 15 de abril de 2009 pero la PGN se negó a
reconocer las diferencias que ahora demanda, lo cual le fue negado
mediante el acto acusado, con fundamento en un concepto emitido por
el Ministerio de Hacienda al tenor del cual las sentencias tienen efectos
interpares.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación:
Como fundamento de su demanda, expuso que el acto demandado vulneró la Constitución
Política en sus artículos 53,55 y 58; la Ley 4ª de 1992 y su Decreto Reglamentario 10 de
1993.
Citó las disposiciones invocadas y concluyó que la cesantía hace parte de los ingresos de
los Congresistas, de forma permanente, lo cual implica que deben incluirse para liquidar la
prima especial de servicios pues la Constitución y la Ley establecen la igualdad salarial.
2. La sentencia apelada:2
En sentencia proferida el 31 de mayo de 2019, el Tribunal puso fin a la instancia y accedió
a las pretensiones de la demanda.
Luego de referir las intervenciones de las partes y el trámite procesal, estudió los
presupuestos procesales y detalló la prueba aportada.
2
Exp. Digital Actuación 27
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Indicó el problema jurídico y descendió a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
artículos 1º y 2º, citó apartes de la sentencia proferida por la Sala de Conjueces que unificó
los alcances de la norma al concluir que para liquidar la prima especial debe incluirse,
también, las cesantías como parte de todo lo devengado por los Congresistas, pues la
intención del legislador fue que los Magistrado de Alta Corte tuvieron iguales ingresos que
aquéllos; que la finalidad de la ley fue la equiparación de ingresos laborales, tal como lo ha
concluido el Consejo de Estado en clara línea jurisprudencial.
En materia de la prescripción indicó que el asunto fue objeto de controversias que se
decantaron aplicando las normas que contemplan la prescripción trienal, de manera que
dio prosperidad a la excepción propuesta; en estas condiciones atendió a la fecha de la
reclamación y concluyó que se afectaron por prescripción los derechos causados entre el
1 de agosto de 2001 y el 15 de abril de 2006.
Frente al caso concreto, dijo que al estar demostrado que la actora ocupó el cargo de
procuradora delegada para los derechos humanos desde el 1 de agosto de 2001 hasta el
31 de enero de 2009, ameritaba declarar la nulidad del acto que negó el ajuste de la prima
especial con la inclusión de las cesantías devengadas por los congresistas, aplicó la
prescripción, ordenó el ajuste de la condena y el pago de intereses.
3. La apelación 3
Inconforme con la sentencia, la PGN presentó recurso de apelación con fundamento en
que:
i. A pesar de la autonomía administrativa, financiera y presupuestal que tiene la
Procuraduría General de la Nación, no le están dadas atribuciones legales en
materia de fijación de salarios y prestaciones de sus servidores, pues el
legislador previó que ello es competencia del Gobierno Nacional en virtud de Io
dispuesto por el literal e) del numeral 19 del articulo 150 de la Constitución
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Indice 27 Samai
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Política, en concordancia con el numeral 11 del articulo 189 de la misma Carta,
y la Ley 4 de 1992 artículo 1.
ii. En cuanto al carácter salarial de la prima especial de servicios dijo que, a pesar
de la Sentencia C-681 de 2003 proferida por la Corte Constitucional no es
procedente “…atribuirle efectos salariales a la Prima Especial de servicios solicitada
por la demandante, pues como lo establece la misma providencia que a que el A quo se
atiene en su parte resolutiva, la prima especial de servicios únicamente constituye factor
de salario para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los
funcionares previstos en la Ley 4ª de 1992…”
Por su parte, la demandante también presentó recurso de apelación y luego de reiterar los
fundamentos del libelo dijo que su desacuerdo con la sentencia se dirigía a la prescripción
declarada por cuanto: i) Las diferencias demandadas surgieron porque no se incluyó las
cesantías y para esta prestación, mientras el servidor se encuentra en servicio no corre la
prescripción; ii) si el servidor se encuentra retirado del servicio no corren términos en tanto
“…el patrono tiene la obligación de liquidar la cesantía y consignarlas en un fondo público o privado
de cesantía según el caso y a su vez el trabajador puede optar por retirarlas o dejarlas en el fondo
sin lugar a prescripción alguna…”; que estuvo vinculada a la PGN desde el 1º de agosto de
2001 hasta el 31 de enero de 2009 y presentó la reclamación por las diferencias adeudadas
el 14 de abril de 2009 sin que se deje de atender que la sentencia proferida por el Consejo
de Estado lo fue el 4 de mayo de 2009 cuando se encontraba retirada del servicio, es decir,
no corrió prescripción alguna.
4. Alegatos en segunda instancia:
4.1. Demandante:
Tal como aparece al índice 38 la demandante, presentó alegaciones de segunda instancia.
Reiteró la normatividad y la jurisprudencia traída en su demanda y adujo que se demostró
el derecho al pago de la diferencia a su favor en la liquidación de la prima especial de
servicios y por ello debe revocarse la prescripción declarada por el a-quo.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Para resolver se CONSIDERA:
5. Asunto previo: De la equiparación salarial
En el marco de esta instancia se ocupará la Sala de establecer si la demandante tiene
derecho a que la prima especial de servicios pagada debe ser ajustada, incluyendo las
cesantías que devengan los congresistas.
Se precisa que la relación surge entre el pago a los Magistrados de Alta Corte y el que
corresponde a los delegados de la PGN, en virtud del artículo 280 de la CP que previó «los
agentes del ministerio público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y
prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo», norma
que, en reciente sentencia, C-214 de 2024 proferida por la Corte Constitucional, analizó sus
alcances y precisó:
“…4. El mandato de equiparación previsto en el artículo 280 de la Constitución, a
la luz de la jurisprudencia
41. Dentro del diseño constitucional previsto en la Carta Política de 1991, el
Ministerio Público es tanto un órgano de control como una función pública que
desempeñan distintos servidores. Así se deriva del artículo 118 superior que resumió
sus principales representantes y funciones.
42. El título X de la Constitución Política de 1991, por su parte, se refiere a la
institución del Ministerio Público, y entre sus disposiciones se encuentra el artículo
280 que dispone lo siguiente: “los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas
calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”.
(…)
47. Sin embargo, para efectos de la equiparación que prevé el artículo 280, ha dicho
la Corte que por agentes del Ministerio Público deben entenderse solo aquellos que
“actúan de manera permanente con fundamento en las atribuciones señaladas en la
Constitución y la ley ante los magistrados y jueces que ejercen la función
jurisdiccional”4.
4
Sentencia C-223 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
48. Esta definición comprende, por ejemplo, a la figura del procurador general de
la Nación quien, además de ser “el supremo director del Ministerio Público”5, le
fueron encomendadas funciones de rango constitucional, algunas de las cuales puede
realizar a través de sus delegados o agentes, mientras que otras solo las puede
cumplir directamente6. Y, dentro de estas últimas, se encuentra la obligación de
rendir conceptos dentro de todos los procesos de control abstracto de
constitucionalidad7. Así, para efectos del mandato de equiparación, se entiende que
el procurador o procuradora general de la Nación debe tener las mismas calidades
y derechos de los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, ante quienes
interviene, de manera judicial y permanente, como representante del ministerio
público8.
49. El concepto de agente del ministerio público también comprende, para efectos
del artículo 280 constitucional, a los procuradores delegados y judiciales, quienes,
por mandato legal, intervienen de manera permanente9 ante las autoridades
judiciales10…”
6. Marco normativo y jurisprudencial
6.1. La prima especial de servicio del artículo 15 de la Ley 4a de 1992:
El literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de
la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y
criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y
de la fuerza pública.
En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió́ la
Ley 4a de 1992, mediante la cual, en su artículo 15, indicó lo siguiente:
«Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el
Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado
Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a
5
Constitución Política, art. 275.
6
Constitución Política, arts. 277 y 278.
7
Constitución Política, arts. 278, numeral 5, y art. 242, numeral 2.
8
Constitución Política, art. 118.
9
Por el contrario, los procuradores regionales solo intervienen ocasionalmente ante las autoridades judiciales competentes, en los asuntos
de conocimiento de los procuradores judiciales, en los lugares donde éstos no existan o no puedan actuar. Decreto Ley 262 de 2000, art.
75B.
10
Decreto Ley 262 de 2000, arts. 28 y 41.
7
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los
miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá́ fijar
la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la
Fuerza Pública».
Por su parte, mediante el Decreto 10 de 1993 el gobierno nacional reglamentó lo relativo a
la citada prima especial de servicios y estableció́ lo siguiente:
«ARTICULO 1°. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, será́ igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.
ARTICULO 2°. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el
presente Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos
por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima
de Navidad.
ARTICULO 3°. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley
4a de 1992 podrá́ tener una remuneración anual total superior a la de un miembro
del Congreso.
ARTICULO 4°. La prima a que se refiere este Decreto se pagará mensualmente, no
tiene carácter salarial y no se tendrá́ en cuenta para la determinación de la
remuneración o haberes de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las
ramas del Poder Público, Fuerzas Militares, organismo o entidad del Estado.
ARTICULO 5°. La prima de que trata este Decreto reemplaza en su totalidad y deja
sin efecto cualquier otra prima a que tengan derecho los funcionarios de que trata
el presente Decreto, con excepción de la prima de Navidad.
[...]»
La Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003 concluyó que, en atención a la
entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial para efectos
pensionales a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 ibidem, se rompió́ la
igualdad a la que se encontraban sometidos los funcionarios judiciales previstos en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual la prima especial de servicios del
citado artículo 15, también debía ser tenida en cuenta para el cálculo de los aportes a
pensión.
8
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
La liquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4a de 1992 fue
objeto de estudio por parte del Consejo de Estado Sala de Conjueces de la Sección
Segunda en sentencia proferida el 4 de mayo de 200911 explicó que la citada prestación
tiene como propósito equiparar los haberes salariales de los magistrados de las altas cortes
y demás funcionarios descritos en la norma a los de los congresistas de la República.
En la mencionada providencia se indicó́ que tanto la Ley 4a de 1992 como el Decreto 10 de
1993 fueron claros al señalar que el punto de referencia para calcular el monto de la
discutida prima especial de servicios son los «ingresos laborales totales anuales» de los
legisladores, expresión que no guarda ningún tipo de distinción en relación con el origen de
los referidos ingresos, es decir que deben tomarse en consideración todos los haberes
devengados por los congresistas indistintamente de si parte de ellos corresponde a
prestaciones sociales o no. El análisis fue del siguiente tenor:
«Al referirse, tanto la Ley 4a de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año
percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta
si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace,
siendo claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales» [sic].
De acuerdo con lo anterior, no existe disposición legal que indique de manera expresa o de
la que pueda asumirse que las prestaciones sociales percibidas con los congresistas no
deban hacer parte de la base para calcular la prima especial de servicios de los magistrados
de altas cortes y cargos análogos.
En punto al auxilio de cesantías, el Consejo de Estado indicó que dicho emolumento cumple
con las características para ser tenido como un ingreso laboral de carácter permanente en
atención a que es un emolumento causado de manera anual o proporcional al tiempo
laborado, es decir que se relaciona de manera directa con la contraprestación del servicio.
11
Radicado 25000-23-25-000-2004-05209-02 (0552-2007)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
La anterior posición fue ratificada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de mayo de 201612 que al analizar el
modo de liquidación de la bonificación por compensación de que tratan los Decretos 610
de 1998 y la bonificación por gestión judicial contemplada en el Decreto 4040 de 2004 debió́
abordar lo relativo a la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de
1992.
En la citada providencia se insistió́ en que el Decreto 10 de 1993 al regular la comentada
prestación previó que los ingresos laborales totales anuales de los altos funcionarios
públicos de la Rama Judicial y del Congreso de la República deben ser iguales, pues es
ese el propósito del legislador, esto es equiparar las retribuciones salariales de los
servidores beneficiarios y, en tal sentido, ni la norma general ni su reglamentaria realizaron
distinción alguna en relación con las prestaciones sociales. Sobre el particular dijo:
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.
De allí́ que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas»
Visto lo anterior, de acuerdo con la interpretación que el Consejo de Estado ha realizado
sobre el modo de liquidar la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, los magistrados de altas cortes y demás funcionarios descritos en la norma,
tienen derecho a percibirla en una cuantía tal que al ser sumada con los demás haberes
salariales, sus ingresos laborales totales anuales sean iguales a los percibidos por los
congresistas de la República, para lo cual debe tenerse en cuenta el auxilio de cesantías
percibido por los legisladores.
12
Radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-2015)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
6.2. La prescripción de los derechos laborales y la imprescriptibilidad de los
aportes a seguridad social en pensión
La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de tres (3) años contados desde el momento en que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir artículo 102 del Decreto 1848
de 1969.
El Consejo de Estado ha sostenido13, de manera pacífica, que los derechos de origen
laboral se encuentran sujetos al término de prescripción, postura reiterada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-072 de 1994 y C-916 de 2010 al declarar la exequibilidad
del término de prescripción de los derechos laborales previsto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, en tales providencias explicó que no lesiona los derechos de los
trabajadores, sino que busca promover la prontitud en el ejercicio del derecho de acción y
proteger el principio de seguridad jurídica prevalente por ser de interés general, propósitos
alineados con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.
Además, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en sentencia de Unificación
proferida el 2 de septiembre de 2019, rectificó la posición de la Sección Segunda expuesta
en las sentencias de la Subsección A expedidas el 4 de marzo de 2010 en el proceso con
Radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y el 4 de agosto de 2010 en el proceso con
Radicación No. 25000-23-25000-2005-05159, cuando al pronunciarse sobre la
prescripción de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, precisó:
“..Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que
el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad, inicia
el conteo de los 3 años con los que cuenta el empleado o trabajador para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, término que será interrumpido solo
13
Ver por ejemplo sentencias en los siguientes procesos: 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015); 05001-23-31-000-2012-00729-02 (1136-2017); 18001-23-31-000-2012-00098-02 (6065-
2019); 08001-23-33-000-2017-01448-01 (2105-2020).
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
con la presentación de un reclamo escrito del derecho ante la autoridad encargada
de reconocerlo.
En atención a lo anterior, en cada caso en concreto se debe establecer: (i) el momento
en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la
prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito),
contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años
anteriores a la interrupción.
Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las
discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de
la prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que,
en principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante,
con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos
que anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los
correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados
nulos -parcialmente-, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz,
porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad
con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para
objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
12
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
(…)
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969…”
(Resaltado fuera de texto)
Sobre este mismo asunto la Sección Segunda Subsección “B” del del Consejo de Estado,
en reciente sentencia reiteró:
“…24. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
25. El Consejo de Estado15 ha sentado su postura de manera pacífica en relación con
que los derechos de origen laboral sí se encuentran sujetos al mencionado término de
prescripción, muy a pesar del origen retributivo de los dineros reclamados.
26. La Corte Constitucional analizó el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 por medio
de las sentencias C-072 de 1994 y C-916 de 2010, en las que declaró la exequibilidad
del término de prescripción de los derechos laborales y explicó que no lesiona los
derechos de los trabajadores, sino que busca promover la prontitud en el ejercicio del
derecho de acción y proteger el principio de seguridad jurídica que es prevalente por
ser de interés general, propósitos alineados con los artículos 1 y 2 de la Constitución
Política.
27. En cuanto a la prescripción trienal de del derecho a la prima especial de servicios,
la Sala estima que debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto
3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
28. En cuanto a la exigibilidad del derecho reclamado, esta Subsección considera que
ello se predica desde la entrada en vigencia del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que
creó la prestación reclamada y el Decreto 10 de 1993 que reglamentó su liquidación,
normas que han permanecido vigentes que no han sido objeto de anulación y con base
en las cuales se promovió la reclamación administrativa que originó el presente
proceso…”14
Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01530-02 (1695-2021) C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 19 de febrero de 2026
Demandante: María Eugenia Carreño Gómez
13
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
previsto en el artículo 48 superior como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in
dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal
del sistema de seguridad social en pensiones
En tal sentido, se ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o la superación del
plazo establecido para que opere la prescripción convalide el incumplimiento del deber de
efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues ello podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
Así, en palabras de la Sección Segunda en sentencia CE-SUJ2-0515 «no aplica el fenómeno
prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se
relacionan en mayor media con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones
frente al sistema parafiscal.
7. Caso concreto
7.1. De la apelación de la parte demandada:
En el marco del recurso de apelación encuentra la Sala que las razones de inconformidad
no ponen en duda el derecho que el juzgador de primera instancia reconoció al ordenar que
en la liquidación de la prima especial de servicios reconocida a la demandante se incluya
lo que los congresistas devengan anualmente por concepto de cesantías.
Las razones de apelación de la demandada en síntesis fueron:
15
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
14
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
i. A pesar de la autonomía administrativa, financiera y presupuestal que tiene la
Procuraduría General de la Nación, no le están dadas atribuciones legales en
materia de fijación de salarios y prestaciones de sus servidores, pues el
legislador previó que ello es competencia del Gobierno Nacional en virtud de Io
dispuesto por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Política, en concordancia con el numeral 11 del artículo 189 de la misma Carta,
y la Ley 4 de 1992 artículo 1.
ii. En cuanto a los efectos salariales de la prima especial dijo que “…como lo
establece la misma providencia a que el A quo se atiene en su parte resolutiva, la prima
especial de servicios únicamente constituye factor de salario para efectos de la
cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionares previstos en la
Ley 4ª de 1992…”
7.1.2. De la competencia para la fijación del salario y el carácter salarial de la prima
especial:
Una vez creada la prima especial de servicios objeto de discusión, el gobierno nacional
profirió decretos 2730 de 2001, 683 de 2002, 3584 de 2003, 469 de 2004, 933 de 2005, 392
de 2006, 3048 de 2007 y 726 de 2009 por medio de los cuales reglamentó la citada
prestación.
En los mencionados decretos se indicó que los agentes del Ministerio Público y Delgados
del Procurador que tuvieran derecho a percibir la prima especial de servicios del artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 la devengarían en los términos indicados en la norma, es decir, en
cuantía que «sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los
Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere». En ese sentido, la fijación del monto
de la prima especial de servicios tiene un solo punto de referencia: los ingresos totales
anuales de los legisladores.
En tal sentido, no le asiste razón a la PGN cuando afirma que carece de competencia para
variar el régimen salarial de sus servidores, en tanto ello es competencia del Presidente de
15
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
la República y que se limitó a aplicar la ley pues, precisamente, lo que ocurrió fue lo
contrario en tanto no aplicó legalmente ni el artículo 280 superior, la Ley 4ª de 1992, ni los
decretos salariales anuales antes citados, al decidir excluir del cálculo de la prima especial
de servicios, las cesantías que se pagan a los miembros del Congreso de la República, en
atención, se reitera, a la extensión de los beneficios salariales y prestacionales, ya
explicados.
Si bien es cierto que la creación y reforma de las normas salariales y prestacionales de los
miembros del Ministerio Público hace parte de la órbita de competencia del legislador y del
gobierno nacional, en los términos del artículo 150 constitucional, es al empleador a quien
le corresponde dar estricta aplicación a lo ordenado en la norma.
De ese modo, si la CP señaló que los miembros del Ministerio Público tendrían los mismos
derechos salariales y prestacionales de los jueces y magistrados ante quienes desempeñen
sus funciones y los decretos salariales anuales dispusieron que la prima especial de servicio
de los procuradores delegados que tuvieran derecho a ella sería liquidada en los términos
indicados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, no existía justificación para que se tomara
como punto de referencia los ingresos salariales totales anuales de funcionarios distintos
de los congresistas de la República, pues ello conllevaría a que la incorrecta liquidación de
unos repercutiera negativamente en otros.
Por último, en cuanto a que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, no tiene carácter salarial la Sala considera que este argumento propuesto por la parte
apelante obedece a una confusión en la interpretación de la sentencia de primera instancia,
pues, por el contrario, el a-quo refirió, precisamente, que tal aparte de la norma fue
declarado inexequible y por ello se limitó a considerar el mencionado pago con efectos
pensionales.
16
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
7.2. De la apelación de la demandante:
En el caso de la demandante, la inconformidad se contrae a la declaratoria de prescripción
pues, a su juicio: i) Las diferencias demandadas surgieron porque no se incluyó las
cesantías y para esta prestación, mientras el servidor se encuentra en servicio, no corre la
prescripción; ii) si el servidor se encuentra retirado del servicio no corren términos en tanto
“…el patrono tiene la obligación de liquidar la cesantía y consignarlas en un fondo público o privado
de cesantía según el caso y a su vez el trabajador puede optar por retirarlas o dejarlas en el fondo
sin lugar a prescripción alguna…”; iii) Presentó su reclamación menos de tres meses luego
de su retiro y la primera sentencia que ordenó incluir las cesantías en la liquidación de la
prima especial fue posterior a su retiro.
Ya en anterior acápite se dejó establecido que, de forma pacífica la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional han decidido que la prescripción es aplicable
a los derecho laborales y que, en materia de la prima especial de servicios, ella se
contabiliza atendiendo la fecha de presentación de la reclamación, tres años atrás dado
que el pago fue exigible desde el momento de vigencia de las normas que la consagraron.
Ahora, la recurrente da un giro al pago demandado, prima especial de servicios, y pretende
desagregar los factores que la integran para derivar a la prescripción que se aplica a una
prestación completamente diferente y autónoma como es el pago de cesantías. Este
argumento no es de recibo pues la controversia giró exclusivamente entorno al referente
conformado por todo lo devengado por un congresista y en manera alguna sobre
alguno de los factores que integraron tal cálculo. Para esta Sala no es de recibo el
argumento, pero, en gracia de discusión, aunque el derecho a retirar las cesantías surja
como consecuencia, entre otros, del retiro del servicio, no es menos cierto que el derecho
a que ellas sean consignadas es anual, precisamente, por esa razón se concluyó que
debían integrarse como factor en la liquidación de la prima especial. En conclusión uno es
el derecho a retirar las cesantías por terminación de la relación laboral y otra, muy distinta,
es el derecho a la liquidación y pago mensual de la prima especial incluyendo en su
monto las cesantías que devengan los congresistas.
17
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Por otra parte, ya se ha dicho con toda amplitud y claridad que el derecho fue exigible desde
la expedición de las normas que lo consagraron sin que ninguna incidencia tenga la
sentencia que declaró la ilegalidad de los actos, demandados en ese proceso, porque no
se estaba incluyendo las cesantías como factor al liquidar la prima especial.
Ahora, al margen de lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia
no se emitió pronunciamiento alguno sobre los aportes a seguridad social en pensión, los
cuales gozan de un tratamiento especial por relacionarse con el derecho irrenunciable a la
seguridad social y los principios de progresividad y no regresividad, además de ser un
aspecto abordado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-681 de 2003, en la
que se dispuso expresamente que la prestación discutida debe hacer parte del Ingreso
Base de Cotización para efectos de realizar los aportes al sistema pensional.
Aunado a lo anterior, los citados aportes no se encuentran sometidos al fenómeno de la
prescripción. Así, en palabras de la Sección Segunda en sentencia CESUJ2-0529 «no aplica
el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se
relacionan en mayor media con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones
frente al sistema pensional.
Por las anteriores razones, hay lugar a adicionar la sentencia de primera instancia en el
sentido de ordenar a la parte demandada que reliquide los aportes al sistema pensional de
demandante en atención a la reliquidación de la prima especial de servicios que devengó
entre los años 2001 a 2009 en los que se desempeñó como procuradora delegada de la
PGN.
18
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
8. Costas:
El artículo 188 del CPACA16 prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo y dispone lo siguiente: Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia «dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo en caso
de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento
para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias
que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento y de
verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuara con temeridad o
mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
16
Norma procesal vigente al momento en que se presentó el recurso de apelación.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
FALL A:
Primero. Se confirma la sentencia proferida el 31 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sala Transitoria en el proceso iniciado
por Mirtha Patricia Linares Prieto contra la Procuraduría General de la Nación.
Segundo: Adicionar la sentencia para ordenar que deben realizar los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que correspondan de acuerdo con el reajuste ordenado, los
cuales deben efectuarse por todo el periodo reclamado sin prescripción trienal, de
conformidad con lo explicado en la parte considerativa. El cumplimiento de la presente
condena se sujetará a que la entidad demandada verifique que no se hayan realizado pagos
por los mismos conceptos aquí ordenados.
Tercero: Reconocer al Doctor Luis Fernando Pinzón Galindo identificado con la C.C.
79.399.935 y TP 72169 como apoderado de la Procuraduría General de la Nación en los
términos del poder que obra al índice 68.
Cuarto: Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de
Estado.
Quinto: Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior
providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
CONJUEZ
Firmado electrónicamente
NUBIA GONZALEZ CERÓN
CONJUEZ
Firmado electrónicamente
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000232500020100063202 (6187-2019)
Demandante: MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Demandado: Procuraduría General de la Nación
JUAN PABLO ARAUJO ARIZA
CONJUEZ
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
CONJUEZ
Firmado electrónicamente
21
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