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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00674-02

Fecha
24 de abril de 2026
Consejero ponente
Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortíz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00674-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALL A: Primero. Se adiciona la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por la Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso iniciado por María Gloria Inés Segovia Quintero contra la Procuraduría General de la Nación, para declarar probada la prescripción de los derechos causados antes del 2 de septiembre de 2006. Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por la Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, excepto el numeral 3º que se modifica y quedará así: 19 Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019) Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO Demandado: Procuraduría General de la Nación “A título de restablecimiento del derecho la Procuraduría General de la Nación, reajustará y pagará retroactivamente a María Gloria Inés Segovia Quintero las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para su liquidación todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, incluidas las cesantías, conforme al artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, desde el 3 de septiembre de 2006 hasta el 10 de enero de 2009, en su calidad de exprocuradora delegada, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. Tercero: Adicionar la sentencia para ordenar que deben realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que correspondan de acuerdo con el reajuste ordenado, los cuales deben efectuarse por todo el periodo reclamado sin prescripción trienal, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa. El cumplimiento de la presente condena se sujetará a que la entidad demandada verifique que no se hayan realizado pagos por los mismos conceptos aquí ordenados. Cuarto: Reconocer al Doctor Rafael Andrés Valenzuela Bueno identificado con la C.C. 80.793.679 y TP 293.679 como apoderado de la Procuraduría General de la Nación en los términos del poder que obra al índice 47. Quinto: Reconocer al Doctor Jesús María Lemos Valencia identificado con C.C. 10.516.664 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00674-02

Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortíz

24 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ

Bogotá, veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Asunto previo

En auto proferido el 31 de marzo de 2025, el expediente de la referencia fue remitido al
despacho inicialmente designado para que se decidiera si operaba el desplazamiento de
los conjueces (índice 62); por auto proferido el 24 de junio de 2025, el Consejero Doctor
Jorge Edisón Portocarrero ordenó devolverlo al Conjuez designado para que continuara el
trámite (índice 68); el 21 de julio de 2025 el proceso fue ingresado al Despacho en estado
para proferir sentencia (índice 75).

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 31 de octubre de 20161 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que accedió́ a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones:

i. María Gloria Inés Segovia Quintero, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Contencioso Administrativo, pidió que se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio S.G. 0044 expedido el 7 de enero de
2010 expedido por la Secretaria General de la Procuraduría General de la
Nación, en adelante PGN, a través del cual le negó́ el ajuste de la
remuneración en el desempeño del cargo de Procuradora Delegada para las
Fuerzas Militares, en tanto al liquidar la prima especial de servicio no se han
tenido en cuenta “…los valores liquidados y pagados por concepto de auxilio de
cesantía a los congresistas…” (Hecho 5 de la demanda)
ii. Como consecuencia de lo anterior pidió:

“Ordenar a la entidad demandada realizar el pago mensual, permanente y en forma
retroactiva y hacia el futuro de los valores que se le adeudan por no haber liquidado
la prima especial de servicios de los Magistrados de Altas Cortes incluyendo dentro
de los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente las cesantías
devengadas por los congresistas según lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 4 de
1992 y los artículos 1 y 2 del Decreto 10 de 1993, lo cual incide en la liquidación del
salario y las prestaciones de mi poderdante, que debe devengar lo que devengan los
Magistrados de Alta Corte.”

1.1.2. Fundamento jurídico:

Como fundamento de su demanda, expuso que el acto demandado vulneró la Ley 4ª de
1992 y su Decreto Reglamentario 10 de 1993; precisó los alcances jurisprudenciales que
corresponden a una ley marco, sus objetivos y distinguió la competencia que corresponde
al legislativo y al ejecutivo en materia salarial.

Afirmó que la ley marco dispuso los empleos a los que se pagaría la prima especial de
servicios, entre los cuales incluyó los de Magistrados de Alta Corte, prima que
correspondería a un valor que, sumado a los demás ingresos laborales igualara la totalidad
de los ingresos percibidos por los Congresistas.

Dijo que, dentro de los ingresos de los Congresistas, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia desde la sentencia del 4 de mayo de 2009, deben incluirse las cesantías, lo
cual venía omitiéndose.

2

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

2. La sentencia apelada:3

En sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, el Tribunal puso fin a la instancia y accedió
a las pretensiones de la demanda.

Luego de referir las intervenciones de las partes, se ocupó de examinar lo relacionado con
la prescripción que planteó la entidad demandada. Al respecto, dijo que, en atención al
efecto útil que tiene la protección constitucional del derecho al trabajo y la irrenunciabilidad
de los derechos laborales mínimos, no cabe declarar prescritos los derechos laborales; que,
adicionalmente, la expedición del Decreto 4040 de 2004, posteriormente anulado por el
Consejo de Estado, se convirtió en un obstáculo para la reclamación de los derechos ahora
demandados y, como lo precisa la jurisprudencia, mientras los derechos estén en discusión,
pierden su condición de exigibilidad; que la prescripción no cabe en materia de derechos
laborales, pues ellos corresponden a la categoría de los derechos humanos y las normas
que protegen los derechos laborales no pueden ser derogadas por normas posteriores, a
riesgo de vulnerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad; que el
trabajador no puede ser sancionado con la prescripción, cuando el empleador no ha
cumplido con el pago legal.

En cuanto al asunto de fondo, se ocupó el a-quo del carácter salarial de la prima especial
de servicios, para lo cual citó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y trajo, parcialmente, la
Sentencia C-681 de 2003 proferida por la Corte Constitucional, que declaró inexequible el
aparte conforme al cual el mencionado pago no tenía carácter salarial.

Pasó a estudiar los factores que integran la prima especial de servicios a la luz del artículo
15 de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 10 de 1993, de donde concluyó que para su cálculo
se atiende a todos los ingresos laborales anuales devengados por un Congresista, de forma
que esa diferencia, da como resultado el valor de la mencionada prima; que el auxilio de
cesantía devengado por los Congresistas fue omitido al liquidar la prima especial

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

deservicios y ello implicó que fue pagada en menor cuantía a la legalmente prevista en la
norma, tal como lo ha estudiado el Consejo de Estado.

Con fundamento en lo anterior accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento pretendido desde el 9 de marzo de 2001 hasta el 10 de enero de 2009, su
indexación, y el pago de intereses en los términos del C.C.A. La decisión fue del siguiente
tenor:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la H. Corte
Constitucional en sentencia C-681 de 2003, con ponencia de la Doctora Ligia Galvis
Ortiz que declaró la inexequibilidad de la expresión “sin carácter salarial”,
contenida en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992. En consecuencia, la prima especial
de servicios es factor salarial para efectos de cotización y liquidación de la pensión
de jubilación de los Magistrados de las Altas Cortes.
SEGUNDO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo No. S.G. 0044 del 07 de
enero de 2010, proferido por la Procuraduría General de la Nación mediante la
cual no se accedió a la petición de las diferencias adeudadas a la doctora MARIA
GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO, por concepto de prima especial de
servicios.
TERCERO: Condenar a la NACION -PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION a reconocer y pagar las diferencias salariales adeudadas al doctor
MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO por concepto de prima especial de
servicios, en cuya liquidación debe estar integrada el auxilio de cesantía a partir del
nueve (09) de marzo de dos mil uno (2001) hasta el diez (10) de enero de dos mil
nueve (2009), en la que se encuentre vinculada a la Procuraduría General de la
Nación en calidad de Procuradora Delegada para las Fuerzas Militares.
CUARTO: Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con
el artículo 178 del C.C.A, tomando, corno, base la variación porcentual de los
Índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
QUINTO: Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios
aplicables.
SEXTO: Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en el artículo 176 del C.C.A.
SEPTIMO: No se condena en costas.”

3. La apelación 4

Inconforme con la sentencia, la PGN presentó recurso de apelación con fundamento en
que:

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

i. Aunque la Procuraduría General de la Nación tienen autonomía administrativa,
financiera y presupuestal, no le están dadas atribuciones legales en materia de
fijación de salarios y prestaciones de sus servidores, pues el legislador previó
que ello es competencia del Gobierno Nacional en virtud de lo dispuesto en el
literal e) del numeral 19 del articulo 150 de la Constitución Política, en
concordancia con el numeral 11 del articulo 189 de la misma Carta, y la Ley 4
de 1992 artículo 1.
ii. En cuanto al carácter salarial de la prima especial de servicios dijo que, a pesar
de la Sentencia C-681 de 2003 proferida por la Corte Constitucional no es
procedente “…atribuirle efectos salariales a la Prima Especial de servicios solicitada
por la demandante, pues como lo establece la misma providencia que a que el A quo se
atiene en su parte resolutiva, la prima especial de servicios únicamente constituye factor
de salario para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los
funcionares previstos en la Ley 4ª de 1992…” }

4. Alegatos en segunda instancia:
4.1. Demandante:

La demandante, de forma oportuna, presentó alegaciones de segunda instancia (Indice 46).

Adujo que, como lo ratificó la sentencia apelada y lo aceptó la PGN en la certificación
expedida el del 16 de julio de 2010 por el Comité de Conciliación Ad Hoc de esa entidad,
en virtud del cargo desempeñado tiene derecho al pago de la prima especial por el lapso
demandado.

Que reiterada jurisprudencia, incluso de unificación, ha ordenado el reconocimiento y pago
de la diferencia reclamada en este proceso, con fundamento en que la liquidación de la
prima especial de servicios debe atender todo lo devengado por los Congresistas, incluidas
las cesantías.

4.2. Demandado:

Al índice 48 de Samai obra memorial que descorre el traslado para alegar en el que la
entidad demandada reitera, de manera textual, lo dicho en su recurso de apelación.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Para resolver se CONSIDERA:

5. Asunto previo: De la equiparación salarial

En el marco de esta instancia se ocupará la Sala de establecer si la demandante tiene
derecho a que la prima especial de servicios pagada debe ser ajustada, incluyendo las
cesantías que devengan los congresistas.

Se precisa que la relación surge entre el pago a los Magistrados de Alta Corte y el que
corresponde a los delegados de la PGN, en virtud del artículo 280 de la CP que previó «los
agentes del ministerio público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y
prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo», norma
que, en reciente sentencia, C-214 de 2024 proferida por la Corte Constitucional, analizó sus
alcances y precisó:

“…4. El mandato de equiparación previsto en el artículo 280 de la Constitución, a
la luz de la jurisprudencia
41. Dentro del diseño constitucional previsto en la Carta Política de 1991, el
Ministerio Público es tanto un órgano de control como una función pública que
desempeñan distintos servidores. Así se deriva del artículo 118 superior que resumió
sus principales representantes y funciones.
42. El título X de la Constitución Política de 1991, por su parte, se refiere a la
institución del Ministerio Público, y entre sus disposiciones se encuentra el artículo
280 que dispone lo siguiente: “los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas
calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”.

(…)

47. Sin embargo, para efectos de la equiparación que prevé el artículo 280, ha dicho
la Corte que por agentes del Ministerio Público deben entenderse solo aquellos que
“actúan de manera permanente con fundamento en las atribuciones señaladas en la
Constitución y la ley ante los magistrados y jueces que ejercen la función
jurisdiccional”5.

48. Esta definición comprende, por ejemplo, a la figura del procurador general de
la Nación quien, además de ser “el supremo director del Ministerio Público”6, le
fueron encomendadas funciones de rango constitucional, algunas de las cuales puede
realizar a través de sus delegados o agentes, mientras que otras solo las puede

5
Sentencia C-223 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
6
Constitución Política, art. 275.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

cumplir directamente7. Y, dentro de estas últimas, se encuentra la obligación de
rendir conceptos dentro de todos los procesos de control abstracto de
constitucionalidad8. Así, para efectos del mandato de equiparación, se entiende que
el procurador o procuradora general de la Nación debe tener las mismas calidades
y derechos de los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, ante quienes
interviene, de manera judicial y permanente, como representante del ministerio
público9.
49. El concepto de agente del ministerio público también comprende, para efectos
del artículo 280 constitucional, a los procuradores delegados y judiciales, quienes,
por mandato legal, intervienen de manera permanente10 ante las autoridades
judiciales11…”

6. Marco normativo y jurisprudencial

6.1. La prima especial de servicio del artículo 15 de la Ley 4a de 1992:

El literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de
la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y
criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y
de la fuerza pública.

En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió́ la
Ley 4a de 1992, mediante la cual, en su artículo 15, indicó lo siguiente:

«Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el
Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado
Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a
los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los
miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá́ fijar
la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la
Fuerza Pública».

7
Constitución Política, arts. 277 y 278.
8
Constitución Política, arts. 278, numeral 5, y art. 242, numeral 2.
9
Constitución Política, art. 118.
10
Por el contrario, los procuradores regionales solo intervienen ocasionalmente ante las autoridades judiciales competentes, en los asuntos
de conocimiento de los procuradores judiciales, en los lugares donde éstos no existan o no puedan actuar. Decreto Ley 262 de 2000, art.
75B.
11
Decreto Ley 262 de 2000, arts. 28 y 41.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Por su parte, mediante el Decreto 10 de 1993 el gobierno nacional reglamentó lo relativo a
la citada prima especial de servicios y estableció́ lo siguiente:

«ARTICULO 1°. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, será́ igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.

ARTICULO 2°. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el
presente Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos
por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima
de Navidad.

ARTICULO 3°. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley
4a de 1992 podrá́ tener una remuneración anual total superior a la de un miembro
del Congreso.

ARTICULO 4°. La prima a que se refiere este Decreto se pagará mensualmente, no
tiene carácter salarial y no se tendrá́ en cuenta para la determinación de la
remuneración o haberes de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las
ramas del Poder Público, Fuerzas Militares, organismo o entidad del Estado.

ARTICULO 5°. La prima de que trata este Decreto reemplaza en su totalidad y deja
sin efecto cualquier otra prima a que tengan derecho los funcionarios de que trata
el presente Decreto, con excepción de la prima de Navidad.
[...]»

La Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003 concluyó que, en atención a la
entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial para efectos
pensionales a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 ibidem, se rompió́ la
igualdad a la que se encontraban sometidos los funcionarios judiciales previstos en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual la prima especial de servicios del
citado artículo 15, también debía ser tenida en cuenta para el cálculo de los aportes a
pensión.

La liquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4a de 1992 fue
objeto de estudio por parte del Consejo de Estado Sala de Conjueces de la Sección
Segunda en sentencia proferida el 4 de mayo de 200912 explicó que la citada prestación

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Radicado 25000-23-25-000-2004-05209-02 (0552-2007)

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

tiene como propósito equiparar los haberes salariales de los magistrados de las altas cortes
y demás funcionarios descritos en la norma a los de los congresistas de la República.

En la mencionada providencia se indicó́ que tanto la Ley 4a de 1992 como el Decreto 10 de
1993 fueron claros al señalar que el punto de referencia para calcular el monto de la
discutida prima especial de servicios son los «ingresos laborales totales anuales» de los
legisladores, expresión que no guarda ningún tipo de distinción en relación con el origen de
los referidos ingresos, es decir que deben tomarse en consideración todos los haberes
devengados por los congresistas indistintamente de si parte de ellos corresponde a
prestaciones sociales o no. El análisis fue del siguiente tenor:

«Al referirse, tanto la Ley 4a de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año
percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta
si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace,
siendo claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales» [sic].

De acuerdo con lo anterior, no existe disposición legal que indique de manera expresa o de
la que pueda asumirse que las prestaciones sociales percibidas con los congresistas no
deban hacer parte de la base para calcular la prima especial de servicios de los magistrados
de altas cortes y cargos análogos.

En punto al auxilio de cesantías, el Consejo de Estado indicó que dicho emolumento cumple
con las características para ser tenido como un ingreso laboral de carácter permanente en
atención a que es un emolumento causado de manera anual o proporcional al tiempo
laborado, es decir que se relaciona de manera directa con la contraprestación del servicio.

La anterior posición fue ratificada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de mayo de 201613 que al analizar el
modo de liquidación de la bonificación por compensación de que tratan los Decretos 610

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Radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-2015)

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

de 1998 y la bonificación por gestión judicial contemplada en el Decreto 4040 de 2004 debió́
abordar lo relativo a la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de
1992.

En la citada providencia se insistió́ en que el Decreto 10 de 1993 al regular la comentada
prestación previó que los ingresos laborales totales anuales de los altos funcionarios
públicos de la Rama Judicial y del Congreso de la República deben ser iguales, pues es
ese el propósito del legislador, esto es equiparar las retribuciones salariales de los
servidores beneficiarios y, en tal sentido, ni la norma general ni su reglamentaria realizaron
distinción alguna en relación con las prestaciones sociales. Sobre el particular dijo:

«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.

De allí́ que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas»

Visto lo anterior, de acuerdo con la interpretación que el Consejo de Estado ha realizado
sobre el modo de liquidar la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, los magistrados de altas cortes y demás funcionarios descritos en la norma,
tienen derecho a percibirla en una cuantía tal que al ser sumada con los demás haberes
salariales, sus ingresos laborales totales anuales sean iguales a los percibidos por los
congresistas de la República, para lo cual debe tenerse en cuenta el auxilio de cesantías
percibido por los legisladores.

6.2. La prescripción de los derechos laborales y la imprescriptibilidad de los
aportes a seguridad social en pensión

La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de tres (3) años contados desde el momento en que el derecho reclamado se hace

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir artículo 102 del Decreto 1848
de 1969.

El Consejo de Estado ha sostenido14, de manera pacífica, que los derechos de origen
laboral se encuentran sujetos al término de prescripción, postura reiterada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-072 de 1994 y C-916 de 2010 al declarar la exequibilidad
del término de prescripción de los derechos laborales previsto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, en tales providencias explicó que no lesiona los derechos de los
trabajadores, sino que busca promover la prontitud en el ejercicio del derecho de acción y
proteger el principio de seguridad jurídica prevalente por ser de interés general, propósitos
alineados con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.

Además, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en sentencia de Unificación
proferida el 2 de septiembre de 2019, rectificó la posición de la Sección Segunda expuesta
en las sentencias de la Subsección A expedidas el 4 de marzo de 2010 en el proceso con
Radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y el 4 de agosto de 2010 en el proceso con
Radicación No. 25000-23-25000-2005-05159, cuando al pronunciarse sobre la
prescripción de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, precisó:

“..Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que
el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad, inicia
el conteo de los 3 años con los que cuenta el empleado o trabajador para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, término que será interrumpido solo
con la presentación de un reclamo escrito del derecho ante la autoridad encargada
de reconocerlo.

En atención a lo anterior, en cada caso en concreto se debe establecer: (i) el momento
en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la
prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito),
contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años
anteriores a la interrupción.

Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las
discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de
14
Ver por ejemplo sentencias en los siguientes procesos: 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015); 05001-23-31-000-2012-00729-02 (1136-2017); 18001-23-31-000-2012-00098-02 (6065-
2019); 08001-23-33-000-2017-01448-01 (2105-2020).

11

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

la prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que,
en principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante,
con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos
que anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los
correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados
nulos -parcialmente-, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz,
porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta.

Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad
con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para
objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

(…)

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969…”
(Resaltado fuera de texto)

Sobre este mismo asunto la Sección Segunda Subsección “B” del del Consejo de Estado,
en reciente sentencia reiteró:

12

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

“…24. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
25. El Consejo de Estado15 ha sentado su postura de manera pacífica en relación con
que los derechos de origen laboral sí se encuentran sujetos al mencionado término de
prescripción, muy a pesar del origen retributivo de los dineros reclamados.
26. La Corte Constitucional analizó el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 por medio
de las sentencias C-072 de 1994 y C-916 de 2010, en las que declaró la exequibilidad
del término de prescripción de los derechos laborales y explicó que no lesiona los
derechos de los trabajadores, sino que busca promover la prontitud en el ejercicio del
derecho de acción y proteger el principio de seguridad jurídica que es prevalente por
ser de interés general, propósitos alineados con los artículos 1 y 2 de la Constitución
Política.
27. En cuanto a la prescripción trienal de del derecho a la prima especial de servicios,
la Sala estima que debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto
3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
28. En cuanto a la exigibilidad del derecho reclamado, esta Subsección considera que
ello se predica desde la entrada en vigencia del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que
creó la prestación reclamada y el Decreto 10 de 1993 que reglamentó su liquidación,
normas que han permanecido vigentes que no han sido objeto de anulación y con base
en las cuales se promovió la reclamación administrativa que originó el presente
proceso…”15

Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 superior como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in
dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal
del sistema de seguridad social en pensiones

En tal sentido, se ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o la superación del
plazo establecido para que opere la prescripción convalide el incumplimiento del deber de
efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues ello podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01530-02 (1695-2021) C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 19 de febrero de 2026
Demandante: María Eugenia Carreño Gómez

13

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Así, en palabras de la Sección Segunda en sentencia CE-SUJ2-0516 «no aplica el fenómeno
prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se
relacionan en mayor media con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones
frente al sistema parafiscal.

7. Caso concreto

7.1. Hechos probados

Al índice 59 de SAMAI obra el expediente digital y allí se observa la siguiente prueba
documental:

• El 2 de septiembre de 2009, la ahora demandante solicitó el reconocimiento y pago de las
diferencias causadas en la liquidación de sus prestaciones en calidad de Procuradora
Delegada para las Fuerzas Militares por el período comprendido entre el 9 de marzo de
2001 y el 10 de enero de 2009, en tanto los Magistrados de Alta Corte, y quienes
devengaban iguales emolumentos, debían tener iguales ingresos que los Congresistas. (fls.
18 y s.s. expediente digital)

• Con Oficio S.G. No. 0044 del 7 de enero de 2010, acto demandado, la PGN negó la
petición (fls.21 y s.s. exp. Digital)

• El 23 de febrero de 2010, la ahora demandante solicitó la notificación personal del Oficio
S.G. No. 0044 del 7 de enero de 2010. (Indice 59 Exp Digital)

• El 21 de julio de 2010 se llevó a cabo la diligencia de conciliación extrajudicial No. 231-
210 que se declaró fallida.

16
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)

14

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

• La demanda fue presentada el 21 de julio de 2010 según se observa a la página 40 del
expediente digital.

Al índice 55 de Samai obra certificación de cargo y tiempo de servicios prestado por la
actora a la PGN que deja constancia de la fecha de ingreso 9 de marzo de 2001 y fecha de
retiro 10 de enero de 2009 en el cargo Procurador Delegado Código 0PD Grado EA en
las siguientes dependencias: Delegada para las Fuerzas Militares; Delegada para la Policía
Nacional; Delgada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial y Delegada para la Sala
Disciplinaria.

Así las cosas, no queda duda que el empleo ocupado por la demandante la hacía
beneficiaria de la prima especial creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 en tanto,
como bien lo precisó la jurisprudencia citada, el cargo de Procurador Delegado implica la
aplicación de la equivalencia salarial prevista en el artículo 285 de la C.P. y al ejercer su
función ante las Altas Cortes, iguales condiciones salariales le son aplicables.

Ahora, revisada la contestación de la demanda se encuentra que la PGN, en extensa
mención, señaló la existencia del fenómeno prescriptivo. Por su parte el a-quo en las
consideraciones de su sentencia, se ocupó de la imposibilidad de declarar prescritos
derechos laborales, pero lo cierto es que en la parte resolutiva de la sentencia ninguna
decisión aparece al respecto, sin que ninguna de las partes solicitara adición al respecto.

Este caso se decide a la luz del ordenamiento que contemplada el C.C.A. cuyo artículo 164
establecía, como lo hace ahora el CPACA, que en el proceso Contencioso Administrativo,
es deber del juzgador de primera o segunda instancia, decidir sobre todas las excepciones
que encuentre probadas en el proceso, aunque ellas no hayan sido propuestas por las
partes17.

17
“EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda
cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos. En la sentencia definitiva se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. Son excepciones de fondo las que se oponen a la
prosperidad de la pretensión. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus.”

15

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Así las cosas, como la actora presentó la reclamación de pago el 2 de septiembre de 2009,
prescribieron los derechos causados antes del 2 de septiembre de 2006 y así lo declarará
esta Sala, sin que ello implique agravar la situación de la apelante única. En este sentido
será adicionada la sentencia apelada.

8. De la competencia para la fijación del salario y el carácter salarial de la prima
especial:

Como se anotó en los antecedentes los cargos de apelación fueron:

i. La autonomía administrativa, financiera y presupuestal que tiene la Procuraduría
General de la Nación, no le confiere atribuciones legales en materia de fijación
de salarios y prestaciones de sus servidores, pues el legislador previó que ello
es competencia del Gobierno Nacional en virtud de Io dispuesto por el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con
el numeral 11 del artículo 189 de la misma Carta, y la Ley 4 de 1992 artículo 1.
ii. En cuanto a los efectos salariales de la prima especial dijo que “…como lo
establece la misma providencia a que el A quo se atiene en su parte resolutiva, la prima
especial de servicios únicamente constituye factor de salario para efectos de la
cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionares previstos en la
Ley 4ª de 1992…”

Una vez creada la prima especial de servicios objeto de discusión, el gobierno nacional
profirió decretos 2730 de 2001, 683 de 2002, 3584 de 2003, 469 de 2004, 933 de 2005, 392
de 2006, 3048 de 2007 y 726 de 2009 por medio de los cuales reglamentó la citada
prestación.

En los mencionados decretos se indicó que los agentes del Ministerio Público y Delegados
del Procurador que tuvieran derecho a percibir la prima especial de servicios del artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 la devengarían en los términos indicados en la norma, es decir, en
cuantía que «sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los
Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere». En ese sentido, la fijación del monto

16

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

de la prima especial de servicios tiene un solo punto de referencia: los ingresos totales
anuales de los legisladores.

En tal sentido, no le asiste razón a la PGN cuando afirma que carece de competencia para
variar el régimen salarial de sus servidores, en tanto ello es competencia del Presidente de
la República y que se limitó a aplicar la ley pues, precisamente, lo que ocurrió fue lo
contrario en tanto no aplicó legalmente ni el artículo 280 superior, ni la Ley 4ª de 1992, ni
los decretos salariales anuales antes citados, al decidir excluir del cálculo de la prima
especial de servicios las cesantías que se pagan a los miembros del Congreso de la
República, en atención, se reitera, a la extensión de los beneficios salariales y
prestacionales, ya explicados.

Si bien es cierto que la creación y reforma de las normas salariales y prestacionales de los
miembros del Ministerio Público hace parte de la órbita de competencia del legislador y del
gobierno nacional, en los términos del artículo 150 constitucional, es al empleador a quien
le corresponde dar estricta aplicación a lo ordenado en la norma.

De ese modo, si la CP señaló que los miembros del Ministerio Público tendrían los mismos
derechos salariales y prestacionales de los jueces y magistrados ante quienes desempeñen
sus funciones y los decretos salariales anuales dispusieron que la prima especial de servicio
de los procuradores delegados que tuvieran derecho a ella sería liquidada en los términos
indicados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, no existía justificación para que se tomara
como punto de referencia los ingresos salariales totales anuales de funcionarios distintos
de los congresistas de la República, pues ello conllevaría a que la incorrecta liquidación de
unos repercutiera negativamente en otros.

Por último, en cuanto a que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, no tiene carácter salarial la Sala considera que este argumento propuesto por la parte
apelante obedece a una confusión en la interpretación de la sentencia de primera instancia,
pues, por el contrario, el a-quo refirió, precisamente, que tal aparte de la norma fue
declarado inexequible y por ello se limitó a considerar el mencionado pago con efectos
pensionales.

17

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Ahora, al margen de lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia
no se emitió pronunciamiento alguno sobre los aportes a seguridad social en pensión, los
cuales gozan de un tratamiento especial por relacionarse con el derecho irrenunciable a la
seguridad social y los principios de progresividad y no regresividad, además de ser un
aspecto abordado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-681 de 2003, en la
que se dispuso expresamente que la prestación discutida debe hacer parte del Ingreso
Base de Cotización para efectos de realizar los aportes al sistema pensional.

Aunado a lo anterior, los citados aportes no se encuentran sometidos al fenómeno de la
prescripción. Así, en palabras de la Sección Segunda en sentencia CESUJ2-0529 «no aplica
el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se
relacionan en mayor media con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones
frente al sistema pensional.

Por las anteriores razones, hay lugar a adicionar la sentencia de primera instancia en el
sentido de ordenar a la parte demandada que reliquide los aportes al sistema pensional de
demandante en atención a la reliquidación de la prima especial de servicios que devengó
entre los años 2001 a 2009 en los que se desempeñó como procuradora delegada de la
PGN.

9. Costas:

El artículo 188 del CPACA18 prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo y dispone lo siguiente: Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia «dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

18
Norma procesal vigente al momento en que se presentó el recurso de apelación.

18

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo en caso
de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento
para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias
que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento y de
verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuara con temeridad o
mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALL A:

Primero. Se adiciona la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por la Subsección “D”
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso iniciado por María Gloria Inés
Segovia Quintero contra la Procuraduría General de la Nación, para declarar probada la
prescripción de los derechos causados antes del 2 de septiembre de 2006.

Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por la Subsección “D”
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, excepto el numeral 3º que se modifica y
quedará así:

19

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 25000232500020100067402 (5255-2019)

Demandante: MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO

Demandado: Procuraduría General de la Nación

“A título de restablecimiento del derecho la Procuraduría General de la Nación,
reajustará y pagará retroactivamente a María Gloria Inés Segovia Quintero las
diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta
para su liquidación todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, incluidas las cesantías, conforme al artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, desde el 3 de septiembre de 2006 hasta el 10 de enero de 2009, en su
calidad de exprocuradora delegada, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva.

Tercero: Adicionar la sentencia para ordenar que deben realizar los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que correspondan de acuerdo con el reajuste ordenado, los
cuales deben efectuarse por todo el periodo reclamado sin prescripción trienal, de
conformidad con lo explicado en la parte considerativa. El cumplimiento de la presente
condena se sujetará a que la entidad demandada verifique que no se hayan realizado pagos
por los mismos conceptos aquí ordenados.

Cuarto: Reconocer al Doctor Rafael Andrés Valenzuela Bueno identificado con la C.C.
80.793.679 y TP 293.679 como apoderado de la Procuraduría General de la Nación en los
términos del poder que obra al índice 47.

Quinto: Reconocer al Doctor Jesús María Lemos Valencia identificado con C.C. 10.516.664
y T.P. 14.695 C.S.J. como apoderado de la parte demandante en los términos del poder
obrante al índice 46.

Sexto: Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de
Estado.
Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia
fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
CONJUEZ
Firmado electrónicamente

NUBIA GONZALEZ CERON
CONJUEZ
Firmado electrónicamente

20

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