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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01357-01

Fecha
23 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01357-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Modificar el numeral segundo de la sentencia del 10 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso instaurado por la señora Adriana Castaño Hernández en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 12003339 del 19 de enero de 2012, suscrito por el Coordinador de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio del cual negó la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de los emolumentos de orden prestacional a la señora Adriana Castaño Hernández. Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2012-01357-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

23 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-2017)
Demandante: Adriana Castaño Hernández
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA)

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la señora Adriana
Castaño Hernández, mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio
12003339 del 19 de enero de 2012, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (en adelante Invima), por medio del cual se negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta desde el 24 de
abril de 2000 hasta el 24 de diciembre de 2009, el pago de derechos laborales y

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

prestacionales sociales, y el reintegro a la planta de personal del instituto sin
solución de continuidad.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) declarar que entre ella y la referida unidad existió una relación laboral producto de
la subordinación a que fue sujeta en la ejecución de las órdenes y contratos de
prestación de servicios suscritos desde el 24 de abril de 2000 en el cargo de nivel
profesional especializado 2028-20 y que de manera injusta, ilegal y arbitraria se dio
por finalizado el vínculo laboral el 24 de diciembre de 2009; ii) ordenar el reintegro
al cargo de profesional especializado 2028-20 en la Subdirección de Alimentos y
Bebidas Alcohólicas o a otro cargo similar de igual categoría en la ciudad de Bogotá;
iii) pagar las sumas correspondientes a las diferencias entre el sueldo asignado para
el cargo de profesional especializado 2028-20 y lo realmente pagado, así como las
primas, bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales y demás prestaciones
dejadas de percibir inherentes al cargo, con efectividad al 24 de diciembre de 2009,
hasta cuando sea reincorporada al servicio, incluyendo el valor de los aumentos que
se hubieran decretado con posterioridad a esa fecha; iv) disponer que para todos
los efectos legales no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio; v)
indexar los valores resultantes de la condena; y vi) dar cumplimiento a la sentencia
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Adriana Castaño Hernández suscribió con el Invima órdenes de
prestación de servicios entre el 24 de abril de 2000 y el 24 de diciembre de 2009
para cumplir con diversos objetos y obligaciones.

ii) Teniendo en consideración las numerables funciones que el Invima le asignó,
en algunos casos de manera reiterativa, se desempeñó en la modalidad de
«contrato realidad» como asesora en el grado previsto en el artículo 2 del Decreto

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

212 de 2004; sin embargo, no le fueron reconocidos ni pagados los derechos
laborales a los que tenía derecho.

iii) El 24 de diciembre de 2009, el Invima decidió sin explicación ni motivación
alguna, de manera injusta y unilateral, terminar la relación laboral que existió.

iv) Los referidos contratos encubrieron una verdadera relación laboral, puesto que
la prestación personal del servicio fue objeto de subordinación, ya que debía cumplir
los horarios impuestos para la atención directa de los usuarios y recibir órdenes y
directrices de sus superiores.

v) El 15 de noviembre de 2011, mediante radicado 11109487 solicitó el
reconocimiento de sus derechos relacionados con la existencia de la relación
laboral; no obstante, la entidad demandada mediante el Oficio 11115641 del 29 de
noviembre, suscrito por el secretario general del Invima manifestó que conforme al
análisis y estudio que se le debía dar a la solicitud, emitiría respuesta a más tardar
el 19 de enero de 2012.

vi) El 23 de enero de 2012, se remitió copia del Oficio 12003339 del 19 de enero
de 2012, en la cual se negó el reconocimiento de la relación laboral, el pago de los
derechos laborales y el reintegro al puesto de trabajo solicitado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 13, 16, 25, 29, 53, 54,
123 y 125 de la Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El acto administrativo demandado fue emitido por un empleado subalterno y
no por la Dirección General de la entidad, luego está viciado de nulidad por

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

expedición irregular y además quebrantó la Constitución y la Ley, por cuanto
desconoció las obligaciones de dar protección al trabajador.

ii) La entidad al dar respuesta en forma ilegal incurrió en desviación de poder,
abuso de autoridad y falsa motivación, por cuanto disfrazó los contratos laborales
de carácter administrativo por contratos de prestación de servicios, desconociendo
el principio de primacía de la realidad lo que constituye una vía de hecho.

1.2. Contestación de la demanda

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:

i) La modalidad de prestación de servicios se encuentra reglamentada por las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, relación contractual que en el caso concreto sí
existió, con solución de continuidad entre uno y otro, situación que la temporalidad
de los encargos.

ii) La actividad desplegada por la demandante no fue permanente, sucesiva y
en ningún momento del vínculo contractual se allegó documento en el que la
contratista expresara su inconformidad por la relación contractual existente con el
instituto.

iii) No existe prueba en el plenario que permita si quiera suponer que se le dio
un trato diferente al de contratista, lo que de tajo desvirtúa la supuesta subordinación
que se quiere demostrar, pues el hecho de cumplir las obligaciones derivadas del
contrato no significa que hubiera realizado funciones que competen a los servidores
públicos.

1 Folios 225 a 241.

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

iv) No resulta contrario a la Ley que la entidad coordine al interior de su
organización la actividad desplegada por los contratistas o que proporcione los
medios técnicos para el desarrollo del objeto contratado.

v) No se aportó prueba de las órdenes, instrucciones, lineamientos que
permitan inferir la continuada permanencia y subordinación como elemento
determinante de la relación laboral.

Propuso las excepciones de inexistencia de los elementos de la relación laboral,
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia del vínculo de carácter
laboral, caducidad de la acción y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016,2 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) En este caso, efectivamente, existió una relación laboral encubierta. Ello se
puede concluir luego de acreditarse la concurrencia de sus elementos constitutivos,
es decir, la prestación personal del servicio, la remuneración, y la subordinación o
dependencia del Invima sobre la demandante, así como el carácter misional y
permanente de las actividades que desarrolló la demandante en ejercicio de su
profesión de bióloga y la similitud de estas respecto de las tareas desempeñadas
por el personal de planta de la entidad en los empleos del nivel profesional.

ii) Las actividades realizadas por la accionante en virtud de las órdenes y
contratos de prestación de servicios no eran de carácter temporal, pues a pesar de
las interrupciones presentadas entre uno y otro encargo, permaneció bajo la

2 Folios 446 al 460. Con ponencia del magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

condición de contratista más de siete años y dos meses, lo que pone de manifiesto
la continua y permanente necesidad de requerir sus servicios, descartándose de
plano que la relación denunciada por la parte actora obedeciera a una orden
estrictamente contractual.

iii) De los testimonios recaudados se puede afirmar que la señora Adriana
Castaño Hernández en su calidad de contratista realizaba actividades de
inspección, vigilancia y control, respuesta a reclamaciones, administración de
correspondencia, atención al usuario, representación de la entidad a nivel nacional
e internacional, participación en comités interinstitucionales, y el manejo del
programa de organismos genéticamente modificados, lo que a todas luces traduce
que desempeñó funciones indispensables para lograr el objeto misional del Invima
dado que guardaban congruencia con los objetivos y funciones asignadas
legalmente al establecimiento público en su calidad de autoridad en materia de
vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos.

iv) Dentro de la estructura del Invima existían las subdirecciones de insumos
para la salud y productos varios y de alimentos y bebidas alcohólicas a las cuales
les fueron asignados los empleos de profesional especializado código 2028, grados
7, 9, 13, 14 y 18 y profesional universitario código 2044, grados 5 y 7 que tenían
funciones asignadas semejantes con las labores encargadas a la demandante.

v) A esto se suma el hecho de que en lugar de desplegarse con autonomía e
independencia que distingue a quienes se vinculan con la administración a través
de un contrato estatal de prestación de servicios, las actividades realizadas por la
accionante estuvieron subordinadas a las directrices impartidas por funcionarios
ubicados en cargos jerárquicamente superiores, por ejemplo, los subdirectores de
insumos para la salud y productos varios y de alimentos y bebidas alcohólicas.

vi) Adicionalmente está probada en el plenario la cancelación de los valores
pactados en las órdenes y contratos de prestación de servicios a título de
honorarios.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

vii) Teniendo en cuenta ello, declaró la nulidad del acto acusado; la existencia de
una relación laboral entre las partes; el reconocimiento y pago de todos los factores
prestacionales de ley que le correspondan a un empleado público con similares
funciones a las que desempeñó la demandante dentro de la planta de personal del
Invima entre el 24 de abril de 2000 y el 24 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta
las interrupciones que se hubieran presentado y liquidados sobre la cuantía del
salario asignado a dicho empleo o los valores pactados en los contratos u órdenes
de prestación de servicios si aquella es inferior; determinó que el tiempo laborado
ha de tenerse en cuenta para todos los efectos legales incluido el reconocimiento
de su derecho pensional; y negó las demás pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

El Invima, por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación3 en
contra de la sentencia previamente referenciada y solicitó que se revoque y, en su
lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición
expuso lo siguiente:

i) En la sentencia de primera instancia se declaró una continua relación de
subordinación o dependencia con el trabajador, confundiendo a todas luces la
subordinación laboral con la supervisión de una relación contractual.

ii) No se comprende en qué pruebas se soportó el a quo para tomar su decisión al
declarar la existencia de un contrato laboral, ya que no realizó el análisis de los
medios probatorios aportados por el Invima en los cuales se puede evidenciar que
efectivamente entre la demandante y ese Instituto existió una relación netamente
contractual. En los documentos aportados al plenario se pudo establecer que la
demandante únicamente cumplía funciones de apoyo a la gestión y en ningún
momento tomó decisiones de carácter administrativo a nombre del Invima,

3 Folios 464 al 467.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

simplemente se limitó a realizar las obligaciones contractuales.

iii) La interpretación del juez es totalmente errada al afirmar que no existía
temporalidad en los contratos, pues es claro que la actividad ejercida por la señora
Castaño Hernández no fue permanente ni sucesiva como se pretende hacer creer,
ya que del análisis cronológico de los contratos y sus fechas de inicio y terminación
se logra advertir claramente que hay lapsos sin continuidad entre contratos e
interrupciones bastante prolongadas; aunado al hecho de que desconoció las reglas
aplicables a la prescripción de derechos laborales.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Adriana Castaño Hernández pidió que se confirme en su integridad la
sentencia de primera instancia y se desestimen los argumentos manifestados por el
Invima en el recurso de apelación objeto del presente trámite.4

1.5.2. La demandada

El Invima descorrió el término para alegar, reiteró los argumentos esbozados en el
recurso de apelación y solicitó que fuera revocada la decisión de primera instancia.5

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

4 Índice 38 de la Plataforma Samai.
5 Índice 37 de la Plataforma Samai.
6
Folio 543.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si está probado que entre la señora Adriana Castaño
de Hernández y la entidad demandada, existió una verdadera relación laboral que
tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 8, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de

7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios

10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es

posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad,
y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la
Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo
inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del
artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una
relación laboral subordinada».

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.12

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

12 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-

31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

14

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.13

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

15

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente,
tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;15 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.16

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo

14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
15 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del

contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

16

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».17

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

17

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.18

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

18

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
períodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.19

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

19 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el

término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos
establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una
relación laboral cuya duración deba ser examinada.

19

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

i) La señora Adriana Castaño Hernández tuvo las siguientes vinculaciones con el
Invima para prestar labores como bióloga:

Contratos y/o órdenes de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 262 de 24/04/2000 23/05/2000 1 mes Prestar sus servicios profesionales
2000 en la subdirección de insumos para
(Fl. 9) la salud y productos varios en los
siguientes aspectos: 1 apoyo
programa de reactivos de
diagnóstico in vitro subdirección de
insumos, 2 apoyo vigilancia y control
a bancos de sangre subdirección de
medicamento, 3 participación en
implementación de BPM reactivos de
diagnóstico in vitro

2 331 de 06/06/2000 05/08/2000 2
2000 meses Prestar sus servicios profesionales
(Fl. 10) en la subdirección de insumos para
la salud y productos varios en los
siguientes aspectos: 1 apoyo
programa de reactivos de
diagnóstico in vitro subdirección de
insumos, 2 apoyo vigilancia y control
a bancos de sangre subdirección de
medicamento, 3 participación en
implementación de BPM reactivos de
diagnóstico in vitro, 4 desarrollo de
charlas de capacitación en medio

20

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

ambiente con énfasis en productos
residuales 5 implementación de los
manuales de ejecución de las labores
de control y vigilancia para el Invima
6 evaluación del desempeño
ambiental del Invima
3 394 de 15/08/2000 14/10/2000 2
2000 meses La contratista prestará sus servicios
(Fl. 13) profesionales de bióloga tengo
siguientes aspectos 1 apoyo al
programa de reactivos de
diagnóstico in vitro subdirección de
insumos, 2 evaluación de
desempeño ambiental, 3 elaboración
del manual de procedimientos de
control y vigilancia del Invima
4 527 de 19/10/2000 18/12/2000 2
2000 meses Prestar sus servicios profesionales
(Fl. 16) como bióloga en la subdirección de
insumos para la salud y productos
5 0006 de 04/01/2001 27/12/2001 354 varios en los siguientes aspectos: 1
2001 días apoyo programa de reactivos de
(Fl. 21) diagnóstico in vitro subdirección de
insumos, 2 apoyo vigilancia y control
a bancos de sangre subdirección de
medicamentos, 3 participación en
implementación de BPM reactivos de
diagnóstico in vitro, 4 desarrollo
charlas de capacitación en medio
ambiente con énfasis en productos
residuales 5 implementación de los
manuales de ejecución de las labores
de control y vigilancia para el Invima,
6 evaluación del desempeño
ambiental del Invima, 7 ampollo a la
Dirección General en la programa de
falsificaciones residuos sólidos
medicamentos vencidos, 8 desarrollo
del manual de procedimientos de
control y vigilancia del Invima
6 0045 de 02/01/2002 28/08/2002 7
2002 meses El contratista prestará sus servicios
(Fl.27) y 26 personales profesionales de bióloga
días en la subdirección de insumos para
adición al salud y productos varios en los
contrato siguientes aspectos: 1 apoyar a la
(Fl. 35) subdirección de insumos para la
7 0195 de 03/09/2002 02/11/2002 2 salud y productos varios en la
2002 meses vigilancia y control sanitario de todos
(Fl. 37) los productos que son competencia
del Invima, 2 apoyar en la toma de
8 0166 de 26/12/2002 25/06/2003 6 muestras de los productos que se
2002 meses están comercializando en el territorio
(Fl. 39) nacional, 3 apoyar en el trámite de
9 0077 de 02/07/2003 26/12/2003 5 quejas y consultas técnicas escritas y
2003 meses atención de usuarios, 4 apoyar en los
(Fl. 47) y 25 operativos y apoyar en la toma de

21

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

días medidas sanitarias, 5 apoyar las
asistencias técnicas, las visitas de
10 0026 de 06/01/2004 24/12/2004 11 inspección a establecimientos de
2004 meses fabricantes y/o comercializadores de
(Fl. 55) y 19 los productos que sean competencia
días de esta subdirección (aseo, higiene y
11 0268 de 28/12/2004 28/12/2005 1 año limpieza de uso doméstico, reactivos
2004 de diagnóstico in vitro, dispositivos
(Fl. 61) médicos, y productos odontológicos,
prótesis y órtesis, plaguicidas de uso
doméstico, los productos de control
de la natalidad como los condones
masculinos); asimismo apoyar las
visitas que se deriven por quejas y
reclamos y verificación de
requerimientos.
12 0050 de 03/01/2006 28/12/2006 11
2006 meses El contratista se obliga para con el
(Fl. 66) y 26 Invima a prestar sus servicios
días profesionales como bióloga en la
13 0115 de 09/01/2007 13/08/2007 11 subdirección de insumos para la
2007 meses salud y productos varios, apoyando
(Fl. 71) y 18 técnicamente dicha dependencia en
días diversas actividades.
14 0229 de 22/08/2007 27/12/2007 4
2007 meses Prestación de servicios profesionales
(Fl. 75) como biólogo en la subdirección de
15 0157 de 14/01/2008 26/12/2008 11 alimentos y bebidas alcohólicas.
2008 meses
(Fl. 79) y 12
días
16 0265 de 16/01/2009 24/12/2009 11
2009 meses Prestación de servicios como
(Fl. 83) y8 profesional en biología con
días especialización en ecoauditorías y
bioseguridad de organismos
genéticamente modificados en la
subdirección de alimentos y bebidas
alcohólicas del Invima

ii) En el plenario reposan el listado de pagos de honorarios expedido por el
Invima a favor de la señora Castaño Hernández durante en tiempo que duró el
vínculo contractual.20

iii) De igual modo, se observan los términos de referencia que antecedieron las
contrataciones en los que se manifestó que el Invima no cuenta con el personal de
planta suficiente para cumplir con los objetivos señalados en el Decreto 1290 de

20 Folios 292 al 303, 334 al 361.

22

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

1994.21

iv) El 29 de julio de 2002, el director general del Invima le dirigió una carta de
agradecimiento a la demandante por su invaluable gestión desarrollada en el
marco de la formulación del proyecto GEF-Banco Mundial. Dicha misiva fue
encabezada a su nombre y como profesional universitario de la Subdirección de
Insumos para la Salud y Productos Varios del Invima.22

v) El 10 de marzo de 2003, la subdirectora administrativa del Invima certificó la
celebración de 6 contratos de prestación de servicios con la demandante en desde
el 24 de abril de 2000 hasta el 2 de noviembre de 2002, con sus respectivas
interrupciones.23

vi) En el expediente reposan los oficios mediante los cuales la señora Castaño
Hernández legalizaba las comisiones de servicios de los años 2008 y 2009 y
rendía los respectivos informes (actividades realizadas en las ciudades de Medellín
y México, respectivamente).24

vii) El 29 de octubre de 2009, el secretario ejecutivo de la Secretaría del Convenio
Sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas hizo la
siguiente certificación:25

La presente es para certificar que la señora Adriana Castaño Hernández, profesional
especializado, Subdirección Alimentos del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos de Colombia ha sido designado oficialmente para asistir
al taller regional de GRULAC de formación para formadores sobre la identificación y
documentación de organismos vivos modificados del Protocolo de Cartagena sobre
seguridad de la biotecnología, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre de 2009,
en la Ciudad de México, México.

viii) En los folios 124 al 126 reposan copias del reporte de inventario de activos

21 Folios 89 al 101.
22 Folio 102.
23 Folio 128.
24 Folios 106 al 110.
25 Folio 118.

23

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

que tenía a su cargo la demandante (archivador, computador, silla y superficie de
puesto de trabajo) en la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del
Invima y en el Grupo de Vigilancia y control de dicha dependencia.

ix) El 28 de septiembre de 2010, la coordinadora del grupo de gestión contractual
del Invima certificó que suscribió con la señora Adriana Castaño Hernández 14
contratos de prestación de servicios, sin tener en cuenta lo pactado en el año
2001.26

x) El anexo 1 del expediente contiene 40 resoluciones expedidas por el Invima por
medio de las cuales se adoptó, modificó o adicionó el manual de funciones y
competencias laborales de la planta de personal desde 1995 hasta 2010.

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 15 de noviembre de 2011, la demandante en ejercicio del derecho de petición
solicitó a la directora general del Invima que fuera expedido un acto administrativo
en el cual se declarara que entre esa institución y aquella existió una relación laboral
entre el 24 de abril de 2000 y el 24 de diciembre de 2009; y como consecuencia de
ello reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a
las que tiene derecho, entre otras pretensiones.27

ii) El 19 de enero de 2012, mediante Oficio 12003339, el coordinador de Gestión
Contractual del Invima despachó de manera desfavorable las pretensiones
invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes argumentos:28

Por sus características y naturaleza jurídica, los contratos de prestación de servicios
no implican una relación laboral per se entre el contratante y el contratista, pues no
existe un vínculo laboral sino una relación de orden contractual, regida por la Ley 80
de 1993 y sus decretos reglamentarios, motivo por el cual no les son aplicables las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo anterior son las partes
quienes voluntariamente, acuerdan las actividades a desarrollar, los derechos y

26 Folio 127.
27 Folios 130 al 151.
28 Folios 171 al 175.

24

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

obligaciones de los contratantes y los horarios. Asimismo, una vez terminado el
contrato de prestación de servicios, el contratista solo tiene derecho al pago de
honorarios por servicios prestados. Lo anterior, es consecuencia del acuerdo de
voluntades que constituye cualquier contrato, en este caso puntual, de prestación de
servicios.

Cabe aclarar en este punto que la labor contratada y que la contratista desarrolló
personalmente no se encontraba supeditada al cumplimiento de jornada laboral.

Así las cosas, durante el tiempo en el que usted prestó sus servicios a la entidad,
este Instituto contó con su apoyo como contratista independiente actuando como
colaboradora de las subdirecciones de insumos para la salud y productos varios y
alimentos y bebidas alcohólicas, pero nunca como funcionaria del Invima, como
claramente lo reconoció en todos y cada uno de los contratos en los que se consignó
la cláusula de exclusión de la relación laboral y en los que usted asintió con su firma.

De la misma manera, en todos los contratos celebrados se pactaron términos para la
ejecución del servicio contratado, indicándose en cada uno de éstos la fecha de inicio
y terminación de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la entidad
respecto al objeto contratado. Contratos que se encuentran debidamente liquidados;
liquidación que implica que las partes se encuentren a paz y salvo por todo concepto
y por lo tanto, que sea finiquitado la relación contractual, cerrándose así la posibilidad
de ejercer alguna reclamación posterior; máxime cuando la contratista no hizo
ninguna salvedad u objeción al respecto, ni manifestó ninguna inconformidad frente
al acuerdo de voluntades pactado.

Debe tenerse en cuenta también, que estudiados los documentos que obran como
antecedentes, soportes y seguimiento de los contratos de prestación de servicios
suscritos por usted como peticionaria, no se encuentra ningún llamado de atención,
memorando, sanción, reconocimiento especial, investigaciones disciplinarias u otros
documentos que permitan afirmar que existía una dependencia de su labor jerárquico
recibiendo órdenes continuas y realmente subordinadas.

De acuerdo con lo anterior, se desarrolló una actividad independiente que
periódicamente fue verificada a través de informes presentados al supervisor
designado en cada contrato, lo cual también hacía parte de las obligaciones de usted
como contratista.

Por otra parte, como contraprestación de los servicios profesionales acordados en
cada uno de los contratos, la entidad se obligó a pagar determinadas cantidades de
dinero en calidad de honorarios profesionales a favor de usted como contratista.

Así, de acuerdo con los documentos que obran en la entidad, se evidencia que
durante los lapsos que existió un vínculo contractual a través de contratos de
prestación de servicios, no se presentaron los elementos esenciales que deben
confluir para que se constituya una relación laboral, esto es: subordinación y
remuneración consistente en salario.

2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

25

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

El 1º de noviembre de 2013, se recepcionaron los testimonios de los señores Diana
Ximena Correa Lizarazo y Javier Emilio Oyuela.29

La señora Diana Ximena Correa Lizarazo, ingeniera de alimentos quien también
prestó servicios al Invima como empleada provisional indicó lo siguiente:

PREGUNTADO: haga un relato de los hechos bajo su conocimiento sobre la demanda de la
señora Adriana Castaño. CONTESTÓ: conozco a Adriana Castaño Hernández desde el 2007,
ella como prestadora de servicios al Invima y desde que la conozco en el período que
trabajamos desde el 2007 hasta diciembre de 2008, ella prestaba sus servicios al igual que
los demás profesionales, que como yo, éramos en mi caso provisional, de nombramiento
provisional, los profesionales como Adriana cumplían casi las mismas obligaciones que los
funcionarios de provisionalidad o de carrera, tenían un horario, permanecían en la oficina
desde las 8 a 5:30 de la tarde, era el horario establecido en ese entonces, asistía a reuniones
era de las delegadas a asistir a reuniones de orden nacional e internacional. En el caso de
Adriana recuerdo que ella participaba en mi grupo en la misma área en las diferentes
actividades que nos eran designadas, se nos asignaba correspondencia y sé que Adriana
trabajaba en el programa organismos genéticamente modificados y representaba el Invima en
todas las actividades que le eran delegadas por el jefe inmediatamente superior, efectivamente
durante todo ese tiempo, sé que al igual que los funcionarios de provisionalidad ella ejercía
actividades semejantes a los demás profesionales del área, aun siendo prestadora de
servicios al Invima, sé que Adriana Castaño venía trabajando desde hace muchos años como
prestadora de servicios antes en otra área en la subdirección de insumos y posteriormente se
vinculó a la subdirección de alimentos y bebidas alcohólicas ejerciendo actividades
semejantes. Las fechas de la cual la conozco es del 2007 en la misma subdirección de
alimentos en la cual yo me encontraba y como mencioné al inicio trabajé con ella hasta
aproximadamente diciembre 2008. PREGUNTADO: durante el tiempo que usted laboró con
Adriana Castaño en el Invima ella tenía que cumplir el objeto del contrato desde su oficina o
desde su residencia. CONTESTÓ: ella lo respondía al objeto de su contrato desde las
instalaciones del Invima en el horario que mencioné en el inicio aproximadamente en el horario
de 8 a 5:30 de la tarde. PREGUNTADO: durante ese tiempo Adriana tuvo bajo su
responsabilidad un puesto físico de trabajo. CONTESTÓ: si ella tenía un puesto de trabajo
permanente asignado que incluía equipo de cómputo, silla y archivador que pertenecen al
inventario del Invima. PREGUNTADO: Adriana Castaño Hernández durante el tiempo que la
conoció trabajó con ella en el Invima hizo parte de algún tipo de comité de la subdirección de
alimentos. CONTESTÓ: si, ella pertenece a un comité que estaba integrado por otras
instituciones, entre estas, el Ministerio de Salud que involucraba al ICA y ella era la
responsable por parte del Invima de representar a la institución en ese comité.
PREGUNTADO: en la pregunta hecha por el despacho al iniciarse la diligencia usted manifestó
que Adriana asistía a eventos nacionales e internacionales, sírvase decir el despacho en qué
calidad era esa asistencia. CONTESTÓ: ella asistía como representante de Invima en las
diferentes reuniones o eventos nacionales e internacionales, recuerdo su asistencia a algunos
comités del CODEX ALIMENTARIUS donde presentaba las posiciones del país, que había sido
previamente acordadas en comités nacionales y ella era la delegada por Invima para sentar
la posición para sustentar la posición.

Por su parte, el señor Javier Emilio Oyuela, de profesión analista de sistemas, adujo
ser compañero de trabajo de la señora Adriana Castaño por el período en el que

29 Folios 313 al 319.

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

prestó sus servicios al Invima como contratista (mediados de 2009 a enero de 2011),
y fue coincidente con el anterior relato en todos sus puntos.

El 3 de octubre de 2014, se recibió la declaración del señor Edgar Arturo Guerrero
Ángel,30 de profesión químico, quien fungió como profesional especializado código
2028, grado 20 en el Invima manifestó lo siguiente:

PREGUNTADO: haga un relato de los hechos bajo su conocimiento sobre la demanda de la
señora Adriana Castaño. CONTESTÓ: con ella nos conocemos por una relación laboral
aproximadamente desde el año 2004 al 2007 en el Invima yo ingrese al Instituto
aproximadamente en el 2001, como contratista y luego como en el 2004 aproximadamente se
solicitó prestará mis servicios en la subdirección de insumos y productos varios en la misma
modalidad de prestación de servicios hasta el 2008 en esa subdirección, y allí pues se
encontraba la señora Adriana Castaño también por contrato prestación de servicios, yo no
conozco qué hacía allá las funciones específicas porque esas son parte del contrato, pero
realizamos tareas como actividades de IVC, inspección, vigilancia y control, respuesta de
correspondencia, atención a usuarios, entre otros, sé que Adriana es bióloga, en el 2008 me
retiré del Instituto porque ingresé a otra institución de tipo privado, pero antes, en el 2007 ,ella
se había cambiado la subdirección de alimentos, después del año 2007 yo seguí en insumos
y ella estaba en otra subdirección y no volví a tener comunicación con ella no seguimos con
la relación laboral. pues lo que me puede constar es que trabajamos de lunes a viernes,
verbalmente se decía porque dentro de los contratos no se especificaba, pero era a solicitud
del jefe inmediato, porque son varios los que tuvimos los jefes de ella no me acuerdo bien si
estaba Gina Buendía, ella era la jefa la subdirectora de esa división, estuvo Pilar no me
acuerdo el apellido. PREGUNTADO: en qué consistía la función de manejo de
correspondencia. CONTESTÓ: a la subdirección llegaban solicitudes de los usuarios de
diferentes índoles y el subdirector del momento procedía a hacer una asignación para
proyectar la respuesta a la actividad de los funcionarios del grupo. PREGUNTADO: quiénes
suscribían esos documentos que ustedes los contratistas proyectaban. CONTESTÓ: las
respuestas de correspondencia de esos oficios o respuestas eran suscritos por el subdirector.
PREGUNTADO: a usted le consta que Adriana Castaño cumplía esa función específica de
correspondencia. CONTESTÓ: sí. PREGUNTADO: durante el tiempo que usted laboró en la
misma subdirección con Adriana Castaño tuvo usted conocimiento si ella ejercía alguna
representación del Invima ante organismos nacionales e internacionales, en caso afirmativo
recuerda el nombre de las instituciones. CONTESTÓ: nosotros para hacer las actividades
dentro de ellas las del IVC se nos comisionaba a través de un acto administrativo, auto
comisorio, y a través de ese acto estaríamos representando a la institución, ella también las
cumplía, fueron varias representaciones durante años, tuvimos que visitar varios
establecimientos. PREGUNTADO: conoce usted si el Invima le asignó un puesto de trabajo
en las instalaciones de esa entidad. CONTESTÓ: si, se le asignó un puesto físico.
PREGUNTADO: en una respuesta al despacho usted manifestó que ella cuando fue
compañera suya le correspondían actividades de control, vigilancia e inspección sírvase
decirle al despacho en qué consistían esas tres funciones y en donde se realizaron.
CONTESTÓ: en forma general consistía en realizar visitas a establecimientos con el objeto de
hacer inspección, actividades de revisión y de cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
PREGUNTADO: en las visitas de inspección, vigilancia y control recuerda usted quien las
programaba. CONTESTÓ: quién las programaba no, pero eran aprobadas por el subdirector.

30 Folios 385 al 389.

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

Posteriormente, el 20 de marzo de 2015, se llevó a cabo la diligencia de testimonio
del señor Giovanny Cifuentes Rodríguez, ingeniero agrícola quien fungió como
profesional especializado código 2028, grado 20 en el Invima. Fue claro al indicar
que también fue contratista al igual que la señora Castaño Hernández, y le consta
que la entidad le asignó un puesto de trabajo y un computador, trabajaba bajo las
órdenes de un jefe que le asignaba las actividades a realizar día a día.31

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El recurso de apelación se formula contra la sentencia del 10 de noviembre de 2016,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, instaurada contra el Oficio 12003339 del 19 de enero
de 2012, desestimatorio de la petición de reconocimiento de una relación laboral y
del pago de las correspondientes prestaciones sociales.

Los motivos de inconformidad se contraen a señalar que, contrario a lo afirmado en
la sentencia, en el expediente no están acreditados los elementos que caracterizan
las relaciones laborales. Así las cosas, para resolver la alzada se deben responder
los siguientes interrogantes.

2.4.1. ¿Está probado en el dosier que existió entre la señora Adriana Castaño
Hernández y el Invima una relación laboral encubierta o subyacente que
permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
la demandante estuvo vinculada por más de nueve años con la entidad demandada,
desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter permanente de

31 Folios 407 al 411.

28

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

sus funciones) y que la relación que los unió reúne los elementos propios de la
relación laboral encubierta o subyacente, tal como se precisa a continuación:

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

En primer lugar, la demandante acreditó la prestación personal del servicio, a través
de los 16 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se detallaron
en el acápite de hechos probados de esta providencia.

Si bien el objeto de cada vinculación fue, en términos generales, la prestación de
servicios profesionales como bióloga, se puede sintetizar que la actividad
desarrollada por la señora Castaño Hernández se prestó en diferentes áreas del
Invima a saber: i) la subdirección de insumos para la salud y productos varios; y ii)
la subdirección de alimentos y bebidas alcohólicas.

En segundo lugar, los contratos de prestación de servicios que se mencionaron
revelan la vocación personalísima de las actividades que la señora Castaño
Hernández debía desarrollar, a saber:

1. Actuar como usuario nacional autorizado del sistema de información
nacional sobre bioseguridad, 2. promover y realizar investigación en el área de
su competencia con proyectos aprobados por la institución, 3. digitar y
proyectar respuestas de la correspondencia que le sea asignada, 4. ejecutar
capacitaciones a funcionarios de las entidades territoriales, así como usuarios,
consumidores y personal de la entidad, 5. custodiar la documentación e
información que por razón de sus actividades deberá conservar bajo su
cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o
publicarla por cualquier medio sin autorización previa y expresa el Invima, 6.
disponer del tiempo necesario para cumplir con los desplazamientos a los
diferentes sitios de producción y/o comercialización de los productos objeto del
control y vigilancia por parte del Instituto, entre otras.

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

2.4.1.2. Subordinación continuada

Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:

i) El lugar de trabajo: En el presente asunto la demandante tuvo que prestar sus
servicios personales al interior del Invima. Dicha información se extrae de los
contratos de prestación de servicios celebrados y del testimonio de los señores
Diana Ximena Correa Lizarazo, Javier Emilio Oyuela, Javier Emilio Oyuela, Edgar
Arturo Guerrero Ángel y Giovanny Cifuentes Rodríguez.

Por una parte, a la señora Diana Ximena Correa Lizarazo, quien fue compañera de
la demandante entre 2007 y 2008 en la subdirección de alimentos y bebidas
alcohólicas le consta que la señora Adriana trabajaba en el programa de organismos
genéticamente modificados y representaba el Invima en todas las actividades que
le eran delegadas.

Por otra parte, el señor Javier Emilio Oyuela manifestó que mientras estuvo
manejando la base de datos de la Subdirección de Alimentos se encontraba a tres
puestos de la actora, esto es, compartían espacio de trabajo, y teniendo en cuenta
ello se enteraba de que en muchas ocasiones aquella tuvo que viajar a representar
a la entidad en el país y en diferentes escenarios internacionales.

El señor Edgar Arturo Guerrero Ángel, quien ingresó al Instituto aproximadamente
en el 2001, indicó que se conoció con la demandante a través de la relación laboral
sostenida entre 2004 y 2007 en la subdirección de insumos y productos varios del
Invima, y que aquella tenía un puesto físico al interior de las instalaciones de la
entidad.

Finalmente, el señor Giovanny Cifuentes Rodríguez, ingeniero agrícola quien fungió
como profesional especializado código 2028, grado 20 en el Invima, fue claro al

30

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

indicar que también fue contratista al igual que la señora Castaño Hernández, y le
consta que la entidad le asignó un puesto de trabajo y un computador en sus
dependencias.

ii) El horario de labores: de los testimonios obrantes en el plenario se desprende
que la demandante estaba supeditada al cumplimiento de horario, de lunes a
viernes de 8:00 am a 5:30 pm, jornada que debía cumplir todo el personal del Invima
independientemente del tipo de vinculación, declaraciones que merecen
credibilidad, toda vez que relatan la manera cómo la accionante ejecutó los
servicios para los cuales fue contratada.

También reposa dentro del expediente prueba de que la señora Castaño Hernández
tuvo que presentar permiso escrito para ausentarse unos días de la entidad para
atender asuntos de carácter personal fuera de la ciudad, indicio del cumplimiento
de una jornada de trabajo.32

En ese orden, la observancia de condiciones en el tiempo de labor, impuestas por
terceros que son imposibles de modificar por el contratista, resultan indicio del
cumplimiento de un horario de trabajo.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: según se
desprende de la lectura de los contratos y de los testimonios rendidos, las
obligaciones contractuales debían ejercerse atendiendo las precisas órdenes de los
subdirectores de las dependencias a las que la señora Castaño Hernández
perteneció.

Nótese que el señor Giovanny Cifuentes Rodríguez fue claro al indicar que las
labores que debía desempeñar la actora las determinaba la subdirectora o la
coordinadora de grupo de Subdirección de Bebidas y Alimentos.

32 Folio 253.

31

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

A su vez la señora Diana Ximena Correa Lizarazo, en su condición de empleada
provisional del Invima, le consta que la señora Castaño Hernández participaba en
las diferentes actividades que les eran designadas a los empleados públicos, como
el manejo de la correspondencia y del programa de organismos genéticamente
modificados; así como que, muchas veces, tuvo que representar al Invima en las
actividades que le eran delegadas por el jefe inmediatamente superior.

Adicionalmente, afirmó que al igual que los funcionarios de provisionalidad, la
accionante ejercía actividades semejantes a las de los profesionales del área al
interior del Comité Interinstitucional que estaba integrado por el Ministerio de Salud
y el ICA; y ella (la actora) era la responsable de representar al Invima en ese comité.

De igual modo el señor Edgar Arturo Guerrero Ángel aseveró que le consta que la
demandante trabajaba de lunes a viernes, dicha instrucción se la daban de forma
verbal «porque dentro de los contratos no se especificaba», a solicitud del jefe
inmediato, para la época que laboraron juntos, la señora Gina Buendía. Además,
tiene conocimiento de que aquella era comisionada a través de un acto
administrativo (auto comisorio) para representar a la institución, «fueron varias
representaciones durante años, tuvimos que visitar varios establecimientos».

Las anteriores declaraciones resultan coincidentes con las diferentes invitaciones
que reposan en el dosier y las designaciones que se le hiciera a la señora Castaño
Hernández para asistir en representación de la entidad. Valga aclarar que dicha
labor de representación no hacía parte de sus obligaciones contractuales.

Así pues, los referidos medios de prueba hacen referencia a que las actividades que
le fueron encomendadas exigían de la guía, autorización y dirección de la autoridad
de la dependencia a la que fue asignada por parte del Invima. De suerte que el
anterior indicio resulte demostrativo de que la actora estuvo inmiscuida en el círculo
rector y organizativo de la entidad.

32

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:

No se puede perder de vista que el objeto misional del Invima es «[…] ejecutar las
políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y
de control de calidad de los productos que le señala el artículo 245 de la Ley 100 de
1993, y actuar como institución de referencia nacional para promover el desarrollo
científico y tecnológico de los medicamentos, productos biológicos, alimentos,
bebidas, entre otras», el cual, sin duda, tiene relación con las labores
desempeñadas por la accionante como bióloga.

Una de las funciones asignadas al Invima es controlar y vigilar la calidad de la
seguridad de los productos establecidos en la ley durante todas las actividades
asociadas a su producción, importación comercialización y consumo y de adelantar,
cuando se considere conveniente, las visitas de inspección y control a los
establecimientos productores y comercializadores de los referidos productos.

Sin embargo, dentro de las obligaciones contractuales de la accionante estaba la
de disponer del tiempo necesario para cumplir con los desplazamientos a los
diferentes sitios de producción o formalización de productos objeto de control y
vigilancia por parte del Instituto para tomar muestras de los productos mencionados
y realizar las asistencias técnicas y visitas de inspección, actividades que a todas
luces son iguales a las establecidas legalmente a la institución.

Así las cosas, se colige que las labores asignadas a la contratista se acompasan
con aquellas que debían prestar los funcionarios de planta de la entidad, sin las
cuales no se podría cubrir la función misional del Invima, pues las órdenes y
contratos de prestación de servicio guardan congruencia con los objetivos y
funciones asignados legalmente a esa entidad en su calidad de autoridad en materia
de vigilancia sanitaria y de control de medicamentos.

33

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Adicionalmente, en la mayoría de los contratos que suscribieron las partes se
incluyeron cláusulas de viáticos o gastos de viaje en las que se señaló
expresamente que cuando para el cumplimiento del objeto contractual se hiciera
necesario el desplazamiento del contratista a diferentes sitios de la ciudad o de
Cundinamarca el Invima suministraría los gastos de transporte y de viaje en la suma
establecida por esa entidad para el empleo de profesional universitario código
3010, grados 16 o 18, respectivamente, lo que da cuenta de que las labores
asignadas a la contratista eran homólogas a las de los referidos empleos.

Aunado a ello, la accionante debía asistir a reuniones interinstitucionales y
representar al Invima en eventos de alcance nacional e internacional en temas
referentes a las políticas sanitarias que define, actividad que sobrepasa las
atribuciones que en principio puede ostentar un contratista del Estado.

Nótese que en el documento obrante en el folio 103 del expediente se observa que
el director general del Invima, teniendo en cuenta la invitación a participar en la
Conferencia Internacional en Biotecnología organizada por la US Grains Council,
fue enfático al señalar que «considero que las personas que cumplen con el perfil
para su asistencia a la conferencia son los profesionales ADRIANA CASTAÑO,
Bióloga M.Sc […] responsables del tema de bioseguridad y biotecnología de
organismos genéticamente modificados en el INVIMA, para quienes solicito su
visto bueno con el fin de poder continuar con los trámites respectivos», luego las
funciones encomendadas a aquella resultaban propias del giro ordinario de la
entidad.

En el mismo sentido, la señora Diana Ximena Correa Lizarazo afirmó que la
contratista asistía como representante de Invima en las diferentes reuniones o
eventos nacionales e internacionales, particularmente recuerda que asistió al comité
del CODEX ALIMENTARIUS donde presentaba las posiciones del país, que habían sido
previamente acordadas en comités nacionales, ya que ella era la delegada por el
Invima para sustentar la posición institucional.

34

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

De suerte que lo anterior permita afirmar que la actora durante los lapsos en los que
suscribió contratos fungió como responsable del área de bioseguridad y/o
biotecnología de organismos genéticamente modificados en el Invima, luego, no
solo las obligaciones de la contratista se volvieron permanentes, sino que el mismo
rol desempeñado por esta como responsable de un programa que se prestó de
manera ordinaria y continua, así como la representación en eventos nacionales e
internacionales, requiere que, efecto, el empleador imponga las condiciones de
tiempo, modo y lugar propias de la relación laboral.

Aunado a ello, como bien lo estableció el a quo, dentro de la planta de personal de
las subdirecciones de insumos para la salud y productos varios y de alimentos y
bebidas alcohólicas del Invima se incluyeron varios cargos de profesional
especializado, cuyas funciones asignadas eran iguales a las realizadas o impuestas
en el contrato de prestación de servicios a la señora Castaño Hernández a saber: i)
recibir e identificar las muestras para análisis y distribuirlas entre los analistas de
conformidad con los procedimientos vigentes; ii) capacitar a los entes de salud en
la inspección, vigilancia y control de alimentos de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes; iii) diseñar protocolos, guías y formatos requeridos para la
inspección y vigilancia de alimentos y bebidas alcohólicas, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes; iv) absolver consultas y solicitudes de usuarios
con base en las normas y procedimientos vigentes; v) realizar visitas de auditoría,
inspección, vigilancia y control a los establecimientos fabricantes e importadores de
productos, bancos de componentes anatómicos y unidades de biomedicina
reproductiva, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar que el principio de coordinación,
ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su

35

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito.33

Lo anterior difiere de la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con
la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista ningún tipo de independencia.

En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, como
pretende la entidad demandada, habida cuenta de que el desempeño de las
funciones por parte de la actora estaba sujeto a la imposición de medidas y/o
órdenes de sus superiores, tales como: el establecimiento de horarios
prácticamente inmodificables debido al funcionamiento de la institución, la
imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, y, además, la
situación referente a que debía cumplir funciones relacionadas con el objeto
misional de la entidad, incluida la representación del Invima en instancias nacionales
e internacionales, lo que denota sin lugar a dudas que la accionada, en su condición
de empleadora, tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante, hecho
que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.34

2.4.1.3. Remuneración

Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado con
el pago de un salario periódico. En el sub lite, queda acreditada la remuneración
efectuada mensualmente por el Invima a la demandante con los contratos de
prestación de servicios y los listados de pago de honorarios, documentos que

33 Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.

Carmelo Perdomo Cuéter.
34 A la misma conclusión de llego en la providencia que se citó en el pie de página anterior.

36

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

constituyen prueba suficiente para acreditar la contraprestación que percibía por los
servicios prestados como bióloga.

Aunado a todo lo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter
temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se
desarrolló por más de nueve años, aunque con algunas interrupciones las cuales se
analizarán más adelante, período en el cual la demandante desplegó las actividades
encomendadas de manera uniforme según los objetos contractuales concertados;
por consiguiente, se suplió una función permanente o misional de la entidad.

Por todo lo anterior, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral encubierta entre la parte demandante y la entidad
demandada.

2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?

Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de continuidad.

Teniendo en cuenta la inconformidad planteada por el Invima en el escrito de
apelación la Sala analizará si las prestaciones laborales reconocidas en primera
instancia fueron afectadas por el fenómeno de la prescripción.

2.4.2.1. Existencia de una relación laboral continuada

37

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

Conforme al material probatorio allegado con el expediente, se tienen que la señora
Adriana Castaño Hernández estuvo vinculada con el Invima, en los siguientes
períodos: 35

Contratos Lapso de ejecución
1 0262 de 2000 24 de abril al 23 de mayo de 2000
Interrupción de 13 días
2 0331 de 2000 6 de junio al 5 de agosto de 2000
Interrupción de 9 días
3 0394 de 2000 15 de agosto al 14 de octubre de 2000
Interrupción de 4 días
4 0527 de 2000 19 de octubre al 18 de diciembre de
2000
Interrupción de 16 días
5 0006 de 2001 4 de enero al 27 de diciembre de 2001
Interrupción de 5 días
6 0045 de 2002 2 de enero al 28 de agosto de 2002
Interrupción de 5 días
7 0195 de 2002 3 de septiembre al 2 de noviembre de
2002
Interrupción de 53 días*
8 0166 de 2002 26 de diciembre de 2002 al 25 de junio
de 2003
Interrupción de 7 días
9 0077 de 2003 2 de julio al 26 de diciembre de 2003
Interrupción de 10 días
10 0026 de 2004 6 de enero al 24 de diciembre de 2004
Interrupción de 3 días
11 0268 de 2004 28 de diciembre de 2004 al 27 de
diciembre de 2005
Interrupción de 7 días
12 0050 de 2006 3 de enero al 28 de diciembre de 2006
Interrupción de 11 días
13 0115 de 2007 9 de enero al 13 de agosto de 2007
Interrupción de 8 días
14 0229 de 2007 22 de agosto al 27 de diciembre de
2007
Interrupción de 18 días
15 0157 de 2008 15 de enero al 26 de diciembre de
2008
Interrupción de 21 días

35 Conforme a los respectivos contratos de prestación de servicios visibles en los folios 9 al 87.

38

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

16 0265 de 2009 16 de enero al 24 de diciembre de
2009

• Las fechas subrayadas corresponden a los períodos donde se presentó interrupción; sin embargo, en alguno
de ellos se superó los 30 días hábiles.

De acuerdo con el anterior cuadro sumario, y siguiendo el criterio acogido en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se concluye que entre el 24 de abril
de 2000 y el 24 de diciembre de 2009, se presentó ruptura del vínculo contractual;
empero, para efectos del conteo del fenómeno de la prescripción existió una sola
relación laboral, como se pasa a explicar.

El primer período contractual se puede delimitar entre el 24 de abril de 2000 y el 2
de noviembre de 2002; pues entre el contrato 0195 de 2002 y el 0166 de 2002
hubo una interrupción de 53 días calendario, esto es, 36 días hábiles, por lo que se
superó el término unificado por la Corporación para la configuración de la solución
de continuidad.

Sin embargo, no se puede perder de vista que la mentada sentencia de unificación al
acoger el término de treinta (30) días hábiles como límite temporal para que opere la
solución de continuidad entre los contratos de prestación de servicios, explicó que aquel
término no debe entenderse como «una camisa de fuerza» que impida tener en cuenta
un mayor período de interrupción, sino como un marco de referencia para la
administración, el contratista y el juez de la controversia, de cara a determinar la no
solución de continuidad; en especial para este último, que en cada caso concreto habrá
de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario, cuando el tiempo
entre cada contrato sea más extenso del allí indicado.

Así pues, la interrupción presentada (36 días) de cara a las particulares
circunstancias que rodearon la vinculación de la accionante deja ver que, en la
práctica, lo que se pactó fue la continuación del encargo, toda vez que el desarrollo
de actividades y el objeto contractual fue exactamente el mismo en los contratos
suscritos en noviembre y diciembre de 2002, tal como se consignó en el acápite de
hechos probados de esta providencia. Nótese que el tiempo trascurrido entre la

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

terminación del contrato 0195 de 2002 y la suscripción del contrato 0166 de 2002
en este caso pudo atender a la fecha, pues se encontraba cerca el fin de año lo que
conlleva el cumplimiento de una serie de compromisos y requisitos presupuestales
que pueden dificultar o retrasar el proceso de contratación para poder concretar o
prorrogar los servicios de una contratista que tenía a su cargo labores propias del
objeto mismo de la entidad contratada y que por tanto requerían de continuidad para
no afectar la prestación del servicio.

De suerte que, en este caso, se presentó una sola interrupción superior a los 30
días hábiles en nueve años de contratación sucesiva; luego, analizando los objetos
de los contratos referenciados en párrafos anteriores y el copioso material
probatorio obrante en el dossier, es evidente que para efectos de la prescripción
existió una sola relación laboral.

El segundo período contractual, entonces, se desarrolló entre el 26 de diciembre
de 2002 y el 24 de diciembre de 2009. Sobre dicho lapso, se insiste, la demandante
prestó sus servicios profesionales al Invima en una continuada relación laboral, tal
como se advierte en la tabla que antecede.

Por lo tanto, ante la existencia de una relación laboral entre las partes corresponde
realizar el cómputo del término prescriptivo a partir de la terminación de su vínculo
contractual, esto es, desde el 24 de diciembre de 2009. Comoquiera que el 15 de
noviembre de 2011, la señora Castaño Hernández presentó la reclamación
administrativa, su solicitud se encuentra dentro del término legalmente establecido
para ello, no hay lugar a declarar la prescripción y le asiste derecho a que le sean
reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de esa vinculación entre el
24 de abril de 2000 y el 24 de diciembre de 2009, salvo las interrupciones
presentadas, tal como lo dispuso el a quo.

Debe precisar la Sala que pese a que la mayoría de las interrupciones contractuales
advertidas son, en principio, inferiores a 30 días hábiles, ello no implica el

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Demandante: Adriana Castaño Hernández

reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentó la
interrupción, esto es, en los que no medió contrato de prestación de servicios.

Ahora, teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales a las que se hizo alusión
en esta providencia, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia de
seguridad social en pensiones, abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización que
se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de aportes
a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

En ese sentido, el Invima deberá tomar (durante el tiempo comprendido entre el
24 de abril de 2000 y el 24 de diciembre de 2009, salvo las interrupciones
advertidas) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes
a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que
se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador.

De igual modo, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.

Por último, advierte la Sala que en la parte resolutiva de la sentencia del 10 de
noviembre de 2016 se consignó una imprecisión. En efecto, el numeral segundo
de la sentencia es del siguiente tenor literal:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 2224 de 18 de junio de 2010
(sic), suscrito por el Coordinador de Gestión Contractual del INSTITUTO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA,

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

por medio del cual negó la existencia de una relación laboral y el consecuente
pago de los emolumentos de orden prestacional a la señora Adriana Castaño
Hernández.

Nótese que el acto administrativo cuya nulidad se declaró es el Oficio 2224 de 18
de junio de 2010; sin embargo, a lo largo de la sentencia se identificó el acto
acusado como el Oficio 12003339 del 19 de enero de 2012, el que, en efecto,
contiene la manifestación de voluntad de la entidad cuya legalidad se cuestiona
en esta acción.36

Así las cosas, atendiendo a que se evidencia que se trató de un error en la
transcripción y para efectos de sanear cualquier situación que pueda acarrear
dicho error, se modificará el numeral segundo de la providencia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que aunque a la señora Adriana Castaño Hernández,
como parte trabajadora de una relación laboral (encubierta o subyacente), le asiste
el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que depreca (cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otras); empero, ocurrió la
prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los
contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados con anterioridad al 2
de noviembre de 2002. Así las cosas, se modificará la decisión del a quo para
plasmar las precisiones advertidas en las consideraciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

36 Incluso, en gracia de discusión, en el expediente no reposa ningún acto administrativo con ese

radicado o que date de esa fecha.

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Radicado: 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-17)
Demandante: Adriana Castaño Hernández

F A L L A:

Primero.- Modificar el numeral segundo de la sentencia del 10 de noviembre de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, dentro del proceso instaurado por la señora Adriana Castaño
Hernández en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), el cual quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 12003339 del 19 de enero de
2012, suscrito por el Coordinador de Gestión Contractual del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio del cual negó
la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de los emolumentos
de orden prestacional a la señora Adriana Castaño Hernández.

Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar
las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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