Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00156-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00156-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2019-00156-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
Radicación: 63001233300020190015601 (1422-2021)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00156-01 (1422-2021)
Demandante: Víctor Hugo Gómez Granada
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-Instructor. CONFIMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra
la sentencia proferida el 4 de junio de 2020, por el Tribunal Administrativo del
Quindío, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Víctor Hugo Gómez Granada instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad Oficio 66-2-2019-003336 del 25 de abril de 2019, por
medio del cual el SENA negó la existencia de la relación laboral y el pago de las
prestaciones laborales adeudadas.
A título de restablecimiento del derecho, que se reconozca el vínculo laboral y, en
consecuencia, se pague el equivalente en proporción al tiempo laboral del auxilio
de cesantías, intereses a las cesantías, subsidio de alimentación, primas
semestrales, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, vacaciones,
prima de vacaciones y bonificación por recreación. Asimismo, cancelar los perjuicios
morales ocasionados y las sumas que asumió por concepto de aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que laboró en el SENA entre 2011 y 2018, a través de diferentes contratos de
prestación de servicios, como de instructor en los Centros de Formación Profesional
de Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda y en el Agroindustrial de
la Regional Quindío.
Que cumplió las mismas funciones que los empleados públicos de la planta de
personal de la entidad, definidas en el Manual de Funciones vigente para la fecha,
pues, según expresa, de la naturaleza y de los fundamentos legales de la labor de
instrucción, en esencia, se desprende la vinculación legal y reglamentaria y la
obligación de reconocer todos los derechos laborales.
Que, por esa razón, el 1 de abril de 2019 solicitó se declarara la existencia de la
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y la devolución de los valores
que asumió por los conceptos de aportes en salud, pensión y riesgos laborales,
solicitud que fue resuelta mediante Oficio 66-2-2019 del mismo mes y año la entidad
negó la reclamación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del doce (12) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) notificada a la entidad demandada, quien expresó que los hechos
expuestos en la demanda no eran ciertos, porque no existió una relación laboral,
sino un vínculo contractual, que satisfizo los parámetros de la Ley 80 de 1993.
Que los contratos de prestación de servicios fueron temporales y el objeto
contractual se limitó a la formación por un número determinado de horas. Que no
existió continuidad en la prestación del servicio, pues, existieron períodos durante
los cuales el demandante no atendió actividades en el SENA, por lo que,
probablemente, ejerció su labor profesional de manera independiente y entre la
finalización del contrato de 2017 y el inicio del siguiente proceso se presentó una
interrupción de más de un mes.
Que el demandante ejecutó el objeto contractual de forma autónoma e
independiente, muchas veces en la modalidad virtual y, su contratación obedeció a
la necesidad de la entidad de impartir formación a la población que lo requería y
atender las solicitudes de empresas, alcaldías, organizaciones comunales, casas
de la juventud, entre otras, de capacitación en diferentes áreas.
Que existió una coordinación con el contratista en cuanto al desarrollo y la ejecución
de la labor contratada, sin que el hecho de cumplir horarios y la orientación de
ciertas actividades por parte de la entidad configure la subordinación. Que no se
canceló un sueldo o salario, sino que se pactaron unos honorarios por los servicios
prestados, los cuales correspondieron al valor de las horas de formación
efectivamente impartidas en cada período, basado en el control diario de horas y el
valor unitario establecido en los acuerdos negociales.
Que el contratista se obligó a prestar a satisfacción los servicios contratados y la
entidad, por su parte, a brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución.
Que ante la solicitud de capacitaciones y atendiendo el proceso de planificación
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propio del sector publicó, programó con el demandante los horarios y lugares para
ejecutar la labor, sin configurarse una relación laboral.
Propuso como excepciones, la indebida integración del litisconsorcio necesario,
inexistencia del vínculo laboral, cobro de lo no debido, prescripción, incongruencia
de las pretensiones y las normas violadas y la genérica o innominada.
Se celebró audiencia inicial el 15 de enero de 2020, en la que se resolvió la
excepción previa de indebida integración del litisconsorcio, se fijó el litigio, se surtió
la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia. Luego de
agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que presentaran sus
alegaciones y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno
por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del cuatro (4) de junio de
dos mil veinte (2.020), accedió parcialmente a las pretensiones.
Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial de la primacía de la
realidad aplicable a las relaciones laborales públicas y los elementos que la
estructuran, relacionó las pruebas allegadas, encontró acreditado que el señor
Víctor Hugo Gómez Granada prestó sus servicios como instructor para la formación
profesional al SENA en la Regionales Risaralda y Quindío entre el 12 de julio de
2011 y el 2 de diciembre de 2018 y, por tal labor, recibió una remuneración.
Que también estaba acreditada la subordinación en la ejecución de la labor
contratada, no solo por el hecho de que el demandante desarrolló funciones de
instrucción, las cuales son asimiladas a la docencia en las que ese elemento es
inherente, sino por la forma en la que ejecutó los servicios.
Que las actividades de instrucción y las obligaciones pactadas en los contratos
concuerdan con las definidas en los manuales de funciones de la entidad para los
empleados públicos de carrera administrativa y/o provisionalidad de la planta de
personal del SENA vigentes entre 2011 y 2018.
Que al actor se le exigía el cumplimiento de condiciones propias de una relación
laboral, como la asistencia a reuniones y capacitaciones, el uso de elementos
distintivos para las jornadas o ferias de identificación de aprendices y de promoción
de la oferta académica del SENA, la consecución de alumnos y programas de
formación. Fue objeto de llamados de atención, se le programaron horarios y
determinaron las horas de trabajo, debía identificarse en nombre de la entidad y
emplear las herramientas de aquella en la realización de la labor.
Que, particularmente, el traslado de una queja de un aprendiz y la solicitud por parte
de la entidad de que proyectara la respuesta, a manera de informe de lo que había
ocurrido, era una situación puntual que denotaba la subordinación; así como, el
deber del contratista de informar a la entidad la imposibilidad de cumplir con las
horas de formación programadas, para cancelarlas dentro del aplicativo Sofia Plus.
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Que, en el caso, los programas en los que prestó sus servicios, tales como, Jóvenes
Rurales Emprendedores y Sena Emprende Rural, eran permanentes y, en aquellos,
la entidad impartía los lineamientos y las directrices que debía acatar.
En cuanto a la prescripción, consideró que, si bien en la vinculación del señor
Gómez Granada fue discontinua y se presentaron interrupción entre los contratos,
lo cierto era que aquellas coincidían con las vacaciones de los aprendices al finalizar
cada período de enseñanza y no sobrepasan los tres meses, por lo que no podían
afectar el reconocimiento de los derechos laborales. En ese sentido, que la
finalización de la última contratación fue el 2 de diciembre de 2018 y la reclamación
administrativa se presentó el 1 de abril de 2019, por lo que no operó el fenómeno
mencionado.
Por lo anterior, declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó a la
entidad a cancelar las prestaciones sociales que debieron percibirse en virtud de la
relación de trabajo, como son: cesantías, intereses a las cesantías, subsidio de
alimentación, primas semestrales, prima de navidad, bonificación por servicios
prestados, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, por los
períodos correspondientes al 12 de julio al 27 de noviembre de 2011, 3 de febrero
al 7 de julio de 2012, 10 de julio al 10 de diciembre de 2012, 23 de enero al 23 de
noviembre de 2013, 2 de enero al 5 de diciembre de 2014, 2 de febrero al 19 de
diciembre de 2015, 9 de febrero al 12 de diciembre de 2016, 24 de enero al 30 de
noviembre de 2017, 29 de marzo al 15 de diciembre de 2017 y 1 de febrero al 2 de
diciembre de 2018, liquidadas con base en los honorarios percibidos de manera
mensual.
Ordenó el reconocimiento de los porcentajes de cotización a pensión que el
empleador debió trasladar al fondo pensional correspondiente, durante el tiempo de
contratación irregular, salvo las interrupciones, teniendo en cuenta como Ingreso
Base de Cotización los honorarios pactados mes a mes y, en caso de existir
diferencia entre los aportes realizados por el contratista y los que debieron
efectuarse, hacer la respectiva cotización, en el monto correspondiente. Además,
dispuso la devolución al demandante de los aportes que realizó como independiente
al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Finalmente, negó la devolución de los descuentos realizados por retención en la
fuente y de las sumas canceladas por riesgos profesionales. No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación expresando que el
demandante ejerció sus labores de manera independiente y en diferentes espacios
y escenarios. Que pudo hacerlo en el centro de formación o en las comunidades,
como lo declaró el señor Armstrong Alberto Gómez Ríos. Que el SENA maneja
diferentes programaciones que asigna a los instructores para facilitar el desarrollo
del contrato y ellos pueden atender formaciones en horas, franjas y espacios
concertados con los aprendices y existe flexibilización.
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Que a los instructores se les asignan equipos, herramientas y material de formación,
de acuerdo con sus solicitudes y el pago de horarios es fijo o variable, lo cual no
implica una subordinación, en los términos previstos en las sentencias del 22 de
febrero de 2007, del 18 de noviembre de 2003 IJ-0039 del Consejo de Estado y del
19 de septiembre de 2014, expediente 2012-00223-01 del Tribunal Administrativo
del Quindío.
Finalmente, reiteró los argumentos planteados en la contestación frente a que su
relación con el demandante fue contractual, atendió las exigencias de la Ley 80 de
1993, no hubo continuidad ni permanencia.
Y, expuso que, en caso de acoger las pretensiones debía declararse la prescripción
de los derechos laborales causados desde el 2016 hacía atrás, en atención al
transcurso de tres años contados a partir del último vinculo contractual.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2.021) se admitió el
recurso de apelación interpuesto, luego, se ordenó la presentación de los alegatos
por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para
el agente del Ministerio Público.
Alegatos de conclusión
La parte demandante indicó que su vinculación al SENA, a través de sucesivos
contratos de prestación de servicios, significó un encubrimiento de una relación
laboral, al desbordarse los límites legales de esa figura. Que suscribió alrededor de
diez contratos sucesivos durante siete años, con el objeto de impartir formación
profesional como instructor, con lo cual desapareció la transitoriedad de esa
modalidad contractual; además, cumplió funciones propias de la misionalidad de la
entidad demandada, con carácter permanente y en similares condiciones a las de
los empleados de la planta de personal.
Que la sentencia acertadamente consideró que las obligaciones pactadas
coincidían con las funciones previstas en los manuales de funciones de la entidad
para los instructores de carrera administrativa y, que existió una subordinación por
parte del contratista, al no contar con autonomía ni liberalidad para el desempeño
de la labor contratada.
Que, en el caso, no operó la prescripción de los derechos reclamados, su
vinculación fue continua y prolongada en el tiempo, por lo que los contratos de
prestación de servicios no pueden analizarse de manera individual sino como un
todo y, adicionalmente, considerarse que las breves interrupciones entre un acuerdo
y otro coinciden con final de años y las vacaciones colectivas del personal del SENA.
La entidad demandada reiteró lo manifestado en el recurso de apelación en relación
con inexistencia de la relación laboral y realizó un recuento jurisprudencial sobre los
elementos para declarar la configuración de aquella.
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El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
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elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
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trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
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que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
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representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer:
Que el demandante prestó sus servicios al SENA, mediante diferentes contratos,
los cuales para mayor claridad se relacionan en el siguiente cuadro:
N.º de Duración o Objeto Valor
contrato plazo2
1 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 68001-
23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Es de anotar que las fechas aquí relacionadas fueron extraídas de los contratos de prestación de servicios.
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10
Radicación: 63001233300020190015601 (1422-2021)
0177 del 11 4 meses y Prestación de servicios personales como instructor $ 10.104.300
de julio de 15 días contratista por periodo fijo, para la ejecución de
20113 acciones de formación profesional, presencial, de
los programas Jóvenes Rurales Emprendedores en
el área pecuaria, del Centro Atención Sector
Agropecuario del SENA Regional Risaralda, con el
fin de apoyar el desarrollo de las actividades de
formación, formulación de proyectos y diseño de
actividades de aprendizaje.
0282 del 29 5 meses y 4 Prestación de servicios personales, de carácter $ 13.346.667
de enero días temporal, como instructor contratista para la
de 2012 ejecución de acciones de formación profesional, del
0996 del 9 5 meses Centro Atención Sector Agropecuario del SENA $ 14.960.000
de julio de Regional Risaralda, con el fin de apoyar el
2012 desarrollo de las actividades de formación,
0297 del 21 10 meses formulación de proyectos y diseño de actividades $ 30.817.600
de enero de aprendizaje.
de 2013
0268 del 16 10 meses y Prestar los servicios personales de carácter $ 33.011.680
de enero 15 días temporal como instructor en los programas de
de 2014 formación profesional integral presencial en el área
de pecuario del programa Jóvenes Rurales en el
Centro de Atención Sector Agropecuario de la
Regional Risaralda.
584 de 10 meses y Prestar los servicios personales de carácter $ 34.437.954
2015 16 días, sin temporal como instructor en los programas de
exceder la formación profesional integral en el nivel y
vigencia modalidad que le sea asignada en el Centro
presupuestal Atención Sector Agropecuario de la Regional
Risaralda.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Prestar sus
servicios como instructor, en el área de pecuario,
dentro del programa Jóvenes Rurales, de acuerdo
con el Plan de Contratación.
572 del 8 10 meses y Prestar servicios profesionales de carácter $ 34.011.851
de febrero 3 días temporal como instructor técnico y apoyo a la
de 2016 gestión del emprendimiento rural, para crear
unidades productivas, fortalecer unidades
productivas rurales, formar para la empleabilidad
en ocupaciones rurales el área (agrícola, pecuaria,
agroindustrial, turismo rural, servicios rurales, etc.,
de acuerdo al diseño curricular), en el marco de los
lineamientos del Programa Sena Emprende Rural
SER.
320 del 23 10 meses y Prestar servicios profesionales de carácter $ 35.494.675
de enero 7 días, hasta temporal como instructor técnico y apoyo a la
de 2017 el 30 de gestión del emprendimiento rural, para consolidad
noviembre unidades productivas resultado de las acciones de
de 2017 formación asignadas, fortalecer unidades
productivas rurales asignadas de acuerdo a la
promesa de servicio del programa SER, ejecutar
acciones de formación para la empleabilidad en
ocupaciones rurales en el área (agrícola, pecuaria,
agroindustrial, turismo rural, servicios rurales, etc.,
de acuerdo al diseño curricular), y demás áreas de
su competencia en el marco de los lineamientos del
programa Sena Emprende Rural SER.
0677 del 8 meses y Prestar los servicios profesionales temporales, para $ 29.482.548
29 de 15 días, sin orientar actividades pedagógicas en los procesos
marzo de exceder la de formación profesional integral titulada y
2017 vigencia complementaria en el área pecuaria y/o afines en la
presupuestal modalidad presencial y/o virtual según las
necesidades del servicio lo requieran, a través del
3 La información de los Contratos 0177 de 2011, 0282 y 0996 de 2012, 0297 de 2013 y 0268 de 2014 se
encuentra contenida en la Certificación No. 131 del 10 de marzo de 2017, expedida por el subdirector del Centro
de Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda, que obra en las páginas 6 a 9 del archivo
6_630012333000201900156014EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210505180845 del expediente digital.
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Radicación: 63001233300020190015601 (1422-2021)
proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, desde
su planeación y ejecución, basada en
competencias laborales y aprendizaje por
proyectos en el Centro agroindustrial.
397 del 19 9 meses y Prestar los servicios profesionales temporales, para $ 33.939.615
de enero 15 días orientar actividades pedagógicas en los procesos
de 2018 de formación profesional integral titulada y
1 de febrero complementaria en el área pecuaria y/o afines en la
al 2 de modalidad presencial y/o virtual según las
diciembre de necesidades del servicio lo requieran, a través del
20184 proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, desde
su planeación y ejecución, basada en
competencias laborales y aprendizaje por
proyectos en el Centro agroindustrial.
De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración.
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.
En ese sentido, se cuenta con múltiples correos electrónicos remitidos por la
coordinación académica, la coordinación de formación profesional, gestión
educativa y el líder de proyectos formativos y semilleros de investigación del SENA
al señor Víctor Hugo Gómez Granada entre 2011 y 2018, algunos relativos al
registro en el aplicativo «Sofia Plus» de las actividades, reporte de horas de
formación, cierres de año y funcionamiento de la herramienta de gestión para el
proceso de reportes y matrículas de aprendices, divulgación de la oferta académica
institucional, cambios de horarios y remisión de formatos. Otros, corresponde
solicitud de información de proyectos productivos, programación de reuniones,
comités y actividades o tareas del área agropecuarias, requerimientos particulares
en cuanto a reporte, registro y entrega de información.
En particular, la Subsección evidencia varios mensajes electrónicos remitidos al
demandante que contienen directrices obligatorias y exigencias en cuanto al tiempo
y modo de desarrollo de ciertas actividades, llamados de atención por presuntos
incumplimientos o retrasos en los reportes o atención de solicitudes de información,
citaciones con carácter obligatorio, imposición de asistencias a comités, reuniones
y capacitaciones; así como, el traslado de una queja de un alumno de la entidad, el
requerimiento de proyección de una respuesta y la asignación de funciones o roles,
como el encargo de una unidad de formación y la consecución de aprendices, en
determinado tiempo y número.
Obra en el 20115, por la líder del programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en el
que se enuncia lo siguiente: «Buenas Tardes Instructores, les solicito el favor de
enviarme la información de cada curso creado, me refiero al formato de formación
complementaria, el senagro y las F5, por favor una carpeta por curso, les doy plazo hasta
el LUNES 2 DE MAYO A LAS 8:00 AM […] También solicito que me envíen a más tardar el
VIERNES 30 DE ABRIL DE 2011 la tabla que esta adjunta, de cada una de las unidades
productivas por curso». Seguidamente, se encuentra un mensaje6 del líder de
4 Según Actas de Inicio y de Cierre aportadas al proceso.
5 Folio 109 del archivo 6_630012333000201900156014EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210505180845 del
expediente digital.
6 Folios 213 a 2015 del archivo antes descrito.
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Radicación: 63001233300020190015601 (1422-2021)
proyectos formativos del Centro de Atención Sector Agropecuario, Regional
Risaralda de 2014, dirigido a los instructores de la entidad, entre ellos el
demandante, en el que les imparte directrices obligatorias y estrictas que debían
seguir para la presentación de los proyectos formativos, en el que se indica el
proceso de revisión, evaluación y declaración de viabilidad que deben seguir para
ese efecto.
Igualmente, en los folios 173 y 219 del expediente se evidencian dos llamados de
atención dirigidos al demandante, el primero, enviado en 2013 relacionado con las
fichas de articulación y Jóvenes Rurales y la información pendiente remitido por la
coordinación académica, en el que se enuncia lo siguiente: « les quiero recordar la
importancia de mantener actualizado nuestro sistema de información SOFIA PLUS, y
ustedes al 31 de mayo, se encuentran pendientes por Ruta de Aprendizaje en los cursos
que están en el archivo anexo. Por tal razón siguiendo las instrucciones del subdirector
quiero que tengan presente este llamado de atención, esperando que hoy mismo se pongan
a paz y salvo con los cursos ». El segundo, corresponde a un llamado de atención de
2014, por la tardanza en el suministro de una información solicitada por la
coordinación académica, en el que se pone de presente que el requerimiento debió
ser atendido dentro de los tres días siguientes; además, se conmina a entregar la
lista de materiales de formación, por especialidad, en un plazo perentorio.
Adicionalmente, la Subsección observa que en los correos electrónicos visibles a
folios 143 a 145,187 a 193, 243, 249 a 251, 283 a 285, 299, 319, 351 a 354, 359 a
361 y 367, correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2041, 2015, 2016, 2017
y 2018, respectivamente, la entidad envió directrices y órdenes específicas, en
relación a: (i) reporte de horas de trabajo semanal y mensual, junto con el promedio
diario de formación y las actividades a reportar con un número mínimo al mes; (ii)
inscripción y participación obligatoria en mínimo dos cursos virtuales de los
enlistados; (iii) asistencia forzosa a reuniones de programación de fechas y horas
de formación, comités del área, capacitación en instrumentos de georreferenciación,
planeación y difusión del programa SER y, (iv) programaciones de desarrollo de la
oferta educativa, de la oferta agropecuaria y de establecimiento de lineamientos de
formación integral y complementaria, en este último caso, con las horas de
formación que debían reposarse y las actividades excluidas para ese efecto.
Se destacan, los requerimientos de conseguir determinado número de aprendices
o grupos de formación, como el caso de los correos electrónicos del 6 de septiembre
de 20137, 128 y 269 de febrero de 2015 y 7 de agosto de la misma anualidad 10, en
la que se le exige al instructor conseguir una cifra explícita de aprendices o
matricular un número específico de grupos de formación, dentro de una fecha límite.
Además, la asignación de tareas específicas, tales como, actividades SENA
Empresa, responsable y encargado de la Unidad Cunícola y la atención y
proyección de respuesta a las quejas elevadas por los alumnos de la entidad.
Finalmente, el señor Gómez Granada recibió en su buzón electrónico 11 las
7Folios 197 a 202 archivo denominado
6_630012333000201900156014EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210505180845 del expediente digital.
8 Folio 273 ibidem.
9 Folio 259 ibidem.
10 Folio 267 a 271 ibidem.
11 Folios 113 y 167 del archivo digital.
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Circulares 3-2012-000091 y 3-2013-000011 relativas a la autorización del SENA de
días de semana santa, en la que instó a los instructores a programar jornadas
adicionales, con el propósito de compensar los días de descanso, mensajes
dirigidos a contratistas, funcionarios y aprendices del Centro Atención Sector
Agropecuario.
De otra parte, se cuenta con el testimonio del señor Armstrong Alberto Gómez Ríos,
quien señaló que el demandante estuvo vinculado al SENA, durante 2017 y 2018,
a través de contratos de prestación de servicios, con el propósito de impartir
formación y desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje a grupos
determinados en el área pecuaria y tratamientos veterinarios. Que orientaba sus
actividades profesionales en atención a las necesidades de las comunidades, no
tenía horarios y mantenía absoluta autonomía e independencia en la ejecución de
los cursos a su cargo y, en ese sentido, concertaba con las comunidades los lugares
y horas en que dictaría las clases, las cuales podían ser en la mañana, en la tarde
o en la noche o los fines de semana.
Que prestó sus servicios en varias fincas y en el Centro Agroindustrial,
específicamente, en las unidades productivas que allí se crearon y su contacto en
el SENA era con el ordenador del gasto, el supervisor y la coordinación académica.
Que supervisó el contrato que el señor Gómez Granada suscribió con la entidad en
el 2018 y, las obligaciones contractuales comprendían conseguir los grupos de
aprendices, por lo que el contratista se desplazaba por los municipios y las veredas,
gestionaban con las alcaldías o las Umatas e impartía los cursos o formación
específica requerida en el área pecuaria, asumiendo todo el proceso de alistamiento
y planeación, para luego informar a la entidad, quien recibía la ficha de matrícula
del determinado grupo y lo registraba en el aplicativo Sofia Plus.
Que el demandante gestionó cursos de buenas prácticas veterinarias,
medicamentos veterinarios, inseminación artificial, proceso de certificación de
unidades productivas ante el ICA, entre otros, atendiendo los lineamientos y
directrices generales establecidas por el SENA para la formación integral, para
asegurar una única estrategia pedagógica y la unidad de criterio. Que, en virtud de
las cláusulas negociales, estuvo obligado a participar en la divulgación y promoción
de la oferta académica de la entidad.
En cuanto al correo electrónico que obra en el proceso, a través del que se pidió al
señor Víctor Hugo Gómez Granada atender una queja presentada por un aprendiz,
el testigo afirmó que era normal requerir información de parte de los instructores o
programar algunas actividades pedagógicas, de conformidad con la obligación
contractual relativa a la atención de solicitudes del ordenador del gasto, el
coordinador académico y el supervisor del contrato, más aun cuando se tratara de
un tema del área de formación a su cargo.
Que su labor como supervisor de los contratos que el demandante suscribió con el
SENA entre 2017 y 2018 consistió en verificar el cumplimiento de las obligaciones,
sin afectar la autonomía e independencia del instructor. Que sabía que el señor
Gómez Granada prestaba el servicio de asesoría técnica en el área pecuaria a
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algunos empresarios de la zona, pero desconocía los nombres de las entidades y
el manejo de ese tema.
Finalmente, indicó que el instructor podía emplear herramientas, equipos o
maquinaria y utilizar los ambientes de formación del SENA. Y, para ausentarse de
sus labores, al igual que los demás contratistas, debía informar a la coordinación
académica que no podían asistir a la formación por alguna situación especial, se
aceptaba la solicitud y retiraba la programación del aplicativo Sofia Plus.
A partir del material probatorio relacionado, la Subsección encuentra que el señor
Víctor Hugo Gómez Granada estuvo sometido a una subordinación por parte de la
entidad demandada, quien le exigió que ejecutara el objeto contractual con unas
condiciones de modo, tiempo y lugar específicas y, en tal sentido, se demostró su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario.
A tal conclusión se arriba luego de analizar las instrucciones que se le impartieron,
a través de los múltiples correos electrónicos, pues, en efecto, como se mencionó
antes, el demandante fue llamado a asistir a reuniones obligatorias, con el propósito
de concertar y socializar la programación mensual o de ciertos eventos académicos
y de cierre de año, se le impuso la obligación de capacitarse, en los términos y
condiciones definidas por el SENA.
Recibió instrucciones y directrices específicas para la ejecución de labor, tales
como, la asignación de horas de formación y la exigencia de reportar número
mínimo y determinadas actividades; la imposición de procesos estrictos para la
presentación de los proyectos formativos, su revisión, evaluación y aprobación;
además, de plazos límite y formatos para reportar información o cumplir con algunas
tareas y el requerimiento de conseguir o matricular una cifra de aprendices o grupos,
en un tiempo determinado.
De igual manera, se probó que el demandante recibió dos llamados de atención,
uno, por el presunto retraso en el reporte de información en el aplicativo «Sofia
Plus» y, otro, por no atender dentro del plazo estipulado por la entidad la solicitud
de información de la coordinación académica. Además, indicaciones sobre la
autorización concedida por el SENA de compensación en Semana Santa, para lo
cual le fueron remitidas las circulares expedidas por la entidad, a través de mensajes
dirigidos a los servidores de planta y a los contratistas, en los que, sin distinción
alguna, se les indica que deben coordinar las actividades adicionales requeridas
para disfrutar de los días de descanso.
En ese orden de ideas, se demostró que la entidad ejerció una influencia decisiva
sobre la forma en la que el demandante llevó a cabo el cumplimiento de sus
obligaciones y que aquel estuvo sometido a las instrucciones del SENA,
concretamente, de la coordinación académica, dependencia de la que recibió
indicaciones puntuales sobre la cantidad de horas de formación que debía reportar,
las actividades a desarrollar, la forma y el procedimiento de aprobación, seguimiento
y evaluación de los proyectos productivos y lineamientos relativos a la oferta
académica y al proceso de formación en el área agropecuaria.
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Además, se acreditó que el señor Gómez Granada fue llamado a atender programas
y eventos de la entidad en fechas, lugares y horas específicas, como, por ejemplo,
la Planeación y Difusión de SER 2017, en el departamento de Risaralda y SENA
Empresa en el año 2017; asistió a reuniones y comités obligatorios y le fueron dadas
órdenes concretas, como proyectar respuestas a las quejas de los aprendices,
inscribirse y adelantar capacitaciones previamente determinadas y asumir como
encargado de la unidad cunícola. Lo anterior demuestra la continuada dependencia
que el demandante tenía respecto del SENA.
Así, para la Subsección la conclusión del juez de primera instancia de encontrar
probada la subordinación está debidamente soportada en las pruebas
documentales, en las que se evidencia que no había autonomía para la prestación
del servicio en condiciones de tiempo, de modo, ni de lugar, y que se cumplían
labores misionales de la entidad con vocación de permanencia, para las cuales el
personal de planta no era suficiente.
Todo este contexto, valorado de manera conjunta, excede lo que en sana crítica se
puede entender como la coordinación necesaria para la prestación de un servicio y,
por el contrario, denotan las potestades unilaterales del ius variandi y sancionatoria,
propias de un verdadero empleador.
Se desvirtúan las afirmaciones del testigo Armstrong Alberto Gómez Ríos relativas
a la liberalidad y autonomía con la que contaba el demandante frente a la ejecución
de la labor contratada, porque las comunicaciones remitidas por diferentes
dependencias del SENA denotan la injerencia que esta tuvo en la forma en que se
llevó a cabo la labor por parte del señor Víctor Hugo Gómez Granada.
Valga precisar que, si bien la Ley 80 de 1993 no impide que la entidad imponga
unas condiciones mínimas de ejecución y tome medidas oportunas para lograr el
cumplimiento del objeto contratado, la injerencia de la entidad en el modo y la forma
de desarrollar la labor implican un ejercicio del poder subordinante sobre el
contratista lo que desnaturaliza la relación contractual y le da paso a una de carácter
laboral; no obstante en este caso la Subsección observa que el principio de
coordinación se desbordó, pues las instrucciones impartidas en los correos
electrónicos no son propias de la sincronización de las labores que realiza el
contratante respecto de la necesidad de la entidad que originó su contratación, sino
que la excede al entregar directrices sobre el modo de ejercer la actividad de
formación para la cual fue contratado.
Por último, se tiene que el demandante en el 2017 suscribió dos contratos con el
SENA; sin embargo, ese supuesto, en este caso, no desvirtúa por sí mismo la
subordinación, en tanto que no desacredita la exclusividad de la labor ejecutada por
el señor Víctor Hugo Gómez Granada con respecto a la entidad ni desdibuja el poder
subordinante del empleador, el cual se manifiesta de otras formas, como la
organización, distribución del trabajo y potestad disciplinaria.
En ese sentido, los documentos allegados al proceso en relación con la anualidad
citada dan cuenta que en ese período el contratista fue llamado a asistir
obligatoriamente a comités de área, programado para atender actividades en días
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y horas determinadas por la entidad, como, por ejemplo, Sena Empresa que se
desarrolló en los meses de abril y mayo y, la Oferta Formativa Presencial en agosto
y noviembre de 2017; asimismo, se le impartieron órdenes y asignaron tareas
específicas, como, atender y proyectar la respuesta a una queja de un aprendiz y
encargarse de la Unidad Cunícola del Centro Agroindustrial del Quindío.
Así las cosas, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral entre el señor Víctor Hugo Gómez Granada y el
SENA, en consecuencia, considera que, en este punto, la decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío debe ser confirmada.
Prescripción.
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la manera
como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 12:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 13, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada cas o y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan
objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable
puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la
sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en
todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la Sala,
que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber sido la
interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un “plazo
razonable”.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto
de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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Radicación: 63001233300020190015601 (1422-2021)
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar la inconformidad del
recurrente relativa a la configuración de la prescripción frente a los derechos
laborales causados desde el 2016 hacía atrás, en atención al transcurso de tres
años contados a partir del último vinculo contractual. Se observa que dentro de las
pruebas que obran del expediente se encuentran los contratos que se suscribieron:
Contrato Duración Interrupción
0177 de 2011 4 meses y 15 días
Inicio: 12 de julio de 2011
Finalización: 27 de noviembre de 2011
0282 de 2012 5 meses y 4 días 46 días
Inicio: 3 de febrero de 2012
Finalización: 7 de julio de 2012
0996 de 2012 5 meses 1 día
Inicio: 10 de julio de 2012
Finalización:10 de diciembre de 2012
0297 de 2013 10 meses 28 días
Inicio: 23 de enero de 2013
Finalización: 23 de noviembre de 2013
0268 de 2014 10 meses y 15 días 37 días
Inicio: 20 de enero de 2014
Finalización:5 de diciembre de 2014
584 de 2015 10 meses y 16 días 36 días
Inicio: 2 de febrero de 2015
Finalización:19 de diciembre de 2015
572 de 2016 10 meses y 3 días 33 días
Inicio: 9 de febrero de 2016
Finalización:12 de diciembre de 2016
320 de 2017 10 meses y 7 días 29 días
Inicio: 24 de enero de 2017
Finalización: 30 de noviembre de 2017
0677 de 2017 8 meses y 15 días
Inicio: 29 de marzo de 2017
Finalización: 15 de diciembre de 2017
397 de 2018 9 meses y 15 días 30 días
Inicio: 1 de febrero de 2018
Finalización: 2 de diciembre de 2018
En este caso, se presentaron interrupciones superiores a los 30 días; sin embargo,
analizando lo objetos de los contratos y las pruebas allegadas al proceso, es
evidente que para efectos de la prescripción hay una sola relación laboral.
Asimismo, en los términos en los que lo definió el a quo los interregnos entre cada
contrato coinciden con final e inicio de año y, de esta forma, con el cese de
actividades de la entidad por vacaciones. De esta manera, las especiales
circunstancias que rodearon la prestación del servicio aconsejan flexibilizar el
aludido término de interrupción para poder adoptar una decisión más acorde a las
particularidades del presente asunto y de esta manera privilegiar el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas también en lo que respecta al análisis del
fenómeno prescriptivo 14.
Por consiguiente, como el último vínculo probado terminó el 2 de diciembre de 2018
y la reclamación ante la administración se presentó el 1 de abril de 2019, esto,
14 En ese sentido, ver la sentencia del 23 de octubre de 2023, radicado 25000-23-25-000-2012-01357-01 (2842-
2017).
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dentro de los tres años señalados como el término de la prescripción extintiva, no
hay lugar a declarar ese fenómeno. Igualmente se resalta que entre la solicitud ante
el SENA y la presentación de la demanda tampoco transcurrieron más de tres años.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada.
De la naturaleza de los aportes a seguridad social
Se observa en el presente caso que el a quo ordena, en el numeral cuarto de la
decisión, pagar al señor Víctor Hugo Gómez Granada los porcentajes de cotización
realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud por el tiempo en que prestó sus
servicios, y que el demandante demostrara haber aportado.
Se hace necesario precisar que mediante sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021, se aclaró la naturaleza parafiscal de dichos
recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social, los cuales
no son un ingreso ni beneficio económico para el demandante, por lo que, ha sido
pacífica esta Corporación al señalar que no corresponde el pago de estos rubros
directamente a la parte interesada.
Así, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de precisar que no procede la devolución de los aportes
realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia del cuatro (4) de junio de dos
mil veinte (2.020) proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el cual
quedará así:
«CUARTO: CONDENAR la entidad demandada, a título de
restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC
pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por contrato
de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los
aportes realizados por este como contratista y los que se debieron
efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el
tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá cancelar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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