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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01396-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01396-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 28 38 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017) Demandante: Aida Lega Aljure de marzo de 2017 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Aida Lega Aljure, los cuales quedarán así: Primero. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 042246 del 17 de septiembre de 2008, 027021 del 26 de junio de 2009, 005990 del 22 de octubre de 2009, 005134 del 24 de febrero de 2010, 004402 del 4 de noviembre de 2010 y 032717 del 15 de septiembre de 2011, por medio de las cuales se reconoció una pensión de jubilación por aportes a favor de Aida Lega Aljure, se resolvieron los recursos interpuestos en su contra y se dispuso sobre la reliquidación reclamada. Segundo. Como consecuencia de la anterior y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a reconocer y pagar la pensión de jubilación a Aida Lega Aljure, identificada con cédula de ciudadanía 41.583.363, en el equivalente al 75 % del salario promedio de los últimos diez años de servicio, con la inclusión en el ingreso base de liquidación de la asignación básica y la bonificación por servicios, a partir del 28 de octubre de 2007. Sujeta al límite de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al momento de reliquidar la pensión, deberá hacer la conversión de dólares y marcos alemanes a pesos colombianos, tomando en cuenta para ello la tasa de cambio que regía para la fecha. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2012-01396-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1

Temas: Reliquidación pensión, régimen de transición artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985. Servidores planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 28 de marzo de 2017 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Aida Lega Aljure presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes
resoluciones: i) 42246 del 17 de septiembre de 2008; ii) 27021 del 26 de junio de
2009; iii) 5990 del 22 de octubre de 2009; iv) 5134 del 24 de febrero de 2010; v) 4402
del 4 de noviembre de 2010; y vi) 32717 del 15 de septiembre de 2011, por las
cuales se reconoció una pensión de jubilación por aportes, se resolvieron los
recursos interpuestos en su contra y se dispuso sobre la reliquidación reclamada.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó
que se ordenara a la entidad demandada que i) reliquidara la pensión de jubilación
a partir de un nuevo cálculo del ingreso base de liquidación, en el que se tuviera en

1 En lo sucesivo Colpensiones.
2 En adelante CCA.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

cuenta lo realmente devengado en moneda extranjera (dólares y marcos alemanes)
en los períodos comprendidos entre el 1° de enero de 1985 y el 30 de noviembre de
1991 y del 15 de septiembre de 1997 al 26 de enero de 1999, durante los cuales
desempeñó cargos en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores;
ii) pagara las diferencias que resulten entre la reliquidación y lo efectivamente
recibido por las mesadas reconocidas, desde el 28 de octubre de 2007, fecha en la
que alcanzó el estatus pensional; iii) dedujeran las sumas que le correspondería
asumir en la proporción que ordena la ley por concepto de cotizaciones;
iv) condenara al pago de intereses corrientes a la tasa máxima que certificara el
Banco de la República durante los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia; y v) condenara en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Aida Lega Aljure se desempeñó como cónsul de primera clase en el Consulado
General de Colombia en Ámsterdam, Países Bajos, del 1° de enero de 1985 al 30
de noviembre de 1991 y como consejera en la Embajada de Colombia ante el
gobierno de Suecia, del 15 de septiembre de 1997 al 26 de enero de 1999. Durante
dichos períodos recibió su remuneración en dólares y marcos alemanes, en
consideración al país de residencia.

• El Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 042246 del 17 de
septiembre de 2008, le reconoció una pensión por aportes, efectiva desde el 28 de
octubre de 2007, liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos
10 años de servicio, con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, con
base en la asignación salarial establecida para su equivalente en la planta interna
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• A través de los actos demandados, la entidad negó la reliquidación de la pensión
con base en el salario realmente devengado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 209 y 243
de la Constitución Política; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 del Código
Contencioso Administrativo; 1, 4, 10 y 21 de la Ley 100 de 1993 y 46 del Decreto
692 de 1994

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

• Durante su vida laboral, Aida Lega Aljure acumuló más de 20 años de cotizaciones,

3 Folios 139 a 207.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

estuvo vinculada a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo
que percibió una remuneración en dólares y en marcos alemanes, en atención a las
necesidades puntuales propias del servicio en el país de residencia.

• Si bien la entidad la reconoció como beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y por lo tanto de la pensión de jubilación por aportes por cumplir
los requisitos de la Ley 71 de 1988, desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional contenida, entre otras, en la sentencia C-173 de 2004, según la cual
se debió considerar la remuneración que realmente recibió en moneda extranjera,
en los lapsos en los que laboró en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones contestó la demanda en forma extemporánea4.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 28 de marzo de 2017, ordenó al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones que i) reliquidara la pensión de jubilación por aportes reconocida a la
demandante «teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación de conformidad con el
salario real que devengó en marcos, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales que hubiere devengado durante el último año de servicios (comprendido
entre el 27 de enero de 1998 y el 26 de enero de 1999), es decir, asignación básica y prima
de navidad, esta última en forma proporcional a una doceava parte, efectiva a partir del 27
de octubre de 2007, los cuales está demostrado se pagaban por la administración»; e
ii) indexara la primera mesada y actualizara las sumas que se debían pagar en
cumplimiento de las anteriores condenas, en atención a que la actora se retiró del
servicio antes de alcanzar el estatus pensional. Para tal efecto, señaló lo siguiente5:

• La posición jurisprudencial de la Corte Constitucional contenida en las sentencias
C-173 de 2004 y C-535 de 2005, ha sido seguida de manera pacífica por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en consecuencia, la liquidación pensional debe
considerar la efectiva remuneración en moneda extranjera, toda vez que la
prestación debe reflejar el ingreso real e inmediato del empleado, y no una simple
equivalencia respecto de un empleo interno que no se acompasaba a su relación
laboral. Aunado a lo anterior, se demostró que «la vinculación de la demandante
durante su vida laboral fue permanente, no existió una vinculación precaria, además, no
existió ningún aumento de salario desproporcionado en su último año de servicio, y que
todos los factores que deben ser liquidados señalan fielmente su historia laboral».

4 Toda vez que se fijó en lista en los términos del numeral 5 del artículo 207 del CCA, el 10 de abril

de 2013 (folio 256 vuelto) y el escrito de la contestación de la demanda se radicó el 30 de abril de
2013 (folio 259).
5 Folios 438 a 454.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

• En tal sentido, y comoquiera que Aida Lega Aljure acreditó el cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
debe reliquidarse la prestación no solo con los factores taxativamente señalados en
el Decreto 1158 de 1994, sino con aquellos «que se encuentren certificados y que se
hayan reconocido como factor salarial, entendiéndose por salario todo lo que el empleado
recibe como contraprestación por sus servicios»; para lo cual, Colpensiones «está
obligada a descontar los aportes que según la ley conforman el salario del trabajador, pero
que si por algún motivo no se hace tal descuento, esto no da lugar a que se niegue la
inclusión de determinado factor para la liquidación ordenada».

• Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo indica el
artículo 9 del Decreto 2078 de 2004, la prima de costo de vida y el subsidio por
dependientes no constituyen factor salarial y por lo tanto no deben ser incluidos en
la reliquidación pensional. Entonces, los factores con los cuales se debe efectuar tal
reliquidación son aquellos devengados y certificados entre el 27 de enero de 1998
y el 26 de enero de 1999, pero actualizados e indexados al 28 de octubre de 2007,
fecha en que adquirió el estatus de pensionada.

• No se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción de las diferencias de las
mesadas pensionales, toda vez que entre el reconocimiento (acto que fue notificado
el 11 de noviembre de 2008) y la solicitud de reliquidación (presentada el 15 de junio
de 20116) no transcurrieron más de 3 años, «así como tampoco entre la solicitud de
reliquidación y la presentación de la demanda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969».

1.4. El recurso de apelación

Colpensiones interpuso recurso de apelación7 y expuso que la transición prevista
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 únicamente dejó a salvo los requisitos de
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de los regímenes anteriores, por lo
tanto, el IBL a aplicar es el previsto en la aludida Ley 100, tal y como lo ha dispuesto
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

1.5. Trámite en segunda instancia

1.5.1. Alegatos

1.5.1.1. Aida Lega Aljure reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y solicitó que se confirmara la sentencia apelada8.

6 Tal y como lo entendió el a quo, pues señaló que si bien no reposa documento que dé cuenta de

la solicitud de reliquidación, el acto que la resolvió se expidió el 15 de septiembre de 2011
(Resolución 032717) y se notificó el 21 de octubre de 2011, «razón por la cual la Sala en virtud de lo
dispuesto en el artículo 40 del CCA, entenderá que la petición fue elevada el 15 de junio de 2011».
7 Folios 458 a 466.
8 Folios 511 a 515.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

1.5.1.2. Colpensiones solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y
en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
expuesto en el recurso de apelación9.

1.5.2. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio, tal y como se
advierte en la constancia secretarial del 14 de febrero de 202010.

1.5.3. La providencia que avocó conocimiento con fines de unificación

Mediante auto del 6 de mayo de 2021, esta corporación evidenció la necesidad de
unificar jurisprudencia en relación con el ingreso base de liquidación de las
pensiones del personal que prestó sus servicios en la planta externa del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Para el efecto, se consideró necesario revisar la tesis que
de manera pacífica se ha venido aplicando por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado a los conflictos de reliquidación de pensiones del
personal del servicio diplomático y, con base en ello, definir una posición en el
siguiente sentido11:

«(i) reiterar lo que ya se ha dicho en cuanto a la integración del ingreso base de
liquidación de las mencionadas pensiones, en el sentido de tener en cuenta lo
efectivamente devengado en moneda extranjera y no el equivalente en la planta interna;
o, (ii) modificarla y, acompasarla al principio de sostenibilidad fiscal y liquidación
pensional con lo efectivamente cotizado, considerando los efectos temporales de las
sentencias de constitucionalidad aquí señaladas, principalmente porque la cotización
obedece a un mandato del legislador que inmiscuye las obligaciones del empleador
respecto del ente previsional, en los estrictos términos descritos en la norma4, en donde
el carácter imperativo también se deriva de las modificaciones que incorpora la Corte
Constitucional cuando declara la inexequibilidad parcial del texto legal.»

Sin embargo, el 13 de julio de 202312, esta Sección dejó sin efectos la providencia
anterior. Esto en consideración a que el disenso planteado por Colpensiones en el
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia se circunscribía
a cuestionar el período y los factores que se ordenaron incluir para el cálculo de la
prestación; de manera que no se expuso argumento alguno en relación con tener
en cuenta lo efectivamente devengado en moneda extranjera o el equivalente en la
planta interna. Así las cosas, y en atención a lo dispuesto por el artículo 328 del
CGP, el tema que se había propuesto someter a estudio de la Sección Segunda
escaparía al ámbito del pronunciamiento del juez de segunda instancia, puesto que
no es objeto de controversia en la apelación y esta, a su vez, es la que delimitaría
su competencia.

9 Folios 497 a 506.
10 Folio 517.
11 Folios 518 a 525 e índice 28 del aplicativo Samai.
12 Índice 42 del aplicativo Samai.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

En tal sentido, concluyó que emitir un pronunciamiento de unificación implicaría
definir una regla que no sería aplicable para resolver el caso concreto, por lo que el
carácter vinculante del precedente quedaría en duda, ante la posibilidad de que se
constituya en un obiter dictum, por lo que era imposible mantener la decisión de
avocar el asunto con fines de unificación, pues se incumpliría con la finalidad
esencial de esta figura, que consiste en la posibilidad de que el Consejo de Estado,
como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, emita
sentencias que contengan reglas y subreglas con vocación de universalidad, que
puedan aplicarse a casos con supuestos fácticos y jurídicos análogos a los que
fueron analizados en el asunto seleccionado inicialmente para emitir sentencia
unificadora.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Aida Lega Aljure tiene derecho
a la reliquidación de su pensión con el promedio de todo lo devengado en el último
año de servicios?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Base de cotización y de liquidación para efectos pensionales de los
empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores

El presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en los literales b), c) y e) del artículo 43 de la Ley 11 de 1991, expidió el
Decreto 10 de 199213, por medio del cual reguló el servicio exterior de la República
y la carrera diplomática y consular, y en su artículo 79 derogó las disposiciones que
hasta ese momento orientaban la materia.

El artículo 57 del referido decreto, estableció la forma en la que debían ser
liquidadas y pagadas las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior, en los siguientes términos:

«Artículo 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a
excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las
asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores.»

Ahora bien, en 1999 el presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 489 de 199814, profirió el Decreto Ley 1181,
mediante el cual reemplazó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de Carrera

13 Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular.
14 Artículo 120, numeral 5, de la Ley 489 de 1998.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

Diplomática y Consular contenido en el mencionado Decreto 10. Sin embargo, dicha
norma fue declarada inexequible en sentencia C-920 de 199915.

Con ocasión de la pérdida de vigencia de la anterior norma, el gobierno nacional
profirió el Decreto 274 de 2000, disposición que contiene las normas que
actualmente regulan el servicio exterior de la república de Colombia y la carrera
diplomática y consular, el cual, en su artículo 66, reprodujo el contenido del artículo
57 del Decreto 10 de 1992:

«Artículo 66. Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los
funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se
pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales
legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta
interna.»

Sin embargo, la Corte Constitucional16 al adelantar estudio de constitucionalidad del
Decreto 274 de 2000, declaró inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del
citado decreto, por cuanto concluyó que el gobierno nacional había excedido las
facultades otorgadas por el Congreso de la República al regular el régimen salarial
y prestacional de quienes laboraban en el servicio exterior.

Adicionalmente, el legislador profirió la Ley 797 de 2003, por medio de la cual « se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales», que en parágrafo 1° del artículo 7, reprodujo el contenido
de las disposiciones antes transcritas:

«Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los
funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales
establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna.
En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el
establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna,
teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.»

Empero, la Corte Constitucional en sentencia C-173 de 2004 declaró inexequible
los apartes subrayados, al considerar lo siguiente:

«Esta Corte ya ha estudiado el asunto planteado en esta oportunidad en diferentes
ocasiones. Así, en diversos procesos de tutela, antiguos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la igualdad, a la subsistencia digna y al mínimo vital, por cuanto el
mencionado ministerio había liquidado los aportes al sistema de pensiones sobre un
ingreso base de cotización que no corresponde al que realmente devengaron cuando se
desempeñaron como funcionarios públicos en el servicio exterior. Tal es el resultado del

15 La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Ley 1181 de 1999, toda vez que, mediante

providencia C-702 del mismo año, declaró inexequible la norma que autorizó al presidente de la
República para regular esa materia.
16 En sentencia C-292 de 2001.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

establecimiento de equivalencias entre los cargos de planta interna y los de planta
externa, y específicamente al punto de las equivalencias salariales.

[…]

De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para pensión deben
hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo
realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o
supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si se acogiera un criterio distinto al
determinado jurisprudencialmente el resultado sería que aquellos trabajadores que han
devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad
pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que
generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su nivel de
preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades concordantes con su
cargo. Es decir, lo recibido no correspondería al empleo, ni a las funciones, ni a las
cargas propias del trabajo desempeñado. Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que
las normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores
son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios
de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso (C.P. arts.
48, y 53).

[…]

De otro lado, es imperativo tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 ordena tener en
cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge principios constitucionales tales como la
proporcionalidad entre el trabajo desempeñado y la remuneración al mismo. En este
sentido, la citada Sentencia T-1016 de 2000 anotó que, conforme con la Constitución, el
legislador está plenamente habilitado para establecer los porcentajes sobre los cuales
ha de pagarse la pensión y el monto de la misma, pero no para “excluir el salario del
trabajador como elemento calificador del monto pensional”.» [Resalta la Sala]

Adicionalmente, en sentencia C-535 de 2005 el tribunal constitucional, después de
concluir que, pese a la derogatoria expresa del Decreto 10 de 199217, el artículo 57
de dicha normatividad seguía surtiendo efectos jurídicos, lo declaró inexequible. En
dicha providencia concluyó:

«No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas constitucionales
planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación
de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el
salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el
salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en uno y otro caso
se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato
de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan
lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.
Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea
jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por
lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada.» [Resalta la
Sala]

17 Fue derogado por los artículos 95 del Decreto 1181 de 1999 y 96 del Decreto 274 de 2000.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

De otra parte, frente a los efectos en el tiempo de las decisiones que dejaron sin
efectos jurídicos aquellas normas que disponían que la liquidación y pago de las
prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores que
prestaban sus servicios en el exterior se hiciera con base en las asignaciones de un
cargo equivalente de la planta interna, es importante precisar que en sentencia T-
098 de 2006, la Corte Constitucional le otorgó efectos inter comunis.

En la providencia referida en el párrafo anterior, el tribunal constitucional, le amparó
los derechos fundamentales a un ex servidor, a quien le había sido negada la
reliquidación pensional, con el argumento de que la decisión contenida en las
sentencias C-292 de 2001 y C-173 de 2004, tienen efectos hacia futuro, por lo que
en el numeral tercero de la parte resolutiva señaló de manera expresa:

«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial consolidada, en
el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes
hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando como
base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior, se PREVIENE al
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes, para que la precitada
doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes.» [Resalta la Sala]

Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo y la línea jurisprudencial
expuesta, se advierte que tanto el ingreso base de cotización como el ingreso base
de liquidación para efectos del reconocimiento pensional de los funcionarios que
prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se tendrá como base el salario efectivamente devengado.

2.2.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios de la
transición de la Ley 100 de 1993

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201818, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33
de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

18 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de
todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión. Esto señaló
la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«[…] - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.»

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones».

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o
el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio19 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los
que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.2.3. El régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988

La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se permitía
que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado
como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación
sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad que
imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban en

19 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.

Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».

Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y
posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:

«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto
1474 de 199720. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 201421, por considerar que desconocía la
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:

«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).

Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios

20 Por el cual se derogan, modifican y lo adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748

de 1995 y se dictan otras disposiciones
21 Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011) consejero ponente: Gerardo Arenas

Monsalve.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».

Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir del tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, esto es, que se debía
liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los aportes
durante el último año de servicios.

El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
servicios. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201822, expuesta en líneas anteriores, a partir de la cual el Consejo de Estado se
inclinó por la taxatividad de los factores de salario y concluyó que el ingreso base
de liquidación del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas que se benefician de este.

Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como régimen
anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla
y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por la Sala Plena de la Corporación23, es decir que el IBL debe establecerse
en los términos del inciso 3 del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y
del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6 del Decreto 2709
de 1994.

2.3. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Aida Lega Aljure nació el 28 de octubre de 195224 y prestó sus servicios en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en las plantas interna y externa desde el 1° de
agosto de 1974 hasta el 24 de febrero de 1994 y desde el 15 de septiembre de 1997
hasta el 26 de enero de 1999. Ocupó los cargos de cónsul de primera clase, grado
ocupacional 3EX, en el Consulado General de Colombia en Ámsterdam (Países
Bajos) y consejero grado ocupacional 4EX, en la embajada de Colombia ante el
gobierno de Suecia. Como servidor de la planta externa del aludido Ministerio

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018 radicado 2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado. Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01
24 Según consta en la copia de su cédula de ciudadanía y de su registro civil de nacimiento. Folios 3

y 4 del cuaderno anexo.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

percibió su salario en dólares y marcos alemanes. Además, devengó los siguientes
factores25:

Año Planta Moneda Factores
1985
1986
1987
asignación básica
1988 Externa Dólares
prima de navidad
1989
1990

1991
asignación básica
1992 prima de vacaciones
Peso
Interna prima de servicios
1993 colombiano
bonificación por servicios
1994 prima de navidad
1997
asignación básica
1998 Externa Marco alemán prima de navidad
prima de costo de vida
1999

• La coordinadora de nómina y prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
certificó Aida Lega Aljure prestó sus servicios en esa entidad y que desde el 1° de
agosto de 1974 hasta el 24 de febrero de 1994 se efectuaron descuentos para el
sistema general de seguridad social en pensiones con destino a Cajanal, y que lo
propio se hizo al Instituto de Seguro Social desde el 15 de septiembre de 1997 hasta
el 26 de enero de 1999. Además, señaló lo siguiente26:

«[D]e conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto Ley 2016 de 1968, las
prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa de liquidaban y pagaban
tomando como base el sueldo del cargo equivalente en la planta interna. Que de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 “Las
prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los
administrativos locales, se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo
equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que el artículo
1 del Decreto 314 de 1994, disponía “Límite de la Base de Cotización obligatoria.
Limítase a 20 salarios mínimos legales mensuales la base de cotización al Sistema
General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993”. Decretos 3152 de 1990, 2373 de
1996, 2767 de 1997 y 2354 de 1998, por los cuales se liquida el presupuesto general de
la nación para cada una de las vigencias, los aportes para Seguridad Social de los
funcionarios de la planta externa del Ministerio se realizarán tomando como base el
sueldo del cargo equivalente en la planta interna».

• A través de la Resolución 042246 del 17 de septiembre de 2008, el gerente II del
Centro de Atención de Pensiones Seccional Cundinamarca del Seguro Social le
reconoció una pensión de jubilación por aportes a Aida Lega Aljure a partir del 28

25 Tal y como lo certificó la coordinadora de nómina y prestaciones del Ministerio de Relaciones

Exteriores. Folios 27 a 33.
26 Folios 27 a 33.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

de octubre de 2007 en cuantía de $ 1.324.004. En la liquidación se tuvo en cuenta
el promedio de lo devengado o cotizado durante el tiempo que le hacía falta para
tener derecho a la pensión, a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones y los factores salariales taxativamente señalados en el Decreto 1158
de 199427, esto es «la liquidación se efectuó tomando en cuenta los salarios de los 3650
días anteriores a la última fecha de cotización». Esta decisión se notificó el 11 de
noviembre de 200828.

• El 26 de junio de 2009, a través de la Resolución 27021, se rechazaron los
recursos de reposición y apelación interpuestos en contra del acto anterior, con
fundamento en que «el tiempo de servicio al sector público y el cotizado al ISS, permite
cumplir 20 años, 07 meses y 19 días, con los cuales no adquiría el derecho a su pensión
de jubilación, no obstante el Seguro Social reconoció la prestación son que tuviera el
derecho»29.

• Mediante la Resolución 005990 del 22 de octubre de 2009, el gerente de la
Seccional Cundinamarca se pronunció sobre el recurso de queja presentado por la
demandante y ordenó resolver los recursos de reposición y en subsidio apelación
interpuestos en contra de la Resolución 042246 del 17 de septiembre de 200830.

• El 24 de febrero de 2010, el Seguro Social expidió la Resolución 005134 por la
cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 042246 del 17 de
septiembre de 2008, con fundamento en que la prestación se reconoció con lo
cotizado por el empleador y que fue discriminado en la historia laboral31.

• El gerente encargado de la Seccional Cundinamarca emitió la Resolución 04402
del 4 de noviembre de 2010, mediante la cual confirmó el acto recurrido con
similares argumentos a los expuestos en la decisión anterior32. Esta decisión fue
notificada el 24 de enero de 201133.

• A través de la Resolución 032717 del 15 de septiembre de 2011, el Seguro Social
negó la solicitud de reliquidación de la pensión, pues para la liquidación de la
pensión se tuvo en cuenta el ingreso base con el cual la entidad empleadora realizó
los aportes al Sistema General de Pensiones a través del sistema de autoliquidación
de aportes, conforme los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 199434. Esta decisión fue notificada el 21 de octubre de 201135.

2.4. Análisis del régimen pensional aplicable en el caso concreto

27 Folios 4 a 6.
28 Folio 7.
29 Folios 8 a 11.
30 Folios 12 a 15.
31 Folios 16 a 19.
32 Folios 20 y 21.
33 Folio 22
34 Folios 23 a 25.
35 Folio 26

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

La Sala encuentra necesario señalar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que
era viable que la pensión se liquidara con el equivalente al 75% del salario
efectivamente devengado en la planta externa; sin embargo, dispuso que en la
liquidación se tuvieran en cuenta los factores salariales devengados en el último
año de servicio.

Al respecto, Colpensiones expuso en el recurso de apelación, que la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 únicamente había dejado a salvo
los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de los regímenes
anteriores, por lo tanto, el IBL a aplicar era el previsto en la aludida Ley 100.

Lo anterior permite concluir que las condiciones en que se reconoció el derecho en
relación con la inclusión del salario efectivamente devengado en la planta externa,
teniendo en cuenta para ello la tasa de cambio que regía para la época, no fue
puesto a consideración en esta instancia, razón por la cual esta Subsección no
encuentra mérito para realizar estudios adicionales a los que se abordarán a
continuación, esto es, los relativos al periodo y los factores salariales que deben
verificarse en la liquidación de la prestación. Ello, toda vez que el marco de la
competencia del juez en segunda instancia está delimitado por los argumentos de
la apelación, tal y como lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso.

Una vez analizado el material probatorio, la Sala encuentra que i) la demandante es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, toda vez que nació el 28 de octubre de 1952, de suerte que para el 1° de abril
de 199436 tenía 41 años, 5 meses y 4 días de edad; ii) acreditó 20 años, 11 meses
y 4 días de servicios, en tanto estuvo vinculada por ese periodo con el Ministerio de
Relaciones Exteriores; y iii) alcanzó la edad requerida para pensionarse, según lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, el 28 de octubre de 2007, fecha en
la cual cumplió 55 años de edad. De manera que consolidó su derecho pensional
en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En tal sentido, contrario a lo señalado por el a quo, los parámetros a observar para
liquidar la pensión están contenidos en las reglas de unificación de la sentencia del
28 de agosto de 201837 a la que se hizo alusión en líneas anteriores, esto es i) los
factores salariales que se deben incluir son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones; y ii) el periodo a tener en cuenta es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En efecto, a partir de aquella decisión, esta corporación se inclinó por la taxatividad
de los factores, los cuales se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994 que

36 Fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos del nivel

nacional.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, M.P. César Palomino Cortés.

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994 «por el cual se incorporan los servidores
públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones». Estos son:

«Artículo 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes
factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados»

En consecuencia, conforme con lo demostrado en el proceso, la prestación
reconocida a Aida Lega Aljure debe liquidarse con el promedio de lo devengado en
los últimos 10 años de servicios y la inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios, puesto que las primas de navidad, de vacaciones, de
servicios y de costo de vida, no constituyen factor salarial.

Valga reiterar que la regla y las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, constituyen un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos
fáctica y jurídicamente iguales, pues en aquella oportunidad se dispuso que esa
decisión se aplicaría con efectos retrospectivos «a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Así las cosas, la prestación que por virtud de esta decisión se reliquida, deberá tener
en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, anteriores a la fecha
de retiro, y los factores salariales corresponden a los previstos en el Decreto 1158
de 1994. Además, la prestación estará sujeta al límite de los 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo
01 de 2005. Las anteriores razones imponen modificar la sentencia de primera
instancia.

2.5. Costas

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.38

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Aida Lega Aljure no tiene
derecho a que su pensión se liquide con el último año de servicio y todos los factores
salariales devengados; de forma que se modificará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 28

38 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016,

C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017)
Demandante: Aida Lega Aljure

de marzo de 2017 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Aida Lega Aljure, los cuales quedarán así:

Primero. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 042246 del 17 de septiembre
de 2008, 027021 del 26 de junio de 2009, 005990 del 22 de octubre de 2009, 005134
del 24 de febrero de 2010, 004402 del 4 de noviembre de 2010 y 032717 del 15 de
septiembre de 2011, por medio de las cuales se reconoció una pensión de jubilación por
aportes a favor de Aida Lega Aljure, se resolvieron los recursos interpuestos en su contra
y se dispuso sobre la reliquidación reclamada.

Segundo. Como consecuencia de la anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a reconocer y
pagar la pensión de jubilación a Aida Lega Aljure, identificada con cédula de ciudadanía
41.583.363, en el equivalente al 75 % del salario promedio de los últimos diez años de
servicio, con la inclusión en el ingreso base de liquidación de la asignación básica y
la bonificación por servicios, a partir del 28 de octubre de 2007. Sujeta al límite de los
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al momento de reliquidar la pensión, deberá hacer la conversión de dólares y marcos
alemanes a pesos colombianos, tomando en cuenta para ello la tasa de cambio que
regía para la fecha.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

SLVA

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