Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01516-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Traslado del régimen de prima media con prestación definida a régimen de ahorro individual
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01516-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2012-01516-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
13 de agosto de 2021
TRASLADO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA A RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL / RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Pérdida / RETORNO DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL AL DE PRIMA MEDIA – Requisito para obtener beneficio de régimen de transición, edad y 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994 / CARGA DE LA PRUEBA
[N]o se puede desconocer que para aplicar el régimen de transición en el presente asunto se requiere de dos requisitos en particular, el primero, que la demandante reúna los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, edad o tiempo de servicio, y el segundo, que surge como consecuencia del cambio de régimen (pues se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad), para lo cual es necesario, que demostrara 15 años de servicio cotizados al 1 de abril de 1994. En este orden de ideas, la Sala observa que aun cuando la señora Hoyos Collazos tenía 42 años al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, pues nació el 11 de diciembre de 1951, lo cierto es que, en virtud del traslado que efectúo al régimen de ahorro individual con solidaridad el 29 de enero de 1999, no se cumple con el segundo de los supuestos antes mencionados, ya que para el 1 de abril de 1994 sólo había cotizado 12 años, 8 meses y 14 días, teniendo en cuenta que comenzó a laborar el 15 de julio de 1981. (…) Ahora bien, es importante precisar que, frente a la retractación ante el Fondo Privado Horizontes que según la apelante llevó a cabo la señora Hoyos Collazos; nótese que, tal y como quedó probado en las documentales avizoradas en el expediente; y si bien es cierto, del contenido del documento se extrae la manifestación de retractación de la afiliación; lo cierto es que, no se evidencia la fecha en que la actora lo suscribió, y mucho menos, el soporte de radicación ante el fondo pensional, que demuestre que él mismo se presentó dentro del término legal y oportuno; tal y como lo exige el canon 3 del Decreto 1161 de 1994 . Así también, la Subsección precisa que en el sub examine no es aplicable el Decreto 3995 de 2008, toda vez que contrario a lo aducido por la demandante; quedó establecido que, la señora Hoyos Collazos se retractó de la afiliación al fondo privado cuando ya era efectiva la afiliación y vinculación al régimen de ahorro individual. Aunado a que, el reconocimiento pensional se solicitó en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994, dado que la petición inicial se llevó a cabo en el año 2002, cuando aún no existía el enunciado decreto. NOTA DE RELATORIA: Referente al retorno de régimen de ahorro individual al de prima media y conservar el beneficio del régimen de transición, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-62, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con el retorno del régimen de ahorro individual al de prima media y la perdida de los beneficios del régimen de transición, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de enero de 2019, Rad. 81001-23-39-000-2015-00033-01(4221-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3800 DE 2003 / LEY 797 DE 2003 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 13
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., 13 de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-25-000-2012-01516-01(3145-16)
Actor: VIRGINIA HOYOS COLLAZOS
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Decreto 01 de 1984
Asunto: Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Cambio de régimen pensional. Pérdida de régimen de transición al no acreditar requisito de tiempo de servicios o cotización. Ley 33 de 1985.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 22 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
La demanda
Pretensiones
La señora Virginia Hoyos Collazos, actuando a través de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1) Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo (…) complejo compuesto por 1) Auto No. 00002 del 06 de marzo de 2007, 2) Resolución No. 007861 del 27 de febrero de 2008, 3) Resolución No. 002522 del 19 de mayo de 2009 y 4) Resolución No. 031490 del 25 de octubre de 2010 -, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales se niega a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la señora VIRGINIA COLLAZOS a la cual tiene derecho, aduciendo que tal trámite y reconocimiento corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones Horizonte S.A.
2) Que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo demandado citado, se ORDENE al Instituto de Seguros Sociales - ISS-, a tramitar y decidir la solicitud pensional de mi mandante VIRGINIA HOYOS COLLAZOS, tal como lo disponen los artículos 20 y 50 del Decreto 3995 de 2008.
3) Que se declare que mi representada pertenece al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que por lo tanto se le debe reconocer y pagar su pensión de jubilación dando aplicación al régimen de transición establecido en la ley 33 de 1985 y en la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), del H. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Admirativo, con el retroactivo correspondiente.
4) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al Instituto de Seguros Sociales - ISS-, a reconocer y pagar a la señora VIRGINIA HOYOS COLLAZOS, o a quien represente sus derechos la pensión de jubilación a partir del 11 de diciembre de 2006, teniendo en cuenta lo estatuido en el artículo 10 de la Ley 33 de 1985, incluyendo todos los factores saláriales devengados durante el último año de servicios, certificados por el Hospital San Cristóbal, sin limitación alguna, actualizando la base salarial para la liquidación respectiva .
5) Condenar al Instituto de Seguros Sociales a cancelar lo establecido en la sentencia, reconociendo a la pensión el reajuste anual, dispuestos por el art. 48 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la Ley 100 de 1993, y los que en lo sucesivo se causen y a que se continué pagando la pensión mensualmente por el valor establecido legalmente.
6) Que en virtud del principio de Reparación Integral establecido en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, e inciso final del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo se ordene al Instituto de Seguros Sociales - ISS-, a reconocer y pagar a la actora el equivalente a cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por concepto de perjuicios morales por el daño causado a mi representada con ocasión de la negativa a concederle la Pensión de Jubilación a que tiene derecho, sometiéndola a un desgaste consistente en busca de asesoría jurídica para efectos de presentar derechos de petición, acción de tutela, desacato etc., y ahora recurrir a la vía contenciosa para lograr así que le sea reconocido su derecho, desgaste que a la fecha de presentación de la presente demanda lleva un tiempo de cinco (5) años y dos (2) meses, en los que mi representada se ha visto privada de sus ingresos, y ha tenido que incurrir en gastos de servicios de salud para ella su familia, gastos que ascienden a la suma aproximada de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 45 '000.000), todo lo cual se requiere para una vida digna.
7) Que la entidad demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y la Sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo y la Sentencia de 27 de abril de 2000 Exp. 2955-99. Actor: Jesús Alirio Caicedo Gutiérrez, Consejero Ponente: Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO”.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
La señora Virginia Hoyos Collazos nació el 11 de diciembre de 1951, e ingresó a laborar en la Secretaría Distrital de Salud el 15 de julio de 1981 afiliada para pensiones a la Caja de Previsión Distrital (FAVIDI), ente de previsión al cual estuvo vinculada hasta el 30 de diciembre de 1995. Desde el 1 de enero de 1986 se trasladó al Instituto de Seguros Sociales (ISS), donde continuó cotizando en forma ininterrumpida hasta la fecha del retiro del servicio, esto es, 20 de enero de 2002. Es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para la fecha de entrada en vigor contaba con 42 años de edad; razón por la cual, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, procedió a elevar requerimiento ante el Instituto de los Seguros Sociales para que se le reconociera la pensión de vejez. El día 29 de enero de 1999, un asesor del Fondo de Pensiones COLPATRIA hoy HORIZONTE, le proporcionó información incorrecta “según la cual era más beneficioso afiliarse a ese fondo”, siendo asaltada en su buena fe y firmó un formato de afiliación; no obstante, “al día siguiente con más claridad y previo análisis de su situación laboral se retractó de su decisión, mediante escrito que reposa tanto en su hoja de vida, como en los archivos del Fondo”. Sostiene que, la retractación se efectuó dentro de los términos señalados en el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994, dando aviso de ello a la entidad empleadora; sin embargo, por cuestiones de trámites la entidad para la cual prestaba sus servicios alcanzó a realizar cinco (5) cotizaciones a COLPATRIA hoy HORIZONTE, las cuales fueron simultáneas tanto en ese Fondo como al ISS. Expresa que, una vez el Hospital San Cristóbal dejó de realizar los descuentos por concepto de pensión para el Fondo de Pensiones COLPATRIA hoy HORIZONTE, efectuándolos al ISS, entendió que su retractación había sido aceptada, y que, por ende, fue legalmente afiliada al ISS. Indica que, nunca dejó de cotizar al ISS “lo que prueba su voluntad de seguir cotizando para dicho Ente de Previsión”. Manifestación que es corroborada por el Departamento Nacional de Conciliación mediante oficio 16210.02.01 GNR-DC-22796 del 14 de septiembre de 2009, en el cual certifica que sus aportes a ese Fondo aparecen sin novedad alguna desde 1996-01 hasta 2002-1. Precisa que, por la firma del formato de afiliación al Fondo de Pensiones COLPATRIA hoy HORIZONTE y las cotizaciones realizadas al mentado Fondo, el ISS mediante auto de 6 de marzo de 2007, le informó que devolvería los documentos de solicitud pensional al citado Fondo, de conformidad con lo señalado en el memorando VP 00014416 de 23 de septiembre de 2004. Manifiesta que, con anterioridad al 31 octubre de 2006, radicó ante AFP BBVA -HORIZONTE un escrito en el que informaba que se había enterado, de que esa entidad estaba solicitando su certificado para un bono pensional, recordándoles que por mala asesoría se había afiliado a dicho Fondo. De igual forma expresa que, esa situación no era ajena para ese Fondo, pues la Coordinadora de Talento Humano del Hospital San Cristóbal (donde prestó sus servicios); atendiendo una solicitud de Horizonte S.A, mediante oficio de 19 de enero de 2006, le remitió copia de la retractación por ella realizada. Contra la anterior decisión, interpuso los recursos de reposición y apelación solicitando "se revocara la decisión tomada por el comité de multivinculación celebrado el 13/12/2006, en la que se dispuso que el trámite y decisión de la solicitud pensional de mi representada la correspondía a la Administradora de Fondo de Pensiones Horizonte S.A.” Los cuales fueron resueltos de manera desfavorable en las Resoluciones 0007861 de 27 de febrero de 2008 y 002522 de 19 de mayo de 2009, respectivamente. El día 20 de enero de 2008, solicitó se tuviera en cuenta lo dispuesto en el Decreto 3995 de 16 de octubre de 2008, “referida a multiafiliaciones”.
Dicho requerimiento fue atendido en forma negativa por Resolución de 19 de mayo de 2009 que resolvió el recurso de apelación. Ante la negativa, pidió concepto a la Oficina Jurídica del ISS sobre la viabilidad de la aplicación del Decreto 3995 de 2008, y ante lo cual se emitió por parte del Director Jurídico Nacional del ISS el concepto 16367 de 2 de octubre de 2009, sin decisión de fondo. Por Resolución 031490 de 25 de octubre de 2010, el ISS emite pronunciamiento acerca de la viabilidad
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Constitución Política, artículos 13, 25, 48, 53, 122 y 123; Código Contencioso Administrativo, artículos 2, 36, 76, 77,84 y 85; Ley 100 de 1993; Decreto 3800 de 2003, articulo 2; y Decreto 3995 de 2008, artículo 5°.
Al desarrollar el concepto de violación la parte actora indicó que, en el evento de considerarse que la retractación no era válida y por ello se configuraba la multiafiliación, ha debido aplicarse el artículo 2 del Decreto 3800 de 2003, en el cual se determina que las personas que se encuentren en una situación de multiafiliación de régimen ante las administradoras del sistema general de pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994 “deberán elegir el régimen al cual deseen estar vinculados, y que dado el caso de no hacerlo, se entenderán vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha". De lo cual subraya que para enero de 2004 estaba cotizando al ISS.
Señaló que, el Gobierno Nacional con el fin de dar una solución definitiva y por una única vez para los casos de multiafiliación, expidió el Decreto 3995 de 16 de octubre de 2008, privilegiando la voluntad de los cotizantes. No obstante, el ISS no analizó su situación en virtud de dicha norma.
2. Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, así:
Señaló que, la Ley 100 de 1993 estableció dos tipos de sistemas para cotizaciones en pensiones, uno de prima media y otro de ahorro individual; la afiliación a algunos de estos sistemas se hace de forma libre y voluntaria.
Indicó que, una vez el trabajador se haya afiliado a uno de los sistemas pensionales, “el Legislador previó unos parámetros, requisitos y plazos para que el afiliado pueda cambiarse tanto de administradora de pensión como del régimen mismo”.
Advirtió que, para ser efectiva la afiliación a una administradora de pensiones, basta con la “vinculación formal, aceptación del administrador y la cotización efectiva”.
Refirió que, la retractación de la actora se hizo cuando la afiliación al sistema de ahorro individual ya era efectiva. Sumado a que, se actuó teniendo la normatividad aplicable al momento de solicitar el derecho pensional (Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994); puesto que, la petición inicial se hizo en el año 2002, “fecha en la cual no existía el Decreto 3995 de 2008”; deduciendo que, por el principio de irretroactividad de la ley es imposible aplicar una norma que ni siquiera existía en la vida jurídica para el momento de los hechos.
Advirtió que, es “cierto que la demandante siguió cotizando al I.S.S. también es cierto que lo hizo a Horizonte y la vinculación se hizo ante esa entidad de forma regular, de tal manera que dicha afiliación excluyó y revocó ipso facto la vinculación al sistema de prima media y por lo tanto la afiliación al I.S.S.”
Explicó que, la afiliación a Horizonte fue efectuada de forma libre, espontánea y regular “produciendo efectos legales y a la cual le es aplicable la Ley 100 de 1993, antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003”; la cual prescribía en su artículo 13, literal E, que “el traslado de régimen pensional podía darse una sola vez cada 3 años”; por lo tanto, la demandante una vez se cambió al régimen de ahorro individual con prestación definida, tenía que esperar “por lo menos 3 años para volver al régimen de prima media”.
Precisó que, la Administradora de Fondos Pensionales Horizonte consideraba como cotizante activa a la demandante; tanto así, que realizó gestiones para la expedición del traslado de los derechos pensionales que la actora tenía en el ISS.
Resaltó que, es inconsistente la retractación adelantada por la demandante ante el Fondo Privado Horizontes, toda vez que el oficio a través del cual manifiesto tal voluntad no contiene fecha, ni consta la radicación ante el Fondo. Luego, por esas inconsistencias no fue efectiva dicha retractación y, por el contrario, quedo sentada y ejecutoriada la afiliación al régimen de ahorro individual.
Refirió que, solo pueden regresarse al régimen de prima media aquellos que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993; esto es, 1 de abril de 1994 contaran con 15 o más años de cotización.
Propuso los medios exceptivos que denominó “inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido” y “buena fe”.
La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de abril de 2016, negó las pretensiones de la demanda.
Precisó que, si la demandante estando afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pretendía devolverse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, debió esperar por lo menos 3 años para efectuar el traslado, (lo que en efecto no sucedió).
Indicó que, el hecho que el empleador desde junio de 1999 hasta la fecha del retiro del servicio de la actora “le haya efectuado las cotizaciones para pensiones en el Instituto de Seguros Sociales (hoy liquidado)”; ello no implicaba el regreso al régimen de prima media; pues tal afiliación, no se consideraba válida por no haberse efectuado dentro del término legal.
Luego, el Instituto en atención a lo previsto en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, traslado las cotizaciones a la administradora cuya afiliación era legítima, “de ahí que se observe en el reporte de semanas, el comentario Vinculado Traslado RAI”.
Señaló que, a la actora no le es aplicable el Decreto 3995 de 16 de octubre de 2008, “por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993”, toda vez que el mismo entró en vigor a partir de la fecha de su publicación, esto es, 17 de octubre de 2008 y para ese entonces ya se había definido la situación de multivinculación de la demandante. De manera que, se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Sostuvo que, con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, se estableció un régimen de transición que permitía la aplicación de la normatividad anterior al nuevo sistema, esto es, a la fecha de entrada en vigor (1 de abril de 1994 para los empleados públicos del nivel nacional y 30 de junio de 1995 para los del orden territorial); contaran con 35 años de edad, en el caso de las mujeres, o 40 años para los hombres, o que cumplieran 15 años de servicio. De modo que, para la procedencia de la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no solamente es necesario acreditar 15 años de servicios cotizados, sino también: i) el traslado del saldo de la cuenta de ahorro individual del RAIS al de Prima Media con Prestación Definida, ii) el saldo no podrá ser inferior al monto total del aporte legal que hubiere correspondido a la prestación de vejez propia de este último régimen.
Así también, puso de presente que de acuerdo con los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las personas que encontrándose en el régimen de prima media con prestación definida se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y luego decidan volver, pierde el beneficio establecido en el régimen de transición.
Argumentó que, en el sub judice para el 1 de abril de 1994, la señora Virginia Hoyos Collazos contaba con 12 años, 8 meses y 17 días de servicios, y para la entrada vigencia del sistema general de pensiones para los empleados del nivel territorial, esto es, 30 de junio de 1995, tenía 13 años, 11 meses y 16 días de servicio; por lo tanto, no puede volverse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, dado que, en las fechas antes señaladas no contaba con 15 años de servicios o cotización. Motivo por el cual, negó las pretensiones de la demanda al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos demandados.
4. Recurso de apelación
La señora Virginia Hoyos Collazos, actuando a través de apoderada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca.
Sostuvo que, quedó demostrado que el traslado de Fondo nunca se surtió, ya que el Fondo de Pensiones Colpatria tenía que haber notificado dicha novedad al ISS de conformidad con lo establecido el numeral 3.4 “Reporte de solicitudes de traslado a la administradora anterior”; de la circular 019 de 1998 vigente para la fecha de los hechos, “quedando así mi representada incursa en una situación de multivinculación”. Diferente es que, posterior a la contestación de la demanda Colpensiones haya procedido a realizar el traslado de los aportes que hizo mi representada y la haya desvinculado. Situación que se genera posterior a la fecha en que mi representada adquirió el status de pensionada.
Señaló que, a su prohijada le es aplicable el Decreto 3995 de 2008 teniendo en cuenta lo siguiente: (i) el ámbito de aplicación del mismo, (ii) que para la fecha de su publicación el Auto No. 000002 de 6 de marzo de 2007 no se encontraba en firme, por cuanto estaba pendiente de que resolviera el recurso de apelación que se había interpuesto y que finalmente fue resuelto por Resolución 002522 de 19 de mayo de 2009, tal como se expone en los hechos décimo tercero a décimo quinto de la demanda, y (iii) lo expuesto por el Director Jurídico Nacional del ISS, mediante concepto 16367 de 2 de octubre de 2009.
Refirió que, su representada no ha perdido el beneficio previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el régimen de transición, toda vez que su caso debe resolverse acorde a la normatividad que fue expedida para resolver las multivinculaciones, “ya que así fue definido en el respectivo comité por cuanto los elementos que lo conforman así lo definen”, y como lo indicó en párrafos anteriores, “su representada mientras cotizaba para su pensión nunca se desvinculó del ISS, cotizó paralelamente 3 meses al ISS y al Fondo de Pensiones Colpatria, pero sus cotizaciones al ISS fueron ininterrumpidas y sin novedad alguna”. La desvinculación la hizo Colpensiones mucho tiempo después de que la señora Virginia Hoyos Collazos hubiera adquirido su status de pensionada.
5. Alegatos de conclusión
La parte actora, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso vertical .
La entidad accionada, guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
Luego de hacer un resumen completo de las actuaciones surtidas en el proceso de la referencia, la Procuradora Tercera delegada ante el Consejo de Estado, iteró que, tal como se encuentra acreditado en el expediente la demandante adquirió su status pensional el 11 de diciembre de 2006, esto es, al cumplir 55 años; de conformidad con lo dispuesto en la ley 33 de 1985, “y como quiera que para el 1 de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad y más de 11 años de servicio en el distrito”; la hace beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sostuvo que, no obra prueba de que los aportes hechos por la demandada a pensiones hayan sido consignados al Fondo de Pensiones Colpatria; es más, se encuentra certificación del ISS del pago de los aportes desde enero de 1996 hasta enero de 2002, sin ninguna novedad suscrito por la Jefe del Departamento Nacional de Conciliación ISS.
Indicó que, se encuentra dentro del expediente comunicación de retractación dirigida a Colpatria por parte de la demandante “informando que ya no se trasladaría a dicho fondo por razones de conveniencia y falta de información”; sin que, se presentara observación sobre el contenido y alcance de la misma por parte de Colpatria, ni del empleador; razón por la cual, nunca estuvo vinculada al mismo, así como tampoco se presentó una múltiple vinculación entre ambos regímenes, quedando de esta manera vigente la vinculación al ISS hoy COLPENSIONES.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará si la señora Virginia Hoyos Collazos conserva el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber acreditado más de 42 años de edad al 1 de abril de 1994, y haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad y regresado nuevamente al régimen de prima media con prestación definida.
Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados relevantes; y 2.3 Caso concreto.
Marco normativo y jurisprudencial
2.1.1. Regímenes del sistema general de pensiones creados en la Ley 100 de 1993
El Congreso de la República a través de la Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, que quedó conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.
El sistema general de pensiones, por su parte, reconoce la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para lo cual se dispuso la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores de los sectores público y privado en forma unificada. Sin embargo, exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial.
El artículo 12, de la mencionada ley, estableció dos regímenes de pensiones a saber: i) el régimen solidario de prima media con prestación definida y; ii) el régimen de ahorro individual con solidaridad.
En cuanto al primero, el artículo 31 ibídem lo define como “(…) aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas (…)”. Y el artículo 32 literal b) de dicha norma, señala que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen “(…) un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley (…)”.
Las personas afiliadas al régimen solidario de prima media con prestación definida obtendrán el derecho a la pensión de vejez, previamente establecida por la ley, cuando cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ellos son: a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 años respectivamente; y b) acreditar mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarían a partir del 1 de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.
Por otra parte, el régimen de ahorro individual con solidaridad está definido en el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 como “(…) el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados (…)”.
En tal régimen, a diferencia del de prima media con prestación definida, el monto de la pensión no es determinado por la ley, sino que el mismo depende, en los términos del literal a) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, “(…) de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar (…)” lo que implica que sea variable.
En lo concerniente a los requisitos para obtener la pensión de vejez, el legislador estableció que quienes se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen derecho a obtener la pensión de vejez una vez hayan reunido en su cuenta individual el capital necesario para financiarla y siempre que la cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente. A diferencia del régimen de prima media con prestación definida, la norma no exige al afiliado el cumplimiento de una edad determinada o de un número específico mínimo de semanas de cotización.
2.1.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. El traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y sus implicaciones
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, previó un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez. El régimen de transición les permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al momento de entrar en vigor la ley.
La jurisprudencia ha sido consistente al señalar que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se creó con el propósito de proteger las expectativas legítimas que en materia pensional tenían los trabajadores afiliados al régimen de prima media que al momento de entrar en vigencia el SGP, es decir, a 1° de abril de 1994, estaban próximos a adquirir su derecho a la pensión de vejez. En virtud de dicho régimen, aquellos pueden hacer efectivo su derecho a la pensión de vejez, conforme con los requisitos previstos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, ante la creación de un nuevo ordenamiento que exige mayores cargas para acceder a tal prestación.
El legislador creó el régimen de transición a favor de tres categorías de trabajadores, como lo indicó en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece:
1.- Los hombres que tuvieran más de cuarenta años
2.- Las mujeres mayores de treinta y cinco años
3.- Los hombres y mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados
Estos requisitos se deben cumplir al momento de entrar en vigor el sistema general de pensiones (1° de abril de 1994) y, son disyuntivos, por lo que basta con que en cabeza de una persona se configure alguna de las premisas anteriormente descritas para que frente al Estado Social de Derecho aquel ostente un derecho adquirido al régimen de transición.
No obstante, es importante señalar que de acuerdo con los incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993 una persona puede quedar excluida de la aplicación del régimen de transición, cuando se configura alguno de los siguientes supuestos:
“(…) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)”.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, declaró la constitucionalidad condicionada de los anteriores incisos y se pronunció sobre la conservación de los beneficios del régimen de transición ante un eventual traslado de régimen pensional, bajo los siguientes argumentos:
“(…) La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo.
(…)
En virtud de lo anterior, no resulta admisible el argumento que esgrime el demandante, en el sentido de que quienes cumpliendo la edad y teniendo afiliación vigente al momento de entrar a regir el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, consolidaron en su cabeza una situación jurídica o adquirieron un derecho, por el tiempo en que se mantuvieron en el régimen de prima media con prestación definida, pues para el momento en que renunciaron voluntariamente a dicho régimen no habían adquirido el derecho a la pensión. Tenían apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad.
En efecto, al entrar a regir la Ley 100 de 1993, una de las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición y tener la expectativa de acceder al régimen de transición era precisamente no renunciar al sistema de prima media con prestación definida. Por lo tanto, no puede afirmarse que las personas que renuncian a este sistema se les hubiera siquiera frustrado una expectativa legítima, pues para las personas que no han adquirido el derecho a la pensión, pero tienen la edad para estar en el régimen de transición, ésta existe como tal, únicamente en la medida en que cumplan con no renunciar al régimen de prima media (…) (Resaltado fuera de texto).
A su turno, el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003 expedido por el Presidente de la República, “Por el que se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003”, relacionado con la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, indicó:
“(…) Artículo 3º. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (…)”.
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU- 130 de 2013, unificó sus criterios en relación con el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y sus implicaciones, señalando lo siguiente:
“(…) 10.2. No obstante, el régimen de transición así concebido no resulta una prerrogativa absoluta de quienes hacen parte de los tres grupos de trabajadores a los que se ha hecho expresa referencia, pues según lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la citada ley, en las dos primeras categorías, esto es, los beneficiarios por edad, el régimen de transición se pierde (i) cuando el afiliado inicialmente y de manera voluntaria decide acogerse al régimen de ahorro individual con solidaridad o (ii) cuando habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decide trasladarse al de prima media con prestación definida.
10.3. Así las cosas, los sujetos del régimen de transición, tanto por edad como por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional al cual desean afiliarse, pero la elección del régimen de ahorro individual o el trasladado que hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible, para el caso de quienes cumplen el requisito de edad, la pérdida de los beneficios del régimen de transición. En este caso, para efectos de adquirir su derecho a la pensión de vejez, deberán necesariamente ajustarse a los parámetros establecidos en la Ley 100/93.
(…)
Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994.
10.8. Ello, por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna.
10.9. Como ya se indicó, en el primero de dichos fallos, la Corte avaló el mandato legal que excluye del régimen de transición a los beneficiarios por edad que se acogieran al régimen de ahorro individual o se trasladaran a él, entendiendo que de ningún modo tal restricción resultaría aplicable para quienes cumplen con el requisito de tiempo de servicios cotizados, pues no se aviene al principio de proporcionalidad que quienes han contribuido con el 75% o más de cotizaciones al sistema, terminen perdiendo las condiciones en las que inicialmente aspiraban a recibir su pensión. En el segundo pronunciamiento, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la prohibición de traslado de régimen cuando al afiliado le falten diez años o menos para cumplir la edad de pensión, bajo el entendido que tal prohibición no aplica para los sujetos del régimen de transición beneficiarios por tiempo de servicios, quienes podrá regresar al régimen de prima media con prestación definida “en cualquier tiempo”, con los beneficios del régimen de transición.
10.10. Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar la jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, deberán trasladar a él la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media. De no ser posible tal equivalencia, conforme quedó definido en la Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual debe hacer dentro de un plazo razonable.
10.11. En el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, tuvieren treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse. En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición.
10.12. Finalmente, no está por demás precisar que, respecto de los demás afiliados al SGP, es decir, quienes no son beneficiarios del régimen de transición, para efectos del traslado de régimen pensional, también se les aplica la regla anteriormente expuesta, contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, ambas normas interpretadas por la Corte, con efectos de cosa juzgada constitucional, en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la presente decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio de unificación adoptado en torno al tema del traslado de regímenes pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición (…)”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Sentencia SU-130 de 13 de marzo de 2013, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó lo siguiente:
“(…) la sentencia de la Corte Constitucional aclaró y unificó la jurisprudencia, en el sentido de indicar que únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios a 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición.
Posición ésta más acorde con los pronunciamientos de constitucionalidad que sobre la materia la misma corporación había proferido.
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que dicha posición ya había sido fijada con antelación por el Consejo de Estado, la Sala reitera los argumentos allí planteados, y que se relacionan con que las personas que al 1 de abril de 1994, - cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones en el sector privado y en el sector público del orden nacional -, tenían 15 años o más de servicio o cotizaciones, y hubieran seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad, podrán, con el propósito de que les sea aplicado el régimen de transición, trasladarse en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida, constituyendo así una excepción a la regla de permanencia mínima y a la prohibición prevista en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. No obstante, para que proceda la aplicación del régimen de transición y, por consiguiente, el traslado en cualquier tiempo de dichos afiliados al RPM, es necesario que se acrediten los requisitos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de 2002.”.
En el mismo sentido, en sentencia de 29 de julio de 2017, esta Sala se pronunció así:
“(…) Al respecto, esta Sala en sentencia de 2 de agosto de 2012, después de hacer un análisis del artículo 3º del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, reglamentario del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003), determinó que las personas que estuvieron en el régimen de prima media con prestación definida y se trasladaron al de ahorro individual con solidaridad; pero volvieron a él pueden beneficiarse del régimen de transición siempre y cuando tengan 15 años o más de servicio cotizado a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esto es, 1º de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales, artículo 151), y lo cual constituye una excepción a la regla de permanencia mínima y a la prohibición prevista en la letra e) del artículo 13 antes mencionado.
(…)
Así las cosas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, estima la Sala que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia, puesto que el accionante al entrar en vigor la Ley 100 de 1993 en las entidades territoriales, el 30 de junio de 1995, no contaba con 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas; y, por ende, no puede ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…)”.
De acuerdo con la normativa que regula el tema y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, es claro que quienes se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y no hayan cumplido 15 años de servicios cotizados a 1 de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales), pierden la posibilidad de pensionarse de conformidad con el régimen de transición y sus beneficios.
2.2. Hechos relevantes probados
• Acerca de la situación laboral de la accionante
La señora Virginia Hoyos Collazos nació el 11 de diciembre de 1951.
Según certificación de 25 de febrero de 2005, expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero de la Empresa Social del Estado (certificación laboral de empleadores para bono pensional); la señora Hoyos Collazos prestó sus servicios en la Secretaria Distrital de Salud - Hospital San Cristóbal -, del 15 de julio de 1981 al 31 de diciembre de 2001, ocupando como último cargo el de jefe de grupo.
• Afiliación de la actora a los diferentes regímenes
La demandante estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida, cotizando a la Caja de Previsión Social del Distrito del 15 de julio de 1991 al 30 de diciembre de 1995; al ISS hoy Colpensiones del 1 de enero de 1996 al 30 de enero de 1999; y posteriormente, se trasladó al régimen de ahorro individual, afiliada a Colpatria (Horizonte) el 29 de enero de 1999.
Formulario de afiliación al Fondo de Pensiones Colpatria, de 29 de enero de 1999 suscrito por la demandante, y radicado el 30 del mismo mes y año ante dicho fondo. Oficio sin fecha y/o soporte de radicación, suscrito por la señora Virginia Hoyos Collazos, en que solicita al Fondo de Pensiones Colpatria lo siguiente: “por medio del presente me permito manifestar a ustedes mi decisión de retractarme de la afiliación a este Fondo de Pensiones, aunque en el momento de la afiliación recibí toda la información por parte de su asesor comercial, pero posteriormente analicé la no conveniencia de lo anterior”. Mediante Auto 00002 de 6 de marzo de 2007, se indica que el ISS (liquidado); devolvió los documentos originales a la Administradora de Pensiones Horizonte S.A. de la solicitud de prestación económica elevada por la señora Virginia Hoyos Collazos, al considerar que no era competente para tramitar su prestación. Recurso de reposición y en subsidio; los cuales fueron desatados por Resoluciones 0007861 de 27 de febrero de 2008 y 002522 de 19 de mayo de 2009. Resolución 031490 de 25 de octubre de 2010, proferida por el ISS hoy Colpensiones, en la que “(…) determinó que el Seguro Social no es competente para decidir la solicitud realizada por la peticionaria y que la prestación económica a que haya lugar debe ser tramitada por el Fondo de pensiones HORIZONTE S.A., según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 (…)”. Comprobantes de nómina expedidos por el Hospital San Cristóbal, de marzo, abril, y mayo de 1999; de las que se evidencia que las cotizaciones para pensión se efectuaron a COLPATRIA. Comprobantes de nómina emitidos por el Hospital San Cristóbal, de febrero y junio de 1999, de donde se observa que las cotizaciones para pensión se efectuaron al ISS hoy Colpensiones. Oficio de 19 de enero de 2005, suscrito por la Coordinadora de Talento Humano del Hospital San Cristóbal, por medio del cual remite a la Dirección de Apoyo Operativo (Horizontes, Pensiones y Cesantías); copia de la comunicación suscrita por actora al Fondo de Pensiones Colpatria retractándose de la afiliación. Comunicación de 20 de septiembre de 2006, emitida por la Profesional Especializada de Talento Humano del Hospital San Cristóbal, por medio de la cual le informó a la actora que “toda vez que el Fondo de Pensiones Horizonte ha solicitado su bono pensional en varias oportunidades, se debe acercar a dicho Fondo a fin de aclarar su situación, pues en los archivos del Hospital ella aparecía retirada de ese Fondo”. Oficio de 31 de octubre de 2006, suscrito por la señora Virginia Hoyos Collazos, mediante el cual informa al Fondo de Pensiones Horizonte que“ (…) me dirijo a ustedes con el fin de informarles, que en Enero de 1999, por desconocimiento del REGIMEN DE TRANSICION, que me cobijaba por mis características de edad y tiempo de vinculación con la Secretaría Distrital de Salud, me afilie al Fondo de Pensiones Colpatria, desafiliándome inmediatamente y sin dejar de pagar mi afiliación al ISS, por cuanto me sentí afectada por esta decisión apresurada. Como me indicaron, coticé un solo mes simultáneamente a Colpatria y al ISS, enviando inmediatamente una carta al Fondo de Pensiones Colpatria para desafiliarme, pues me vi afectada en mi buena fe. En días pasados cuando inicié mi trámite para Pensión, me enteré de que ustedes estaban solicitando mi certificado para Bono Pensional.”
Oficio de 18 de diciembre de 2006, expedido por la Dirección de Apoyo Operativo de Horizontes Pensiones y Cesantías, a través de cual se le informa a la accionante que presenta un conflicto de múltiple vinculación “el cual fue tratado en reunión realizada con el ISS el 13 de diciembre de 2006, definiendo por las condiciones de vinculación existentes, que era ese Fondo el responsable de administrar sus aportes a pensión. De lo anterior se dará trámite con el Instituto de Seguros Sociales para el respectivo traslado de aportes y así consolidar la unificación de su cuenta”.
Concepto DJN- 16367 de 2 de octubre de 2009, sobre la aplicación del Decreto 3995 de 2008 a la situación pensional de la actora. Comunicación de 21 de octubre de 2009, suscrita por el Director Jurídico Nacional del ISS, a través del cual se atiende la petición de aplicabilidad del Decreto 3995 de 2008. Oficio de 3 de noviembre de 2009, por medio del cual la señora Hoyos Collazos solicita al Jefe de Departamento Nacional de Afiliaciones, la aplicación de los conceptos DJN-US 16367 y 17869 de 2 y 21 de octubre de 2009. Resolución 031490 de 25 de octubre de 2010, expedida por la Gerencia Seccional Cundinamarca del ISS, en la que reitera no ser competente para resolver la situación pensional. Reporte de semanas cotizadas en pensiones de enero de 1967 a junio de 2015, emitido por Colpensiones, en el cual se vislumbra que las cotizaciones efectuadas a pensión a favor de la señora Virginia Hoyos Collazos a partir de junio de 1999, fueron trasladadas al Régimen de Ahorro Individual. Oficio 330.02.02 de 17 de junio de 2015, emitido por el Gerente (E) de la E.S.E San Cristóbal, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición elevado por la actora, en el que textualmente se le indica que:
“En cuanto a la referencia realizada sobre la retractación del folio 19, efectivamente en la Historia Laboral reposa el oficio dirigido al FONDO DE PENSIONES COLPATRIA, sin sello de radicación en el fondo de pensiones.
En cuanto a las cotizaciones a partir del periodo 1999-03 se encuentra activa en el FONDO DE PENSIONES PORVENIR quien asumió las pensiones del FONDO DE PENSIONES HORIZONTE entidades que fueron fusionas (sic).
Es cierto que a folio 19 de la Historia Laboral reposa el documento firmado por usted donde se retracta de la afiliación y como se mencionó anteriormente, en este no se registra sellos de recibo o radicado formal por el FONDOS (sic) DE PENSIONES COLPATRIA, solo se observa una firma que no es clara a la lectura, es evidente que el FONDO DE PENSIONES COLPATRIA en la época no atendió su solicitud de retractarse, situación que es ajena a la Empresa Social del Estado San Cristóbal puesto que se trata de una entidad externa, y el seguimiento a la respuesta de retractarse debió realizarse en su momento con el FONDO DE PENSIONES de manera persona (sic) como funcionaria y de manera institucional, máxime que la señora VIRGINIA HOYOS COLLAZOS lideraba para la época de los hechos el proceso o procesos de talento humano entre los cuales se encuentra la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social.
Adicionalmente, revisados los aportes de pensión aportados por la ESE San Cristóbal, producto de la liquidación de las nóminas de los periodos que detallamos a continuación se aportaron así:
Del periodo 1999-06 al periodo 2001-12 se realizaron los aportes al Seguro Social como se evidencia en las nóminas de la ESE San Cristóbal, sin embargo es bueno aclarar que a pesar que la ESE San Cristóbal realice los aportes al Seguro Social y la vinculación este activa en un fondo privado, los aportes que ingresen al Seguro Social son trasladados al fondo privado donde se encuentre activa la persona, debido a que a normatividad vigente al respecto señala que no puede existir la multivinculación. Tal como se evidencia en el resumen de semanas cotizadas por empleador que usted misma aporto (sic), donde se registra claramente que los aportes de los periodos 1999-03 al periodo 2001-01 están en la columna (23) observaciones “No vinculado Traslado RAI”, lo cual quiere decir que no se encuentra vinculada a Colpensiones y los aportes son trasladados al régimen de Ahorro Individual - RAI…”
Oficio de 3 de junio de 2015, suscrito por el Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano de Colpensiones, por medio del cual indica que la señora Virginia Hoyos Collazos “presentó vinculo desde el 1 de enero de 19996 hasta el 1 de marzo de 1999, fecha en la que quedó definida por decreto 3800 del 2003 a la AFP PORVENIR, por lo que a la fecha no se encuentra afiliada a Colpensiones”.
• Actos administrativos acusados
Auto 000002 de 6 de marzo de 2007, expedido por el ISS Seccional Cundinamarca, por medio del cual devolvió los documentos originales a la señora Virginia Hoyos Collazos, en atención a que el dicho instituto no es el competente para tramitar la solicitud de reconocimiento pensional, toda vez que la misma recae en cabeza de la AFP Horizonte. Decisión que, al resolver el recurso de reposición, es confirmada por Resolución 007861 de 27 de febrero de 2008.
Resolución 002522 de 19 de mayo de 2009, por medio de la cual el ISS hoy Colpensiones, resuelve el recurso de apelación contra el acto administrativo anterior, y lo confirma en todas y cada una de sus partes.
Resolución 031490 de 25 de octubre de 2010, mediante la cual el ISS hoy Colpensiones niega el reconocimiento de la prestación económica solicitada por la accionante.
2.3. Caso Concreto
La señora Virginia Hoyos Collazos, solicita la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales el ISS se niega a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; aduciendo que, dicha prestación le corresponde a la Administradora de Fondos de Pensiones Horizonte S.A.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que, el hecho que el empleador desde junio de 1999 hasta la fecha del retiro del servicio de la actora “le haya efectuado las cotizaciones para pensiones en el Instituto de Seguros Sociales (hoy liquidado)”; ello no implicaba el regreso al régimen de prima media; pues tal afiliación, no se consideraba válida por no haberse efectuado dentro del término legal.
Sumado a que, en el sub judice para el 1 de abril de 1994, la demandante contaba con (12 años, 8 meses y 17 días de servicios), y para la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para los empleados del nivel territorial, esto es, 30 de junio de 1995, tenía (13 años, 11 meses y 16 días de servicio); por lo tanto, no puede volverse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, dado que, en las fechas antes señaladas no contaba con 15 años de servicios o cotización.
Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación alegando que, su representada no ha perdido el beneficio previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que su caso debe resolverse acorde a la normatividad que fue expedida para resolver la multivinculación. Sumado a que, “su representada mientras cotizaba para su pensión nunca se desvinculó del ISS, cotizó paralelamente 3 meses al ISS y al Fondo de Pensiones Colpatria, pero sus cotizaciones al ISS fueron ininterrumpidas y sin novedad alguna”.
Además, le es aplicable el Decreto 3995 de 2008 pues para la fecha de su publicación el Auto No. 000002 de 6 de marzo de 2007 no se encontraba en firme, por cuanto estaba pendiente de que resolviera el recurso de apelación que se había interpuesto, el cual fue resuelto por Resolución 002522 de 19 de mayo de 2009.
Ahora bien, conforme se encontró probado, la señora Virginia Hoyos Collazos nació el 11 de diciembre de 1951 y prestó sus servicios en la Secretaria Distrital de Salud (Hospital San Cristóbal); del 15 de julio de 1981 al 31 de diciembre de 2001. Esto, demuestra que, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1996, la actora tenía más de 42 años de edad exigidos por el artículo 36 de dicha ley, para ser beneficiaria del régimen de transición que, en su caso, conllevaría a que la pensión de jubilación a su favor, en principio, se reconociera en aplicación de la Ley 33 de 1985.
No obstante, se evidenció que, si bien la accionante estuvo afiliada al régimen solidario de prima media con prestación definida cotizando a la Caja de Previsión Social del Distrito del 15 de julio de 1991 al 30 de diciembre de 1995; al ISS hoy Colpensiones del 1 de enero de 1996 al 30 de enero de 1999; lo cierto es que, posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual el 29 de enero de 1999 afiliada a Colpatria (Horizonte). Por consiguiente, tenía que esperar por lo menos 3 años para volverse al régimen de prima media.
Sobre este punto, se precisa que no se puede desconocer que para aplicar el régimen de transición en el presente asunto se requiere de dos requisitos en particular, el primero, que la demandante reúna los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, edad o tiempo de servicio, y el segundo, que surge como consecuencia del cambio de régimen (pues se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad), para lo cual es necesario, que demostrara 15 años de servicio cotizados al 1 de abril de 1994.
En este orden de ideas, la Sala observa que aun cuando la señora Hoyos Collazos tenía 42 años al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, pues nació el 11 de diciembre de 1951, lo cierto es que, en virtud del traslado que efectúo al régimen de ahorro individual con solidaridad el 29 de enero de 1999, no se cumple con el segundo de los supuestos antes mencionados, ya que para el 1 de abril de 1994 sólo había cotizado 12 años, 8 meses y 14 días, teniendo en cuenta que comenzó a laborar el 15 de julio de 1981.
Así las cosas, se aclara que pese a que la accionante contaba con más de 42 años de edad para cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, su situación se alteró al momento en que se trasladó de régimen pensional (régimen de ahorro individual), pues solo podía regresar al régimen de prima media con prestación definida, si acreditaba, como mínimo, los 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994.
Ahora bien, es importante precisar que, frente a la retractación ante el Fondo Privado Horizontes que según la apelante llevó a cabo la señora Hoyos Collazos; nótese que, tal y como quedó probado en las documentales avizoradas en el expediente; y si bien es cierto, del contenido del documento se extrae la manifestación de retractación de la afiliación; lo cierto es que, no se evidencia la fecha en que la actora lo suscribió, y mucho menos, el soporte de radicación ante el fondo pensional, que demuestre que él mismo se presentó dentro del término legal y oportuno; tal y como lo exige el canon 3 del Decreto 1161 de 1994. ,
Así también, la Subsección precisa que en el sub examine no es aplicable el Decreto 3995 de 2008, toda vez que contrario a lo aducido por la demandante; quedó establecido que, la señora Hoyos Collazos se retractó de la afiliación al fondo privado cuando ya era efectiva la afiliación y vinculación al régimen de ahorro individual. Aunado a que, el reconocimiento pensional se solicitó en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994, dado que la petición inicial se llevó a cabo en el año 2002, cuando aún no existía el enunciado decreto.
En conclusión, se considera que como la actora no contaba con 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas al momento en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, no puede beneficiarse del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, tampoco es procedente el reconocimiento pensional de conformidad con lo normado en la Ley 33 de 1985.
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 24 de enero de 2019, al resolver un caso con silimares supuestos fácticos y jurídicos al aquí estudiado:
“Visto lo anterior es dable afirmar que, el simple hecho de que cumpla con el requisito de edad que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no es suficiente para que pueda beneficiarse del régimen de transición, puesto que la escogencia del RAIS o el traslado que se realice al mismo trae una consecuencia: la pérdida de la protección del régimen de transición, a menos de que tenga, como ya se ha advertido, 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994.
En efecto, tal y como quedó expuesto los anteriores acápites, la posición actual de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consiste en que sólo los afiliados con quince años o más de servicios cotizados al 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia sistema general de pensiones, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida conservando los beneficios del régimen de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por lo mismo, es claro que el señor Santiago Rodil García al no poder beneficiarse del régimen de transición, tampoco le eran aplicables las normas del régimen especial de la Rama Judicial, de modo que estaba sujeto al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100 de 1993, como lo ordena el literal b) del artículo 1 del Decreto 691 de 1994”.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de apelación presentado por la parte actora y, por ende, confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folio 73 a 106
Folio 323 a 325
Folio 127 a 136
Folio 322 a 346
Folios 348 a 355. Folio 364 a 376
Folio 396
Folio 378 a 387
Artículo 8 Ley 100 de 1993. Literal c) artículo 13 Ley 100 de 1993. Literal a) artículo 13 Ley 100 de 1993. Artículo 279 Ley 100 de 1993.
“(…) Artículo 9°. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]» HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7224" \l "1" Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 510 de 2003
“ARTICULO. 64. -Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar. Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre (…)”. Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010. Sección Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp 1095-07, acción de simple nulidad contra el literal b) del artículo 3 del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 22 de julio de 2014, Radicación número: 73001-23-33-000-2012-00177-01 (3234-13). M.P. Gustavo Gómez Aranguren. Actor: Benjamín Guzmán Arroyo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicación número 66001-23-31-000-2010-00054-01-01 (0113-12), actor: Lucy Jaramillo Patiño, demandado: Instituto de Seguros Sociales. LEY 100 DE 1993, ARTÍCULO 151. vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma. PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Véase también la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado número 2012-01274, M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de junio de 2017, radicado número 25000-23-25-000-2012-00239-01 (1814-2013), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 18 de marzo de 2015, radicado número 868-2009 M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Folio 4. Folios 181 a 185
Folio 206
Folio 206
Folio 207
Según se desprende de lo consignado en la Resolución 0007861 de 27 de febrero de 2008. Folio 39 a 44
Folio 10 a 11
Folio 50 a 57
Folio 47 a 48 y 58
Folio 20
Folio 19
Folio 23
Folio 24
Folio 15 a 16
Folio 17 y 18
Folio 12 y 14
Folio 10 y 11
Folio 267 a 268
Folio 290 a 293
Folio 295 a 296
Folios 11 a 13. Folio 4 y 5
Folio 6 a 7
Folio 10 y 11
“Artículo 3º. Traslado de regímenes. Se entenderá permitido el retracto del afiliado en todos los casos de selección con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro del Sistema General de Pensiones, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquel haya manifestado por escrito la correspondiente selección. (…) En caso de retracto deberá darse aviso al empleador o a la administradora según sea el caso, con el objeto de que ésta traslade la correspondiente cotización (…)”.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de enero de 2019, radicado número 81001-23-39-000-2015-00033-01(4221-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“ARTÍCULO. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos: (…) b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República.”
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