Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2016-00004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2016-00004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2016-00004-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-25-000-2016-00004-01 (3686-2017)
Demandante: Ana Aurora Urdaneta de Aponte
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución – Tope pensional
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de
precisar que, si bien la UGPP aplicó los topes pensionales al
realizar la reliquidación de la pensión de la demandante y
efectuó el pago correspondiente, no obra en el expediente la
liquidación de los intereses moratorios ni el soporte de su pago
a favor de la ejecutante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 11 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la ejecución a favor del demandante.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante promovió proceso ejecutivo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) con el propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el
18 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Solicitó que se librara mandamiento
de pago por la suma de $750.961.152.
2. Manifestó que la entidad ejecutada dio cumplimiento parcial a la sentencia mediante
la Resolución RDP 031728 del 31 de julio de 2015, en la medida en que la reliquidación
de la pensión se efectuó con la asignación mensual más alta. No obstante, en aplicación
de la sentencia C-258 de 2013, el valor de la mesada fue ajustado al tope de 25 SMLMV.
Además, se dispuso el pago de las diferencias acumuladas con prescripción, no se
reconocieron los intereses moratorios y se aplicó una fórmula de indexación distinta a la
prevista en la sentencia.
3. Puso de presente que, frente a dicha omisión, elevó derecho de petición para que se
corrigiera el error en que, a su juicio, incurrió la entidad al dar cumplimiento parcial a la
sentencia. Sin embargo, mediante Oficio 201614200234471 del 22 de enero de 2016, la
UGPP respondió de manera negativa.
Radicación: 25000-23-25-000-2016-00004-01 (3686-2017)
Ejecutante: Ana Aurora Urdaneta de Aponte
4. Como consecuencia de la infructuosa gestión para obtener el cumplimiento íntegro del
fallo, en los términos que consideraba ajustados a lo resuelto judicialmente, la
demandante acudió a la jurisdicción con la presente demanda ejecutiva, con el fin de
hacer efectivo el pago de las diferencias derivadas del incumplimiento parcial atribuido a
la UGPP.
Contestación de la demanda
5. La entidad ejecutada, propuso la excepción de pago y prescripción. Alegó que, a través
de la Resolución RDP 031728 del 31 de julio de 2015 se dio cumplimiento al fallo proferido
por el Tribunal de Cundinamarca, a través del cual ordenó la reliquidación de la pensión
de jubilación de la demandante a partir del 29 de noviembre de 2001 y en un monto del
75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicio.
Trámite en primera instancia
6. En el marco del proceso, mediante auto del 29 de abril de 2016, se libró mandamiento
de pago, al considerarse que se estaba frente a una obligación que cumplió con lo
dispuesto en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012. Posteriormente, por medio de
proveído del 27 de mayo del mismo año procedió a corregir1 el ordinal primero del auto
referenciado anteriormente.
II. SENTENCIA APELADA
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probada la excepción de pago
total de la obligación propuesta por la UGPP y ordenó seguir adelante con la ejecución.
8. El a quo señaló que no era posible proceder al estudio de la excepción planteada por
la ejecutada de prescripción, al estimar que la misma se fundamentó en hechos anteriores
que debieron ser motivo de controversia en el momento de la discusión del derecho, no
ahora que se está frente la ejecución de la obligación impuesta en sentencia judicial.
9. El Tribunal analizó los pagos realizados y concluyó que la excepción de pago no estaba
llamada a prosperar. Señaló que, aunque mediante Resolución RDP 031728 del 31 de
julio de 2015 se dispuso elevar el valor de la mesada pensional a $9.006.603 con
efectividad desde el 29 de diciembre de 2001, la liquidación efectuada mostró lo siguiente:
el valor de la nueva mesada proyectada entre 2001 y 2002 correspondía al tope pensional
de 20 SMLMV previsto en la Ley 100 de 1993, vigente hasta el año 2002. En contraste,
las mesadas proyectadas para los años 2003 a 2015 se ajustaron al tope de 25 SMLMV
fijado por el Decreto Reglamentario 510 de 2003.
10. En consecuencia, el Tribunal consideró que los abonos efectuados por la UGPP no
extinguían la totalidad de la obligación reconocida judicialmente, toda vez que
desconocían la salvedad establecida en la sentencia base de recaudo, según la cual la
pensión de jubilación no tendría límite de cuantía en aplicación del régimen especial que
1 Al incurrir en una imprecisión en la fecha de la efectividad pensional, dado que ese momento correspondió
al 29 de diciembre de 2001 y no al 29 de diciembre de 2011 como se afirmó en el auto cuestionado.
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Ejecutante: Ana Aurora Urdaneta de Aponte
ampara a la demandante. Por tanto, concluyó que las sumas liquidadas no están acordes
con lo ordenado judicialmente.
11. Frente al pago de los intereses moratorios, indicó que no se acreditó que los mismos
hayan sido siquiera liquidados, por cuanto la UGPP solo se limitó a disponer la
reliquidación pensional -sin apego a lo indicado en el titulo ejecutivo- y el pago de manera
indexada de las diferencias que resultaran. Por consiguiente, ordenó seguir adelante con
la ejecución y dispuso que las partes presentaran la liquidación del crédito, conforme a lo
previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.
12. Finalmente, en aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, el Tribunal
condenó en costas a la parte demandada.
III. RECURSO DE APELACIÓN
13. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 11 de julio de 2017,
mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago total propuesta y se ordenó
continuar con la ejecución.
14. La entidad señaló que mediante Resolución RDP 031728 del 31 de julio de 2015, dio
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 18 de
septiembre de 2012, el cual ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reconocer,
liquidar y pagar a la demandante la pensión de jubilación a partir del 29 de noviembre de
2001, equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicio.
15. Manifestó que la resolución mencionada dispuso en su artículo primero la
reliquidación de la pensión de vejez de la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte,
elevando su cuantía a $9.006.663, efectiva desde el 29 de diciembre de 2001, conforme
al fallo objeto de cumplimiento. En virtud de lo anterior, consideró que se debe declarar
probada la excepción de pago.
16. Estimó de relevancia destacar la proyección aritmética efectuada por la Subdirección
de Nómina respecto a los valores por concepto de intereses del artículo 177 del CCA, los
cuales se calcularon en valor de $34.393.696,87 y cancelados mediante orden de pago
presupuestal número 641541 del 16 de marzo de 2016, pagada el 29 de marzo del mismo
año. Sostuvo que para el cumplimiento total del fallo se aplicó el Decreto 2469 de 2015,
que reglamenta el trámite de pago de valores dispuestos en sentencias, laudos arbitrales
y conciliaciones.
17. De otro lado, resaltó que el FOPEP canceló por concepto de mesadas causadas,
indexación y pago total de la obligación la suma de $477.428.195 con deducciones, para
un pago neto total de $416.198.000, cálculo que se realizó acatando los parámetros
establecidos en la Sentencia C 258 de 2013 y dando cumplimiento al fallo del 18 de
septiembre de 2012.
18. Finalmente, solicito considerar que los intereses moratorios deben liquidarse
conforme al artículo 177 del CCA y la tesis de la Sala Civil, aplicando la DTF. Dado que
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Ejecutante: Ana Aurora Urdaneta de Aponte
el área de nómina requiere un mínimo de 6 meses para resolver contingencias de pago,
y considerando que la ejecutoria del fallo fue el 23 de septiembre de 2014, se debe regular
sobre intereses comerciales y no moratorios, de acuerdo con las circulares de la Agencia
Nacional y la Sala Civil sobre liquidación de intereses.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto proferido el 1 de julio de 2021, se admitió el recurso de apelación.
20. La UGPP presentó alegatos de conclusión ratificando los fundamentos del recurso
de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
22. Los problemas jurídicos que debe resolver la Sala en segunda instancia son los
siguientes:
23. Verificar si, al dar cumplimiento al fallo del 18 de septiembre de 2012, la UGPP podía
aplicar los topes de 20 y 25 SMLMV o si ello desconoció la orden de reliquidar la pensión
sin limitación en la cuantía conforme al régimen especial previsto en el Decreto 546 de
1971.
24. Determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los yerros
alegados por la parte apelante al declarar no probada la excepción de pago total
propuesta por la UGPP y ordenar seguir adelante con la ejecución, a partir del material
probatorio obrante (RDP 031728 de 2015, órdenes de pago y proyecciones de nómina).
Análisis del primer problema jurídico
25. En lo relativo a la aplicación de los topes pensionales, la Sala advierte que el fallo de
18 de septiembre de 2012 ordenó reliquidar la pensión de la señora Ana Aurora Urdaneta
de Aponte “sin limitación en la cuantía o monto de la prestación”, en aplicación del
régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971. No obstante, la UGPP, al expedir
la Resolución RDP 031728 del 31 de julio de 2015, aplicó los topes de 20 y 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, con fundamento en lo dispuesto por la Sentencia
C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.
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Ejecutante: Ana Aurora Urdaneta de Aponte
26. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó en dicha providencia que el límite
a las mesadas pensionales constituye una restricción razonable y proporcional fundada
en los principios de igualdad, sostenibilidad financiera y equidad en la distribución de los
recursos del sistema de seguridad social. En esa medida, determinó que ninguna pensión
reconocida con cargo a recursos públicos puede superar los veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, incluso aquellas derivadas de regímenes
especiales o exceptuados.
27. Posteriormente, la Sentencia SU-575 de 2019 reafirmó que las reglas de la C-258 de
2013 son aplicables también a las pensiones reconocidas con anterioridad a su
expedición, en tanto la limitación responde a un criterio de orden público constitucional y
no a una simple disposición legal.2
28. Así las cosas, aunque la providencia del 18 de septiembre de 2012 ordenó la
reliquidación sin límite de cuantía, la UGPP estaba jurídicamente facultada y obligada a
aplicar los topes vigentes al momento de ejecutar el fallo, en atención a la fuerza
vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional y al deber de los servidores
públicos de ajustar sus actuaciones a los parámetros de constitucionalidad.
29. En consecuencia, la actuación de la UGPP no desconoció el fallo base de recaudo,
sino que armonizó su cumplimiento con la jurisprudencia constitucional posterior, que
resulta de obligatorio acatamiento. Por ende, la aplicación de los topes de 20 y 25 SMLMV
no configura un incumplimiento ni una alteración del título ejecutivo, sino un ajuste
interpretativo legítimo y necesario para dar cumplimiento a la sentencia dentro del marco
constitucional vigente.
30. En síntesis, la UGPP actuó dentro del marco jurídico vigente al aplicar los topes
pensionales definidos por la jurisprudencia constitucional, pues su deber era armonizar
el cumplimiento de la sentencia del 18 de septiembre de 2012 con las reglas de orden
público fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-575 de
2019. Por tanto, el cumplimiento efectuado mediante la Resolución RDP 031728 de 2015
no puede calificarse como contrario al título ejecutivo, sino como una actuación conforme
a derecho. Superado este aspecto, corresponde examinar si el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en los yerros que le atribuye la parte apelante al declarar no
probada la excepción de pago total y ordenar seguir adelante con la ejecución.
Análisis del segundo problema jurídico
31. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
2 Véase también las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021; Exp. 25000-23-42-000-2016-
01911-01 (5824-18). Sección Segunda, Subsección B. Providencia de 27 de agosto de 2020; consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez; radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-18).
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mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.3
32. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
33. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes.
34. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en el
artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir pagos
parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga en casos
especiales.
35. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4
36. Examinado el contenido de la Resolución RDP 031728 del 31 de julio de 2015, junto
con los documentos allegados por la UGPP para acreditar el pago, la Sala observa que
la entidad cumplió parcialmente la obligación impuesta en el fallo base de recaudo. En
efecto, si bien la reliquidación de la pensión fue realizada conforme a los parámetros
establecidos por la jurisprudencia constitucional y se efectuaron los abonos
correspondientes a las diferencias de mesadas, no obra en el expediente prueba que
demuestre el pago de los intereses moratorios reconocidos en el artículo 177 del CCA,
ordenados expresamente en el artículo sexto de la resolución mencionada.
37. Aunque la UGPP sostuvo en el recurso que los intereses fueron calculados por valor
de $34.393.696,87 y cancelados mediante orden de pago presupuestal 641541 del 16 de
marzo de 2016, no allegó el comprobante que permita establecer que esos valores fueron
efectivamente pagados a la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte. La simple afirmación
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-
23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)
4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023.
Exp. 25000-23-36-000-2019-00141-02.
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o proyección aritmética carece de valor probatorio suficiente para acreditar la extinción
total de la obligación.
38. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en yerro al
declarar no probada la excepción de pago total y ordenar seguir adelante con la
ejecución, pues la prueba obrante no acreditaba el pago íntegro de la obligación derivada
de la sentencia base. Sin embargo, dado que la UGPP sí efectuó el pago de la
reliquidación de la pensión con los topes correspondientes, la ejecución no puede
continuar por dicho concepto, sino únicamente respecto de los intereses moratorios
pendientes de pago.
39. En esa medida, la Sala modificará la decisión de primera instancia, precisando que
la ejecución debe proseguir exclusivamente por los valores correspondientes a intereses
moratorios que no fueron acreditados como cancelados, conforme a lo dispuesto en el
artículo 446 del Código General del Proceso.
40. En conclusión, la Sala considera que la UGPP dio cumplimiento a la sentencia del 18
de septiembre de 2012 dentro de los límites impuestos por la jurisprudencia
constitucional, al aplicar los topes de 20 y 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. No obstante, en lo relativo a los intereses moratorios reconocidos en el artículo
177 del CCA, no se acreditó su pago efectivo, razón por la cual no es posible declarar
extinguida la obligación en su totalidad. En consecuencia, se modifica la sentencia
apelada para precisar que la ejecución debe proseguir únicamente por los valores
correspondientes a los intereses moratorios pendientes, manteniéndose lo demás
conforme al cumplimiento efectuado por la entidad ejecutada.
Costas en segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
43. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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44. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de precisar que la excepción de pago
propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP – se declara parcialmente probada,
exclusivamente por el valor correspondiente a las mesadas pensionales reliquidadas y
pagadas en aplicación de los topes de 20 y 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
SEGUNDO: En consecuencia, seguir adelante con la ejecución únicamente por los
valores correspondientes a los intereses moratorios derivados del incumplimiento parcial
acreditado, los cuales deberán liquidarse conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo.
TERCERO: ORDENAR liquidar el crédito en la forma legalmente establecida.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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