Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-01975-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso extraordinario de revisión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-01975-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2004-01975-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de junio de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSAL SEGUNDA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PRUEBA RECOBRADA / CAUSAL SEXTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
SÍNTESIS DEL CASO: La parte actora presentó demanda contra el municipio de La Mesa – Cundinamarca, por la afectación del predio de su propiedad, causados por la construcción de un drenaje para el vertimiento de aguas negras y el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Corresponde a la Sala resolver el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte actora dentro del expediente de reparación directa por las siguientes causales del artículo 188 del C.C.A.: causal 2 documentos recobrados después de dictada la Sentencia y causal 6 nulidad originada en la Sentencia.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 188 NUMERAL 2 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 188 NUMERAL 6
ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / EXCEPCIÓN DE LA INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Con este mecanismo de control se pretende que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas e infirmadas con el fin de que se sujeten, en primer lugar, a las normas, valores y principios constitucionales, cuando se han proferido con violación sustancial del debido proceso, se han obtenido por medios irregulares o faltan a la verdad y la justicia, por razones no imputables a la parte afectada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el objeto del recurso extraordinario de revisión, consultar providencia de 8 de mayo de 2018, Exp. 1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA - Procedencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Desde la Sentencia de 7 de febrero de 2006, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló que el recurso extraordinario de revisión procede para anular la sentencia por la violación del artículo 29 de la Constitución Política, “…con los alcances dados por la Corte Constitucional en sentencias C-491/95 y C-217/96”. (…) Criterio que la misma Sala reiteró recientemente, señalando que la nulidad de la sentencia objeto de control a través de la revisión extraordinaria se configura “…por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión por vulneración de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 29 de la Constitución Política, consultar providencias de 7 de febrero de 2006, Exp. 1997-00150-00 (REV), C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 8 de mayo de 2018, Exp. 1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro; y de la Corte Constitucional, de 11 de julio de 2001, Exp. C-739, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29
GENERALIDADES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - No constituye oportunidad para continuar el debate probatorio / FINALIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Improcedente para controvertir la actividad interpretativa del juez / ERROR DE HECHO / ERROR DE DERECHO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Se trata de un control excepcional, toda vez que, se parte del reconocimiento de los principios de legalidad, acierto y conservación de la decisión, del respeto de la cosa juzgada, y la revisión procede específicamente por las causas legalmente establecidas, por razones no atribuibles a la parte recurrente. No se trata de una nueva instancia o una oportunidad para que las partes saneen errores u omisiones en las que hubieren podido incurrir en el trámite del proceso. (…) Asimismo, ha señalado la jurisprudencia que, mediante el recurso de revisión, no resulta posible cuestionar la actividad del juez por violación directa de la ley sustancial. Su objeto debe limitarse a discutir los hechos y su prueba con fundamento en razones sobrevinientes, por su ocurrencia o por su evidencia, además de la nulidad originada en la sentencia. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el alcance del recurso extraordinario del recurso de revisión, consultar providencias de 18 de octubre de 2005, Exp. 1998-00173-00(REV), C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 26 de mayo de 2010, Exp. 35221, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 11 de abril de 2019, Exp. 47692, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA / DOCUMENTOS DECISIVOS DESPUÉS DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DE LA PRUEBA RECOBRADA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Como se reitera en la jurisprudencia de la Corporación, para la configuración de esta causal el recurrente tiene la carga de acreditar varios presupuestos, relativos a los documentos recobrados y las razones o motivos que le impidieron aportarlos al proceso. (…) En lo relativo a los documentos, se debe acreditar que: (…) 1) Existían desde la fecha en que se presentó la demanda o, por lo menos, cuando venció la última oportunidad para aportar pruebas; (…) 2) Fueron recobrados después de pronunciada la sentencia materia de revisión, lo que excluye las pruebas producidas o mejoradas después, por ser esto contrario a la finalidad del recurso extraordinario de revisión y a la cosa juzgada, y (…) 3) Sean determinantes del sentido de la decisión, de forma tal que, de haber obrado en el proceso, el fallo habría tenido que ser distinto del que se impugna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos de procedencia de la prueba recauda como causal de revisión, consultar providencias de 1 de marzo de 2016, Exp. 2015-01917-00(REV), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; de 6 de marzo de 2018, Exp. 2015-01542-00(REV), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 25 de julio de 1997, Exp. 5988.
IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA RECOBRADA / RECONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL - No procede / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL - Al momento de la interposición de la demanda / CONTRADICCIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
En el caso que ocupa la atención de la Sala no existe duda alguna de que los documentos que llevaron al recurrente a fundamentar la causal bajo estudio, esto es, las actas del comité de verificación del cumplimiento de la Sentencia de acción popular (…), fueron producidos y no recobrados, es decir, los mismos no existían para el momento de interposición de la demanda. (…) Puestas en esas dimensiones, el recurso promovido en esta oportunidad pretende revivir el debate de instancia ya resuelto, con efectos de cosa juzgada, mediante la sentencia impugnada, fin que resulta ajeno a la demanda de revisión extraordinaria, toda vez que la promovida se orienta a subsanar los defectos probatorios endilgados en dicha decisión. (…) En esas condiciones, son improcedentes las razones del cargo de revisión analizado, pues no resulta posible mutar la naturaleza restringida del recurso extraordinario en una instancia, para cuestionar los aspectos sustantivos en los que se sostiene la decisión impugnada.
CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO / PRESUPUESTOS DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - Eventos / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
En la reiterada jurisprudencia que se ha reseñado, se ha sostenido la configuración de esta causal a partir de los siguientes presupuestos, relacionados con la etapa procesal y los motivos en los que se incurre en la nulidad: – Por regla general, debe tratarse de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, contra la que no procede el recurso de apelación. Sin embargo, también se ha reconocido la posibilidad de alegar con fundamento en la causal bajo estudio, la nulidad ocurrida antes de la sentencia no apelable, que “…no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Caso en el que sobre el recurrente recae la carga de probar que no tuvo oportunidad de proponer la nulidad, toda vez que la revisión extraordinaria no puede erigirse en mecanismo para subsanar las omisiones de la parte que no alegó oportunamente el vicio procesal. – La nulidad debe haberse originado en el desconocimiento grave o insaneable de algún aspecto sustancial propio de esa actuación, como ocurre con la afectación del debido proceso constitucional y en los casos previstos en el artículo 140 del C. P.C. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, consultar providencias de 2 de mayo de 2010, Exp. 2001-00091-01(REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo; de 7 de mayo de 2013, Exp. 2010-00038-00(REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo; y de 6 de agosto de 2013, Exp. 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Sobre los vicios graves insaneables constitutivos de nulidad presente en la sentencia, consultar providencias de 20 de octubre de 2009, expediente 2003-00133, C.P. Enrique Gil Botero; y de 2 de marzo de 2010, Exp. 2001-00091(REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 140
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / NULIDAD PROCESAL INSANEABLE
En lo atinente a la nulidad por falta de competencia, como causal de revisión extraordinaria, la jurisprudencia ha concluido que cuando el juez no era el competente por razón del factor funcional, por ejemplo, porque debiendo fallar en primera instancia lo hizo como juez de apelación, se incurre en una nulidad presente en la sentencia así proferida. (…) Asimismo, ha concluido la jurisprudencia que este último vicio se presenta por la falta de competencia en razón del factor funcional, también llamado vertical o de instancia, toda vez que se trata de una irregularidad procesal insaneable. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad por falta de competencia funcional como vicio procesal insaneable, consultar providencias de 18 de octubre de 2005, Exp. 2000-00239(REV), C.P. Jaime Moreno García; de 2 de mayo de 2010, Exp. 2001-00091-01(REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo; y de 5 de julio de 2018, Exp. 2004-00397-01(41016) REV, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL - Después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos / APLICACIÓN DE LA LEY 954 DE 2005 - Readecuación temporal de competencias / PROCEDENCIA DE LA DOBLE INSTANCIA - Factor cuantía
En la jurisprudencia de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta de esta Corporación se ha reiterado que, a partir de la readecuación temporal de las competencias de la Ley 446 de 1998, efectuada por la Ley 954 de 2005 y, asimismo, después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, la cuantía se fija a la fecha de presentación de la demanda y la competencia se determina por la ley vigente a la presentación del recurso de apelación, toda vez que en esa normatividad se dispuso que los procesos en curso de doble instancia, que no alcanzaran las nuevas cuantías establecidas para el efecto, quedaban de única instancia. (…) [S]e concluyó que, los procesos con vocación de doble instancia, iniciados antes de la Ley 954 de 2005, quedaron convertidos en de única instancia si no alcanzan las cuantías fijadas en la nueva ley para el efecto, caso en el que la procedencia de la apelación debe determinarse de acuerdo con la ley vigente a la interposición del recurso, teniendo en cuenta la cuantía establecida con la presentación de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la readecuación temporal de las competencias de la efectuada por la Ley 954 de 2005 después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, consultar providencias de 9 de febrero de 2006, Exp. 7669-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro; de 12 de diciembre de 2006, Exp. 16224, C.P. Héctor J Romero Díaz; de 19 julio de 2010, Exp. 38232, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de abril de 2011, Exp. 37211, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 19 de noviembre de 2012, Exp. 40386, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 954 DE 2005
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - Improcedente / COMPETENCIA DEL JUEZ DE ÚNICA INSTANCIA / PROCESO DE UNICIA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / LEY 954 DE 2005
En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 954 de 2005 y los criterios jurisprudenciales, la cuantía del proceso de reparación directa iniciado por los recurrentes en revisión extraordinaria, determinada por la mayor de las pretensiones, no superó los 500 salarios mínimos exigidos para ser decidido por el tribunal en primera instancia. Y dado que la Ley 954 de 2005 rigió entre el 28 de abril de 2006 y el 1 de agosto de 2006, fecha en que entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, se concluye que, cuando entró al despacho para dictar sentencia, (…) el proceso debía ser fallado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en única instancia.
FUENTE FORMAL: LEY 954 DE 2005 - ARTÍCULO 1
IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES -Eventos. Fundamento normativo / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
De conformidad con los artículos 171 del C.C.A. y 392 del C. P. C., modificado este último por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, vigentes a la fecha de presentación de la demanda extraordinaria, se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya propuesto. Asimismo, disponen esas normas que en la sentencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la liquidación que debe adelantarse por la Secretaría.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 392 / LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 19
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2004-01975-01(43205)
Actor: MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO LA MESA - CUNDINAMARCA
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
TEMAS: Artículo 188 del CCA, causal 2 documentos recobrados después de dictada la Sentencia y causal 6 nulidad originada en la Sentencia. Única instancia.
SÍNTESIS DEL CASO: La parte actora presentó demanda contra el municipio de La Mesa – Cundinamarca, por la afectación del predio San Luis, de su propiedad, causados por la construcción de un drenaje para el vertimiento de aguas negras y el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, y se lo condenara a indemnizar los perjuicios.
Corresponde a la Sala resolver el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte actora contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente de reparación directa, con radicación Nº: 25000-23-26-000-2004-01975-00.
Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, y 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Hechos relevantes, 1.2. Demanda de revisión, y 1.3. La actuación procesal.
Hechos relevantes
1. El 20 de septiembre de 2004, los señores (as) María Isabel Hernández, Luis Fernando, Rosa Elena, Bernardo, Héctor, Julio César, Jairo Antonio y Leonor González Hernández, instauraron acción de reparación directa en contra del municipio La Mesa – Cundinamarca, con el fin de que se lo declarara patrimonialmente responsable de los daños por la afectación del predio San Luis, de su propiedad, causados por la construcción de un drenaje para el vertimiento de aguas negras y el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, y se lo condenara a indemnizar los perjuicios.
2. En la demanda se pidió la reparación del daño emergente, estimado en $50’000.000, consistente en la contaminación de las aguas de escorrentía que fluyen por un arroyo que atraviesa el predio; inundación permanente y erosión del terreno ocasionadas por el caudal permanente de aguas negras y residuales; aparición de plagas dañinas para los cultivos y la salud humana; pérdida de cosechas de frutas; muerte de animales domésticos, y devaluación económica del predio.
3. Asimismo, se procuró la indemnización del lucro cesante por la pérdida de la explotación económica, valorada en $100’000.000, y del daño moral por la afectación psicológica y emocional de los actores, apreciado en $71’600.000, suma equivalente a 200 salarios mínimos legales entonces vigentes.
4. Como fundamento fáctico, se adujo en aquella oportunidad que, en cumplimiento de la Sentencia de 21 de febrero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de una acción popular en su contra, el municipio La Mesa ejecutó las obras de drenaje y vertimiento de las aguas que atraviesan la urbanización Villas del Nuevo Siglo, así como las redes de alcantarillado, canalización y conducción de aguas negras, con afectación del predio San Luis.
5. Igualmente, se narró en la demanda, que el municipio construyó una planta de tratamiento de aguas residuales en un predio adyacente al de los actores, cuyo mal funcionamiento afectó el medio ambiente.
6. En síntesis, los actores señalaron que las obras se ejecutaron sin que se hubieran constituido debidamente las servidumbres y tomado las medidas para controlar el daño ambiental, los malos olores, la proliferación de plagas y la acumulación de los residuos contaminantes por el vertimiento de aguas negras.
7. Con la demanda se aportaron como pruebas el folio de matrícula inmobiliaria del predio San Luis y copia de la Sentencia de 21 de febrero de 2003 proferida dentro de una acción popular por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la solicitud y decisión del incidente de desacato tramitado, de algunas piezas de las actuaciones adelantadas por la autoridad ambiental por la afectación del medio ambiente, y de una parte del expediente 2004-0629, correspondiente a una nueva acción popular, iniciada por el daño ambiental ocasionado con las obras ejecutadas por el municipio.
8. Adicionalmente, con la demanda se pidió que se practicara una inspección judicial a la Alcaldía Municipal, con exhibición de documentos, con el fin de obtener la información recaudada por ese ente sobre la afectación del predio de los demandantes, y otra, para que se determinara con la intervención de peritos en el lugar de los hechos, el daño demandado.
9. También se pidió que se trasladaran al proceso de reparación directa las pruebas que se hubieran allegado al referido expediente 2004-0629 y los antecedentes administrativos de las licencias y permisos ambientales para la ejecución de las obras, y se solicitó la recepción de testimonios.
10. Mediante Sentencia de 29 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, por considerar que no se acreditó el daño invocado en la demanda.
11. En síntesis, en el fallo se concluyó que los elementos probatorios, si bien daban cuenta de la afectación general al medio ambiente ocasionada por filtraciones de aguas negras al arroyo que atraviesa el predio y el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, no demostraban que se hubiera causado un daño personal, directo y cierto en el predio de los demandantes. Puso de presente el Tribunal que en el proceso ni siquiera se acreditó la existencia de los cultivos y animales por cuya pérdida se reclamó en la demanda.
12. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso el recurso de apelación, que el tribunal negó por improcedente en razón de la cuantía, mediante auto del 29 de octubre de 2009. Lo anterior, después de considerar que la mayor de las pretensiones acumuladas en la demanda –lucro cesante, estimado en $100’000.000– no superaba el importe fijado por Ley 954 de 2005 para que el proceso se tramitara en doble instancia, esto es, 500 salarios mínimos legales, que para la fecha de la demanda ascendían a $179’000.000.
13. Asimismo, el Tribunal señaló en esa oportunidad que, si bien a partir de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos se readecuaron las competencias en razón de la cuantía, de acuerdo con las Leyes 446 de 1998 y 954 de 2005 el proceso debía decidirse en única instancia, dado que, para entonces, ya había ingresado al despacho para fallo.
14. El 6 de noviembre siguiente, la parte actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto anterior, y en escrito separado solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado bajo la vigencia de la Ley 954 de 2005, por considerar que desde entonces el tribunal perdió la competencia por razón de la cuantía.
15. El 6 de mayo de 2010, el apoderado de la parte actora allegó al proceso copia “…del incidente de desacato a fallo de la acción popular, promovido por el mismo Procurador Judicial II Ambiental y Agrario” , adelantado ante el Juzgado Único Administrativo de Girardot dentro del expediente 2004-0629, aduciendo que el tribunal aún no había decidido el recurso de reposición, ni concedido la apelación, y que con las actas del comité de verificación del cumplimiento de la sentencia de acción popular allegadas “… se podrá dar cuenta de la EXISTENCIA DEL DAÑO CAUSADO AL PREDIO SAN LUIS, así como a mis mandantes y a la comunidad del sector, daño que a la fecha va en aumento”.
16. Por Autos del 27 de mayo de 2010, el tribunal (1) rechazó por improcedentes los recursos interpuestos contra el auto que no concedió la apelación y (2) negó la nulidad procesal, por considerar que la solicitada no se fundamentaba en irregularidades presentes en la sentencia y que, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998 y 954 de 2005, el proceso debía fallarse en única instancia, porque se encontraba al despacho para fallo cuando entraron a regir las disposiciones que readecuaron las competencias y la cuantía de la pretensión mayor no superaba los 500 salarios mínimos legales.
Demanda de revisión.
17. El 6 de septiembre de 2011, mediante apoderado, los señores (as) María Isabel Hernández viuda de González, Luis Fernando, Rosa Elena, Bernardo, Héctor, Julio César, Jairo Antonio y Leonor González Hernández demandaron en recurso extraordinario de revisión la sentencia de 29 de septiembre de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2004-01975-00, que ellos instauraron contra el municipio La Mesa.
18. La parte recurrente pretende que “… se invalide la sentencia debatida, dictando en su lugar la que deba reemplazarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del C.C.A” (se transcribe), con fundamento en las causales contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 188 del C.C.A.
Fundamentos de la causal segunda del artículo 188 del C.A.A.
19. Los demandantes de la revisión extraordinaria sostuvieron que después de conocidas la sentencia impugnada y las decisiones del Tribunal sobre los recursos interpuestos y la nulidad procesal solicitada, aportaron al proceso las actas del comité de verificación del cumplimiento del fallo proferido en la acción popular No. 2014-0629.
20. Señalan que se trata de documentos recobrados con posterioridad a la sentencia, toda vez que esas actas fueron elaboradas por el comité de verificación entre el 29 de septiembre de 2008 y el 22 de enero de 2010, esto es, después de que el proceso de reparación directa se encontraba al despacho para fallo.
21. Seguidamente, se detuvieron en el contenido de esos documentos para señalar que, toda vez que se refieren a los daños causados al predio de su propiedad y a la comunidad en general, deben ser valorados en esta oportunidad, con el fin de que la Corporación “…resuelva esta situación en forma definitiva, pues los perjuicios ocasionados… con las fallas del servicio por parte de la Administración municipal de La Mesa han sido enormes, tal y como se puede comprobar con el resultado mismo descrito en trece (13) actas del Comité de Verificación…”.
22. Agregaron que igual situación se presentó con el informe de la auditoría adelantada por la Contraloría de Cundinamarca, de 17 de mayo de 2011, en el que se dio cuenta de los hallazgos detectados en la construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, entre ellos, la afectación del predio de propiedad de los demandantes.
23. Finalmente, los recurrentes pidieron que 1) se decreten como pruebas las allegadas al expediente de reparación directa, incluidas las aportadas por la parte actora después de proferida la sentencia; 2) se libren oficios a la Corporación Autónoma Regional, para que rinda un informe sobre los resultados del seguimiento y control del medio ambiente en el predio San Luis y sus alrededores; a la Contraloría de Cundinamarca, con el fin de que informe sobre las actuaciones adelantadas por los mismos hechos, y a la Procuraduría Ambiental y Agraria, con el objeto de certifique el resultado de la verificación del cumplimiento del fallo proferido dentro de la acción popular 2004-0629, y 3) se ordene la ampliación del dictamen pericial rendido en el proceso de reparación directa.
1.2.2. Fundamentos de la causal sexta del artículo 188 del C.C.A.
24. Después de presentar una síntesis de los antecedentes del proceso de reparación directa, de la decisión de fondo y aquellas con las que el Tribunal negó los recursos y la nulidad procesal, los recurrentes sostuvieron que la Sentencia del 9 de septiembre de 2009 estaba viciada de nulidad, por estas razones:
25. 1) El tribunal tenía la competencia para decidir en primera instancia, en razón de la cuantía de la segunda pretensión de la demanda, y por tanto debió conceder el recurso de apelación;
26. 2) Si el tribunal consideraba que con la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos se readecuaron las competencias por el factor cuantía, como lo señaló en los proveídos en los que negó la apelación y la nulidad procesal, debió remitir el proceso para que el juzgado competente fallara en primera instancia, y
27. 3) La decisión objeto del recurso extraordinario de revisión se limitó a analizar aspectos puramente formales y se apartó de los sustanciales, especialmente, de los elementos probatorios que demuestran los daños cuya reparación se procuró. En particular, señala el recurso, el tribunal examinó superficialmente el dictamen pericial y omitió ordenar de oficio su ampliación, como correspondía, de considerar que era insuficiente para probar el daño.
La actuación procesal
28. Por Auto de 10 de abril de 2013 se admitió la demanda interpuesta en ejercicio del recurso extraordinario de revisión y se ordenó correr traslado al municipio La Mesa y al Ministerio Público, una vez que estos fueran notificados. Ambas entidades guardaron silencio.
29. Mediante Auto de 3 de agosto de 2016, el despacho sustanciador decidió: 1) abstenerse de pronunciarse sobre la solicitud formulada en el recurso para que se decretaran como pruebas las obrantes en el proceso de reparación directa y 2) negar la solicitud presentada con el objeto de que se practicaran nuevas pruebas, por considerarla improcedente, de acuerdo con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.
30. En los términos del artículo 193 del C.C.A, vencido el período probatorio, se procede a dictar sentencia, con fundamento en las siguientes:
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales, 2.2. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión, 2.3. Presupuestos sustanciales y estudio de las causales en el caso concreto.
2.1. Presupuestos procesales
31. Según el artículo 236 de la Constitución Política y el artículo 82 del Decreto 1 de 1984, modificado por la Ley 446 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe decidir el recurso extraordinario interpuesto.
32. De conformidad con el Decreto 1 de 1984 [modificado por la Ley 446 de 1998], y el artículo 13.10 del Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala de la Subsección B de la Sección Tercera es competente para conocer el recurso extraordinario de revisión interpuesto con el objeto de que se revise una sentencia ejecutoriada, toda vez que fue proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
33. Finalmente, se advierte que el citado medio de impugnación se impetró en la oportunidad para ello, es decir, dentro del término de 2 años consagrado en el artículo 188 del C.C.A. En efecto, como la decisión que se recurre extraordinariamente en revisión de 9 de septiembre de 2009, se notificó a las partes por edicto que se fijó el 15 de octubre siguiente y se desfijó el 19 del mismo mes, quedando ejecutoriada el 22 de octubre de 2009, el término para demandar la revisión extraordinaria empezó a correr desde el día siguiente.
34. Así las cosas, dado que para el 6 de septiembre de 2011 no había corrido el término de dos años establecido por las normas del C.C.A., resulta claro que el recurso extraordinario presentado en esa fecha, lo fue oportunamente.
Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
35. Con este mecanismo de control se pretende que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas e infirmadas con el fin de que se sujeten, en primer lugar, a las normas, valores y principios constitucionales, cuando se han proferido con violación sustancial del debido proceso, se han obtenido por medios irregulares o faltan a la verdad y la justicia, por razones no imputables a la parte afectada.
36. El recurso y las causales que dan lugar a la revisión extraordinaria, “…constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, como lo ha señalado esta Corporación.
37. Desde la Sentencia de 7 de febrero de 2006, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló que el recurso extraordinario de revisión procede para anular la sentencia por la violación del artículo 29 de la Constitución Política, “…con los alcances dados por la Corte Constitucional en sentencias C-491/95 y C-217/96” .
38. Criterio que la misma Sala reiteró recientemente, señalando que la nulidad de la sentencia objeto de control a través de la revisión extraordinaria se configura “…por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001” .
39. Se trata de un control excepcional, toda vez que, se parte del reconocimiento de los principios de legalidad, acierto y conservación de la decisión, del respeto de la cosa juzgada, y la revisión procede específicamente por las causas legalmente establecidas, por razones no atribuibles a la parte recurrente. No se trata de una nueva instancia o una oportunidad para que las partes saneen errores u omisiones en las que hubieren podido incurrir en el trámite del proceso.
40. Asimismo, ha señalado la jurisprudencia que, mediante el recurso de revisión, no resulta posible cuestionar la actividad del juez por violación directa de la ley sustancial. Su objeto debe limitarse a discutir los hechos y su prueba con fundamento en razones sobrevinientes, por su ocurrencia o por su evidencia, además de la nulidad originada en la sentencia.
41. Así se ha precisado en la jurisprudencia:
(…) no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna. Este recurso no se dirige sobre la actividad del fallador (asunto de Derecho) sino sobre los hechos y su prueba, salvo en el caso de nulidad originada en la sentencia.
Desde otro punto de vista el recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia, pues presupone que exista como antecedente una sentencia ejecutoriada, de única de los Tribunales o del Consejo de Estado o de segunda instancia del Consejo de Estado, creadora de la cosa juzgada material, la cual una vez censurada sólo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del C.C.A. y con la concurrente y necesaria conclusión de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir que hay lugar a otra decisión distinta.
La Corte Suprema de Justicia, Corporación judicial que también conoce del recurso extraordinario de revisión sobre ciertos fallos dictados por la jurisdicción ordinaria, ha precisado sobre la naturaleza y fines del recurso extraordinario de revisión, aplicables a su homólogo de revisión surtido ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, que ‘( ) no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo (…) el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (…).
Presupuestos sustanciales y Estudio de las causales en el caso concreto.
2.3.1. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
42. Como se reitera en la jurisprudencia de la Corporación, para la configuración de esta causal el recurrente tiene la carga de acreditar varios presupuestos, relativos a los documentos recobrados y las razones o motivos que le impidieron aportarlos al proceso.
43. En lo relativo a los documentos, se debe acreditar que:
44. 1) Existían desde la fecha en que se presentó la demanda o, por lo menos, cuando venció la última oportunidad para aportar pruebas;
45. 2) Fueron recobrados después de pronunciada la sentencia materia de revisión, lo que excluye las pruebas producidas o mejoradas después, por ser esto contrario a la finalidad del recurso extraordinario de revisión y a la cosa juzgada, y
46. 3) Sean determinantes del sentido de la decisión, de forma tal que, de haber obrado en el proceso, el fallo habría tenido que ser distinto del que se impugna.
47. Sobre las razones que le impidieron al recurrente aportar al proceso los documentos, la causal invocada y la jurisprudencia advierten que se acredite la fuerza mayor, caso fortuito o la maniobra de la contraparte, esto es, hechos irresistibles e imprevisibles, ajenos a la actividad de las partes, o provenientes de la actividad fraudulenta de la contraparte, que impidieron, con carácter absoluto e invencible, allegar oportunamente los documentos existentes.
48. En el caso que ocupa la atención de la Sala no existe duda alguna de que los documentos que llevaron al recurrente a fundamentar la causal bajo estudio, esto es, las actas del comité de verificación del cumplimiento de la Sentencia de acción popular proferida en el expediente 2004-0629, fueron producidos y no recobrados, es decir, los mismos no existían para el momento de interposición de la demanda, esto es, el 20 de septiembre de 2004.
49. En efecto, la parte recurrente en revisión adujo que las mencionadas pruebas se produjeron en el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2008 y el 22 de enero de 2010, esto es, después de que el proceso de reparación directa había entrado al despacho para fallo, lo que ocurrió el 30 de marzo de 2006.
50. Además, señaló que esas pruebas las allegó al expediente de reparación directa después de dictada la sentencia, con el fin de acreditar el daño que se tuvo por no demostrado en esa decisión y, ante la negativa del tribunal a conceder los recursos de reposición y apelación, considera que es, a través del recurso extraordinario, como deben valorarse esas pruebas, para resolver definitivamente el litigio.
51. Puestas en esas dimensiones, el recurso promovido en esta oportunidad pretende revivir el debate de instancia ya resuelto, con efectos de cosa juzgada, mediante la sentencia impugnada, fin que resulta ajeno a la demanda de revisión extraordinaria, toda vez que la promovida se orienta a subsanar los defectos probatorios endilgados en dicha decisión.
52. Resulta evidente que lo pretendido con el planteamiento de esta causal es dar reapertura a la etapa probatoria, con el fin de que se complemente el dictamen pericial rendido dentro del proceso, se decreten y valoren nuevas pruebas, producidas con posterioridad a la demanda, sobre hechos existentes a la presentación de la misma, y se decida nuevamente el debate procesal promovido ante el juez de la causa.
53. En esas condiciones, son improcedentes las razones del cargo de revisión analizado, pues no resulta posible mutar la naturaleza restringida del recurso extraordinario en una instancia, para cuestionar los aspectos sustantivos en los que se sostiene la decisión impugnada.
2.3.2. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
54. En la reiterada jurisprudencia que se ha reseñado, se ha sostenido la configuración de esta causal a partir de los siguientes presupuestos, relacionados con la etapa procesal y los motivos en los que se incurre en la nulidad:
– Por regla general, debe tratarse de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, contra la que no procede el recurso de apelación. Ello es así, si se considera que “…la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”.
55. Sin embargo, también se ha reconocido la posibilidad de alegar con fundamento en la causal bajo estudio, la nulidad ocurrida antes de la sentencia no apelable, que “…no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Caso en el que sobre el recurrente recae la carga de probar que no tuvo oportunidad de proponer la nulidad, toda vez que la revisión extraordinaria no puede erigirse en mecanismo para subsanar las omisiones de la parte que no alegó oportunamente el vicio procesal.
– La nulidad debe haberse originado en el desconocimiento grave o insaneable de algún aspecto sustancial propio de esa actuación, como ocurre con la afectación del debido proceso constitucional –artículo 29 de la Constitución Política– y en los casos previstos en el artículo 140 del C. P.C.
56. Así, en atención al carácter extraordinario del recurso de revisión, esta Corporación ha entendido que la causal bajo estudio “…se configura i) cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001”.
57. En esta última Sentencia, la Corte Constitucional señaló que, todo control de juridicidad, comprendido el que se ejerce mediante los recursos extraordinarios, «…incluye necesariamente, y en primer término, la sujeción de las decisiones judiciales a la normatividad constitucional, toda vez que la Constitución es ley, “en su expresión más primigenia y genuina”» y, asimismo, que «…la garantía constitucional del debido proceso comprende el imperativo de aplicar en las decisiones judiciales, en primer término las normas, postulados, fines y principios establecidos en la Constitución Política, como primer presupuesto del principio de legalidad a que hace referencia el artículo 29 constitucional».
58. A través de reiterados pronunciamientos, esta Corporación, ha puesto de presente los distintos vicios graves o irregularidades insaneables, constitutivos de nulidad presente en la sentencia. En fallo de 2011, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sintetizó los eventos en que, según la jurisprudencia de lo contencioso, se configura la causal del numeral 6 del artículo 188 del Decreto 1 de 1984, así:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación” (Negrilla fuera de texto).
59. Recientemente, señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que “…los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos” y que “la subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso”, teniendo en cuenta, entre otros criterios, si la providencia objeto de revisión cumple o no los fines funcionales del derecho.
60. En lo atinente a la nulidad por falta de competencia, como causal de revisión extraordinaria, la jurisprudencia ha concluido que cuando el juez no era el competente por razón del factor funcional, por ejemplo, porque debiendo fallar en primera instancia lo hizo como juez de apelación, se incurre en una nulidad presente en la sentencia así proferida.
61. Particularmente, ha señalado la Sala Plena que “…la falta de jurisdicción o competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión” .
62. Asimismo, ha concluido la jurisprudencia que este último vicio se presenta por la falta de competencia en razón del factor funcional, también llamado vertical o de instancia, toda vez que se trata de una irregularidad procesal insaneable.
63. Recientemente, en el caso de un recurso extraordinario de revisión, formulado con fundamento en la misma causa que aquí se examina, se concluyó que, al ser el tribunal competente para conocer el proceso en primera instancia, no podía decidir como juez de apelación y, como así lo hizo, la sentencia adolecía del vicio que da lugar a la anulación a la configuración de la causal invocada.
64. Se concluyó en esa oportunidad:
“Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación, el 29 de octubre de 2008, incurrió en la irregularidad constitutiva de la nulidad invocada como “originada en la sentencia”, al desconocer la competencia asignada en la Ley 270 de 1996 y jurisprudencia del Consejo de Estado reciente para ese momento sobre el asunto, puesto que, para la fecha en la cual se profirió el fallo atacado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ya se había pronunciado en relación con la interpretación que se le estaba dando a la norma.
“Por tanto, la providencia de primera instancia no era susceptible de ser conocida por el superior en apelación, sino en primera instancia; así, el fallador de segundo grado asumió una actuación que no le correspondía al decidir un recurso de apelación para el cual no tenía competencia funcional.
“Así, la causal de revisión extraordinaria invocada está llamada a prosperar y, como consecuencia, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, sin necesidad de estudiar la otra causal invocada por el demandante, ante la prosperidad de la primera”.
65. En el presente caso, la parte recurrente sostuvo que la sentencia cuestionada incurría en la causal de nulidad por falta de competencia funcional, esto es, la contemplada en el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Tribunal debía decidir el proceso en primera y no en única instancia, y que, de advertir que la competencia se había radicado en los juzgados administrativos, como lo hizo en las decisiones con las que negó la apelación y la nulidad procesal pedida, debió remitir el expediente para que el competente fallara en primera instancia.
66. En esas circunstancias, de haberse incurrido en la nulidad invocada por la recurrente, resultaría insaneable por tratarse de la falta de competencia funcional, irregularidad que afecta sustancialmente la garantía constitucional del debido proceso.
67. Asimismo, señaló la parte recurrente que la sentencia adolecía del vicio de nulidad por haberse desconocido sustancialmente el valor probatorio del dictamen pericial y omitido ordenar de oficio su complementación.
68. Para estudiar la eventual prosperidad del recurso, en lo que respecta a esta causal, es del caso determinar, en primer lugar, la competencia del Tribunal para decidir la acción de reparación directa promovida por quienes aquí demandan la revisión extraordinaria.
69. Cuando se presentó la demanda de reparación directa -20 de septiembre de 2004-, se encontraba vigente la Ley 446 de 1998, que disponía, en el parágrafo del artículo 164, que “[m]ientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”.
70. De conformidad con los artículos 129, 132 y 265 del C.C.A., modificados por el Decreto 597 de 1988; 134E de la misma codificación, adicionado por la Ley 446 de 1998, y 20 del C. de P.C., para que un proceso iniciado en 2004 se tramitara en doble instancia la cuantía debía superar $51’730.000, determinada por el valor de la pretensión mayor, si en la demanda se acumulan varias de ellas.
71. Quiere decir entonces que, cuando se presentó la demanda el proceso de reparación directa tenía vocación para ser tramitado en doble instancia, en razón de la cuantía, toda vez que la mayor de las pretensiones acumuladas, correspondiente al lucro cesante –estimado en $100.000.000– superaba la cuantía exigida para el efecto.
72. Sin embargo, posteriormente, el 28 de abril de 2005, entró en vigencia la Ley 954 de ese año, que modificó el citado parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de readecuar temporalmente las competencias y disponer que, mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos, los tribunales “…conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos”.
73. Sobre su vigencia, la Ley 954 de 2005, artículo 7, dispuso que regiría a partir de la fecha de su promulgación, “…en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998”. En esta última norma se dispuso que “[l]os procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto”.
74. Los juzgados administrativos entraron en funcionamiento el 1 de agosto de 2006. A partir de entonces empezaron a regir las disposiciones de la Ley 446 de 1998 en materia de competencias, sujetas al régimen de transición previsto en su artículo 164.
75. Una vez empezaron a funcionar los juzgados administrativos, se debía dar aplicación a las normas de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor, i) esos despachos serían los competentes para conocer en primera instancia los procesos “de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales” –artículo 42, que adicionó el artículo 134B al C.C.A.– y ii) “Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia” (subrayas y negrillas fuera de texto) –artículo 164-.
76. Es de anotar que la cuantía del proceso de reparación directa iniciado por los recurrentes, determinada por la mayor de las pretensiones, como lo disponen los artículos 134E y 265 del C.C.A, y 20 del C. P.C., no supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por la Ley 954 de 2005 para que el asunto fuera decidido en primera instancia.
77. Asimismo, según se constata en el expediente, el proceso de reparación directa iniciado por los demandantes en revisión extraordinaria entró al despacho para fallo el 30 de marzo de 2006, esto es, bajo el régimen de readecuación temporal de las competencias dispuesto por la Ley 954 de 2005, ya que para entonces no habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos.
78. Además, el fallo impugnado se profirió el 29 de septiembre de 2009 y el recurso de apelación se presentó en el mismo año, esto es, bajo la vigencia de la Ley 446 de 1998, según la cual, “[e]n los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos… se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso” –art. 164-.
79. En esas circunstancias, la Sala habrá de determinar si el proceso de reparación directa debía fallarse en primera instancia, como lo sostienen los recurrentes, o si, por el contrario, la competencia estaba asignada en única instancia, como lo decidió el Tribunal al amparo de los regímenes de readecuación temporal de competencias dispuesto por la Ley 954 de 2005 y de transición, establecido en la Ley 446 de 1998.
80. En la jurisprudencia de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta de esta Corporación se ha reiterado que, a partir de la readecuación temporal de las competencias de la Ley 446 de 1998, efectuada por la Ley 954 de 2005 y, asimismo, después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, la cuantía se fija a la fecha de presentación de la demanda y la competencia se determina por la ley vigente a la presentación del recurso de apelación, toda vez que en esa normatividad se dispuso que los procesos en curso de doble instancia, que no alcanzaran las nuevas cuantías establecidas para el efecto, quedaban de única instancia.
81. Asimismo, en Auto del 19 noviembre de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera, por razones de importancia jurídica, adoptó “una posición unificada”, en la que señaló que “…desde del 1° de agosto de 2006 -fecha a partir de la cual se aplican las cuantías señaladas en la Ley 446 de 1998-, para que las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos sean susceptibles de impugnación ante esta Corporación, necesariamente se requiere que el asunto alcance los topes vigentes al momento del recurso para acudir en alzada al Consejo de Estado”.
82. Se trató de un proceso iniciado antes de la vigencia de la Ley 954 de 2005 que, de acuerdo con las disposiciones vigentes entonces, tenía vocación de ser tramitado en doble instancia por razón de la cuantía, en el que se dictó sentencia y se interpuso el recurso de apelación después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, esto es, bajo la vigencia de las competencias establecidas por la Ley 446 de 1998.
83. En esa oportunidad se concluyó que, los procesos con vocación de doble instancia, iniciados antes de la Ley 954 de 2005, quedaron convertidos en de única instancia si no alcanzan las cuantías fijadas en la nueva ley para el efecto, caso en el que la procedencia de la apelación debe determinarse de acuerdo con la ley vigente a la interposición del recurso, teniendo en cuenta la cuantía establecida con la presentación de la demanda. Por esas razones se decidió la improcedencia del recurso de apelación interpuesto.
84. En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 954 de 2005 y los criterios jurisprudenciales citados, la cuantía del proceso de reparación directa iniciado por los recurrentes en revisión extraordinaria, determinada por la mayor de las pretensiones, no superó los 500 salarios mínimos exigidos para ser decidido por el tribunal en primera instancia.
85. Y dado que la Ley 954 de 2005 rigió entre el 28 de abril de 2006 y el 1 de agosto de 2006, fecha en que entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, se concluye que, cuando entró al despacho para dictar sentencia, lo que ocurrió el 30 de marzo de 2006, el proceso debía ser fallado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en única instancia.
86. Ahora bien, los recurrentes aducen que, como no se había dictado sentencia cuando entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, el proceso volvió a ser de doble instancia, de conformidad con las competencias establecidas por la Ley 446 de 1998, razón por la que el tribunal debió remitirlo al juez competente en primera instancia.
87. Sin embargo, ese entendimiento resulta contrario al artículo 164 de la Ley 446 de 1998, que dispuso que “…los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia” –se destaca-.
88. De acuerdo con lo anterior se concluye que, como el proceso se encontraba al despacho para dictar sentencia cuando empezaron a regir las competencias establecidas en la Ley 446 de 1998, el tribunal era el competente, en única instancia, como en efecto lo decidió.
89. Finalmente, los argumentos del cargo que aquí se analiza, consistentes en la insuficiente valoración del dictamen pericial en la que se sostiene la sentencia impugnada, se orientan a reabrir el debate procesal decidido en sede de instancia y por tanto exceden los límites del recurso extraordinario, razón por la que la Sala no podrá pronunciarse al respecto.
90. Así las cosas, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, toda vez que se no se acreditaron las causales invocadas.
91. De conformidad con los artículos 171 del C.C.A. y 392 del C. P. C., modificado este último por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, vigentes a la fecha de presentación de la demanda extraordinaria, se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya propuesto. Asimismo, disponen esas normas que en la sentencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la liquidación que debe adelantarse por la Secretaría.
92. De acuerdo con lo previsto en el artículo 393 del C. de P. C., la condena en costas se orienta a reconocer a “los… gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
93. En el presente caso se encuentra acreditado que el municipio La Mesa confirió poder a un abogado para que se encargara de su defensa; sin embargo, la misma no fue ejercida, dado que la única actuación procesal se limitó a allegar, en sobre cerrado, el memorial contentivo del mandato conferido, sin que se haya adelantado gestión alguna en defensa del ente demandado. Como consecuencia, no se condenará en costas.
DECISIÓN
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por los señores María Isabel Hernández viuda de González, Luis Fernando, Rosa Elena, Bernardo, Héctor, Julio César, Jairo Antonio y Leonor González Hernández contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2009, dentro del expediente de reparación directa, con radicación 25000-23-26-000-2004-01975-00, en el que fue parte demandada el municipio La Mesa – Cundinamarca.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CUARTO. Expedir copias a los apoderados del proceso
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
RAMIRO PAZOS GUERRERO
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Folios 1-18 de C.8.
Folios 2-21 de C. 2. Igualmente obra entre los Folios 168-178 de C.8.
Folios 22-30 de C. 2. Igualmente obra entre los Folios 53-56 de C.8.
Folios 31-38 de C. 2.
Folios 56-93 de C. 2.
Folios 1-423 de C.7 de Pruebas.
Folio 144 de C.1.
Folios 20-22 de C 1. Igualmente obra entre los 146-147 de C.8.
Folio 14-18 de C.1.
Folio 23-25 de C.1. Igualmente obra entre los Folios 1-3 de C.8
Folio 38 y ss.
Folio 96-99 de C.1.
Folios 36-37 de C.1.
Folios 36-37 de C.1.
Folios 26-28 de C.1.
“2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
“Artículo 193. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia”.
Disposiciones vigentes al momento de la formulación del presente recurso, esto es, Decreto Ley 01 de 1984 y la Ley 446 de 1998.
“Artículo 13. Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) 10. Sección Tercera El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8 de mayo de 2018, ya citada.
“Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo erige el Legislador como excepción al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley”, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 18 de octubre de 2005, REV–173. En el mismo sentido, Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, entre otras.
“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.// La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión habría sido otra”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 47.692 y Sentencia de 11 abril de 2019, exp. 53.031
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 3 de septiembre de 1996; exp. No. 5231.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV), Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2005, atrás citada y Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2015-01542-00(REV), entre otras.
En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: “Esta prueba, pues, debió existir desde el momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure después de pronunciada la sentencia…’ (Sentencia de 12 de junio de 1987, sin publicar), concepto este que se haya ampliado por la Corte (G. J., Tomo LIV, pág. 214) al afirmar que ‘…No es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla. El recurso de revisión no es procedente para esto. De lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, porque bastaría que el litigante vencido en juicio mejorara la prueba en el de revisión o produjera otra. La prueba eficaz en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) O, por lo menos, al tiempo de vencer el último término de prueba en el respectivo juicio…”, sentencia del 25 de julio de 1997, expediente 5988.
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia citada.
Folio 15, Cuaderno 1, proceso de reparación directa.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias del 7 de mayo de 1023, radicación 11001-03-15-000-2010-00038-00(REV)] y del 2 de mayo de 2010, radicación 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV)].
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 2 de marzo de 2010, radicación 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
“…el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 142 C.P.C”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de agosto de 2013, radicación 11001-03-015-000-2009-00687-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8 de mayo de 2018, ya citada. En el mismo sentido, la sentencia del 11 de mayo de 1998, expediente REV-00093, entre otras.
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11 de mayo de 1998, expediente REV-093, de 18 de octubre de 2005, expediente 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, expediente 2003-00133, de 2 de marzo de 2010, expediente REV-2001-00091 y de 18 de octubre de 2005, expediente 2000-00239; Sección Quinta, sentencia de 4 de noviembre de 1999, Rad. 2185; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, expediente 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, expediente 2006-00123.
[Cita del texto trascrito] “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00”.
[Cita del texto trascrito] “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080”.
[Cita del texto trascrito] “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093”.
[Cita del texto trascrito] “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170”.
[Cita del texto trascrito] “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062”.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, ya citada.
Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de mayo de 1998, del 18 de octubre de 2005, expediente REV- 00239 y del 2 de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV).
Consejo Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de julio de 2018, radicación 25000-23-26-000-2004-00397-01(41016)-REV.
29 de octubre de 2008.
9 de septiembre de 2008.
Folios 107 y 133, cuaderno 1 del proceso de reparación directa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Autos del 9 de febrero de 2006 (Subsección B), radicación 25000-23-25-000-2001-08075-01(7669-05); 20 de abril de 2006 (Subsección A), radicación 25000-23-25-000-2000-07769-02(9726-05); 1º de junio de 2006, radicación 25000-23-25-000-2005-00572-01(1106-06); Sección Tercera, Autos del 24 de mayo de 2006, radicación 50001-23-31-000-2000-00412-01(31998); 19 julio de 2010, radicación 05001-23-31-000-2002-04307-01(38232); 12 de noviembre de 2010 (Subsección C), radicación 68001-23-31-000-1998-01025-01(38897); 6 de abril de 2011, radicación 23001-2331-000-2003-00886-01(37211); Sección Cuarta, Autos del 21 de septiembre de 2005, radicación 73001-23-31-000-2001-02895-01(15610); 30 de marzo de 2006, radicación 50001-23-25-000-1998-02706-01(15898); 1º de junio de 2006, radicación 25000-23-27-000-2003-01519-01(15939) y 12 de diciembre de 2006, radicación 25000-23-27-000-2003-00659-01(16224); entre otras decisiones.
Consejo de Estado, Sección Tercera, con ponencia y salvamento de voto de la Magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 05-001-23-31-000-1998-00309-01 (40.386).
“Del recuento cronológico atrás efectuado, para la Sala resulta factible constatar: (i) que la demanda fue presentada por la sociedad Terminales de Transporte de Medellín el día 30 de enero de 1998; (ii) que el libelo fue admitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el 1º de abril del mismo año, esto es, meses antes de que fuera promulgada la Ley 446 de 1998 -8 de julio-; (iii) que la parte actora fijó la cuantía del proceso en $53´220.660 -12 meses de arrendamiento conforme al plazo del contrato, suma que excedía los $18´850.000, entonces exigidos para que un proceso fuera considerado de doble instancia, de conformidad con el art. 132 del C.C.A. subrogado por el Decreto 597 de 1988; (iv) que la sentencia proferida por el tribunal a quo y el recurso de apelación propuesto, se produjeron -agosto y septiembre de 2010- cuando ya estaban vigentes las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998 y (v) que para la fecha de formulación de la alzada, el proceso no superaba los 500 s.m.m.l.v. ($257´500.000) que, según la Ley 446 de 1998, se requieren para que los asuntos contractuales sean conocidos por esta Corporación en segunda instancia”, auto citado.
«Ahora bien, fundamenta el Tribunal Administrativo de Antioquia su negativa a conceder el recurso de alzada (i) en que la Ley 954 de 2005 dispuso que los “Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0446_1998_pr001.html" \l "42" \t "_blank" 42 [de la Ley 446 de 1998], según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de [dichos] montos” y (ii) en lo dispuesto por el último inciso del art. 164 de la Ley 446 de 1998, con arreglo al cual los “procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto”.//…Es que el inciso final del art. 164 de la Ley 446 de 1998 exige que, para la procedencia de la alzada, al momento de su formulación el asunto debe alcanzar la cuantía que se encuentre vigente para acudir al superior y como en el presente caso no se superaron los 500 s.m.m.l.v. exigidos para recurrir en apelación a esta Corporación, fue acertada la decisión del Tribunal a quo al denegar la concesión de la impugnación vertical», auto citado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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