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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00397-01

Recurso extraordinario de revisión: en acción de reparación directa

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00397-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de octubre de 2008. SEGUNDO: Como consecuencia, DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el 23 de enero de 2007, inclusive, y ordenar la remisión del expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su reparto. TERCERO: Las pruebas practicadas en el proceso conservarán su validez, en los términos señalados por el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2004-00397-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

5 de julio de 2018

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - En acción de reparación directa / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por daños derivados de la administración de justicia / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Causal sexta / CAUSAL SEXTA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Nulidad de sentencia judicial que pone fin al proceso

El 29 de noviembre de 2010, los señores Marina Anzola de Ramírez, Juan David Ramírez Anzola, Javier Mauricio Ramírez Anzola, Luis Alejandro Ramírez Anzola y Mary López de Castañeda , en nombre propio y como herederos determinados del señor Luis Carlos Ramírez López , por conducto de apoderado judicial , interpusieron ante el Tribunal Administrativo de primera instancia el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 29 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 188 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 188 NUMERAL 6

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CAUSAL SEXTA - Por nulidad de sentencia judicial que pone fin al proceso / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - Oportunidad para alegarla / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - No puede invocarse en una etapa previa al fallo / NULIDADES INSANEABLES - El juez está en la obligación de declararlas de oficio

A su vez, el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil establece que dicha nulidad podrá alegarse también en la oportunidad prevista y en la forma consagrada en el inciso 3 del mismo artículo; es decir, durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. Cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la invalidez de una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada. No será posible, entonces, alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe “antes de dictar sentencia”.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 142 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 145

INCOMPETENCIA DEL FALLADOR - Es una causal de nulidad procesal de naturaleza saneable / NULIDAD INSANEABLE – Cuando la falta de competencia se configura por factor funcional

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia del fallador es una causal de nulidad procesal de naturaleza saneable, a menos que la falta de competencia se configure por el factor funcional, también llamado vertical o de instancia. (…) La nulidad procesal alegada en este caso es aquella que, según el recurrente, se originó en la sentencia de segunda instancia por falta de competencia del juez ad quem para pronunciarse en segunda instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 144 NUMERAL 5

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR HECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Conoce en primera instancia los Tribunales Administrativos de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, sin consideración a la cuantía del proceso y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia

La Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) regula, en los artículos 65 y siguientes, las materias relacionadas con la responsabilidad del Estado por razón de las actuaciones de sus funcionarios y empleados judiciales, a propósito de la cual se determinan tres títulos de imputación: el error jurisdiccional (artículo 66), la privación injusta de la libertad (artículo 68) y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (artículo 69). Por su parte, el artículo 73 de la misma ley se ocupa de regular algunos aspectos relacionados con la competencia para conocer de este tipo de acciones. Por su parte, el artículo 73 de la misma ley se ocupa de regular algunos aspectos relacionados con la competencia para conocer de este tipo de acciones. (…) hay lugar a concluir que la competencia por el factor funcional para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por regla general, se encuentra radicada entre los Tribunales Administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso, es decir, sea esta igual o inferior a 500 SMLMV.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 69 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 73

NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - Acreditada al demostrarse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver el recurso de apelación desconoció la competencia asignada en la Ley 270 de 1996 / PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA - No era susceptible de ser conocida por el superior en apelación, sino en primera instancia / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - Causal de revisión extraordinaria próspera al demostrarse falta de competencia funcional de fallador de segundo grado / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Fundado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación, el 29 de octubre de 2008, incurrió en la irregularidad constitutiva de la nulidad invocada como “originada en la sentencia”, al desconocer la competencia asignada en la Ley 270 de 1996 y jurisprudencia del Consejo de Estado reciente para ese momento sobre el asunto, puesto que, para la fecha en la cual se profirió el fallo atacado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ya se había pronunciado en relación con la interpretación que se le estaba dando a la norma. Por tanto, la providencia de primera instancia no era susceptible de ser conocida por el superior en apelación, sino en primera instancia; así, el fallador de segundo grado asumió una actuación que no le correspondía al decidir un recurso de apelación para el cual no tenía competencia funcional. Así, la causal de revisión extraordinaria invocada está llamada a prosperar y, como consecuencia, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, sin necesidad de estudiar la otra causal invocada por el demandante, ante la prosperidad de la primera.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

SENTENCIA SUSTITUTIVA - Improcedente por cuanto se le estaría pretermitiendo a las partes la doble instancia

[L]a Sala advierte que en el presente caso no es procedente proferir sentencia sustitutiva, por cuanto, como se indicó previamente, en razón de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, los procesos cuyo objeto es declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de las actuaciones de sus funcionarios y empleados judiciales, de acuerdo con los tres títulos de imputación antes mencionados , solo son susceptibles de ser conocidos en primera instancia por los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado. Como consecuencia, al proferir sentencia sustitutiva se le estaría pretermitiendo a las partes la doble instancia, en caso de presentar discrepancias con el fallo aquí proferido. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la interpretación y alcance del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, consultar auto de sala plena de lo contencioso administrativo de 09 de septiembre de 2008, Exp. 34985, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL - Conlleva a declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó el conocimiento del proceso en primera instancia / PRUEBAS PRACTICADAS - Se conserva su validez

Por economía procesal, la Sala decretará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el 23 de enero de 2007, inclusive, con el cual avocó el conocimiento del proceso en primera instancia y se remitirá el expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su reparto, con el fin de que se le dé traslado para alegar y se profiera la correspondiente sentencia de primera instancia, conservando la validez de las pruebas practicadas de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-26-000-2004-00397-01(41016)

Actor: LUIS CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ Y OTRO

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de octubre de 2008, mediante la cual se revocó la sentencia proferida en primera instancia el 4 de marzo de 2008, por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y negó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda inicial

Mediante escrito que se presentó el 9 de febrero de 2004 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los señores Luis Carlos Ramírez López, Marina Anzola de Ramírez, Juan David Ramírez Anzola, Luis Alejandro Ramírez Anzola, Javier Mauricio Ramírez Anzola y Mary López de Castañeda, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación –Ministerio de Defensa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados “con las falsas imputaciones, irregularidades, errores y presentación pública dentro del proceso penal” adelantado en contra del señor Luis Carlos Ramírez López, quien se desempeñó como Coronel del Ejército Nacional.

El proceso fue adelantado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual admitió la demanda y ordenó la apertura a pruebas del proceso; sin embargo, ante la entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, el expediente fue remitido a la Secretaría de estos para su reparto, correspondiéndole al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el que avocó conocimiento mediante auto del 23 de enero de 2007 y requirió a las partes para continuar con el recaudo de las pruebas.

2.- El fallo de primera instancia

Surtido el trámite legal correspondiente en primera instancia, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 4 de marzo de 2008, declaró responsable a la demandada y la condenó a pagar la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales en favor del señor Luis Carlos Ramírez López y cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de cada uno de los otros demandantes.

Además, reconoció $199’205.119 por concepto de lucro cesante en favor del señor Ramírez López.

La anterior decisión se fundamentó, en síntesis, en las siguientes consideraciones (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“Si bien las investigaciones se adelantaron en pleno ejercicio legítimo de las funciones legales y constitucionales de las autoridades de instrucción, de las piezas procesales que reposan en el plenario se encuentra que se causó un daño antijurídico, un daño que el actor no tenía por qué soportar, pues las pruebas que obran en su contra no eran suficientes y no tenían la fuerza para acreditar su participación en los hechos delictivos que se le imputaban; fueron simples posibilidades de ocurrencia, conjeturas que no tenían ningún sustento fuerte y veraz, lo que de suyo impedía decretar medida de aseguramiento en su contra, pues los requisitos que la ley exige para su procedencia no se cumplían, como lo era que existiera indicios graves en su contra”.

3.- El recurso de apelación

La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por parte de la entidad demandada, el cual se admitió y resolvió por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el que, en sentencia del 29 de octubre de 2008, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones, con base en los siguientes argumentos (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“Vistas las cosas, concluye esta Corporación que dado que el presente asunto no es posible estudiarlo desde el punto de vista del error jurisdiccional por ausencia de los presupuestos exigidos, procede la Sala a estudiar los demás títulos de imputación.

“Por obvias razones no puede encajarse el asunto de la referencia, en la ‘privación injusta de la libertad’ dado que el actor, en el curso de la investigación, nunca le fue restringido su derecho, lo que por sustracción de materia lleva a concluir que el presente caso debe ser manejado desde el punto de vista del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

“(…).

“Expuesto todo lo anterior, se observa que el demandante alega la existencia de un daño antijurídico, como consecuencia de la investigación adelantada en su contra, por considerar que se cometieron serias irregularidades, es decir que no se encontraba en el deber jurídico de soportar una investigación tan prolongada, que finalmente concluyó con la ante la justicia ordinaria, siendo absuelto, debido a que su presunción de inocencia se mantuvo incólume.

“(…).

“Descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que el daño alegado por los actores, no reviste la calidad de antijurídico, como quiera que para la época de los hechos el Coronel retirado Luis Carlos Ramírez entabló relaciones de tipo sentimental con la persona que finalmente realizó la estafa al Ministerio de Defensa, situación que de suyo, con constituye una conducta reprochable, pero que sí abarcó las repercusiones propias una vez puesta al conocimiento de la luz pública.

“Súmese a lo anterior como las pruebas aportadas al proceso dan cuenta que no solamente fue el Coronel retirado Ramírez López quien tuvo que verse inmerso en esta investigación, pues fueron todos los demás miembros militares y cuerpo civil que participaron en la etapa precontractual y de ejecución del citado contrato 252-CEITE-93, luego de hecho en razón a su cargo en ese entonces ‘Director de Intendencia’, era apenas natural que formara parte del personal que sería investigado por la Justicia Penal Militar.

“La calidad de servidos público y militar del alto grado que ostentaba el Coronel retirado Ramírez López para la época de los hechos además de traer consigo una condición sobresaliente dentro de cualquier círculo social, le imponía cargas distintas de las de cualquier otro ciudadano para con el Estado, máxime si era quien estaba a cargo del almacén de intendencia, presentó la ponencia para la adjudicación del contrato 252-CEITE-93 y sostuvo vínculos sentimentales y negociales con quien ostentó la calidad del representante legal de la firma adjudicataria; cargas todas estas, que se vieron enmarcadas en el deber jurídico de soportar la investigación a la cual finalmente se vio avocado”.

4.- El recurso extraordinario de revisión

El 29 de noviembre de 2010, los señores Marina Anzola de Ramírez, Juan David Ramírez Anzola, Javier Mauricio Ramírez Anzola, Luis Alejandro Ramírez Anzola y Mary López de Castañeda, en nombre propio y como herederos determinados del señor Luis Carlos Ramírez López, por conducto de apoderado judicial, interpusieron ante el Tribunal Administrativo de primera instancia el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 29 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 188 del C.C.A., cuyo fundamento se expondrá más adelante.

La demanda contentiva del recurso extraordinario de revisión fue concedido por el Tribunal el 23 de marzo de 2011 y admitida por esta Corporación mediante auto del 25 de noviembre de 2011, se abrió a pruebas mediante decisión del 11 de mayo de 2012 y se tuvieron como allegadas las pruebas solicitadas por el Despacho, mediante providencia del 6 de noviembre de ese mismo año; finalmente, se le dio traslado a las partes de los documentos obrantes en el proceso.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de 1998, siendo competente para resolverlo esta Subsección, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la Sección Segunda del artículo 13 del Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, al tener como objeto la revisión de una sentencia ejecutoriada proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad y de justicia, por razones no imputables a la parte afectada, conservando como finalidad su preservación así como la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada. Al respecto, ha dicho la Sala:

“Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo erige el Legislador como excepción al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley”.

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. Así lo ha precisado la jurisprudencia:

“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.

“La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión habría sido otra”.

El recurso debe interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia y procede por la ocurrencia de una de las causales taxativamente consagradas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

El recurso de revisión, a diferencia del ya derogado recurso extraordinario de súplica, no tiene por objeto cuestionar la actividad del juez por violación directa de la ley sustancial; su propósito es el de discutir los hechos y su prueba con fundamento en razones sobrevinientes, por su ocurrencia o por su evidencia; al respecto la Sala explicó lo siguiente:

“(…) no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna. Este recurso no se dirige sobre la actividad del fallador (asunto de Derecho) sino sobre los hechos y su prueba, salvo en el caso de nulidad originada en la sentencia.

“Desde otro punto de vista el recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia, pues presupone que exista como antecedente una sentencia ejecutoriada, de única de los Tribunales o del Consejo de Estado o de segunda instancia del Consejo de Estado, creadora de la cosa juzgada material, la cual una vez censurada sólo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del C.C.A. y con la concurrente y necesaria conclusión de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir que hay lugar a otra decisión distinta.

“La Corte Suprema de Justicia, Corporación judicial que también conoce del recurso extraordinario de revisión sobre ciertos fallos dictados por la jurisdicción ordinaria, ha precisado sobre la naturaleza y fines del recurso extraordinario de revisión, aplicables a su homólogo de revisión surtido ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, que ‘( ) no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo (…) el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (…)” (subraya de la Sala).

3.- La causal de revisión invocada en el caso sub examine

La causal invocada por la parte impugnante corresponde a la prevista en el numeral 6 del artículo 188 del C.C.A., a cuyo tenor:

“Art. 188.- Causales de revisión. Son causales de revisión:

“(…).

“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

“(…)”.

A su vez, el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil establece que dicha nulidad podrá alegarse también en la oportunidad prevista y en la forma consagrada en el inciso 3 del mismo artículo; es decir, durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades.

Cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la invalidez de una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada.

No será posible, entonces, alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe “antes de dictar sentencia”.

Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse nulidad originada en la sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en un caso similar, sostuvo:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´” (subrayas de la Sala).

Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consideró que podían tenerse como motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en aquella oportunidad:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.

“(…).

“También es nulo el proceso de ejecución y aquél en que haya remate de bienes, cuando se libra ejecución después de la muerte del deudor si se omite el trámite prescrito en el artículo 1.434 del Código Civil y cuando faltan las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, según lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, que no es el caso”.

En otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación anotó:

“Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

“En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente manera:

‘En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión.

‘Además, entre los otros eventos, también está el caso de que la sentencia le haga más gravosa la situación al particular demandante, porque sin existir contrademanda, las resultas de la sentencia le impongan cargas superiores a las que la administración, en la vía gubernativa, le determinó, o al ente estatal demandante en relación con el acto acusado, porque también serían modalidades de pretermitir íntegramente la instancia.

‘Igualmente, la hipótesis de que la pertinente decisión carezca de motivación, porque sin ella ni siquiera alcanza a configurarse como sentencia’” (subrayas de la Sala).

4. Caso concreto

El recurrente sostiene que la sentencia cuestionada incurre en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según la cual “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…) 2. Cuando el juez carece de competencia”.

Dicha causal de nulidad está referida al desconocimiento de las reglas procesales que determinan la competencia para tramitar y decidir el asunto, bien sea por la calidad de las partes (factor subjetivo), la materia o el valor (factor objetivo), el territorio (factor territorial), o por la distribución vertical de funciones entre jueces (factor funcional).

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia del fallador es una causal de nulidad procesal de naturaleza saneable, a menos que la falta de competencia se configure por el factor funcional, también llamado vertical o de instancia. En efecto, esa norma dispone el saneamiento del vicio procesal que se analiza “cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso” (subraya la Sala).

La nulidad procesal alegada en este caso es aquella que, según el recurrente, se originó en la sentencia de segunda instancia por falta de competencia del juez ad quem para pronunciarse en segunda instancia.

En estas circunstancias, la nulidad resultaría insaneable por falta de competencia funcional, irregularidad del proceso que, según la doctrina, “se refiere a la distribución vertical del juez de primera, segunda o única instancia, o para conocer los recursos de casación y revisión, como si por ejemplo, un juez municipal admitiera un recurso de apelación o de consulta, o cuando un juez de circuito conoce en segunda instancia de un asunto (…) de única instancia”.

Plantea el recurrente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no estaba facultado para revisar, en segunda instancia, el fallo del a quo, apelado, y llega a esa conclusión con base en lo indicado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 que establece la competencia para conocer de los procesos derivados de los hechos de la Administración de Justicia, como el presente, en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado.

Para estudiar la eventual prosperidad del recurso, es del caso determinar si el vicio imputado se produjo antes o en el momento de proferir el fallo. En otras palabras, examinar si la irregularidad constitutiva de la nulidad invocada puede calificarse como “originada en la sentencia”.

En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y profirió sentencia de segunda instancia en un caso en el que la parte demandante solicitó la condena del Estado por “el error jurisdiccional en el que incurrió” dentro de una investigación penal militar adelantada en contra del señor Luis Carlos Ramírez López y otros implicados.

En ese sentido, el recurso expone que esta Corporación profirió el auto del 9 de septiembre de 2008, en el que se definió la competencia de los Tribunales y del Consejo de Estado para los casos en los cuales se solicita la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional, detención injusta o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

4.1. La competencia respecto de las acciones de reparación directa derivadas de la responsabilidad por los hechos de la Administración de Justicia

La Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) regula, en los artículos 65 y siguientes, las materias relacionadas con la responsabilidad del Estado por razón de las actuaciones de sus funcionarios y empleados judiciales, a propósito de la cual se determinan tres títulos de imputación: el error jurisdiccional (artículo 66), la privación injusta de la libertad (artículo 68) y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (artículo 69).

Por su parte, el artículo 73 de la misma ley se ocupa de regular algunos aspectos relacionados con la competencia para conocer de este tipo de acciones, de conformidad con el siguiente texto:

“ARTICULO 73. COMPETENCIA. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

Precisamente, acerca de la interpretación y el alcance de la disposición antes transcrita, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en auto del 9 de septiembre de 2008, se refirió en los siguientes términos:

“De la disposición legal transcrita [artículo 73 de la Ley 270 de 1996] se derivan dos presupuestos básicos: primero, que cuando se pretenda la declaración de responsabilidad del Estado por razón de los perjuicios ocasionados por la Administración de Justicia, por expreso mandato legal, la procedente será la acción de reparación directa y, segundo, que el conocimiento de dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, Corporaciones que deberán tramitarla con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia.

“De esa manera es claro que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se ocupó, en forma expresa, de establecer las directrices básicas que deben atenderse en materia de competencia para la tramitación de los procesos que se promuevan, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el propósito de demandar la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos derivados del ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

“Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.” (subrayas y negrillas fuera del texto).

En otro aparte de la providencia en mención, se concluyó:

“El análisis histórico-legislativo que se deja expuesto permite evidenciar con claridad que la intención del legislador fue la de excluir a los jueces administrativos del circuito del conocimiento de las acciones de reparación directa derivadas de los hechos de la Administración de Justicia, dado que si bien el proyecto original presentado por el Gobierno Nacional contemplaba que esas acciones pudieren ser de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia ‘entre los distintos organismos que la conforman’ –con lo cual estarían comprendidos, necesariamente, los jueces administrativos del circuito–, lo cierto es que después de la presentación del informe elaborado por la Subcomisión correspondiente al interior de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, la cual se creó específicamente para estudiar el pliego de modificaciones presentado por la Comisión de Ponentes al Proyecto de Ley No. 58 Senado de 1994, el artículo pertinente fue modificado y después aprobado en primer debate en las sesiones conjuntas entre las Comisiones Constitucionales Primeras de Senado y Cámara, en el sentido de determinar que, aún cuando la distribución de competencias se realizaría de acuerdo con las reglas comunes, ésta sólo se radicaría en los Tribunales Administrativos y en el Consejo de Estado.

“De esta manera, resulta claro que la voluntad del legislador fue la de imponer un límite orgánico y funcional respecto del funcionario judicial llamado a conocer de las acciones de reparación directa previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, determinando que sólo los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado serían los competentes para tramitarlas” (subrayas del texto original, negrillas de la Sala).

De manera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y de los antecedentes histórico-legislativos que tuvieron lugar para la promulgación de dicha norma, aplicable a este caso, que la demanda de reparación directa se presentó el 9 de febrero de 2004, en vigencia del Código Contencioso Administrativo, se tiene que respecto de estas acciones en las cuales se pretenda la responsabilidad del Estado por los hechos de la Administración de Justicia, las competencias que se asignen en esos asuntos deberán distribuirse únicamente entre los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado.

En el mismo pronunciamiento al cual se ha estado haciendo referencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó, tanto en aplicación del principio de la doble instancia contenido en el artículo 31 de la Constitución Política, como con apoyo en las directrices adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas en el C.C.A., que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la mencionada Ley Estatutaria corresponde en primera instancia a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a 500 SMLMV:

“Ahora bien, dado que en relación con las acciones de reparación directa que se promuevan por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia ha quedado claramente establecido que su conocimiento corresponde, de modo privativo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pero únicamente a través de los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, esto es sin que esa clase de procesos puedan tramitarse ante los Jueces Administrativos del Circuito y dado que resulta indispensable armonizar esas directrices de la Ley Estatutaria con las normas del C.C.A., que se han ocupado de efectuar la asignación detallada de las competencias, todo con el propósito de dilucidar a cuál de las Corporaciones mencionadas corresponde conocer de los procesos aludidos cuando la cuantía de los mismos resulte inferior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V., se impone desatar la cuestión a la luz del principio constitucional general de la doble instancia, el cual, a su vez, se erige en un derecho para las partes que concurren a los procesos judiciales respecto de las diversas acciones atribuidas a dicha Jurisdicción, por lo cual resulta evidente que las excepciones a la referida regla general –constituidas por los procesos de única instancia–, en cuanto, además, comportan limitaciones a los derechos de las partes, naturalmente deben interpretarse de manera restrictiva.

“Es por ello que esta Sala, al acoger la segunda alternativa hermenéutica que se ha dejado expuesta y, por consiguiente, con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria 270 en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas actualmente en el C.C.A., arriba a la conclusión de que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV”.

Con fundamento en el citado pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo cuyos apartes pertinentes fueron transcritos anteriormente, hay lugar a concluir que la competencia por el factor funcional para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por regla general, se encuentra radicada entre los Tribunales Administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso, es decir, sea esta igual o inferior a 500 SMLMV.

La Sala advierte que, tras analizar el pronunciamiento del 9 de septiembre de 2008, el Consejo de Estado, mediante dicho proveído, en ningún momento introdujo, modificó o suprimió competencia alguna, en la medida en que se limitó a resolver una controversia jurídica que se suscitó en torno a determinar si respecto de las acciones de reparación directa ejercidas por los hechos de la Administración de Justicia debían aplicarse las normas previstas en la Ley 270 de 1996 o aquellas que en relación con la competencia en razón de la cuantía estaban contenidas en el C.C.A., con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, las cuales cobraron vigencia con la entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos el 1° de agosto de 2006 y fueron aplicadas en un primer momento por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Luego de efectuar el análisis correspondiente, la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado llegó a la conclusión de que la determinación de la competencia en esos casos debía realizarse con apego a las directrices generales que sobre la materia recoge la ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 73, disposición en la cual el legislador estatutario alude a la distribución de competencias que debe realizarse, por el factor funcional, entre los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación, el 29 de octubre de 2008, incurrió en la irregularidad constitutiva de la nulidad invocada como “originada en la sentencia”, al desconocer la competencia asignada en la Ley 270 de 1996 y jurisprudencia del Consejo de Estado reciente para ese momento sobre el asunto, puesto que, para la fecha en la cual se profirió el fallo atacado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ya se había pronunciado en relación con la interpretación que se le estaba dando a la norma.

Por tanto, la providencia de primera instancia no era susceptible de ser conocida por el superior en apelación, sino en primera instancia; así, el fallador de segundo grado asumió una actuación que no le correspondía al decidir un recurso de apelación para el cual no tenía competencia funcional.

Así, la causal de revisión extraordinaria invocada está llamada a prosperar y, como consecuencia, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, sin necesidad de estudiar la otra causal invocada por el demandante, ante la prosperidad de la primera.

Sin embargo, la Sala advierte que en el presente caso no es procedente proferir sentencia sustitutiva, por cuanto, como se indicó previamente, en razón de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, los procesos cuyo objeto es declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de las actuaciones de sus funcionarios y empleados judiciales, de acuerdo con los tres títulos de imputación antes mencionados, solo son susceptibles de ser conocidos en primera instancia por los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado.

Como consecuencia, al proferir sentencia sustitutiva se le estaría pretermitiendo a las partes la doble instancia, en caso de presentar discrepancias con el fallo aquí proferido; al respecto, en el auto del 9 de septiembre de 2008, al cual se ha hecho referencia reiteradamente, se indicó, en relación con este principio, lo siguiente:

“En esa perspectiva cabe agregar que el principio-derecho fundamental a la doble instancia, consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política, de acuerdo con lo establecido tanto por el propio precepto constitucional en mención, como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es un derecho absoluto sino que, por el contrario, puede ser modulado y restringido por el Legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad de configuración en la materia, solamente limitado por la exigencia de permitir, en todos los casos, la aplicación del principio de doble instancia tratándose de sentencias penales condenatorias, de sentencias en procesos derivados del ejercicio de la acción de tutela y siempre que la regla general, consistente en que las decisiones judiciales en principio deben poder ser revisadas por el superior jerárquico de quien las adopta, no se convierta en la excepción.

“En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional:

‘La doble instancia no es aplicable a todas las providencias judiciales: (…).

‘4.1 Este derecho de rango constitucional fundamental se concreta en la posibilidad de que una decisión judicial sea estudiada por el superior jerárquico del juez o funcionario judicial que instruye un proceso, para que la revoque o la reforme. Es una garantía en la medida que habilita que otro funcionario, con mejor preparación y distinto del que adoptó la decisión recurrida, analice los presupuestos de hecho y de derecho en que se fundamentó una decisión judicial.

‘La doble instancia está prevista en el artículo 31 de la Carta Política, donde se establece que ‘[t]oda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley’. De acuerdo con esta disposición, la regla general, en tratándose del principio de la doble instancia, es que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, y sólo de manera excepcional, las sentencias no serán apelables o consultables; autorizándose al Legislador para introducir dichas excepciones. En ese orden de ideas, esta Corporación ha dicho que la doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, al poder la ley introducir excepciones.

‘Empero, el Legislador está limitado para eliminar la doble instancia en varios eventos: el primero, en tratándose de sentencias condenatorias, puesto que el artículo 29 de la Constitución de forma expresa confiere al sindicado el derecho ‘a impugnar la sentencia condenatoria’; el segundo, está referido al derecho que otorga el inciso 2° del artículo 86 ibídem para impugnar los fallos que se profieran durante el trámite de la acción de tutela.

‘Otra limitación al Legislador que se desprende del artículo 31 de la Constitución, es la imposibilidad de convertir la excepción en regla general, esto es, que las sentencias judiciales no sean apelables y que de manera excepcional lo sean, puesto que el querer del artículo 31 en comento es, precisamente, que las sentencias se puedan apelar, salvo las excepciones introducidas por la ley’ (subrayas del texto original).

“4. Por otra parte observa la Corte Constitucional que el verdadero sentido de la doble instancia no se puede reducir a la mera existencia -desde el plano de lo formal/institucional- de una jerarquización vertical de revisión, ni a una simple gradación jerarquizada de instancias que permitan impugnar, recurrir o controvertir y, en últimas, obtener la revisión de la decisión judicial que se reputa injusta o equivocada, ni a una concepción de la doble instancia como un fin en sí mismo. No. Su verdadera razón de ser es la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad. Ella es pues un medio para garantizar los fines superiores del Estado, de que trata el artículo 2° de la Carta, particularmente en este caso la eficacia de los derechos.

“Así concebida, la doble instancia es apenas un mecanismo instrumental de irrigación de justicia y de incremento de la probabilidad de acierto en la función estatal de dispensar justicia al dirimir los conflictos (dada por la correlación entre verdad real y decisión judicial). Su implementación solo se impone en aquellos casos en que tal propósito no se logre con otros instrumentos. Cuando ello ocurra, bien puede erigir el Legislador dichos eventos en excepciones a su existencia.

“Así, pues, la consagración de excepciones por parte del Legislador al principio de la doble instancia no es una patente de corso que el Constituyente le hubiese conferido. Se trata de una autorización constitucional para ser cumplida sin violar el resto del ordenamiento constitucional, particularmente los derechos humanos” (subrayas del texto original).

Es por ello que esta Sala, al acoger la alternativa hermenéutica que se ha dejado expuesta y, por consiguiente, con apoyo tanto en la mencionada regla general que contiene el artículo 31 de la Constitución Política, como en las directrices expresamente adoptadas por el artículo 73 de la Ley Estatutaria de Adminsitración de Justicia, en armonía con las reglas comunes de distribución de competencia consagradas en el C.C.A., aplicables a este caso, de conformidad con la fecha de presentación de la demanda, concluye que el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley 270 de 1996 corresponden, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV.

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y tramitó el proceso hasta la etapa de apertura a pruebas; sin embargo, una vez entraron en funcionamiento los Juzgados Administrativos, lo remitió a estos por competencia, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el cual avocó conocimiento y continuó con el trámite en el estado en el cual se encontraba, esto es, corrió traslado para alegar de conclusión.

Así las cosas, por economía procesal, la Sala decretará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el 23 de enero de 2007, inclusive, con el cual avocó el conocimiento del proceso en primera instancia y se remitirá el expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su reparto, con el fin de que se le dé traslado para alegar y se profiera la correspondiente sentencia de primera instancia, conservando la validez de las pruebas practicadas de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

5. Costas

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de octubre de 2008.

SEGUNDO: Como consecuencia, DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el 23 de enero de 2007, inclusive, y ordenar la remisión del expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su reparto.

TERCERO: Las pruebas practicadas en el proceso conservarán su validez, en los términos señalados por el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 149 y 150 cuaderno de primera instancia.
Fls. 33 y 34 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
Quienes acreditaron ser la cónyuge, los hijos y la madre del señor Luis Carlos Ramírez López con las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y nacimiento obrantes de folio 1 a 5 del cuaderno 2.
De acuerdo con la copia del registro civil obrante a folio 52 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión, el señor Luis Carlos Ramírez López, víctima directa en el proceso originario falleció el 24 de agosto de 2009, por lo que en esta oportunidad no aparece como recurrente.
De conformidad con el poder obrante a folio 37 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 65 a 66 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
Fls. 121 a 127 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
Fls. 157 a 158 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
La totalidad del expediente de la referencia.
Fls. 189 a 190 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
Disposiciones vigentes al momento de la formulación del presente recurso, esto es, Decreto Ley 01 de 1984 y la Ley 446 de 1998.
Se reafirman en este punto las consideraciones expuestas en relación con este medio de impugnación extraordinario en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221.
Consejo de Estaco, Sala Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez.
Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil y Agraria; sentencia de 3 de septiembre de 1996; exp. No. 5231.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez.
Artículo 142: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.
“(…).
“La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339 <338>, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.
“(…).
“La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3”.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de julio de 1988, expediente REV- 00011. Citada en sentencia del 20 de abril de 1998, expediente REV- 00131 y reiterada en la sentencia con radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), de 2 de febrero de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de mayo de 1998, expediente REV-00093.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de octubre de 2005, expediente REV- 00239. Citada en sentencia del 2 de marzo de 2010, expediente 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV), C.P. Mauricio Torres Cuervo.
Artículo 144: “La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos:
“1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.
“2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.
“3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.
“4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
“5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso”.
Canosa Torrado, Fernando. “Las excepciones previas y los impedimentos procesales”. Ediciones Doctrina y Ley. Tercera edición. Bogotá, 1998.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicado 11001032600020080000900, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 9 de septiembre de 2008. Exp: 110010326000200800009 00 (34.985).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 9 de septiembre de 2008. Exp: 110010326000200800009 00 (34.985).
29 de octubre de 2008.
9 de septiembre de 2008.
El error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-345 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 900 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 345 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

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