Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00444-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00444-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2007-00444-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por
Liberty Seguros S.A. y las sociedades integrantes del Consorcio Nueva Era en
contra de la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda 1.
Controvierte el actor la legalidad del inciso segundo del artículo tercero de la
Resolución No. 5907 del 8 de noviembre de 2006 y la que la confirma, por medio
del cual IDU dispuso cobrar, con cargo a la póliza de cumplimiento expedida por
Liberty Seguros S.A., la multa impuesta al Consorcio Nueva Era por el retardo en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. 56 del 27 de
julio de 2004, por hechos ocurridos antes de que dicho Consorcio le cediera su
posición de contratista a la aseguradora. De manera subsidiaria, la controversia
gravita en torno a la pretensión de nulidad de tales actos por falsa motivación,
infracción de las normas en que debían fundarse, violación del debido proceso y
falta de competencia temporal y material.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 15 de agosto de 2013, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de acuerdo a las
consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: Frente a la presente providencia procede el recurso de apelación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Código Contencioso
Administrativo.”2
1 Se anota que la ponencia inicial del expediente le correspondió originalmente a la Consejera María Adriana
Marín, la cual fue registrada y discutida en la Sala de la Subsección A del 2 de julio de 2021. Según consta en
el acta No. 10 de esa fecha, dicha ponencia fue derrotada, motivo por el cual el proyecto fue asignado al suscrito
Consejero Ponente. El expediente fue remitido al Despacho mediante auto del 12 de agosto de 2021 (folio 1043,
cuaderno del Consejo de Estado).
2 Folio 362, cuaderno del Consejo de Estado.
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 3 de agosto de 20073
por Liberty Seguros S.A. (en adelante, Liberty, la aseguradora o la demandante),
cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a
continuación:
Pretensiones
3. Liberty formuló las siguientes pretensiones:
“1. PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO TERCERO de la Resolución 5907 del 8 de noviembre de 2006,
mediante la cual el Director de Espacio Público del Instituto de Desarrollo
Urbano -IDU- resolvió lo siguiente:
‘ARTÍCULO TERCERO: El valor de la multa impuesta en la presente
resolución deberá ser descontado de los pagos a favor del contratista
CONSORCIO NUEVA ERA, una vez se encuentre en firme el presente acto
administrativo.
Si ello no fuere posible, la Dirección Técnica Legal deberá requerir al
representante legal de la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS
S.A., para que cumpla con el pago de la multa cubierta con la garantía
única de cumplimiento con cargo al amparo de cumplimiento contenido
en la póliza número 428355 del 27 de julio de 2004, de conformidad con
el artículo 1080 del Código de Comercio. En el caso, en que no se
obtenga el pago a través de dicho requerimiento, deberá remitir por parte
de la Subdirección Técnica de Procesos Judiciales, los documentos
pertinentes que permitan dar inicio a las acciones judiciales
correspondientes, para hacer efectivo el valor de la multa, con cargo al
amparo de cumplimiento de la póliza mencionada, expedida por la
compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A., con ocasión del
contrato 056 de 2004’.
SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución 896 del 14 de febrero
de 2007, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos por la Compañía Liberty Seguros S.A., y el Consorcio NUEVA
ERA, la cual dispuso:
‘ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 5907 del
8 de noviembre de 2006, expedida por la Dirección Técnica de Espacio
Público por la cual se impuso una multa al CONSORCIO NUEVA ERA, por el
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($444.533.481), por lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al representante legal
de la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A. y al representante
legal del contratista CONSORCIO NUEVA ERA, de acuerdo con el
procedimiento establecido en los artículos 44 y subsiguientes del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y contra ella no procede ningún recurso en la vía gubernativa (…)’.
3 La fecha de presentación de la demanda consta en el sello impuesto por la Secretaría de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que está visible a folio 1 del cuaderno 1.
2
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007,
se declare que la Compañía Liberty Seguros S.A., no está obligada a efectuar
pago alguno en virtud de lo resuelto en las mencionadas Resoluciones.
CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007,
y las demás declaraciones, se ordene restituir, actualizados, los dineros que
haya pagado o llegare a pagar la compañía Liberty Seguros S.A., en virtud de
lo resuelto por los citados actos administrativos.
QUINTA: Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- a pagar a
favor de la Compañía Liberty Seguros S.A. las expensas y costas del proceso.
SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo.
2. SUBSIDIARIAS
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución 5907 del 8 de
noviembre de 2006, mediante la cual el Director de Espacio Público del Instituto
de Desarrollo Urbano -IDU- resolvió entre otros aspectos los siguientes:
‘ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO NUEVA ERA en
desarrollo de la ejecución del contrato 056 de 2004, ha incurrido en
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de conformidad con lo
consignado en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al contratista CONSORCIO NUEVA ERA,
integrado por las firmas EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA. e
INCIVIAS LTDA., una multa por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($444’533.481), de
acuerdo con la parte motiva de la presente resolución. [transcribió a renglón
seguido el artículo tercero ya citado en la pretensión primera principal]
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al representante legal del CONSORCIO
NUEVA ERA y al representante legal de la compañía aseguradora LIBERTY
SEGUROS S.A., el contenido del presente acto administrativo, de acuerdo con
el procedimiento establecido por el Código Administrativo en sus artículos 44
y siguientes (…)’.
SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución 896 del 14 de febrero
de 2007, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos por la Compañía Liberty Seguros S.A. y el CONSORCIO NUEVA
ERA, la cual dispuso: [transcribió nuevamente los artículos primero a tercero de
la resolución, que ya se citaron en la pretensión segunda principal]
TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007,
que se declare que la Compañía Liberty Seguros S.A. no está obligada a
efectuar pago alguno en virtud de lo resuelto en las mencionadas resoluciones.
CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007,
y las demás declaraciones, se ordene restituir, actualizados, los dineros que
haya pagado o llegare a pagar Liberty Seguros S.A., en virtud de lo resuelto por
los citados actos administrativos.
QUINTA: Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- a pagar a
favor de la Compañía Liberty Seguros S.A. las expensas y costas del proceso.
3
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo.”4
Hechos de la demanda
4. En apoyo de sus pretensiones, la demandante enunció, en síntesis, los
siguientes hechos:
4.1. Relató que el 27 de julio de 2004, el Instituto de Desarrollo Urbano (en
adelante, el IDU, el Instituto o el demandado) y el Consorcio Nueva Era —integrado
por las sociedades Equipos y Construcciones Varego Ltda. e Incivías Ltda.— (en
adelante, el Consorcio) celebraron el contrato de obra No. 56 cuyo objeto consistió
en la construcción y conservación de la ciclorruta y los andenes ubicados entre la
avenida Agoberto Mejía —desde la calle 42 A sur— hasta la avenida Bosa, en la
ciudad de Bogotá D.C.
4.2. Apuntó que el valor del contrato fue de $3.527’357.402,57, desglosado en los
conceptos de obras de construcción; global de la gestión social y ambiental; costos
de manejo de tráfico; señalización y desvíos, y valor global de conservación.
4.3. Señaló que el plazo de ejecución fue de treinta y dos (32) meses, de los
cuales uno (1) correspondió a la etapa de preconstrucción de las obras, siete (7) a
la de construcción y veinticuatro (24) a su mantenimiento y conservación. Indicó que
el primer plazo empezó a correr a partir del 14 de abril de 2005 con la suscripción
del acta de inicio.
4.4. Indicó que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 52.1 del contrato,
el Consorcio constituyó a favor del IDU la garantía única de cumplimiento a través
de la póliza No. 428355 expedida el 27 de julio de 2004 por Liberty, la cual
amparaba, entre otros, el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del
contratista —incluyendo multas y cláusulas penal— y el buen manejo del anticipo.
4.5. Narró que el 13 de mayo de 2005, el Consorcio y el IDU suscribieron el
adicional No. 1 al contrato de obra, a través del cual aumentaron su valor y
prorrogaron el plazo de la etapa de preconstrucción en 20 días.
4.6. Afirmó que el 29 de diciembre de 2005, el Consorcio y Liberty suscribieron
un acuerdo mediante el cual convinieron las condiciones básicas para llevar a cabo
la cesión de la posición contractual del Consorcio en el contrato de obra No. 056 de
2004 a favor de la aseguradora.
4.7. Aseveró que el 30 de diciembre de 2005, el IDU, Liberty y el Consorcio
suscribieron un acta en la que acordaron los términos de la cesión.
4.8. Indicó que en el acuerdo se señaló que, con fundamento en el artículo 1110
del Código de Comercio, se autorizó a Liberty para terminar la ejecución del
contrato, sin necesidad de declarar su caducidad y que se consignaron los
compromisos que cada parte adquirió con esa finalidad. Dijo que en tales acuerdos
se estableció que el Consorcio respondería por las eventuales sanciones que el IDU
4 Folios 2 a 6, cuaderno 1.
4
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
le impusiera por el incumplimiento del cronograma de obra antes del
perfeccionamiento de la cesión y agregó que el Instituto, en calidad de contratante
cedido, no hizo reserva en el sentido de no liberar al cedente respecto de las
obligaciones que asumiría el cesionario (art. 863. Código de Comercio), por lo cual
el Consorcio quedó totalmente desvinculado de la relación contractual.
4.9. Manifestó que el 25 de enero de 2006, el IDU, el Consorcio y Liberty
suscribieron el otrosí No. 2 al contrato No. 56 de 2004, mediante el cual la
aseguradora se obligó, en calidad de cesionaria y garante, a ejecutar las obras
faltantes para agotar la etapa de construcción y a culminar la fase de mantenimiento
del contrato.
4.10. Expresó que, en la cláusula décima primera de dicho negocio jurídico, se
estableció que el Consorcio asumiría el valor total de las multas que se le impusieran
por hechos ocurridos con anterioridad al perfeccionamiento de la cesión, las cuales
serían descontadas de los saldos adeudados al cedente, excluyendo los dineros
que el Consorcio le transfirió a Liberty como parte del acuerdo de cesión.
4.11. Añadió que, según la cláusula décima cuarta, la aseguradora no debía pagar
el valor de la cláusula penal pecuniaria porque asumió la ejecución del objeto del
contrato de obra con el fin de evitarle mayores perjuicios al IDU, por lo que, afirmó,
quedó liberada del pago de cualquier indemnización “derivada de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo tercero” de la Resolución 896 que demandó.
4.12. Señaló que, en cumplimiento de la cláusula séptima del otrosí 2, Liberty
constituyó a favor del IDU las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, las cuales fueron instrumentadas en las pólizas Nos. 2856 y
12010000698 expedidas el 25 de agosto de 2006 por Segurexpo de Colombia S.A
y Central de Seguros S.A., respectivamente.
4.13. Mencionó que el 8 de noviembre de 2006, esto es, cerca de 11 meses
después del perfeccionamiento de la cesión de la posición contractual, el IDU
profirió la Resolución No. 5907 mediante la cual declaró el incumplimiento del
contrato por hechos imputables al Consorcio e impuso una multa de $444’533.481,
la cual, de conformidad con el artículo tercero del acto, debía ser descontada de los
pagos a su favor y, si ello no fuere posible, con cargo a la póliza de cumplimiento
No. 428355 expedida por Liberty.
4.14. Relató que a través de la Resolución No. 896 del 14 de febrero de 2007, el
IDU resolvió los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio y Liberty en el
sentido de confirmar íntegramente la Resolución No. 5907. Agregó que el 30 de abril
de 2007, la aseguradora solicitó la revocatoria directa de las resoluciones, la cual
fue negada mediante oficio STCC-6500 del 4 de junio de 2007.
Los fundamentos de derecho de la demanda
5. En el acápite de fundamentos de derecho, la demandante señaló que las
resoluciones impugnadas violan las siguientes normas jurídicas: artículos 4, 6, 83,
121 y 122 de la Constitución Política; el artículo 28 de la Ley 80 de 1993; los artículos
863, 871, 887 a 898, 1045, 1054, 1072, 1077, 1086 y 1110 del Código de Comercio;
5
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
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Acción: Controversias contractuales
los artículos 769 a 1602 del Código Civil; la cláusula décima de las condiciones
generales del contrato de seguro, y las cláusulas décima primera y décima cuarta
del otrosí No. 2 al contrato de obra. El concepto de violación de estas disposiciones
lo concretó en los siguientes cargos:
5.1. Cargo de nulidad que soporta las pretensiones principales: falsa motivación
y violación directa de la ley. Argumentó que el inciso segundo del artículo tercero de
la Resolución 5907 de 2006 vulnera las cláusulas décima primera y décima cuarta
del otrosí No. 2 del 25 de enero de 2006, así como el acuerdo del 30 de diciembre
de 2005 que, en los términos del artículo 1602 del Código Civil, son ley para las
partes, porque a través suyo y con el propósito de que Liberty terminara el objeto
del contrato, las partes acordaron que las multas impuestas por el IDU por
incumplimientos ocurridos antes del perfeccionamiento de la cesión de la posición
contractual serían asumidas exclusivamente por el Consorcio y no por la
aseguradora; además de que se pactó que ésta quedaba relevada de la obligación
de pagar la cláusula penal. Con base en lo anterior, el amparo de cumplimiento en
los rubros de multas y cláusula penal por incumplimientos acaecidos con
anterioridad a la cesión, se extinguió por ausencia de interés y riesgo asegurable.
5.2. Señaló que la causa de la cesión consistió en evitar que se declarara la
caducidad del contrato, lo que se traduce en prevenir un perjuicio tanto para el IDU
como para la aseguradora, por lo que cobrar con cargo a la póliza el valor de las
multas por incumplimientos acaecidos con anterioridad a la cesión constituye falsa
motivación.
5.3. Aseveró que el hecho de que al aceptar la cesión el IDU no hiciera reserva
en el sentido de no liberar al cedente del cumplimiento de las obligaciones de la
cesionaria (art. 893 Código de Comercio), indica que la vinculación del Consorcio
respecto de las obligaciones que asumió la aseguradora como cesionaria se
extinguió.
5.4. De otra parte, señaló que, a pesar de que el artículo 1107 del Código de
Comercio dispone que la transferencia entre vivos del interés asegurado o de la
cosa a que esté vinculada el seguro produce automáticamente la extinción del
contrato, el IDU, a través de los actos administrativos demandados, sostuvo que,
pese a la cesión, Liberty continuó garantizando el contrato de obra respecto del
Consorcio en tanto el interés asegurable no se había extinguido, con base, de una
parte, en que, según lo estipulado en la cláusula décima primera del otrosí No. 2, la
entidad pública se reservó el derecho a imponer multas por los incumplimientos
acaecidos antes de la cesión y, de otra, porque la posición en la que la aseguradora
asumió el contrato no fue en la de garante, sino de cesionaria ordinaria, puesto que,
para que actuara como garante hacía falta que se expidiera un acto administrativo
que declarara un siniestro, pero ello no ocurrió.
5.5. Al respecto, la aseguradora afirmó que asumió el contrato en calidad de
garante, pues además de que así lo reconoció el IDU en varias oportunidades, a
través de la cesión Liberty se obligó a cumplir el objeto pactado hasta su culminación
para evitar que se declarara la caducidad, lo que significaba que actuó, en su
condición de aseguradora para, en lugar de pagar una indemnización, garantizar
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Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
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Acción: Controversias contractuales
que el objeto del contrato se cumpliera, por lo cual, insistió, el amparo de
cumplimiento se extinguió.
5.6. Agregó que, incluso si se aceptara que Liberty asumió el contrato como un
cesionario ordinario y no en su condición de garante, no habría interés asegurable,
porque en el otrosí No. 2 se la exoneró del pago de multas y de la cláusula penal y
se pactó que el Consorcio asumiría las multas que se impusieran por
incumplimientos acaecidos antes de la cesión, estipulaciones que el IDU aceptó,
por lo cual, reiteró, se extinguió el amparo de cumplimiento. Añadió que, si bien en
la cláusula tercera del acuerdo del 30 de diciembre de 2005 se indicó que la cesión
no liberaba a Liberty del cubrimiento de algunos riesgos, lo cierto era que, por lo
antedicho, el asociado al amparo de cumplimiento desapareció.
5.7. Cargo de nulidad que soporta las pretensiones principales: violación del
principio de buena fe y de la confianza legítima. Manifestó que la conducta del IDU
al aceptar la cesión en los términos en que se pactó despertó en Liberty la confianza
legítima de que luego de perfeccionarse ese acuerdo quedaría relevada de pagar
cualquier sanción contractual derivada de los incumplimientos imputables al
Consorcio por hechos ocurridos con anterioridad a la cesión, incluyendo las multas
y la cláusula penal. Indicó que el amparo de cumplimiento se subsumió en el hecho
de que la aseguradora se hizo cargo directamente de la ejecución del contrato hasta
su terminación.
5.8. Cargo de nulidad que soporta las pretensiones subsidiarias: falta de
competencia temporal de la administración para imponer las multas. Dijo que la
función teleológica de las multas es apremiar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, por lo cual la competencia de la entidad pública para imponerlas está
limitada temporalmente por la vigencia del contrato; no obstante, cuando esa
sanción se impuso al Consorcio éste ya no tenía esa condición y, por tanto, ya no
era sujeto de ser apremiado con la finalidad de dar cumplimiento al contrato, pues
la Resolución No. 5907 se profirió once (11) meses después de que se
perfeccionara la cesión, hecho que lo liberó definitivamente de la relación negocial.
Afirmó que, si bien el IDU, al resolver el recurso de reposición, indicó que la multa
era procedente porque el contrato aún estaba vigente, olvidó que, en relación con
el Consorcio, el contrato ya había terminado.
5.9. Cargo de nulidad que soporta las pretensiones subsidiarias: falta de
competencia de la administración para imponer las multas. Sostuvo que, de
conformidad con la posición jurisprudencial vigente al momento de la expedición de
las resoluciones demandadas —recogida en la sentencia del 20 de octubre de 2005
de la Sección Tercera de esta Corporación (Exp. 14.579, C.P. Germán Rodríguez
Villamizar)—, si bien es válido pactar la cláusula de multas en los contratos
estatales, su imposición debe ser solicitada ante el juez y, por ende, la
administración no podía imponerla unilateralmente como lo hizo.
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Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
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Acción: Controversias contractuales
La intervención de los integrantes del Consorcio5
6. El Consorcio coadyuvó las pretensiones subsidiarias de Liberty para lo cual,
de una parte, reiteró los hechos de la demanda y, de otra, desarrolló los siguientes
fundamentos fácticos y jurídicos, adicionales:
6.1. Precisó que el 29 de diciembre de 2005, Liberty y el Consorcio suscribieron
el acta de acuerdo mediante la cual el segundo le cedió a la primera la totalidad del
valor de la retención a título de garantía efectuada por el IDU, los materiales
existentes en obra y el valor total de las actas de avance mensual Nos. 5 y 6, con el
objeto de “amortizar el anticipo dejado de pagar por el contratista en el momento de
la cesión, para el pago de las multas si se llegaren a producir y con el fin de cancelar
los costos y sobrecostos que pudieren existir con motivo de la terminación de la
obra”.
6.2. Manifestó que durante la ejecución del contrato de obra No. 056 de 2004
acaecieron eventos sobrevinientes, ajenos a la voluntad del Consorcio, imprevistos
e imprevisibles que alteraron su equilibrio económico. Agregó que el objeto pactado
se debía ejecutar de conformidad con los diseños entregados por el IDU, pero que
éstos no correspondieron a las condiciones de las zonas de las obras, lo que dificultó
el desarrollo normal de los trabajos.
6.3. Afirmó que las resoluciones demandadas fueron expedidas de manera
irregular porque el IDU excedió el límite de temporalidad para imponer la multa,
dado que lo hizo después de cerca de once (11) meses de perfeccionarse la cesión
y más de un año después de la ocurrencia del presunto incumplimiento que
sancionó, desconociendo con ello las finalidades de apremio de las multas. Agregó
que el demandado omitió considerar los argumentos del Consorcio que apuntaron
a señalar que la ejecución del contrato se vio frustrada por hechos imprevistos, tales
como el desvío del tráfico a las vías objeto del contrato producto de la construcción
de las obras de Transmilenio. Agregó que las resoluciones se expidieron con
infracción del derecho al debido proceso del Consorcio porque le fueron notificadas
al representante de aquél, y no a los representantes de las sociedades que lo
integran.
6.4. Finalmente, indicó que el hecho que dio lugar a la imposición de la multa fue
el incumplimiento del cronograma de obras, pero que ese aspecto no era imputable
al Consorcio sino a la falta de planeación del IDU por la entrega tardía de los planos
y estudios de las obras, la falta de estudios de tránsito, entre otras circunstancias
ajenas a su voluntad.
5 A través de auto del 24 de abril de 2008, las sociedades Equipos y Construcciones Varego Ltda. y e INCIVIAS
Ltda. –integrantes del Consorcio Nueva Era–, fueron vinculadas al proceso en calidad de litisconsortes
necesarios de la parte activa. A través de auto del 28 de agosto de 2008, se adicionó la providencia anterior en
el sentido de conceder a las sociedades el término de 10 días para intervenir en el proceso y efectuar las
manifestaciones y peticiones que consideraran pertinentes. El 24 de octubre de 2008, el apoderado de las
sociedades intervino para señalar que se coadyuvaban las pretensiones subsidiarias de la demanda presentada
por Liberty Seguros S.A (folios 166 a 170 y 180 a 183, 187 a 208, cuaderno 1).
8
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Los argumentos de defensa de la parte demandada
7. El 11 de febrero de 2008, el IDU contestó la demanda oponiéndose a todas
las pretensiones6. Formuló las excepciones de “inexistencia de vicios que invaliden
la provisión de legalidad de los actos administrativos”, “la cesión del contrato implica
la sustitución en la persona del contratista, en este caso Liberty Seguros”, cuyos
fundamentos fácticos y jurídicos son los siguientes:
7.1. De conformidad con la cláusula décima primera del otrosí No. 2 al contrato
de obra No. 056 de 2004, el IDU se reservó la facultad de imponerle multas al
Consorcio por los incumplimientos de sus obligaciones ocurridos con anterioridad a
la fecha de perfeccionamiento de la cesión. En virtud de dicho acuerdo, el interés
asegurable amparado por la póliza de cumplimiento expedida por Liberty pervivió a
la cesión del contrato de obra, acuerdo que no contraviene ninguna norma de orden
público dado que el artículo 1107 del Código de Comercio tiene naturaleza
supletoria y por lo mismo, permite pacto en contrario —como el propio artículo 1162
ibídem lo indica claramente—.
7.2. En el numeral tercero del acta de acuerdo del 30 de diciembre de 2005, se
precisó que la cesión no exoneraba a Liberty del cubrimiento del riesgo relacionado
con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones ni respecto de los
demás amparos cubiertos en la póliza única de cumplimiento.
7.3. De conformidad con lo exigido por el artículo 1077 del Código de Comercio,
el IDU acreditó la ocurrencia del siniestro —el incumplimiento imputable al
Consorcio— junto con la cuantía del daño causado a la entidad contratante.
7.4. El IDU sí estaba facultado para expedir los actos administrativos sin
necesidad de acudir al juez del contrato, con fundamento en el principio de la
autonomía de la voluntad (artículo 1602 del Código Civil), en el principio de
autotutela y porque la multa se impuso dentro del plazo pactado para su ejecución.
Afirmó que, pese a que la Ley 80 de 1993 guardó silencio sobre la posibilidad de
imponer unilateralmente las multas pactadas en los contratos estatales, en virtud
del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo (CCA), las decisiones de la
administración gozan de la potestad de autotutela sin que ello entrañe el ejercicio
de un poder exorbitante. Agregó que dichas multas podían ser impuestas hasta la
finalización del plazo de ejecución del contrato —14 de diciembre de 2007— y que
la póliza de cumplimiento estuvo vigente hasta el 13 de julio de 2008.
7.5. Por último, señaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas por la
autoridad y funcionarios competentes, con apoyo en razones de hecho y de derecho
fundadas en las pruebas recabadas en la actuación administrativa y sin vulneración
de norma legal o constitucional alguna.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
8. Como soporte de su decisión de negar las pretensiones de la demanda el
Tribunal7 desarrolló las siguientes razones:
6 Folios 68 a 82, cuaderno 1.
7 Ver folios 786 a 795, cuaderno del Consejo de Estado.
9
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
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Acción: Controversias contractuales
8.1. Indicó que los incumplimientos que dieron lugar a la imposición de las multas
ocurrieron antes de la cesión del contrato de obra No. 56 de 2004 y en vigencia de
la póliza de cumplimiento expedida por la aseguradora, la cual, por tanto, debía
respaldar el pago de la sanción en los términos indicados en las resoluciones
demandadas. Agregó que, en la cláusula tercera del acta de cesión del 30 de
diciembre de 2005, las partes acordaron que Liberty no quedaba exonerada de
responder por la ocurrencia de los riesgos amparados mediante la póliza de
cumplimiento, por lo cual, respecto de los incumplimientos acaecidos antes de la
cesión, el interés asegurable se mantuvo vigente.
8.2. Aunque encontró probado que en el otrosí No. 2 se relevó a Liberty de pagar
la cláusula penal en consideración a que la aseguradora ejecutaría el objeto del
contrato hasta su terminación, tal pacto debía entenderse limitado tan solo a ese
aspecto. Así, a través de la multa el demandado intentó conminar al Consorcio al
cumplimiento del contrato, pero la sanción se impuso después de ocurrida la cesión
dada la necesidad de garantizar el debido proceso que debía precederla, decisión
que era conforme a derecho.
8.3. La multa fue impuesta antes de que el contrato finalizara. Además, Liberty se
subrogó en todos los derechos y obligaciones del Consorcio surgidos antes y
después de la cesión.
8.4. Finalmente, señaló que las pretensiones subsidiarias no prosperaban en la
medida en que se limitaron a reiterar las pretensiones principales. Con todo, afirmó
que ninguno de los cargos de nulidad fue acreditado.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
El recurso de apelación de Liberty Seguros S.A.
9. El 20 de septiembre de 2013, Liberty interpuso recurso de apelación 8 con el
objeto de que la decisión sea revocada para que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones principales o subsidiarias de la demanda. En soporte de su petición,
argumentó:
9.1. Que el Tribunal fundó su decisión en razones que no negaban las premisas
sobre las que se estructuraron los cargos de nulidad planteados en la demanda
como soporte de las pretensiones principales, porque:
(i) La actora controvierte la orden de hacer efectiva la póliza en caso de que el
Consorcio no pague la multa con fundamento en que esta decisión atenta contra lo
estipulado en los acuerdos de la cesión que fueron avalados por el IDU.
(ii) La aseguradora no está debatiendo el incumplimiento del Consorcio contratista.
8 El edicto 13-LATC-110 notificando la sentencia de primera instancia (folio 796, cuaderno del Consejo de
Estado) se fijó el 4 de septiembre de 2013 y se desfijó el 6 de septiembre de 2013. El término para interponer y
sustentar el recurso vencía el 20 de septiembre de 2013 (contando 10 días, desde el 7 de septiembre, los días
7, 8, 14 y 15 de septiembre fueron inhábiles). El recurso de apelación de Liberty Seguros S.A. fue presentado y
sustentado el 20 de septiembre de 2013 (folios 806 a 823, cuaderno del Consejo de Estado), por lo que es
oportuno.
10
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9.2. De otra parte, señaló que, aunque era cierto que en el acuerdo de cesión se
precisó que Liberty no quedaba exonerada del pago de los amparos cubiertos por
la póliza de cumplimiento, esta estipulación debía interpretarse a la luz de los demás
pactos a través de los cuales se instrumentó la cesión, incluyendo la cláusula
décima primera del otrosí No. 2 del 25 de enero de 2006, de la que se colegía que
las multas impuestas con ocasión de los incumplimientos imputables al Consorcio
eran de su exclusivo cargo y no de responsabilidad de Liberty.
9.3. Así, el acuerdo según el cual Liberty no se exoneraba del cubrimiento
relacionado con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y
demás amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento debía entenderse en el
sentido de que esos demás amparos no incluían las sanciones que se impusieran
por hechos acaecidos antes de la cesión y expresó que, cualquiera fuera la causa
de la multa, según lo pactado en el marco de la cesión del contrato, la aseguradora
quedó relevada de su pago.
9.4. Insistió en que con la cesión de la posición contractual se extinguió el interés
asegurable respecto del amparo de cumplimiento.
9.5. En relación con la afirmación del Tribunal de que la multa se impuso para
conminar al Consorcio al cumplimiento del contrato, dijo que este análisis no es
lógico, porque la sanción se impuso cerca de once (11) meses después de la cesión,
esto es, cuando el Consorcio ya no era parte contractual y, por tanto, ya no podía
ser conminado al cumplimiento, por lo cual la multa carecía de objeto. Precisó que
este argumento hizo parte de los fundamentos en los que se sustentaron las
pretensiones subsidiarias de la demanda.
9.6. Manifestó que el Tribunal guardó silencio sobre el cargo de nulidad que se
basó en la violación del principio de buena fe y de la confianza legítima despertada
en Liberty por el IDU.
9.7. En relación con las pretensiones subsidiarias de la demanda, la recurrente
manifestó que no es cierto que se limitaran a reiterar las pretensiones principales,
porque en las primeras tan solo se atacó la nulidad parcial de las resoluciones del
IDU en tanto obligaron a Liberty a pagar con cargo a la póliza de cumplimiento la
multa impuesta al Consorcio, pero sin discutir la legalidad de la decisión del IDU
consistente en la imposición de la sanción, mientras que en las subsidiarias sí se
solicitó la nulidad íntegra de dichas resoluciones. Por lo anterior, solicitó que, en
caso de que no prosperen las pretensiones principales, se analicen y accedan a las
subsidiarias.
9.8. Sostuvo que, pese a que el Tribunal no se pronunció sobre las pretensiones
subsidiarias, sí señaló, al resolver las principales, que la multa fue impuesta dentro
del término de vigencia del contrato, lo cual, admitió, es cierto, pero, advirtió que el
a quo no tuvo en cuenta, como se alegó en la demanda, que al momento de la
expedición de las resoluciones el Consorcio ya no ostentaba la calidad de contratista
por lo cual las multas carecían de una finalidad conminatoria.
11
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9.9. Por último, manifestó que el Tribunal no se pronunció sobre el cargo relativo
a la falta de competencia del IDU para imponer por sí y ante sí las multas, pese a
que la jurisprudencia vigente al momento de la expedición de los actos señaló que
esta facultad unilateral no podía ejercerse por la administración, sino tan solo por el
juez del contrato.
El recurso de apelación de los integrantes del Consorcio Nueva Era
10. El 11 de octubre de 2013, el Consorcio interpuso recurso de apelación9 con
el objeto de que la decisión sea revocada para que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones subsidiarias de la demanda que coadyuvó. En soporte de esta
solicitud, desarrolló las siguientes razones:
10.1. Señaló que el hecho de no haber analizado todas las cuestiones de la litis,
incluyendo los cargos de nulidad planteados por el Consorcio contra las
resoluciones, condujo a la incongruencia del fallo de primera instancia.
10.2. Manifestó que el Tribunal incurrió en indebida valoración probatoria porque
no tuvo en cuenta ni los testimonios ni el dictamen pericial debidamente practicados
en el proceso.
10.3. Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció el precedente
vigente al momento de expedirse las resoluciones, según el cual el IDU no era
competente para imponer unilateralmente las multas que se pactaran en los
contratos estatales porque dicha competencia está reservada exclusivamente al
juez.
10.4. Señaló que las resoluciones incurrieron en falsa motivación porque las multas
impuestas al Consorcio desconocieron que durante la ejecución del contrato
ocurrieron los eventos imprevistos e imprevisibles y ajenos a su voluntad que se
invocaron en la demanda —falta de entrega del plan de tránsito y entregas parciales
y deficientes de los diseños de las obras—, cuya ocurrencia se acreditó en el
proceso a través del dictamen y de los testimonios practicados, los cuales fueron
indebidamente desechados por el Tribunal. Agregó que las resoluciones atentan
contra el orden público y el interés general porque fue el IDU quien incumplió el
deber de planeación y, con sus actos, le impidió la ejecución de las obligaciones del
Consorcio.
10.5. Manifestó que las conductas atribuibles al IDU le generaron al Consorcio
sobrecostos por mayor permanencia en obra, frustraron la ejecución cumplida del
cronograma de obras e impidieron solucionar a tiempo los problemas advertidos en
los diseños de las obras entregados por la demandada. Además, el IDU indujo al
Consorcio a cederle el contrato a Liberty so pena de declarar la caducidad del
9 El Consorcio presentó solicitud de adición de la sentencia el 11 de septiembre de 2013 (folios 797 a 803,
cuaderno del Consejo de Estado), la cual fue resuelta negativamente por el Tribunal mediante auto proferido el
26 de septiembre de 2013 (folios 824 y 825, cuaderno del Consejo de Estado), providencia que fue notificada
mediante estado del 1º de octubre de 2013 (reverso del auto). De esta manera, el término para interponer y
sustentar el recurso de apelación vencía el 16 de octubre (los días 5, 6, 12, 13 y 14 de octubre fueron inhábiles).
El 11 de octubre, el Consorcio presentó y sustentó su recurso de apelación (folios 826 a 867, cuaderno del
Consejo de Estado), por lo que fue oportuno.
12
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contrato, motivo por el cual la recurrente se vio forzada a hacerlo, con la afectación
económica que le significó el hecho de realizar la cesión.
10.6. Por último, ratificó los argumentos que presentó en la primera instancia, que
en su opinión no fueron resueltos por el Tribunal, en el sentido de que las
resoluciones fueron expedidas de manera irregular y con infracción del debido
proceso.
11. Al alegar de conclusión, Liberty reiteró los hechos y los cargos de nulidad
contenidos en la demanda, así como las razones de reproche contra la sentencia
de primera instancia. El Consorcio reiteró el contenido de su recurso de apelación.
El Ministerio Público guardó silencio. El IDU presentó extemporáneamente sus
alegatos10.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
12. De conformidad con los argumentos planteados en los recursos de apelación,
la Sala deberá determinar:
12.1. En relación con las pretensiones principales:
(i) Si la sentencia de primera instancia contravino el principio de congruencia porque
el Tribunal omitió pronunciarse sobre algunos de los argumentos que sustentaron
las pretensiones principales de la demanda y, en cambio, resolvió aspectos que no
fueron objeto de la controversia.
(ii) Si, contrario a lo concluido por el Tribunal, el IDU no podía afectar el amparo de
cumplimiento cubierto por la póliza No. 428355 expedida por Liberty en el
componente de multas, en virtud de los acuerdos a los que se arribaron en razón y
con ocasión de la cesión del contrato No. 56 de 2004.
12.2. En caso de que se confirme la negativa del Tribunal de acceder a las
pretensiones principales de la demanda, la Sala deberá determinar:
(iii) Si las Resoluciones Nos. 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de
febrero de 2007 expedidas por el IDU son nulas y, en ese caso, si existe un derecho
al restablecimiento reclamado.
Análisis del caso
13. Para resolver el objeto de la apelación, la Sala se pronunciará sobre las
temáticas que se señalaron al formular el objeto de la apelación, en el mismo orden
en el que fueron enunciadas.
10 El traslado para alegar corrió entre el 19 y el 4 de marzo de 2014. Los alegatos se presentaron el 6 de marzo
de 2014 (folios 876, reverso, y 960, cuaderno del Consejo de Estado).
13
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Lo resuelto por el Tribunal en relación con las pretensiones principales de la
demanda
14. En lo que concierne al estudio de las pretensiones principales, se observa
que el Tribunal no vulneró el principio de congruencia, toda vez que, de una parte,
sí se pronunció respecto de los argumentos que las sustentaron y, de otra, porque
no emitió fallo sobre aspectos que no hubieren sido objeto de controversia. Cosa
distinta es que, con el objeto de analizar el contenido y alcance de los acuerdos de
la cesión del contrato No. 56 de 2004 hubiere hecho alusión a la cláusula en la que
se pactó la facultad de la administración para imponer multas y a los antecedentes
que dieron lugar a la aplicación de esta sanción.
15. Al revisar el contenido de la sentencia recurrida, encuentra la Sala que el
Tribunal sí se pronunció sobre los aspectos en que la parte actora soportó las
pretensiones principales de la demanda, para lo cual analizó el contenido de los
acuerdos que enmarcaron la cesión del contrato de obra y coligió que los mismos
no tuvieron el alcance de liberar a la aseguradora del cubrimiento de los amparos
contemplados en la póliza No. 428533, incluido, el de cumplimiento y, dentro de él,
a las multas; específicamente, porque en la cláusula tercera del acuerdo del 30 de
diciembre de 2005 se estipuló que, en razón de la cesión, Liberty no se exoneraba
del cubrimiento de los riesgos que amparó en calidad de garante del contrato de
obra No. 56 de 2004, de donde concluyó que el interés asegurable se mantuvo
vigente y cubierto por dicha garantía. Dijo que el interés asegurable no desapareció
por virtud de tales acuerdos y como los hechos en los que se fundó la multa
ocurrieron en vigencia de la póliza y antes de la cesión del contrato de obra, Liberty
sí estaba llamada a respaldar el pago de la sanción en los términos definidos en las
resoluciones demandadas.
16. En ese contexto, concluye la Sala también que, aunque el Tribunal no hubiera
hecho expresa mención frente a la alegada violación de los principios de buena fe
y confianza legítima, sí resolvió este aspecto, puesto que este cargo se basó en el
alegado desconocimiento de unas estipulaciones contractuales que el a quo estimó
que no se contravinieron porque no tenían el alcance que les quiso dar la
aseguradora11.
17. Lo anterior confirma que el Tribunal se pronunció sobre los cargos en los que
sustentaron las pretensiones principales de la demanda, además de que revela que
los fundamentos en los que se basó para negarlas fueron objeto de reproche a
través del recurso de apelación; por tanto, precisado lo anterior, la Sala procede a
su estudio.
11 En efecto, al referirse a este cargo de la nulidad, en el recurso de apelación la aseguradora señaló: “Esta
causal no fue estudiada en el fallo apelado. Al revisar el contenido de la parte motiva, en ésta guardó silencio
sobre los argumentos y razones que fundamentaron esta causal de nulidad, que de haberlos estudiado habría
llegado a la conclusión que existió un desconocimiento de los actos propios por parte del IDU, al ordenar que
en el evento de que la multa no pudiera ser descontada de los valores adeudados al Consorcio Nueva Era,
fuera cancelada por Liberty Seguros S.A. con cargo a la póliza de cumplimiento No. 428355, pues las partes
habían pactado en el Acuerdo de Cesión y en el otrosí 2 de Cesión y Adicional 2 al Contrato No. 056 de 2004,
que las sanciones que se llegaran a imponer al mencionado Consorcio Nueva Era estarían a cargo de éste, lo
que equivale decir que Liberty S.A., estaba relevada del pago de las sanciones que se llegaren a imponer al
mencionado Consorcio Nueva Era. Obsérvese que en este aparte no se está discutiendo la posibilidad que tenía
la Administración de imponer multa, sino el desconocimiento de que ésta sanación estuviera a cargo de la
compañía aseguradora, de conformidad con los acuerdos suscritos entre las partes” (folio 817, cuaderno del
Consejo de Estado).
14
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Los reproches contra la decisión de negar las pretensiones principales de la
demanda de Liberty
18. A juicio de la aseguradora, la intención de las partes fue que, al asumir la
aseguradora la ejecución del contrato de obra, quedaba exonerada del pago de
cualquier sanción o indemnización derivada del incumplimiento por parte del
cedente —el Consorcio—, lo cual habría conducido a la extinción de dicho amparo
por desaparición del interés y del riesgo asegurable. En tal virtud, como el amparo
de cumplimiento cubría tanto las multas como la cláusula penal y ninguna de ellas
le sería exigible, ese amparo se extinguió.
19. Para resolver este cargo de la apelación, la Sala procede a analizar si los
acuerdos a los que arribaron las partes de cara a la cesión del contrato de obra No.
56 de 2004 tuvieron el alcance de modificar o, incluso, dejar sin efectos las
obligaciones que asumió Liberty a través del contrato de seguro que se instrumentó
a través de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 428355 en
relación con el amparo de cumplimiento, o si tales estipulaciones se limitaron a
determinar las obligaciones que, en calidad de contratista cesionaria, asumiría la
aseguradora, sin permear el alcance de esa otra relación contractual, esto es, la del
contrato de seguro.
20. Encuentra la Sala que, debido a los inconvenientes que se venían presentado
en la ejecución de la obra —relacionados con el avance según su programación12—
el 29 de diciembre de 2005, Liberty y el Consorcio suscribieron un documento
denominado “acuerdo celebrado entre Liberty Seguros S.A. y el Consorcio Nueva
Era para la terminación del contrato 056 de 2004”, cuyo objeto consistió en:
“definir los compromisos que adquieren cada una de las partes participantes y
firmantes del presente acuerdo, para lograr la terminación de las obras del
objeto del contrato 056 de 2004 […] con base en lo pactado en el presente
documento, LIBERTY SEGUROS S.A. firmará el documento de cesión del
contrato 056 y lo terminará las obras [sic] objeto del contrato a satisfacción del
IDU”13.
21. En las cláusulas de este negocio jurídico —que, se resalta, no fue firmado
por el IDU— el Consorcio se obligó con Liberty, a: (i) endosarle la totalidad del valor
de la retención por garantía que el IDU venía descontando de las actas de avance
de obra desde el inicio de la ejecución del contrato, dineros que “serán usados por
LIBERTY SEGUROS S.A. para amortizar el anticipo dejado de pagar por el
contratista en el momento de la cesión, para el pago de las multas si se llegaren a
producir y con el fin de cancelar los costos y los sobrecostos que pudieren existir
con motivo de la terminación de la obra”14 —cláusula segunda—; (ii) endosarle el
valor total de las actas de avance de obra Nos. 5 y 6, con las mismas finalidades
establecidas en la cláusula segunda —cláusulas tercera y cuarta—15; (iii) cederle
los dineros depositados en la cuenta corriente asociada a la ejecución del contrato
12 En el acuerdo del 29 de diciembre de 2005, se consignó que “debido a los atrasos que se han venido
presentando en la ejecución de las obras por motivos que no se analizan en el presente documento, las partes
han convenido ceder el contrato a favor de la Entidad Garante que está debidamente autorizada para terminar
la obra” (folio 62, cuaderno 2).
13 Folio 61, cuaderno 2.
14 Folio 63, cuaderno 2.
15 Folios 63 y 64, cuaderno 2.
15
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de obra y los materiales comprados por el Consorcio con el dinero del anticipo —
cláusulas sexta y séptima—16; (iv) presentar los documentos de reprogramación de
las obras —cláusula décima cuarta—17, entre otras. Como contrapartida, Liberty se
obligaría a asumir la ejecución íntegra del objeto del contrato de obra No. 56 de
2004 hasta su culminación, en la posición que ostentaba el Consorcio antes de la
cesión.
22. El 30 de diciembre de 2005, el IDU, la interventoría —Restrepo y Uribe
Ltda.—, Liberty y el Consorcio celebraron un acuerdo denominado “acuerdo
celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Liberty Seguros S.A.,
Consorcio Nueva Era y Restrepo y Uribe Ltda.” cuyo objeto consistió en:
“definir los compromisos que adquieren cada una de las partes participantes y
firmantes del presente acuerdo y que posteriormente se incluirán en el otrosí
mediante el cual se perfeccionará la cesión del contrato 056 de 2004, con el
objeto de lograr la terminación y cumplimiento del objeto del contrato
garantizado por LIBERTY SEGUROS S.A. a través de póliza de cumplimiento
a favor de Entidades Estatales No. 428355 y con base en lo aquí pactado se
firmará un otrosí entre el IDU y la Aseguradora”18.
23. En los antecedentes de dicho acuerdo, las partes se refirieron a la fecha de
celebración del contrato de obra, a la expedición de la póliza de cumplimiento, al
acuerdo logrado entre el Consorcio y Liberty y a la circunstancia de que, debido a
los atrasos presentados durante la ejecución de las obras, las partes se reunieron
en varias oportunidades para discutir la conveniencia de perfeccionar la cesión de
la posición contractual del Consorcio y así impedir la declaratoria de caducidad del
contrato19.
24. Como compromisos se establecieron, los siguientes: (i) a cargo del
Consorcio: (a) suscribir el otrosí mediante el cual se perfeccionaría la cesión; (b)
“responder por las sanciones aplicadas por el IDU de conformidad con las
estipulaciones del Contrato No. 056 de 2004, en desarrollo del cronograma de obra”;
(c) entregar la zona de obras a Liberty; (ii) a cargo de Liberty: (a) ejecutar y
culminar a satisfacción del IDU las obras faltantes establecidas en el contrato, en
los mismos términos allí previstos; (b) ejecutar las obras a través del subcontratista
INCON S.A., en un plazo adicional de 5 meses y medio contados a partir del 27 de
enero de 2006; y (iii) a cargo del IDU: (a) asumir los costos por los honorarios de
la interventoría; (b) conceder el término de 5 meses y medio a Liberty para terminar
la ejecución de las obras, y (c) revisar los precios unitarios, en los términos previstos
en la cláusula 38.1 del contrato20.
25. Además, en la cláusula tercera de los compromisos de Liberty, las partes
convinieron que:
“TERCERO: La celebración del presente acuerdo no exonera a LIBERTY
SEGUROS S.A. del cubrimiento del riesgo relacionado con el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones causadas en desarrollo del
Contrato No. 056-04 amparados con las pólizas No. 428355, ni los amparos
16 Folio 64, cuaderno 2.
17 Folio 65, cuaderno 2.
18 Folio 68, cuaderno 2.
19 Folio 68, cuaderno 2.
20 Folios 70 y 71, cuaderno 2.
16
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cubiertos con la póliza de responsabilidad civil No. 67189, ni demás amparos
cubiertos en la póliza única de cumplimiento”21. (énfasis agregado)
26. Posteriormente, el 25 de enero de 2006, el Consorcio —en calidad de
cedente—, Liberty —en calidad de cesionario— y el IDU —en condición de
contratante cedido—, suscribieron el otrosí No. 2 al contrato de obra No. 56 de 2004.
En los considerandos de dicho negocio jurídico, las partes se refirieron a la
suscripción del contrato de obra, a la existencia de las pólizas expedidas por Liberty
para garantizar el cumplimiento del contrato —ordinal (b)—, a los acuerdos previos
encaminados a instrumentar los compromisos de las partes en relación con la
cesión del contrato, entre otras circunstancias22. En los ordinales (d) y (e) de las
consideraciones, las partes señalaron que los acuerdos del 29 y 30 de diciembre de
2005 integran el referido otrosí, en lo que no lo contraríe.
27. En la cláusula primera del otrosí No. 2, se acordó que Liberty terminaría la
ejecución de las obras objeto del contrato23 y que asumiría también la ejecución de
las obligaciones de la etapa de conservación y mantenimiento, en los mismos
términos convenidos inicialmente, obligaciones que cumpliría materialmente el
subcontratista de Liberty, INCON S.A.
28. En la cláusula décima primera, se estipuló lo siguiente:
“DÉCIMA PRIMERA: El CEDENTE asumirá el valor de las multas que se
llegaren a imponer por hechos ocurridos con anterioridad a la aceptación
de la cesión, los cuales serán descontados de los saldos que se le adeuden al
CEDENTE por el desarrollo del contrato, excluyendo de estos saldos la totalidad
de los dineros que han sido cedidos antes de la firma del presente documento
y que son de propiedad del CESIONARIO y por lo tanto no podrán ser
entendidos como saldos del CEDENTE”24 (énfasis agregado).
29. En la cláusula décima cuarta se acordó que:
“DÉCIMA CUARTA: LIBERTY SEGUROS S.A. con la suscripción de este
contrato queda relevada de la obligación de pagar el valor de la cláusula
penal pecuniaria estipulada en el contrato 056 de 2004 y amparada por la
Garantía Única No. 428355, toda vez que se comprometió a terminar la
obra, evitando así el eventual perjuicio para el IDU”25 (énfasis agregado).
30. Finalmente, en la cláusula décima quinta, Liberty manifestó conocer todas y
cada una de las obligaciones del contrato de obra No. 56 de 2004, cuyos términos
se mantenían vigentes, salvo en lo modificado por el otrosí No. 2.
31. En ese contexto, atendiendo al claro tenor literal de los anteriores acuerdos,
lo que encuentra la Sala es que, si bien las partes acordaron que la aseguradora
quedaba exonerada del pago de la cláusula penal amparada a través de la póliza
No. 428355, porque la cesión se dio justamente para evitar la declaratoria de
caducidad, esa misma previsión no se extendió ni se consignó para el amparo de
21 Folio 71, cuaderno 2.
22 Folios 73 y 74, cuaderno 2.
23 Para ello, en la cláusula En la cláusula quinta se acordó prorrogar el plazo pactado para la etapa de
construcción en 5 meses y medio, contados a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, lo que, en los
términos de la cláusula novena, ocurría con su firma.
24 Folio 75, cuaderno 2.
25 Folios 75 y 76, cuaderno 2.
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Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
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multas por hechos ocurridos antes de la cesión —esto, al margen de si éstas
cumplían o no una función conminatoria, aspecto al que se referirá la Sala al abordar
el estudio de las pretensiones subsidiarias, pues este argumento se presentó,
exclusivamente, como fundamento de ellas—, puesto que en ese punto lo que
traducen los acuerdos es justamente lo contrario, esto es, que, por efecto de la
cesión, las partes no acordaban ninguna modificación al régimen del amparo por
multas cobijado por el contrato de seguro.
32. Para arribar a ese aserto, es necesario tener en cuenta que una cosa es la
relación contractual derivada del contrato de obra, del que inicialmente fueron partes
el IDU y el Consorcio y, posteriormente, por efecto de la cesión, la aseguradora; y
otra distinta es la relación contractual derivada del contrato de seguro que amparó
el cumplimiento del anterior, del que hicieron parte el Consorcio, en calidad de
tomador, y Liberty, en calidad de aseguradora.
33. Aunque parezca evidente, es preciso también mencionar que, si bien uno y
otro contrato están relacionados —pues, como lo ha anotado de vieja data la
jurisprudencia de esta Corporación, el contrato de obra es la causa de la expedición
de la póliza de cumplimiento26—, cada uno goza de individualidad en su naturaleza,
objeto, elementos y efectos, pues se tratan de contratos autónomos. En efecto, por
una parte, encuadran dentro de la tipología del contrato de obra, en los términos del
numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 “[…] los que celebren las
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general,
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. Por su parte, el Código de
Comercio señala que el contrato de seguro es un “contrato consensual, bilateral,
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva” (Código de Comercio, artículo 1036)
compuesto por los elementos esenciales del interés asegurable, el riesgo
asegurable, la prima o precio del seguro, y la obligación condicional del asegurador
(Código de Comercio, artículo 1045). Así, aunque el estatuto mercantil no consagra
una definición del contrato de seguro, a partir de sus características y elementos
esenciales se puede señalar, como lo ha hecho la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que:
“(…) el seguro es un contrato ‘por virtud del cual una persona -el asegurador-
se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina ‘prima’,
dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto
cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al ‘asegurado’ los daños
sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de
seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el
patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de ‘daños’ o de ‘indemnización
26 Ahora bien, bajo la Ley 80 de 1993, el contrato de seguro constituye un contrato autónomo, pero
colabora en el desempeño de la función pública dado el carácter del patrimonio que protege y puesto
que el beneficiario es directamente la administración.
"No obstante su autonomía, el contrato estatal constituye la razón principal que da origen al contrato de
seguro y se une de tal modo que su cumplimiento y ejecución dependen del primero. Si bien, el contrato
de seguro estrictu sensu no es un contrato estatal, en virtud de ser celebrado entre dos particulares en beneficio
de un tercero, este tercero es siempre la administración pública. El otorgamiento de la garantía tiene justificación
en interés del patrimonio estatal, lo cual le confiere un tratamiento especial, distinto de los contratos celebrados
entre particulares; tanto es así que la constitución de la garantía y su aprobación son requisitos indispensables
para la ejecución del contrato”. (énfasis agregado) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de
diciembre de 2001, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 18.506.
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efectiva’, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es
la previsión, la capitalización y el ahorro’ (…).”27
34. En este orden de ideas, no cabe duda que ambos contratos son autónomos
y que, por ende, las obligaciones que de ellos se derivan también difieren entre sí,
por lo que no deben confundirse los derechos que adquirió y las obligaciones que
asumió la aseguradora en cada negocio jurídico.
35. Sin perjuicio de lo anterior, anota la Sala que es cierto, como alega la parte
recurrente, que, a través de la cláusula décima primera del otrosí No. 2 al contrato
de obra No. 56 de 2004, se convino que el IDU no liberaría de responsabilidad al
Consorcio por las multas que se impusieran por hechos acaecidos antes de la
cesión, lo que de paso implicaba que no haría a la cesionaria en calidad de tal
responsable por ellas, esto es, desde la perspectiva de la posición contractual que
se estaba cediendo. De esta manera, entiende la Sala que tal acuerdo no se tradujo
ni estaba llamado a producir una modificación de las estipulaciones del contrato de
seguro o, menos aún, un acuerdo que implicara excluir la responsabilidad de la
aseguradora frente al amparo por multas, como sí fue pactado expresamente para
los efectos de la cláusula penal, acuerdo que, por demás, las partes estimaban
como necesario para terminar el objeto del contrato y remediar las dificultades que
se presentaron durante su ejecución.
36. Este entendimiento se ratifica al leer el texto completo de la cláusula décima
primera del otrosí No. 2, en la que las partes del contrato de obra y quien sería su
cesionario —la aseguradora— estipularon que el cedente asumiría el valor de las
multas que se llegaren a imponer por hechos ocurridos con anterioridad a la
aceptación de la cesión, conviniendo en que dichos valores serían descontados de
los saldos que se adeudaran al Consorcio por el desarrollo del contrato —excluidos
los dineros que de tales saldos le fueron cedidos a Liberty—, pacto que no involucró
una mención expresa ni tácita a renunciar a la efectividad y cobro del amparo de
multas, vigente y exigible para la época de los hechos en que se fundaran.
37. En este punto, es pertinente recordar que la cesión del contrato es una forma
de transmisión de los derechos y obligaciones y no solo de la parte activa o pasiva
de las relaciones jurídicas emanadas de un negocio jurídico28; en éste, en ejercicio
de la autonomía de la voluntad, las partes son libres de adoptar los acuerdos que
no sean contrarios a los elementos de la esencia del contrato29, por lo que pueden,
como lo hicieron en este caso a través de la cláusula décima primera del otrosí No.
2, acordar, en los términos del artículo 893 del Código de Comercio30, que el
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2008, Rad. 2000-075,
reiterada en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp.
SC6709, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz.
28 Por eso, la diferencia sustancial con la cesión de créditos regulada en los artículos 1959 a 1966 del Código
Civil es, precisamente, que en la cesión del contrato se transfieren el conjunto de derechos y obligaciones
derivados del negocio jurídico, mientras que en la otra se transfiere solo el derecho de crédito de cedente a
cesionario
29 ARTÍCULO 1501, “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no
siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales
a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas
especiales.”
30 ARTÍCULO 893, Código de Comercio “Si el contratante cedido hace la reserva de no liberar al cedente, al
autorizar o aceptar la cesión o al serle notificada, en el caso de que no la haya consentido previamente, podrá
exigir del cedente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cuando el cesionario no las cumpla,
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cedente no quedaba liberado de cumplir con las multas que pudieren imponerse
como consecuencia de hechos acaecidos antes del perfeccionamiento de la cesión
y que la cesionaria, en calidad de tal, no asumiría esa obligación.
38. Adicionalmente, se constata que el límite de la referida estipulación décima
primera del otrosí No. 2 no comprendía, y ni siquiera implicaba que se exoneraría a
la compañía aseguradora de cubrir el siniestro de cumplimiento en el rubro de
multas, pues bien por el contrario, lo que hicieron fue ratificar expresamente las
obligaciones de la aseguradora contenidas en la póliza No. 428355 —acuerdo del
30 de diciembre de 2005— la que, por efecto de la cesión, no se relevaría del
cubrimiento de los riesgos que amparó a través de ese instrumento, pacto que,
además, se reiteró al convenir que el contenido del acuerdo del 30 de diciembre de
2005 haría parte integral del otrosí No. 2, en lo que no le fuera opuesto.
39. La lectura armónica e integral de los citados acuerdos revela que no existe
una contradicción entre ellos, como tampoco refleja una intención implícita del IDU
a renunciar a hacer efectivo el amparo de cumplimiento - multas. Lo que se observa
es que las partes convinieron que el Consorcio respondería por el valor de las multas
que se llegaren a imponer por hechos ocurridos antes de la cesión del contrato con
cargo a su propio peculio, pero que, a falta de acuerdo distinto, se mantendría el
régimen de aseguramiento contenido en el contrato de obra, por lo que el valor de
las multas podría estar llamado a hacerse efectivo con cargo a la póliza de
cumplimiento expedida por Liberty. Dicho de otro modo, la obligación condicional de
pago adquirida por la aseguradora en el marco del contrato de seguro sujeta al
acaecimiento del riesgo de incumplimiento31, no varió ni se extinguió por el hecho
de que el Consorcio, al ceder el contrato y no haber sido liberado de responsabilidad
en el pago de las multas, fuera el primer llamado a responder por su pago.
40. En adición, reitera la Sala que, si la intención de las partes hubiera sido que,
por efecto de la cesión, se modificara el contrato de seguro para excluir del amparo
de cumplimiento el rubro relacionado con las multas, en lugar de ratificar que se
mantenía la cobertura de los amparos cubiertos a través de la póliza No. 428355,
así lo hubieran estipulado, tal como expresamente lo hicieron respecto del amparo
asociado al pago de la cláusula penal, al pactar en la cláusula décima cuarta del
otrosí No. 2 que la aseguradora quedaba “relevada de la obligación de pagar el valor
de la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato 056 de 2004 y amparada
por la Garantía Única No. 428355, toda vez que se comprometió a terminar la obra,
evitando así el eventual perjuicio para el IDU”.
41. En ese mismo sentido, es pertinente señalar que el acuerdo antes referido,
no conllevaba que ese pacto se extendiera también a las multas que el IDU
impusiera por hechos acaecidos antes de la cesión, ante la diferente naturaleza de
pero deberá poner el incumplimiento en conocimiento del cedente dentro de los diez días siguientes a la mora
del deudor.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos en que la ley autorice la cesión sin previa aceptación o
notificación”.
31 Artículo 1080, Código de Comercio: “El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del
mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante
el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al
asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio
igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.
El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad
en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.”
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la “cláusula penal pecuniaria” y el pacto de multas32 lo que, por demás, condujo a
distinguirlos expresamente en el amparo de cumplimiento, dentro del riesgo de
incumplimiento33.
42. Ahora, la Sala no pasa por alto que, al menos llama la atención que la póliza
de cumplimiento comprendiera el amparo de la cláusula penal pecuniaria y que en
el otrosí No. 2 las partes se hubieren referido a ella para señalar que se exoneraba
a la aseguradora de cubrirla, cuando lo cierto es que en el contrato de obra No. 056
de 2004 no se consagró tal instrumento. Empero, además de que ningún elemento
de prueba conduce a interpretar que en esa cláusula las partes hubieran querido
verdaderamente referirse a las “multas”, Liberty no hizo consistir su demanda ni su
apelación en la equiparación de la cláusula penal pecuniaria con la cláusula de
multas34. Con todo, vale mencionar que la cesión se dio para evitar la declaratoria
de caducidad del contrato, lo que, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de
1993, apareja el cobro de la cláusula penal pecuniaria, no la imposición de multas;
esto se complementa con que en la referida cláusula décima cuarta lo que se indicó
fue que la aseguradora quedaba exonerada de cubrir la cláusula penal porque al
asumir la ejecución del contrato le evitaba un eventual “perjuicio” al IDU, a la par
que en la cláusula décima primera se previó la posibilidad de que se impusieran
multas por hechos acaecidos con anterioridad a la cesión, distinguiendo con ello
claramente los perjuicios que se habrían derivado del incumplimiento definitivo del
contrato, de la sanción por el mero retardo.
43. En este escenario, lo que se evidencia es que, a partir de los acuerdos que
se dieron en el marco de la cesión del contrato de obra No. 56 de 2004, no solo no
existe un acuerdo que avale la postura de la parte actora, sino que tampoco se
puede inferir de ellos una conclusión como la propuesta, esto es, la extinción del
amparo de cumplimiento cuya cobertura estuvo incluida en la referida póliza.
44. En suma, interpretando sistemáticamente35 la prueba que se ha venido
refiriendo, lo que se concluye es que el Consorcio mantuvo su responsabilidad como
cedente del contrato por los incumplimientos acaecidos antes de la aceptación de
32 La cláusula penal es, por regla general, un instrumento de estimación anticipada de perjuicios que sobreviene,
en el caso de la contratación estatal, como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato o en virtud
de la declaratoria del incumplimiento definitivo por parte del deudor de la obligación;por ello, según lo ha dicho
la jurisprudencia de esta Corporación, la cláusula penal pecuniaria se debe imponer como consecuencia del
incumplimiento definitivo de las obligaciones por parte del deudor y no de un incumplimiento parcial y temporal.
Las multas, en cambio, son instrumentos contractuales mediante los cuales la entidad contratante, en desarrollo
de su función como director de la ejecución del contrato, asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones
a cargo del contratista. No tiene una función resarcitoria como la cláusula penal sino eminentemente
conminatoria y sancionatoria, pues lo que con ellas se pretende es disuadir al contratista que se encuentra
incumpliendo transitoriamente un contrato de tracto sucesivo a reajustar su conducta de modo de garantizar el
cumplimiento satisfactorio de su objeto.
33 En las condiciones generales de la póliza de cumplimiento expedida por Liberty, se precisó que el amparo de
cumplimiento “cubre a la entidad estatal única y exclusivamente contratante contra los perjuicios directos
derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.
Este amparo comprende las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva” (folio 53,
cuaderno 2).
34 Se advierte también que la aseguradora no discutió que los incumplimientos en los que se fundamentó la
multa fueran los mimos que motivaron a las partes a celebrar la cesión para evitar su declaratoria de caducidad
y, por tanto, para evitar que se causaran los perjuicios derivados del incumplimiento definitivo de las obligaciones
y que, por ello, no fuera procedente que se impusiera la multa y tampoco que se afectara la póliza No. 428355
en el amparo de cumplimiento, en razón a que a través de la cláusula décima cuarta del otrosí No. 2 se exoneró
a Liberty del pago de la cláusula penal, justamente, con ese propósito, lo que impide a la Sala adentrarse en
ese estudio.
35 Según el artículo 1622 del Código Civil, “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras,
dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”.
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la cesión, mientras que Liberty permaneció como garante del cumplimiento de esas
obligaciones.
45. En este punto de la providencia, estima la Sala pertinente destacar, como en
otras oportunidades lo ha hecho, que el principio de buena fe, que es el cimiento en
el que se funda la teoría de los actos propios, supone, en términos generales en
materia contractual, que el comportamiento de las partes debe estar inspirado y
tener como fin la efectiva ejecución de lo pactado y, por tanto, la preservación del
contrato, lo que implica que las partes tienen el deber de respetar en su esencia lo
acordado y cumplir las obligaciones derivadas de aquello.
46. Por todo lo anterior, la Sala comparte la decisión del a quo en cuanto a que,
la resolución demandada no vulneró lo acordado en el marco de la cesión de dicho
negocio jurídico, pues, al contrario, lo que se observa es que el Instituto actuó al
amparo de una estipulación en la que Liberty ratificó su consentimiento a responder
por los amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento No. 428355, incluyendo el
pago de las multas que se impusieran por hechos acaecidos con anterioridad a la
aceptación de la cesión —se reitera, que otra cosa es si las multas impuestas
cumplieran o no una finalidad conminatoria, lo cual será analizado más adelante—;
por lo mismo, la Sala tampoco encuentra que se hubiere vulnerado el principio de
buena fe contractual.
47. Frente al alegato de la aseguradora según el cual se habrían extinguido dos
elementos esenciales del contrato de seguro en relación con el amparo de
cumplimiento y, específicamente, para lo que interesa a este caso, con las multas
—el interés y del riesgo asegurable—, estima la Sala necesario advertir que, si bien
en su demanda la aseguradora hizo alusión al artículo 1107 del Código de
Comercio36, lo cierto es que la discusión que planteó en relación con la extinción del
amparo de cumplimiento no se fundamentó en la transferencia del interés
asegurado de un sujeto a otro —argumento que no desarrolló—, sino que se basó
en que, en este caso, tanto el interés como el riesgo asegurado habrían
desaparecido por acuerdo expreso entre las partes, porque en relación con los dos
amparos que cubría ese siniestro —multas y cláusula penal— habrían acordado
exonerar a la aseguradora de su pago, en tanto estipularon, de una parte, que el
Consorcio asumiría el valor de las multas que se impusieran con ocasión de hechos
acaecidos con anterioridad a la aceptación de la cesión del contrato y, de otra, que
Liberty quedaba exonerada de pagar la cláusula penal ya que al asumir la ejecución
del contrato evitó a la entidad pública los perjuicios que se podrían haber derivado
del incumplimiento; por tanto, la Sala se limita al estudio que ya hizo de estos
aspectos, pues fueron los que se plantearon en la demanda y los que se reiteraron
en la apelación.
48. Con todo, vale mencionar que, incluso, si en gracia de discusión, y
únicamente de ella, se admitiera que la controversia versó sobre la transferencia del
36 Código de Comercio, artículo 1107: “La transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa
a que esté vinculado el seguro, producirá automáticamente la extinción del contrato, a menos que subsista un
interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para
proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de esta circunstancia al asegurador dentro de los diez
días siguientes a la fecha de la transferencia.
La extinción creará a cargo del asegurador la obligación de devolver la prima no devengada.
El consentimiento expreso del asegurador, genérica o específicamente otorgado, dejará sin efectos la extinción
del contrato a que se refiere el inciso primero de este artículo”.
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interés asegurable y los efectos que ésta habría producido de cara al contrato de
seguro, en los términos del referido artículo 1107 —la extinción automática del
contrato de seguro—, lo cierto es que las pretensiones principales tampoco estarían
llamadas a prosperar, en tanto en cuanto:
(i) El interés asegurado no se trasladó de un sujeto a otro, pues éste se radicó en
cabeza del IDU que no cedió su posición en el contrato de obra No. 56 de 2004 y,
por tanto, dicho interés siempre se mantuvo en cabeza del sujeto asegurado37;
(ii) La aseguradora no sólo consintió en la cesión del contrato, pues hizo parte de
ella, sino que ratificó expresamente que en razón de ese acuerdo no se exoneraría
de cubrir los riesgos que amparó a través de la póliza No. 428355 —lo que incluía
las multas derivadas de los hechos que se hubieren configurado antes de la
aceptación de la cesión—; por tanto, incluso si se aceptara que se configuró alguno
de los supuestos a los que se refiere el inciso primero del mencionado artículo 1107
del estatuto comercial, lo cierto es que no podría producirse la consecuencia allí
prevista, toda vez que, de conformidad con el inciso final de ese mismo artículo, “[e]l
consentimiento expreso del asegurador, genérica o específicamente otorgado,
dejará sin efectos la extinción del contrato a que se refiere el inciso primero de este
artículo”;
(iii) Aun si se admitiera que como consecuencia de la cesión contractual se extinguió
el contrato de seguro al haber desaparecido dos de sus elementos esenciales —el
interés y el riesgo—, lo cierto es que este efecto sólo podría afectar reclamaciones
originadas en incumplimientos ocurridos con posterioridad a la cesión38, mas no las
fundadas en incumplimientos configurados con anterioridad a ella, que es el tema
que concita esta controversia, la cual, vale recordar, se refiere a las multas
impuestas por hechos que tuvieron lugar antes de la aceptación de la cesión,
37 De conformidad con lo previsto en el artículo 1045 del Código de Comercio, el interés asegurable —junto con
el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador— constituye un
elemento esencial del contrato de seguro. El doctrinante Efrén Ossa señala que el interés asegurable es el
objeto mismo del contrato de seguro y lo define “como la relación económica, amenazada en su integridad por
uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o
derechos tomados en sentido general o particular”; es por esto que el artículo 1086 ibídem prevé que ese
elemento esencial del contrato debe “existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el
riesgo” y que su desaparición conlleva “la cesación o extinción del seguro”.
En el seguro de daños —del cual la póliza de cumplimiento es una especie—, el interés asegurable, en los
términos del artículo 1083 del Código de Comercio se refiere a la situación de “toda persona cuyo patrimonio
pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés
que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero.”
Ahora, el interés asegurable que se avino a proteger la póliza de cumplimiento expedida por Liberty, consistió
en la relación económica que tiene el IDU con su patrimonio, el cual podría verse menoscabado como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del contratista —riesgo amparado— del contrato de obra
No. 56 de 2004. De esta manera, el supuesto de hecho del artículo 1107 del Código de Comercio se refiere a
la transferencia de ese interés asegurable —y no de otro—, como sería el caso de la cesión de la posición del
contrato del IDU a un tercero (Consejo de Estado, A este respecto, ver Consejo de Estado, Subsección C,
sentencia del 22 de octubre de 2012, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, Exp. 20.967)
38 Téngase en cuenta que el inciso segundo del referido artículo 1107 dispone que en caso de que por la
transferencia entre vivos del interés asegurado o de la cosa a la que está vinculado el seguro se extinga
automáticamente el contrato de seguro, surge para el asegurador la obligación de devolver la prima no
devengada, esto es, según el inciso segundo del artículo 1071 del Código de Comercio, “la que corresponde al
lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del
contrato”, esto sólo para reflejar que, incluso en el evento hipotético que se plantea, las pretensiones principales
no estaban llamadas a prosperar, en tanto, como lo ha explicado tanto la jurisprudencia como la doctrina, en los
seguros de cumplimiento la prima se entiende causada en su totalidad desde el momento mismo en que el
asegurador asume ese riesgo, análisis asociado a la irrevocabilidad de este tipo de seguros, irrevocabilidad
que, en materia de contratos estatales está expresamente consagrada en inciso tercero del numeral 19 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, hoy en el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007.
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cuando, no hay duda, estaban presentes todos los elementos esenciales del
contrato de seguro39.
49. Así las cosas, se impone confirmar la decisión del a quo de negar las
pretensiones principales de la demanda, puesto que no se encontró razón a los
argumentos esbozados por Liberty en su apelación respecto de aquéllas y, por
tanto, la Sala procede a abordar el estudio de los que planteó de cara a las
pretensiones que se formularon como subsidiarias.
Los reproches frente a la decisión de negar las pretensiones subsidiarias de
la demanda
50. La parte recurrente alega que el Tribunal no se pronunció frente a las
pretensiones subsidiarias de la demanda, aspecto frente al cual le asiste
parcialmente la razón, puesto que, al revisar el contenido de la sentencia de cara a
lo alegado como fundamento de tales pretensiones, lo que se encuentra es que el
a quo sí se manifestó frente a uno de los cargos que las sustentaron, con base en
unos argumentos que fueron expresamente debatidos por la aseguradora a través
de su recurso de apelación; aunque, es verdad, dejó de resolver los demás.
51. Al respecto, lo que encuentra la Sala es que, al identificar el problema
jurídico, el Tribunal lo limitó a determinar si la aseguradora debía asumir el valor de
la multa impuesta al Consorcio a través de las Resoluciones Nos. 5907 de 2006 y
896 de 2007 y para resolverlo analizó lo relativo al alcance de los acuerdos de la
cesión del contrato de obra No. 056 de 2004, es decir, el planteamiento se
circunscribió —como correspondía, porque así se planteó— a determinar si, en su
condición de garante del contrato, Liberty estaba o no en la obligación de asumir el
valor de la multa en caso de que no la pagara el Consorcio y, por tanto, a establecer
si, en ese preciso aspecto, los actos demandados estaban viciados de nulidad.
Como se observa, ese análisis no estuvo dirigido a comprobar si la decisión de
multar al cedente estaba o no ajustada a la legalidad, que fue el conflicto que se
planteó de manera subsidiaria con fundamento en diferentes cargos que, como se
pretendió, comprometen la nulidad total de las resoluciones demandadas y no
solamente su nulidad parcial en relación con la afectación de la póliza de
cumplimiento que amparó al contrato de obra No. 056 de 2004.
52. No obstante, se observa también que, aunque en el marco del problema
jurídico previamente referido, el Tribunal sí se pronunció respecto de uno de los
cargos de nulidad que soportaron las pretensiones subsidiarias de la demanda,
específicamente el que se hizo consistir en que el IDU carecía de competencia para
imponer la multa. En efecto, frente a este cargo, el a quo señaló que el Instituto sí
estaba habilitado para imponer la multa porque cuando adoptó esa determinación
el contrato aún estaba vigente, solo que, por efecto de la cesión, la aseguradora se
39 En este punto, es pertinente precisar que, si bien la resolución de multas se expidió 11 meses después de
aceptada la cesión del contrato de obra, lo cierto es que se refiere, exclusivamente a unos incumplimientos que
acaecieron antes de ello. Téngase en cuenta además que en vigencia de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 679
de 1994 –vigentes para cuando se expidieron las resoluciones de multas demandadas–, únicamente el acto
administrativo por medio del cual se declara la caducidad del contrato era constitutivo del siniestro, según lo
dispuesto por el artículo 18 de esta ley; por ello, los demás, como el de multas, eran meramente declarativos
del riesgo acaecido previamente. Después de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 y con la del Decreto
4828 de 2008 (art. 14) se dispuso que el acto que impone la multa también es constitutivo del siniestro de
incumplimiento.
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había subrogado en todos los derechos y obligaciones del Consorcio; razonamiento
frente a la cual, como más adelante se verá, tanto la aseguradora como el Consorcio
indicaron de manera expresa sus objeciones a través del recurso de apelación.
La finalidad conminatoria de las multas
53. En su recurso de apelación, la aseguradora manifestó que, para el momento
en que se expidieron las resoluciones demandadas el Consorcio ya no era parte de
ese negocio jurídico y, por tanto, no podía ser sujeto pasivo de apremios o
coacciones con fines de cumplimiento contractual, por lo que, insistió, la multa no
tuvo un carácter conminatorio y, por tanto, la entidad no podía imponerla. Agregó
que, si bien el plazo del contrato no se había vencido, éste corría para la
aseguradora que era la contratista, no para el Consorcio que había dejado de serlo.
En ese mismo sentido refirió, como lo hizo en la demanda, que las multas se
impusieron por incumplimientos relacionados con el cronograma de obras
acaecidos antes de la cesión, mas no respecto de las obligaciones que asumió la
aseguradora en calidad de cesionaria del contrato para lograr su cumplimiento, de
donde también dedujo su extemporaneidad y falta de justificación.
54. En ese contexto, se encuentra que, más que una falta de competencia
temporal para imponer las multas por terminación del contrato de obra, el cargo de
la aseguradora se funda en que éstas no cumplieron la finalidad de apremio para
las que fueron previstas —competencia material—, porque se impusieron a un
sujeto que ya no era parte de la relación contractual y, por tanto, que ya no podía
ejecutar las obligaciones necesarias para lograr el cumplimiento de lo pactado;
aunado a lo anterior, porque la sanción se impuso por incumplimientos del
cronograma de obra acaecidos antes de que se celebrara la cesión, mas no
respecto de las obligaciones que estaba ejecutando Liberty en calidad de cesionaria
para cumplir ese mismo propósito o, lo que es lo mismo, que las multas no se
avinieron a conminar a la aseguradora, que era la contratista, para que cumpliera el
objeto pactado40. El Consorcio acompañó dicha argumentación señalando que la
multa implicó un ejercicio indiscriminado de la facultad sancionatoria del IDU, en
contravención de la teleología de las multas41.
55. Así, para resolver este cargo de la apelación es pertinente reiterar, como de
manera pacífica lo ha hecho ya de antaño esta Corporación42, que las multas son
instrumentos contractuales mediante los cuales la entidad contratante, en desarrollo
de su función de dirección de la ejecución del contrato, y con fundamento en un
pacto previo —dado que las multas no se incorporan por ministerio de la ley al
contrato—, propende por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista, de manera que, como ya se dijo en esta misma providencia,
no tienen una función resarcitoria o indemnizatoria —como la cláusula penal— pues
40 Folio 819 a 822, cuaderno del Consejo de Estado.
41 Folio 864 y 865, cuaderno del Consejo de Estado.
42 Ver entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de
2012, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, Exp. 22.470; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia del 18 de marzo de 2004, Exp. 15.936; Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia 1º de octubre de 1992, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, Exp. 6.631; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp.
28.875; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, C.P. Enrique
Gil Botero, Exp. 24.697.
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se trata de una medida eminentemente conminatoria y sancionatoria43, en tanto está
encaminada a disuadir al contratista que se encuentra incumpliendo
transitoriamente las obligaciones derivadas de un contrato de tracto sucesivo a
reajustar su conducta de modo de garantizar el cumplimiento satisfactorio de su
objeto.
56. En línea con lo anterior, esta Corporación ha sido enfática en señalar que las
entidades públicas tienen un límite temporal para acudir a este mecanismo corrector
de las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de
apremio que persiguen, por lo cual sólo pueden aplicarse dentro de la vigencia del
contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es,
constreñir al contratista al cumplimiento, de manera que si, aún estando vigente el
plazo, ese no es su propósito, porque, por ejemplo, las obligaciones que se habían
inobservado ya se cumplieron o porque se acordaron otros mecanismos de
remediación para lograr su cumplimiento y éstos se están ejecutado
adecuadamente, entonces no habrá lugar a imponerlas, pues habrán perdido su
razón de ser. En este sentido, de vieja data, se ha indicado que:
“Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo
tienen una finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por
eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas
provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad
o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales o salvables,
sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá
cumplirse.
Este poder exorbitante de imposición de multas tiene un límite temporal
obvio: mientras esté vigente el contrato y la medida pueda producir el
efecto deseado (el constreñimiento del contratista), ya que la medida no
busca sancionar porque sí, sino sancionar para que el contratista que está
incumpliendo se sienta compelido a cumplir.”44
57. Esta regla jurisprudencial resulta lógica porque si, a través de las multas, lo
que se busca es constreñir al contratista a lograr el cumplimiento de una obligación,
no tendría sentido imponer la sanción cuando el término de ejecución del contrato
ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo o cuando, por ejemplo, la
obligación ya ha sido cumplida en su integridad 45, o cuando las partes han
reajustado sus compromisos en aras, específicamente, de cumplir lo pactado,
43 Sobre el particular, señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil: “En efecto, la Administración no solo tiene un
poder de dirección y control en la ejecución del contrato, sino también con fundamento en el ius puniendi
del Estado ciertas potestades sancionatorias que operan frente al incumplimiento de las obligaciones en que
incurra el contratista y que se concretan en la adopción de medidas extintivas que comportan la terminación
anormal y anticipada del contrato (como ocurre con el decreto de caducidad del mismo), o sin que impliquen su
extinción, de medidas coercitivas y apremiantes (como sucede con la imposición de multas), para compeler y
conminar al contratista a realizar y ejecutar las prestaciones del contrato y evitar así su incumplimiento
total, de manera que no se trastorne o perturbe la prestación de los servicios o se impida la obtención
de los bienes y obras objeto del mismo.” (énfasis agregado) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicios
Civil, concepto del 10 de octubre de 2013, C.P. Álvaro Namen vargas, Exp. 2157. En ese mismo sentido, se
pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Ver entre otras sentencias: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, Exp.
22.470; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de marzo
de 2004, Exp. 15.936; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 1º de octubre de 1992, C.P. Carlos
Betancur Jaramillo, Exp. 6.631; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de
septiembre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 28.875; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 24.697.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 1º de octubre de 1992, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, Exp.
6.631.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de octubre de 2017, Exp. 53.206. C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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ampliando el plazo estipulado para el desarrollo de determinada obligación o
modificando las condiciones para su ejecución, y tales acuerdos se vienen
cumpliendo adecuadamente.
58. En concordancia con lo anterior, encuentra la Sala que las multas que
pactaron las partes frente al incumplimiento del cronograma de obras —que fue el
incumplimiento que se sancionó a través de las resoluciones demandadas y que
Liberty amparó a través de la póliza No. 428355— responden, claramente, a un
propósito conminatorio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
En efecto, así lo estipularon:
“[49.3] EL MONTO Y PROCEDIMIENTO DE LAS PENALIDADES SERÁ EL
SIGUIENTE:
En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Contratista se hará acreedor
de las siguientes penalidades o multas:
(…)
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS
Por no cumplir con el Cronograma de obras establecido para cada Sección de
las Obras descrito en el Apéndice Técnico respectivo, previo requerimiento del
interventor o del Contratante, se causará una multa equivalente al UNO (1)
por mil del valor de las obras de construcción por cada día calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligación y hasta que satisfaga la obligación”46 (énfasis agregado).
59. Del texto contractual se colige que, en relación con el cumplimiento del
cronograma de obras, el contratista se haría acreedor de las multas que le impusiera
el IDU, equivalentes a una milésima parte del valor de las obras de construcción,
por cada día calendario de retraso desde el momento en que debía cumplirse la
obligación hasta el momento de su cumplimiento. La estructura de esta disposición
se aviene a la finalidad de las multas porque establece una sanción en función del
periodo durante el cual se prolongue el incumplimiento y hasta el momento que
cese, con lo cual el contratista estará compelido a ajustar su conducta para cumplir
el cronograma de obras a la mayor brevedad.
60. En ese contexto y de cara a los argumentos planteados por la parte actora,
lo primero que se debe advertir es que la cesión del contrato no impide, en principio,
que la administración imponga multas con miras al cumplimiento del objeto pactado,
porque, recuérdese, en los términos del artículo 887 del Código de Comercio, lo que
implica ese acuerdo es que la posición contractual de una de las partes del negocio
jurídico —cedente— se traslade a un tercero —cesionario— que lo sustituye en todo
o en parte y, por tanto, que asume el contrato en la condición que se encuentre al
momento de la cesión y, con ello, cuando la cesión es total, adquiere todos los
derechos y obligaciones del cedente. Esto es así porque, como también ya se dijo,
la cesión del contrato es una forma de transmisión de los derechos y obligaciones y
no solo de la parte activa o pasiva de las relaciones jurídicas emanadas de un
46 Folio38, cuaderno 1.
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negocio jurídico47 y, además, porque no es una forma de extinguir las
obligaciones48.
61. Ahora, debe tenerse en cuenta que cuando la cesión del contrato es total, el
hecho de que el cesionario pase a ocupar en un todo la posición del cedente49,
implica que éste, a su vez, quede liberado respecto del contrato cedido; de manera
que, a partir del momento en que la cesión produce sus efectos50, el cedido no podrá
cumplir el contrato mediante la ejecución de las obligaciones a favor del cedente51
y tampoco puede exigir de aquel el cumplimiento de las obligaciones que se
trasladaron al cesionario, salvo que, al momento de aceptar la cesión, hubiera hecho
la reserva de no liberarlo en caso de que el cesionario no cumpla. En ese sentido,
el artículo 893 del Código de Comercio dispone:
“Si el contratante cedido hace la reserva de no liberar al cedente, al autorizar o
aceptar la cesión o al serle notificada, en el caso de que no la haya consentido
previamente, podrá exigir del cedente el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato cuando el cesionario no las cumpla, pero deberá poner
el incumplimiento en conocimiento del cedente dentro de los diez días
siguientes a la mora del deudor.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos en que la ley autorice
la cesión sin previa aceptación o notificación”.
62. En consecuencia, si lo que ocurre desde el momento en que la cesión
empieza a surtir efectos es que el cedente queda liberado de la relación negocial y,
por ello, no está llamado a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato,
entonces, lo que se debe concluir es que no hay razón para pretender conminarlo
al cumplimiento del objeto pactado a través de la imposición de una multa, salvo
que, como señala el artículo 893 del Código de Comercio, el contratante cedido, al
momento de aceptar la cesión, se hubiere reservado no liberarlo del cumplimiento
de las obligaciones en caso de que el cesionario no lo hiciera, lo que en este caso,
no ocurrió.
47 De ahí la diferencia sustancial de esa figura con la cesión de créditos regulada en los artículos 1959 a 1966
del Código Civil pues en ésta sólo se transfiere el derecho de crédito de cedente a cesionario.
48 Por ello, no se debe confundir la cesión del contrato con la novación por cambio de acreedor o de deudor, la
cual sí es una forma de extinción de las obligaciones de conformidad con el artículo 1625 del Código Civil. En
efecto, mientras que la novación es, según el artículo 1687 del Código Civil, “la sustitución de una nueva
obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”, la cesión no extingue el vínculo obligacional
porque a través suyo tan solo se sustituye al cedente por el cesionario, que recibe el contrato en el mismo
estado de cumplimiento que se encontraba al momento de la transmisión. Al respecto, se puede consultar:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de septiembre de 2021, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez, Exp. 50.130.
49 Sobre este aspecto anotó el tratadista chileno René Abeliuk que “Se habla de cesión de contrato cuando uno
de los contratantes, con el consentimiento del otro, traspasa los derechos y obligaciones emanados de un
contrato bilateral a un tercero que pasa a ocupar en el contrato la misma situación jurídica del cedente. […] la
cesión del contrato implica que el cedente traspasa al cesionario sus derechos y obligaciones; tanto el
aspecto activo como el pasivo. […] El cesionario pasa a ocupar la misma situación jurídica del cedente, lo
reemplaza en el contrato, y, en consecuencia, puede exigir el cumplimiento de los créditos que a su
favor emanen de este y queda obligado a cumplir las obligaciones derivadas de él” (énfasis agregado).
René Abeliuk Manasevich, “Las Obligaciones”, Tomo II, Santiago de Chile, cuarta edición, núms. 1160 y 1163.
50 La cesión del contrato estatal produce efectos entre cedente y cesionario desde el momento en que se llega
a un acuerdo, pero, frente a la entidad pública cedida, solamente tendrá efectos a partir de la suscripción del
documento mediante el cual se autorice (Artículo 894, Código de Comercio “La cesión de un contrato produce
efectos entre cedente y cesionario desde que aquella se celebre; pero respecto del contratante cedido y de
terceros, sólo produce efectos desde la notificación o aceptación, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo
888.” Ver Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 16 de marzo de 2015, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, Exp. 31.619; y Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 12 de agosto de
2013, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 23.088).
51 Artículo 892, Código de Comercio: “El contratante cedido no podrá cumplir válidamente en favor del cedente
las prestaciones derivadas del contrato cedido, una vez notificada o aceptada la cesión o conocido el endoso
[…]”
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63. En ese sentido, vale precisar que, si bien en la cláusula décima novena del
otrosí No. 2 las partes acordaron que el Consorcio asumiría el valor de las multas
que se impusieran por hechos ocurridos con anterioridad a la aceptación de la
cesión, es decir, que la cesionaria no lo sustituiría en relación con las obligaciones
que pudieran surgir con ocasión de la imposición de esas sanciones, lo cierto es
que esa cláusula se refiere, exclusivamente, a incumplimientos que hubieren tenido
lugar antes de la cesión, no al posible incumplimiento de las obligaciones que,
después de ella, se hicieran necesarias para cumplir con el objeto pactado, respecto
de las cuales el Consorcio quedó liberado, en consideración a que las asumió la
aseguradora sin que el IDU hiciera ninguna reserva sobre ese particular.
64. Igualmente, en este punto es pertinente advertir que una cosa es que, como
se analizó previamente, no le asistiera razón a Liberty en cuanto a que, en virtud de
lo estipulado en la referida cláusula décima primera del otrosí No. 2, en
concordancia con lo pactado en la cláusula tercera del acuerdo del 30 de diciembre
de 2005, hubiere quedado exonerada, en calidad de garante, de cubrir el amparo
de cumplimiento en el rubro de multas, y otra muy diferente es si las multas que se
impusieron al Consorcio haciendo uso de esa cláusula del otrosí cumplieron o no
una función conminatoria, como fueron pactadas en el contrato.
65. Al respecto, se debe poner de presente que la referida cláusula décima
primera no tuvo por objeto modificar la estipulación contenida en la cláusula 49.3
del contrato de obra 056 de 2004, en cuanto al carácter conminatorio con el que se
impondrían las multas, por eso, al margen de que la mencionada cláusula del otrosí
pudiera o no producir algún efecto, lo cierto es que, en cualquier caso, las multas
que se impusieran debían cumplir ese propósito; sin embargo, ello no se observa
en este caso, puesto que, como alegó la aseguradora, además de que la sanción
se impuso a un sujeto que no podía ser conminado a cumplir el contrato porque ya
no era el llamado a ejecutarlo o a responder por su cumplimiento, se aplicó,
aproximadamente, once (11) meses después de aceptada la cesión, y se fundó,
exclusivamente, en incumplimientos acaecidos antes de ella, respecto de los cuales
no hay evidencia de que se vincularan o extendieran a las obligaciones que, en
calidad de cesionaria, venía ejecutando la aseguradora, a la cual, por tanto, no se
sancionó.
66. Es decir, lo que se observa es que las multas no se impusieron por
incumplimientos presentes que obligaran al IDU, en calidad de director de la
ejecución del contrato, a tomar medidas coercitivas para lograr su cumplimiento,
sino por incumplimientos que ya no revestían ninguna importancia de cara al
cumplimiento del objeto pactado; sólo así se explica que no se hubiere sancionado
a quien sí estaba llamado a ejecutar el contrato, es decir, a la aseguradora en su
calidad de contratista, y que las sanciones no se hubieren extendido a
incumplimientos posteriores a la cesión.
67. Al respecto, encuentra la Sala que, si bien las pruebas que obran en el
expediente dan cuenta de que antes de la cesión del contrato el cronograma de
obras no venía cumpliéndose a cabalidad —incumplimiento que fue el que se
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sancionó con la imposición de la multa que se cuestiona52—, en tanto, para el 30 de
diciembre de 2005, fecha hasta la que se calculó la multa, se presentaban 133 días
de retraso, lo cierto es que, al celebrarse la cesión, el IDU y la cesionaria acordaron
adicionar en 5.5 meses el plazo previsto para la etapa de construcción, justamente,
con el objeto de culminar las obras faltantes de esa etapa53, por lo que, en vigencia
de ese nuevo plazo y siempre que éste se estuviera cumpliendo, no había razón
para que la administración adoptara medidas tendientes a conminar el cumplimiento
del objeto pactado, pues las partes ya habían adoptado un mecanismo de
remediación frente a esa situación.
68. En el expediente no hay prueba que indique siquiera que este nuevo plazo
se hubiere incumplido por parte de Liberty, lo que explica porqué la multa sólo se
impuso con corte al 30 de diciembre de 2005, fecha en la que el Consorcio, Liberty
y el IDU suscribieron el acuerdo de cesión que precedió al otrosí No. 2, y también
porqué no se conminó a la cesionaria al cumplimiento del objeto pactado, hechos
probados que permiten deducir razonablemente que, después de la referida
ampliación del plazo contractual, no era necesario aplicar una medida de esa
naturaleza para la debida ejecución del contrato.
69. De hecho, lo que indican los medios demostrativos que obran en el
expediente es que la situación de incumplimiento que se venía presentando en
relación con el cronograma de obras hasta antes de la cesión se superó con dicho
acuerdo, puesto que, incluso, con corte al 9 de junio de 2006, esto es 5 meses antes
que se expidiera la Resolución No. 5907 —8 de noviembre de 2006— las obras ya
presentaban un avance físico ejecutado del 85% contra un avance físico
programado del 89%54; después de ello, a solicitud de Liberty, el 11 de julio de 2006,
las partes suscribieron el adicional No. 355, mediante el cual prorrogaron
nuevamente el plazo de la etapa de construcción hasta el 12 de agosto de 2006,
con el objeto de llevar a cabo los cierres ambiental y social que eran las obligaciones
con las que, de conformidad con la cláusula 55.1 del contrato56, se culmina esa
etapa. Después de esto, no hay prueba de que se hubieran tenido que hacer más
adiciones al plazo previsto para este ítem del contrato o de que Liberty no lo hubiera
culminado en ese plazo, lo que, sugiere que esa etapa se terminó en la última fecha
programada, esto es, aproximadamente, tres meses antes de que se impusiera la
multa al Consorcio por los atrasos del cronograma de obra con corte al 30 de
diciembre de 2005.
70. Así, lo que resulta claro es que, a la fecha de terminación de la etapa de
construcción —12 de agosto de 2006— la cesionaria, necesariamente, debía haber
completado el cronograma de actividades, que, de conformidad con las cláusulas
52 El fundamento de hecho que dio lugar a la imposición de una multa por valor de $444’533.481 fue el
incumplimiento del cronograma de obras, que presentaba un atraso, con corte al 30 de diciembre de 2005, de
133 días, que fue el periodo que se tuvo en cuenta para el cálculo monetario de la sanción.
53 Considerando 4 y cláusula quinta del otrosí No. 2 (folios 74 y 75, cuaderno 2).
54 Folio 90, cuaderno 3.
55 Folios 88 y 89, cuaderno 3.
56 “55.1. A la terminación del plazo establecido para la ejecución de las Obras de Construcción, el Contratista
deberá entregar los paz y salvos de las empresas de servicios públicos y el cierre ambiental y social de la obra
de acuerdo con los Anexos respectivos de la Sección 9. Con la expedición de estos documentos se da inicio a
la etapa referente a las Obras de Mantenimiento Preventivo y al Periodo de Responsabilidad por Defectos.”
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17.157 y 27.158, se debió presentar para la ejecución de esa actividad; lo que, una
vez más, pone en evidencia que las multas que con posterioridad a ello se
impusieron al Consorcio por el incumplimiento del cronograma de obras con corte
al 30 de diciembre de 2005 no tenían una finalidad conminatoria, pues, incluso, si
se admitiera que éste todavía podía ser conminado al cumplimiento de las
obligaciones, lo cierto es que no está probado en el expediente que, para la fecha
en que se impuso la sanción, hubiere obligaciones pendientes de cumplimiento bien
fuera a su cargo, o a cargo de la aseguradora.
71. Por todo lo anterior, la Sala concluye que las resoluciones demandadas
fueron expedidas en contravía de la finalidad para la que fueron instituidas y
pactadas las multas, las cuales consisten, se reitera, en conminar al contratista a
cumplir con sus obligaciones y no meramente en sancionarlo. Por ende, se revocará
la decisión del a quo de negar las pretensiones subsidiarias de la demanda y, en su
lugar, declarará la nulidad de las Resoluciones Nos. 5907 del 8 de noviembre de
2006 y 896 del 14 de febrero de 2007. Advierte la Sala que con esta decisión, en
manera alguna, se avala que el contratista incumpla sus obligaciones, tan solo
significa que la entidad contratante debe acudir a los instrumentos contractuales a
su disposición de conformidad con la teleología que los inspira, de modo de
garantizar el correcto cumplimiento del objeto contractual y sin que sus prerrogativas
como director del contrato devengan en ilegales y arbitrarias.
72. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la Sala encuentra que es
procedente también acceder a las pretensiones tercera y cuarta subsidiarias de la
demanda porque, a título de restablecimiento del derecho, y ante la nulidad de las
resoluciones que le servían de fundamento, es forzoso concluir que Liberty no tenía
obligación alguna de pagar la multa impuesta por el IDU, por lo que, en caso de que
dicha aseguradora hubiere cancelado su valor, la entidad demandada deberá
reintegrarlo, debidamente actualizado. No sucederá lo mismo en la hipótesis en que
el Consorcio cedente hubiere pagado tales multas, pues este sujeto, si bien intervino
en el proceso como coadyuvante, ningún restablecimiento de sus derechos
patrimoniales puede derivar de las pretensiones de la demanda.
73. Por lo anterior, si hay lugar a restablecer los derechos de Liberty, para efectos
de actualizar el valor que Liberty hubiere pagado en razón de lo ordenado en las
Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y su confirmatoria la Resolución
896 del 14 de febrero de 2007, el IDU deberá tomar el valor efectivamente pagado
y actualizarlo desde la fecha de su pago hasta la fecha de su reintegro conforme la
siguiente fórmula: Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final [fecha de reintegro]
/ IPC inicial [fecha de pago de la multa al IDU])].
74. En la medida en que por el cargo acabado de analizar se declarará la nulidad
de las resoluciones demandadas y en consideración a que, en los términos del
artículo 175 del CCA, “[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
57 Cláusula 17.1 “El Contratista podrá empezar las Obras en la Fecha de Iniciación y deberá ejectuarlas con
arreglo al programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Interventor hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación”, folios 116 y 117, cuaderno 3.
58 Cláusula 27.1 del contrato “Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará
al Interventor para aprobación, un Programa en el que consten los métodos generales, procedimientos,
secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras”, folio 118, cuaderno 3.
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tendrá fuerza de cosa juzgada ‘erga omnes’” 59, la Sala queda relevada de analizar
si en su expedición se configuraron vicios adicionales por expedición irregular, por
falta de competencia, por violación de normas superiores, por vulneración del
debido proceso y por incurrir en falsa motivación.
Costas
75. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 15 de agosto de 2013, pero solo en tanto negó las pretensiones principales de la
demanda presentada por Liberty Seguros S.A., por las razones expuestas en esta
sentencia.
SEGUNDO: En lo demás, REVOCAR la sentencia de primera instancia para, en su
lugar:
“1. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 5907 del 8 de noviembre
de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007 por medio de las cuales el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones e
impuso una multa al contratista.
2. DECLARAR que Liberty Seguros S.A. no está obligada a efectuar pago
alguno en virtud de lo resuelto en las Resoluciones 5907 de 2006 y 896 de 2007;
por tanto, en caso de que así lo hubiere hecho, el IDU deberá reintegrar,
debidamente actualizada, la suma de dinero que ésta hubiere cancelado en
cumplimiento de lo dispuesto por las Resoluciones Nos. 5907 de 2006 y 896 de
2007.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
59 En este mismo sentido se pueden consultar las siguientes providencias: Subsección A, sentencia del 16 de
diciembre de 2020, C.P. José Roberto Sáchica, Exp. 40.919; y Subsección B, sentencia del 27 de marzo de
2014. Exp. 29.857 y Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020. Exp. 46.589.
32
Expediente 250002326000200700444 01 (49.286)
Demandante: Liberty Seguros S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con Aclaración de Voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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