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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01069-02

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01069-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confírmase la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. SEGUNDO. Sin costas. TERCERO. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-01069-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

15 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA E
INCIVÍAS LTDA (INTEGRANTES DEL CONSORCIO
NUEVA ERA)
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL CEDENTE DEL
CONTRATO ESTATAL PARA FORMULAR
RECLAMOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA
EJECUCIÓN PREVIA A LA CESIÓN – ALCANCE
DE LA COSA JUZGADA EN LA ANULACIÓN DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Síntesis del caso: el contratista (construcción y conservación de la ciclorruta y andenes de la
avenida Bosa desde la Avenida Dagoberto Mejía hasta la Autopista Sur del Distrito Capital de
Bogotá) demanda la nulidad de unos actos administrativos contractuales mediante los cuales
el IDU (contratante) declaró el incumplimiento parcial del contrato por el incumplimiento del
cronograma de ejecución y le impuso una multa; también pide el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato por mayor permanencia en obra derivada de falencias en los diseños,
demoras en el inicio de la ejecución, en la aprobación de planes de manejo de tráfico y
ambiental por parte de las autoridades y, la liquidación judicial del negocio. El tribunal de
primera instancia declaró probada, la excepción de cosa juzgada porque la garante del negocio
también demandó la nulidad de los actos de imposición de multa y esta fue concedida en
sentencia ejecutoriada proferida en otro proceso judicial; de otro lado, denegó las demás
súplicas por cuanto el contratista cedió su posición contractual sin reservarse el derecho a las
reclamaciones económicas y, por el contrario, renunció en forma expresa a cualquier pretensión
económica en contra del IDU. Apela la parte demandante quien considera que está legitimada
para reclamar por los hechos ocurridos antes de la cesión del contrato porque la cesión no
puede tener efectos retroactivos y que la cosa juzgada solamente se configuró en forma parcial
en relación con la nulidad de los actos administrativos demandados misma que habilita la
prosperidad del restablecimiento del derecho pretendido.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1, por medio
de la cual resolvió lo siguiente:

1
Corporación que conoció el asunto por virtud de medidas de descongestión.

2

Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la COSA JUZGADA respecto a la
pretensión de nulidad de las Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y
No. 896 del 14 de febrero de 2007 expedidas por el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen para que, en atención a las consideraciones expuestas en precedencia,
se imparta al trámite correspondiente.” (índice 153 SAMAI, pág. 64 - negrillas y
mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 18 de diciembre de 2009 (fl. 42 cdno. 1)2, las sociedades Equipos y Construcciones
Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio Nueva Era) promovieron
demanda en ejercicio del medio de control judicial de controversias contractuales en
contra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el fin de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:

“RELACIONADAS CON LA DECLARATORIA DE NULIDAD

PRIMERA: Que se declare la nulidad de las Resoluciones 5907 del 8 de
noviembre de 2006 y No. 896 del 14 de febrero de 2007 proferidas por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU).

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO (IDU) restablecer los derechos del contratista y
a que se le reparen los daños causados con su expedición.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO (IDU) restablecer los derechos del contratista y
a que se le reparen los daños causados con su expedición (sic).

RELACIONADAS CON EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
CONTRACTUAL

CUARTA: Que se declare que el Contratista tiene derecho, al
restablecimiento del equilibrio de la ecuación financiera, y que por ende se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a efectuar todos
los reconocimientos y compensaciones a que haya lugar por este concepto,

2 Demanda reformada el 31 de agosto de 2010 (fl. 120 y ss cdno. 1). La reforma constisitó en la
numeración de los acápites de la demanda, inclusión de pruebas y modificación de las pretensiones
primera y primera subsidiaria a la vigésimo novena súplica principal. La transcripción corresponde al texto
modificado.

3

Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

a fin de evitar un enriquecimiento sin causa a favor del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU).

QUINTA: Que se declare que durante la ejecución del Contrato IDU No. 056
de 2004 se presentaron hechos imprevistos, imprevisibles y/o ajenos y no
imputables al Contratista.

SEXTA: Que se declare que, por circunstancias imprevistas, imprevisibles y/o
ajenas, no imputables al Contratista, éste tuvo que ejecutar el contrato en
condiciones más onerosas a las inicialmente pactadas.

SÉPTIMA: Que, en consecuencia, se declare que, por las circunstancias
imprevistas, imprevisibles y/o ajenas, no imputables al Contratista se afectó y
quebrantó el equilibrio económico del Contrato IDU No. 056 de 2004.

• Demora en inicio

OCTAVA: Que se declare que, por causas ajenas y no imputables al
contratista, el inicio de la ejecución del Contrato 056 de 2004 se demoró más
de lo previsible desde la suscripción del contrato a la suscripción del acta de
inicio.

NOVENA: Que se declare que como consecuencia de que se demorara el
inicio del término de ejecución contractual, el Contratista tuvo que ejecutar el
contrato condiciones más onerosas a las inicialmente pactadas.

DÉCIMA: Que se declare que como consecuencia de que se demorara el
inicio del término de ejecución contractual, se afectó y quebrantó el equilibrio
económico del Contrato No. 056 de 2004.

• Falta de elaboración de estudio de tránsito por parte del IDU

UNDÉCIMA: Que se declare que, por causas ajenas y no imputables al
contratista, la elaboración idónea del estudio de tránsito no se dio
oportunamente por parte del IDU.

DUODÉCIMA: Que se declare que como consecuencia de la NO elaboración
idónea del estudio de tránsito por parte del IDU, el Contratista tuvo que
ejecutar el contrato en condiciones más onerosas a las inicialmente pactadas.

DÉCIMOTERCERA: Que se declare que como consecuencia de que se
demorara el inicio del término de ejecución contractual, se afectó y quebrantó
el equilibrio económico del Contrato No. 056 de 2004.

• Entrega tardía de planos, estudios y diseños por parte del IDU e
Interventoría al Contratista

DÉCIMOCUARTA: Que se declare que, por causas ajenas y no imputables
al contratista, éste no recibió en forma oportuna los planos, estudios y diseños
por parte del IDU y/o la Interventoría del Contrato No. 056 de 2004.

DÉCIMOQUINTA: Que se declare que como consecuencia del no recibo
oportuno de planos, estudios y diseños por parte del IDU y/o la Interventoría
del Contrato No. 056 de 2004, tuvo que ejecutar dicho contrato en condiciones
más onerosas a las inicialmente pactadas.

DÉCIMOSEXTA: Que se declare que como consecuencia del no recibo
oportuno de planos, estudios y diseños por parte del IDU y/o la Interventoría,
se afectó y quebrantó el equilibrio económico del Contrato No. 056 de 2004.

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Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS Y PLANOS SUMINISTRADOS POR EL
IDU Y LA INTERVENTORÍA EN QUE EL CONTRATISTA DEBIÓ FUNDAR
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS

DÉCIMOSÉPTIMA: Que se declare que, por causas ajenas y no imputables
al contratista, los planos, estudios y diseños suministrados por el IDU 'y/o la
Interventoría del Contrato No. 056 de 2004 al Contratista, presentaron
deficiencias técnicas.

DÉCIMOCTAVA: Que se declare que como consecuencia de las deficiencias
técnicas presentadas por los planos, estudios y diseños suministrados por el
IDU y/o la Interventoría del Contrato No. 056 de 2004 al Contratista, éste tuvo
que ejecutar dicho contrato en condiciones más onerosas a las inicialmente
pactadas.

DÉCIMONOVENA: Que se declare que como consecuencia de las
deficiencias técnicas presentadas por los planos, estudios y diseños
suministrados por el IDU y/o la Interventoría al Contratista, se afectó y
quebrantó el equilibrio económico del Contrato No. 056 de 2004.

DEMORAS CAUSADAS POR LAS APROBACIONES TARDÍAS POR
PARTE DEL DAMA Y APROBACIONES TARDÍAS Y PARCIALES DEL
ESTUDIO DE TRÁNSITO-DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO-
PIPMA

VIGÉSIMA: Que se declare que, por causas ajenas y no imputables al
contratista, se generaron demoras causadas por las aprobaciones tardías y/o
parciales por parte del DAMA y la Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy de
Movilidad) de los Planes de Manejo de Tráfico y Planes de Implementación
del Plan de Manejo Ambiental.

VIGÉSIMOPRIMERA: Que se declare que como consecuencia de las
demoras causadas por las aprobaciones tardías y/o parciales por parte del
DAMA y la Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy de Movilidad) de los
Planes de Manejo de Tráfico y Planes de Implementación del Plan de Manejo
Ambiental, el Contratista tuvo que ejecutar dicho contrato en condiciones más
onerosas a las inicialmente pactadas.

VIGÉSIMOSEGUNDA: Que se declare que como consecuencia de demoras
causadas por las aprobaciones tardías y/o parciales por parte del DAMA y la
Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy de Movilidad) de los Planes de
Manejo de Tráfico y Planes de Implementación del Plan de Manejo Ambiental,
se afectó y quebrantó el equilibrio económico del Contrato No. 056 de 2004.

CONDENAS DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES ANTERIORES

VIGÉSIMOTERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones
anteriores se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a
restablecer, a favor del demandante, la ecuación económica financiera del
Contrato IDU No. 056 de 2004 y sus contratos adicionales, incluida la utilidad
a la que tiene derecho el contratista, a través del pago de todas las siguientes
sumas: (i) la indemnización actualizada de la totalidad de los perjuicios en que
el demandante incurrió, en las modalidades de daño emergente y lucro
cesante, incluyendo el costo de oportunidad; (ii) el reconocimiento y pago
actualizado de la totalidad de los sobrecostos de todo orden, derivados de la
ejecución del Contrato de Obra Pública IDU No. 056 de 2004 y sus
modificaciones; (iii) los perjuicios ocasionados al Contratista por el ejercicio
de la facultad de rescisión, y (iii) el pago actualizado de la utilidad a la que

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Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

tiene derecho el contratista, todo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1.993, de acuerdo con lo que se pruebe en
este proceso.

SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMOTERCERA PRINCIPAL: Que en todo caso
se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a restablecer,
a favor de la convocante, la ecuación económica financiera del contrato IDU
No. 056 de 2004 y sus contratos adicionales, mediante la aplicación de
cualquier medida que resulte necesaria para tal fin, ordenando para ello los
correspondientes reconocimientos económicos.

LIQUIDACIÓN DE AJUSTES DE PRECIOS

VIGÉSIMOCUARTA: Que se declare que el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU), no ha pagado al Contratista la liquidación de ajustes de
precios.

VIGÉSIMOQUINTA: Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU) a pagar al Contratista las sumas resultantes de los ajustes de
precios correspondientes.

LIQUIDACIÓN DE EVENTOS COMPENSABLES

VIGÉSIMOSEXTA: Que se declare que el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU), no ha pagado al Contratista la liquidación de eventos
compensables.

VIGÉSIMOSÉPTIMA: Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU) a pagar al Contratista las sumas resultantes de los eventos
compensables correspondientes.

ACTUALIZACIÓN E INTERESES

VIGÉSIMOCTAVA: Que se actualicen con el índice de precios al consumidor
todas las sumas a las que resulte condenada el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU), actualización que se pide a partir de la
ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena.

VIGÉSIMONOVENA: Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU) a pagar al Contratista, intereses remuneratorios a la tasa
establecida en la Ley 80 de 1993, sobre el valor histórico actualizado de todas
las sumas a las que resulte condenada, a partir de la ocurrencia de las causas
que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia.

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMONOVENA PRINCIPAL: Que Se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar al
Contratista, intereses remuneratorios calculados utilizando la tasa WACC en
los términos del experticio (sic) financiero, sobre el valor histórico actualizado
de todas las sumas a las que resulte condenada, a partir de la ocurrencia de
las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo.

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMONOVENA PRINCIPAL: Que se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar a la
convocante, intereses remuneratorios a la tasa más alta autorizada, sobre el
valor histórico actualizado de todas las sumas a las que resulte condenada, a
partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y
hasta la fecha del laudo.

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Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

TERCERA SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMONOVENA PRINCIPAL: Que se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar a la
convocante, intereses remuneratorios a la tasa que el Tribunal considere
aplicable, sobre el valor histórico actualizado de todas las sumas a las que
resulte condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado
lugar a la condena y hasta la fecha de la sentencia.

TRIGÉSIMA: Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
(IDU) a pagar intereses moratorios a la más alta tasa aplicable legalmente,
sobre todas las sumas a las que resulte condenado el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU), a partir de la notificación de la demanda, en
los términos del artículo 884 del Código de Comercio.

TRIGÉSIMOPRIMERA: Que en caso de mora en el pago de la suma a la cual
resulte condenado el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), se le
ordene pagar intereses moratorios a la más alta tasa aplicable legalmente, a
partir de la ejecutoria de la sentencia.

INVERSIÓN TOTAL DEL ANTICIPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA IDU No. 056 DE 2004

TRIGÉSIMOSEGUNDA: Que se declare que de conformidad con los informes
de inversión y buen manejo del anticipo la totalidad de los dineros
correspondientes al anticipo fueron invertidos en la ejecución del contrato de
obra IDU No. 056 de 2004.

TRIGÉSIMOTERCERA: Que se declare que, por circunstancias imprevistas,
imprevisibles ajenas y no imputables al contratista, no ha sido posible
amortizar totalmente el anticipo.

TRIGÉSIMOCUARTA: Que para efectos de la liquidación del Contrato No.
056 de 2004, se declare que el valor del anticipo que no ha sido posible
amortizar por razones no imputables al contratista y que ha sido invertido en
la obra de conformidad con los informes de inversión y buen manejo del
anticipo, deberá ser compensado con los valores adeudados por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) al Contratista derivados de
las pretensiones de la demanda.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 056 DE 2004

TRIGÉSIMOQUINTA: Que se declare que el Contrato No. 056 de 2004 y sus
adicionales, ya terminó.

TRIGÉSIMOSEXTA: Que el tribunal proceda a liquidar el contrato, teniendo
en cuenta las condenas a las que haya lugar en este proceso, y las
compensaciones a que haya lugar.

COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

TRIGÉSIMOSEPTIMA: Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU) a pagar las costas que se generen como consecuencia de
este proceso al demandante, incluyendo las agencias en derecho.” (fls. 2 – 6
cdno. ppal - negrillas y mayúsculas fijas del original).

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Nueva Era)
Controversias contractuales

2. Hechos

Como sustento fáctico de las peticiones de la demanda se narró, en síntesis, lo
siguiente:

1) Previa escogencia del contratista mediante licitación pública, entre las partes se
suscribió el contrato número 56 de 2004 cuyo objeto fue la construcción y conservación
de la ciclorruta y andenes de la avenida Bosa desde la Avenida Dagoberto Mejía hasta
la Autopista Sur del Distrito Capital de Bogotá.

2) El inicio del contrato tardó por causa ajenas al contratista y el contrato fue objeto de
modificaciones y prórrogas que generaron perjuicios al contratista que no han sido
compensados; el equilibrio económico del contrato se alteró por causas externas al
contratista consistentes en demora en el inicio de la ejecución, deficiencias técnicas en
los diseños entregados por el IDU que obligaron a ir ejecutando mientras se diseñaba
y no obtención oportuna de la autorización de los planes de manejo de tráfico y planes
de manejo ambiental. La prolongación del contrato generó mayores costos al contratista
quien tenía dispuesto el personal y equipos desde la firma del contrato y le imposibilitó
cumplir con el cronograma de obra.

3) En el contrato se pactaron algunos eventos compensables relacionados con la
demora en la entrega de planos y especificaciones o tardanza de otras autoridades,
que permitían ajustar el precio del contrato, lo cual no se hizo.

4) A pesar de que la tardanza en la ejecución fue imputable al IDU, el 8 de noviembre
de 2006 le impuso multa mediante la Resolución 5907 por incumplimiento del
cronograma, decisión que confirmó por Resolución 896 de 14 de febrero de 2007.

3. Cargos de nulidad

La pretendida ilegalidad de las decisiones cuya validez se discute se sustentó en lo
siguiente:

1) Violación de las normas en que debían fundarse. Las multas no podían ser impuestas
porque el legislador no las previó y, por lo tanto, debían perseguirse judicialmente por
la contratante quien no estaba facultada para hacerlas efectivas en forma unilateral.

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2) Expedición irregular. No es válida la imposición de la multa con sustento en el silencio
del contratista, el cual no relevaba a la entidad contratante de analizar los cargos y
pruebas para determinar la existencia del incumplimiento del contrato.

3) Falsa motivación. Las decisiones demandadas están falsamente motivadas porque
desconocen las reales causas, ajenas al contratista, que generaron la imposibilidad de
ejecutar en tiempo. Con este mismo sustento se alegó la configuración de las causales
de revocatoria directa de los actos por el hecho de no estar conformes con el interés
público o atentar contra él, causación de agravio injustificado a una persona y violación
del derecho de igualdad del contratista por la diferencia de trato con otros (los cuales
no identificó).

4. Oposición

En la oportunidad legal, el Instituto de Desarrollo Urbano contestó la demanda
reformada (fls. 235 y ss cdno. ppal.) con oposición a las pretensiones con sustento en
que (i) el contratista conocía los diseños, manifestó estar en capacidad de ejecutar las
obras con las faltantes autorizaciones de las empresas de servicios públicos, (ii) los
diseños no fueron variados y únicamente se aclararon detalles, (iii) la ausencia de
aprobación de los planes de manejo de tráfico derivó de la falta de presentación
oportuna de los requisitos por parte del contratista, (iv) la demanda es inepta porque no
sustenta el concepto de violación de las normas que se invocan como desconocidas,
(v) no se probó el desequilibrio económico, (vi) el contratista incumplió el contrato y,
(vii) la administración sí tenía competencia para imponer la multa según lo dispuesto en
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

5. La sentencia apelada

El 26 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró, de oficio, la excepción de cosa
juzgada y denegó las demás súplicas de la demanda con sustento en lo siguiente:

1) Operó la cosa juzgada en relación con la legalidad de las resoluciones que
impusieron multa al contratista porque Liberty Seguros SA las demandó a través del
medio de control de controversias contractuales que se tramitó con el número de

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Controversias contractuales

radicación 25000-23-26-000-2007-00444-01 (49.286), en el cual se dictó sentencia de
segunda instancia el 4 de febrero de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, MP José Roberto Sáchica Méndez, que dispuso su nulidad por
el hecho de haberse desconocido su finalidad conminatoria, decisión que tiene fuerza
de cosa juzgada erga omnes. Los integrantes de la contratista fungieron como
coadyuvantes en ese proceso judicial.

2) El 29 de diciembre de 2005, el consorcio contratista suscribió un acuerdo con la
compañía Liberty Seguros SA, que fungía como su garante, con el fin de que esta última
asumiera la terminación de la ejecución, con la finalidad de evitar el pago de una
indemnización al IDU; con apoyo en ello el día siguiente (30 de diciembre de 2005), el
IDU, la interventoría y el consorcio contratista definieron los compromisos encaminados
a garantizar la posibilidad de suscribir el documento modificatorio que perfeccionara la
cesión contractual, documento en el cual el contratista renunció en forma expresa a
cualquier reclamación económica judicial o extrajudicial en contra del IDU. El 25 de
enero de 2006, las partes el IDU y Liberty Seguros SA suscribieron el otrosí número 2
mediante el cual la cesionaria se obligó a ejecutar las obras faltantes.

3) El contratista no se reservó el derecho a reclamar, como cedente, algún saldo
derivado de la ejecución del contrato y, por el contrario, la cesión implica las acciones
y beneficios derivados del negocio; como efecto principal del perfeccionamiento de la
cesión, los derechos y obligaciones salen del patrimonio del cedente e ingresan al del
cesionario; en ese contexto el cedente no tiene legitimación para reclamar, razón por la
cual no prosperan las pretensiones económicas.

6. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante formuló recurso
de apelación en su contra (índice 156 SAMAI) con base en las razones de
inconformidad que se sintetizan a continuación:

1) El tribunal dejó de resolver la totalidad de la controversia y desconoció el deber de
congruencia; si bien se configuró la cosa juzgada en relación con las súplicas de nulidad
de los actos administrativo de imposición de una multa, debían declararse prósperas
las pretensiones derivadas de la nulidad; esto es, la cosa juzgada solo fue parcial en
relación con la validez de los actos, pero se omitió un pronunciamiento sobre los

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pedimentos de contenido patrimonial derivados de la nulidad, los cuales deben
reconocerse en favor del contratista.

2) El consorcio sí está legitimado para promover súplicas de contenido económico en
relación con los hechos ocurridos antes del 30 de diciembre de 2005, cuando el IDU
aceptó la cesión, porque el artículo 888 del Código del Comercio prevé que esta solo
tiene efectos a partir de ese momento. No es cierto, por tanto, que la cesión implicó la
totalidad de derechos y obligaciones, en especial los relacionados con el desequilibrio
económico.

3) El contratista cedente incluyó salvedades en el acta de cesión relacionadas con el
hecho de que el atraso en el cumplimiento contractual derivó de hechos no imputables
al consorcio; la Sala debe valorar que fue el IDU quien incluyó la renuncia y el consorcio
quiso dejar constancia de su salvedad frente a dicha estipulación abusiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide, corresponde
resolver de fondo3 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, para lo
cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, (ii) restablecimiento del derecho consecuencial a la declaración de nulidad de
los actos administrativos de las Resoluciones número 5907 de 8 de noviembre de 2006
y 896 de 14 de febrero de 2007 por las cuales se impuso una multa al contratista, (iii)
efectos de la cesión del contrato y de la renuncia del consorcio contratista a las
reclamaciones económicas derivadas de la ejecución contractual y, (iv) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda se dirigió a obtener la declaración de nulidad de los actos a través de
los cuales la entidad contratante le impuso una multa al contratista, el restablecimiento
del derecho y la compensación del desequilibrio económico del contrato por la mayor
permanencia en obra.

3 No existen elementos en el expediente que permitan tener por probada, de oficio, la caducidad del

medio de control judicial porque no se conoce en qué época finalizó la ejecución, por ende, hay lugar a
decidir de fondo.

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Exp. 25000-23-26-000-2009-01069-02 (73.420)
Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

2) El tribunal de primera instancia declaró probada, de oficio, la excepción de cosa
juzgada en relación con las súplicas de nulidad de la multa porque esta fue
judicialmente declarada mediante sentencia en firme; denegó las pretensiones
económicas con sustento en que el consorcio contratista cedió el contrato y, en
consecuencia, no tiene interés por activa para reclamar reconocimientos derivados de
este, al tiempo que renunció a reclamar cuando se acordó la cesión.

3) La parte demandante apeló por estimar que la cosa juzgada solo es parcial, en
relación con la declarada nulidad de la multa, pero debe concedérsele el
restablecimiento pretendido; por otra parte, sostuvo que no renunció a reclamar, que
dejó una salvedad que se lo permite y que la cesión del contrato solo opera respecto
de los hechos posteriores a su perfeccionamiento.

4) La Sala confirma la sentencia apelada porque, a pesar de la declaración de nulidad
frente a la cual operó la cosa juzgada, (i) el consorcio contratista no probó haber pagado
la multa, por lo cual no tiene derecho al pretendido restablecimiento del derecho; por
otra parte, (ii) no pueden prosperar los reclamos económicos del consorcio cedente
porque renunció expresamente a reclamar cuando se suscribió el otrosí número 2
contentivo del acuerdo de cesión del negocio.

2. Restablecimiento del derecho consecuencial a la declaración de nulidad de los
actos administrativos de las Resoluciones número 5907 de 8 de noviembre de
2006 y 896 de 14 de febrero de 2007 por las cuales se impuso una multa al
contratista

1) En el recurso de apelación no se discute la existencia de cosa juzgada en relación
con la legalidad de la multa impuesta por el IDU al contratista mediante las resoluciones
número 5907 de 8 de noviembre de 2006 y 896 de 14 de febrero de 2007 durante la
ejecución del contrato 056 de 2004 para la construcción y conservación de la ciclorruta
y andenes de la avenida Bosa desde la Avenida Dagoberto Mejía hasta la Autopista
Sur del Distrito Capital de Bogotá. La parte apelante fundamenta su inconformidad en
que la declarada nulidad de dichos actos administrativos abre paso a las súplicas
económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta.

2) En el proceso distinguidos con la radiación número 25000-23-26-000-2007-00444-
01 (49.286), la sociedad Liberty Seguros SA pretendió, además de la nulidad de la

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multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba
obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto
correspondiente, indexado4. Sobre este punto, la sentencia de segunda instancia
proferida el 4 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, además de decretar la nulidad de los actos demandados resolvió lo
siguiente en relación con el restablecimiento del derecho pretendido por Liberty
Seguros SA con fundamento en el siguiente razonamiento:

“72. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la Sala encuentra que
es procedente también acceder a las pretensiones tercera y cuarta
subsidiarias de la demanda porque, a título de restablecimiento del derecho,
y ante la nulidad de las resoluciones que le servían de fundamento, es forzoso
concluir que Liberty no tenía obligación alguna de pagar la multa impuesta por
el IDU, por lo que, en caso de que dicha aseguradora hubiere cancelado su
valor, la entidad demandada deberá reintegrarlo, debidamente actualizado.
No sucederá lo mismo en la hipótesis en que el Consorcio cedente
hubiere pagado tales multas, pues este sujeto, si bien intervino en el
proceso como coadyuvante, ningún restablecimiento de sus derechos
patrimoniales puede derivar de las pretensiones de la demanda.

73. Por lo anterior, si hay lugar a restablecer los derechos de Liberty, para
efectos de actualizar el valor que Liberty hubiere pagado en razón de lo
ordenado en las Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y su
confirmatoria la Resolución 896 del 14 de febrero de 2007, el IDU deberá
tomar el valor efectivamente pagado y actualizarlo desde la fecha de su pago
hasta la fecha de su reintegro conforme la siguiente fórmula: Valor actualizado
= [Valor histórico * (IPC final [fecha de reintegro] / IPC inicial [fecha de pago
de la multa al IDU])].” (se destaca).

3) En ese contexto, (i) la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos
de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del
CPACA, (ii) no obstante, esta excluyó en forma expresa la reclamación de pago de la
multa por parte del consorcio porque no fue parte en la controversia y solo concurrió
como coadyuvante, de modo que frente a estas súplicas consecuenciales no se
configuró la cosa juzgada.

4) Sin embargo, para desestimar este cargo de apelación basta con advertir que no hay
prueba en el expediente de que el Consorcio Nueva Era o sus integrantes hubieren
pagado el valor de la multa.

5) En el documento otrosí número 2 de 25 de enero de 2006 (fls. 54c – 57 anexo 1
dictamen), contentivo del acuerdo de cesión del contrato del consorcio en favor de la

4 Vale mencionar que en dicho proceso judicial compareció el consorcio demandante en calidad de

coadyuvante.

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compañía aseguradora Liberty Seguros SA se precisó que el cedente se haría cargo
de las multas que se llegaren a imponer y que podrían ser descontadas de los saldos
en su favor, con exclusión de aquellos cedidos en favor del cesionario. La estipulación
se redactó de la siguiente manera: “DÉCIMA PRIMERA: EI CEDENTE asumirá el valor
de las multas que llegaren a imponer por hechos ocurridos con anterioridad a la
aceptación de la cesión, los cuales serán descontados de los saldos que se le adeuden
al CEDENTE por el desarrollo del contrato, excluyendo de estos saldos la totalidad de
los dineros que han sido cedidos antes de la firma del presente documento y que son
de propiedad del CESIONARIO y por lo tanto no podrán ser entendidos como saldos
del CEDENTE.” (fl. 50 cdno. 2).

6) En esas condiciones, le correspondía al consorcio cedente acreditar: (i) el pago
efectivo de la multa o (ii) que existían en su favor saldos que no fueron cedidos a Liberty
Seguros SA y que de ellos fue descontado el valor de la multa, lo cual no hizo, pues,
no hay evidencia del pago ni del descuento, no se conoce el cruce de cuentas definitivo
a la fecha de la cesión y tampoco el balance final de la ejecución. Del acuerdo de cesión
se conoce que el cedente se obligó a sufragar los gastos de personal, el valor de los
materiales, de la mano de obra, de los servicios públicos y daños a terceros, causados
hasta la fecha de la cesión (cláusula tercera); por su parte, el cesionario se obligó a
“cancelar la totalidad del saldo del anticipo dejado de amortizar por el cedente” (fl. 56
anexo 2), que se estimó en la suma de $891.055.562.

7) De otra parte, el otrosí número 2 de cesión contractual estuvo antecedido del acuerdo
entre Liberty Seguros SA y el contratista (fls. 18 y ss cdno. 2) en el cual consta:
“PRIMERO: EL CONSORCIO NUEVA ERA cede a partir de la firma del presente
documento el contrato 056 de 2004 de manera irrevocable a Liberty Seguros S.A.
cesión que ha sido aceptada anteriormente por el IDU. Los dineros recibidos por motivo
de la cesión serán usados por Liberty Seguros S.A. para terminar el contrato cedido y
poder dar cumplimiento al objeto del contrato y evitar el pago de la indemnización (…)
por lo anterior EL CONSORCIO NUEVA ERA autoriza a LIBERTY SEGUROS S.A. de
manera irrevocable a hacer uso de los dineros producto de la cesión del contrato y de
los demás que por este documento se están cediendo” (fl. 21 cdno. 2); de igual manera,
el consorcio se obligó a ceder el valor de la retención en garantía, de las actas de
avance números 5 y 6, a entregar cualquier dinero depositado en la cuenta de anticipo,
a asumir el pago de honorarios, las obligaciones de personal, materiales, proveedores
y cualquier otro pasivo existente a la fecha de la cesión.

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8) En consecuencia, las pruebas aportadas no dan cuenta de la existencia de saldos
en favor del consorcio como tampoco del eventual descuento de la multa con cargo a
estos, lo cual impide establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa
impuesta mediante los actos administrativos anulados por esta jurisdicción en el otro
proceso judicial al que se ha hecho referencia, escenario en el cual la pretensión de
restablecimiento del derecho no puede prosperar.

3. Efectos de la cesión del contrato y de la renuncia del consorcio contratista a
las reclamaciones económicas derivadas de la ejecución contractual

1) Como lo determinó el tribunal de primera instancia, en los términos del artículo 895
del Código de Comercio “la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios
y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato”, sin perjuicio
de las condiciones especiales que en ejercicio de la autonomía de la voluntad y sin
desconocimiento del orden público acuerden las partes.

2) En el otrosí número 2 por el cual se perfeccionó la cesión, no se encuentra ninguna
estipulación en virtud de la cual el cedente se hubiera reservado la facultad de
demandar reconocimientos económicos derivados de hechos ocurridos con antelación
a dicho negocio, por lo cual se aplica la regla legal en virtud de la cual los derechos y
acciones derivados del negocio quedaron en cabeza del cesionario.

3) Ahora bien, es especialmente relevante advertir, como lo hizo el tribunal a quo, que
el 30 de diciembre de 2005, en forma previa al perfeccionamiento de la cesión del
contrato, se suscribió el “acta de acuerdo celebrada entre el Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá, Liberty Seguros SA, Consorcio Nueva Era y Restrepo y Uribe Ltda”
(interventor) en la cual se plasmó la intención de cesión contractual, la aceptación por
parte del IDU y los compromisos del cedente, que incluyeron renuncia a reclamaciones
económicas que se redactó de la siguiente forma:

“COMPROMISOS DEL CONSORCIO NUEVA ERA

PRIMERO - Suscribir un OTROSI al contrato No. 056 de 2004, mediante el
cual se perfeccionará la cesión del mismo, a LIBERTY SEGUROS S A.

SEGUNDO - Responder por las eventuales sanciones aplicadas por el IDU
de conformidad con las estipulaciones del Contrato No. 056-04, en desarrollo
del cronograma de obra.

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TERCERA - Cumplir con las obligaciones económicas pendientes y cualquier
otro pasivo existente en la obra al momento de la cesión.

CUARTA - Entregar la zona de intervención objeto del contrato, incluidas las
obras ejecutadas y en proceso a LIBERTY SEGUROS S A, dentro de los tres
(3) días siguientes a la firma del presente documento.

QUINTA- El contratista manifiesta su total conformidad con los datos y cifras
que se detallan en el anexo No.1. (presupuesto actualizado).

SEXTA- El CONSORCIO NUEVA ERA manifiesta por medio del presente
documento que renuncia desde ahora a cualquier posible reclamación de tipo
económico o de cualquier otra índole judicial o extrajudicial en contra del IDU.

(…).

ANOTACIÓN DEL CONTRATISTA

EL CONSORCIO NUEVA ERA manifiesta que el atraso del incumplimiento
del, objeto se debe a la ocurrencia de hechos no imputables al CONSORCIO
NUEVA ERA los cuales han agravado la posición financiera del Consorcio
Nueva Era. Al respecto el IDU y la Interventoría manifiestan que, de acuerdo
con lo registrado durante el desarrollo del Contrato, existe evidencia según la
cual el atraso registrado y acumulado a la fecha (…)” (fl. 27 cdno. 2, negrillas
originales, subrayado añadido).

4) Las partes incorporaron estos compromisos y declaraciones en el otrosí número 2
con la siguiente estipulación:

“Que mediante acta de acuerdo suscrita en diciembre 30 de 2005, la cual se
anexa al presente documento y que en lo que no contraríe al mismo, hace
parte integrante de este, el IDU manifestó su conformidad con la opción de
ceder el contrato 056 de 2004 a la Compañía Aseguradora Liberty Seguros
S.A. y junto con el CONSORCIO NUEVA ERA, la Compañía Aseguradora y
la interventoría Restrepo Uribe Ltda. definieron los compromisos que adquiere
cada uno de ellos con dicha cesión” (fl. 98 cdno 2).

5) De conformidad con lo expuesto es claro que, en el marco de la cesión contractual,
el consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU,
razón adicional que impone confirmar la sentencia apelada, con la precisión de que la
manifestación genérica relacionada con que el atraso de la ejecución ocurrió por
hechos no imputables a este no constituye salvedad concreta y específica que permita
entender que el contratista, pese a renunciar a cualquier reclamo económico, se
reservó el derecho a demandar por determinado aspecto. En esas condiciones, se
impone confirmar en su integridad la sentencia apelada.

4. Costas

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Demandantes: Equipos y Construcciones Varego Ltda e INCIVÍAS Ltda (integrantes del Consorcio
Nueva Era)
Controversias contractuales

En los términos del artículo 171 del CCA, no se advierte conducta temeraria o de mala
fe de las partes que imponga condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confírmase la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

SEGUNDO. Sin costas.

TERCERO. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de Subsección
(Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: la providencia fue firmada electrónicamente en el sistema de gestión judicial SAMAI; en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA.

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