Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00141-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00141-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00141-03
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Demandado: Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: AMIGABLE COMPOSICIÓN - Naturaleza jurídica y forma de controvertirla /
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Plazo para demandar las decisiones proferidas por
los amigables componedores.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual se declaró configurada la caducidad de la acción.
El objeto de la controversia tiene por fin que se declare la nulidad de la decisión
proferida a través del mecanismo de amigable composición. El a quo negó las
pretensiones de la demanda al considerar que se configuró la caducidad de la
acción; en la apelación, la recurrente atribuyó a un yerro la determinación del
Tribunal al estudiar ese presupuesto procesal pues, en su entender, debía atenerse a
lo decidido en una providencia anterior que fue emitida en segunda instancia por esta
Corporación. Asimismo, alegó que la demanda se presentó dentro del plazo legal y
reiteró las razones en que fundamentó su petición de nulidad de la decisión
enjuiciada.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 5 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual
se adoptaron las siguientes determinaciones (se transcribe conforme obra,
incluyendo eventuales errores):
“PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, de conformidad
con el análisis realizado en este proveído, y en consecuencia:
“SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la presente decisión.
“TERCERO: Sin condena en costas.
Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Demandado: Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros
Asunto: Controversias contractuales
“CUARTO: En caso de no ser apelada la presente providencia, ARCHIVAR el
expediente, previas anotaciones secretariales de rigor”1.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos
principales, y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 1 de abril de 20082, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- presentó demanda
en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe conforme obra, incluyendo las modificaciones incluidas en el
escrito de corrección de la demanda del 13 de enero de 20103):
“PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS PRINCIPALES
“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la decisión dictada por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, el día veintinueve (29) de septiembre de 2004, en su
condición de amigable componedor en el marco del contrato de obra pública No.
089 de 2000. La declaratoria de nulidad debe hacerse a título de nulidad relativa
POR INCAPACIDAD PARTICULAR AL EJECUTAR EL AMIGABLE
COMPONEDOR EL ENCARGO CON VIOLACIÓN A DISPOSICIONES
LEGALES, como se probará a lo largo de este proceso.
“SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que la
demandada SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, (sic) no tenía
derecho a percibir sus honorarios como amigable componedor por haber dictado
su decisión como amigable componedor en clara violación de la ley, razón por la
cual la misma devino nula.
“TERCERA. Que como consecuencia de las dos declaraciones anteriores, se
condene a la demandada, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, a
reconocer y pagar a favor de mi mandante una suma no inferior a los
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL PESOS ($354.538.000.oo), debidamente indexados o la superior que
resulte probada durante el proceso, correspondientes a la suma que se vio
obligado a pagar el IDU al (sic) la demandada por su labor como AMIGABLE
COMPONEDOR, que ascendió a la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($54.538.000.oo) y los costos de defensa judicial y asesoría
técnica especializada en que se vio obligado incurrir el instituto durante la
amigable composición, la acción de tutela formulada por el constructor, así como
por la formulación de la presente demanda que ascienden a la suma de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.00).
“Solicitamos en todo caso se condene a la demandada a que se cubra la
totalidad de los perjuicios que resulten probados durante el trámite del proceso.
1 Folio 877 del cuaderno principal.
2 Folio 88 del cuaderno 1.
3 En este escrito la actora manifestó: “se corrige el título II, denominado: ‘Pretensiones, declaraciones y
condenas’, determinando la clase de nulidad que se invoca y la causal correspondiente, acorde con los vicios de
que adolece la decisión impugnada, así como mediante la formulación de pretensiones subsidiarias”.
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Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Demandado: Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros
Asunto: Controversias contractuales
“TERCERA (sic). Que se condene a las demandadas a reconocer y pagar
intereses moratorios legales a partir de la ejecutoria de la sentencia sobre las
sumas de dinero que resulten a su cargo, de conformidad con el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo.
“CUARTA (sic). Que se condene a las DEMANDADAS al pago de las costas
judiciales y agencias en derecho ocasionadas en el presente proceso. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998,
y el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y normas concordantes.
“PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
“PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRETENSIÓN
PRINCIPAL. En caso de no ser concedida la pretensión primera principales, se
solicita a los Honorables Magistrados declarar que la decisión adoptada por la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, al día veintinueve (29) de septiembre de
2004, en condición de amigable componedor, no es oponible (es decir, no
produce efectos) en relación con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, dada la
realización de su encargo en clara oposición de los intereses de su mandante y/o
representado, y con ostensible extralimitación de los términos en que fue
otorgado el mandato, en virtud de lo cual la aptitud vinculante de la decisión
dictada sólo recae en cabeza del representante y/o mandatario Sociedad
Colombiana de Ingenieros, responsable por los daños y perjuicios causados con
su decisión al mandante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU”4.
Hechos relevantes
3. Como supuestos fácticos relevantes, la parte actora indicó que suscribió el
contrato 89 de 2000 con el consorcio Castro Tcherassi & Cía. Ltda. – Equipo
Universal y Cía. Ltda., cuyo objeto era la rehabilitación de las calzadas de tráfico
mixto en concreto asfáltico y la adecuación para la operación de Transmilenio de las
calzadas centrales con concreto rígido de la troncal Caracas, desde la calle 6 hasta
la calle 80 (sector Los Héroes). El cual comenzó a ejecutarse el 23 de marzo de ese
año, con un plazo de inicial de 9 meses -adicionado por 1,5 meses- y un valor final
de “$39.861’980.458” -incluido el contrato adicional 1 del 21 de noviembre de 2000-.
4. Indicó que el clausulado negocial le confería al contratista la potestad de elegir
libremente la procedencia de los materiales o componentes de construcción, con la
condición de que debían satisfacer los requerimientos estipulados en el contrato. Así,
señaló que el Acta 10 del Comité de Obra daba cuenta de la iniciativa del contratista
en el uso de relleno fluido para la ejecución de la obra.
5. Señaló que durante el período de garantía de la obra, ésta empezó a presentar
deterioro prematuro y deficiente calidad de los materiales empleados en la
construcción, razón por la cual el contratista realizó las reparaciones tendientes a
subsanar dichas fallas; sin embargo, pese a tales arreglos, la troncal Caracas tuvo un
daño generalizado y progresivo con ocasión de la presencia de fracturamientos
transversales, desportillamientos, dislocamientos, deficiencias en los sellos y
deterioro total de losas.
4 Folios 211 y 212 del cuaderno 1.
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Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
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Asunto: Controversias contractuales
6. Anotó que el 23 de diciembre de 2002, las partes suscribieron el acta de
liquidación parcial N° 43 del contrato, en donde pactaron acudir a un tercero para que
dirimiera las diferencias existentes en torno al “esclarecimiento de las causas que
generaron los daños en la zona de paraderos y se establezca la participación y
responsabilidad de las partes contratantes en dicho daño”5.
7. Adujo que el 3 de junio de 2004, el IDU presentó ante el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros una
solicitud de formalización e instalación de amigable composición, para que se
sometiera a su decisión técnica la controversia planteada en el acta de liquidación
parcial N°43 del contrato 89 de 2000. Señaló que el 29 de septiembre de 2004 se
resolvió el referido conflicto, pero con una extralimitación del mandato, al realizar un
análisis jurídico e involucrar a terceros ajenos al mismo, al decidir que: (i) el 90% de
los daños presentados en las losas de las calzadas ubicadas en las zonas de
paraderos de la troncal Caracas se originaron en la utilización del “relleno fluido”
como material base del pavimento, “el cual no correspondió finalmente a las
calidades y características anunciadas por el productor a través de Asocreto a
quienes la Administración Distrital deberá exigirles que asuman su responsabilidad
en la proporción aquí indicada”6 y (ii) el 10% de los mencionados daños tuvieron
origen en la deficiente colocación de los materiales de sellos de juntas por parte del
contratista, situación que permitió la infiltración de agua por la alta erodabilidad del
relleno fluido.
8. Afirmó que previa solicitud del IDU, la Universidad Nacional elaboró un concepto
técnico específico sobre los daños presentados en las zonas de paraderos.
9. Transcurridos 3 meses desde que se profirió la decisión de la amigable
composición, sin que la contratista efectuara las reparaciones, el IDU presentó
proyecto de liquidación bilateral del contrato, el cual no fue aceptado; por ende, la
Administración, mediante Resolución 3934 del 28 de junio de 2005, liquidó de forma
unilateral el contrato de obra.
10. Reseñó que, a través de Resolución 8354 del 4 de diciembre de 2005, el IDU
declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por la garantía única de cumplimiento, por
el monto de $9.264’132.261,69, acto confirmado por medio de la Resolución 1339 del
16 de marzo de 2006, en virtud de los recursos presentados por el consorcio
contratista y la compañía aseguradora.
11. Aseveró que el consorcio contratista instauró acción de tutela contra las
Resoluciones 8354 de 2005 y 1339 de 2006, la que fue concedida, en primera y
segunda instancia, “dando 4 meses a los accionantes para que ‘… inicien las
acciones pertinentes y encaminadas a lograr la defensa de los derechos’” 7 .
Posteriormente, la Corte Constitucional, en providencia del 12 de marzo de 2007,
5 Folio 30 del cuaderno 1.
6 Folio 42 del cuaderno 1.
7 Folios 43 y 44 del cuaderno 1.
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Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
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declaró la nulidad de todo lo actuado en dicha acción constitucional, a partir del auto
admisorio de la demanda.
12. El 10 de abril de 2007, el IDU contestó la demanda del proceso contractual 2006-
2017, instaurado por la Compañía Aseguradora de Fianzas – Confianza contra las
Resoluciones 8354 de 2005 y 1339 de 2006. Luego, el 14 de mayo siguiente el IDU
también dio contestación a la demanda identificada con la radicación 2006-2080,
impetrada por el consorcio contratista contra las ya referidas resoluciones que
declararon la ocurrencia del siniestro de incumplimiento.
Fundamentos de derecho8
13. Aseveró que la amigable composición no tiene el carácter de decisión judicial,
sino que constituye una solución de índole contractual definitiva que exterioriza la
estipulación derivada de la autonomía de la voluntad, razón por la cual el amigable
componedor debe actuar estrictamente dentro de los límites de su competencia, la
cual está definida por el conflicto específico y por las facultades que le otorgaron las
partes, a través del mandato con representación conferido.
14. Formuló el cargo de “nulidad relativa de la decisión del amigable componedor por
incapacidad particular al ejecutar su encargo con violación a (sic) disposiciones
legales que le imponen restricciones o limitaciones en el desarrollo de su encargo”, al
considerar que la Sociedad Colombiana de Ingenieros actuó en clara oposición a los
intereses de su mandante y desbordó la competencia que le fue conferida en el acta
de designación.
15. En específico, arguyó que, pese a que la convocatoria realizada a la Sociedad
Colombiana de Ingenieros tenía una naturaleza eminentemente técnica, la decisión
que adoptó se edificó en argumentaciones jurídicas que rebasaron el encargo que le
fue encomendado; además, involucró a terceros -Asocreto y suministradores del
concreto del contrato-, mediante imputaciones sustentadas en el Estatuto del
Consumidor, que superaban las facultades conferidas al amigable componedor.
16. Explicó que las falencias advertidas configuran la nulidad relativa del negocio
jurídico, por incapacidad particular del mandatario, cuya sanción da derecho a pedir
su rescisión en aplicación el inciso final del artículo 1741 del Código Civil; para el
efecto, agregó que “el plazo para pedir la rescisión dura cuatro (4) años, término que
se amplía al doble, es decir, a ocho (8) años, cuando se trata de personas jurídicas”9.
Admisión de la demanda
17. En proveído del 19 de junio de 200810, el a quo admitió la demanda y ordenó
integrar el contradictorio con las sociedades integrantes del consorcio Castro
Tcherassi y Cía. Ltda. – Equipo Universal y Cía. Ltda. Esta decisión fue recurrida en
reposición por la Sociedad Colombiana de Ingenieros; el Tribunal de origen, a través
8 Aparte corregido por la parte actora en escrito del 13 de enero de 2010 -folios 212 a 227 del cuaderno 1-.
9 Folio 228 del cuaderno 1.
10 Folio 90 del cuaderno 1.
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Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
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de auto del 18 de diciembre de 200811, la revocó y en su lugar rechazó la demanda,
por considerar que la parte demandante acudió a la jurisdicción cuando ya había
fenecido el plazo de 2 años, establecido en el artículo 136 del CCA.
18. La parte actora recurrió en apelación la anterior providencia y esta Colegiatura,
por medio de auto del 21 de octubre de 200912, la revocó e inadmitió la demanda,
para que en el término de 5 días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que
se notificara el auto de obedecimiento, la subsanara en los siguientes aspectos: a)
señalara la clase y la causal de nulidad cuya declaración depreca; b) señalara que la
demanda debía dirigirse contra la persona vinculada por la relación de obligación y
no contra quien intervino en la formación del acto cuya nulidad se depreca, en virtud
de un mandato; y, c) las pretensiones declarativas y de condena debían estar
formuladas de manera consecuente o en relación de dependencia entre sí. Añadió
que los defectos anotados impedían verificar el término de caducidad en el asunto
sub lite, de manera que, una vez el actor hubiere corregido la demanda, el Tribunal
debía decidir si la acción se interpuso dentro del término legal o no.
19. En escrito del 13 de enero de 201013, el IDU corrigió la demanda y el Tribunal de
primer grado la admitió el 8 de abril de ese mismo año14. Contra esta última decisión
las sociedades Equipo Universal S.A. -antes Equipo Universal y Cía. Ltda.- y Castro
Tcherassi S.A. -antes Castro Tcherassi y Cía. Ltda.- formularon recurso de
reposición, el cual fue resuelto por el a quo, a través de proveído del 23 de
septiembre de 201015 en el sentido de reponer el auto debatido y, como
consecuencia, rechazó la acción instaurada por encontrar configurado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
20. El IDU presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, frente al cual
el Consejo de Estado, en auto del 4 de abril de 201316 la revocó y, en su lugar
admitió la demanda, al argüir que para ese momento procesal no se contaba con
suficientes elementos de juicio para determinar el término de caducidad aplicable al
asunto.
Contestación de la demanda
21. Las sociedades Equipo Universal S.A. y Castro Tcherassi S.A. se opusieron a las
pretensiones incoadas17; para el efecto, propusieron las excepciones de fondo de
“inexistencia de extralimitación de competencia del amigable componedor e
inexistencia de nulidad relativa de la decisión del amigable componedor”, al afirmar
que no es cierto que la Sociedad Colombiana de Ingenieros superó su mandato, toda
vez que no declaró responsable al productor del relleno fluido sino que simplemente
señaló las causas de los daños e indicó que “la distribución de las responsabilidades
11 Folios 147 a 153 del cuaderno 1.
12 Folios 186 a 207 del cuaderno 1, Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar.
13 Folios 210 a 231 del cuaderno 1.
14 Folio 242 del cuaderno 1.
15 Folios 259 a 269 del cuaderno 2.
16 Folios 371 a 383 del cuaderno 2, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
17 Folios 425 a 445 del cuaderno 2.
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Radicación: 250002326000200800141 03 (56.940)
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es del 90% para el IDU por haberle exigido al contratista que utilizara ese producto
… y el 10% restante para el contratista”18.
22. Manifestó que el uso del relleno fluido fue establecido en los pliegos de
condiciones por el IDU -capítulos 11 y 24 y especificaciones técnicas- y que Asocreto
prestaba asesoría a la entidad durante la etapa precontractual del proyecto. De modo
que el contratista no tenía opción distinta a la de utilizar el mencionado producto; por
ende, aseveró que bajo ninguna circunstancia se le puede endilgar responsabilidad
por la utilización del relleno fluido.
23. Coligió que la detección del origen de los daños era uno de los objetivos de la
amigable composición, razón por la cual le correspondía al tercero determinar si la
elección del relleno fluido fue de resorte de la entidad o del contratista, quienes,
señaló, tenían posiciones diametralmente opuestas sobre el particular.
24. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros también se opuso a las
súplicas incoadas. Como sustento de su defensa, formuló los medios exceptivos de:
(i) inexistencia de incumplimiento por parte de mi mandante de sus obligaciones
como amigable componedor, dado que su decisión cumplió a cabalidad las funciones
que debía ejercer al ostentar tal calidad; (ii) inexistencia del perjuicio, por cuanto no
obra prueba de su causación; (iii) improcedencia de la acción, puesto que la
amigable composición ostenta la naturaleza distinta de un contrato estatal.
Alegatos en primera instancia
25. Surtido el debate probatorio19, el a quo, en auto del 27 de marzo de 201520,
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
rendir concepto. En esta oportunidad, las sociedades Equipo Universal S.A. y Castro
Tcherassi S.A.21 reiteraron los argumentos que esgrimieron en su contestación de la
demanda y solicitaron la declaratoria de la caducidad de la acción instaurada.
26. Por su parte, el IDU22 insistió en los argumentos que expuso en su demanda y
recalcó que el uso del relleno fluido no estaba previsto para las actividades
principales de la obra y que el cambio en las concepciones originales fue realizado
por el constructor, sin realizar un análisis de erosión y fatiga del material.
18 Folio 399 del cuaderno 2.
19 En auto del 29 de noviembre de 2013 se abrió a pruebas el proceso –folios 484 y 485 del cuaderno 1-,
providencia en la cual: (i) se tuvo como tales los documentos aportados por las partes -cuaderno 5-; (ii) se libró
oficio al IDU para que aportara: a) el pliego de condiciones de la licitación pública que dio origen al contrato de
obra 89 de 2000 -cuadernos 6 y 7-, b) copia de los convenios celebrados entre el Idu y Asocreto -folios 753 a 766
del cuaderno 2 y 1156 a 1165 del cuaderno 7-, c) copia de las comunicaciones enviadas al IDU por los
contratistas -folios 1096 a 1134 del cuaderno 7-; (iii) se ofició al ICONTEC para que remitiera las normas técnicas
colombianas relativas al relleno fluido, identificadas con los números 7859 de 2000 y 5216 de 2003 -folios 725 a
752 del cuaderno 2-; (iv) se requirió al IDU para que remita acta de visita preliminar del 12 de febrero de 2003,
realizada en virtud del contrato de obra 89 de 2000.
20 Folio 770 del cuaderno 3.
21 Folios 771 a 785 del cuaderno 3.
22 Folios 786 a 826 d el cuaderno 3.
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27. La Sociedad Colombiana de Ingenieros23 adujo que su decisión no vulneró las
limitaciones impuestas por las partes y que su análisis fue prioritariamente técnico,
pero que al momento de atribuir responsabilidades efectuó el estudio jurídico
correspondiente, sin que el mismo tuviese alcance respecto de un tercero,
comoquiera que realizó una simple recomendación de iniciar las acciones legales
pertinentes. Agregó que la demanda está caducada, puesto que se presentó fuera de
los dos años de que trata el artículo 136 del CCA.
28. El Ministerio Público24 pidió negar las pretensiones formuladas, al considerar que
no se demostró que la decisión de la amigable composición configurara una nulidad
relativa por incapacidad parcial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por cuanto
el amigable componedor no realizó una imputación de responsabilidad sino una
precisión de las causas que originaron el daño origen de la controversia entre las
partes.
Fundamentos de la providencia recurrida
29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia25, en el sentido de
declarar configurada la caducidad de la acción. Para el efecto, sostuvo que la
amigable composición es un negocio jurídico a través del cual se pone fin al conflicto
surgido entre los extremos del mismo, cuyos efectos son los mismos de la
transacción, tiene fuerza de cosa juzgada y está sujeto al control ante la jurisdicción.
30. Explicó que el examen de la amigable composición se realiza a través de la
acción de controversias contractuales y que respecto de este negocio se puede
solicitar su declaratoria de nulidad absoluta o relativa de que trata el artículo 1741 del
Código Civil, así como aplicar las causales de anulación específicas indicadas en el
Estatuto de Contratación Estatal.
31. Señaló que, aunque el aludido mecanismo de solución de controversias es
celebrado de forma separada e independiente al contrato estatal, lo cierto es que su
activación no puede exceder el término previsto en la ley para liquidar dicho acuerdo
negocial -tanto de forma bilateral como unilateral-, pues a partir de ese momento
fenece el plazo “para hacer las reclamaciones entre las partes y definir el estado final
de cuentas del contrato estatal”26.
32. En línea con lo anterior, indicó que como la resolución que liquidó unilateralmente
el contrato 089 de 2000 fue proferida el 28 de junio de 2004, a partir del día siguiente
corrieron los dos años con que contaba la interesada para instaurar la demanda,
razón por la cual dicho plazo venció el 29 de junio de 2006 y el libelo introductorio se
radicó hasta el 1 de abril de 2008, es decir, fuera del término previsto en la ley.
23 Folios 827 a 848 del cuaderno 3.
24 Folios 849 a 862 del cuaderno 3.
25 Folios 864 a 877 del cuaderno principal.
26 Folio 874 del cuaderno principal.
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Asunto: Controversias contractuales
33. Agregó que si en un “ejercicio de favorabilidad”27 se contabiliza el plazo de
caducidad desde el momento en que cobró ejecutoria la amigable composición
celebrada ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo cual aconteció el 4 de
octubre de 2004, también se colige que la demanda fue presentada de forma
extemporánea.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
34. La parte demandante formuló recurso de apelación con el fin de que sea
revocada la sentencia antes referida, se estudie el fondo del conflicto y, como
consecuencia: (i) se declare la nulidad de la amigable composición efectuada por la
Sociedad Colombiana de Ingenieros; (ii) se reconozca al actor una suma no inferior a
$1.774’902.484; y, (iii) se condene a la demandada a reconocer y pagar los intereses
moratorios y las costas judiciales.
35. Adujo que el a quo erró en su decisión, al concluir, sin un razonamiento lógico y
con una discrecionalidad absoluta, que el término de caducidad del presente asunto
se encuentra ligado al plazo para liquidar el contrato de obra. Indicó que el Tribunal
debió limitarse a cumplir lo dispuesto por el Consejo de Estado, a través de auto del
4 de abril de 2013 -por medio del cual se ordenó admitir la demanda- y no sustentar
su decisión en providencias que resolvieron casos distintos al sub lite.
36. Precisó que no se puede atar el término de caducidad al período establecido para
liquidar el contrato de obra, toda vez que la amigable composición no tuvo como
propósito definir prestaciones contractuales, sino emitir una decisión técnica sobre
las causas que produjeron el deterioro prematuro de las losas de concreto asfáltico;
además, como los efectos de la amigable composición se prolongan en el tiempo de
forma indefinida, aseveró que la vigencia de éste fue superior a 2 años, razón por la
cual, en los términos del literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, el plazo
de caducidad es igual al de su vigencia, sin que en ningún momento exceda de 5
años.
37. Igualmente, ratificó los argumentos que expuso en la demanda relativos al
carácter de la amigable composición, para colegir, en síntesis, que ésta tiene la
naturaleza de un acuerdo o convención con efectos transaccionales, la cual debe
enmarcarse, para dar solución a la controversia dentro de los límites de competencia
otorgados al amigable componedor -definida, de forma previa, por las partes que
otorgaron el mandato-.
38. Alegó que la determinación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se adoptó
con base en erradas consideraciones jurídicas, pues endilgó responsabilidad a
terceros ajenos a la controversia planteada y olvidó que estos últimos -los
productores y suministradores de concreto- eran subcontratistas del consorcio
27 Folio 876 del cuaderno principal.
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contratista; por ende, toda responsabilidad atribuida a esos terceros era del resorte
del contratista en virtud de lo consagrado en la cláusula 3.32 del negocio jurídico.
39. Manifestó que el eje central de la anulación surge del grosero error en que
incurrió el componedor, que derivó en una actuación contraria a los intereses de uno
de los representados, negocio respecto del cual cabe la rescisión de que trata el
artículo 838 del Código de Comercio, por ser evidente la contraposición entre lo
ejecutado por el representante y los intereses del representado.
40. Igualmente, reiteró que fue la iniciativa del contratista la que condujo a la
inclusión del relleno fluido como base de nivelación, tal y como obra en el acta del
Comité de Obra 006, y que éste, pese a su experticia, no realizó prueba alguna sobre
su resistencia, comportamiento o erodabilidad.
Trámite de segunda instancia
41. El 26 de febrero de 2016, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de
apelación28 y esta Corporación, en proveído del 18 de octubre siguiente, lo admitió29;
el 6 de febrero de 2017 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto 30, oportunidad en la cual las partes
reiteraron los argumentos que esgrimieron en el curso del proceso31.
En su concepto 32 , el Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada, por
cuanto el término de caducidad venció el 5 de octubre de 2006, por tratarse de una
petición de nulidad relativa de la decisión de la amigable composición. Asimismo,
aseveró que no es posible declarar la anulabilidad por incapacidad parcial de dicha
determinación, dado que la Sociedad Colombiana de Ingenieros no declaró la
existencia de responsabilidad contractual o extracontractual, pues se limitó a definir
las causas del daño y su porcentaje.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
42. Con fundamento en los reparos expuestos en el recurso de alzada y en aras de
abordar las materias allí planteadas, la Sala se ocupará de (i) precisar la naturaleza
de la amigable composición, para con ello, (ii) establecer el término de caducidad
que resulta aplicable para su debate en sede judicial y precisar si este fenómeno
procesal, en el caso particular, se encuentra ligado al plazo de liquidación del
negocio jurídico dentro del cual se originó la controversia, esto es, el que suscitó la
utilización del mecanismo alternativo de solución de conflictos y, en caso de obtener
un pronunciamiento negativo sobre la configuración del aludido medio exceptivo de
28 Folios 924 y 925 del cuaderno principal.
29 Folio 929 del cuaderno principal.
30 Folio 941 del cuaderno principal.
31 Folios 942 a 949, 956 a 992 y 994 a 1014 del cuaderno principal.
32 Folios 1015 a 1023 del cuaderno principal.
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caducidad, (iii) abordará el examen de la petición de anulación de la amigable
composición, en atención a los argumentos formulados por el accionante.
(i) Naturaleza jurídica de la amigable composición
43. La amigable composición constituye uno de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos, introducido por el Código de Procedimiento Civil de 1970
(Decreto 1400 de 1970), en cuyo artículo 677 preveía que, “en los eventos previstos
por el artículo 663 [controversias susceptibles de transacción], podrán los
interesados someter sus diferencias a amigables componedores…” y, a continuación,
indicaba los efectos jurídicos de la decisión, precisando que “la declaración de éstos
[los componedores] tiene valor contractual entre aquellos [los interesados], pero no
producirá efectos de laudo arbitral” (se resalta).
44. Posteriormente, la norma fue reproducida por el artículo 2025 del Decreto 410 de
1971 (Código de Comercio) y, más adelante, ésta y aquélla fueron derogadas por el
artículo 55 del Decreto 2279 de 1989 “por el cual se implementan sistemas de
solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones”; para
precisar el contenido de la amigable composición y la forma de gestionar el encargo,
dicha norma señaló en las disposiciones generales que “[l]as controversias
susceptibles de transacción, que surjan entre personas capaces de transigir, podrán
ser sometidas a conciliación o amigable composición” y, a continuación, indicó la
finalidad de esta última en los siguientes términos: “[p]or la amigable composición se
otorga a los componedores la facultad de precisar, con fuerza vinculante para las
partes, el estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídica sustancial
susceptible de transacción”. Luego, el artículo 116 de la Ley 23 de 1991 adicionó un
inciso al artículo 51 del Decreto 2279 de 1989, atinente a la designación de los
amigables componedores, señalando que si las partes estuvieren de acuerdo
designarán a los amigables componedores o deferirán su nombramiento a un
tercero.
45. Con la expedición de la Ley 80 de 1993 resultó evidente la intención del
legislador de promover el arreglo de las controversias con fundamento en los
mecanismos alternativos de solución de conflictos; con tal fin se persiguió obtener
una solución rápida, ágil y directa de las discrepancias originadas en torno a dicha
actividad.
Para la materialización de tal objetivo, los artículos 68 y 69 de la mencionada ley,
establecieron, respectivamente: i) que las partes de un contrato deben propender
por encontrar una solución ágil y directa respecto de las diferencias ocasionadas en
virtud de la actividad contractual, para lo cual pueden acudir, entre otros, a la
conciliación, a la amigable composición y a la transacción; al lado de tal mandato, se
fijó ii) la prohibición a las autoridades de impedir el uso de mecanismos de solución
directa de las controversias originadas en los contratos estatales.
46. Posteriormente, la Ley 446 de 1998 subrogó la legislación existente sobre la
materia y definió a la amigable composición como el “… mecanismo de solución de
conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero,
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denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante
para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico
particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural” y, en cuanto a los
efectos de la decisión del amigable componedor, señaló que tendrá los mismos que
los de la transacción. Asimismo, otorgó a las partes la facultad de nombrar
directamente a los amigables componedores o delegar en un tercero la facultad de
hacerlo. Las anteriores normas fueron compiladas por los artículos 223 a 225 del
Decreto 1818 de 1998, entonces vigente.
47. En relación con el anterior marco normativo, resulta relevante precisar que con
ocasión de la expedición del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, se manifestó un
criterio inicial, esgrimido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado33, que consideraba que la facultad que tienen las entidades estatales de
transigir no es suficiente para permitirles acudir a la amigable composición, dado que
en la última de las normas se estableció que el citado mecanismo se utilizaba para
las controversias entre particulares y las competencias en el derecho público deben
ser expresas, en especial, cuando está de por medio la defensa del interés y el
patrimonio público envuelto en los conflictos que se generan con la contratación
estatal.
De forma posterior, un tribunal de arbitramento34 acudiendo a la naturaleza, alcance
y características de la amigable composición, sobre los cuales, de tiempo atrás, ya
se había ocupado la jurisprudencia del Consejo de Estado35 y la Corte
Constitucional36, reivindicó mediante laudo arbitral proferido en el año 2011 la
posibilidad de que las entidades estatales pudieran acudir a este mecanismo de
solución de controversias, al señalar “que existe consenso en el seno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en cuanto a la viabilidad
legal de pactar este mecanismo de resolución de conflictos cuando una de las partes
es una Entidad Estatal; y por ende, no puede predicarse de forma alguna (…) que
nos encontramos frente a un acuerdo "contra legem" que adolezca de objeto ilícito.
Por el contrario, el Tribunal, advirtiendo la remisión que se hace en los artículos 13 y
40 de la Ley 80 de 1993 al régimen privado de las obligaciones y de los contratos, no
duda sobre la aplicabilidad de la figura de la amigable composición al contrato
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 13 de agosto de 2009, actor: Ministerio de
Transporte, extracto NR: 2000171, radicación 11001-03-06-000-2009-00033-00, expediente 1952, Consejero
Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo.
34 Tribunal de Arbitramento de Metrolínea S.A. vs. Vargas Velandia Ltda., proferido el 26 de julio de 2.011,
Cámara de Comercio de Bucaramanga. Árbitros: Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Gonzalo Suárez Beltrán y
William Barrera Muñoz.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia del 26 febrero de 1998,
M.P. Daniel Suárez Hernández señaló "... La entidad estatal demandante acusa ese convenio de ser ilegal,
porque entiende que al momento de su celebración la administración carecía de competencia para acudir a las
figuras de la amigable composición y del arbitramento internacional, dado que sólo a partir de la ley 80 de 1993
se estableció para la administración la posibilidad de utilizar estos mecanismos de solución de conflictos. Para la
Sala no es correcta la conclusión de la parte actora, por cuanto la normatividad vigente en febrero de 1992 fecha
en la cual se celebró el pacto, sí permitía a la administración convenir el sometimiento de los conflictos que se
presentaran en la ejecución del contrato No. 49, a la amigable composición y al arbitramento internacional,
conforme se lo prescriben el Decreto 2279 de 1. 989 y la Ley 39 de 1. 990 …”.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-973352 del 20 de enero de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Instituto
Nacional de Vías vs. Sociedad Colombiana de Ingenieros. En esta providencia se caracterizó la figura de la
amigable composición y se le distinguió de otras como la conciliación, el arbitramento y la transacción; además de
definir sus elementos esenciales.
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estatal, y en tal medida, acoge y hace suyas las manifestaciones que en torno a la
validez de la amigable composición hizo el Consejo de Estado en auto del 21 de
octubre de 2009 (…)”.
48. Con el mismo rumbo, la Sección Tercera de esta Corporación, en 2015, se apartó
del concepto emitido por la Sala de Consulta atrás referido, al reconocer la
naturaleza de la amigable composición como medio contractual -y no jurisdiccional-,
en consonancia con lo expuesto en detalle por la Corte Constitucional en la sentencia
C-330 de 201237; precisó que esta figura no requiere de una autorización especial en
la Ley 446 de 1998 a favor de las entidades estatales, comoquiera que, en virtud de
lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, se integran a la contratación
estatal las disposiciones comerciales y civiles en asuntos contractuales, las cuales ya
contemplaban los términos y condiciones de la amigable composición, junto con la
competencia particular establecida en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 a favor de
dichas entidades para acudir a esta figura; en efecto, la Sección Tercera, al recoger
la tesis planteada en un comienzo y precisar que la amigable composición sí puede
ser utilizada por entes públicos, argumentó:
“… i) la Ley 80 es una ley especial para la contratación estatal, ii) la Ley 80 de
1993 no es incompatible con las disposiciones acerca de los medios de
solución de conflictos definidos en la Ley 446 de 1998 y iii) la Ley 446 de 1998
no reguló integralmente la misma materia del artículo 68 de la Ley 80 de 1993,
en la medida en que éste último artículo se refirió a la competencia de las
entidades estatales dentro del contrato estatal, asunto diferente al que
contempló la Ley 446. Todo ello da lugar a la pervivencia del artículo 68 de la
Ley 80 por aplicación del artículo 3º de la Ley 153 de 1887; iv) se encuentra un
razonamiento adicional para colegir que la Ley 446 de 1998 no derogó el
artículo 68 la Ley 80 de 1993, en la medida en que su ámbito de aplicación se
refirió a los medios para descongestionar la justicia, de manera que sus
disposiciones no tenían por objeto determinar la competencia de las entidades
estatales en la égida contractual. Desde esa perspectiva, la definición
incorporada en el artículo 130 de la Ley 446 de 1998, en relación con la
amigable composición entre particulares, no puede entenderse como una
norma que eliminó la viabilidad de la amigable composición permitida a las
entidades estatales”38 .
49. Con la expedición la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional- se volvió sobre la definición de la amigable composición, para precisar
varios de los elementos que la caracterizan como un verdadero mecanismo
alternativo de solución de conflictos, disponible para los particulares y las entidades
públicas, incluidos a quienes desempeñen funciones administrativas, al tenor del cual
37 “La jurisprudencia identifica las características principales de la amigable composición que la diferencian de
otros mecanismos de resolución de conflictos, especialmente el arbitramento, a saber: (i) La amigable
composición es una institución del derecho sustancial, y concretamente del derecho de los contratos, como
también lo es la transacción (C. C. Art. 2469); mientras que la conciliación y el arbitramento corresponden a
instituciones procesales, aun cuando tengan su origen en un acuerdo de voluntades. (ii) Los amigables
componedores no ejercen función jurisdiccional; por el contrario, los árbitros sí lo hacen, conforme lo establece
directamente la Constitución Política. (iii) Tanto la amigable composición como la transacción se manifiestan a
través del desarrollo de un trámite contractual, y por lo mismo, no tienen consecuencias de carácter procesal, sino
que se deja al criterio de las partes la fijación de las actuaciones a seguir …”.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de
abril de 2015, Radicación: 11001-03-26-000-2010-00004-00(38053), Consejero Ponente: Hernán Andrade
Rincón.
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un tercero, denominado amigable componedor, tendrá la facultad de definir, con
fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición,
que podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente.
50. Así las cosas, es viable aseverar que la amigable composición constituye: i) un
mecanismo de autocomposición, convencional, principal y autónomo que surte
efectos únicamente entre las partes en conflicto en los aspectos que hayan sido
objeto del encargo; ii) el que el cometido o gestión de los componedores surge en
virtud de un negocio jurídico de mandato que, a más de no revestir ninguna
solemnidad y dada la naturaleza de la institución, conlleva representación, dado que
el componedor o los componedores actúan en nombre y por cuenta de los
comitentes, por lo que (iii) la decisión sólo obliga a éstos, lo cual supone, desde
luego, que los componedores deben actuar dentro del marco encomendado por los
comitentes.
51. Mención especial frente a los caracteres antes referidos, es que las actuaciones y
decisiones de los amigables componedores no comportan el ejercicio de función
jurisdiccional, pues, en los términos del artículo 116 de la Carta Política, ésta se
limita a las figuras procesales de la conciliación, el arbitramento y los jurados en
conciencia; por tanto, se trata de una actuación de orden contractual, con efectos de
la misma índole, cuyo incumplimiento, por consiguiente, no es equivalente al
incumplimiento de una sentencia judicial.
52. En este orden de ideas, al ser la amigable composición una actividad que no
trasciende del contexto meramente contractual, pues no refleja el ejercicio de
funciones públicas39, la decisión que se emita a través de este mecanismo “tiene
naturaleza contractual y no judicial” 40 y como tal, su discusión debe realizarse a
través de los medios establecidos para controvertir los negocios jurídicos, pueden
ser acusados de nulidad absoluta o relativa o ser rescindidos por las causas
establecidas en la ley -tal como lo manifestó esta Corporación en autos del 21 de
octubre de 2009 y del 4 de abril de 2013, proferidos dentro del sub examine, ya
referidos-, así como una petición de declaratoria de incumplimiento, en caso de que
alguna de las partes no observe la determinación de los amigables componedores;
esta Colegiatura ha ratificado este criterio, así:
“Es menester destacar que resulta improcedente el recurso de anulación frente a
la decisión adoptada por los componedores teniendo en cuenta que la decisión
de los amigables componedores no tiene la categoría de Laudo Arbitral. Ello no
significa que la decisión escape al contencioso contractual, se debe tener
presente que habría lugar a la anulación de la decisión emanada de los
componedores, en la misma forma y por las mismas causales en que un acuerdo
del contrato estatal puede ser materia de declaración judicial de nulidad41”42 (se
subraya).
39 Corte Constitucional, sentencia SU - 091 de 2000.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de
octubre de 2021, radicación 05001-23-31-000-2006-03454-01 (55104), Consejero Ponente: Alberto Montaña
Plata.
41 Nota original: “Tampoco hay lugar a establecer que la decisión de los componedores queda por fuera del
alcance de la acción de tutela. Obviamente el escenario no será el de la tutela contra sentencias, empero en la
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53. En línea con lo expuesto, se colige que la amigable composición implica la
existencia de tres negocios relacionados: (i) el pacto, acuerdo o contrato de
composición, donde las partes acuerdan utilizar la amigable composición para
resolver sus diferencias, (ii) el contrato de mandato con representación que
suscriben cada una de las partes en discusión con el tercero que fungirá como
componedor y (iii) la decisión adoptada por el amigable componedor, la cual tiene la
naturaleza contractual -surte los efectos de un contrato de transacción-.
(ii) Oportunidad para presentar la demanda en el caso concreto
54. Previo a definir este aspecto y en aras de dilucidar el término de caducidad
aplicable y el momento a partir del cual éste debe contabilizarse, la Sala se adelanta
a indicar que no comparte el argumento esgrimido por la actora, en virtud del cual el
a quo, en su parecer, debió limitarse a cumplir lo dispuesto por el Consejo de Estado
a través de auto del 4 de abril de 2013 -por medio del cual se ordenó admitir la
demanda- y en esa medida obviar el estudio de la configuración o no de la
caducidad, toda vez que esta Corporación dispuso en tal proveído dar trámite al
proceso, puesto que, contrario a lo aducido por el recurrente, este tema no fue
definido desde dicho momento procesal, como pasa a verse.
55. En efecto, mediante el auto del 4 de abril de 201343, esta Colegiatura decidió
revocar la decisión del 23 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal de
primer grado rechazó la demanda por encontrar acreditada la caducidad de la acción;
sin embargo, dicha determinación en sede de alzada no tuvo como fundamento la
convicción de que no se hubiere presentado ese fenómeno jurídico procesal, sino la
aplicación de los principios pro actione y pro damato, con el propósito de dar
viabilidad al trámite del litigio, en aras de analizar en un estado procesal más
avanzado -la sentencia- si se configuraron o no los supuestos necesarios para la
declaratoria de caducidad de la acción, tal como se lee en la referida providencia, en
los términos que a continuación se transcriben:
“Así las cosas, dado que el legislador no definió –de manera clara– la naturaleza
jurídica de la amigable composición, sino que se refirió a ella como un simple
‘mecanismo de solución de conflictos’ o ‘mecanismo alternativo de solución de
conflictos (MASC)’, no es posible determinar en esta oportunidad procesal –
admisión de la demanda– el término de caducidad aplicable en el presente
asunto.
“En otras palabras, no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para
determinar si el término de caducidad aplicable es de dos 2 años (num. 10, lit. f,
art.136 del C.C.A.), por ser un acto accesorio al contrato estatal 089 de 2000,
como lo sostiene el Tribunal a quo, o si, por el contrario, se debe acudir a las
normas previstas en el Código Civil, para los eventos en que se pida la rescisión
de todo acto o negocio jurídico, como lo sostiene el recurrente (4 años, art. 1750
medida en que se configuren los hechos y requisitos que la ley establece para legitimar la activación del referido
amparo constitucional, podría tener lugar”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de
abril de 2015, radicación 11001-03-26-000-2010-00004-00(38053), Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón
(E).
43 Folios 371 a 383 del cuaderno 2.
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C.C.); en consecuencia, en aras de garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia (artículo 229 de la C.P.) y en aplicación de los
principios pro actione y pro damatio44, la Sala revocará el auto apelado y, en su
lugar, admitirá la demanda, para que el asunto se analice, de manera más
rigurosa, al momento de dictar sentencia”45
56. En esa medida y al constatar que en la mencionada providencia no se concretó la
ocurrencia del referido fenómeno jurídico, le correspondía al Tribunal de primera
instancia verificar tal aspecto al momento de emitir sentencia, en atención a lo
previsto en el artículo 164 del CCA46, tópico respecto del cual, como se vio, giró la
decisión objeto de debate, puesto que el a quo consideró que la demanda sí se
presentó fuera del plazo legal estatuido para tal fin.
57. Así las cosas, como el artículo 350 del C. de P.C. –aplicable al sub examine en
virtud de la remisión normativa consagrada en el artículo 267 del CCA– prevé como
alcance y fin del recurso de apelación que “el superior estudie la cuestión decidida en
la providencia de primer grado y la revoque o reforme” (se subraya), le corresponde
entonces a esta Sala pronunciarse respecto de la caducidad de la acción, dado que,
se itera, tanto la providencia apelada como el recurso de apelación versaron sobre
dicho presupuesto procesal, actuación que, además, garantiza el principio de doble
instancia, que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones
judiciales respecto de las cuales una o ambas partes repute alguna inconformidad;
definidos los aspectos que hasta este momento ha abordado la Sala, corresponde
estudiar los reproches formulados contra la decisión del a quo, en relación con la
oportunidad para incoar la acción de la referencia.
58. Resulta claro que la figura de la amigable composición tiene un carácter
contractual, por lo que en el evento de pretender su debate en sede judicial, éste
debe realizarse a través del mecanismo procesal dispuesto para dicho propósito por
el Legislador, esto es, la acción de controversias contractuales que instrumentaliza,
en términos procesales, la posibilidad de obtener diversas declaraciones judiciales
atendiendo a los variados supuestos fácticos y jurídicos que gravitan en torno a una
relación contractual, como lo es que se declare la existencia, nulidad, incumplimiento
o se efectúe la revisión de un contrato estatal, así como que se anulen los actos
administrativos de carácter contractual, en virtud de lo consagrado en el artículo 87
del CCA47.
44 Nota original: “Sobre la aplicación de estos principios, se recomienda consultar: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2010, expediente 38867”.
45 Folio 382 del cuaderno 2.
46 “Artículo 164. EXCEPCIONES DE FONDO … En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.
47“Artículo 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato estatal
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a
indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas
acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste,
la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
“El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad
absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada
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59. Con la anterior precisión, la Sala no comparte el criterio del a quo, en virtud del
cual manifestó que el término de caducidad de la acción para discutir la decisión de
la amigable composición está ligado al plazo para liquidar el contrato en donde se
suscitaron las controversias objeto de arreglo directo, comoquiera que, en su
parecer, con el vencimiento del plazo de liquidación fenece la oportunidad para
definir el estado final del negocio jurídico, escenario que incluye la diferencia
sometida a la decisión del amigable componedor, toda vez que pese a que la
amigable composición tiene origen en la resolución de las controversias surgidas con
ocasión del desarrollo de un negocio jurídico, lo cierto es que, como se vio, la
decisión emitida a través del mecanismo de arreglo directo constituye un contrato
autónomo al negocio originario.
60. En efecto, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad, las partes
contratantes de un negocio jurídico facultan a un tercero para que decida la
controversia suscitada entre ellas, conflicto que, en este caso, se solventa a través
de la decisión del amigable componedor que, vale aclarar, no necesita de ratificación
alguna por las partes contractuales para que resulte obligatoria para éstas últimas,
pues son ellas quienes defirieron en el amigable componedor la resolución de su
diferencias y lo dotaron de efectos transaccionales.
61. Así, de cara a la existencia de un mandato con representación, la determinación
del amigable componedor tiene la fuerza propia del negocio de la transacción que, en
los términos de los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, comprende un
contrato donde “las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual” (artículo 2469 Código Civil), es decir, cumple la función de eliminar
un litigio a punto de iniciar o cuya disputa judicial ya ha comenzado, a través de las
mutuas concesiones que las partes se otorgan en la búsqueda de tal objetivo, “de ahí
que pueda afirmarse que la amigable composición no es otra cosa que una
transacción de las partes lograda con la colaboración, fáctica, de un tercero”48. No se
quiere significar con esto que ambas figuras tengan identidad conceptual y de
estructura, aunque sí finalista, en la medida que a través de ellas las partes quieren
solucionar un conflicto, proveyendo un acuerdo encaminado a lograr tal cometido,
que en el caso de la transacción descansa sobre la libre y directa disposición de los
derechos, al paso que en la amigable composición tal disposición se encomienda a
un tercero, de consuno, quien queda investido de un mandato para proveer una
solución definitiva en el marco del encargo que le hacen las partes de la relación en
conflicto.
62. En este orden de ideas y pese a la evidente relación de la amigable composición
con el negocio en donde se suscitaron las diferencias que se pretenden solventar,
resulta claro que, por sus efectos, la decisión proferida por el tercero (amigable
componedor) tiene autonomía propia y, por ende, no pervive o depende del límite
previsto para finiquitar aquel negocio jurídico, puesto que lo transigido surte plenos
en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes
contratantes o sus causahabientes …”.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 28
de noviembre de 2016, radicación 25000-23-36-000-2015-00762-02(56320), Consejero Ponente: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
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efectos de cosa juzgada49, con las características propias de inmutabilidad y
definición de esta institución. Se precisa, además, que la exigibilidad de lo allí
establecido no pende de manera alguna del trámite liquidatorio del contrato que, en
tal aspecto, de tener coincidencia cronológica, y estar referido a un crédito a favor o
en contra de alguno de los sujetos de la relación, podrá ser vertido en el acta
correspondiente, sin mayor valor que el mero registro contable del contrato, pues su
exigibilidad es autónoma e independiente al mismo.
63. En esa medida, para contabilizar el término que las partes tenían para instaurar
una acción judicial en su contra, se debe tener en cuenta la fecha en que la decisión
de la amigable composición se tornó definitiva, lo cual, dada la naturaleza de esta
figura, ocurre desde el momento en que el componedor emite la determinación o
“convenio de composición” y lo pone en conocimiento de las partes, cumpliendo así
el mandato que le fue encomendado; de manera que el acuerdo de composición
opera de forma instantánea, a menos que las partes mandatarias hubieren sometido
a un plazo, forma o condición especial tal definición.
64. En el asunto concreto, al analizar los medios de prueba que obran en el
expediente, observa la Sala que al momento de activar este mecanismo y dada la
ausencia de un reglamento particular en la Sociedad Colombiana de Ingenieros para
el desarrollo de la amigable composición, “se acordó entre las partes, por remisión,
aplicar el procedimiento establecido para el Arbitraje”50, de este modo y conforme a
dicho procedimiento, la decisión proferida sería definitiva una vez cobrara ejecutoria;
punto de referencia que de ninguna manera desdibuja la naturaleza contractual y no
procesal de la determinación en estudio, sino que refleja únicamente la aplicación del
procedimiento acordado, ante la ausencia de uno especial para el desarrollo de la
amigable composición.
De esta forma, más allá de la inadecuada utilización del término procesal citado, se
explica que en el sub lite la decisión del amigable componedor tenga fecha del 29 de
septiembre de 200451, y que conforme lo certificó la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, se hubiera tornado definitiva el 4 de octubre de ese mismo año, momento
en que cobró ejecutoria según el trámite que se acordó imprimirle 52; entonces, a
partir de esta última fecha se debe hacer el cómputo de la caducidad conforme al
literal f del numeral 10 del artículo 136 del CCA53, que prevé que la oportunidad para
demandar la nulidad relativa del contrato será de dos años contados a partir de su
perfeccionamiento –no por corresponder a un escenario procesal, sino para dar
49 Código Civil. Artículo 2483. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá
impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad con los artículos precedentes.
50 Folio 247 del cuaderno 5.
51 Folios 227 a 351 del cuaderno 5.
52 Conforme a la certificación expedida por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, obrante a folio 225 del
cuaderno 5.
53 “Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…)
“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
“En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
“(…)
“f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir
de su perfeccionamiento”.
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efectos a la manifestación de voluntad relacionada con el momento en que la
decisión del componedor fue definitiva–.
65. Sobre el particular, la Sala considera relevante precisar, como se vio en párrafos
previos que, en relación con la amigable composición se despliegan los mismos
motivos de invalidez en relación con todo acto o contrato, a saber, la nulidad absoluta
y relativa. La primera referida a la falta de formalidades en los actos jurídicos
solemnes, la falta de consentimiento, la ausencia de objeto o de causa y la ilicitud del
objeto o de la causa; y la segunda -la anulabilidad-, constituida por cualquier otro
vicio, la cual produce la rescisión del acto o contrato.
Respecto a la segunda de tales formas de invalidez – nulidad relativa– el artículo 46
de la Ley 80 de 1993 se ocupó de establecer su forma de saneamiento en contratos
estatales, al señalar que, “los demás vicios que se presenten en los contratos y que
conforme al derecho común constituyen causales de nulidad relativa, pueden
sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2)
años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio”.
66. En esa medida, no sobra indicar que, si bien es posible distinguir entre el término
sustancial previsto en la ley para el saneamiento de los pactos negociales, el cual es
de 2 años a partir del hecho generador del vicio, en los términos de la Ley 80 de
1993 , y el plazo procesal dispuesto en el ordenamiento jurídico para solicitar una
declaratoria de nulidad en tal sentido, lo cierto es que en este caso, ambos términos
coinciden –a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil que fijó un lapso de 4
años para el saneamiento de este tipo de vicios (art. 1750 C.C.)–. De este modo, se
impone dar aplicación al artículo 136 del CCA que contiene la regla especial atinente
al plazo u oportunidad para instaurar la acción procedente en la jurisdicción
contencioso administrativa, por lo que, con esta precisión, se pasará a hacer dicho
cómputo en el caso concreto.
67. En atención a que el negocio jurídico surgido a la vida jurídica por la decisión
adoptada por el amigable componedor - Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el
que se resolvieron las diferencias surgidas entre el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU y el consorcio Castro Tcherassi y Cía. Ltda.- Equipo Universal y Cía. Ltda. se
tornó definitivo el 4 de octubre de 2004, como ya se mencionó, el término de
caducidad corrió del 5 de octubre de ese año al 5 de octubre de 2006; por tanto,
como la demanda que dio origen al sub examine se presentó el 1 de abril de 200854,
se colige que ésta se instauró fuera del plazo legal consagrado para tal fin.
68. Vale precisar que se aplicó el término previsto para demandar la nulidad relativa
del negocio jurídico, por cuanto la parte actora, de forma expresa, pidió una
declaración en tal sentido al considerar que se presentó una “incapacidad particular”
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, toda vez que, adujo, el tercero desbordó
la competencia que le fue conferida por las partes del contrato de obra, petición que
hacía inaplicable el plazo previsto para solicitar la nulidad absoluta del negocio
54 Folio 88 del cuaderno 1.
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jurídico, pues la misma demandante definió el vicio de validez alegado como de
carácter relativo.
69. En este punto, la Sala manifiesta, asimismo, que no comparte el criterio de la
parte actora, en virtud del cual alegó que como los efectos de la amigable
composición se prolongan en el tiempo de forma indefinida, el plazo de caducidad
aplicable es el del literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, que prevé que el
término para demandar es el mismo de la vigencia del contrato, sin que en ningún
momento exceda de 5 años, escenario dentro del cual, consideró que la demanda
fue presentada oportunamente, comoquiera que: (i) la norma aludida por la
demandante se refiere a los supuestos en que se pide la nulidad absoluta del
contrato, circunstancia que no aconteció en el sub lite, razón por la cual no aplica
dicho supuesto normativo, sino el previsto en el literal f) del numeral 10 del artículo
136 del CCA –específico para la solicitud de declaratoria de nulidad relativa, en los
términos ya reseñados- y (ii) en todo caso, no es procedente contabilizar la
caducidad con base en el literal e) referido por la actora, toda vez que éste consagra
que “si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de
caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5)
años, contados a partir de su perfeccionamiento”, alusión normativa que se refiere al
lapso de ejecución contractual y no a los efectos que podría alcanzar el negocio
jurídico, último supuesto en que el IDU sustentó su criterio y que, como se ve,
desconoce la realidad normativa antes indicada.
70. En línea con lo expuesto, se reitera que como la amigable composición
constituye un negocio jurídico diferente al contrato de obra suscrito por las partes, se
impone computar la caducidad de forma autónoma, razón por la cual el término
perentorio surgió sólo con la decisión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y no
en época anterior o posterior; por consiguiente, la Sala confirmará la decisión
apelada, mediante la cual se declaró probado el fenómeno jurídico procesal de la
caducidad de la acción.
71. Se precisa, finalmente, que la anterior conclusión releva a la Sala de estudiar de
fondo tanto las pretensiones principales como la subsidiaria de la demanda -a saber,
la solicitud de nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor y las
consecuenciales peticiones económicas, como la súplica relativa a declarar que la
determinación proferida por la Sociedad Colombiana de Ingenieros del 29 de
septiembre de 2004 no es oponible al IDU, respectivamente-, puesto que la
declaratoria de caducidad “constituye propiamente una sanción para el titular del
derecho que omite poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional dentro del lapso
dispuesto por el ordenamiento jurídico para reclamarlo”55, la cual se caracteriza por
ser indisponible e irrenunciable e implica como efecto directo extinguir la pretensión
desde su origen, razón por la cual no le corresponde a la Sala manifestarse sobre las
peticiones base de este asunto.
Costas
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012 (expediente 22.734).
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72. La Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de noviembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE56
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
V.F.
56 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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Sigue leyendo
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