Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00762-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00762-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00762-04
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU–
Demandado: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: AMIGABLE COMPOSICIÓN – Naturaleza jurídica y concepto – tiene carácter
contractual - no constituye una instancia jurisdiccional de solución de conflictos, ni un
procedimiento judicial. MANDATO - Es un contrato en el que una persona confía la gestión
de uno o más negocios a otra, por cuenta y riesgo de la primera - el amigable componedor
es un mandatario con representación. FACULTADES DEL AMIGABLE COMPONEDOR ––
se desprenden de lo dispuesto por los mandantes - DECISIÓN DEL AMIGABLE
COMPONEDOR – produce los efectos de una transacción - tiene fuerza de cosa juzgada –
la decisión del amigable componedor no es susceptible de ningún recurso procesal – puede
cuestionarse su eficacia como acto jurídico - inoponibilidad del convenio de composición.
COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA - Se circunscribe a los aspectos o
temas apelados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección B, que negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas al demandante.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 19 de diciembre de 2003 el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y la
sociedad TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. celebraron el contrato de concesión No.
242 de 2003, negocio jurídico en el que estipularon que cualquier conflicto derivado
de aspectos financieros, técnicos y legales, o discrepancias que surgieran con
ocasión de su ejecución, interpretación y/o liquidación serían dirimidas por un
amigable componedor. El 18 de junio de 2013 las partes liquidaron de mutuo
acuerdo el contrato de concesión, mediante acta en la que Transmilenio consignó
una salvedad respecto a su reclamación por sobrecostos derivados de la mayor
permanencia en obra, entre otras.
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
Como consecuencia de la salvedad mencionada, el concesionario convocó el
mecanismo de la amigable composición, como resultado del cual el amigable
componedor dirimió la controversia, reconociendo a favor de Transmilenio la suma
de $35.299.208.336.69, por concepto de mayor permanencia en obra durante la
ejecución del contrato de concesión. El IDU demanda, de manera principal, la
nulidad absoluta de la cláusula de amigable composición y, en forma subsidiaria, la
nulidad absoluta del convenio de composición, así como también la devolución de
lo que pagó en virtud de este último.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 16 de marzo de 20151, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en
adelante “IDU”, mediante apoderado judicial y actuando en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, presentó demanda contra la sociedad
TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S., en adelante “TRANSMILENIO”, y la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA, en lo sucesivo “LA UNIVERSIDAD”.
1.2. En la demanda –subsanada2– la parte actora formuló las siguientes
pretensiones, transcritas literalmente, incluso con eventuales errores:
“PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES
PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad absoluta de la
cláusula 37 Contrato de Concesión No. 242 de 2003, suscrito entre el Instituto de
Desarrollo Urbano, por violación del inciso primero del artículo 44 de la Ley 80 de
1993.
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de lo anterior, se
deje sin efectos el convenio de composición suscrito por la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA el 17 de marzo de 2014.
PRETENSIONES DE CONDENA:
PRETENSIÓN PRIMERA DE CONDENA: Que se condene a la SOCIEDAD
TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. y a LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA,
solidariamente, a devolver al Instituto de Desarrollo Urbano la suma de
$35.299.208.336.69 debidamente indexada, junto con pago de los intereses de Ley
ordenados en los artículos 194 y subsiguientes del C.P.A.C.A.
PRETENSIÓN SEGUNDA DE CONDENA: Que se condene en costas y gastos
procesales a los demandados.
En caso de que no prosperen las pretensiones declarativas principales, solicito
amablemente, se declaren las siguientes…
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.
1 Samai, índice 17 (expediente digital).
2 Folios 33 a 67, cuaderno 4 y 76 a 109, cuaderno 3
2
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
PRETENSIÓN PRIMERA DECLARATIVA SUBSIDIARIA: Que se declare la nulidad
del convenio de composición suscrito por LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA el 17 de marzo de 2014, por falta de competencia temporal, material y
por violación al derecho al debido proceso.
PRETENSIÓN SEGUNDA DECLARATIVA SUBSIDIARIA: Que como consecuencia
de lo anterior se declare responsable a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
de pagar la suma de $35.299.208.336.69, debidamente indexada y con los intereses
moratorios pactados en el contrato”.
1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora narró hechos
que se sintetizan a continuación:
1.3.1. Afirmó que el 19 de diciembre de 2003 el IDU y TRANSMILENIO suscribieron
el contrato de concesión No. 242, cuyo objeto es el otorgamiento al concesionario
de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo las obras necesarias, por
una parte, para la adecuación de la Troncal NQS sector sur, en el tramo
comprendido entre la Av. Ciudad de Villavicencio y el límite con el municipio de
Soacha, incluyendo 4 ítems de obras de construcción identificados en el contrato;
y, por otra parte, para la construcción y adecuación de la Estación de Cabecera y
del Patio, incluyendo 3 ítems de obras de construcción identificados en el contrato.
1.3.2. Manifestó que durante la ejecución del contrato TRANSMILENIO solicitó el
restablecimiento del equilibrio económico en varias oportunidades, solicitudes que
el IDU negó.
1.3.3. Señaló que el 18 de junio de 2013 el IDU y TRANSMILENIO liquidaron de
común acuerdo el contrato, consignándose por parte de este último algunas
salvedades.
1.3.4. Expuso que, con posterioridad a la liquidación del contrato, TRANSMILENIO
convocó el procedimiento de solución de controversias contractuales de la amigable
composición, para que LA UNIVERSIDAD, en su calidad de amigable componedor,
definiera la controversia contractual entre las partes del contrato de concesión
relacionada con los mayores costos generados por la ampliación del plazo de
ejecución de la etapa de construcción. Al respecto, agregó que en el escrito de
convocatoria TRANSMILENIO incorporó pretensiones económicas en cuantía
superior a $57.000.000.000.
1.3.5. Indicó que el 3 de diciembre de 2013 se adelantó la audiencia de instalación
de la amigable composición, oportunidad en la que, además de que el IDU dejó
constancia de la improcedencia de dicho mecanismo alternativo de solución de
conflictos, con fundamento en la falta de competencia temporal de LA
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
UNIVERSIDAD y la ausencia de vinculación de Transmilenio S.A., se reconoció
personería a los apoderados de las partes y se otorgaron 10 días hábiles al
convocante para presentar sus alegatos.
1.3.6. Puso de presente que el 17 de diciembre de 2013, el convocante radicó sus
alegatos, a propósito de lo cual adujo que del escrito de alegatos “a juicio del
amigable componedor se dio traslado al IDU el día 30 de diciembre de 2013, hecho
que incumple, per se, los términos del contrato”.
1.3.7. Anotó que el 17 de enero de 2014 el IDU respondió los alegatos del
convocante, insistiendo en la falta de competencia de LA UNIVERSIDAD. Además,
en la misma oportunidad se corrió traslado a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público, concediéndoles 10 días hábiles para que
presentaran sus alegaciones, todo lo cual implicó que LA UNIVERSIDAD ampliara
motu proprio el término para decidir.
1.3.8. Sostuvo que el amigable componedor solicitó documentos adicionales al
convocante que fueron allegados por este el 18 de febrero de 2014 y que el IDU no
tuvo la oportunidad de conocer.
1.3.9. Adujo que el amigable componedor manifestó que, en los términos de la
cláusula 37 del contrato de concesión, era a partir del 19 de febrero de 2014 que se
computaba el término para resolver la controversia.
1.3.10. Refirió que el 18 de marzo de 2014 fue decidida la controversia, lo que
implicó que el amigable componedor incurriera “en una extralimitación de sus
funciones de carácter objetiva (falta de competencia por la asunción de funciones
jurisdiccionales) y de carácter procesal (expiración del término para decidir)”. De
igual modo, sobre el particular refirió que la decisión del amigable componedor,
además de ordenar el gasto de la entidad frente a un contrato ya terminado,
reconoció a favor de la convocante la suma de 35.299.208.336,69.
1.3.11. Por último, precisó que el 3 de abril de 2014 TRANSMILENIO radicó ante el
IDU una cuenta de cobro por la suma reconocida a favor de la convocante.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora planteó los
siguientes argumentos:
1.4.1. Anotó que, con la liquidación del contrato de concesión de común acuerdo,
las obligaciones emanadas del contrato y de sus acuerdos modificatorios “cesaron
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
su fuerza vinculante”, pues la liquidación “pone fin a toda obligación contractual
nacida del contrato”, incluida, dentro de ellas, la de acudir a la amigable composición
para dar solución a las controversias contractuales que surgieran durante la
ejecución de aquel, situación que configura la falta de competencia del amigable
componedor en este caso.
1.4.2. Igualmente, señaló que la materia objeto del asunto que TRANSMILENIO
puso en conocimiento del amigable componedor extralimitaba las funciones de este,
puesto que involucró peticiones declarativas, de condena, indemnizatorias y de
responsabilidad que escapan de la órbita de dicho mecanismo de solución de
conflictos, al ser del resorte exclusivo del juez.
En ese sentido, resaltó que las decisiones adoptadas por el amigable componedor
no tienen carácter judicial y sólo obligan contractualmente, en el entendido de que
equivalen a un negocio jurídico mediante el cual las partes del contrato asumen
compromisos voluntarios, que se tornan definitivos, inmutables y vinculantes entre
ellas. Además, añadió que, de acuerdo con la cláusula 37 del contrato de concesión,
en la que las partes estipularon la amigable composición, aquellas acordaron que
someterían “a la precisión del Amigable Composición diferencias relacionadas con
la ejecución de este Contrato, salvo aquellas que surjan con ocasión de la
expedición de actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa
(…) Adicionalmente, definieron que el Amigable Componedor no tendrá
competencia para modificar las cláusulas del Contrato, aunque sí para
interpretarlas de ser necesario, caso en el cual debe aplicar las reglas de
interpretación de los contratos , previstas en las normas vigentes. Como colorario
de este punto -límites y competencia del Amigable Componedor- es claro que dentro
del mandato otorgado (…) no le es competente lo siguiente:
1. Modificar o considerar inaplicables las cláusulas del Contrato, sus Apéndices,
Otrosí y actas modificatorias.
2. Decidir sobre la pertinencia y la ilegalidad de las cláusulas del contrato, sus
Apéndices, Otrosí y actas modificatorias.
3. Considerar como modificaciones del contrato, sus Apéndices, Otrosí y actas
modificatorias, puntos de vista emitidos por funcionario alguno del IDU en relación
con mejoramientos a futuro de la estructuración técnica del contrato y,
4. En general, pronunciarse sobre todo aquello distinto a precisar la forma en que
deben cumplir las partes las obligaciones contraídas en el contrato, sus Apéndices,
Otrosí y actas modificatorias”. (resaltado dentro del texto)
1.4.3. Adujo que la referida cláusula 37 del contrato de concesión está viciada de
objeto ilícito al contrariar la norma vigente para el momento de celebración de dicho
negocio, puesto que la amigable composición no procede frente a entidades
públicas, conclusión que fundamentó, por una parte, en el contenido del artículo 130
de la Ley 446 de 1998, que, en su criterio, derogó tácitamente lo dispuesto en el
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
artículo 68 de la Ley 80 de 1993, restringiendo el uso de dicho mecanismo
únicamente a los particulares y, por otro lado, en el hecho de que la decisión
adoptada por el amigable componedor no puede implicar una delegación a este que
comprometa el manejo de los recursos públicos del IDU.
1.4.4. A su vez, manifestó que la decisión que adoptó el amigable componedor
transgrede el debido proceso de la parte actora, puesto que en aquella se reconoce
que el 18 de febrero de 2014 fueron recibidos documentos adicionales por parte de
TRANSMILENIO, empresa que había convocado ese mecanismo de solución de
conflictos, los cuales no fueron puestos en conocimiento del IDU y que influyeron
en el sentido de la decisión, vulnerando así su derecho de defensa y contradicción.
1.4.5. Por último, resaltó que la decisión del amigable componedor transgrede el
debido proceso y viola la cláusula del contrato de concesión en la que se estipuló la
amigable composición, puesto que fue proferida cuando ya había vencido el término
convenido para decidir. En efecto, en virtud del contenido de la cláusula del contrato,
entre el 17 y el 31 de enero de 2014, TRANSMILENIO debió contestar la amigable
composición y entre el 3 y el 28 de febrero de 2014 LA UNIVERSIDAD debió tomar
una decisión. Asimismo, ninguna de las partes aceptó la ampliación del plazo que
tenía el amigable componedor para solucionar el conflicto, por lo que no podía LA
UNIVERSIDAD abrogarse la facultad de prorrogar el término para decidir.
2. Contestación de la demanda
2.1. Mediante auto de 1 de junio de 20153 el Tribunal admitió la demanda y ordenó
su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.2. El 31 de agosto de 2015 LA UNIVERSIDAD contestó4 la demanda, mediante
escrito en el que se opuso a las pretensiones formuladas por la actora, alegando la
falta de jurisdicción para conocer de pretensiones en contra de aquella, por ser una
persona jurídica de carácter privado cuyas controversias son del conocimiento de la
jurisdicción ordinaria y no la contencioso administrativa; la caducidad de la acción
contractual, dado que la demanda no se interpuso mientras estuvo vigente la
concesión, en los términos del CPACA, sino cuando el contrato ya había sido
liquidado de común acuerdo por las partes; y la falta de legitimación en la causa por
pasiva de esa institución educativa, puesto que no fue parte en el contrato de
concesión del que surgieron las controversias que dieron lugar a la convocatoria de
ese mecanismo de solución de conflictos.
3 Folios 116 a 118, cuaderno 3.
4 Folios 153 a 185, cuaderno 3.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
Además, esgrimió excepciones de fondo cuyo contenido se sintetiza a continuación:
(i) Con la demanda el IDU contraviene sus propios actos, por una parte, cuando
luego de 12 años de perfeccionado el contrato persigue la nulidad absoluta de la
cláusula 37, y, por otro lado, puesto que, no obstante que realizó de forma voluntaria
el pago establecido en el convenio de composición suscrito por LA UNIVERSIDAD,
en las pretensiones subsidiarias de la demanda persigue la nulidad del mismo.
(ii) Aun en el supuesto de que la decisión proferida por el panel de amigables
componedores fuera extemporánea, ello no generaría su nulidad absoluta, sino su
inoponibilidad a las partes, la cual no fue alegada por la actora y no puede ser
decretada de oficio por el juez de conocimiento.
(iii) Teniendo en cuenta que las partes no pueden delegar en un tercero una
atribución de la cual carecen, es claro que en el presente caso no existe prueba que
desestime la capacidad de las partes al momento en que delegaron en LA
UNIVERSIDAD la facultad para transigir y, por el contrario, dicha capacidad se ve
reflejada en la validez del contrato de concesión en el que se incorporó la cláusula
37.
(iv) Existe consenso en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en cuanto a la viabilidad legal de pactar la amigable composición
cuando una de las partes del contrato es una entidad estatal, lo que desvirtúa que
esa circunstancia vicie el acuerdo de nulidad absoluta por objeto ilícito.
(v) La cláusula 36.5 del contrato de concesión previó expresamente la
posibilidad de someter al amigable componedor la decisión sobre los montos de la
liquidación del contrato en el evento en que las partes no se pusieran de acuerdo,
por lo que no es cierto que la cláusula 37 haya limitado dicho mecanismo a
controversias relativas a su ejecución.
(vi) La parte actora no se refiere a hechos ni soporta en argumentos jurídicos o
pruebas la causa ilícita que alega en el presente caso, más allá de mencionarla
conjuntamente con el objeto ilícito.
2.3. El 2 de septiembre de 2015 TRANSMILENIO contestó5 la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas en esta, alegando, inicialmente, la excepción
5 Folios. 210 a 237, cuaderno 3.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
previa de la caducidad del medio de control respecto de la pretensión de nulidad
absoluta de la cláusula 37 del contrato. Sobre el particular, afirmó que, como el
contrato de concesión se celebró el 19 de diciembre de 2003, la caducidad de la
acción se rige por lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, estatuto
que previó un término máximo de 5 años siguientes al perfeccionamiento del
contrato para demandar su nulidad absoluta, es decir que, en este caso, dicho
término corrió en su integridad hasta diciembre de 2008 y la demanda se presentó
7 años más tarde.
En su escrito formuló excepciones de fondo, cuyo contenido se sintetiza a
continuación:
(i) La amigable composición procede en los contratos estatales y no fue
derogada por la Ley 446 de 1998, según lo reconoció el Consejo de Estado en
sentencia de 15 de abril de 20156, que prevalece, por tener los efectos de la cosa
juzgada, sobre el concepto de la misma corporación del 13 de agosto de 20097.
(ii) LA UNIVERSIDAD actuó dentro de los límites del mandato conferido por las
partes en la cláusula 37 del contrato, circunscribiéndose al “Reclamo 1” de las
salvedades del acta de liquidación bilateral, concerniente a la mayor permanencia
en obra del contratista, lo cual tenía relación con hechos ocurridos durante la
ejecución de la concesión, sin que se hubiera dispuesto que el conflicto debía ser
resuelto durante esa misma etapa. Además, la decisión del amigable componedor
se produjo dentro del plazo de 20 días hábiles previsto para el efecto, el cual corría
desde el momento en que aquel tuvo en su poder la totalidad de los documentos
necesarios para la resolución de la controversia sometida a su consideración.
Finalmente, el amigable componedor no asumió funciones jurisdiccionales, sino que
cumplió con el mandato que le habían otorgado las partes.
(iii) Aún en el hipotético caso de que el amigable componedor hubiera incurrido
en una extralimitación de sus funciones, la misma quedó saneada con el
cumplimiento y ratificación que hizo el IDU de la decisión de aquel, de manera libre,
voluntaria, espontánea y sin salvedades, a través del pago que realizó el 7 de
octubre de 2014.
6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 15 de abril de 2015 [Exp. 11001-
03-26-000-2010-00004-00(38053)].
7 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 13 de agosto de 2009 [Exp.
11001-03-06-000-2009-00033-00(1952)].
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
(iv) El hecho de que el IDU cuestione el mecanismo de la amigable composición
que incorporó en la minuta del contrato contraría el principio de la confianza legítima,
puesto que incurre así en una conducta contraria a sus propios actos, máxime
porque las partes ya habían acudido anteriormente a un procedimiento de amigable
composición, el cual estuvo a cargo de la Universidad Santo Tomás de Aquino y
frente al que el IDU no realizó ningún cuestionamiento.
3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas
3.1. El 14 de enero de 20168, 12 de septiembre de 20179 y 13 de marzo de 201810
se llevó a cabo la audiencia inicial, en el curso de la cual el Tribunal adelantó las
etapas de saneamiento del proceso, excepciones previas11, fijación del litigio12,
conciliación13, medidas cautelares14 y decreto de pruebas15.
8 Folios 270 a 277, cuaderno 2 principal.
9 Folios. 330 a 333, cuaderno 1 principal.
10 Folios 352 a 358, cuaderno 1 principal.
11 En cuanto a las excepciones propuestas por las demandadas, se tiene lo siguiente: (i) la de falta
de jurisdicción se declaró no probada y no fue recurrida; (ii) la de caducidad se declaró no probada
respecto a las pretensiones de nulidad del convenio de composición y parcialmente probada en
cuanto a la nulidad absoluta del contrato de concesión, decisión esta última que fue recurrida en
apelación y que fue confirmada por el Consejo de Estado, mediante auto de 28 de noviembre de
2016 (Folios 281 a 290, cuaderno 1 principal); y (iii) la de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Universidad se declaró no probada solo en su dimensión de hecho, puesto que en
su dimensión material el Tribunal manifestó que sería dilucidada en la sentencia, decisión que fue
recurrida en apelación y que fue confirmada por el Consejo de Estado, mediante auto de 20 de
noviembre de 2017 (Folios 337 a 342, cuaderno 1 principal).
12 El Tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: “1. Si las partes se encontraban o no facultadas
por mandato legal para someter la solución de los conflictos derivados del contrato de concesión No.
242 de 2003 al trámite de amigable composición, precisando que se declaró la caducidad de la
pretensión que pretendía obtener la nulidad de la cláusula del contrato que estableció la amigable
composición // 2. Si el amigable componedor actuó sin competencia y con extralimitación de las
funciones emanadas del contrato de mandato que se le otorgó al pactarse la cláusula de amigable
composición, y si la decisión fue extemporánea o hubo violación del debido proceso”.
13 Durante la audiencia se dio la palabra a las partes con el fin de que manifestaran la posibilidad de
conciliar el presente litigio y se dio por concluida la etapa por no existir ánimo conciliatorio.
14 Cabe indicar que el Tribunal, con anterioridad a la admisión de la demanda, mediante auto de 27
de abril de 2015, había decretado, a título de medida cautelar de urgencia, la suspensión de la
cláusula 27 del contrato de concesión y de los efectos de la decisión proferida por la Universidad el
17 de marzo de 2014, decisión que fue recurrida en apelación por Transmilenio y que revocó el
Consejo de Estado mediante auto de 28 de noviembre de 2016 (Folios 126 a 134, cuaderno 4).
15 El Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda y en las contestaciones
de esta. Asimismo, siendo que únicamente solicitó pruebas la Universidad, se decretaron: 1) Los
testimonios de Hernando Gutiérrez Prieto, Luis Alberto Jaramillo Gómez, David Andrés Londoño
Bedoya, María Inés Rodríguez Prado, Jaime Alberto Cataño Cataño y Adriana Gallego Oke; y 2)
Oficio al IDU para que certifique el número total de procedimientos de amigable composición que
dentro de contratos estatales suscritos por esa entidad se han adelantado en universidades públicas
o privadas y en institucionales que agremian a profesionales (como la SCI) y cuáles de ellos se
encuentran en firme, así como también el número total de demandas judiciales presentadas por esa
esa entidad a través de las cuales se pretenda la nulidad de las cláusulas contractuales en las que
se pactó la amigable composición como mecanismo de solución de conflictos (Folios 373-374,
cuaderno 1 principal).
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
3.2. El 2016 y 2817 de junio de 2018 tuvo lugar la audiencia de pruebas, en la que
fueron practicados tres de los testimonios que habían sido decretados, mientras que
los restantes fueron desistidos.
4. Alegatos en primera instancia
4.1. Surtido el debate probatorio, en el término para alegar de conclusión, la parte
actora y las demandadas insistieron en los razonamientos que esgrimieron,
respectivamente, en la demanda y en las contestaciones, contrastándolos con las
pruebas que obran en el expediente. El Ministerio Público no se pronunció.
5. La sentencia de primera instancia
5.1. El tribunal de primera instancia, en sentencia de 15 de mayo de 201818, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que la circunstancia de que el
amigable componedor hubiera emitido su decisión con posterioridad a la liquidación
que ambas partes realizaron de común acuerdo el 18 de junio de 2013, no implicaba
que dicha decisión estuviera viciada de causa u objeto ilícito, puesto que tuvo como
fundamento hechos presentados durante la ejecución del negocio jurídico y las
partes, de conformidad con la cláusula 37 contractual, en ejercicio de su libre
autonomía, le atribuyeron competencia a LA UNIVERSIDAD para dirimir el conflicto
sobre la mayor permanencia en obra, asunto que, precisamente, correspondía a
una de las salvedades que TRANSMILENIO consignó en el acta de liquidación.
5.2. Precisó que los efectos jurídicos del contrato no cesan a su terminación,
puesto que el estudio de las diferencias suscitadas entre las partes se extiende
hasta el vencimiento del término de caducidad para presentar la demanda, en este
caso, después de la liquidación bilateral del contrato y frente a las salvedades
consignadas en el acta respectiva.
5.3. Agregó que el procedimiento convenido, la designación de los amigables
componedores y la oportunidad de las partes para presentar sus “alegatos” se
enmarcaron bajo el principio del debido proceso y el contenido de la cláusula 37 del
contrato de concesión, sin que se hubiera presentado ninguna irregularidad.
5.4. Con fundamento en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, desestimó el
argumento sobre la improcedencia de la amigable composición en los contratos
estatales, a propósito de lo cual indicó que esa norma autorizó a las entidades
16 Folios 381 a 383, cuaderno 1 principal.
17 Folios 440 a 441, cuaderno 1 principal.
18 Folios 490 a 506, cuaderno segunda instancia.
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públicas a acudir a dicho mecanismo de solución de conflictos, lo que se evidenció
en este caso, en el que los representantes legales de ambas partes confirieron
mandato a LA UNIVERSIDAD, representada en el panel de amigables
componedores designados por aquellas.
5.5. De igual modo, señaló que la parte actora no acreditó cuáles fueron las
supuestas pruebas que durante el trámite de amigable composición no le fueron
puestas en conocimiento y que no pudo controvertir y, contrario a ello, pudo
evidenciarse en el proceso que se dieron los traslados de las pruebas a ambas
partes, quienes conocieron en todo momento las actuaciones adelantadas por el
panel de amigables componedores. Además, se observaron los 20 días hábiles que
se previeron en la cláusula 37 contractual para que se dirimiera el conflicto, toda vez
que la decisión fue emitida el 17 de marzo de 2014 y el término mencionado
transcurrió a partir del 19 de febrero de 2014, día siguiente a la fecha en que se
allegó la totalidad de las pruebas, y hasta el 18 de marzo de 2014.
5.6. Finalmente, condenó a la parte actora en costas de primera instancia,
fijándole como agencias en derecho la suma equivalente a 10 SMLMV, en favor de
ambas demandadas, por mitades.
6. Recurso de apelación
6.1. La parte actora interpuso recurso de apelación19, el cual fue concedido por
auto del 12 de junio de 201920 y admitido mediante proveído del 5 de agosto de la
misma anualidad21.
6.2. En su recurso, el IDU solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal
Contencioso de Cundinamarca y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, a propósito de lo cual indicó que la sentencia no abordó el estudio del
segundo problema jurídico planteado en la fijación del litigio, es decir la
incompetencia del amigable componedor, derivada del hecho de que sustituyó al
juez natural cuando consideró que resultaba inaplicable un aparte del pliego de
condiciones, por lo que el asunto puesto en conocimiento del amigable componedor
excedía sus competencias e implicaba una extralimitación en sus funciones.
6.3. Al respecto, resaltó que “la materia misma de la solicitud” excedió las
competencias del amigable componedor, toda vez que las pretensiones planteadas
19 Folios 517 a 518, cuaderno segunda instancia.
20 Folio 520, cuaderno segunda instancia.
21 Folio 531, cuaderno segunda instancia.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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por TRANSMILENIO consistieron en reconocimientos económicos basados en
pretensiones de índole declarativa, de condena, indemnizatorias y de
responsabilidad, las cuales, en su criterio, escapan de la órbita del amigable
componedor, pues este actúa por mandato de las partes y sus decisiones no tienen
carácter judicial, sino que solo obligan contractualmente a las partes del negocio
jurídico, pero no con la fuerza procesal de la sentencia.
Añadió que las pretensiones declarativas y de condena, como son las previstas en
el artículo 141 del CPACA, son “pedimentos que se le hacen al Juez, con el fin que
se le aplique el derecho declarándolo, expresando que existe y las consecuencias
de su existencia”, lo cual excede las competencias de los amigables componedores,
quienes “no están investidos de jurisdicción y sería contrario a derecho que llegasen
a condenar”.
6.4. Remarcó que, al tenor del artículo 116 constitucional, la función jurisdiccional
del Estado se limita a las figuras procesales de la conciliación, el arbitramento y los
jurados de conciencia, en las que resultan exigibles todas las garantías del debido
proceso, mientras que la amigable composición corresponde a una modalidad de
negocio contractual, cuyo origen deviene del derecho de los contratos.
6.5. En virtud de lo anterior, manifestó que la decisión del amigable componedor,
como acuerdo transaccional que es, puede únicamente ser impugnada atendiendo
a los supuestos de la nulidad y rescisión, en los términos del Código Civil, es decir,
por falta de capacidad de las partes al momento de realizar la transacción o contrato,
por ausencia de consentimiento o porque este se encuentre viciado y por objeto y
causa ilícita.
6.6. Con apoyo en lo anterior, concluyó que los amigables componedores no solo
interpretaron el contrato, sino que se extralimitaron en “el ejercicio de la función
delegada y, por lo tanto actuaron sin competencia”, punto que no fue abordado por
el a-quo y que debe ser analizado en segunda instancia.
7. Actuación en segunda instancia
7.1. Mediante providencia del 23 de septiembre de 201922, se corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.
22 Fl. 535, cuaderno segunda instancia.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
7.2. Dentro del término del traslado TRANSMILENIO alegó de conclusión23,
mediante escrito en el que resaltó que la competencia del juez de la apelación se
contrae exclusivamente a los cargos de la alzada y señaló, en síntesis, que el
Tribunal se pronunció sobre todos los puntos objeto de la controversia y, en
particular, respecto de los argumentos en los que la actora fundamentó la
incompetencia del amigable componedor que adujo en el libelo introductorio.
Finalmente, insistió en que LA UNIVERSIDAD adoptó su decisión dentro del marco
de su competencia y no asumió funciones jurisdiccionales, de modo que “no hizo ni
más ni menos que cumplir con el mandato que le otorgaron las partes en el marco
del contrato de concesión”.
7.3. LA UNIVERSIDAD presentó escrito de alegatos24 reiterando lo expuesto en
instancias anteriores.
7.4. El IDU y el Ministerio Público guardaron silencio.25
7.5. El 28 de febrero de 2024 el magistrado William Barrera Muñoz presentó
escrito26 en el que manifestó encontrarse impedido para conocer del asunto, con
fundamento en lo dispuesto en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Al efecto, expuso que el 24 de julio de 2015 la UNIVERSIDAD
suscribió el contrato DJS-144-15 con BARRERA & PATIÑO ASOCIADOS
LIMITADA, sociedad de la cual fue socio y representante legal desde el 19 de
septiembre de 2000 hasta el 18 de septiembre de 2023 -cuando se retiró para
posesionarse en el cargo actual al servicio del Consejo de Estado-, negocio jurídico
que tuvo por objeto la defensa y representación judicial de la UNIVERSIDAD en el
presente proceso. Asimismo, señaló que se desempeñó como director del
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma
institución hasta el día anterior a su posesión en esta Corporación.
Los magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas y Nicolás Yepes Corrales -sin la
intervención del magistrado William Barrera Muñoz, quien se apartó de la Sala
mientras este punto fue debatido- resuelven declarar fundado el impedimento
manifestado por el Magistrado William Barrera Muñoz.
III. CONSIDERACIONES
23 Fls. 537 a 549, cuaderno segunda instancia.
24 Fls. 550 a 561, cuaderno segunda instancia.
25 Fl. 562, cuaderno segunda instancia.
26 Samai, índice 00024
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) caducidad; (3)
legitimación en la causa; (4) caducidad; (5) problemas jurídicos; (6) Análisis de la
Sala; (6.1) objeto de la apelación; (6.2) cuestionamiento del IDU frente a la decisión
del amigable componedor; (6.3) hechos probados; (6.4) solución al caso concreto;
y (7) costas.
1. Jurisdicción y competencia
De acuerdo con el artículo 104 del CPACA27, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conoce en general de las controversias y litigios originados, entre
otros, en contratos en los que estén involucradas las “entidades públicas”28, además
de que la misma disposición prevé, entre sus reglas especiales, que dicho
conocimiento cobija los procesos relativos a los contratos, cualquiera que sea su
régimen, en los que sea parte una entidad pública.
Por su parte, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, al
cumplirse los presupuestos de los artículos 150 y 152.5 del CPACA, antes de que
fueran modificados por la Ley 2080 de 2021. En efecto, se trata de una sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, que
versa sobre un contrato suscrito por el IDU, en su calidad de Establecimiento
Público del orden Distrital29, y cuya cuantía excede los quinientos (500) SMLMV
para el 2015, año en el que se presentó la demanda30.
2. Caducidad
2.1. En cuanto a la primera pretensión declarativa principal, concerniente a la
nulidad de la cláusula No. 37 del Contrato de Concesión No. 242 de 2003, y sus
27“Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes
procesos: (…) 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.”
28 De conformidad con el parágrafo del artículo 104 del CPACA “Para los solos efectos de este
Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia
de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual
o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al
50%”.
29 El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU es un establecimiento público del orden Distrital, creado
mediante el Acuerdo No. 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, reestructurado internamente mediante
los Acuerdos del Consejo Directivo Nos. 001 y 002 de 2009. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 se denominan entidades públicas, entre otras, los establecimientos públicos (IDU).
30 La demanda se presentó el 16 de marzo de 2015, año en el que SMLM era de 644.350. Información
obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios.https://www.banrep.gov.co/es/salarios
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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consecuenciales, se tiene en cuenta lo ya indicado por esta Corporación en el auto
del 28 de noviembre de 201631, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la actora contra la decisión del Tribunal de declarar la caducidad de
la acción, proveído que confirmó la decisión apelada32, al amparo de lo dispuesto
en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, vigente a la fecha del perfeccionamiento del contrato de concesión
y, por lo mismo, aplicable por encontrarse en vigor al momento en que comenzó a
correr el término de caducidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
153 de 188733.
2.2. Por su parte, en punto a la pretensión primera declarativa subsidiaria - nulidad
del acuerdo compositivo de 17 de marzo de 2014 -, la Sala reitera lo decidido por
esta Corporación34 en este mismo proceso, en relación con la no configuración de
31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Auto de 28 de noviembre de 2016 Exp.
25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331), Fls. 281 a 290, cuaderno segunda instancia.
32Al respecto, en el auto citado, textualmente se lee: “9.9.- Resulta claro que el contrato de concesión
No. 242 fue perfeccionado el 19 de diciembre de 2003; fecha en la cual la normatividad vigente era
el Código Contencioso Administrativo y por ende la aplicable para el caso en cuestión, toda vez que
como se indicó anteriormente el termino de caducidad inició en vigor de esta normatividad. Así, de
acuerdo al literal e) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo se tiene
que el termino de caducidad de la pretensión de la nulidad absoluta de un contrato es de (2) dos
años contados a partir de su perfeccionamiento o, en caso de que su vigencia exceda dos años, el
termino será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso sea superior a cinco (5) años.
9.10.- Teniendo en cuenta que la vigencia del contrato fue pactada por un plazo mayor a dos años,
consistiendo este en setenta y ocho (78) meses, por ende el término de caducidad debe ser contado
a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, es decir, desde 19 de diciembre de 2003 hasta
el 19 de diciembre de 2008, de ahí que este Despacho corrobora que esta pretensión ha sido
formulada de manera extemporánea pues la demanda fue presentada el 16 de marzo de 2015, esto
es a más de once (11) anos de haberse perfeccionado el contrato, razón por la cual se confirmara
Io resuelto por el Tribunal Administrative de Cundinamarca.
9.11.- Por manera que, conforme a las normas antes transcritas, la oportunidad del medio de control
dirigido a declarar la nulidad absoluta de un contrato estatal se cuenta desde el perfeccionamiento,
aunque, sin perjuicio de los dos (2) dos años, es dable demandarlo durante la vigencia de la relación
jurídica. Además, conforme a Io establecido con el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, es claro que
la caducidad se completó antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, de donde Io
dispuesto por esta última al respecto, no resulta aplicable como bien quedo expuesto”.
33 Para efectos del cómputo de la caducidad es menester acudir a las reglas contenidas en las
normas vigentes al momento en que inició a correr el término, de conformidad con lo previsto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del C.G.P., toda vez que, tratándose
de normas procesales, las mismas son de aplicación inmediata. Al respecto, Cfr. Consejo de Estado,
Sección Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta providencia se puso de presente
que, “[e]n punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la
regla de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata.[…]”.
34 Sobre el particular, en la providencia mencionada se señala: “9.12.- De otra parte, en cuanto hace
a la pretensión sobre la decisión adoptada por el amigable componedor - la Pontificia Universidad
Javeriana -, que data del 17 de marzo de 2014, se encuentra que de acuerdo a Io arriba expuesto la
norma procesal vigente en materia de caducidad para el momento en que se perfeccionó ese negocio
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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la caducidad frente a la citada pretensión, respecto de la que procede la aplicación
del literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, vigente para esa fecha y que
prevé que la oportunidad para demandar la nulidad absoluta o relativa de un
contrato, es de dos (2) años a partir de su perfeccionamiento o, en todo caso,
cuando se trate de la nulidad absoluta, mientras dicho contrato se encuentre
vigente. En ese sentido, si el término de caducidad para demandar la nulidad
absoluta de la decisión emitida por el amigable componedor corría hasta el 17 de
marzo de 2016, la interposición de la demanda fue oportuna puesto que el libelo
introductorio se presentó el 16 de marzo de 2015.
3. Legitimación en la causa
3.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14135 de la Ley 1437 de
2011, la Sala estima que el IDU y TRANSMILENIO están legitimados en la causa,
por activa y por pasiva, respectivamente, puesto que, vistas las cláusulas 1.636,
jurídico es la dispuesta en el literal j) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código
de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, que dispone que la oportunidad
para demandar la nulidad absoluta o relativa de un contrato, será de dos años contados a partir del
perfeccionamiento del contrato o, en todo caso, cuando se trate de nulidad absoluta mientras este
se encuentre vigente.
9.13.- En este orden de ideas, aplicando esas prescripciones al sub lite y considerando que la
decisión del amigable componedor - Pontificia Universidad Javeriana donde se resolvieron las
diferencias entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y Transmilenio del Sur S.A se suscribió el
17 de marzo de 2014, el termino de caducidad corrió, en principio, hasta el 17 de marzo de 2016 y
como la demanda se entablo el 16 de marzo de 2015, se sigue que esta pretensión de controversias
contractuales fue intentada oportunamente. Así, como se trata de un negocio jurídico diferente al
contrato de concesión suscrito por las partes se impone, en sana lógica, computarle una caducidad
autónoma de este, razón por la cual el termino perentorio surgió solo con la decisión del centro
universitario y no en época anterior”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Auto de
28 de noviembre de 2016, Exp, 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331), fls. 281 a 290, cuaderno
segunda instancia.
35 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato
del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”
36 “CLÁUSULA 1. DEFINICIONES: (…) 1.6 “Amigable Componedor // Se entenderá como la persona
jurídica encargada de dirimir cualquier conflicto derivado de aspectos financieros, técnicos y legales,
o discrepancias que surjan con ocasión de la ejecución, interpretación y/o liquidación de este
Contrato. El Amigable Componedor será designado por la contraparte de quien inicie la controversia
de un listado de tres (3) universidades del país, listado que será determinado de común acuerdo por
las partes en los términos de la CLÁUSULA 37 de este Contrato”.
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36.537 y 3738 del contrato de concesión que aquellos suscribieron, sus diferencias
en relación con la ejecución y liquidación de dicho negocio jurídico debían ser
resueltas a través del amigable componedor, por lo que su interés directo en el
proceso deviene del hecho de que, en principio, la validez de lo decidido en el
acuerdo compositivo aquí cuestionado perjudica a uno y beneficia al otro.
3.2. Asimismo, LA UNIVERSIDAD se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
toda vez que, si bien es cierto que no hizo parte del contrato de concesión del 19 de
diciembre de 2003, suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO, su legitimación no tiene
origen en ese negocio jurídico, sino que se sustenta en el hecho de que la pretensión
subsidiaria de la demanda objeto de análisis en esta instancia está dirigida a que se
anule el acuerdo compositivo que aquella profirió, motivo por el cual lo que se decida
frente a su validez entraña un interés sustancial directo de quien fue designado por
dichas partes para emitir tal acuerdo, es decir, del amigable componedor.
4. Medio de control procedente
4.1. De acuerdo con el artículo 14139 del CPACA, el medio de control de
controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el
juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia
derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta
herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la
ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos
37 “CLÁUSULA 36. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (…) 36.5. PAGOS EN CASO DE CONFLICTO
SOMETIDO AL AMIGABLE COMPONEDOR // En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y
el Concesionario en relación con los montos de la liquidación del Contrato y dicho conflicto se someta
a decisión del Amigable Componedor, el IDU reconocerá y pagará, en los términos de la presente
cláusula, los montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisión del Amigable
componedor, los pagos y/o descuentos productos (sic) de dicha decisión serán cancelados y/o
descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones establecidos en esta cláusula”.
38 “CLÁUSULA 37. AMIGABLE COMPOSICIÓN // Sin perjuicio de lo previsto en la CLÁUSULA 29;
CLÁUSULA 30; CLÁUSULA 32; CLÁUSULA 33; CLÁUSULA 34 y CLÁUSULA 36 de este Contrato,
cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este Contrato, salvo aquellas que surjan con
ocasión de la expedición de actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa,
será resuelta a través del mecanismo de la amigable composición, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, o las normas que los
reemplacen, modifiquen o adicionen, por el Amigable Componedor”.
39 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato
del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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Referencia: Controversias contractuales
administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes
solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se
hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se
ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al
responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan
otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier
tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta
del contrato.
4.2. Por su parte, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1563 de 201240,
vigente a la fecha en la que tuvo inicio el mecanismo de solución de controversias
que aquí concierne y al momento en que se emitió la decisión del amigable
componedor, esta última produce los efectos legales propios de un contrato de
transacción, el cual, a su vez, es un modo de extinción de las obligaciones y tiene
efecto de cosa juzgada en última instancia, al tenor de los artículos 1625 y 2483 del
Código Civil. De igual modo, con anterioridad a la vigencia de la Ley 1563 de 2012,
el artículo 224 del Decreto 1818 de 1998, que regía para la época en que se celebró
el contrato de concesión, disponía en idéntico sentido, que “La decisión del amigable
componedor producir[ía] los efectos legales relativos a la transacción”.
Siendo así, esto es, dado que no es un mecanismo de solución de controversias de
carácter jurisdiccional, pues a su naturaleza es eminentemente contractual, la
decisión adoptada por el amigable componedor, que se equipara a un contrato de
transacción, no puede ser controvertida mediante los recursos ordinarios o
extraordinarios que proceden contra las providencias judiciales, pero desde luego,
como negocio jurídico que es, su validez puede ser cuestionada ante la jurisdicción
a través de la acción, hoy medio de control, de controversias contractuales, previsto
en el artículo 141 del CPACA.
4.3. En virtud de lo anterior, y según lo ha establecido la jurisprudencia de esta
Corporación41, en el caso de la decisión objeto de la pretensión declarativa primera
subsidiaria, al ser la amigable composición una actividad que no trasciende del
contexto meramente contractual, su discusión debe realizarse a través de los
40 “ARTÍCULO 60. EFECTOS. El amigable componedor obrará como mandatario de las partes y, en
su decisión, podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un
negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre
conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones. // La decisión
del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción. // Salvo convención
en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad, sin perjuicio
de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente”.
41 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencias de 15 de abril de 2015 [Exp.
11001-03-26-000-2010-00004-00(38053)] y 23 de septiembre de 2022 [Exp. 25000-23-26-000-2008-
00141-03 (56.940)]; y Subsección B. Sentencia de 11 de octubre de 2021 [Exp. 05001-23-31-000-
2006-03454-01 (55104)].
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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medios establecidos para controvertir los negocios jurídicos, los cuales pueden,
entre otros, ser acusados de nulidad absoluta o relativa o ser rescindidos por las
causas establecidas en la ley42.
Como conclusión, la Sala encuentra que el medio de control de controversias
contractuales ejercido por la actora es adecuado, toda vez que el artículo 141 del
CPACA prevé, sin agotarlas todas, distintas declaraciones y condenas que resulta
admisible plantear bajo el amparo de aquel, entre las que expresamente se incluye
la declaración de nulidad de los contratos del Estado, fórmula procesal que resulta
extensiva frente a la decisión emanada en el marco de la amigable composición
convenida en un negocio jurídico del Estado, por tratarse de una actuación de orden
contractual y con efectos de la misma índole.
5. Problemas jurídicos
La Sala debe establecer (i) si las razones en que se fundamenta la parte actora para
señalar que el amigable componedor se extralimitó en sus funciones y que sustituyó
al juez del contrato, vician o no de nulidad absoluta la decisión emitida por LA
UNIVERSIDAD el 17 de marzo de 2014; y, en caso de una respuesta afirmativa, (ii)
si LA UNIVERSIDAD es responsable de pagarle a la parte actora la suma de
$35.299.208.336.69, debidamente indexada, que corresponde al valor que le fue
pagado a TRANSMILENIO en cumplimiento de la decisión emitida por LA
UNIVERSIDAD.
6. Análisis de la Sala
6.1. El objeto de la apelación
Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el asunto que es objeto de
impugnación fue o no analizado en por el a quo en la sentencia impugnada y, solo
si la respuesta es negativa, abordar su respectivo estudio, sin perder de vista que
en esta segunda instancia no es posible hacer ningún pronunciamiento en relación
con lo decidido por el a quo que no haya sido cuestionado en el recurso de
42 En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-17 de 2005, reiterada por la
Sentencia C-330 de 2012, explicó: “Como consecuencia obvia de su naturaleza contractual, el
compromiso suscrito entre las partes a partir de la decisión del amigable componedor, no es
susceptible de ningún recurso de tipo procesal. La única forma de controvertir dicho arreglo es
precisamente demandando su eficacia como acto jurídico. En estos términos, habría que demostrar,
entre otros, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada
del mismo o la presencia de objeto o causa ilícita”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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apelación43 de la parte actora, el cual, no sobra recordar, fue el único44 que se
interpuso.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del C.G.P., se
resolverá el asunto sub-lite en relación con los reparos expuestos por el
recurrente45. En ese contexto, se observa que le asiste razón a la parte apelante
cuando afirma que la sentencia de primera instancia no se refirió a todos los
argumentos de la demanda que fueron sintetizados en la fijación del litigio, en
particular, tratándose de la pretensión declarativa subsidiaria primera de la
demanda subsanada, el argumento relativo a que la decisión de 17 de marzo de
2014, emitida por LA UNIVERSIDAD, desbordó los límites que ambas partes de la
concesión habían pactado, llevando al amigable componedor a excederse en sus
funciones y a sustituir al juez del contrato.
En efecto, en la sentencia del a quo se observa que, tratándose del convenio de
composición de 17 de marzo de 2014, el análisis de la “competencia” del amigable
componedor giró exclusivamente en torno a los siguientes aspectos: (i) la
suscripción del convenio compositivo con posterioridad a la liquidación de común
acuerdo; (ii) los hechos que se presentaron durante la ejecución de la concesión
como objeto de la decisión del amigable componedor; y (iii) algunos aspectos del
trámite previo a la emisión de dicha decisión. Por consiguiente, no hubo en la
sentencia de primera instancia ningún análisis del argumento sobre el
desbordamiento del amigable componedor de los límites convenidos en la
43 C.G.P.: “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión
(…)
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
(…)”.
44 C.G.P.: “Artículo 328. Competencia del superior. (…) Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
(…)”.
45 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012 , unificó su jurisprudencia,
manifestado lo siguiente: ““(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera
resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las
referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que
se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a
los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin
perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que
en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio
dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del
recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce
del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre
el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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concesión y que, en palabras de la parte actora, lo llevaron a extralimitarse en sus
funciones y a sustituir al juez del contrato.
Aunque en la fijación del litigio el problema jurídico no abordado por el a quo giró en
torno a “Si el amigable componedor actuó sin competencia y con extralimitación de
las funciones emanadas del contrato de mandato que se le otorgó al pactarse la
cláusula de amigable composición”, en esta instancia el estudio de dicho problema
requiere evaluar, en concordancia con la posición de esta Corporación46, los
aspectos relevantes relacionados con aquél, que hayan sido formulados en las
pretensiones o se deriven del texto de la demanda, específicamente, en este caso,
el argumento expuesto en el punto 1.4.2. del acápite de los antecedentes de la
presente providencia.
Por lo demás, la Sala recuerda que, tratándose de la pretensión declarativa primera
principal –de la que dependen las pretensiones declarativa segunda principal y las
condenatorias principales–, además de que el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora no hizo ninguna referencia a la misma, esta misma Sala47, mediante
auto de 28 de noviembre de 2016, confirmó la providencia de 14 de enero de 2016
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en aplicación del literal e) del
numeral 10 del artículo 136 del CCA, declaró próspera la excepción previa de
caducidad frente a la referida pretensión que perseguía que se declarara la nulidad
absoluta de la cláusula 37 del contrato de concesión, motivo por el cual no se volverá
a abordar en esta sentencia dicho asunto.
En consecuencia, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, la Sala realizará únicamente el estudio del argumento que el a quo no
analizó en la sentencia impugnada.
46 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias de 12 de marzo de 2015 [Exp. 68001-23-31-000-
2010-00441-02(19115)] y 24 de octubre de 2018 [Exp. 18001-23-33-000-2015-00014-01(22648)].
MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En estas providencias, reiteradas con posterioridad por la
misma Sección, se indicó que “… ‘la concreción de los puntos litigiosos que se hace en la audiencia
inicial, no impide que el juez, en cumplimiento de sus deberes como director del proceso, al proferir
la sentencia, se pronuncie sobre todos aquellos aspectos que resulten relevantes, siempre
que se hayan formulado en las pretensiones’ o se deriven del texto de la demanda, conforme
con la interpretación que de esta, debe hacer el juez de conocimiento”.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 28 de junio de 2023 [Exp. 25000-
23-36-000-2012-00740-03 (58022)]. MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En esta sentencia se
indicó que: “la fijación del litigio, en los términos del artículo 180 del CPACA y, del alcance que le ha
dado la jurisprudencia de esta Corporación, tiene por objeto identificar los hechos en que se funda
el disenso de las partes, porque sobre estos gravitará el debate probatorio y la resolución de la
controversia; es decir, que su función no se agota en un cometido meramente metodológico, ni
fáctico, sino que se ocupa de la determinación provisoria de lo que es objeto de debate. Con todo,
el marco de juzgamiento, en sentido amplio, se define por los hechos y pretensiones de la
demanda y, en segunda instancia, además, por el núcleo de la apelación”.
47 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Auto de 28 de noviembre de 2016 [Exp,
25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)]. MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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6.2. El cuestionamiento del IDU frente a la decisión del amigable
componedor
El argumento de la demanda y en el que se insiste en el recurso de apelación,
encuentra justificación en el contenido de la cláusula 37.1.1. del contrato de
concesión, de acuerdo con la cual, el amigable componedor no tenía competencia
para modificar las cláusulas de ese contrato, aunque sí para interpretarlas de ser
necesario, con base en las reglas establecidas para el efecto en la normativa
vigente48.
Con base en esa premisa, el cargo de la demanda expresó que el mandato
conferido al amigable componedor no lo hacía “competente” para:
“1. Modificar o considerar inaplicables las cláusulas del Contrato, sus Apéndices,
Otrosí y actas modificatorias.
2. Decidir sobre la pertinencia y la ilegalidad de las cláusulas del contrato, sus
Apéndices, Otrosí y actas modificatorias.
3. Considerar como modificaciones del contrato, sus Apéndices, Otrosí y actas
modificatorias, puntos de vista emitidos por funcionario alguno del IDU en relación
con mejoramientos a futuro de la estructuración técnica del contrato.
4. En general, pronunciarse sobre todo aquello distinto a precisar la forma en que
deben cumplir las partes las obligaciones contraídas en el contrato, sus Apéndices,
Otrosí y actas modificatorias”.
Asimismo, en su recurso la parte actora reiteró que el “asunto puesto en
conocimiento del amigable componedor, el cual excede sus competencias y,
obviamente, se extralimitaría en sus funciones, en cuanto corresponde la materia
misma de la solicitud”, resaltando en similar sentido que “las pretensiones de la
amigable composición, reconocimientos económicos basados en pretensiones de
48 “CLÁUSULA 37. AMIGABLE COMPOSICIÓN
Sin perjuicio de lo previsto en la CLÁUSULA 29; CLÁUSULA 30; CLÁUSULA 32; CLÁUSULA 33;
CLÁUSULA 34 y CLÁUSULA 36 de este Contrato, cualquier diferencia relacionada con la ejecución
de este Contrato, salvo aquellas que surjan con ocasión de la expedición de actos administrativos
que pongan fin a una actuación administrativa, será resuelta a través del mecanismo de la amigable
composición, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto
1818 de 1998, o las normas que los reemplacen, modifiquen o adicionen, por el Amigable
Componedor.
37.1.1. Elección y Facultades del Amigable Componedor y (sic)
(…)
El Amigable Componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del Contrato, aunque
sí para interpretarlas de ser necesario, caso en el cual se aplicarán las reglas de interpretación de
los contratos vigentes.
(…)
37.1.2.4. Fuerza vinculante
Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable
Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el
Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán
fuerza vinculante para las partes y tendrán efectos de cosa juzgada, de acuerdo con la ley, salvo en
la imposición de multas, caso en el cual el I D se reserva el derecho a imponer las multas cualquiera
que sea la decisión que adopte el Amigable Componedor.
(…)”
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índole DECLARATIVA y CONDENATORIA, (…) escapan de la órbita del amigable
componedor”.
6.3. Hechos probados
En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en
esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados al
proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 24649 del C.G.P.
6.3.1 Se probó que el 19 de diciembre de 2003 la parte actora, como contratante, y
la sociedad Transmilenio del Sur S.A., como contratista, suscribieron el Contrato de
Concesión No. 24250, el cual tuvo por objeto “el otorgamiento al Concesionario de
una concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral
4, de la Ley 79 de 1993, realice por su cuenta y riesgo, las obras necesarias para
(a) la adecuación de la Troncal NQS sector Sur, en el Tramo comprendido entre la
Avenida Ciudad de Villavicencio y el límite con el Municipio de Soacha
(Cundinamarca) al Sistema Transmilenio (…), y (b) construcción y adecuación de la
Estación Cabecera y del Patio al Sistema Transmilenio (…)”.
En la cláusula 37 del contrato, las partes pactaron como mecanismo de solución de
conflictos la figura de la amigable composición, en los siguientes términos:
“CLÁUSULA 37. AMIGABLE COMPOSICIÓN
Sin perjuicio de lo previsto en la CLÁUSULA 29; CLÁUSULA 30; CLÁUSULA 32;
CLÁUSULA 33; CLÁUSULA 34 y CLÁUSULA 36 de este Contrato, cualquier
diferencia relacionada con la ejecución de este Contrato, salvo aquellas que surjan
con ocasión de la expedición de actos administrativos que pongan fin a una actuación
administrativa, será resuelta a través del mecanismo de la amigable composición, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818
de 1998, o las normas que los reemplacen, modifiquen o adicionen, por el Amigable
Componedor.
37.1.1. Elección y Facultades del Amigable Componedor y (sic)
El Amigable Componedor será designado de un listado que deberá contener un orden
de prelación de tres (3) universidades del país (…)
El Amigable Componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del
Contrato, aunque sí para interpretarlas de ser necesario, caso en el cual se aplicarán
las reglas de interpretación de los contratos vigentes.
El listado de universidades será acordado por las partes dentro de los veinte (20) Días
siguientes a la Fecha de Inicio de Ejecución. (…)
49 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
50 Fls. 1 a 96, cuaderno 6.
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37.1.2. Procedimiento para la Amigable Composición
La Amigable Composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor, en
Bogotá, si la tuviere o en la ciudad de su domicilio principal si no tuviere oficinas en
Bogotá. Cada parte podrá acudir a este mecanismo, mediante aviso previo a la otra
parte y, notificación a la Universidad que se encuentre en primer orden de prelación,
señalándole un término de cinco (5) Días Hábiles para la aceptación de la
designación.
El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas:
37.1.2.1. Presentación de Alegatos
La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos
que los sustenten en el término de diez (10) Días Hábiles, contados desde la fecha
en que el Amigable Componedor acepte su designación y se haya llegado a un
acuerdo sobre sus honorarios y este hecho sea notificado a su contraparte.
Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de (10) Días
Hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestarlos.
37.1.2.2. Estudio de los Alegatos
El Amigable Componedor, a su vez, tendrá un plazo máximo de veinte (20) Días
Hábiles para resolver la disputa por escrito, los cuales se contarán a partir del Día
siguiente a la presentación de los alegatos y documentos previstos en el numeral
anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre
que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.
37.1.2.3. Contenido de los Alegatos
Los alegatos deberán contener como mínimo lo siguiente:
a) Una explicación de los fundamentos financieros, técnicos de ingeniería y/o
jurídicos, y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte.
b) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para
resolver sus diferencias.
37.1.2.4. Fuerza vinculante
Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el
Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones
adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la
amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes y tendrán efectos de
cosa juzgada, de acuerdo con la ley, salvo en la imposición de multas, caso en el cual
el IDU se reserva el derecho a imponer las multas cualquiera que sea la decisión que
adopte el Amigable Componedor.
(…)”.
De igual modo, en la cláusula 36 del contrato se acordó lo atinente a su liquidación,
a propósito de lo cual se dispuso:
“CLÁUSULA 36. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
El Contrato se liquidará en un término máximo de cuatro (4) Meses contados a partir
de la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato, en los términos de los artículos 60
y 61 de la Ley 80 de 1993.
(…)
36.5 PAGOS EN CASO DE CONFLICTO SOMETIDO AL AMIGABLE
COMPONEDOR
En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Concesionario en relación con
los montos de la liquidación del Contrato y dicho conflicto se someta a decisión del
Amigable Componedor, el IDU reconocerá y pagará, en los términos de la presente
cláusula, los montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisión
del Amigable Componedor, los pagos y/o descuentos producto de dicha decisión
serán cancelados y/o descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones
establecidos en esta cláusula.”
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6.3.2. Está acreditado que el IDU y TRANSMILENIO suscribieron adiciones al valor
inicial y prorrogaron en 7 meses el plazo inicialmente convenido en 78 meses, para
un total de 85 meses, contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el 14
de febrero de 2004, tal como consta en los otrosíes y acuerdos modificatorios
firmados por las partes, cuya copia reposa en el plenario51.
6.3.3. Quedó demostrado que la ejecución del contrato finalizó el 15 de agosto de
2011, según da cuenta la información consignada en el acta de liquidación suscrita
por las partes52.
6.3.4. Se estableció en el proceso que, en desarrollo de lo estipulado en la cláusula
37 del contrato de concesión, las partes designaron como amigable componedor,
en primer orden de prelación, a la Pontificia Universidad Javeriana, como se
desprende, entre otros, (i) de la comunicación IDU-047373 STEO-3300, del 9 de
marzo de 2004, enviada por el IDU a TRANSMILENIO, en la que manifestó estar de
acuerdo con las 2 primeras universidades incluidas en el listado de amigables
componedores puesto a consideración por el concesionario -Pontificia Universidad
Javeriana y Universidad Santo Tomás- y señaló, respecto de la tercera de la lista -
Universidad de Antioquia- que “no podría estar en dicha lista, por cuanto no cuenta
con la facultad de Ingeniería Civil. Sobre este último particular, y de acuerdo a lo
conversado con usted, sugerimos que se incluya en su reemplazo a la Universidad
EAFIT”; y (ii) del oficio CON3-GNC3-055-2013 del 9 de abril de 2013, dirigido por
TRANSMILENIO a LA UNIVERSIDAD, mediante el cual le informó sobre su
designación, en primer orden de elegibilidad, para actuar como amigable
componedor en orden a “definir las RECLAMACIONES relacionadas con los
mayores costos incurridos por el Concesionario (…)”, le solicitó intervenir en dicha
calidad y le indicó que debía manifestar su aceptación dentro de los 5 días hábiles
siguientes53.
6.3.5. Se acreditó que, en el mes de abril de 2013, TRANSMILENIO convocó la
amigable composición acordada en la cláusula No. 37 del contrato de concesión-
De lo anterior dan cuenta, entre otros documentos: (i) copia de la comunicación
CONC-GNC3-054-2013, de fecha 8 de abril de 2013, enviada por TRANSMILENIO
al IDU, en la que manifestó su desacuerdo frente a la posición del IDU en el sentido
de rechazar la reclamación elevada por el concesionario y su decisión de acudir al
mecanismo de solución de conflictos estipulado en la cláusula 37 del contrato; (ii)
copia del oficio CON3-GNC3-055-2013 del 9 de abril de 2013, dirigido por
51 Samai, índice 17 (expediente digital).
52 Samai, índice 17 (expediente digital).
53 Samai, índice 17 (expediente digital).
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Referencia: Controversias contractuales
TRANSMILENIO a LA UNIVERSIDAD, informando la designación, en primer orden
de elegibilidad, para actuar como amigable componedor y solicitando su
intervención en dicha calidad; y (iii) copia de la “decisión sobre la disputa en relación
a la mayor permanencia en obra”, de fecha 17 de marzo de 201454.
6.3.6. Consta en el proceso que el IDU y TRANSMILENIO liquidaron bilateralmente
el contrato de concesión, mediante acta suscrita el 18 de junio de 2013, cuya copia55
reposa en el expediente, en la que TRANSMILENIO manifestó salvedades,
indicando que la suscripción del acta no implicaba la renuncia a las reclamaciones
realizadas por el concesionario respecto de cuatro asuntos, entre los que incluyó la
reclamación atinente a la mayor permanencia en obra.
Es así como, en efecto, en el “Acta No. 40 de liquidación del contrato”56,
puntualmente en el acápite “GLOSAS QUE SE INCLUYEN DENTRO DE LA
PRESENTA (sic) ACTA DE LIQUIDACIÓN”, se lee:
“CONCESIONARIO TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S.
Haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que
autoriza al contratista a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo,
TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. hace constar que la firma de la presente acta de
liquidación bilateral se suscribe sin que ello implique una renuncia a las reclamaciones
que en su calidad de CONCESIONARIO ha realizado al IDU en su calidad de
CONCEDENTE con respecto a los temas que a continuación se detallan y que han
quedo sustentados en sus comunicaciones: CON3-GNC3-0208-2009. CON3 GNC3-
0069-2011 y CON3-GNC3-0021-2012. Los aspectos frente a los cuales se efectúa la
presente salvedad son los siguientes:
RECLAMACION SOBRE LA VALORACIÓN ECONOMICA POR VALOR DE
($57.133,581.252). A PRECIOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011. Y COMO TAL
SUCEPTIBLE DE ACTUALIZACIÓN DISCRIMINADOS ASÍ:
• RECLAMO 1 Mayor permanencia en obra ($53.218.623.292).
• RECLAMO 2: Obra ejecutada no pagada.
• RECLAMO 3: Cambio de condiciones de ejecución ($2.083.428.662)
• RECLAMO 4: Costos financieros por demoras en el pago ($609.308.342)
CONSIDERACIONES DEL IDU. Frente a lo manifestado por el Concesionario, el IDU
aclara que adelantó el análisis técnico y legal correspondiente a la reclamación
económica presentada por el concesionario, teniendo en cuenta todos y cada uno de
los aspectos presentados para las pretensiones 1, 2, 3 y 4. Una vez efectuado el
análisis técnico se procedió con el análisis legal en cuyo caso la Dirección Técnica de
Gestión Contractual se pronunció mediante Memorando DTGC-20124350025683 de
abril 3 de 2012 y se procedió a enviar dicho concepto al concesionario mediante Oficio
STEST-20123460213281 de mayo 3 de 2012, donde se le informa al concesionario
que su solicitud de reconocimiento no procede”.
6.3.7. Quedó establecido que el 3 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia
de instalación de la amigable composición, en la sede de la Pontificia Universidad
Javeriana, tal como se desprende del acta de instalación que reposa en copia
54 Samai, índice 17 (expediente digital).
55 Samai, índice 17 (expediente digital).
56 Folios 242 a 254, cuaderno 3
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obrante en el plenario57, en la que por parte del IDU se expresó su desacuerdo
frente a la competencia del amigable componedor debido a la circunstancia de
haber finalizado el contrato. En efecto, en el acta referida textualmente se lee:
“ En la ciudad de Bogotá a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil trece
(2013), se dio inicio a la Sesión de Instalación de la Amigable Composición sobre el
asunto de la Referencia en la Sala del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Pontificia Universidad Javeriana, siendo las tres de la tarde.
Dio inicio a la sesión el Coordinador de la Amigable Composición (Hernando Gutiérrez
Prieto) quien solicitó a los asistentes presentarse.
(…)
Acto seguido, el Coordinador se refirió a los alcances de esta sesión precisando que
a partir de su celebración comienzan a contar los términos establecidos por las partes
en la cláusula 37 del Contrato de referencia. Pone ce presente a las partes la
regulación legal de la Amigable Composición (en especial lo dispuesto por la Ley 1563
de 2012 en sus artículos 59, 60 y 61) (…)
(…)
Por su parte el Dr. Mendoza representante del IDU, pone de presente que para su
entidad existen objeciones de fondo para que la amigable composición se lleve a
cabo. Considera que al haber terminado el contrato y de acuerdo con la decisión
previa tomada por el Comité de Conciliación de la entidad, al haber terminado el
contrato no puede modificarse su contenido y cualquier diferencia que quiera
suscitarse será competencia exclusiva del Juez Administrativo.
En ese momento de la sesión se da la palabra nuevamente al Dr. Blanco quien afirma
no compartir la posición jurídica del IDU
De esta manera expresa el Coordinador que existe una clara diferencia de apreciación
de las partes sobre la competencia que tendrían los Amigables Componedores para
Pronunciarse de fondo sobre el asunto. Nuevamente se insiste en el carácter de la
sesión de instalación que no incluye el realizar pronunciamiento alguno que vincule a
las partes o a los Amigables Componedores y que en consecuencia no teniendo las
partes adiciones que realizar se procede a redactar el acta de la sesión. De acuerdo
con lo previsto en la cláusula 37 la entidad convocante tendrá diez días hábiles para
presentar su alegato y pruebas. Este término vence el día diecisiete de diciembre de
dos mil trece (2013) a las cinco de la tarde. Los alegatos deberán radicarse en la
Oficina Jurídica de la Universidad (…)”
6.3.8. Está probado que el 17 de diciembre de 2013 Transmilenio presentó los
“alegatos” ante el amigable componedor58, que de conformidad con la cláusula
37.1.2.3. debían contener “Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable
Componedor para resolver las diferencias”, en cuyo efecto solicitó a LA
UNIVERSIDAD lo siguiente (se transcribe de forma literal, con errores inclusive):
“1.1. Que se reconozca que son ineficaces de pleno derecho (ineficacia que no
requiere decisión judicial) las estipulaciones contenidas en el contrato inicial, en el
acta ‘Acta No. 1 de Acuerdo de Obra Proyecto NQS Sur Tramo 3’ y en general en
cualquier otro documento contractual, incluyendo los pliegos de condiciones,
tendientes a impedir que TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. reclame en busca del
reconocimiento económico derivado del incumplimiento de las obligaciones del IDU
y/o derivado de razones ajenas al concesionario que le hubieren generado perjuicios
económicos y mayores costos u ocasionado la ruptura del equilibrio económico del
57 Samai, índice 17 (expediente digital).
58 De conformidad con lo señalado en los acápites denominados “PRESENTACIÓN” y “HECHOS”
de la decisión del amigable componedor fechada el 17 de marzo de 2014, visible en: Samai, índice
17 (expediente digital).
27
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
contrato. Nos referimos específicamente a las siguientes estipulaciones
contractuales:
1.1.1. El inciso primero de la cláusula 14 del contrato principal según el cual ‘la
aplicación del contenido de la presente cláusula, remunera enteramente las
obligaciones prestadas por el Concesionario y por lo tanto, las partes
aceptan que no harán reconocimientos ni reclamaciones de alguna
naturaleza si, aún aplicando la fórmula de pago contenida en esta cláusula
durante la ejecución del contrato, cualquier proyección de las partes,
conocida o no por su contraparte, sobre las cantidades de obra necesarias
para cumplir con los resultados previstos en el contrato en cuanto a las Obras
de Construcción, Obras para Redes, las obras para Demoliciones y Obras y
Labores de Mantenimiento, los precios del mercado para acometer las Obras
de Construcción, las Obras para Demoliciones, las Obras para Redes y las
Obras de Adecuación de Desvíos, el valor de las Labores Ambientales y de
Gestión Social, de los Componentes de Manejo de Tráfico, Señalización y
Desvíos, la variación de precios, costos y gastos administrativos, los costos
financieros, régimen tributario, regulatorio, el estado físico de las vías, las
características de los vehículos, las condiciones del suelo, las condiciones
pluviométricas, las utilidades a obtener, las proyecciones macroeconómicas,
o cualquier otro aspecto que directa o indirectamente afecte los resultados
económicos del IDU, de TRANSMILENIO o del concesionario, no se
cumplen, total o parcialmente’.
1.1.2. El inciso segundo de la cláusula 17 del contrato principal según el cual ‘en
ningún caso el aplazamiento de obras por esta causa dará lugar al pago de
sumas adicionales a las contenidas en la cláusula 14 por parte de
TRANSMILENIO al Concesionario’.
1.1.3. Sobre la constancia dejada en el ‘ACTA No. 1 DE ACUERDO DE OBRA
PROYECTO NQS SUR TRAMO 3’ del el 11 de enero de 2006, según la cual
‘las partes dejan expresa constancia que los cambios aquí descritos no
causan traumas al normal desarrollo de la obra ni pone en riesgo la ejecución
del contrato, ni la obtención de sus resultados conforme a los términos del
mismo. Igualmente se deja expresa constancia que no se afecta y se
garantiza la entrada en operación del sistema Transmilenio al 15 de marzo
de 2006 entre el K0+000 al K1+400 de acuerdo con el cronograma de
operación del sistema Transmilenio. Se deja expresa constancia que la
ejecución de las obras a que se refiere la presente acta no representan
costos adicionales para la Entidad, ni reclamación de ningún tipo para la
entidad por el desplazamiento de los plazos aquí establecidos’.
1.2. Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) es responsable
patrimonialmente (artículo 50 de la ley 80 de 1993) por haber incumplido las
obligaciones surgidas como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato
242 de 2003 celebrado con la sociedad TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S., por las
siguientes razones:
1.2.1. Por las demoras en la entrega al concesionario de los predios necesarios
para la construcción tanto de las obras principales como de las redes.
1.2.2. Por la no remoción oportuna de las limitaciones de los predios entregados
para ser intervenidas por el concesionario.
1.2.3. Por las demoras en la obtención del permiso de intervención forestal
expedido por el DAMA.
1.2.4. Por no haber obtenido oportunamente las autorizaciones para disponer del
corredor férreo.
1.2.5. Por haber introducido modificaciones extemporáneas al contrato para
realizar las siguientes actividades, con lo cual se violó el deber de
planeación:
1.1.5.1. La construcción de redes de alcantarillado en el costado sur de la
Autopista Sur.
1.1.5.2. La relocalización de redes de servicio por parte de Gas Natural S.A.
ESP.
1.1.5.3. Relocalización de redes de servicio por parte de Codensa S.A. ESP.
1.1.5.4. La modificaciones en el plan de manejo de tráfico – Carrera 74.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
1.3. Que se declare que el incumplimiento del CONCEDENTE provocó que la
duración de la ejecución de la etapa de construcción del contrato de concesión se
prolongara por más tiempo del inicialmente previsto, dando lugar a una mayor
permanencia que generó perjuicios al CONCESIONARIO reflejados en los mayores
costos que no pudieron ser recuperados con la remuneración recibida por la
ejecución de las obras a su cargo.
1.4. En caso de que el amigable componedor llegare a considerar que las
circunstancias que dieron lugar a las ampliaciones de plazo, no son imputables al
CONCEDENTE, le solicitamos que declare que durante la ejecución del contrato
242 de 2003 sobrevinieron circunstancias extraordinarias, imprevistas e
imprevisibles y no imputables a TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S., que generaron
mayores costos durante la ejecución del contrato en su Etapa de Construcción como
consecuencia de la mayor permanencia en que incurrió el concesionario, lo que da
lugar a la aplicación de la cláusula 40 del contrato de concesión.
1.5. Que en cualquiera de los dos casos anteriores se declare que, como
consecuencia de la negativa del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a atender
los reclamos del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE incumplió las obligaciones
legales de i) adoptar las medidas tendientes a mantener durante el desarrollo y
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes
al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación (numeral
8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993), i) de actuar de tal modo que por causas a ellas
imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, iii) de corregir en el menor tiempo posible los
desajustes que pudieren presentarse y iv) pese ha haberse acordado los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse, el Idu
no les dio aplicación. (numeral 9 del artículo 4 de la ley 80 de 1993).
1.6. Que como consecuencia de cualquiera de las anteriores declaraciones, ya sea
porque se declare el incumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE, ya sea
porque se declare la ocurrencia de circunstancias imprevistas e imprevisibles no
imputables al CONCESIONARIO, se disponga lo siguiente:
1.6.1. Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO tiene el deber jurídico de
pagar a TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. una compensación económica
por la totalidad de los mayores costos en que incurrió como consecuencia
de la prolongación del plazo de la etapa de construcción del contrato 242 de
2003.
1.6.2. Que para efectos de garantizar el derecho a la reparación integral, se
reconozca que la renuncia contenida en el Acta No. 1 ‘de acuerdo de obra
proyecto NQS SUR TRAMO 3’ de acuerdo con la cual se dejó constancia de
que ‘la ejecución de las obras a que se refiere la presente acta no
representan costos adicionales para le Entidad, ni reclamaciones de ningún
tipo para la entidad por el desplazamiento de los plazos aquí establecidos’,
es ineficaz por las razones que se expondrán más adelante.
1.6.3. Que en consecuencia, solicitamos que el amigable componedor decida, con
carácter vinculante para las partes, que el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, en su calidad de CONCEDENTE, tiene la obligación de pagar a
favor de TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S., en su calidad de
CONCESIONARIO, las siguientes sumas de dinero, o las que se demuestren
en el transcurso del presente trámite (ya sea por encima o por debajo de lo
solicitado):
Mayores Costos Fijos de Administración $ 9.931.603.134
Mayores Costos Fijos de Mano de Obra $523 ́230.540
Mayores Costos Fijos de Equipo y Maquinaria $4.267 ́483.488
Mayor Remuneración Ambiental $753 ́206.167
Mayor Remuneración de Tráfico $905 ́413.942
Valor Total $16.380.937.271
Valor básico a diciembre de 2002. Se actualiza al mes de octubre de 2013
con el IPC del mes anterior, septiembre de 2013:
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
Valor básico $16.380.937.271
IPC noviembre de 2002 71,20
IPC septiembre de 2013 114,23
Valor actualizado a octubre de 2013:
$16.380 ́937.271 * 114,23 / 71,20 $26.280.821.131
1.6.4. En subsidio de la solicitud contenida en el numeral 3.2. y en caso de que el
amigable componedor considerare que la renuncia contenida en la
mencionada Acta No.1 tiene validez y/o eficacia jurídica, le solicito declarar
que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en su calidad de
CONCEDENTE, tiene la obligación de pagar a favor de TRANSMILENIO
DEL SUR S.A.S., en su calidad de CONCESIONARIO, las siguientes sumas
de dinero, o las que se demuestren en el transcurso del presente trámite, de
las cuales se descontó el período amparado por la mencionada acta No. 1.
Mayores Costos Fijos de Administración $7.897.906.830
Mayores Costos Fijos de Mano de Obra $549 ́392.076
Mayores Costos Fijos de Equipo y Maquinaria $3.200 ́612.616
Mayor Remuneración Ambiental $301 ́282.467
Mayor Remuneración de Tráfico $362 ́167.577
Valor Total $12.154.392.395
Valor básico a diciembre de 2002. Se actualiza al mes de octubre de 2013
con el IPC del mes anterior, septiembre de 2013:
Valor básico $12.154.392.395
IPC noviembre de 2002 71,20
IPC septiembre de 2013 114,23
Valor actualizado a octubre de 2013: $12.154.392.395 * 114,23 / 71,20
$19.499.947.237
1.6.5. En cualquier caso, como las anteriores sumas de dinero se encuentran
calculadas a precios del mes de octubre de 2013, le solicitamos al
AMIGABLE COMPONEDOR disponer la actualización a la fecha en que se
profiera la decisión final” 59.
6.3.9. Se probó que el 17 de marzo de 2014 LA UNIVERSIDAD, en su condición de
amigable componedor, dirimió la controversia mediante decisión60 en la que se
indicó que “(…) el Amigable Componedor (…) es competente para entrar a analizar
y decidir la controversia surgida entre TRANSMILENIO DEL SUR S A S y el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU en relación con los mayores costos
alegados por el contratista por una mayor permanencia en obra derivada de la
ejecución del Contrato 242 de 2003”.
A su turno, en el mismo acuerdo compositivo, se resolvió lo siguiente:
59 Las peticiones que en su momento Transmilenio le solicitó resolver a la Universidad fueron
transcritas en el hecho cuarto del texto de la demanda, frente a lo cual, Transmilenio en la
contestación de la demanda señaló que “En cuanto al contenido de las peticiones formuladas, el
contenido de la transcripción es cierto”.
60 Samai, índice 17 (expediente digital).
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
“PRIMERO – Declárese la competencia del Amigable Componedor para dirimir la
controversia sobre la mayor permanencia en obra del Contrato 242 de 2003 entre
TRANSMILENIO DEL SUR S A S y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
SEGUNDO – Entiéndase ineficaz de pleno derecho y por lo tanto sin efectos
jurídicos, el inciso primero de la cláusula 14 del contrato principal, y el segmento
donde se establece que 'se deja expresa constancia que la ejecución de las obras
a que se refiere la presente acta no representan costos adicionales para la Entidad,
ni reclamación de ningún tipo para la entidad por el desplazamiento de los plazos
aquí establecidos’ del Acta No 1 de acuerdo de obra proyecto NQS sur tramo 3, del
13 de enero de 2006.
TERCERO - Reconózcase al concesionario Transmilenio del Sur, el plazo de 9
(nueve) meses comprendido entre el 16 de agosto de 2005 y el 15 de marzo de 2006
como tiempo de mayor permanencia de obra durante la ejecución del Contrato de
Concesión No 242 de 2003 para la Construcción de la Troncal Transmilenio NQS
Sector Sur.
CUARTO - Reconózcase la suma de COP $35 299 208 336,69 (treinta y cinco mil
doscientos noventa y nueve millones doscientos ocho mil trescientos treinta y seis
pesos con sesenta y nueve centavos m/cte), 1º de marzo del 2014, al concesionario
Transmilenio del Sur, por concepto de sobrecostos de mayor permanencia en obra
durante la ejecución del Contrato de Concesión No 242 de 2003 para la
Construcción de la Troncal Transmilenio NQS Sector Sur”61.
6.3.10. Consta que, con fecha 2 de septiembre de 2014, el IDU envió a
TRANSMILENIO el oficio STEST 201434610047801, indicando los documentos que
debían radicarse en la entidad, previa revisión por parte de la oficina de tesorería y
recaudo, a efectos de realizar el pago del monto reconocido a favor del
concesionario en la decisión emitida por el amigable componedor. De lo anterior da
cuenta copia de la comunicación mencionada62.
6.3.11. Quedó establecido que, con oficio CON3GNC3-0106-2014 del 9 de
septiembre de 2014, TRANSMILENIO radicó en el IDU los documentos requeridos
para el pago del reconocimiento económico dispuesto en la decisión del amigable
componedor, según consta en copia de la comunicación63 referida.
6.3.12. Se probó que el 7 de octubre de 2014 se efectuó a favor de TRANSMILENIO
el pago de $35.299.208.337, por concepto del valor reconocido en la decisión del
amigable componedor, según da cuenta la orden de pago 201410 3643 suscrita por
el ordenador del pago, con constancia de recibido por parte de TRANSMILENIO64.
61 Folios 242 a 263, cuaderno 6.
62 Samai, índice 17 (expediente digital).
63 Samai, índice 17 (expediente digital).
64 Samai, índice 17 (expediente digital).
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
6.4. La solución al caso concreto
Lo expuesto anteriormente permite advertir que el fundamento de la pretensión
primera declarativa subsidiaria de la demanda, que a su vez coincide con el
reproche del recurso de apelación, se circunscribe al objeto o materia de la
controversia que TRANSMILENIO puso en conocimiento de LA UNIVERSIDAD y
que fue resuelta por esta en la decisión que adoptó, cuestionamiento que la parte
actora explica, en concreto, en función de una extralimitación de las “competencias”
de la cláusula del contrato de concesión que disciplinó la amigable composición, y
del contenido declarativo y condenatorio de las peticiones que TRANSMILENIO
formuló en el “alegato” que presentó y que, en opinión del IDU, le habría
correspondido conocer y resolver únicamente al juez del contrato.
Desde una primera óptica, la Sala observa que el cuestionamiento que hizo la parte
actora a la decisión emitida por LA UNIVERSIDAD no entraña un vicio propio de la
nulidad absoluta, sino que corresponde a la caracterización de una figura distinta
del ordenamiento jurídico, cual es la inoponibilidad del acto emitido por el amigable
componedor frente a las partes del contrato de concesión.
En efecto, el presupuesto de dicho cuestionamiento lo fundamentó la parte actora
en un exceso de “competencias” de parte de LA UNIVERSIDAD, asunto que, en
estricto sentido y bajo esta primera óptica, plantea un problema en torno a la
extralimitación de las facultades que las partes del contrato de concesión
convinieron en el encargo que hicieron al amigable componedor.
En este punto, es preciso resaltar, tal como atrás se anotó, que la amigable
composición es una figura de orden sustancial, con naturaleza eminentemente
contractual, que se desarrolla o implementa a través de diferentes contratos,
incluido dentro de estos un mandato65 con representación entre las partes y el
amigable componedor. En este sentido, el Consejo de Estado de vieja data ha
señalado que se identificaron los siguientes tipos de contratos, inmersos en la
amigable composición, a saber:
“(…) es una institución sustantiva o de carácter contractual” y, en tal virtud, se la trata
como “un contrato complejo, mixto o unión de contratos”. Así, entonces, se afirma que
la amigable composición constituye un complejo jurídico que contiene tres contratos
diferentes, a saber:
a). El contrato de composición propiamente dicho, en virtud del cual las partes se
obligan a someter sus diferencias a la decisión que adopten sus respectivos
mandatarios, designados por ellas para tal efecto.
65 El artículo 2142 y siguientes del Código Civil regulan el contrato de mandato como aquel en que
una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta
y riesgo de la primera.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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b). El contrato de mandato con representación, el cual es celebrado, ya no entre los
contendores, sino entre cada uno de éstos y su amigable componedor o entre ellos y
el componedor único; se trata, como es lógico, de un mandato con
representación, en virtud del cual el apoderado se obliga a celebrar, por cuenta
y a nombre de su mandante, un acto jurídico que consistirá en el acuerdo que
ponga fin a la controversia.
c). El contrato de transacción o uno innominado, que es el acordado entre los
componedores, en ejercicio del mandato con representación que han recibido, cuyo
contenido consistirá en el conjunto de estipulaciones que ellos convengan para dar
solución final a la controversia.”
(…)
En suma, la amigable composición constituye un mecanismo alternativo de solución
de conflictos dispuesto para dirimir las controversias que se susciten en virtud de un
negocio jurídico, en cuanto “al estado, las partes y el cumplimiento del mismo”, para
lo cual las partes interesadas delegan en una o en varias personas la facultad de
dirimir la controversia, de orden contractual, con los mismos efectos que se predican
de la transacción, en los términos del artículo 2483 del Código Civil.
Bajo este panorama, la institución en comento, a juicio de la Sala, surte efectos
únicamente entre las partes del conflicto, en los aspectos que hayan sido objeto
del encargo; en este sentido, el encargo surge en virtud de un negocio jurídico
de mandato, el cual conlleva representación, en la medida en que el
componedor o los componedores actúan en nombre y por cuenta de los
comitentes y la decisión sólo obliga a éstos, lo cual supone, desde luego, que los
mandatarios o componedores deben actuar dentro del marco encomendado por los
comitentes, so pena de las consecuencias jurídicas que se desprenden de actuar por
fuera de los límites del mandato, como lo disponen los artículos 841 y 1266 del Código
de Comercio.”66 (negrilla fuera del texto original)
Posición reiterada en reciente sentencia del 23 de septiembre de 2022, a propósito
de lo cual esta Corporación resaltó que la figura de la amigable composición
“constituye: i) un mecanismo de autocomposición, convencional, principal y
autónomo que surte efectos únicamente entre las partes en conflicto en los aspectos
que hayan sido objeto del encargo; ii) el que el cometido o gestión de los
componedores surge en virtud de un negocio jurídico de mandato que, a más de no
revestir ninguna solemnidad y dada la naturaleza de la institución, conlleva
representación, dado que el componedor o los componedores actúan en nombre y
por cuenta de los comitentes, por lo que (iii) la decisión sólo obliga a éstos, lo cual
supone, desde luego, que los componedores deben actuar dentro del marco
encomendado por los comitentes.”67 (subrayado fuera del texto)
Así las cosas, en virtud de la relación jurídica de mandato con representación que
se predica entre componedor(es) y comitente(s), el primero está sometido a los
límites establecidos por los segundos que lo encargan para que, en nombre y por
cuenta de ellos, resuelva las controversias que surjan con ocasión del contrato
suscrito entre dichos comitentes, motivo por el cual, tratándose del componedor, no
es jurídicamente correcto plantear cuestionamientos frente a su decisión fundados
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de abril de 2015, Rad.: 38053, que a su
vez reiteró lo expuesto en auto de 4 de abril de 2013 emanado de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de septiembre de 2022, Rad.56940.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
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en el exceso de “competencias” –que son propias de las autoridades públicas y de
particulares que cumplan funciones públicas– sino en la extralimitación de las
facultades que tengan origen en esa relación jurídica de mandato con
representación.
Precisamente, de acuerdo con las normas aplicables al contrato de mandato68, por
regla general, el mandatario no puede exceder los límites de su encargo y si lo hace,
los actos que así se cumplan no obligan al mandante, salvo que este los ratifique.
Asimismo, la representación69 en el mandato implica que solo los negocios jurídicos
propuestos o concluidos por el mandatario en nombre del mandante, dentro del
límite de sus poderes, producen directamente efectos en relación con éste.
En este orden de ideas, dado que en el presente caso la parte actora fundamenta
su cuestionamiento en el hecho de que la decisión de LA UNIVERSIDAD
desconoció la cláusula 37.1.1. del contrato de concesión que establecía que el
amigable componedor no tenía “competencia” para modificar las cláusulas de ese
negocio jurídico, esta problemática, vistas las consideraciones antecedentes, no era
jurídicamente viable encauzarla a través de la pretensión de la declaración de
nulidad absoluta sino de la declaración de inoponibilidad de la decisión emitida por
el amigable componedor, figura esta última que, al igual que la nulidad, constituyen
formas de atacar la eficacia del acto jurídico70. Sin embargo, en el petitum de la
demanda, la parte actora no atacó la decisión del amigable componedor a través de
una pretensión que persiguiera la declaratoria de inoponibilidad, razón por la cual
ese asunto escapa al análisis de la Sala.
Ahora bien, desde una segunda óptica, el contenido del cuestionamiento se dirige
a atacar la decisión de LA UNIVERSIDAD con fundamento en que esta
supuestamente sustituyó al juez del contrato, dado que, en el trámite convenido en
68 “Código de Comercio. Artículo 1266. Límites del mandato y actuaciones. El mandatario no podrá
exceder los límites de su encargo.
Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante
los ratifique.
El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no
puedan serle comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado la
aprobación”.
“Código Civil. Artículo 2180. Responsabilidad por extralimitación del mandato. El mandatario que ha
excedido los límites de su mandato es solo responsable al mandante, y no es responsable a terceros
sino:
1. Cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes.
2. Cuando se ha obligado personalmente”.
69 “Código de Comercio. Artículo 833. Efectos jurídicos de la representación. Los negocios jurídicos
propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus
poderes, producirán directamente efectos en relación con éste.
La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca
de facultad para representar”.
70 Corte Constitucional. Sentencias T-17 de 2005 [MP. Rodrigo Escobar Gil] y C-330 de 2012 [MP.
Humberto Antonio Sierra Porto].
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
el contrato de concesión para la resolución de la controversia a través de la
amigable composición, TRANSMILENIO planteó peticiones frente a las que sólo
podía pronunciarse dicho juez.
No pasa por alto la Sala el hecho de que, pese a que en la demanda la parte actora
desarrolló su cuestionamiento en un acápite que denominó “DE LA
IMPROCEDENCIA DE CONTINUAR EL TRÁMITE DE LA AMIGABLE
COMPOSICIÓN – OBJETO Y CAUSA ILICITA”, en ningún apartado de dicho
documento explicó cómo lo decidido por LA UNIVERSIDAD, sustituyendo al juez
del contrato, configuró las causales de nulidad por objeto ilícito y causa ilícita. A lo
sumo expresó que el contenido de las peticiones elevadas por TRANSMILENIO
ante LA UNIVERSIDAD ponían a esta la posición del juez del contrato, autoridad
que, a diferencia de aquella, conoce de pedimentos “con el fin que se le aplique el
derecho declarándolo, expresando que existe y las consecuencias de su
existencia”, mientras que los amigables componedores “no están investidos de
jurisdicción y sería contrario a derecho que llegasen a condenar, porque sus
conclusiones estarían encaminadas a tal materia en el presente asunto”.
Se evidencia cómo la parte actora no hizo en la demanda ningún esfuerzo por
explicar cómo la resolución de controversias que tenga origen en peticiones de
contenido declarativo y condenatorio vicia la decisión compositiva de objeto ilícito y
causa ilícita, sencillamente le bastó con considerar que ese contenido es exclusivo
de las controversias que resuelve el juez del contrato.
Para la Sala el hecho de que TRANSMILENIO haya incorporado en sus “alegatos”
peticiones de contenido declarativo y condenatorio frente a la controversia que puso
en conocimiento de LA UNIVERSIDAD y que esta resolvió a través de la decisión
atacada, no configura per se, ningún supuesto que verifique la configuración de las
causales de objeto ilícito71 y causa ilícita72.
71 De conformidad con los artículos 1519 y 1251 del Código Civil, hay objeto ilícito, respectivamente,
“en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la
República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto” y “(…)
en la enajenación: 1. de las cosas que no están en el comercio, 2. de los derechos o privilegios que
no pueden transferirse a otra persona, 3. de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que
el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.
72 De conformidad con el artículo 1524 del Código Civil “(…) Se entiende por causa el motivo que
induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas
costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe,
carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene
una causa ilícita”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
En este punto, es importante tener presente que, de acuerdo con la Ley 80 de
199373, vigente para cuando fue suscrito el contrato de concesión74, las entidades
estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición75, mecanismo
alternativo de solución de conflictos en el que lo que interesa es que el amigable
componedor resuelva la controversia que se le plantea precisando el estado de la
relación entre las partes contractuales que lo delegaron para esos efectos.
Se advierte lo anterior porque, en este caso, precisamente se observa que en la
parte resolutiva de la decisión, LA UNIVERSIDAD finiquitó la controversia que le
había sido planteada, la cual estaba directamente asociada a las diferencias legales
y económicas que las partes habían consignado en la liquidación de común acuerdo
que suscribieron, acotadas en los referidos “alegatos” a un específico reclamo: la
mayor permanencia en obra, asunto cuya resolución no comprometía la
observancia de ninguna norma jurídica de orden público, como lo hubiera podido
73 La ley 80 de 1993, en sus artículos 68 y 69, habilitó expresamente a las entidades estatales para
que resolvieran sus diferencias mediante la conciliación, la amigable composición y la transacción y
proscribió la posibilidad de prohibir “la utilización de los mecanismos de solución directa de las
controversias nacidas de los contratos estatales”.
74 En el marco del contrato de concesión objeto de estudio, la habilitación legal del IDU y Transmilenio
para acudir a la amigable composición debe estudiarse al momento de la suscripción de dicho
contrato, puesto que, tratándose de una institución de derecho sustancial y no procesal, las normas
relativas a dicho mecanismo de solución de conflictos se integraron al referido negocio jurídico, sin
perjuicio de resaltar que, al momento de proferirse la decisión del amigable componedor, se
encontraba en vigencia la Ley 1563 de 2012, en cuyo artículo 59 la amigable composición se definió
como un “mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, dos o más
particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien
desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor,
la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre
disposición”. En sentido similar se puede consultar la sentencia de la Subsección B de la Sección
Tercera de la Corporación, de 11 de octubre de 2021 [Exp. 05001-23-31-000-2006-03454-01
(55104)].
75 En lo que respecta a la postura según la cual la Ley 446 de 1998 habría derogado el artículo 68
de la Ley 80 de 1993, que permitía a las entidades acudir a la amigable composición, esta
Corporación se pronunció en la Sentencia de 15 de abril de 2015, Rad.: 38053, en la que se lee: "Por
virtud del artículo 130 de la Ley 446 de 1998 no se derogó el inciso 2° del artículo 68 de la Ley 80 de
1993, acerca de la competencia de las entidades estales para celebrar el acuerdo de amigable
composición. Para ello, se apoya en el siguiente razonamiento: i) la Ley 80 es una ley especial para
la contratación estatal, ii) la Ley 80 de 1993 no es incompatible con las disposiciones acerca de los
medios de solución de conflictos definidos en la Ley 446 de 1998 y iii) la Ley 446 de 1998 no reguló
integralmente la misma materia del artículo 68 de la Ley 80 de 1993, en la medida en que éste último
artículo se refirió a la competencia de las entidades estatales dentro del contrato estatal, asunto
diferente al que contempló la Ley 446. Todo ello da lugar a la pervivencia del artículo 68 de la Ley
80 por aplicación del artículo 3º de la Ley 153 de 1887; iv) se encuentra un razonamiento adicional
para colegir que la Ley 446 de 1998 no derogó el artículo 68 la Ley 80 de 1993, en la medida en que
su ámbito de aplicación se refirió a los medios para descongestionar la justicia, de manera que sus
disposiciones no tenían por objeto determinar la competencia de las entidades estatales en la égida
contractual. Desde esa perspectiva, la definición incorporada en el artículo 130 de la Ley 446 de
1998, en relación con la amigable composición entre particulares, no puede entenderse como una
norma que eliminó la viabilidad de la amigable composición permitida a las entidades estatales. Bien
se advierte que este criterio se funda en la diferencia material del contenido de una ley frente a otra,
no en la relación entre una disposición particular y otra general, ni en la condición de género a
especie, entre las leyes citadas; v) se agrega que las normas mencionadas no eran opuestas a los
efectos jurídicos citados en el artículo 131 de la Ley 446 de 1998, el cual tuvo aplicación para las
entidades estatales en la medida en que la Ley 80 de 1993 no dispuso otra cosa, y por lo tanto, se
predicó para la composición, el carácter de una transacción, la cual, por otra parte, se encontraba
permitida para las entidades estatales por virtud del artículo 218 del Código Contencioso
Administrativo, contenido en el Decreto 01 de 1984, como una de las formas de terminar el proceso
judicial".
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Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
ser, a mero título de ejemplo, el desconocimiento de actos administrativos
expedidos en ejercicio de potestades excepcionales.
Bajo estas consideraciones, la decisión de LA UNIVERSIDAD no desconoció
ninguna competencia judicial; es más, dado que el amigable componedor tiene
únicamente los derechos que corresponden a los mandatarios, las propias partes
del contrato de concesión habrían podido perfectamente adoptar, ellas mismas y de
común acuerdo, las determinaciones a las que arribó LA UNIVERSIDAD frente a
uno de los asuntos en los que no hubo acuerdo entre aquellas cuando liquidaron
dicho contrato y que motivaron la salvedad correspondiente, sin que por ello
hubieran sustituido al juez del contrato.
No se olvide que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones de
la Ley 1150 de 2007, establecía que en el acta de liquidación “las partes acordarán
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”, de manera que en ésta
“constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (...)”,
contexto en el que la decisión de LA UNIVERSIDAD, enmarcada en la facultad que
las partes del contrato de concesión le confirieron al amigable componedor para
“dirimir cualquier conflicto derivado de aspectos financieros, técnicos y legales, o
discrepancias que surjan con ocasión de la ejecución, interpretación y/o liquidación”,
vino precisamente a resolver las divergencias que aquellas habían expresado en el
acta de liquidación bilateral en relación con la mayor permanencia en obra del
concesionario.
Cabe indicar que la existencia de una liquidación con salvedades no implica que la
única posibilidad de resolver las discrepancias de las partes del contrato frente a
estas sea la vía judicial, contexto en el que precisamente los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, incluidos los de corte sustancial como la
amigable composición, conservan su plena aplicación para resolverlas. La única
limitante sería que haya transcurrido el término de caducidad del medio de control
de controversias contractuales, porque en tal caso si las partes ya no pueden llegar
a acuerdos comunes para liquidar el contrato, mucho menos puede hacerlo el
amigable componedor, que actúa por mandato de aquellas.
Ahora bien, la circunstancia de que en el trámite convenido para el desarrollo de la
amigable composición, TRANSMILENIO incluyera unas peticiones de contenido
declarativo, condenatorio y de responsabilidad, no puede hacer perder el foco sobre
lo que se ataca en la pretensión primera subsidiaria de la demanda, es decir, la
decisión de LA UNIVERSIDAD en sí misma considerada, en la que, si bien se hace
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
mención a dichas peticiones, la forma en que las mismas fueron resueltas no implicó
el ejercicio de funciones judiciales, sino reconocimientos económicos propios del
contenido de la liquidación del contrato y que no escapaban a los límites convenidos
por las partes contratantes frente al encargo del amigable componedor.
Así las cosas, la Sala concluye que el amigable componedor actuó como delegatario
de las partes, en el marco de las facultades que las partes, habilitadas plenamente
para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron en la
cláusula 37 del contrato de concesión, emitiendo una decisión vinculante y con
efectos de transacción, tal como lo expuesto esta Subsección76, en criterio que aquí
reitera:
“Sobre las decisiones proferidas por el amigable componedor, se debe decir que la
Ley 1563 de 2012, por medio de la que se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones, en su artículo 59, definió la amigable
composición como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del
que las partes delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad
de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre
disposición.
Esta Sección ha señalado que esta figura está directamente relacionada con el
derecho de los contratos77, toda vez que, mediante el convenio de composición, que
es proferido por el amigable componedor, se dirime el conflicto con una solución que
se integra al negoció jurídico y, en consecuencia, obliga a las partes.
Respecto a sus efectos, la jurisprudencia de esta corporación78 ha establecido que la
decisión del amigable componedor es plenamente vinculante para las partes, de
acuerdo con las siguientes consideraciones: i) el artículo 60 de la ley 1563 de 2012
prevé que la decisión del amigable componedor produce los efectos propios de la
transacción; ii) la transacción, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1625 y
2483 del Código Civil, es uno de los modos de extinguir las obligaciones y produce
los efectos de cosa juzgada, aun cuando la decisión no haya sido proferida por
autoridad judicial; iii) el artículo 297.2 del CPACA, enlista, como título ejecutivo, las
decisiones en firme proferidas en uso de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, en las que las entidades públicas se obligan, de manera clara, expresa y
exigible, al pago de sumas de dinero; iv) en atención a la naturaleza del mecanismo,
puesto que los compromisos son asumidos de forma voluntaria por las partes, quienes
son los que facultan a un tercero para que decida el conflicto suscitado entre ellas.
Esto, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad, consignado en el
artículo 40 de la ley 80 de 1993; v) la decisión del amigable componedor no necesita
de ratificación alguna por las partes contractuales para que resulte obligatoria para
ellos, salvo que estos consideren que aquella se encuentra viciada de nulidad por el
incumplimiento de los requisitos de existencia o validez de los actos”.
Para finalizar, resta anotar que en el recurso de apelación la parte actora se refirió
a una circunstancia en la que no había puesto su lupa79 durante el proceso, al indicar
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de noviembre de 2021,
Rad.: 52430.
77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero 1998, expediente 11477.
78
CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre 2017;
expediente 2338.
79 En opinión de la Sala no se está en presencia de un nuevo argumento que no hubiera sido alegado
por la parte actora en la demanda, puesto que corresponde a una consideración incorporada en la
decisión atacada de la Universidad que, de acuerdo con aquella, era objeto del cuestionamiento
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
que el amigable componedor sustituyó el juez del contrato “al considerar que era
inaplicable un aparte del pliego de condiciones”. Sin embargo, del texto de la
decisión de LA UNIVERSIDAD no existe una sola consideración en su parte
motiva80 ni mucho menos una mención en la parte resolutiva81 que esté referida al
esgrimido por el IDU en el sentido de señalar que se trataba de un asunto del resorte del juez del
contrato y no del amigable componedor.
80 “Frente a estas solicitudes (véase acápite de la presente providencia “El cuestionamiento de la
parte actora a la decisión de la Universidad” las peticiones de Transmilenio 1.1., 1.1.1. y 1.1.3) el
amigable componedor considera que la Ineficacia de Pleno Derecho es una sanción que no necesita
de pronunciamiento judicial, tal como lo ha desarrollado el derecho mercantil colombiano (…)
(…)
El Consejo de Estado ha hecho algunos pronunciamientos sobre la figura aplicados a la contratación
estatal, toda vez que la Ley 80 de 1993 en el numeral 5°, literal f) del articulo 24, contempla esta
categoría jurídica. La Sala de Consulta y Servicio Civil en un pronunciamiento del 26 de agosto de
1998 señaló (…)
(…)
Se destaca la forma como plantea el Consejo de Estado que la Ineficacia de pleno Derecho es
subsanable, pues si la figura arrasa con todo el contrato, se le estaría dando un alcance mayor al
que el ordenamiento legal de la Contratación Pública le estableció. En un falo más reciente, también encontramos cómo el Supremo Tribunal Administrativo entra a
diferenciar la figura de la ineficacia del de la nulidad, de la siguiente manera 'La ineficacia y la nulidad
son conceptos jurídicos diferentes, en el primer caso el acto no está llamado a producir los efectos
que le son propios y en el segundo se presupone la existencia de un acto o contrato respecto del
cual ha de cuestionarse o examinarse su validez, en este último evento lo cierto es que aunque
viciado ese acto o contralo estará llamado a generar efectos hasta el momento en que lo aniquile la
declaración judicial de nulidad’
Remitiéndonos nuevamente al numeral 5º del articulo 24 de la Ley 80, donde se consagra la
ineficacia de pleno derecho, la norma expresamente señala lo siguiente (…)
Encontramos así la norma aplicable al caso concreto, donde se exponen los hechos que dan lugar
al reconocimiento de la ineficacia Las pretensiones analizadas se estudian a partir de encuadrar los
hechos solicitados a los enunciados normativos Como antesala a la decisión, se puede concluir que
los literales que tienen aplicación son el c) y el d), teniendo en cuenta que el tema evaluado en esta
amigable composición son los sobrecostos derivados de un mayor tiempo de permanencia en obra
Siendo así, consideramos Ineficaz de pleno Derecho dicha cláusula pues contraviene lo dispuesto
en el literal d), numeral 5° del articulo 24 (Ley 80 de 1993), donde se establece que ‘No se incluirán
condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada
de los datos, informes y documentos que se suministren’ Tomarla como si produjera plenos efectos
jurídicos, seria impedir cualquier tipo de reclamación, vulnerando así los derechos de los afectados
por todas los situaciones que enmarcan esta cláusula o las situaciones que directa o indirectamente
afecten los resultados económicos, luego prácticamente cualquier situación que altere los resultados
económicos
(…)
En esta pretensión el análisis sobre el segmento señalado debe hacerse de forma parcial, teniendo
en cuenta que se tratan dos temas diferentes costos y rendimiento del concesionario en la ejecución
del contrato
En cuanto al rendimiento nos ceñimos al análisis técnico del amigable componedor, donde se
concluyó que con el rendimiento que llevaba el concesionario desde junio 2005, momento en que se
estableció la prórroga por medio del OtroSí No 10 y el Contrato Adicional No 1, se estima que cuando
estaban disponibles la totalidad de los predios, el contratista estaba en capacidad de cumplir el
contrato en el plazo pactado (hasta marzo de 2006). Frente al ACTA No 1 DE ACUERDO DE OBRA
PROYECTO NQS SUR TRAMO 3, del 13 de enero de 2006 es importante poner de presente el
momento de la firma, pues para esa época se contaba con todos los predios y en el estudio técnico
se muestra como a partir del mes de enero de 2006, el concesionario bajo su rendimiento.
No obstante frente al tema de los costos si es procedente la ineficacia de pleno derecho, pues el
amigable componedor considera que contiene condiciones de imposible cumplimiento, al evitar
reclamaciones por costos adicionales, llevando a una aceptación de un hecho que según las
conclusiones del análisis técnico es falso, puesto que las obras y aspectos señalados en esta acta
si generaron sobrecostos en la ejecución del contrato. Adicionalmente se considera que se vulnera
expresamente el literal c), numeral 5° del referido artículo 24 de la Ley 80 de 1993, donde se
establece que 'se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato’, teniendo en cuenta que los cambios
descritos en esta acta, dan cuenta que no se definieron en el contrato con precisión las obras o
servicios necesarios para su completa ejecución
Frente a la imposibilidad de una declaratoria parcial de la ineficacia, es procedente entonces la
declaratoria como ineficaz de pleno derecho la totalidad del segmento acá señalado”. 81 “SEGUNDO - Entiéndase ineficaz de pleno derecho y por lo tanto sin efectos jurídicos, el inciso
primero de la cláusula 14 del contrato principal, y el segmento donde se establece que 'se deja
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
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Referencia: Controversias contractuales
pliego de condiciones que disciplinó el proceso de selección que antecedió el
contrato de concesión suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO, ni tampoco dicho
acto obra en el expediente, lo que impide a la Sala entrar a hacer algún juicio de
valor sobre ese respecto.
En virtud de lo expuesto el cargo de la demanda aquí analizado por la Sala no
prospera, por lo que se procederá a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, de 15 de mayo
de 2018, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
7. Costas
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena
en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso,
vigente para cuando se interpuso el recurso de apelación, normativa que establece,
en su artículo 365, numeral 3, que se condenará en costas de la segunda instancia
a la parte recurrente cuando la providencia del superior confirme en todas sus partes
la de primera instancia.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.
En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho a cargo del IDU y a favor
de las demandadas, de conformidad con las previsiones del Acuerdo 1887 de 26 de
junio de 2003 –vigente para cuando el presente proceso se inició–, por segunda
instancia, en el monto correspondiente al 0.2% del valor de las pretensiones
negadas ($35.299.208.336.69), es decir, $70.598.416,67, suma que corresponderá
por mitades a favor de cada una de las demandadas, quienes actuaron a través de
apoderado en el trámite de la segunda instancia82.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
expresa constancia que la ejecución de las obras a que se refiere la presente acta no representan
costos adicionales para la Entidad, ni reclamación de ningún tipo para la entidad por, el
desplazamiento de los plazos aquí establecidos’ del Acta No 1 de acuerdo de obra proyecto NOS
sur tramo 3, del 13 de enero de 2006”.
82 Obran en el expediente los alegatos de segunda instancia de Transmilenio y la Universidad. Folios
537 a 561, Cuaderno segunda instancia.
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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00762-04 (64331)
Actor: IDU
Demandado Pontificia Universidad Javeriana y otro
Referencia: Controversias contractuales
William Barrera Muñoz.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, con
fundamento en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora –IDU–
que deberá pagar en favor de cada una de las demandadas –TRANSMILENIO y LA
UNIVERSIDAD–, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal
de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código
General del Proceso.
Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de
$70.598.416,67, valor que deberá ser pagado por la actora por mitades a cada una
de las demandadas.
CUARTO: Aceptar la renuncia al poder presentada por el doctor Héctor Eduardo
Patiño Domínguez, apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana, de
conformidad con el artículo 76 del CGP.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes del
Código General del Proceso, reconocer personería al abogado Gonzalo Cala
Moncaleano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.410.344 de Bogotá y
portador de la Tarjeta Profesional 35172 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana, en los términos y para los efectos
del poder conferido.
SEXTO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría de la Sección, devolver el
expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
VF
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