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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00158-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00158-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase el ordinal segundo de la decisión de la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 30 de octubre de 2013 y, en su lugar, dispónese lo siguiente: “SEGUNDO: Condénase en abstracto al Distrito Capital de Bogotá - Alcaldía Local Antonio Nariño al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Víctor Hugo Ramos Camacho, en el monto en el que resulten probados en el incidente de liquidación de perjuicios, con los elementos y criterios señalados en la parte motiva de esta providencia.” 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales. 27 Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de sentencia 4º) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Martín Bermúdez Muñoz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2008-00158-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

23 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Demandante: VÍCTOR HUGO RAMOS CAMACHO
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – ALCALDÍA LOCAL
DE ANTONIO NARIÑO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL
CONTRATO – LUCRO CESANTE POR INHABILIDAD
SOBREVINIENTE

Síntesis del caso: se discute las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de
13 de marzo de 2006, ambas proferidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño del Distrito Capital
de Bogotá, mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de
enero de 2001, lo mismo que el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta de tal
decisión. Previamente a resolver se acepta el impedimento manifestado por el magistrado Martín
Bermúdez Muñoz.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 30 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión que declaró la
nulidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13
de marzo de 2006 y denegó las demás pretensiones (fls. 260 a 271 vlto. cdno. ppal.),
en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 029 del 16
de diciembre de 2005 y No. 0063 del 13 de marzo de 2006.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Reconocer personería a la abogada ANDREA LUCÍA
SALAZAR ROCHA, (…), como apoderada de la demandada DISTRITO
CAPITAL en los términos del poder visible a folios 145 a 154 del cuaderno
principal, al tenor del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Admitir la renuncia al poder conferido a la abogada ANDREA
LUCÍA SALAZAR ROCHA, como apoderada del demandado DISTRITO
CAPITAL (…).

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Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquídense
los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al interesado.
Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se
considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial.” (fls. 271 y vlto.
ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de abril de 2008 en la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Víctor Hugo Ramos
Camacho, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en
ejercicio de la acción de controversias contractuales (fls. 1 a 40 cdno. no. 1) con las
siguientes súplicas:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que como consecuencia del presente proceso se declaren nulas las
resoluciones números. 029/05 del dieciséis (16) de Diciembre del año dos
mil cinco (2005) y 006/06 de fecha trece 13 (sic) de marzo del año dos mil
seis (2006), expedidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño de la
ciudad de Bogotá, mediante las cuales, respectivamente, se declaró la
caducidad del contrato número 001 de 2001 de fecha veintidós (22) del
mes de enero del año dos mil uno (2001), celebrado entre la entidad
demandada y mi representado, y se resuelve el recurso de reposición,
confirmándose la anterior.

2. Condenase (sic) al Distrito Capital de Bogotá – Localidad Antonio
Nariño, a pagar al señor VÍCTOR HUGO RAMOS CAMACHO, el valor de
los perjuicios de orden material -daño emergente y lucro cesante que le
fueron ocasionados, los cuales ascienden, aproximadamente, a la suma
de SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L
($760.000.000.oo), o conformidad con lo que resulte probado en el
proceso; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo
previsto en el artículos 178 del C.C.A.

3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en
los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

4. Que se condene en costas a la entidad demandada.” (fls. 1 y 2 cdno.
no. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

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Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

1) El 22 de enero de 2001, el Distrito Capital de Bogota, a través de la Alcaldía Local
de Antonio Nariño celebró con el señor Víctor Hugo Ramos Camacho el contrato de
concesión no. 001 para la administración, operación, mantenimiento y explotación
económica de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo.

2) En los pliegos de condiciones y términos de referencia del proceso contractual
que culminó con la suscripción del referido contrato de concesión del 22 de enero
de 2001, se establecieron como ingresos totales proyectados la suma de
$54.000.000 mensuales para el primer año.

3) Desde el primer mes de ejecución el contratista le comunicó a la Alcaldía Local
de Antonio Nariño que los ingresos por recaudo no alcanzaban los $54.000.000
estimados, razón por la cual solicitó un reajuste de los ingresos por recaudo real y
gastos para así evitar un desequilibrio económico en la ejecución del contrato.

4) Ante la renuencia de la Alcaldía Local de Antonio Nariño para otorgar respuesta
a la mencionada petición de reajuste, el contratista protocolizó mediante escritura
pública no. 00676 de 20 de marzo de 2002 de la Notaría 52 de Bogotá el silencio
positivo, conforme lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 26 de la Ley 80 de
1993.

5) Luego, por razón de la negligencia de la administración, el contratista presentó
queja ante la Personería Distrital, trámite que culminó con la sanción al alcalde de
la época mediante la Resolución no. 053 de 13 de septiembre de 2004.

6) Como consecuencia de tal sanción, el 31 de julio de 2003 las partes suscribieron
otrosí aclaratorio del contrato de concesión no. 001 de 2001, en el que el Alcalde
Local de Antonio Nariño reconoció el desequilibrio económico en favor del
concesionario; sin embargo, debido al incumplimiento en la definición del reajuste
requerido al contrato, el contratista convocó a la Alcaldía Local de Antonio Nariño a
una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, trámite que culminó con
certificación de conciliación fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes.

7) Mediante los oficios FDLAN-JUR-296 de 14 de julio de 2005 y FDLAN-JUR-303
de 2005, la Alcaldía Local de Antonio Nariño requirió al contratista para que

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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cancelara la suma de $327.697.757.97 de acuerdo con el reporte de ingresos
recaudados.

8) Mediante la Resolución 029 de 16 de diciembre de 2005, esto es, faltando cinco
(5) días para el vencimiento del plazo de ejecución contractual, la entidad declaró la
caducidad del contrato, decisión que fue confirmada a través de la Resolución no.
006 de 2006.

3. Fundamento de la demanda

En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:

Las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo
de 2006, ambas proferidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, fueron
expedidas con falsa motivación y con desconocimiento de lo dispuesto en los
artículos 2, 6, 25, 83 y 124 de la Constitución Política; de los artículos 3, 8, 9, 18,
23, 26, 27, 28, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y, del artículo 1602 del Código Civil por
el hecho de extralimitarse en el ejercicio de sus atribuciones.

4. Posición de la parte demandada

A través de escrito radicado el 26 de agosto de 2008 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que aquellas fueran
negadas (fls. 52 a 55 cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:

1) Los actos administrativos demandados fueron expedidos con estricto
cumplimiento de las normas aplicables al caso concreto, por la autoridad
competente para ello y dentro de la actuación adelantada se respetaron los
derechos del contratista.

2) Las partes conciliaron ante un tribunal de arbitramento una indemnización en
favor del contratista por el monto de $250.000.000, documento en el que, además,
el aquí demandante renunció expresamente a formular reclamaciones judiciales o
extrajudiciales por las controversias solucionadas y se reservó el derecho a

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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demandar las Resoluciones 029 de 2005 y 006 de 2006.

3) Propuso como excepción la “caducidad de la acción”, pues, aun cuando en el
acuerdo conciliatorio el ahora actor se reservó el derecho a promover acciones en
contra de las Resoluciones números 029 de 2005 y 006 de 2006, la acción no se
formuló dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de las mismas.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión en providencia de 30 de octubre de 2013 (fls. 260 a 271 vlto. cdno.
ppal.) declaró la nulidad de las Resoluciones números 029 de 2005 y 006 de 2006,
y denegó las demás pretensiones de la demanda con base en la siguiente
sustentación:

1) En cuanto a la excepción de caducidad de la acción, la demanda fue presentada
dentro del término, pues, al asunto le es aplicable el numeral 10 del artículo 136 del
CCA en virtud del cual, la acción de controversias contractuales debe formularse
dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o
derecho que le sirvan de fundamento, en ese sentido, la resolución que resolvió el
recurso de reposición fue notificada por edicto fijado entre el 27 de marzo y 7 de
abril de 2006, por lo cual el término de caducidad se debe contabilizar entre el 8 de
abril de 2006 y el 8 de abril de 2008, y como la demanda fue radicada el 7 de abril
de 2008 no se superaron los dos (2) años con los que contaba para ejercer
oportunamente el derecho de acción.

2) En relación con la pretensión de nulidad de las resoluciones mediante las cuales
se declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001,
se acreditó en el proceso que el recaudo real por la ejecución del contrato fue inferior
al estimado por la entidad demanda, pues, en el pliego de condiciones se estableció
un monto de $54.000.000 mensuales cuando en realidad se recaudaron
$45.547.851 mensuales, circunstancia que no permitió el cumplimiento del
Reglamento Operativo de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo, ya que el
contrato de concesión le permitía al concesionario una participación del 21% del

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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total de los ingresos mensuales, el 28% para el Fondo de Desarrollo Local de
Bogotá y el 51% restante para cubrir los gastos de operación.

3) De otra parte, se aportaron lo informes mensuales de actividades de ejecución
del concesionario en los que se reportaron las actuaciones para la recuperación de
la cartera vencida, hasta la revocatoria de tales funciones de cobro de cartera con
el Decreto Distrital no. 94 de 11 de marzo de 2002.

4) El 31 de julio de 2003, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y el
concesionario suscribieron un otrosí aclaratorio del contrato de concesión no. 001
de 22 de enero de 2001 en el que precisaron que el recaudo mensual no era de
$54.000.000 sino de $45.706.794, “pues aquella constituía desequilibrio económico
del contrato” (fl. 268 vlto. cdno. ppal.), por lo cual debían realizarse los ajustes
correspondientes.

5) Probó igualmente en el proceso que, si bien con el Decreto Local no. 005 de 2000
se confirieron facultades al concesionario para la recuperación de la cartera morosa
de los vivanderos de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, las mismas fueron
insuficientes ante la cultura del no pago, ya que durante más de un (1) año el
concesionario careció de mecanismos para la recuperación de la cartera en mora;
además, ante la revocatoria del mencionado decreto, a pesar de los mecanismos
creados mediante la Resolución no. 11 de 11 de septiembre de 2003 para la
restitución de los locales y bodegas de los vivanderos morosos, se dejó en cabeza
del concesionario la responsabilidad de demandar judicialmente el cobro de tales
obligaciones, sin que este tuviera titularidad para ejercer tales acciones.

6) El fundamento de la declaratoria de caducidad del contrato se centró en la
supuesta falta del concesionario de consignar al Fondo de Desarrollo Local el valor
correspondiente al retorno de la inversión y generar la cultura del no pago, pues, se
incrementó la cartera morosa, incumplimientos estos que se concretaron
directamente por la actuación de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, máxime si se
tiene en cuenta que en el Acta de Entrega de la Plaza de Mercado Carlos E.
Restrepo suscrita el 25 de enero de 2006 las partes señalaron que la ejecución del
contrato fue ininterrumpida, y que el concesionario realizó todas las actividades
necesarias para la conservación y mantenimiento de las edificaciones, terrenos y

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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bienes que conforman la plaza de mercado, todo lo cual en modo alguno acredita el
incumplimiento grave que afectara la ejecución del contrato al punto de conducir a
su paralización, como lo exige necesariamente el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

7) En ese sentido, los fundamentos aducidos por la Alcaldía Local de Antonio Nariño
para declarar la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de
2001 no corresponden a la realidad del contrato, circunstancia que constituye falsa
motivación y vicia de nulidad las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de
2005 y 006 de 13 de marzo de 2006; no obstante, no hay lugar al reconocimiento
de las sumas solicitadas como restablecimiento del derecho en cuanto a la no
prórroga automática del contrato y a la inhabilidad sobreviniente, debido a que la
cláusula séptima del contrato estableció la prórroga como una posibilidad, lo cual
en sí mismo no constituye un derecho cierto para el demandante, y, además, no se
allegó prueba alguna que acreditara la pérdida de oportunidad del demandante de
ejecutar contratos.

6. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 274 a 286 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 21 de enero de 2014 (fls. 297 ibidem), impugnación que fue sustentada en
los siguientes términos:

1) El recurso se centra en la solicitud de revocatoria parcial de la decisión adoptada
por el tribunal de primera instancia, en el sentido de denegar el reconocimiento y
pago de los perjuicios irrogados al demandante como consecuencia de la nulidad
de la declaratoria de caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero
de 2001.

2) El tribunal de primera instancia no valoró el dictamen pericial con el que se
acredita el daño sufrido por el demandante como consecuencia de las resoluciones
que declararon la caducidad del contrato y que fueron anuladas por la Sala de
Decisión por falsa motivación, prueba que además no fue controvertida por la
entidad demandada y que determinó los daños causados por la no prórroga

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automática del contrato de concesión y por la inhabilidad sobreviniente impuesta al
concesionario.

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 14 de noviembre de 2014 se admitió el recurso de apelación (fl. 303
cdno. ppal.).

2) El 5 de diciembre de 2014, la parte actora solicitó tener como prueba el dictamen
pericial presentado por el auxiliar de la justicia Carlos Javier de la Rosa dentro del
trámite de primera instancia (fls. 304 y 305 ibidem), petición que fue denegada por
auto de 19 de junio de 2015, por cuanto la prueba fue solicitada, decretada y
practicada en primera instancia (fls. 307 a 312 cdno. ppal.).

3) El 25 de septiembre de 2015 (fl. 314 cdno. ppal.) se ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido este, por el
mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.

4) En dicho término la parte actora insistió en los argumentos presentados como
recurso de apelación (fls. 315 a 327 ibidem); la entidad demandada solicitó
confirmar la sentencia apelada (fls. 328 a 337 cdno. ppal.) y, a su turno, el Ministerio
Público presentó concepto en los siguientes términos:

El dictamen pericial rendido no tiene la virtualidad para acreditar el monto de los
perjuicios reclamados; no obstante, en la medida en que es clara la existencia del
daño procede efectuar la codena en abstracto para que a través del respectivo
incidente se demuestren y cuantifiquen los perjuicios materiales en cuestión.

En virtud de lo anterior, debe considerarse modificar la sentencia objeto de
apelación en el sentido de proferirse condena en abstracto para que mediante
incidente sean demostrados los perjuicios materiales reclamados.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) aspecto preliminar, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusiones y,
5) la condena en costas y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia planteada consiste en la discusión acerca de la legalidad
de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo
de 2006, ambas proferidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, mediante las
cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero
de 2001, lo mismo que el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta
de tal decisión.

La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las referidas Resoluciones
números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo de 2006 mediante
las cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero
de 2001, y denegó las demás pretensiones de la demanda por falta de prueba.

En el presente asunto, la parte actora se opuso a la sentencia de primera instancia
por cuanto, a su juicio, no existió un debido análisis probatorio, ya que el tribunal de
primera instancia denegó el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con las
decisiones ahora nulas, sin valorar como correspondía el dictamen pericial
debidamente solicitado, decretado y practicado, prueba que además no fue
objetada ni tachada por error grave por la entidad demandada, por lo cual, ante la
ausencia de oposición a las conclusiones en él presentadas deben tenerse por
probados los perjuicios pretendidos con la demanda.

La Sala encuentra que la decisión de primera instancia consistente en la denegación
de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la decisión de caducidad del
contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 no fue acertada, por lo tanto,

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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la revocará, para en su lugar declarar el reconocimiento del perjuicio ocasionado al
actor como consecuencia de la inhabilidad sobreviniente por cuenta de la nulidad
de la declaratoria de caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero
de 2001.

2. Aspecto preliminar

1) En la oportunidad para decidir, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz manifestó
impedimento para participar en la deliberación y decisión del asunto de la referencia
por cuanto fue abogado del Distrito Capital de Bogotá y de la Terminal de
Transportes de Bogotá en varios procesos judiciales en los que era contraparte el
señor víctor Hugo Ramos Camacho, quien es parte demandante en el presente
caso, así como también por el hecho de haber participado como abogado en el
proceso contra la Licorera de Boyacá, con lo cual se configura la causal prevista en
el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 160 del CCA 1, razón por la cual se acepta el
impedimento y se le separa del conocimiento del asunto.

2) De otra parte, la Sala estima pertinente despejar la inquietud acerca de la
existencia de la posible configuración de una causal de nulidad de lo actuado, de
carácter insaneable, como lo es la falta de jurisdicción.

3) Revisado el texto del contrato objeto de la presente controversia la Sala evidencia
que las partes en la cláusula treinta y cuatro del contrato de concesión no. 001 de
22 de enero de 2001 pactaron una cláusula compromisoria en los siguientes
términos:

“TREINTA Y CUATRO.- CLÁUSULA COMPROMISORIA. De
conformidad con el artículo 116 de Constitución Política, las diferencias
que surjan entre las partes con relación del presente Contrato, que no
puedan ser resueltas directamente entre ellas o mediante los
instrumentos de solución de que trata la cláusula anterior, someterán a la
decisión de un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros,
salvo que las partes acuerden uno cada uno. Los árbitros serán

1
En atención a lo expresamente dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 “[l]os
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior” y, como la demanda fue presentada el 17 de abril de 2008, esto es, aún en vigencia del
Decreto 01 de 1984, al presente asunto le es aplicable el CCA.

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Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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designados de común acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, los
árbitros serán escogidos por la Cámara de Comercio de Bogotá. El
tribunal fallará en derecho y funcionará en la Capital de la República. En
las controversias de menor cuantía solo habrá un árbitro. Se entenderá
por tales aquellas cuyo monto sea igual o inferior a veinte (20) SMMLV.
La designación, requerimiento, constitución, funcionamiento y los demás
aspectos del tribunal se regirán por las disposiciones legales sobre la
materia”. (fl. 85 cdno. no. 2 – negrillas y mayúsculas fijas del original).

4) En la oportunidad para contestar la demanda el Distrito Capital no propuso la
excepción de cláusula compromisoria, por lo tanto se estima que las partes
renunciaron tácitamente al pacto arbitral y, por ende, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debía resolver integralmente las pretensiones de la demanda.

5) Esta Corporación, en otros casos muy similares al presente, concluyó que la tesis
acerca del deber de ejercer la renuncia a la cláusula o pacto arbitral de manera
expresa no es aplicable porque tanto la demanda como su contestación tuvieron
ocurrencia con anterioridad al cambio jurisprudencial adoptado sobre ese específico
aspecto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de
unificación del 18 de abril de 2013, expediente 17.859.

6) En efecto, acerca de la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial acogido
en dicha providencia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dijo luego lo siguiente:

“La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó
la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la
aplicación de la cláusula compromisoria, cuando una de ellas instauraba
demanda ante la jurisdicción administrativa y la otra no excepcionaba falta
de jurisdicción. Posteriormente, la S.P. de esta Sección unificó la
jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la cláusula compromisoria
exige un pacto revestido de las mismas formalidades empleadas para su
nacimiento, con lo cual concluyó que se requería escrito. Esta decisión no
moduló sus efectos 2.

La demanda se presentó el 6 de mayo de 2005, fecha para la cual la
jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia
tácita” a la cláusula compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado
en decisión de 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa
mediante escrito.

Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos
sobre todos los casos a los que se aplica, no se puede desconocer
que un nuevo criterio, aplicado a las demandas interpuestas con

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de abril de 2013, radicación
no. 17859 MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

12
Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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anterioridad, puede -como sucede en este caso- entrañar una
afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga
desproporcionada al demandante, luego de muchos años de estar
pendiente de que se revuelva su controversia. Adicionalmente, la
aplicación del criterio de la renuncia tácita es consonante con las
nuevas disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012 sobre
arbitraje y del Código General del Proceso.

La jurisprudencia de esta Subsección ha considerado necesario aplicar la
regla de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, cuando las partes
acuden a la jurisdicción contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a
la administración de justicia, en los eventos de demandas presentadas
con anterioridad al cambio de criterio jurisprudencial 3.

Como al momento de la presentación de la demanda la
jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de
las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, se
conocerá de la demanda no obstante la cláusula compromisoria
pactada por las partes”. 4 (negrillas adicionales).

En esa perspectiva, la Sala conserva la competencia asumida desde primera
instancia en garantía de la confianza legítima que tenían las partes al momento de
la presentación de la demanda y de la contestación a esta sin hacer manifiesta su
oposición a la competencia de esta jurisdicción contencioso administrativa, todo ello
en el contexto de que la demanda del proceso de la referencia tuvo inicio el 17 de
abril de 2008, y que en su contestación y trámite en primera instancia se sustanció
con antelación a la expedición de la antes citada providencia de unificación
jurisprudencial del 18 de abril de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, según la cual la renuncia a la cláusula compromisoria o al pacto
arbitral debía ser expresa.

3. Análisis de la impugnación

3.1 Hechos probados

Examinadas las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado lo siguiente:

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, radicación
no. 44009 MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación no. 08001-23-31-000-2005-01245-01(36875) MP
Guillermo Sánchez Luque. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia 7 de mayo de 2021, radicación no. 76001-23-31-000-
2002-01766-01(48746) MP José Roberto Sáchica Méndez, y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 18 de noviembre de 2021,
radicación no. 05001-23-31-000-1999-03378-03(54883) MP Martín Bermúdez Muñoz.

13
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1) El 22 de enero de 2001, la Alcaldía Local de Antonio Nariño suscribió con el señor
Víctor Hugo Ramos Camacho el contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de
2001 con el objeto de llevar a cabo la “administración, operación y mantenimiento
de la plaza de mercado Carlo E. Restrepo, propiedad del Distrito Capital. La
prestación de este servicio incluye el manejo de administración, operación,
explotación económica, conservación y mantenimiento de las edificaciones,
instalaciones, terrenos, redes eléctricas, recursos financieros y humanos afectos al
servicio (…)” (fl. 100 cdno. no. 2), en un plazo de 5 años y con una participación en
favor del concesionario del 21% del total de los ingresos mensuales de la Plaza de
Mercado Carlos E. Restrepo.

2) De acuerdo con la cláusula séptima del negocio jurídico en comento, las partes
estipularon expresamente que “[l]a duración de este contrato es de cinco (5) años
contados a partir de la fecha del acta de entrega e iniciación. Esta podrá ser
finalizada anticipadamente por acuerdo entre las partes o por terminación decretada
por la Localidad en los términos de la Ley que rige este tipo de contratos. La
duración podrá prorrogarse automáticamente en los términos de Ley y con el
cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 41 de 1993” (fl. 96 ibidem –
negrillas y subrayado de la Sala).

3) El 16 de diciembre de 2005, la Alcaldía Local de Antonio Nariño mediante la
Resolución 029 declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de
enero de 2001, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la caducidad del Contrato de
Concesión No. 001 del 22 de enero de 2001 suscrito con el señor VÍCTOR
HUGO RAMOS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.760.148 expedida en Tunja (Boyacá) de acuerdo con lo señalado en el
artículo 18 de la Ley 80 de 1993, las cláusulas 19 y 20 del contrato de
concesión No. 001 de 2001 y la parte motiva del presente Acto
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dar por terminado y liquidar el contrato en el
estado en que se encuentre, una vez en firme esta decisión.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar a las entidades correspondientes
sobre la inhabilidad del contratista para participar en licitaciones o
concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales, en
cumplimiento del literal c) del numeral 1 del artículo 8º de la Ley 80 de
1993.

14
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido de la presente Resolución
al señor VÍTOR HUGO RAMOS CAMACHO (…)

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido de la presente Resolución a
la compañía SEGUROS DEL ESTADO SA para que se haga efectiva la
Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
No. 9799257 constituida por el señor VÍCTOR HUGO RAMOS
CAMACHO a favor del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño (…)”
(fls. 215 y 216 vlto. cdno. no. 2 – mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).

4) El 13 de marzo de 2006, la Alcaldía Local de Antonio Nariño confirmó
íntegramente la Resolución no. 029 de 2005 (fls. 220 a 234 ibidem).

5) El 24 de junio de 2014, el economista Carlos Javier De La Rosa Salcedo presentó
dictamen pericial con las siguientes conclusiones en relación con los perjuicios que
dice haber sufrido la parte actora con la expedición y ejecución de las dos decisiones
antes mencionadas relativas a la declaratoria de caducidad del mencionado
contrato:

“(…) El monto total de los perjuicios o daños a favor del demandante, se
resume en el Cuadro 6.

RESUMEN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIO MATERIALES

LUCRO CESANTE
CONCEPTOS GRAN TOTAL
PASADO FUTURO
1. NO PRÓRROGA
AUTOMÁTICA DEL $570.454.409 $227.092.514 $797.546.923
CONTRATO
2. INHABILIDAD COMO
CONTRATISTA $608.670.106 $1.174.820.848 $2.350.490.440
ESTATAL
TOTAL $1.179.124.515 $1.968.912.848 $3.148.037.363

En conclusión el valor monetario de los PERJUICIOS MATERIALES
derivados por la NO PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO e
INHABILIDADES COMO CONTRATISTA ESTATAL, al 24 de junio de
2009 ascienden a la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($3.148.037.363) (…)” (fls. 12 y 13 cdno. no. 4 –
mayúsculas sostenidas originales – resalta la Sala).

3.2 El dictamen pericial sobre perjuicios

1) El economista Carlos Javier De La Rosa Salcedo en calidad de perito presentó
el dictamen pericial encomendado con las siguientes determinaciones:

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Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
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“[D]e acuerdo con lo planteado en la demanda y en la subsanación de la
misma y sin entrar [a] dirimir sobre la verdad de los aspectos jurídicos que
son del resorte del Señor Juez, los perjuicios ocasionados al demandante
se resumen en dos:

1. Los daños ocasionados por la NO prórroga automática del contrato a la
cual tenía derecho de acuerdo con lo consagrado en la CLÁUSULA
SÉPTIMA del contrato de concesión No. 001 de 2001, (que reposa en el
expediente) suscrito entre la Alcaldía Local Antonio Nariño y Víctor Hugo
Ramos Camacho, en cinco (5) años, los cuales irían del 21 de enero de
2006 al 21 de enero de 2011.

2. Los daños materiales causados por la inhabilidad sobrevi[ni]ente
impuesta en su condición de contratista, de acuerdo con el ARTÍCULO
TERCER de la Resolución 029/05, proferida el 16 de diciembre de 2005
por la Alcaldesa Local (E) de Antonio Nariño.

(…)

1. CÁLCULO DE LOS DAÑOS MATERIALES POR LA NO PRÓRROGA
AUTOMÁTÍCA DEL CONTRATO.

Para determinar el monto de este perjuicio, se debe tener en cuenta que
la prórroga automática del contrato abarcaría el tiempo transcurrido entre
el 21 de enero de 2006 al 21 de enero de 2011.

En segundo lugar, el valor del recaudo mensual a tener en cuenta a partir
del mes de enero de 2006, es el que resulta de proyectar el acordado en
el Otrosí al contrato de concesión No. 001 de 2001, o en su defecto, el
promedio del observado durante el último año, es decir, 2005.

En tercer lugar, el monto del perjuicio se debe calcular a la fecha de la
elaboración del dictamen pericial, 24 de junio de 2009, por lo tanto se
divide en:

• Perjuicio pasado (o lucro cesante pasado), y en
• Perjuicio futuro (o lucro cesante futuro), ambos traídos al valor
presente de la fecha del dictamen pericial.
El valor del perjuicio o del daño que debe recibir el demandante, es el que
prescribe la CLÁUSULA NOVENA del contrato No. 001 de 2001,
denominado PARTICIPACIÓN Y PAGO, es decir, el 21% del total de los
ingresos mensuales que hubiera percibido la plaza de mercado Carlos E.
Restrepo.

(…)

1.5. Cuantificación del LUCRO CESANTE PASADO:

(…)

De acuerdo con el cuadro 3, el LUCRO CESANTE PASADO al 24 de junio
de 2009 es igual QUINIENTOS SETENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE ($570.454.409).

1.2.1. Cuantificación del LUCRO CESANTE FUTURO:

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(…)

Desarrollando la fórmula No. 2, Cuadro 5, se obtiene un lucro cesante
futuro de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS
QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($227.092.514).
2. CÁLCULO DE LOS DAÑOS MATERIALES POR LA INHABILIDAD
SOBREVINIENTO INPUESTA EN SU CONDICIÓN DE CONTRATISTA
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN
029/05 PROFERIDA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2005 POR LA
ALCALDESA LOCAL (E) DE ANTONIO NARIÑO.

A. El señor Víctor Hugo Ramos Camacho era socio de a UNIÓN
TEMPORAL LICORANDES Y ASOCIADOS y/o INDUSTRIA DE
LICORES DE BOYACÁ SA – CI, la cual firmó el CONTRATO No. 01 DE
2003, el día 15 de enero de 2003 con el departamento de Boyacá, cuyo
objeto fue la concesión de producción, distribución y venta de licores
destilados de los que es titular en régimen de monopolio el departamento
de Boyacá. Según el Acta de Iniciación, el contrato empezó a regir a partir
del 10 de marzo de 2003 y tenía un plazo de ejecución de 20 años, es
decir que se terminaría el 10 de marzo de 2023.

Dentro de la Unión Temporal UT de aquí en adelante, el señor Víctor Hugo
Ramos Camacho, tenía una participación como accionista del 20%, según
consta en la escritura 02263 que protocoliza el contrato de Licorandes y
Asociados (…)
Debido a la inhabilidad de la resolución 029/05 proferida el 16 de
diciembre de 2005 por la alcaldía (sic) local (sic) Antonio Nariño del
Distrito Capital, el demandante, para no causar perjuicio a la UT, tuvo que
ceder su participación a uno de los socios, con lo cual, en consecuencia,
perdió el porcentaje de compensación que por derecho tenía en las
utilidades del contrato de concesión (…)

B. Así mismo, el señor Víctor Hugo Ramos Camacho, dentro de la UT se
desempeñaba como GERENTE COMERCIAL DE PLANEACIÓN Y
PROYECTOS y devengaba como Honorarios la suma de $4.194.000 (…)

2.1.3 Cuantificación del LUCRO CESANTE PASADO:

(…)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE LA CESIÓN DE
LAS ACCIONES Y LA DE ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

(…)

De acuerdo con el Cuadro 2.3, el LUCRO CESANTE PASADO al 18 de
junio de 2009, es igual a SEISCIENTOS OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE
($608.670.106).

2.2.2 Cuantificación del LCF

(…)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DEL DICTAMEN Y
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

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(…)

De acuerdo con el Cuadro 2.5, el LUCRO CESANTE FUTURO al 18 de
junio de 2009 es igual MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($1.741.820.334).” (fls. 2 a 13 cdno. no. 4 – mayúsculas
sostenidas, negrillas y subrayado del original).

2) El 16 de julio de 2009, se corrió traslado del dictamen pericial rendido por dicho
perito, término que transcurrió sin que las partes hicieran manifestación alguna,
razón por la cual se acogieron las conclusiones presentadas por el perito con el
valor que la ley les otorga (fl. 126 cdno. no. 1).

En ese contexto, según lo acreditado en el expediente, procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si con ocasión de la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales se declaró la caducidad del contrato de
concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 se causaron los perjuicios materiales
solicitados en la demanda, por el hecho de privar al concesionario de la prórroga
automática del contrato de concesión a la que, el demandante alega tenía derecho
y, por las consecuencias derivadas de la inhabilidad sobreviniente decretada en las
decisiones ya declaradas nulas en primera instancia.

3.3 El pretendido derecho a la prórroga automática del contrato

1) En los precisos términos del recurso de apelación formulado por la parte actora,
la Alcaldía Local de Antonio Nariño desconoció las cláusulas que regían el contrato
de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 por el hecho de desconocer la
prórroga automática del contrato a la que tenía derecho el contratista.

2) Sobre ese preciso aspecto, la cláusula séptima del negocio jurídico en comento
es del siguiente tenor:

“SÉPTIMA. PLAZO DE LA CONCESIÓN: La duración de este contrato
es de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega e
iniciación. Esta podrá ser finalizada anticipadamente por acuerdo entre
las partes o por terminación decretada por la Localidad en los términos de
la Ley que rige este tipo de contratos. La duración podrá prorrogarse
automáticamente en los términos de Ley y con el cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo 41 de 1993 (…)” (fl. 13 cdno. no. 3 –
mayúsculas fijas del original y negrillas de la Sala).

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3) No obstante, pasa por alto el demandante que la prórroga fue pactada como una
simple posibilidad que, en caso de que las partes quisieran proceder con ella, debía
verificarse el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 41 de 1993, normativa
que no es de alcance nacional y no fue aportada al expediente, razón por la cual no
puede analizarse en el presente asunto.

De la redacción de la cláusula en comento, es claro que no se trataba de un derecho
adquirido ni de carácter cierto e indiscutible, sino, apenas de una expectativa que,
además, quedó supeditada a la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo 41 de 1993.

4) Ahora bien, si en gracia de discusión se asumiera que la posibilidad de prórroga
automática del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 era un
derecho, el cual cercenó la Alcaldía Local de Antonio Nariño con la decisión de
caducidad del negocio jurídico, debe estarse necesariamente a lo dispuesto de
modo expreso en el artículo 141 del CCA 5, es deber del demandante acompañar
con la demanda el texto de las normas que invoca como violadas, siempre que estas
no tengan alcance nacional, ello aunado al hecho de que en los términos de la
cláusula séptima del contrato, la prórroga automática podía darse “en los términos
de Ley y con el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 41 de 1993”, aspectos
estos que el demandante no probó en forma alguna.

5) De todas maneras, la Sala precisa que en los términos en que las que partes
pactaron la figura de la prórroga automática del contrato, es claro que no se trataba
de un derecho sino de una expectativa que, además, en caso de proceder con ella
debía cumplirse con lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993, razón por la cual se
impone la confirmación de la denegación del reconocimiento del derecho de
prórroga automática del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001.

5
El texto del artículo 141 del CCA es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 141. NORMAS JURÍDICAS
DE ALCANCE NO NACIONAL. Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan
alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o
solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente” (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).

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3.4 Valoración del dictamen pericial sobre los perjuicios derivados de la
inhabilidad sobreviniente

1) La parte actora y apelante aduce que el a quo dejó de valorar las conclusiones
arrojadas por el perito que elaboró el dictamen decretado y practicado en primera
instancia a petición de aquella.

2) Sobre ese punto en el fallo de primera instancia se señaló que “no hay lugar al
reconocimiento de las sumas alegadas por el señor VÍCTOR HUGO RAMOS
CAMACHO en cuanto a ´la NO prórroga automática del contrato´ y, ´por la
inhabilidad sobreviniente´, dado que la cláusula séptima del contrato de concesión
No. 001 de 2001 estableció ´la duración podrá prorrogarse automáticamente en los
términos de la Ley y con el cumplimiento de lo establecido en Acuerdo 41 de 1993´,
lo cual no hace en sí un derecho cierto para el demandante, y no se allegó prueba
alguna que acredite los contratos que efectivamente el demandante perdió la
oportunidad de ejecutar” (fl. 271 cdno. ppal.).

3) Al respecto, debe advertirse que el presente análisis del dictamen pericial se
centrará en la acreditación de las consecuencias derivadas de la inhabilidad
sobreviniente concretada en cabeza del señor Víctor Hugo Ramos Camacho con la
decisión de caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001
ya que, en relación la imposibilidad de la prórroga automática se impone su
denegación por tratarse de una expectativa y no un derecho cierto y actualmente
exigible, como se determinó en el acápite inmediatamente anterior.

4) Como documentos que soportan las conclusiones presentadas por el perito, se
anexó al informe lo siguiente:

a) Copia del contrato de concesión no. 001 de 2001 suscrito entre la Alcaldía Local
de Antonio Nariño del Distrito Capital de Bogotá y el señor Víctor Hugo Ramos
Camacho.

b) Copia del contrato de concesión no. 001 de 15 de enero de 2003 celebrado entre
el Departamento de Boyacá y la unión temporal Licorandes y Asociados, por veinte
(20) años, con el objeto de llevar a cabo “la producción, distribución y venta de los

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alcoholes y licores destilados comprende, esencialmente, la producción, distribución
y venta de los aguardientes anisados, rones y otros licores que explotaba en gestión
directa El Departamento de Boyacá a través de la Industria Licorera de Boyacá.
Igualmente incluye el ejercicio del monopolio sobre los alcoholes, en cuyo ejercicio
podrá producirlos, introducirlos, distribuirlos y venderlos. Podrá procesar los demás
subproductos que se puedan fabricar en las plantas de Tunja, Moniquirá y Frutenza
y administrará, operará y explotará comercialmente la infraestructura, instalaciones,
muebles, enseres, maquinaria, equipos y herramientas ubicados en los municipios
aludidos, según el acta de entrega” (fl. 42 cdno. no. 4).

c) Copia del acta de inicio del contrato de concesión no. 001 de 15 de enero de 2003
antes referido suscrita el 10 de marzo de 2003 (fl. 39 ibidem).

d) Copia de la escritura pública no. 02263 de la notaría 63 de Bogotá mediante la
cual las sociedades Equitec SA y Comercializadora de Cemento Empresa
Asociativa de Trabajo junto con los señores Fernando Edmundo Acevedo Quiñones,
Javier Marín Arboleda, Fernando Andrade Hoyos, Camilo Garzón Silva y Víctor
Hugo Ramos Camacho protocolizaron el contrato de unión temporal Licorandes y
Asociados, cada uno con una participación del 20% por la gestión y operación
técnica de las utilidades netas, salvo las sociedades Equitec SA y Comercializadora
de Cemento Empresa Asociativa de Trabajo que tenían una participación del 10%
de utilidades (fls. 60 a 76 cdno. no. 4).

f) Certificación original emitida por el gerente general de la Industria de Licores de
Boyacá SA- CI que da cuenta de que mediante acta de la Asamblea General número
012 de junio 5 de 2006 y acta de Junta Directiva número 010 de junio 19 de 2006
se aceptó la cesión de las acciones del señor Víctor Hugo Ramos Camacho y la
participación que tenía en la unión temporal Licorandes y Asociados titular del
contrato de concesión número 001 de 2003 suscrito con el Departamento de Boyacá
(fl. 58 cdno. no. 4).

g) Certificación original emitida por la gerente administrativa de la Industria de
Licores de Boyacá SA- CI en la que da constancia de que el señor Víctor Hugo
Ramos Camacho “estuvo vinculado con contrato a término fijo con prórroga
automática desde el quince (15) de noviembre de 2004 hasta el treinta (30) de abril

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de 2006 cuando se le acepta la renuncia al cargo de gerente comercial de
planeación y proyectos (…). Al momento de su retiro devengaba un sueldo mensual
de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($4.194.000.00)” (fl. 78 ibidem – mayúsculas sostenidas del original).

h) Certificación original emitida por el gerente general de la Industria de Licores de
Boyacá SA- CI en la que da constancia de que:

“Según los Estados Financieros de la empresa las utilidades después de
impuestos obtenidas desde el año 2003 al año 2008 son:

Utilidades después de Impuestos

AÑO VALOR
2,003 250.448.887.82
2,004 146.455.117.75
2,005 73.949.000.00
2,006 531.220.623.96
2,007 812.685.800.46
2,008 651.044.774.51

(…)” (fl. 81 ibidem – mayúsculas fijas y negrillas del original).

i) Copia de los Estados de Resultados y Balances Generales de la Industria de
Licores de Boyacá SA CI correspondientes a los años 2004 a 2008, avalados por el
revisor fiscal (fls. 82 a 93 cdno. no. 4), documentos que conforme lo dispuesto por
el artículo 39 de la Ley 222 de 1995 y artículo 252 del Código Civil se presumen
auténticos.

Revisadas las conclusiones y resultados a los llegó el perito, es necesario hacer
una distinción sobre los momentos implementados en el análisis, pues, se
determinaron consecuencias económicas en dos (2) momentos diferentes, uno
primero a partir de la fecha de la cesión de las acciones a la fecha de elaboración
del dictamen y otro desde la fecha de elaboración del dictamen a la finalización de
la prórroga automática del contrato.

Por consiguiente, como la pretendida prórroga automática no corresponde a un
derecho, sino, a una mera expectativa, solo se tomará en cuenta el primer momento
económico analizado y valorado por el perito.

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El dictamen concluye que el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante asciende a la cifra de $608.670.106, que resulta de la operación
matemática que se describe a continuación:

“Para determinar el valor mensual que se debe actualizar, se toma el valor
de las utilidades certificadas para el año 2006, $531.220.623.96 y se las
convierte a mensuales dividiéndolas entre 12. A ese valor, se le extrae el
20%, porcentaje de participación del demandante en la compensación. El
valor es igual a $8.853.677.

LMA = ($531.220.623.96/12)X 20% = $8.853.677
LMA = ($44.268.385) X 50% = $8.853.677

Al anterior valor, se le suman los honorarios que devengaba por ejercer el
cargo de Gerente Comercial de Planeación y Proyectos, en cuantía de
$4.194.000.

La suma de los dos conceptos es igual a $13.047.677, la cual se debe
actualizar entre el mes de junio de 2006 y el mes de junio de 2009.

(…)

LCMA a 18 de junio de 2009, es de $15.403.006

De acuerdo con lo anterior, el LUCRO CESANTE PASADO al 18 de junio
de 2009, es igual SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($608.670.106) (…).” (fls.
10 y 11 cdno. no. 4 - mayúsculas sostenidas y negrillas del original,
subrayado adicional).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala está acreditado que el señor Víctor Hugo
Ramos Camacho era integrante de la unión temporal Licorandes y Asociados con
una participación del 20%, que esa unión temporal era la titular y ejecutora del
contrato de concesión número 001 de 2003 suscrito con el Departamento de Boyacá
por un plazo de veinte (20) años; asimismo, se tiene constancia de que las acciones
y participación que tenía en la mencionada unión temporal fueron cedidas el 5 de
junio de 2006, y que se desempeñaba en el cargo de gerente comercial de
planeación y proyectos en la Industria de Licores de Boyacá SA CI con una
asignación mensual de $4.194.000.000, cargo al cual renunció el 30 de abril de
2006.

Sin perjuicio de lo anterior, no se tiene completa claridad acerca de la motivación
que tuvo el señor Víctor Hugo Ramos Camacho para renunciar al cargo de gerente
en la Industria de Licores de Boyacá SA CI, así como tampoco respecto de la
duración de la ejecución del contrato de concesión número 001 de 2003 suscrito

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Expediente no. 25000-23-26-000-2008-00158-01 (50.509)
Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

con el Departamento de Boyacá, y el monto de utilidades que efectivamente dejó
de percibir.

Los anexos que acompañaron el dictamen pericial aluden a certificaciones
expedidas por la sociedad Industria de Licores de Boyacá SA CI, sin que con ello
se logre acreditar en forma idónea, clara y concreta el monto de los perjuicios por
cuenta de la inhabilidad sobreviniente ocasionada con la expedición de las
Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo de
2006, ambas proferidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño.

En efecto, revisados las conclusiones y resultados a los que llegó el perito no es
posible determinar de modo cierto, específico e inequívoco el monto de los
perjuicios generados en cabeza de la parte actora por cuenta de la inhabilidad
sobreviniente ocasionada con las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre
de 2005 y 006 de 13 de marzo de 2006 de la Alcaldía Local de Antonio Nariño,
máxime si se tiene en cuenta que, no se tiene claridad acerca de la motivación para
la renuncia al cargo que ocupaba como gerente comercial de planeación y proyectos
en la Industria de Licores de Boyacá SA CI, como tampoco acerca del monto y
duración de la pérdida de utilidad generada con ocasión de la ejecución del contrato
de concesión no. 001 de 2003 suscrito por la unión temporal Licorandes y Asociados
de la que hacía parte con el Departamento de Boyacá.

5) Por lo anterior, en atención a que se encuentran demostrados el daño y el
perjuicio reclamados, pero no el quantum de este último, corresponderá a la parte
actora promover incidente de liquidación de perjuicios de conformidad con lo
previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo para efectos de
que se determine el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante reclamados en la demanda, para lo cual se deberán tener en cuenta los
siguientes elementos o pautas:

a) En el incidente deberá aportarse o solicitarse la práctica de las pruebas
pertinentes e idóneas para establecer el monto exacto de los perjuicios materiales
por lucro cesante causados en cabeza del actor Víctor Hugo Ramos Camacho por
cuenta de la nulidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005

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Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho
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y 006 de 13 de marzo de 2006 mediante las cuales la Alcaldía Local de Antonio
Nariño declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 2001.

b) La parte actora deberá aportar copia de los soportes, balances financieros y
reparto de utilidades de la unión temporal Licorandes y Asociados en calidad de
ejecutora del contrato de concesión no. 001 de 2003 suscrito con el Departamento
de Boyacá.

c) La parte actora deberá aportar para su valoración copia de las declaraciones de
renta y patrimonio correspondientes a los cinco (5) años anteriores a la fecha de
expedición de las resoluciones demandadas, al año de expedición de las mismas y
al año siguiente de estas, esto es, al periodo comprendido entre el año 2000 a 2007,
para efectos de establecer los reales ingresos y utilidades percibidos durante esos
años fiscales que deberán corresponder con las declaraciones realizadas bajo la
gravedad de juramento ante la autoridad tributaria. Tales declaraciones deberán ser
aportadas por el actor o solicitadas directamente por el tribunal a la DIAN.

d) Asimismo, en relación con el contrato de concesión no. 001 de 2003 la parte
actora deberá aportar copia de las actas de inicio, constancia de ejecución, entrega
y recibo de los trabajos a satisfacción del Departamento de Boyacá, lo mismo que
las cuentas de cobro, facturas y/o recibos de pagos emitidos con ocasión del
referido contrato a los que hizo referencia el dictamen financiero.

e) El dictamen pericial practicado en el proceso hará parte del incidente de
liquidación de perjuicios, sin perjuicio de la valoración y grado de convicción que
ofrezca dicha prueba de conformidad con la valoración autónoma e independiente
que deberá hacer el a quo.

f) El quantum que se llegare a determinar dentro del incidente de liquidación de
perjuicios deberá respetar el principio de congruencia, razón por la cual no podrá
ser superior a la suma que se solicitó en la demanda, actualizadas a valor presente
a la fecha en que se resuelva el correspondiente incidente.

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4. Conclusiones

1) Para la Sala es claro que la demanda se centró en la discusión acerca de la
legalidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de
13 de marzo de 2006, a través de las cuales la Alcaldía Local de Antonio Nariño
declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001,
decisiones que impidieron la concreción de la prórroga automática del contrato e
inhabilitaron al contratista.

2) El tribunal de primera instancia declaró la nulidad de los actos administrativos
acusados y denegó las pretensiones de restablecimiento por falta de prueba y
acreditación.

3) En contra de la decisión de primera instancia, la parte actora formuló recurso de
apelación con el objeto de insistir en la determinación de los perjuicios ocasionados
en su contra por cuenta de la decisión de nulidad de los actos administrativos
demandados, que se concretaron en la pérdida de oportunidad de ejecución por la
imposibilidad de beneficiarse con la prórroga automática prevista en el cláusula
séptima del contrato y en las consecuencias derivadas de la inhabilidad
sobreviniente por cuenta de la caducidad del contrato.

4) De la revisión del dictamen pericial solicitado, decretado y practicado en primera
instancia para la Sala es claro que estuvieron debidamente probados los perjuicios
reclamados con la demanda, razón por la cual, se aparta de la decisión adoptada
por el tribunal de primera instancia en cuanto a la denegación de los perjuicios
reclamados como consecuencia de la inhabilidad sobreviniente por cuenta de la
declaratoria de nulidad de la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de
enero de 2001 y, en su lugar, condenará en abstracto los perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante en favor del actor Víctor Hugo Ramos Camacho.

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5. Condena en costas y agencias en derecho

Por último, no habrá de condenarse en costas a la entidad demandada porque no
está probada en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida
por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de
1998 para tal decisión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Revócase el ordinal segundo de la decisión de la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 30 de octubre de 2013 y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

“SEGUNDO: Condénase en abstracto al Distrito Capital de Bogotá -
Alcaldía Local Antonio Nariño al reconocimiento y pago de los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Víctor Hugo
Ramos Camacho, en el monto en el que resulten probados en el incidente
de liquidación de perjuicios, con los elementos y criterios señalados en la
parte motiva de esta providencia.”

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

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4º) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Martín Bermúdez
Muñoz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (impedimento aceptado)
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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