Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00509-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00509-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00509-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (e)
24 de enero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / Niega / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA – Niega / DAÑO DERIVADO DE LA EXPEDICIÓN DE DECRETO – Pretensión de reintegro de aportes que considera indebidos / DECRETO 2996 DE 2004 –Su anulación motivó la solicitud de reintegro de aportes / DAÑO ANTIJURÍDICO – No acreditado
En el caso bajo estudio, la Cooperativa de Trabajo Asociado (Colaboramos C.T.A.) demandó a la Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), con el fin de que se ordenara el reintegro de los aportes efectuados durante el período comprendido entre enero de 2005 y octubre de 2006, pagos que considera como no debidos, por la declaratoria de nulidad del artículo 1º del Decreto 2996 de 2004, mediante el cual se había impuesto a las cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado la obligación de pagar “contribuciones especiales al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar”. (...) [D]ado que no existe prueba en el expediente que acredite que dicha cooperativa pidió la devolución de los pagos que considera como no debidos por haber sido realizados en cumplimiento de la normativa que fue declarada nula –Decreto 2996 de 2004– y tampoco que esa reclamación se hubiera negado, la Subsección estima que no se demostró el daño cuya indemnización reclama en la demanda de reparación directa.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN DE HECHO Y LEGITIMACIÓN MATERIAL – La primera surge de la formulación de los hechos y pretensiones de la demanda; la segunda, es presupuesto necesario para obtener una decisión favorable frente a sus intereses dentro del proceso
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
CADUCIDAD – Ejercicio oportuno de la acción / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – El CCA consagraba el término de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho dañoso
El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
DAÑO ANTIJURÍDICO / Concepto. Definición / DEFINICIÓN DE DAÑO / El ordenamiento jurídico no contempla una definición del daño antijurídico / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO – Debe ser cierto, determinado, determinable, personal y no reparado por otra vía
De conformidad con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En relación con el contenido de dicha norma, esta Corporación ha sostenido que, aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, éste se refiere a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, de ahí que, para que proceda declarar la responsabilidad del Estado, se debe probar la existencia del daño, el cual debe ser cierto -“es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas” -, y determinado o determinable. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del daño antijurídico, consultar sentencias de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez y de 4 de diciembre de 1991, Exp. 6608, C.P. Julio César Uribe Acosta, de 17 de agosto de 2017; Exp. 37304; CP Marta Nubia Velásquez Rico (E), entre otras.
CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO / Certeza / DEBER JURÍDICO DE REALIZAR PAGOS – Agotamiento infructuoso de solicitud de devolución de contribuciones especiales / CARGA DE LA PRUEBA – La demandante no acreditó la configuración del primer elemento de la responsabilidad
Pues bien, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que para tener por cierto el daño, en casos como el presente, se debe demostrar que el interesado agotó la posibilidad de reclamar la devolución de los aportes que consideró se hicieron sin fundamento jurídico, con el fin de que la Administración se pronuncie respecto de los efectos del fallo de inexequibilidad –en este caso de nulidad–. (...) [L]a Sala considera que la cooperativa demandante incumplió la carga que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que establecía que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por cuanto, se insiste, no demostró la configuración del primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño, el que, tal y como lo estableció la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección -trascrita con anterioridad-, no se prueba únicamente con las constancias del pago efectuado por Colaboramos C.T.A. y la declaratoria de nulidad o inexequibilidad de la norma que lo obligaba.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2996 DE 2004 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2536 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177
CONDENA EN COSTAS – No hay lugar a condena en costas cuando no se actúa con temeridad o mala fe
Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00509-01(40993)
Actor: COOPERATIVA COLABORAMOS C.T.A.
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (Sentencia)
Temas: Responsabilidad del legislador por la aplicación de normas que fueron declaradas inexequibles / El daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado / No se acreditó en el expediente la existencia de un daño antijurídico.
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 6 de octubre de 2010, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La cooperativa Colaboramos C.T.A., en vigencia del Decreto 2996 de 2004, realizó contribuciones parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el SENA, acto administrativo declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de octubre de 2006.
En ejercicio de la acción de reparación directa, la sociedad sin ánimo de lucro solicitó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios irrogados con la expedición del acto administrativo general anulado, a saber, las contribuciones realizadas entre el año 2005 y 2006, además de los respectivos intereses.
ANTECEDENTES
I. Lo que se demanda
Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2008, la Cooperativa Colaboramos C.T.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de la Protección Social, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas (se transcriben en forma literal incluidos posibles errores):
“1. Declarar responsable patrimonialmente a la demandada por la falla en el servicio legislativo, al expedir el Decreto 2996 de 2004 ‘por el cual señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado’, por cuyo contenido la Cooperativa que represento se vio obligada a pagar la suma de tres mil cincuenta y ocho millones sesenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos ($ 3 058 061 873), por concepto de contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y al Instituto de Bienestar Familiar ICBF en el lapso comprendido entre el mes de enero de 2005 hasta el mes de septiembre de 2006, ambos inclusive, decreto que fuera declarado parcialmente nulo por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de octubre de 2006.
“. Se condene a la demandada a devolver o a pagar a Colaboramos C.T.A., a título de indemnización por los perjuicios causados, la suma de $ 3 058 061 873, por concepto del capital pagado por las contribuciones mencionadas en el numeral anterior y de acuerdo con los hechos que más adelante se relacionan”.
Como fundamento fáctico y jurídico de sus pretensiones, la actora sostuvo que:
De acuerdo con lo ordenado por el Gobierno Nacional a través de los artículos 1 del Decreto 2996 de 16 de septiembre de 2004 y 1 y 2 del Decreto 3555 de 28 de octubre de 2004, Colaboramos C.T.A., cooperativa de trabajo asociado, manifestó su voluntad de modificar sus estatutos para efectos de realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y las contribuciones especiales al SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar y, como consecuencia, canceló los aportes a las dos primeras entidades mencionadas desde enero de 2005 hasta septiembre de 2006.
Demandados en acción de simple nulidad ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado, los apartes del artículo 1º del Decreto 2996 de 2004 relativos a los aportes al SENA y al ICBF fueron declarados nulos en providencia de 12 de octubre de 2006, con fundamento en que vulneraban el principio de legalidad de los tributos.
Con la expedición irregular del Decreto 2996 de 2004, la Nación –Ministerio de la Protección Social incurrió en una falla del servicio legislativo que le causó un daño antijurídico cierto.
3.- Trámite procesal
Mediante providencia del 28 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda. Esa decisión se notificó a la Nación – Ministerio de Protección Social y al Procurado Judicial en debida forma.
La contestación de la demanda
La Nación-Ministerio de Protección Social propuso las excepciones de improcedencia de la acción, falta de conformación del litisconsorcio necesario, falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido por estimar que: i) la acción procedente para obtener la indemnización pretendida era la de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que lo buscado era obtener, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, la reparación de los daños por él causados; ii) por asistirles interés jurídico directo, debía vincularse al SENA y al ICBF; y iii) teniendo en cuenta que los dineros aportados como contribuciones parafiscales no tenían como destinatario al Ministerio de la Protección Social sino a las entidades mencionadas, las cuales gozaban de personería jurídica, eran ellas las llamadas a devolver las sumas recaudadas.
Sobre el fondo del asunto indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter general no afectaba las situaciones jurídicas particulares consolidadas, ni revivía los términos para su impugnación, de modo que los pagos realizados por la actora antes de la sentencia de nulidad no podían ser reintegrados por constituir una situación jurídica consolidada. Insistió en que, por virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos, estos eran obligatorios mientras no hubiesen sido anulados o suspendidos, por lo que antes de la declaratoria de nulidad de algunos apartes del Decreto 2996 de 2004, los pagos efectuados por virtud de dicha norma se amparaban en el ordenamiento jurídico.
La actora descorrió el traslado para excepciones, en esta oportunidad indicó que: i) de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la acción de reparación directa era procedente para reclamar los perjuicios causados por actos administrativos declarados nulos porque: a) dicha declaratoria evidenciaba una falla en el servicio, b) al amparo del Decreto 2996 de 2004 parcialmente anulado no expidió acto particular alguno y c) desaparecido del ordenamiento el aparte de la norma considerado como dañoso, no podría interponerse contra él una acción de nulidad y restablecimiento de derecho que presupone la vigencia del acto.
ii) en el presente caso no se configuró un litisconsorcio necesario, pues no fue cierto que la cuestión litigiosa debió resolverse de manera uniforme para la Nación-Ministerio de Protección Social y para el ICBF y el SENA dado que, al margen de que estas últimas hubiesen sido las entidades beneficiarias de las contribuciones pagadas, el daño consistente en dicho aporte no les era imputable; y iii) la legitimada en la causa por pasiva en este caso era, evidentemente, quien expidió los actos administrativos con fundamento en los cuales se realizaron los pagos, esto es, la Nación-Ministerio de la Protección Social.
Mediante providencia de 29 de julio de 2009, el Tribunal a quo negó la solicitud de citación del ICBF y el SENA subyacente a la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario planteada por la entidad demandada. Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:
“A juicio de la Sala, si bien el referido decreto impuso una obligación en favor de determinadas entidades dotadas de personería jurídica, no es menos cierto que la demanda sólo está encaminada a cuestionar la conducta de la Nación, en cuanto actuó representada por el Ministerio de Protección Social, al haber expedido el precitado decreto, por lo cual las concretas pretensiones formuladas en su contra, pueden ser resueltas válidamente sin la comparecencia de otros entes públicos, cuya conducta o participación en dicha decisión no se cuestiona”.
La sentencia apelada
Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió sentencia de primera instancia el 6 de octubre de 2010, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. Fundó su decisión en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuandoquiera que los actos administrativos fuente del daño han desaparecido del ordenamiento jurídico –como ocurre, por ejemplo, cuando han sido revocados-, la vía procesal idónea para obtener su indemnización es la de reparación directa. Desaparecido el acto administrativo, este no podría ser atacado por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha sostenido que las cargas que asumen los particulares en obedecimiento a lo dispuesto por actos administrativos vigentes se presumen legales pero, declarada su nulidad, aquéllas devienen en antijurídicas, sin que pueda desconocerse que fueron jurídicas durante la época en que estuvo vigente la norma. Fue para resolver esta dificultad que esta Corporación consagró el concepto de situación jurídica consolidada que implicaba que aunque la declaratoria de nulidad de un acto administrativo conllevara la desaparición de sus efectos desde su expedición, ello no aplicaba para las situaciones de los particulares ya consolidadas o consumadas.
Así las cosas, indicó que la declaratoria de nulidad de actos administrativos tiene efectos retroactivos tratándose de “situaciones en debate o no consolidadas, o respecto de las cuales no se encuentren caducados los términos de presentación de la demanda”, mientras que tiene efectos hacia futuro respecto de las situaciones consolidadas.
Estimó que lo anterior se hacía más evidente en materia tributaria en donde “las normas impositivas tienen aplicación dentro de determinados períodos fiscales y por ello, así hayan sido derogadas, la nulidad que se ordene no puede afectarlas en cuanto el lapso en el que tuvieron vigencia se encuentra terminado”, circunstancia que se justifica, porque, en todo caso y pese a la declaratoria de nulidad de la norma, la carga por ella impuesta era exigible por virtud de la presunción de legalidad que la cobijaba y de lo consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política respecto del deber de los particulares de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”.
En el caso concreto, la situación de la cooperativa demandante se encontraba consolidada, toda vez que los pagos realizados durante las vigencias fiscales de 2005 y 2006 “ingresaron efectivamente al patrimonio del ICBF y del SENA y por ende, en su calidad de ingresos del presupuesto de estas entidades, podrían ser invertidos por las mismas para el financiamiento de sus gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, como lo autoriza la Constitución Nacional y el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1986)”.
Adicionalmente, consideró que los pagos se encontraban amparados por la presunción de legalidad que ostentaba el artículo 1º del Decreto 2996 de 2004 pues, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, “tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia”.
Finalmente, teniendo en cuenta que, a la luz del artículo 95 de la Constitución Política, las personas residentes en el territorio nacional tienen un deber de solidaridad que se refleja, entre otros, en el pago de impuestos como una forma de contribuir al cumplimiento de los fines del Estado, los tributos cancelados con base en un fundamento jurídico, amparado por los principios de seguridad jurídica y presunción de legalidad, no sólo no se ven afectados por la declaratoria de nulidad del acto administrativo que los consagró, pues respecto de ellos se presenta una situación jurídica consolidada, sino que no constituyen un daño antijurídico porque, en el momento en que se pagaron, eran una carga que “se encontraba plenamente ajustada al ordenamiento”.
El recurso de apelación
Contra esta decisión la parte actora interpuso, el 24 de enero de 2011, recurso de apelación. Las razones de su inconformidad fueron las siguientes:
Teniendo en cuenta que entre el acto administrativo de carácter general declarado nulo y la situación de la Cooperativa Colaboramos C.T.A. no medió ningún acto administrativo particular y concreto, debe concluirse que la acción de reparación directa incoada es la procedente y, además, que no existió una situación jurídica consolidada, dado que esta última sólo se presenta en aquellos casos que medie un acto administrativo particular que la define y que ya no es susceptible de ser controvertido en sede administrativa o judicial.
El Tribunal a quo se equivocó al considerar que la realización de un pago determina la existencia de una situación jurídica consolidada cuando aquél es el hecho de un particular que evidentemente no puede ser calificado de acto administrativo, en tanto no es una declaración unilateral vinculante expedida en ejercicio de una función administrativa. Además, dicho pago tampoco era susceptible de ser discutido por vía administrativa o judicial –podía demandarse el acto, no así el pago-.
La noción de situación jurídica consolidada ha sido consagrada para efectos de evitar que la declaratoria de nulidad de actos administrativos generales reabra oportunidades procesales ya fenecidas para discutir la legalidad de actos administrativos particulares y, en ese sentido, es concreción del principio de seguridad jurídica.
No obstante, en este caso resulta inaplicable porque, mientras estuvo vigente el decreto declarado nulo, la cooperativa no disponía de recurso alguno para discutir el pago ante la administración o la jurisdicción, por lo que la declaratoria de nulidad no está reabriendo ningún término procesal.
Para ser consecuente con sus consideraciones, el Tribunal debió señalar cuáles eran “los términos u oportunidades procesales que se revivirían en el presente caso al reconocer los efectos extunc del fallo de nulidad parcial del decreto”.
La sentencia de primera instancia equiparó, de manera equivocada, las contribuciones parafiscales y los impuestos cuando las normas que regulan las primeras en ningún momento remiten al Estatuto Tributario. Ahora bien, aun en el caso de que lo hicieran y de que, como consecuencia, pudiera solicitarse la devolución de lo pagado indebidamente, como lo consagra dicho estatuto, lo cierto es que la situación de la cooperativa tampoco se encontraría consolidada porque, de acuerdo con las normas que rigen el asunto, la posibilidad de solicitar ese tipo de devoluciones prescribe en 5 años, los cuales no habían transcurrido al momento de incoar la demanda de reparación directa.
Indicó que aunque es cierto que el artículo 95 de la Constitución Política establece el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dicha contribución debe hacerse a través del pago de impuestos y contribuciones establecidos de conformidad con la Constitución y la ley, “respetando, por ende, la cláusula general de competencia legislativa en materia de impuestos y parafiscales”. Al interpretar dicha disposición constitucional como lo hizo, el a quo no sólo le dio un alcance que no tiene, sino que desconoció otras normas constitucionales y el hecho de que, con la declaratoria de nulidad, se desvirtuó la presunción de legalidad que cobijaba el decreto que consagró la obligación perjudicial.
Al referirse al artículo 95 de la Carta, la misma Corte Constitucional ha indicado que los contribuyentes “no están obligados a transferir recursos al erario sino en los casos y por los motivos que disponga la ley” y, adicionalmente, que desaparecida la norma impositiva “pierde fundamento el pago y, por ende, si se hubiere efectuado, debe ser restituido para realizar el principio de justicia y hacer operante el orden justo a que aspira la Constitución”.
Sostuvo que es contradictorio afirmar, como lo hizo la sentencia, que la declaratoria de nulidad del acto administrativo puso en evidencia su antijuridicidad y privó de legitimidad los efectos por él generados y, al mismo tiempo, que había lugar a denegar las pretensiones de la demanda.
Los alegatos de conclusión en segunda instancia
Dentro del término de traslado para alegar de conclusión en segunda instancia la parte actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso.
Por su parte, el Ministerio Público conceptuó que había lugar a confirmar la sentencia de primera instancia por estimar que, si bien es cierto que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, también lo es que dichos efectos no cobijan las situaciones consolidadas de los particulares, como es el caso de la cooperativa actora, dado que, para el momento en que efectuaron los pagos, dicho decreto se encontraba vigente y “tales dineros ingresaron al erario público y posteriormente volvieron a ser reinvertidos en la consecución de los fines del Estado, imposibilitándose entonces volver sobre ellos y, en consecuencia, no resulta procedente la reparación de perjuicios”.
Aceptación de impedimento
El magistrado Ramiro Pazos Guerrero manifestó su impedimento para conocer del asunto por haber participado en la adopción de la decisión de primera instancia. Este último se declaró fundado mediante auto de 9 de diciembre de 2013.
La cooperativa actora solicitó se reconociera la cesión de derechos litigiosos realizada a favor del Fondo de Empleados-FEIRO y, mediante auto de 16 de septiembre de 2015, este último fue reconocido como su litisconsorte.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 6 de octubre de 2010, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine
Competencia
La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia.
Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
1.2.1.- Legitimación en la causa de los demandantes
La Cooperativa de Trabajo Asociado -Colaboramos C.T.A-. es la demandante en este asunto, pues fue la que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, la Sala estima que a Colaboramos le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, por cuanto es cierto que el artículo 1º del Decreto 2996 de 2004 establecía que las Precooperativas y las Cooperativas de trabajo asociado, naturaleza que ostenta la demandante, “… deberán establecer la obligatoriedad de los aportes a (…) y contribuciones especiales al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar…” y, por tanto, la cooperativa demandante tenía la obligación de asumir los aportes por los que ahora reclama.
1.2.2.- Legitimación en la causa de las entidades demandadas
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Nación – Ministerio del Trabajo (antes Ministerio de la Protección Social), se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se desprende que es a dicha entidad a las que se le imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con la legitimación material de la Nación – Ministerio del Trabajo (antes Ministerio de la Protección Social), se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia –denegatoria o condenatoria–, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de la entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
El ejercicio oportuno de la acción
El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En el caso que se examina, la cooperativa demandante solicita la devolución del pago de lo no debido por concepto de “contribuciones especiales” impuestas por el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, el que fue declarado nulo parcialmente.
Siendo así, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del 12 de octubre de 2006, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió “DECLÁRASE la nulidad de la expresión ‘y contribuciones especiales al SENA, ICBF y cajas de compensación’ contenida en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004 expedido por el Gobierno Nacional”, por ser el momento en el que Colaboramos CTA tuvo conocimiento del supuesto pago de lo debido que ahora alega como daño.
Conviene precisar que, aunque en el expediente no obra la constancia de notificación del fallo del 12 de octubre de 2006, lo cierto es que en la página web del Consejo de Estado consta que dicha sentencia se notificó por edicto desfijado el 25 de octubre del mismo año. Por ende, en observancia del artículo 331 del C.P.C., se tiene que esa decisión quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 2006.
Siendo así, el término de caducidad de la acción de reparación directa inició su cómputo el 31 de octubre de 2006 y venció el 31 de octubre de 2008. Como la demanda se presentó el 10 de octubre de 2008, debe concluirse que ello se hizo dentro del término de dos años que consagra la norma para el ejercicio oportuno de esa acción.
Lo probado en el proceso
El 16 de septiembre de 2004 se expidió el Decreto 2996 de 2004 “por el cual se señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado”, el cual regía a partir del 1º de noviembre de 2004 (artículo 3). De acuerdo con el artículo 1 del mismo:
“En desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los estatutos, reglamentaciones, regímenes de compensaciones, previsión y seguridad social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, deberán establecer la obligatoriedad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, lo anterior sin sujeción a la Legislación Laboral Ordinaria.
Para este efecto se tendrá como base para liquidar los aportes, las compensaciones ordinarias permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador asociado. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente”.
El 28 de octubre de 2004 se expidió el Decreto 3555 de 28 de octubre de 2004 “por el cual se modifica el Decreto 2996 de 16 de septiembre de 2004”, el cual dispuso:
“Artículo 1º. Modifícase el artículo HYPERLINK "http://www.bogotajuridicadigital.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14840" \l "3" 3° del Decreto 2996 de 2004, en el sentido de señalar que las disposiciones establecidas en tal Decreto empezarán a regir a partir del 1° de enero de 2005, en relación con las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, que se inscriban para este propósito ante la Superintendencia de Economía Solidaria, expresando su voluntad de modificar sus estatutos, reglamentos o regímenes para efecto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y las contribuciones especiales al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando dicha inscripción se haga efectiva durante el mes de noviembre del presente año.
“Artículo 2º. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado que no realicen la inscripción en los términos del artículo anterior, se aplicará la vigencia establecida en el artículo 3° del Decreto 2996 de 2004” (copia del decreto, f. 8 c. 2).
En oficio de 29 de noviembre de 2004, la cooperativa Colaboramos, a través de su representante legal, comunicó a la Superintendencia de Economía Solidaria su “voluntad de modificar los estatutos, reglamento o regímenes para efectos de los aportes” mencionados en el decreto y, en consecuencia, se inscribió ante dicha superintendencia.
Mediante providencia de 12 de octubre de 2006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión “y contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar” contenida en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004 expedido por el Gobierno Nacional. Esta providencia quedó ejecutoriada el 30 de octubre del mismo año.
Entre 2005 y el 2006, Colaboramos C.T.A. realizó múltiples aportes de carácter parafiscal al SENA y al ICBF. Puntualmente, dicha cooperativa pagó al ICBF $1’178.306.415 y, al SENA un valor de $1.’184.843.894.
Análisis de responsabilidad en el caso concreto
El daño
En el caso bajo estudio, la Cooperativa de Trabajo Asociado (Colaboramos C.T.A.) demandó a la Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), con el fin de que se ordenara el reintegro de los aportes efectuados durante el período comprendido entre enero de 2005 y octubre de 2006, pagos que considera como no debidos, por la declaratoria de nulidad del artículo 1º del Decreto 2996 de 2004, mediante el cual se había impuesto a las cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado la obligación de pagar “contribuciones especiales al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar”.
De conformidad con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En relación con el contenido de dicha norma, esta Corporación ha sostenido que, aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, éste se refiere a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, de ahí que, para que proceda declarar la responsabilidad del Estado, se debe probar la existencia del daño, el cual debe ser cierto -“es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”-, y determinado o determinable.
Respecto del daño, esta Subsección ha precisado:
“… el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados o desleídos en un nuevo elemento que es la imputación.
“En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño o nocimiento, entendido como la alteración negativa a un interés protegido.
“(…).
“En efecto, solo será daño resarcible la afectación o lesión que, en primer lugar, recaiga o afecte un interés lícito o no contrario a derecho y, en segunda medida, que sea antijurídica, esto es, que el ordenamiento jurídico no imponga el deber de soportarla en términos resarcitorios.
“4.4. Además de lo anterior, el daño antijurídico, a efectos de que sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad–, ii) personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria, iii) lícito, de modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico, y iv) persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)”.
En atención de lo anterior, la Sala procederá a verificar si se cumplen los presupuestos de existencia del daño, esto es: i) la afectación a un derecho subjetivo o un interés legítimo (patrimonial o extrapatrimonial) del cual sea titular la víctima, es decir, que se trate de un bien jurídicamente protegido; ii) que dicha afectación sea cierta, concreta y determinada; iii) que sea personal y iv) que no se hubiera reparado por otra vía.
Pues bien, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que para tener por cierto el daño, en casos como el presente, se debe demostrar que el interesado agotó la posibilidad de reclamar la devolución de los aportes que consideró se hicieron sin fundamento jurídico, con el fin de que la Administración se pronuncie respecto de los efectos del fallo de inexequibilidad –en este caso de nulidad–.
Puntualmente sostuvo:
“… en lo atinente a la demostración del primer elemento de la responsabilidad, esto es, la ocurrencia de un daño antijurídico, la Sala estima que no se encuentra acreditado en el proceso, toda vez dicho carácter no depende, per se, del pago realizado por la entidad demandante y de la declaración de inexequibilidad dispuesta por la Corte Constitucional respecto de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000.
“Lo anterior, por cuanto no se acreditó en el proceso que la parte interesada hubiere reclamado la devolución de las sumas que hoy considera pagadas sin fundamento jurídico, frente a lo cual debe destacarse que para ello existe un procedimiento establecido en la ley, cuando el contribuyente considere que ha realizado un pago de lo no debido. En este sentido, el Estatuto Tributario contempla lo siguiente: ‘(…)’
“A la luz de lo anterior, es claro que la discusión sobre el deber jurídico de realizar los pagos tenía que ventilarse, inicialmente, en el marco del trámite de devolución del pago de lo no debido, comoquiera que se trata del mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para tal fin, por cuanto la procedencia de la devolución debe estar precedida del análisis sobre las valoraciones jurídicas del caso que sean presentadas por la parte interesada en el reintegro, escenario en el cual la autoridad administrativa, entre otras cosas, puede analizar el aspecto atinente a los efectos en el tiempo del fallo de inexequibilidad”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de esta Corporación expuso:
"15.1. En el caso concreto se tiene que, de acuerdo con la sociedad actora, el pago de la TESA, consagrada por normas legales contrarias a la Constitución, como lo declaró la Corte Constitucional en la sentencia de inexequibilidad, constituyó un daño antijurídico. No obstante, la Sala advierte que, al margen de las dudas que puedan surgir en torno al hecho de que dicho pago constituya un daño personal y cierto (15.2), el mismo no sería una carga que la sociedad actora no tuviera la obligación jurídica de soportar, esto es, que constituyera un daño antijurídico a la luz de la tesis de antijuridicidad que, por las razones que se expondrán, se estima necesario asumir en los casos de daños causados por normas o actos administrativos que no superaron el juicio de legalidad (15.3), por lo tanto, no se configura el primer elemento del juicio de responsabilidad consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política.
“(…).
15.2.1. También se ha señalado que, existiendo la posibilidad de obtener la devolución de lo pagado por concepto de la TESA a través de un mecanismo administrativo establecido exclusivamente para ello, la falta de prueba sobre su agotamiento infructuoso implicaría que el daño no fuera cierto, conclusión que aplicaría para los pagos de la TESA respecto de los cuales la sociedad actora no solicitó la respectiva devolución, pero no para aquéllos en los que, pese a haber adelantado dicho trámite, no obtuvo la devolución pedida, pues allí no habría duda alguna de que el daño no pudo ser revertido y, en consecuencia, constituiría un daño cierto”(se destaca).
En observancia de la jurisprudencia trascrita, advierte la Subsección que en el asunto bajo estudio no se cumple uno de los presupuestos de configuración del daño, esto es, que se trate de una afectación cierta, pues no se demostró el “agotamiento infructuoso” de la solicitud de devolución de las “contribuciones especiales” que habría pagado la cooperativa demandante al SENA y al ICBF, durante el tiempo en que produjo efectos la norma que las impuso –artículo 1 del Decreto 2996 de 2004–.
En efecto, tal y como se precisó en los pronunciamientos a los que se hizo mención, en el artículo 850 del Estatuto Tributario el legislador dispuso la “devolución de saldos a favor”, mecanismo mediante el cual se facultaba al contribuyente para que solicitara el reintegro de los “pagos en exceso o de lo no debido” que hubiera realizado por concepto de obligaciones aduaneras o tributarias –en ese caso de la TESA–.
Pues bien, conviene precisar que es cierto que el legislador no reguló ese procedimiento para la devolución del “pago de lo no debido” por concepto de “contribuciones especiales”, no obstante, según lo ha establecido la Sección Cuarta del Consejo de Estado, ello no desdibujaba la posibilidad de que las cooperativas asociadas de trabajo reclamaran ante la Administración el reintegro de las sumas pagadas con ocasión de la aplicación del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004. Esta Sección, al analizar un caso en el que se pretendía el reintegro de las sumas pagadas a título de la contribución especial impuesta por la referida norma (Decreto 2996 de 2004), sostuvo:
“Para los anteriores efectos, es del caso advertir que tratándose de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido originados en el cumplimiento de obligaciones fiscales correspondientes a tributos administrados por la DIAN o por las entidades territoriales, la petición puede presentarse dentro del plazo de prescripción de cinco años de la acción ejecutiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil, antes por disposición del Decreto 1000 de 1997, hoy del Decreto 2277 de 2012.
“Para los efectos de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido de aportes parafiscales no existe una regla especial, como existe para las obligaciones antes referidas. Ante ese vacío normativo, lo pertinente es que se aplique el término previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
“En un caso análogo al que ahora se estudia, la Sala interpretó el artículo 93 del Decreto 2388 de 1979, que reglamentó las Leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7 de 1979. Esta norma regula la posibilidad de que los mayores valores aportados al ICBF, por error, por patrones y entidades, se abonen a futuras causaciones. También prevé la posibilidad de que se reintegren los valores pagados en exceso. Sin embargo, para efectos del reintegro, no precisa el plazo en que hay que presentarse la solicitud.
“La Sala precisó que el artículo 93 del Decreto 2388 de 1979 estableció un plazo de tres meses para que los patronos y entidades soliciten los abonos a futuras causaciones de los mayores valores pagados por concepto de aportes parafiscales; pero no estableció un plazo para pedir la devolución efectiva de tales valores.
“Por lo tanto, en lo que respecta al plazo para pedir la devolución de los mayores valores pagados, la Sala concluyó que es pertinente aplicar el plazo de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, que antes de la expedición de la Ley 791 de 2002 era de diez años y, que a partir de su promulgación pasó a ser de cinco años.
“La Sala también precisó que el ICBF se pronunció en el mismo sentido, mediante el Concepto 160 del 10 de diciembre de 2013.
“En consecuencia, en esta oportunidad, se reitera que el término aplicable para pedir la devolución de los mayores valores pagados por concepto de aportes parafiscales, es el previsto en el artículo 2536 del Código Civil, que para este caso, es de cinco años, pues la actora solicitó la devolución en vigencia de la Ley 791 de 2002.
“En consecuencia, la Sala estima que es procedente la devolución de las sumas pagadas por la demandante por concepto de la contribución especial al ICBF respecto de las que no se hubiera consolidado una situación jurídica por cumplimiento del término de cinco años del artículo 2536 del Código Civil al momento de la solicitud”.
En atención al anterior pronunciamiento, se tiene que Colaboramos C.T.A. debía solicitarle al SENA y al ICBF, como entidades beneficiarias de las “contribuciones especiales”, el reembolso de los aportes que, a su juicio, habría efectuado sin fundamento jurídico, reclamación que tenía que presentarse dentro del término de que trata el artículo 2536 del Código Civil.
Siendo así, y dado que no existe prueba en el expediente que acredite que dicha cooperativa pidió la devolución de los pagos que considera como no debidos por haber sido realizados en cumplimiento de la normativa que fue declarada nula –Decreto 2996 de 2004– y tampoco que esa reclamación se hubiera negado, la Subsección estima que no se demostró el daño cuya indemnización reclama en la demanda de reparación directa.
Para la Subsección, el hecho de que Colaboramos C.T.A. no solicitara el reembolso de los aportes efectuados por concepto de la expresión normativa declarada nula por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, evidencia que, pese a que conocía de la existencia de una circunstancia que la habilitaría para estimar como no debidos los pagos realizados como “contribuciones especiales”, simplemente optó por renunciar a la posibilidad de reclamar la devolución, de manera que no planteó la controversia relativa a la juridicidad de los pagos hechos durante la vigencia del Decreto 2996 de 2004.
Así las cosas, la Sala considera que la cooperativa demandante incumplió la carga que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que establecía que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por cuanto, se insiste, no demostró la configuración del primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño, el que, tal y como lo estableció la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección -trascrita con anterioridad-, no se prueba únicamente con las constancias del pago efectuado por Colaboramos C.T.A. y la declaratoria de nulidad o inexequibilidad de la norma que lo obligaba.
Por tanto, ante la ausencia de prueba de un daño por el que se le pueda imputar responsabilidad a las entidades demandadas, la Sala concluye que se deben denegar las pretensiones de la demanda promovida por Colaboramos C.T.A.
Finalmente, es pertinente mencionar que, esta Subsección, en anterior oportunidad, se inhibió al estudiar un caso como el que ahora se analiza por indebida escogencia de la acción, al considerar que la acción que se debía interponer era la de nulidad y restablecimiento del derecho, porque el daño alegado fue producto del acto administrativo mediante el cual se negó “… la devolución de los aportes que realizó por concepto de la expresión normativa que había sido declarada nula, puesto que fue ese acto el que definió su situación particular y concreta, en el sentido de no recuperar los rubros que reclamaba”.
Empero, en este asunto no puede hablase de una indebida escogencia de la acción, por cuanto, como se explicó, no existe prueba que acredite que la cooperativa demandante le solicitó a las entidades beneficiarias –SENA, ICBF o cajas de compensación familiar–, la devolución de las “contribuciones especiales” asumidas con ocasión de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2006.
En otras palabras, no existe un acto particular y concreto que negara el reintegro de las sumas de dinero pagadas por Colaboramos C.T.A. a favor del SENA y el ICBF, por concepto de “contribuciones especiales”, lo que es justamente la razón para que esta Sala considere que el daño alegado no se encuentra acreditado.
Por lo expuesto, se negarán las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la Cooperativa de Trabajo –Colaboramos C.T.A.– contra el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo).
Condena en costas
Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin lugar a costas.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Folios 1-10 del cuaderno 1.
Folio 13 del cuaderno 1.
Folios 13 anverso y 15 del cuaderno 1.
Folios 16-25 del cuaderno 1.
Folios 37-40 del cuaderno1.
El a quo las decretó mediante auto de 8 de mayo de 2009 (f. 51-52 c.1).
Folios 103-112 del cuaderno principal.
Folios 114-126 del cuaderno principal.
Folios 135-136 del cuaderno principal.
Folios 140-144 del cuaderno principal.
Folio 160 del cuaderno principal.
Folio 162 del cuaderno principal.
Folios 164-165 del cuaderno principal.
Folios 183-184 del cuaderno principal.
La Sala encuentra que este proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $3’058.061.873, la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v., exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2008 ($230.7500.000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.
El objeto social de Colaboramos C.T.A. establece:
“COLABORAMOS CTA tiene como objeto social el crear y mantener el trabajo de sus asociados de manera autogestionaria y tiene como objetivo general del acuerdo cooperativo integrar voluntariamente a sus asociados, para la ejecución de labores materiales o intelectuales organizadas por la Cooperativa para trabajar en forma personal. De conformidad con las aptitudes, capacidades u requerimientos de los supuestos de trabajo, sujetándose y acatando las regulaciones que establezcan los órganos de administración de esta y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria’”.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Folios 9 al 16 del cuaderno 2
HYPERLINK "http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032500020040018701" http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032500020040018701.
“Artículo 331. Ejecutoria y cosa juzgada. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. (…)”. El 28 y 29 de octubre de 2006 fueron días inhábiles. Según sello de presentación personal a folio 17 reverso del c. principal. Folios 6-7 del cuaderno 2. Folio 8 del cuaderno 2. Folio 5 del cuaderno 2. Folios 71 al 82 del cuaderno 2. Folios 41-46; 48-49 del cuaderno 1. Según la certificación expedida por las entidades demandadas. Esta providencia atiende en su integridad los lineamientos expuestos en la sentencia del 29 de octubre de 2018, exp: 45691 con ponencia de quien proyecta este fallo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11.945, Magistrada Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 1991, expediente 6.608, Magistrado Ponente: Julio César Uribe Acosta: “[p]ara que las personas en quienes repercute el daño, causado a otra, puedan demandar indemnización, es indispensable que invoquen un interés legítimo y que el perjuicio que reclaman sea cierto y no eventual”. Henao Pérez, Juan Carlos (1998), El Daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, página 130. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 250002326000200500370 01 (37304). Original de la cita: “‘Daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar– se encuentran reunidos’. HENAO, Juan Carlos ‘Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado’ en: Revista de Derecho Privado, Ed. Universidad Externado de Colombia, No. 28 Enero – Junio de 2015, Pág. 280. Noción tomada de: J. C. Henao, ‘Le dommage.
Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français’, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007, p. 133”. Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemnización…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 27 de abril de 2017, radicación número: 25000232600020031119001 (28.846), demandante: Hyundai Colombia Automotriz S.A., demandado: Congreso de la República. Original de la cita: “Cfr. sentencia proferida por el pleno de la Sección Tercera en el expediente 28486, C.P. (…), tesis que supone que en el marco del proceso administrativo de devolución de tributos consagrado por el Estatuto Tributario y, sucedáneamente, en el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpusiera contra el acto administrativo que le diera fin, la sociedad actora habría podido obtener la devolución efectiva del tributo, circunstancia que, como se ha puesto de presente en el debate planteado en torno a este caso y como lo muestran las decisiones adoptadas por la Sección Primera de la Corporación en el marco de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas por estos hechos -supra párr. 11.8.1 y 11.9.1-, era cuando menos dudosa, al menos en los casos en los que los pagos se efectuaron antes de la expedición de la sentencia por la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que consagraron la TESA”. Original de la cita: "Es de recordar que, como se expuso en los pies de página 8 y 12, la sociedad actora no presentó solicitudes de devolución de todos los pagos efectuados por concepto de la TESA invocados en esta acción como constitutivos de daño antijurídico, aunque sí de la mayoría”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 21 de marzo de 2018, radicación número: 250002326000200300206 01 (29 352), actor: Glaxosmithkline Colombia S.A., demandado: Congreso de la República.
“Artículo 850. Devolución de saldos a favor. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html" \l "49" 49 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor (…)”. Original de la cita: “ARTICULO 2536. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA Y ORDINARIA. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años.
Y la ordinaria por diez (10).
“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).
“Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.
“En las sentencias citadas en el pie de página 9 se dijo que ‘(…) esta claro que tratándose de ejercer el derecho a devolución de pagos en exceso o de lo no debido, si bien no existe en la normatividad tributaria nacional disposición alguna que señale el término dentro del cual debe formularse la solicitud respectiva, se ha entendido que dicho término es el previsto para la prescripción de la acción ejecutiva de que tratan los artículos 2535 y 2536 del Código Civil; y precisamente por ello el Decreto 1000 de 1997 ‘por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de las devoluciones y compensaciones’, dispuso en sus artículos 11 y 21, que las solicitudes de devolución o compensación por pagos en exceso o de lo no debido ‘deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil’, esto es dentro del término de diez años’”. Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Bogotá D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016). radicación: 25000-23-27-000-2011-00288-01(19736). Actor: Indega s.a. Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Original de la cita: “Artículo 93. Los mayores valores aportados por patrones y entidades por error en su liquidación, se abonarán a futuras causaciones, previa la presentación de los recibos de consignación o documento probatorio del error. Cuando excedan los aportes de un (1) año, el ICBF reintegrará el exceso, si el patrono lo solicita; en caso contrario, lo abonará a aportes futuros, si es solicitado dentro de los tres (3) meses siguientes al año en el cual se causaron”. Original de la cita: “Art. 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).
“Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”. Original de la cita: “De acuerdo con lo anterior se advierte que el plazo de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 2536 del C.C., conforme al cual la acción ejecutiva prescribe en 20 años, disposición que fue modificada por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 y (sic) estableció dicho término en 5 años.
“Es así, que para determinar si el término para presentar la solicitud de devolución se encuentra prescrito debe establecerse cuál de las normas antes mencionadas resulte aplicable al caso. Para definir tal controversia es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 que dispone: (…)
“Con lo expuesto, tenemos que en materia tributaria en el repertorio normativo tradicional tampoco existe un término específico para solicitar la devolución del pago, y por ende el Consejo de Estado acudió analógicamente a la prescripción de la acción de cobro para determinar el tiempo en el cual los contribuyentes podrán realizar el cobro o solicitud de la devolución (…)
“En conclusión y conforme a los principios, normas y precedentes judiciales enumerados a lo largo del escrito, consideramos que los aportantes podrán pedir la devolución de un mayor valor pagado o del pago de lo no debido dentro de los 5 años siguientes a haberse hecho el aporte parafiscal, siempre y cuando se logre determinar que en el caso de los mayores valores, se pagó en exceso, y en el pago de lo no debido, se realizó el aporte no estando obligado a ello” (subraya del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 19 de julio de 2018, radicación número:
25000-23-26-000-2008-00253-01 (39298).
“En el sub judice, mediante escrito del 27 de junio del 2007, la Cooperativa demandante solicitó la devolución de los pagos hechos por concepto de la norma anulada, correspondientes a las vigencias 2004 a 2006, solicitud que fue negada mediante Oficio No. 034567 del 6 de julio de 2007 por la Coordinadora del Grupo de Recaudo del ICBF, decisión que fue confirmada a través de la Resolución No. 002599 del 9 de octubre de 2007, emitida por la Dirección General de la misma entidad.
“En cuanto al primer argumento de la apelación, la parte actora considera que la Resolución No. 002599 del 9 de octubre de 2007 no causó el daño, pues al momento de su expedición ya se había declarado la nulidad parcial del artículo 1 del Decreto No. 2996 de 2004.
“Para la Sala, como se precisó para el caso similar antes citado, el daño alegado sí se produce como resultado de la Resolución No. 002599 del 9 de octubre de 2007, dado que mediante dicho acto administrativo el I.C.B.F. le negó a la Cooperativa demandante la devolución de los aportes que realizó por concepto de la expresión normativa que había sido declarada nula, puesto que fue ese acto el que definió su situación particular y concreta, en el sentido de no recuperar los rubros que reclamaba.
“Como segundo argumento, la parte apelante señaló que la acción de reparación directa es la vía procedente para reclamar los perjuicios ocasionados por causa y en vigencia de un acto administrativo legal, pero que posteriormente fue declarado nulo, esto es, el artículo 1 parcial del Decreto No. 2996 de 2004.
“Se reitera, que al haberse producido un acto administrativo particular y concreto por solicitud de recobro de la hoy accionante, es este el que debió demandar; no obstante, la actora, al igual que en el asunto antes comentado, accionó en reparación directa dejando incólume la decisión que le causó el daño, esto es, la que le negó el pago de las sumas pretendidas.
“(…).
“No obstante, a diferencia de los casos “TESA”, esta Subsección ya resolvió un caso idéntico al sub judice en el que se pretendía la devolución de los pagos hechos por concepto de contribuciones especiales impuestas por el artículo 1 del Decreto No. 2996 de 2004, declarado nulo parcialmente mediante sentencia del 12 de octubre de 2006, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
“Como antes se precisó, en este caso la parte demandante sí reclamó la devolución de los aportes que realizó por concepto de la expresión normativa que había sido declarada nula, pero dejó incólume la presunción de legalidad del acto administrativo, Resolución No. 002599 del 9 de octubre de 2007, por el cual el I.C.B.F. le negó dicha solicitud, de modo que tal actuación sí concretó el daño consistente en que la actora no recuperara los rubros que reclamaba, lo cual ya no es posible mediante la reparación directa”.
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