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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2013-00055-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2013-00055-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, dado que no se agotó la actuación administrativa previa respecto a la devolución de los aportes efectuados por concepto de la contribución parafiscal anulada y porque no se acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto a una causa común generadora del daño. 59 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 60 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 61 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 62 Fl. 586 a 604, C.P.1. 33 Radicado: 66001233300020130005501 Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda instancia en el 0.001% de las pretensiones solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor de la Policía Nacional. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2013-00055-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 66001233300020130005501
Demandante: YESID ARCESIO COSSIO PEREA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Tema: Improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo. Nulidad de acto administrativo general que
estableció una contribución parafiscal. Devolución de tributos
indebidamente pagados. Ausencia de condiciones uniformes del
grupo respecto de la causa lesiva. Condena en costas en el
trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra
la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, el Presidente de
la República estableció una contribución parafiscal a cargo del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, la cual consistía en un descuento del equivalente
a 3 días de salario básico de la prima de vacaciones, el cual era destinado a
financiar los planes de recreación adoptados por el Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de dicha institución. No obstante, mediante sentencia del 28 de febrero
de 2013, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de la citada
normativa. Los demandantes sostienen que la Nación – Ministerio de Defensa -

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

Policía Nacional1 (en adelante la “Policía Nacional”) es patrimonialmente
responsable por la merma patrimonial que sufrió el personal del Nivel Ejecutivo de
dicha institución, como consecuencia del “cobro indebido o ilegal” de la contribución
parafiscal prevista en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, en
razón a que dicha normativa fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 14 de febrero de 20132, Yesid Arcesio Cossio Perea3, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo, presentó demanda en contra de la Policía Nacional y el “Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional”, con la pretensión de que se
les declare patrimonialmente responsables por la merma patrimonial que sufrió el
personal del Nivel Ejecutivo de dicha institución, como consecuencia del “cobro
indebido o ilegal” de la contribución parafiscal prevista en el parágrafo 2 del artículo
11 del Decreto 1091 de 1995, en razón a que dicha normativa fue declarada nula
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de
febrero de 20134.

El extremo activo solicita condenar a los demandados, “a reintegrar de manera
indexada a cada uno de los miembros del grupo afectado (miembros activos o

1 La demanda originalmente se dirigió contra la Policía Nacional y el “Instituto para la Seguridad

Social y Bienestar de la Policía Nacional”. No obstante, mediante auto del 2 de abril de 2013, el
Tribunal Administrativo de Risaralda inadmitió la demanda frente al Instituto de Seguridad Social y
Bienestar de la citada institución, toda vez que dicha entidad fue liquidada mediante la Ley 352 de
1997 y varias de sus funciones fueron asumidas por la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional.
Fl. 36 y 37, C. 1.
2 Fl. 2 a 25, C. 1. Fl. 31 y 32, C. 1. (Reforma). Fl. 39 y 40, C.1 (Subsanación).
3 La demanda fue presentada por un único demandante, esto es, el señor Cossio Pereira.

Posteriormente, mediante auto del 28 de mayo de 2013 y en el curso de la audiencia de conciliación
celebrada el 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Risaralda dispuso admitir al grupo a
otras personas. Fl. 90 a 92, C.1. y fl. 249 a 251, C.1.1.
4 La demanda se presentó mientras el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 se

encontraba suspendido provisionalmente. Una vez proferida la sentencia mediante la cual la Sección
Segunda de esta Corporación declaró la nulidad de dicha normativa, el grupo accionante reformó la
demanda y añadió los hechos y consideraciones respecto a la declaratoria de nulidad.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

retirados del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional) el monto total del dinero que
cancelaron, asumieron o que les fue descontado de la prima de vacaciones - el
equivalente a tres (3) días de salario básico- como contribución parafiscal
contemplado en el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995”.

En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que, mediante el
parágrafo 2 del artículo 115 del Decreto 1091 de 19956, el Presidente de la
República estableció una contribución parafiscal a cargo del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, el cual consistía en el descuento del equivalente a
3 días de salario básico de la prima de vacaciones, recursos que eran destinados a
financiar los planes de recreación adoptados por el Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de dicha institución.

Explica que dicho descuento era “ilegal”, dado que el Presidente de la República no
se encontraba facultado para establecer una contribución parafiscal.

Sostiene que, mediante auto del 20 de octubre de 2011, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la precitada
normativa, al advertir “la abierta y clara ilegalidad en la expedición del citado
Decreto”.

Afirma que, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013, la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo segundo del artículo 11 del
Decreto 1091 de 1995, con “efectos retroactivos, o ex tunc”.

5 "Artículo 11. Prima de vacaciones. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio

activo, tendrá derecho al pago de una prima de vacaciones por cada año de servicio equivalente a
quince (15) días de remuneración, conforme a los factores que se señalan en el artículo 13 de este
Decreto. Parágrafo 10. Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se encuentre
en comisión en el exterior e hiciere uso de vacaciones, percibirá la prima referida en pesos
colombianos que se liquidará tomando como pase los factores que se señalan en el artículo 13 de
este decreto. Parágrafo 2o. De la prima de vacaciones se descontará el valor correspondiente
a tres (3) días del sueldo básico, el que ingresará al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, con destino a planes de recreación. (...)" (se resalta).
6 “Por el cual se adopta el régimen de las asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel

Ejecutivo de la Policía Nacional”.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

Señala que el cobro de la contribución parafiscal prevista en la citada norma,
mientras aquella estuvo vigente, “carecía de legitimidad”, por lo que “se constituyó
en un enriquecimiento sin causa para el Estado”.

Los demandantes sostienen que la Policía Nacional y el “Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional” son patrimonialmente responsables por la
merma patrimonial que sufrió el personal del Nivel Ejecutivo de dicha institución,
como consecuencia del “cobro indebido o ilegal” de la contribución parafiscal
prevista en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, en razón a que
dicha normativa fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 28 de febrero de 2013.

Textualmente, se solicitó en el escrito de la demanda: “Que se declare patrimonial
y administrativamente responsables a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa
• Policía Nacional y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, que en forma antijurídica ocasionaron a cada uno de los miembros del
grupo atrás descrito, (miembros activos o ya retirados del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional), por el cobro indebido e ilegal de la contribución parafiscal
contenida en el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, cobro
que se llevó a cabo desde el 27 de junio de 1995 y hasta la fecha de la suspensión
del mismo a raíz de la suspensión provisional del parágrafo segundo del artículo 11
del Decreto 1091 de 1995 ordenada por el Consejo de Estado; contribución
parafiscal que el Consejo de Estado estima es ilegal, de acuerdo con el auto
proferido por la citada Corporación, el veinte (20) de octubre de dos mil once (2011),
radicación No. 11001-03-25-000-2010-00282-00(2295-10), de la Sección Segunda,
por medio de la cual declaró la suspensión provisional de la citada contribución, la
cual carecía de legitimidad y por tanto el mismo se constituyó en un enriquecimiento
sin justa causa para el Estado, representado en las entidades demandadas. Se
solicita que se emita la orden de reembolso de los cobros ilegales para el periodo
comprendido entre la entrada en vigencia del Decreto 1091 de 1995, que lo fue el
27 de junio de 1995 y hasta la fecha en que fue suspendido el cobro de la
contribución parafiscal por orden del H. Consejo de Estado a través de la
providencia dictada el 20 de octubre de 2011 […]”

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

2. Contestación

El 2 de abril de 20137-8, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda
frente a la “Policía Nacional – Dirección de Bienestar Social” y ordenó su notificación
a la demandada, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público.

2.1. La Policía Nacional9 se opuso a las pretensiones de la demanda. En sustento,
argumentó que era improcedente la devolución del dinero recaudado por concepto
de la contribución parafiscal prevista en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto
1091 de 1995, pues el cobro se efectuó mientras dicha normatividad se encontraba
vigente, por lo que “se presumía su legalidad y el recaudo del dinero que se
ordenaba se encontraba totalmente fundamentado”. Añadió que en la sentencia en
la cual se declaró la nulidad de la citada norma “no se dijo nada sobre estos dineros
por lo tanto se entendería que su alcance es a futuro y no retroactivo”. Finalmente,
sostuvo que el dinero recaudado fue utilizado para el fin establecido en el parágrafo
2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, esto es, para financiar programas de
recreación para los miembros de la Policía Nacional.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 21 de febrero de 201710-11 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7 Fl. 42 y 44, C. 1.
8 Mediante auto del 2 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó a la parte

demandante efectuar la estimación de la cuantía. Asimismo, el a quo inadmitió la demanda frente al
Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, toda vez que dicha entidad fue
liquidada mediante la Ley 352 de 1997 y varias de sus funciones fueron asumidas por la Dirección
de Bienestar de dicha institución. Fl. 36 y 37, C. 1.
9 Fl. 53 y 54, C.1.
10 Fl. 452 a 458, C. 1-1.
11 Mediante auto del 1 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó la

acumulación del proceso identificado con radicado 76001-23-33-008-2014-00897-00, el cual se
tramitaba ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Fl. 224 a 226, C. 1.1). La parte actora
(Fl. 436 y 437, C.1.1) y la Policía Nacional (Fl. 438 a 441, C. 1.1) presentaron recursos de “súplica”
y reposición, respectivamente, contra dicha providencia. Por su parte, mediante auto del 2 de mayo
de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió por “agotamiento de la jurisdicción” el
proceso identificado con radicado 76001-23-33-008-2014-00897-00 al Tribunal Administrativo de
Risaralda (Fl. 444 a 447, C.1.1). No obstante, mediante auto del 21 de febrero de 2017, el Tribunal
Administrativo de Risaralda repuso el auto del 1 de marzo de 2016, al constatar la improcedencia de
la acumulación de procesos en la acción de grupo (Fl. 452 a 458, C. 1.1). Asimismo, el a quo negó

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

3.1. La parte demandante12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda.

3.2. La Policía Nacional13 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y, además, sostuvo que la declaratoria de nulidad del parágrafo 2 del
artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 no afectaba situaciones consolidadas.
Asimismo, indicó que no se configuró un enriquecimiento sin causa, toda vez que el
dinero recaudado por concepto de la contribución parafiscal fue destinado para
fortalecer los programas de bienestar social para los uniformados de la mencionada
institución, tal como lo previó la mencionada norma.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 20 de septiembre de 201714, el Tribunal Administrativo de
Risaralda accedió a las pretensiones. En sustento, indicó que la declaratoria de
nulidad del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 surtía
efectos retroactivos, de forma que los descuentos efectuados a los miembros de la
Policía Nacional carecían de sustento jurídico. Así las cosas, concluyó que el cobro
de la citada contribución parafiscal ocasionó un daño antijurídico al grupo
accionante, el cual era imputable a la Policía Nacional, por ser la entidad que
recaudó y se benefició de dichos recursos.

En efecto, el a quo sostuvo que: “[…] Los efectos de la declaratoria de nulidad del
ordenamiento jurídico concretamente de la normatividad, se retrotraen al momento
mismo en que éste nació a la vida jurídica viciada de nulidad, tal regla encuentra su
excepción en las situaciones jurídicas ya consolidadas al momento en que fue
anulado, entendido por tales las que al momento de producirse la declaración de

por extemporánea la integración al grupo de los accionantes en el proceso tramitado ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
12 Fl. 508 a 512, C. 1.2.
13 Fl. 461 a 468, C. 1.2.
14 Fl. 518 a 532, C.P.1.

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

nulidad ya fueron debatidas y decididas por la jurisdicción e hicieron tránsito a cosa
juzgada. En el caso sub judice tiene aplicación la regla general, es decir, se
encuentra incurso en los efectos ex tunc de la sentencia del 28 de febrero de 2013
proferida por la alta Corporación en lo Contencioso Administrativo mediante la cual
se declaró la nulidad del parágrafo 2°, artículo 11 del Decreto 1091 de 1995
proferido por la Presidencia del República en desarrollo de las normas generales
señaladas en la ley 4 de 1992, razón por la cual los descuentos salariales que se
hubiesen efectuado a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en su
prima de vacaciones de la cual pueden disponer libremente, carecen de sustento
normativo y originan un daño antijurídico que debe ser indemnizado. […] Así las
cosas, como quiera que con ocasión a normatividad declarada nula la autoridad
demandada adelantó el recaudo de los descuentos parafiscales, ello erige a dicha
entidad en responsable del daño y, por consiguiente, en obligado a la indemnización
de los perjuicios causados a los miembros de la Policía Nacional, nivel ejecutivo, a
quienes les fue descontado el valor de 3 días de su salario de su prima de
vacaciones tal como disponía la normativa anulada; por tal razón se debe ordenar
a dicha entidad al pago de la indemnización correspondiente, consistente en la
devolución de las sumas pagadas por el actor y los demás integrantes del grupo
afectado, que comprueben pertenecer al mismo”.

Finalmente, en la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Risaralda condenó
a la Policía Nacional a pagar, por “perjuicios materiales”, la suma de $399.234 a
Yesid Arcesio Cossio Pera y, como indemnización colectiva, la suma ponderada de
$411.796.683.822,18 al resto de miembros del grupo accionante. Asimismo,
condenó en costas a la entidad demandada y fijó como honorarios en favor del
abogado coordinador del grupo demandante el 10% de la indemnización que
obtuviera cada uno de los miembros del grupo que no hubiera sido representado
judicialmente.

5. Recurso de apelación

El 2 de octubre de 201715, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación, el cual

15 Fl. 534 a 551, C.P.1.

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fue concedido el 6 de marzo de 201816 y admitido el 29 de mayo siguiente17.

5.1. La entidad demandada18 sostuvo que no se configuró un daño antijurídico, toda
vez que el recaudo de la contribución parafiscal se efectuó mientras que el parágrafo
segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 se encontraba vigente y gozaba
de presunción de legalidad. Señaló que no procedía la devolución del dinero
recaudado, pues los descuentos efectuados constituían una situación jurídica
consolidada, la cual no se veía afectada por la declaratoria de nulidad de la norma
que estableció la contribución parafiscal. Asimismo, indicó que no se configuró un
enriquecimiento sin causa, toda vez que los recursos recaudados se destinaron a
financiar programas de bienestar y recreación para los miembros de la Policía
Nacional, de los cuales se beneficiaron los miembros del grupo accionante.
Finalmente, argumentó que el monto “exorbitante” de la condena podía generar un
“impacto fiscal […] insostenible para el presupuesto del Estado”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de julio de 201819 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante20 reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
añadió que la presunción de legalidad de los actos administrativos “no hace
desaparecer el daño generado antes de su declaratoria de nulidad”, por lo que la
Administración debía responder por los daños que se ocasionaron “durante la
vigencia de un acto administrativo”. Argumentó que la Policía Nacional era
responsable por haber efectuado un “descuento ilegal al personal del Nivel
Ejecutivo” de dicha institución, quienes no estaban jurídicamente obligados a
soportar el daño que se les ocasionó. Asimismo, frente a los efectos de la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general, sostuvo que

16 Fl. 572, C.P.1.
17 Fl. 581, C.P.1.
18 Fl. 534 a 551, C.P.1.
19 Fl. 584, C.P.1.
20 Fl. 668 a 676, C.P.1.

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

“lo determinante para imputar responsabilidad patrimonial al Estado, es la causación
del daño antijurídico cuya verificación puede darse antes de la sentencia que
resuelve sobre su legalidad”.

Finalmente, indicó que no era de recibo el argumento expuesto por la Policía
Nacional frente a que “los dineros recaudados por concepto del tributo ilegal” fueron
utilizados para financiar actividades de bienestar para los miembros de dicha
institución, pues la citada entidad tenía la obligación de brindar tales servicios “sin
que la ley hubiera previsto la contribución obligatoria del personal”. Así las cosas,
concluyó que “hubo un enriquecimiento injustificado de la entidad generando
correlativamente una disminución del patrimonio de sus integrantes”.

6.2. La Policía Nacional21 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y, además, explicó que no se configuró una falla del servicio ni un “daño
especial”, pues el cobro de la contribución parafiscal se efectuó en cumplimiento de
un deber legal.

6.3. El Ministerio Público guardó silencio.

7. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El 25 de octubre de 201922, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en
adelante, “ANDJE”) solicitó intervenir en el presente proceso, motivo por el cual este
se suspendió mediante proveído del 18 de noviembre de 201923, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 611 del CGP y, en el plazo fijado para tal fin, la solicitante
en comento se pronunció sobre la controversia24, en el sentido de solicitar que se
negaran las pretensiones de la demanda.

En sustento, argumentó que el medio de control era improcedente porque con la
demanda no se perseguía la reparación de perjuicios, sino se buscaba el

21 Fl. 586 a 604, C.P.1.
22 Fl. 1650 a 1651, C.P.3.
23 Fl. 2184, C.P.4.
24 Fl. 2263 a 2271, C.P.4.

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

restablecimiento de un derecho, con lo cual, en últimas, se pretendía el
reconocimiento de una acreencia laboral. Sostuvo que los descuentos efectuados
a los miembros de la Policía Nacional por concepto de la contribución parafiscal
eran situaciones jurídicas consolidadas, de forma que no se veían afectadas por la
declaratoria de nulidad del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de
1995. Manifestó que, en caso de considerar que no se trataba de una situación
consolidada, lo cierto es que el medio de control no sería procedente dado que, “los
demandantes tendrían ante la administración la actuación respectiva y/o reclamar
su derecho individual mediante algún medio de control de impugnación”.

De igual manera, indicó que el daño no era antijurídico, toda vez que el cobro de la
contribución parafiscal se efectuó mientras la citada norma se encontraba vigente y
se presumía su legalidad. Asimismo, explicó que la Policía Nacional destinó los
recursos recaudados de acuerdo a lo dispuesto por la norma, esto es, a financiar
planes de recreación y bienestar para los miembros de dicha institución, de lo cual
se beneficiaron los miembros del grupo actor. Sostuvo que el daño no era imputable
a la Policía Nacional, toda vez que no se configuró una falla del servicio, una
situación de riesgo excepcional ni un daño especial. Finalmente, explicó que el
elevado monto de la condena de $411.796.683.822 ponía en riesgo la sostenibilidad
fiscal de la Nación.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – normatividad aplicable

Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202025, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 201126, y en

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto

de 2020, Rad. 64778.
26 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

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Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6827 de la Ley 472 de 199828 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.

Al efecto, comoquiera que el 14 de febrero de 201329, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia30.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la
demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 5031 de la Ley 472 de 1998 y,
15032 y 152.1633 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

27 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
28 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
29 Fl. 2 a 25, C. 1. Fl. 31 y 32, C. 1. (Reforma). Fl. 39 y 40, C.1 (Subsanación).
30 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
31 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los

procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
32 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
33 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

Administrativo, sin la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.

Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1234
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo es procedente para solicitar la restitución de lo pagado por
concepto de una contribución parafiscal, como consecuencia de la anulación del
acto administrativo general que la creó.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 20 de
septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó a la Policía Nacional a pagar al grupo
accionante la suma de $411.796.683.822, la demandada sostuvo que no se
configuró un daño antijurídico, toda vez que el recaudo de la contribución parafiscal
se efectuó mientras que el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de
1995 se encontraba vigente y gozaba de presunción de legalidad. Señaló que no
procedía la devolución del dinero recaudado, pues los descuentos efectuados
constituían una situación jurídica consolidada, la cual no se veía afectada por la
declaratoria de nulidad de la norma que estableció la contribución parafiscal.
Asimismo, indicó que no se configuró un enriquecimiento sin causa, toda vez que
los recursos recaudados se destinaron a financiar programas de bienestar y
recreación para los miembros de la Policía Nacional, de los cuales se beneficiaron
los miembros del grupo accionante. Finalmente, argumentó que el monto
“exorbitante” de la condena podía generar un “impacto fiscal […] insostenible para

34 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

el presupuesto del Estado”.

No obstante, antes de estudiar si se acreditó la causación de un daño antijurídico,
la Sala analizará si el medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo es procedente para solicitar la restitución de lo pagado por concepto de una
contribución parafiscal como consecuencia de la anulación del acto administrativo
general que la creó, pues de no ser así habrá lugar a declarar probada de oficio
dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los demás
presupuestos procesales ni el fondo del asunto.

4.1. Improcedencia del medio de control por ausencia de condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva cuya reparación se pretende

La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son
"interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".

En consonancia con lo anterior, los artículos 335 y 4636 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior
de demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la

35 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
36 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C 116 de 200837:

“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”38. (Se resalta)

37 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
38 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:

“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria
para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio.”

Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional39 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.

Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo40. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".

En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción

39 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
40 Sentencia C-569 de 2004.

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Radicado: 66001233300020130005501
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de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 41. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.

Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 42. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia43.

En los casos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios causados
por actos administrativos que se consideran ilegales, se requiere que la fuente del
daño sea una única decisión de la administración, al punto de que basta con que
uno solo de los interesados interponga los recursos obligatorios. De este modo, al
margen de que se trate de una situación equivalente –por ejemplo, sanciones

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-

000-2002-00025-02.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:

66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
43 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que

incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortíz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

impuestas a distintas personas por la misma infracción–, si en la vía administrativa
se emite una decisión frente a cada persona, a ellas les corresponderá promover de
manera individual el respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues en ese escenario no se presenta una causa común, sino múltiples fuentes de
daño, determinadas por el acto administrativo dictado respecto de cada una.

Ahora bien, en lo atinente a la procedencia de la acción de grupo cuando se
pretende la devolución del pago de un tributo expedido con fundamento en un acto
general declarado nulo, en sentencia de 4 de diciembre de 201844, la Sala Especial
de Decisión No. 4 del Consejo de Estado señaló lo siguiente:

En primer lugar, estableció que las sentencias que anulan el acto administrativo
general producen efectos ex tunc porque afectan el acto en sus presupuestos
esenciales y ab initio. No obstante, la nulidad del acto general no afecta las
situaciones jurídicas concretas y particulares que se consolidaron al amparo de tal
acto mientras rigió, es decir, que frente a estos eventos concretos los efectos son
ex nunc.

En ese sentido, esta Corporación aclaró que las situaciones jurídicas particulares
se consolidan cuando ya no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa
ni en vía jurisdiccional, pues se sometieron a ellas y fueron resueltas con efectos de
cosa juzgada que hace inmutable la decisión, o debido a que el interesado dejó
precluir la oportunidad de someterlas a examen administrativo previo y luego
judicial, razón por la cual el acto particular cobró firmeza.

De igual forma, explicó que la declaratoria de nulidad del acto general no afecta per
se la legalidad de los actos administrativos particulares y concretos expedidos con
fundamento en ese acto general (actos derivados), en tanto gozan de todos los
atributos propios del acto administrativo, entre ellos, están cobijados por la

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.

4, sentencia de unificación de 4 de diciembre de 2018, radicación: 66001-33-31-002-2007-00107-
01(AG)REV-SU.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

presunción de legalidad. Si el interesado que se considera afectado pretende su
anulación debe demandarlo mediante las correspondientes acciones legales.

Asimismo, expuso que la declaratoria de nulidad del acto general pone en evidencia
y al descubierto por la declaratoria expresa jurisdiccional el actuar irregular de la
administración, pero no implica per se la ocurrencia de daño antijurídico y menos
permite presumir el nexo de causalidad y, por ende, tampoco es vía para concluir a
priori la responsabilidad patrimonial del Estado.

De esta forma, sostuvo que la vocación resarcitoria en la acción de grupo obedece
a la acreditación debida de un daño antijurídico, es decir, aquel que no tenía la
obligación de padecer o soportar y que le es imputable material y jurídicamente a la
administración. Así, para que el daño antijurídico sea indemnizable en los casos en
que tenga su causa directa en el acto administrativo declarado nulo,
independientemente de la irregularidad declarada mediante la sentencia de nulidad,
debe demostrarse precisamente que sí fue antijurídico, porque legalmente no
estaba en el deber de soportarlo y el nexo de causalidad. En ese sentido debe
quedar demostrado entonces que esa antijuridicidad se deriva de haber padecido
una lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento, que no puede
confundirse con el perjuicio que es el valorativo o lo cuantificable del daño.

Del mismo modo, se estableció que no es jurídicamente posible reclamar una
indemnización por el presunto daño antijurídico ante la declaratoria de nulidad del
acto general cuando existe regulación legalmente expresa que le impone al afectado
el deber de reclamar la devolución de la suma que pagó y que luego se estableció
que tal imposición carecía de sustento legal, y hacerlo dentro de la oportunidad
legal.

Por consiguiente, esta Corporación dispuso que, en caso de que el interesado
solicite a la entidad recaudadora la devolución de los tributos indebidamente
pagados por vía administrativa, porque así lo impone la regulación o se deriva de la
relación jurídica, y la decisión administrativa no le sea favorable, para efectos de
reclamar el resarcimiento del perjuicio causado por el daño antijurídico, deberá

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el que cuestionará
la decisión expresa o presunta y podrá solicitar los perjuicios causados por el acto
administrativo demandado, siempre que haya padecido un daño antijurídico.

Así las cosas, la Sala Especial de Decisión No. 4 del Consejo de Estado concluyó
que la vía indemnizatoria directa cuando se está frente a la nulidad del acto general,
debe analizarse cuidadosamente según las circunstancias de cada caso, pues la
reparación directa o la acción de grupo no pueden constituir un mecanismo judicial
adecuado, si el interesado legalmente tenía la carga de agotar un trámite previo
ante la entidad o generar una decisión administrativa particular expresa o presunta,
aunado a la demostrativa de haber padecido un daño, pero no cualquiera, sino aquel
de alcance y estirpe antijurídico.

En consonancia, la Sala Especial de Decisión No. 19 de esta Corporación, en
sentencia de 1º de octubre de 201945, señaló que la posición jurisprudencial sobre
la devolución de tributos indebidamente pagados y su vía indemnizatoria es la
siguiente:

“En los casos que se quiera acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
por considerar que se ha producido un daño antijurídico por el pago de lo no debido
o pagado en exceso de tributos, se hace necesario que el interesado haya agotado
los procedimientos previos establecidos en el artículo 850 del Estatuto Tributario, el
Decreto 1000 de 1997 y su decreto derogatorio 2277 de 2012 y demás normas
concordantes, aplicables por las Administración Tributaria Territorial en virtud de lo
dispuesto por la Ley 788 de 2002. Por lo cual, el medio de control adecuado es el de
nulidad y restablecimiento del derecho y no la acción de grupo, salvo que se cumpla
lo establecido en el inciso 2º del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, en cuyo caso
además del daño deberá probarse la antijuridicidad del mismo, el nexo causal y los
perjuicios efectivamente causados”.

En el mismo sentido, en sentencia de 13 de agosto de 202146, la Sala Especial de
Decisión No. 9 de esta Corporación reiteró la posición jurisprudencial anteriormente
señalada y precisó que esa regla también se aplica respecto de las sanciones por
extemporaneidad que se impusieron con ocasión del tributo que posteriormente fue

45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.

19, sentencia de 1° de octubre de 2019, radicación: 66001-2333-003-2012-00007-01.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.

9, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicación: 66001-33-33-001-2012-00141-01.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

declarado nulo o inexequible, ya que el contribuyente también tiene la carga de
requerir previamente a la entidad recaudadora, a través de los recursos dispuestos
en el Estatuto Tributario o en la norma local aplicable y, en caso de no obtener una
respuesta favorable, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, se advierte que, mediante sentencia de unificación del 8 de mayo de
202447, la Sala Séptima Especial de Decisión de esta Corporación estableció que la
acción de grupo era improcedente para solicitar la restitución de lo pagado por un
tributo como consecuencia de la anulación del acto administrativo que lo creó. En
efecto, dicha Sala, en sede de revisión eventual, unificó el asunto en los siguientes
términos:

“[…] En relación con el primer motivo por el cual el fallo fue seleccionado para unificar
jurisprudencia, la Sala adopta como regla de unificación la siguiente:

<<La acción de grupo no es procedente para reclamar la devolución del pago
de tributos decretados en actos administrativos que posteriormente son
declarados nulos>>. […]

D. La acción de grupo no es procedente para reclamar la devolución de tributos
pagados cuando la norma que los fundamenta se anule con posterioridad. […]

13.- Esta Sala considera, por el contrario, que la única acción procedente para
reclamar perjuicios derivados del pago de un tributo cuando el acto
administrativo que lo decreta ha sido declarado nulo, es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo cual no es procedente, en ningún caso,
acudir a la acción de grupo para formularla. Esta posición jurisprudencial se adopta
con base en las consideraciones que adelante se exponen respecto de: (i) el privilegio
de decisión previa de la Administración; y (ii) la naturaleza especial de las acciones
judiciales. Y se estima que esta precisión es necesaria para darle claridad a la regla,
excluyendo de ella la referencia a situaciones excepcionales que terminan abriendo
la posibilidad de que se desconozca precisamente lo que en ella se establece. […]

16.- Los contribuyentes que pagaron un tributo cuyo fundamento normativo fue
declarado nulo, no pueden acudir a la acción de grupo para reclamar, a título de
indemnización de perjuicio, la devolución del pago realizado. Y lo anterior no es
posible, pues la indemnización se estaría solicitando por la vía que legalmente no
corresponde: su daño no se originó en una acción, omisión u hecho de la
Administración, sino en una decisión. El perjuicio reclamado se fundamentaría en
una norma legal vigente en el momento en el que se produjo el pago, razón por
la cual, si el demandante estimaba que dicho cobro era ilegal, estaba obligado
a: (i) a formular una petición de devolución a la entidad que recaudó el tributo

47Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión, sentencia del 8 de mayo de 2024, radicación: 08001-23-31-000-2010-00291-01.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

alegando un cobro de lo no debido y (ii) controvertir la legalidad de la decisión
negativa de esa petición.

[…] 19.- En virtud de lo anterior, resulta claro que la acción de grupo no es procedente
para reclamar perjuicios en el caso descrito anteriormente, en la medida en que, de
conformidad con las normas que regulan la solicitud de devolución en materia
tributaria (artículos 850 del Estatuto Tributario y 59 de la Ley 788 de 2002), los
artículos 85 y 86 del CCA (hoy 138 y 140 del CPACA) y el principio del privilegio de
la decisión previa de la Administración, los contribuyentes deben acudir al trámite
administrativo para provocar un pronunciamiento de la Administración respecto de su
situación concreta y particular. Una vez obtenido dicho pronunciamiento, en caso de
que su solicitud fuera resuelta de manera negativa, deben demandar el respectivo
acto administrativo en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”
(se resalta)

Ahora bien, en el sub examine el grupo accionante sostiene que la Policía Nacional
es patrimonialmente responsable por la merma patrimonial que sufrió el personal
del Nivel Ejecutivo de dicha institución, como consecuencia del “cobro indebido o
ilegal” de la contribución parafiscal prevista en el parágrafo 2 del artículo 11 del
Decreto 1091 de 1995, en razón a que dicha normativa fue declarada nula por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de febrero de
2013. Textualmente, en el libelo introductorio se solicitó lo siguiente:

“Que se declare patrimonial y administrativamente responsables a la Nación
Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional, que en forma antijurídica ocasionaron a
cada uno de los miembros del grupo atrás descrito, (miembros activos o ya retirados
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional), por el cobro indebido e ilegal de la
contribución parafiscal contenida en el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto
1091 de 1995, cobro que se llevó a cabo desde el 27 de junio de 1995 y hasta la
fecha de la suspensión del mismo a raíz de la suspensión provisional del parágrafo
segundo del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 ordenada por el Consejo de Estado;
contribución parafiscal que el Consejo de Estado estima es ilegal, de acuerdo con el
auto proferido por la citada Corporación, el veinte (20) de octubre de dos mil once
(2011), radicación No. 11001-03-25-000-2010-00282-00(2295-10), de la Sección
Segunda, por medio de la cual declaró la suspensión provisional de la citada
contribución, la cual carecía de legitimidad y por tanto el mismo se constituyó en un
enriquecimiento sin justa causa para el Estado, representado en las entidades
demandadas. Se solicita que se emita la orden de reembolso de los cobros ilegales
para el periodo comprendido entre la entrada en vigencia del Decreto 1091 de 1995,
que lo fue el 27 de junio de 1995 y hasta la fecha en que fue suspendido el cobro de
la contribución parafiscal por orden del H. Consejo de Estado a través de la
providencia dictada el 20 de octubre de 2011 […]”.

De esta forma, en el libelo introductorio se indicaron los siguientes criterios para
identificar el grupo accionante:

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

"Hombres y mujeres colombianos (as) que hacen o hicieron parte del nivel ejecutivo
de la policía nacional, residentes o no en la actualidad en Colombia que pagaron,
asumieron o les fue descontado de manera ilegal por la entidad demandada - Policía
Nacional - durante el periodo en que estuvo vigente la contribución parafiscal
consistente en el descuento equivalente a tres (3) días del salario básico de los
policiales (sic) del nivel ejecutivo, contribución que fue adoptada por el Gobierno
Nacional a través del parágrafo 2º del artículo 11 del decreto 1091 de 1995, por el
cual se adopta el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante decreto 132 de 1995"

En ese sentido, de conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y
válidamente al proceso, se probó que el Presidente de la República profirió el
Decreto 1091 de 199548, “Por el cual se adopta el régimen de las asignaciones y
prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”. Por su
parte, en el parágrafo 2 del artículo 11 de dicho Decreto, se estableció la siguiente
contribución parafiscal: “De la prima de vacaciones se descontará el valor
correspondiente a tres (3) días del sueldo básico, el que ingresará al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, con destino a planes de
recreación”.

No obstante, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013, la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la nulidad de la citada normativa, al constatar que
vulneraba el artículo 338 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, toda vez que
el Presidente de la República carecía de competencia para establecer dicha
contribución parafiscal. De ello da cuenta copia de dicha providencia49, de cuyo
contenido se destaca:

“1. La pretensión de declaración de nulidad del artículo 11 parágrafo 2° del Decreto
1091 de 1991 (sic).

Como quedó establecido en la demanda los actores pretenden que se declare la
nulidad del artículo 11 parágrafo 2 del Decreto 1091 de 1991 (sic), en el cual se
dispuso que de (sic) la prima de vacaciones del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo se descontara el valor correspondiente a tres (3)
días de sueldo básico con destino al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional para atender planes de recreación.

A juicio de los demandantes la norma acusada es violatoria del artículo 338 de la
Constitución Política, por cuanto solo la ley puede establecer Contribuciones

48 Al respecto se puede consultar: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1222362
49 Fl. 13 a 60, C. Anexo.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

Parafiscales y, por consiguiente, también resultan infringidas las normas contenidas
en las Leyes 4a de 1992, 180 de 1995, y el Decreto Ley 132 del mismo año. […]

En este caso el parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 reúne las
características propias de una contribución parafiscal, comoquiera que a un sector
determinado de la Policía Nacional, a saber quiénes integran el Nivel Ejecutivo de la
misma y se encuentren en servicio activo, la norma les impone un descuento de la
prima de vacaciones a que tienen derecho, correspondiente al valor de tres días de
su sueldo básico, para que el Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional los utilice en planes de recreación en beneficio del propio sector, que soporta
esa obligación.

Es evidente que la norma acusada impone un gravamen de carácter parafiscal
a una prima que se otorga a unos servidores públicos para su libre utilización
en las vacaciones, sin que para el efecto el Presidente de la República tenga
competencia, no sólo porque el artículo 338 de la Carta la restringe a los
órganos de representación popular de manera expresa, como ya se vio, norma
esta que tiene plena armonía con lo dispuesto por el artículo 150 numeral 12 de
la Constitución que adscribe al Congreso como una de sus funciones
legislativas la de establecer Contribuciones Fiscales y, excepcionalmente
Contribuciones Parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca
la ley.

Adicionalmente, ha de observarse que el artículo 150 numeral 19 literales e) y f) de la
Constitución Política establece que le corresponde al Congreso de la República dictar
las leyes que fijen las normas generales y señalen los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los
Empleados Públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública,
así como para determinar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los
trabajadores oficiales, lo cual precisa el contenido de los Decretos que habrá de dictar
el Presidente de la República en desarrollo de esta Ley Marco.

La Ley 4ª de 1992 ‘mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional
de empleados públicos’ en ninguna de sus disposiciones autoriza al Presidente de la
República para que mediante un Decreto dictado en desarrollo de dicha ley
establezca contribuciones parafiscales con cargo a la prima de navidad de algunos
servidores públicos, integrantes de la Policía Nacional.

Por otra parte, examinadas las normas contenidas en la Ley 180 y el Decreto Ley 132
de 1995, se observa que los demandantes no cumplen con la carga procesal de
demostrar en qué consiste la infracción que a tales normas se atribuye por la
expedición del artículo 11 parágrafo 2° del Decreto 1091 de 1995, como quiera que
mediante la Ley 180 de 1995, se modificó la estructura de la Policía Nacional,
quedando integrada así: Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes,
Alumnos, Personal del Servicio Militar Obligatorio y demás personal no uniformado
(art 1°). Asimismo, se revistió al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias, hasta por 90 días, para desarrollar, entre otras, la carrera profesional
del nivel ejecutivo de la Institución Policial, a la cual podrían vincularse suboficiales,
agentes, personal no uniformado y de incorporación directa (artículo 7o), normas que
ni de lejos son objeto de quebranto por las disposiciones acusadas ni podían serlo
por cuanto en ellas no se establecieron contribuciones parafiscales de ninguna
especie.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

Así las cosas, la pretensión de que se declare la nulidad del artículo 11 parágrafo 2°
del Decreto 1091 de 1995 prospera por violación del artículo 338 de la Constitución y
la Ley 4ª de 1992, pero no hay violación de la Ley 180 ni del Decreto Ley 132 de 1995,
pues los demandantes en este aspecto, no cumplieron con la carga de demostrar en
qué consiste la infracción alegada. […]” (se resalta).

De igual forma, se probó que, entre junio de 1995 y junio de 2006, la Policía Nacional
recaudó la suma total de $30.231.518.588,27, por concepto de la contribución
parafiscal consagrada en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995.
Asimismo, se acreditó que entre julio de 2006 y abril de 2012, dicha institución
recaudó la suma total de $58.627.198.636 por concepto de la citada contribución
parafiscal. De ello dan cuenta los Oficios del 16 de septiembre y 10 de octubre de
2014, suscritos por el Director de Bienestar Social y el Jefe de la Oficina de
Telemática de dicha institución50.

Así las cosas, durante la vigencia de la citada normativa, a los miembros del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional se les descontaba de la prima de vacaciones el valor
equivalente a tres días del sueldo básico, suma que era destinada a financiar planes
de recreación para los uniformados. De esta forma, en el sub examine, el grupo
accionante solicita condenar a la entidad demandada a devolver los dineros
recaudados por dicho concepto, toda vez que la norma que establecía la
contribución parafiscal fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013.

Pues bien, de conformidad con la regla de unificación expuesta en precedencia, se
advierte que el medio de control de reparación de perjuicios resulta improcedente
para reclamar la restitución del pago efectuado por concepto de una contribución
parafiscal como consecuencia de la posterior anulación del acto administrativo que
estableció el tributo. Esto, en tanto los contribuyentes tienen la carga de requerir
previamente a la entidad recaudadora sobre la devolución de los tributos que
consideran indebidamente pagados, a través de los recursos dispuestos en el
Estatuto Tributario o en la respectiva normatividad aplicable y, en caso de no
obtener una respuesta favorable, acudir al medio de control de nulidad y

50 Fl. 282, 362 y 366, C.1.1.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

restablecimiento del derecho o el de reparación de perjuicios causados a un grupo,
de conformidad con el artículo 138 y el inciso 2º del artículo 145 del CPACA,
respectivamente.

Respecto al procedimiento de devolución de pagos en exceso o de lo no debido por
concepto de aportes parafiscales, la jurisprudencia de las secciones Tercera y
Cuarta51 de esta Corporación ha establecido que, si bien no existe una regla
especial que regule dicho procedimiento, tal como ocurre con los tributos
administrados por la DIAN o las entidades territoriales, ante dicho vacío normativo,
los contribuyentes pueden solicitar la devolución de conformidad con los artículos
850 del Estatuto Tributario52 y 2536 del Código Civil53. Dicha postura ha sido
reiterada por la Sección Tercera54 al resolver casos de similares características al
sub examine, en los que se estudió la responsabilidad del Estado por actos

51 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021,
Rad. 25000-23-26-000-2008-10208-01 (48677); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 24 de enero de 2019, Rad. 250002326000200800509-01 (40993); Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2019, Rad. 25000-23-26000-
2008-00271-02 (49278); Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de abril de 2016, Rad.
25000-23-27-000-2011-00288-01 (19736); Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de
mayo de 2016, Rad. 63001-23-31-000-2010-00351-01(19938), entre otras.
52 “Artículo 850. Devolución de saldos a favor. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos

a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o
de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras,
cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las
devoluciones de los saldos a favor. […]”.
53 “Artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La

acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará
a contarse nuevamente el respectivo término”.
54 Precisamente, la Subsección A de la Sección Tercera ha manifestado lo siguiente: “Mutatis

mutandis, la cuestión que ahora se resuelve comporta una discusión semejante en punto de la
responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la exclusión del ordenamiento jurídico de
una norma tributaria de carácter general por ser contraria a la Constitución. Específicamente se alude
al deber que tenía la Cooperativa de agotar un procedimiento administrativo encaminado a provocar
un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros pagados como aportes
parafiscales en virtud del citado Decreto, tal como lo prevé el artículo 850 del Estatuto Tributario;
norma que si bien regula las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido de obligaciones
tributarias a cargo de la DIAN, también es aplicable respecto de devoluciones de contribuciones
parafiscales, tal como lo ha precisado la Sección Cuarta de esta Corporación”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, Rad. 25000-23-26-000-2008-
10208-01 (48677). Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo
de 2020, Rad. 08001-23-31-000-2007-00786-01(45565).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, Rad.
250002326000200800515 01 (45691).

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

administrativos anulados que establecían una contribución parafiscal. De hecho, allí
se dijo lo siguiente:

“En efecto, tal y como se precisó en los pronunciamientos a los que se hizo mención,
en el artículo 850 del Estatuto Tributario el legislador dispuso la ‘devolución de saldos
a favor’, mecanismo mediante el cual se facultaba al contribuyente para que solicitara
el reintegro de los ‘pagos en exceso o de lo no debido’ que hubiera realizado por
concepto de obligaciones aduaneras o tributarias –en ese caso de la TESA–.

Pues bien, conviene precisar que es cierto que el legislador no reguló ese
procedimiento para la devolución del ‘pago de lo no debido’ por concepto de
‘contribuciones especiales’, no obstante, según lo ha establecido la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, ello no desdibujaba la posibilidad de que las cooperativas
asociadas de trabajo reclamaran ante la Administración el reintegro de las sumas
pagadas con ocasión de la aplicación del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004. Esta
Sección, al analizar un caso en el que se pretendía el reintegro de las sumas pagadas
a título de la contribución especial impuesta por la referida norma (Decreto 2996 de
2004), sostuvo:

‘Para los anteriores efectos, es del caso advertir que tratándose de la devolución de
pagos en exceso o de lo no debido originados en el cumplimiento de obligaciones
fiscales correspondientes a tributos administrados por la DIAN o por las entidades
territoriales, la petición puede presentarse dentro del plazo de prescripción de cinco
años de la acción ejecutiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil, antes por
disposición del Decreto 1000 de 1997, hoy del Decreto 2277 de 2012.

Para los efectos de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido de aportes
parafiscales no existe una regla especial, como existe para las obligaciones antes
referidas. Ante ese vacío normativo, lo pertinente es que se aplique el término previsto
en el artículo 2536 del Código Civil.

En un caso análogo al que ahora se estudia, la Sala interpretó el artículo 93 del
Decreto 2388 de 1979, que reglamentó las Leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7 de 1979.
Esta norma regula la posibilidad de que los mayores valores aportados al ICBF, por
error, por patrones y entidades, se abonen a futuras causaciones. También prevé la
posibilidad de que se reintegren los valores pagados en exceso. Sin embargo, para
efectos del reintegro, no precisa el plazo en que hay que presentarse la solicitud.

La Sala precisó que el artículo 93 del Decreto 2388 de 1979 estableció́ un plazo de
tres meses para que los patronos y entidades soliciten los abonos a futuras
causaciones de los mayores valores pagados por concepto de aportes parafiscales;
pero no estableció un plazo para pedir la devolución efectiva de tales valores.

Por lo tanto, en lo que respecta al plazo para pedir la devolución de los mayores
valores pagados, la Sala concluyó que es pertinente aplicar el plazo de prescripción
de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, que antes de
la expedición de la Ley 791 de 2002 era de diez años y, que a partir de su
promulgación pasó a ser de cinco años.

La Sala también precisó que el ICBF se pronunció en el mismo sentido, mediante el
Concepto 160 del 10 de diciembre de 2013.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

En consecuencia, en esta oportunidad, se reitera que el término aplicable para pedir
la devolución de los mayores valores pagados por concepto de aportes parafiscales,
es el previsto en el artículo 2536 del Código Civil, que para este caso, es de cinco
años, pues la actora solicitó la devolución en vigencia de la Ley 791 de 2002.

En consecuencia, la Sala estima que es procedente la devolución de las sumas
pagadas por la demandante por concepto de la contribución especial al ICBF respecto
de las que no se hubiera consolidado una situación jurídica por cumplimiento del
término de cinco años del artículo 2536 del Código Civil al momento de la solicitud’”55.

Así las cosas, los miembros del grupo demandante debían solicitarle a la Policía
Nacional, como entidad que recaudó la contribución parafiscal, el reembolso de los
aportes que, a su juicio, habrían efectuado sin fundamento jurídico, mediante el
trámite administrativo correspondiente. En caso de negativa o ante el silencio de la
Administración, la persona podía acudir a la jurisdicción a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho o el de reparación de perjuicios
causados a un grupo, de conformidad con el artículo 138 y el inciso 2º del artículo
145 del CPACA, respectivamente.

Al respecto, la Corte Constitucional56 ha señalado que la comparecencia previa del
interesado ante la respectiva entidad como presupuesto para acudir a la jurisdicción
constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela
administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la
oportunidad de pronunciarse antes de que las controversias que hayan surgido en
torno a ellos sean planteadas ante los tribunales. En efecto, la Administración
cuenta con el denominado “privilegio de lo previo”, que más que una prerrogativa a
favor de la Administración, debe ser entendido como un mecanismo a favor del
ciudadano, pues está concebido para evitar en lo posible la controversia judicial57.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, en el caso concreto tampoco se acreditó
el requisito de existencia de condiciones frente a la causa común del daño, lo cual

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, Rad.

250002326000200800509-01 (40993).
56 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-792 del 20 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo

Escobar Gil, exp: D-6242.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto

de 7 de mayo de 2021, radicado: 64172.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

tambien conlleva a la improcedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.

En efecto, bajo el anterior contexto, se advierte que el análisis del caso concreto
implicaría analizar, de manera individual, frente a cada miembro del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, si efectuó o no la respectiva reclamación previa ante dicha
institución. De igual forma, en el evento en que los miembros del grupo accionante
hubieran agotado dicho requerimiento y que la entidad demandada les hubiera
negado la devolución de lo pagado por concepto de la contribución parafiscal, lo
cierto es que sería necesario efectuar un análisis normativo y fáctico individual frente
a cada uno de dichos actos administrativos. De esta forma, no podría predicarse la
existencia de una causa común generadora del daño, salvo que se hubiera proferido
un acto administrativo de carácter conjunto que afecte a veinte o más personas,
pues, en ese evento, sí se estaría ante una causa común y, por ende, resultaría
procedente para los fines pertinentes la pretensión de reparación de los perjuicios
causados a un grupo.

Así, la causa común exigida para la procedencia del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo no se configura en este caso. Conforme al
artículo 145 del CPACA y a los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, la procedencia
de este medio de control exige que los perjuicios individuales reclamados tengan
origen en una misma causa que afecte de manera uniforme a todos los integrantes
del grupo. Dicha causa común, en el caso de la devolución de lo pagado por
concepto de una contribución parafiscal como consecuencia de la anulación del acto
administrativo que la creó, solo se configura cuando la Administración ha proferido
un acto administrativo de carácter conjunto que afecte a veinte o más personas,
pues es precisamente ese acto el que genera, de manera simultánea y con
fundamento en una misma decisión, los efectos lesivos que dan lugar a la
reclamación colectiva.

Así las cosas, de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales mencionados
y de cara al caso concreto, resulta evidente que la parte actora omitió su deber de
constituir la decisión previa de la Policía Nacional conforme a las normas fiscales

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

que así lo determinan y no se provocó el pronunciamiento de un acto administrativo
particular que afectara de manera individual a los accionantes o de un acto
administrativo conjunto que afectara por lo menos a 20 personas, por lo que se
concluye que la pretensión de grupo no resulta procedente por ausencia de causa
común.

Por último, la Sala destaca que esta Subsección58, al resolver un recurso de
apelación interpuesto contra un auto, en un caso de similares características al que
acá se discute, declaró la terminación del proceso al encontrar probada la excepción
previa de ineptitud sustantiva de la demanda “ya que no se agotó la actuación
administrativa previa, para que la Administración emitiera el acto administrativo
pertinente, para luego, en caso de una decisión desfavorable, acudir a esta
jurisdicción”. Justamente, en esa oportunidad la Sala sostuvo:

“5.1. Como se explicó en los antecedentes, la parte actora pretende la indemnización
por los perjuicios ocasionados a los contribuyentes que efectuaron el pago de las
tasas administrativas que tenían por finalidad recuperar los costos administrativos por
la sistematización y modernización del impuesto de registro y del impuesto sobre
vehículos, el servicio de suministro de información al contribuyente para la liquidación
del impuesto sobre vehículos y la prestación de los servicios de tránsito del
departamento de Cundinamarca, previstas en las Ordenanzas departamentales No.
203 de 2013 y 216 de 2014 (artículo 658 y 659), en razón a que esos actos fueron
declarados nulos por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante sentencia del 23 de septiembre de 2021. […]

Debe precisarse que en materia tributaria existen procedimientos previos para
recuperar tanto el pago de lo no debido, como el pago en exceso, previstos en el
artículo 850 del Estatuto Tributario, en el Decreto 1000 de 1997 y su decreto
derogatorio 2277 de 2012 y demás normas concordantes, aplicables por las
Administración Tributaria Territorial en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 de la
Ley 788 de 2002. […]

En esa línea y contrario a lo afirmado por la parte recurrente, en sede del mecanismo
de revisión eventual, cuya finalidad es la de unificar la jurisprudencia en el medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo, para lograr la aplicación de
la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica, la posición
jurisprudencial del Consejo de Estado respecto a la devolución de tributos
indebidamente pagados y su vía de indemnización, impone la carga de agotar
previamente la reclamación administrativa conforme a las normas tributarias que
regulan la Administración Tributaria Territorial. Procedimiento que concluirá en un
acto administrativo de carácter particular y concreto y de contenido económico que
podrá ser demandado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y no por el de reparación de perjuicios causados a un grupo, salvo que se

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de agosto de 2024, Rad. 25000-

23-41-000-2023-00716-00 (71252).

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Radicado: 66001233300020130005501
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cumpla lo establecido en el inciso 2º del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, en cuyo
caso además del daño deberá probarse la antijuridicidad de este, el nexo causal y los
perjuicios efectivamente causados. […]

En suma, dado que en el presente caso se debate el derecho a la devolución de las
sumas pagadas por concepto de tributos que tienen su origen en actos generales
anulados en sede judicial, la Sala considera que, al margen de que la parte
demandante hubiera interpuesto la demanda de la referencia a través de la pretensión
de grupo o la de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que sí le es
exigible que previamente hubiera agotado la respectiva reclamación ante la
Administración. Lo anterior, ya que el derecho objeto de controversia es la devolución
del pago de lo no debido, cuestión que tiene un procedimiento administrativo previsto
en las normas fiscales y, por ende, su reconocimiento o denegatoria debe ser definido
en un acto administrativo de carácter particular, que bien puede ser individual o
conjunto, evento en el que de afectarse a 20 personas o más, se estaría ante una
causa común y, por ende, resultaría procedente para los fines pertinentes la
pretensión de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales reseñados y de cara al caso
concreto, resulta evidente que la parte actora omitió su deber de constituir la decisión
previa de la Administración Tributaria Territorial conforme a las normas fiscales que
así lo determinan y no se provocó el pronunciamiento de un acto administrativo
particular que afectara de manera individual a la accionante o de un acto
administrativo conjunto que afectara por lo menos a 20 personas, por lo que se
concluye que la pretensión de grupo no resulta procedente por ausencia de causa
común. […]

En ese orden, se tiene que el numeral 2º del artículo 161 del CPACA estableció los
‘requisitos previos’ que deben cumplirse para comparecer ante esta jurisdicción y
determinó que ‘(…) cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular
deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios’. De igual forma, el inciso 2º del artículo 145 del CPACA dispuso que
“[c]uando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria
para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio.” Lo anterior supone la existencia de una
decisión inicial que se debe recurrir, la cual, en asuntos tributarios, es una actuación
rogada y, por tanto, se profiere a petición de parte.

En estas condiciones, se advierte que en este caso no se cumple el presupuesto
procesal exigido por el artículo 850 del Estatuto Tributario, dado que, se itera, no se
agotó la actuación administrativa previa, para que la Administración emitiera el acto
administrativo pertinente, para luego, en caso de una decisión desfavorable, acudir a
esta jurisdicción, de ahí que se configure la excepción previa de inepta demanda
(artículo 100-5 del CGP), de lo que deviene la terminación del proceso, tal como fue
declarado por el Tribunal a quo”.

Así las cosas, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia
del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda
que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la
improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

grupo, dado que no se agotó la actuación administrativa previa respecto a la
devolución de los aportes efectuados por concepto de la contribución parafiscal
anulada y porque no se acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto a
una causa común generadora del daño.

5. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que es la parte vencida en el
proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

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Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

En relación con las agencias en derecho59 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora60. A su turno, el Acuerdo 1887 de 200361
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que, en los procesos declarativos con cuantía en segunda instancia, podrán fijarse
“hasta por el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia”.

En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión62, lo cual denota un
comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la demandada- Policía Nacional-
, las cuales se fijan en la suma equivalente al cero punto cero cero uno (0.001%) de
las pretensiones solicitadas en la demanda, que deberán ser liquidadas por
Secretaría.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda,
para en su lugar DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo, dado que no se agotó la actuación administrativa
previa respecto a la devolución de los aportes efectuados por concepto de la
contribución parafiscal anulada y porque no se acreditó la existencia de condiciones
uniformes respecto a una causa común generadora del daño.

59 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
60 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
61 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
62 Fl. 586 a 604, C.P.1.

33

Radicado: 66001233300020130005501
Demandante: Yesid Arcesio Cossio Perea y otros

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia en el 0.001% de las pretensiones solicitadas en la demanda, a
cargo de la parte demandante y a favor de la Policía Nacional.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF

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