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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-10208-01

Acción de reparación directa

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-10208-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección de C de Descongestión, mediante la cual se declaró una falta de legitimación y se denegaron las pretensiones, la cual quedará así. PRIMERO: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2008-10208-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Anulación de acto administrativo tributario sobre pago de parafiscales / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL – Nulidad del Decreto 2996 de 2004 / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / POTESTAD REGLAMENTARIA – Abuso / DAÑO CAUSADO POR ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Nulidad del Decreto 2996 de 2004 por desconocimiento de la reserva de ley para la consagración de una norma tributaria para la imposición de tributos / APORTE PARAFISCAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Presupuesto por declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias / INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Presupuestos de responsabilidad del Estado / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Deber de agotar procedimiento administrativo encaminado a provocar un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros pagados como aportes parafiscales / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Una vez agotado el procedimiento administrativo, se obtiene un acto administrativo enjuiciable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Quien pretenda la devolución de unos dineros pagados como cancelación de un tributo y no adelante el respectivo procedimiento administrativo, se configuraría una situación jurídica consolidada que no admitiría discusión en sede del medio de control de reparación directa o de reparación de perjuicios causados a un grupo / DAÑO CIERTO – No se configura cuando el contribuyente al haber omitido el procedimiento establecido por el legislador habría convalidado el cobro efectuado por la Administración

SÍNTESIS DEL CASO: La Cooperativa de Trabajo Asociado - Pro - Interés Social - Cooproinso C.T.A. (en adelante la Cooperativa o Cooproinso) pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación -Ministerio de la Protección Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, por los daños ocasionados a causa del pago de aportes parafiscales en el periodo comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, con base en el Decreto 2996 de 2004, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado a través de sentencia del 12 de octubre de 2006 (Exp. 15214).

PROBLEMA JURÍDICO: De acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala “determinar la responsabilidad patrimonial o no de los demandados como consecuencia de la expedición ilegal del Decreto 2996 de 2004” que fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA – Por razón de la cuantía / FACTOR OBJETIVO

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que el proceso tiene vocación de doble instancia. En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2008 tuviera apelación ante esta Corporación, la cuantía debía ser equivalente o superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, el valor de $230’750.000. En este caso, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 446 de 1998 y el numeral 2º del artículo 20 del CPC, la pretensión mayor se fijó en $564’782.152, por concepto de daño emergente -los dineros pagados como aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006- (fl. 3 c. ppal.), de modo que el presente asunto puede ser conocido por el Consejo de Estado en segunda instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 43 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 20 NUMERAL 2

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Desde la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004 / DAÑO CAUSADO POR ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Nulidad del Decreto 2996 de 2004

El numeral 8º del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones, en el sentido de señalar que, en materia de reparación directa, este término debía computarse desde el día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión causante del daño. De acuerdo con las consideraciones fácticas y jurídicas de la demanda, el daño reclamado se habría concretado con la declaratoria de nulidad del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004, que mientras estuvo vigente surtió sus efectos e implicó para la accionante el cumplimiento de la obligación de hacer aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006. En ese contexto, el término de caducidad debe computarse desde la ejecutoria de la sentencia del 12 de octubre de 2006, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004. En tal sentido, como dicha providencia fue notificada mediante edicto fijado entre el 23 y el 25 de octubre de 2006, quedó ejecutoriada el 30 de octubre siguiente. Así las cosas, el término de caducidad corría hasta el 31 de octubre de 2008; y como la demanda fue presentada el 12 de mayo de 2008 (fl. 2 c. ppal.), se entiende que el derecho de acción fue ejercido oportunamente.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Presupuestos / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FORMAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL – Definición / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones: la formal y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones, de modo que quien formula la demanda se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se atribuye el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que el demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada en la demanda. La Cooperativa de Trabajo Asociado - Pro - Interés Social - Cooproinso C.T.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, toda vez que se encuentra acreditado que, en virtud de lo previsto en el Decreto 2996 de 2004 efectuó pagos de aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y diversas cajas de compensación familiar, durante el período comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que los daños que se invocan en la demanda provienen de actuaciones y omisiones que se imputan directamente al SENA y al ICBF, por ser las entidades que directamente recibieron los aportes parafiscales. La Sala recuerda que en el recurso de apelación se cuestionó la decisión de declarar probada la falta de legitimación por pasiva del Ministerio de la Protección Social, en atención a que fue esa entidad la que expidió el Decreto 2996 de 2004, en virtud del cual la demandante efectuó unos aportes parafiscales, de manera que estaba llamado a responder porque su actuación fue la que causó el daño antijurídico alegado. Estos argumentos se abren paso, toda vez que en el presente asunto se plantea un debate sobre la reparación del daño antijurídico supuestamente sufrido por la accionante con la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general expedido por el Ministerio de la Protección Social y es esta entidad, en principio, la llamada a resistir las pretensiones de condena, dado que fue la autoridad que expidió el acto administrativo tributario. En tal sentido, se modifica la decisión de excluir del presente litigio a la mencionada cartera ministerial, en atención a que no carece de legitimación formal en la causa. En este punto la Sala precisa que las entidades accionadas se encuentran legitimadas en la causa únicamente en relación con las imputaciones y pretensiones específicas enfiladas en su contra en el libelo introductorio. Así, el Ministerio de la Protección Social está llamado a resistir las pretensiones relacionadas con la expedición ilegal del Decreto 2996 de 2004, mientras que las demás accionadas hallan su legitimación formal en relación con las pretensiones relativas a la restitución de los dineros recaudados por concepto de aportes parafiscales.

POTESTAD REGLAMENTARIA – Abuso / DAÑO CAUSADO POR ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Nulidad del Decreto 2996 de 2004 por desconocimiento de la reserva de ley para la consagración de una norma tributaria para la imposición de tributos / APORTE PARAFISCAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Presupuesto por declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias / INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Presupuestos de responsabilidad del Estado / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Deber de agotar procedimiento administrativo encaminado a provocar un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros pagados como aportes parafiscales / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Una vez agotado el procedimiento administrativo, se obtiene un acto administrativo enjuiciable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA – Quien pretenda la devolución de unos dineros pagados como cancelación de un tributo y no adelante el respectivo procedimiento administrativo, se configuraría una situación jurídica consolidada que no admitiría discusión en sede del medio de control de reparación directa o de reparación de perjuicios causados a un grupo / DAÑO CIERTO – No se configura cuando el contribuyente al haber omitido el procedimiento establecido por el legislador habría convalidado el cobro efectuado por la Administración

Como el decreto fue expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social en ejercicio de la potestad reglamentaria, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de octubre de 2006, declaró su nulidad al considerar que la consagración de una norma tributaria en esos términos desconocía el mandato de la reserva de ley para la imposición de tributos. […] Ahora bien, se encuentra acreditado en el plenario que la Cooperativa efectuó aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, aspecto que no ha sido objeto de discusión por las partes a lo largo del litigio, salvo en lo relativo al valor de los aportes efectuados al SENA, por cuanto en la demanda se pretendió la restitución de un monto distinto al reconocido por esa entidad en la contestación […]. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se ocupó, por importancia jurídica, de la temática objeto de análisis, esto es, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias. […] Mutatis mutandis, la cuestión que ahora se resuelve comporta una discusión semejante en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la exclusión del ordenamiento jurídico de una norma tributaria de carácter general por ser contraria a la Constitución. Específicamente se alude al deber que tenía la Cooperativa de agotar un procedimiento administrativo encaminado a provocar un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros pagados como aportes parafiscales en virtud del citado Decreto, tal como lo prevé el artículo 850 del Estatuto Tributario ; norma que si bien regula las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido de obligaciones tributarias a cargo de la DIAN, también es aplicable respecto de devoluciones de contribuciones parafiscales, tal como lo ha precisado la Sección Cuarta de esta Corporación. En ese contexto, en el evento en que Cooproinso hubiera agotado el citado procedimiento administrativo, la decisión definitiva sobre la solicitud de devolución estaría contenida en un acto administrativo de contenido particular y concreto y, por tanto, enjuiciable ante esta jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, […] Ahora bien, en el evento en que quien pretenda la devolución de unos dineros pagados como cancelación de un tributo no adelante el respectivo procedimiento administrativo, se configuraría una situación jurídica consolidada que no admitiría discusión en sede del medio de control de reparación directa o de reparación de perjuicios causados a un grupo, toda vez que en estos eventos el daño no tendría el carácter de cierto, en cuanto el contribuyente al haber omitido el procedimiento establecido por el legislador habría convalidado el cobro efectuado por la Administración. En otros términos, el hecho de que Cooproinso hubiese interpuesto una acción de reparación directa sin agotar el procedimiento de devolución a que se viene haciendo alusión, implica un desconocimiento del principio del privilegio de lo previo, que determina que es necesario permitirle a la propia administración pública, antes de acudir al juez contencioso administrativo, que analice la situación jurídica y adopte las medidas correspondientes para retrotraer las consecuencias nocivas de su actuación administrativa. En esa perspectiva, la Cooperativa debió solicitar a las hoy accionadas la devolución de las sumas pagadas como aportes parafiscales del Decreto 2996 de 2004, al haberse declarado su nulidad parcial mediante la sentencia del 12 de octubre de 2006 , de modo que en el transcurso del consecuente procedimiento se ventilara el debate sobre los efectos temporales de la sentencia de nulidad proferida por esta Corporación a efectos de retrotraer la situación jurídica de la accionante al momento previo a la expedición del acto administrativo general que impuso ilegalmente el mencionado tributo.

Visto lo anterior, la Sala confirmará el fallo recurrido, en atención a que la Cooperativa no demostró que el daño alegado fuera cierto, debido a que no adelantó el procedimiento administrativo establecido por el Estatuto Tributario para la devolución de los aportes parafiscales, luego de que se profirió la sentencia que declaró la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias, cita Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de marzo de 2018, exp. 29352(IJ); Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2017, exp. 28846; sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. 49278; sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 28741; sentencia del 19 de julio de 2018, exp. 39298 y Sección Cuarta, sentencia del 25 de abril de 2016, exp. 19736.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 850

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-10208-01(48677)

Actor: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – PRO – INTERÉS SOCIAL – COOPROINSO C.T.A.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS ANULADOS – Requisitos para su configuración. Deber de agotamiento de solicitud de devolución de lo pagado. Principio del privilegio de lo previo.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual se declaró una falta de legitimación y se denegaron las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

La Cooperativa de Trabajo Asociado - Pro - Interés Social - Cooproinso C.T.A. (en adelante la Cooperativa o Cooproinso) pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación -Ministerio de la Protección Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, por los daños ocasionados a causa del pago de aportes parafiscales en el periodo comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, con base en el Decreto 2996 de 2004, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado a través de sentencia del 12 de octubre de 2006 (Exp. 15214).

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2008 (fl. 2 c. ppal.), la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso C.T.A. (en adelante Cooproinso o La Cooperativa), por conducto de apoderada judicial (fl. 1 c. ppal.), interpuso demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de la Protección Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, con el fin de que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 2 c. ppal.):

Primera. - Declarar responsable extracontractualmente a la Nación – Ministerio de la Protección Social, por los daños antijurídicos ocasionados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso CTA, en virtud de la expedición ilegal del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004.

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación – Ministerio de la Protección Social, por los daños antijurídicos ocasionados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso CTA, de las sumas dinerarias canceladas por ésta última por concepto de aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2004 y el mes de diciembre de 2006, por valor de quinientos sesenta y cuatro millones setecientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y dos pesos ($564.782.152) M.L.

(…)

Subsidiarias:

Primera. - Declarar que los pagos efectuados por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso CTA, por concepto de aportes parafiscales al SENA e ICBF, durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2004 y el mes de diciembre de 2006 al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, son ilegales en virtud de la declaratoria de nulidad del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004.

Segunda. - Se declare responsable al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, por los daños antijurídicos ocasionados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso CTA, en virtud de la expedición ilegal del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004 por parte de la Nación – Ministerio de la Protección Social.

Tercera.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condene respectivamente hasta el monto de su beneficio al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” al pago a favor de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooproinso CTA, de las sumas dinerarias canceladas por ésta última por concepto de aportes parafiscales al SENA e ICBF, durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2004 y el mes de diciembre de 2006, por valor de trescientos trece millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($313.767.862) M.L.

También se pretendió la condena en costas y que se ordenara el pago de los intereses de plazo y moratorios causados desde la fecha en que se hicieron los aportes parafiscales.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo lo siguiente:

El Ministerio de la Protección Social, invocando las funciones atribuidas en el artículo 59 de la Ley 79 de 1988 y en el Decreto 468 de 1990, expidió el Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004, en cuyo artículo primero se estableció para las cooperativas de trabajo asociado el deber de pagar contribuciones parafiscales, así (fl. 4 c. ppal.):

Artículo 1°. En desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los estatutos, reglamentaciones, regímenes de compensaciones, previsión y seguridad social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, deberán establecer la obligatoriedad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, lo anterior sin sujeción a la Legislación Laboral Ordinaria.

Para este efecto se tendrá como base para liquidar los aportes, las compensaciones ordinarias permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador asociado. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Mediante sentencia del 12 de octubre de 2006, el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del artículo 1° Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004.

No obstante, durante el período comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, el mencionado Decreto surtió plenos efectos y la accionante tuvo que cancelar las sumas correspondientes a las contribuciones especiales con destino al SENA (2%), ICBF (3%) y Cajas de Compensación Familiar (4%). Estos valores fueron girados mensualmente y en la demanda se incluyó un listado del monto específico y de las diversas entidades -incluyendo las cajas de compensación- a las que les fue pagado el aporte.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 13 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (fl. 25 c. ppal.), providencia que fue debidamente notificada a las demandadas (fls. 28 a 30 c. ppal.).

2.2. El Ministerio de la Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 31 a 38). Consideró que, debido a que la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 2996 de 2004 no moduló sus efectos, debía entenderse que estos eran hacia el futuro, de manera que las sumas pagadas entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006 fueron canceladas legalmente y, como consecuencia se trataba de una situación jurídica consolidada que no podía ser tocada o afectada por la citada declaratoria de nulidad.

También adujo que el Ministerio de la Protección Social no se encontraba legitimado en la causa por pasiva, en atención a que sus funciones eran de simple direccionamiento de la política nacional. Y aunque el Decreto que impuso la contribución de parafiscales sí fue expedido por el ministro de la época, lo cierto es que los fondos captados y cuya devolución se pretende en este proceso, en realidad, fueron pagados al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar, entidades contra las que debían enfilarse las pretensiones de la demanda. En tal sentido, se consideró que cualquier cobro que de esos dineros se hiciera al Ministerio correspondía un cobro de lo no debido.

Argumentó que, debido a que el artículo 1° del Decreto 2996 de 2004 expresamente estableció que los aportes iban con destino al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar, entre estas entidades había un litisconsorcio necesario habida cuenta de los pagos efectuados por la demandante, el cual no estaba debidamente conformado.

2.3. El ICBF también se opuso a las pretensiones (fls. 50 a 62 c. ppal.), por considerar que, como los efectos de la sentencia de nulidad del Decreto 2996 de 2004 son ex nunc, los dineros pagados durante su vigencia correspondían a situaciones jurídicas consolidadas, que no podían ser afectadas de manera retroactiva por la anulación del acto administrativo general.

Adujo que en los eventos en que se habían proferido actos administrativos de carácter particular, se expidieron circulares internas ordenando la aplicación de la figura de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que liquidaban el pago de esos parafiscales y, como consecuencia, se terminaron los respectivos procedimientos de cobro coactivo.

2.4. El SENA consideró que “es imposible la devolución de los aportes que se hayan realizado con anterioridad a la declaratoria de nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004, ya que, por una parte el mismo gozó plenamente de presunción de legalidad y al acceder a tales devoluciones se vulneraría el principio de seguridad jurídica; y adicionalmente por la otra los efectos del fallo del Consejo de Estado (…) son ex nunc o a futuro (…) por lo que no es posible (…) hacer la devolución de los aportes con retroactividad a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad del citado decreto” (fl. 127 c. ppal.).

También precisó que los pagos efectuados por todas las cooperativas con posterioridad a la expedición de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2996 de 2004 estaban siendo objeto de devolución por parte del SENA, previa solicitud que en tal sentido hubieren presentado las interesadas.

Finalmente consideró que el SENA no era la entidad llamada a responder en el presente proceso por cuanto no fue la autoridad que expidió el acto declarado nulo y que, en todo caso, se aportaban medios de prueba tendientes a acreditar que los valores cancelados por Cooproinso fueron menores a los señalados en la demanda (fls. 120 a 129 c. ppal.).

2.5. Mediante auto del 19 de noviembre de 2008 se abrió a pruebas el proceso (fl. 141 c. ppal.). Una vez concluyó ese período, a través de proveído del 21 de octubre de 2011, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 389 c. ppal.).

2.6. El Ministerio de la Protección Social insistió en que debían negarse las pretensiones de la demanda porque el pago efectuado por la accionante obedeció al cumplimiento de una norma que se presumía legal. Aunado a esto, recalcó que, aunque esa cartera ministerial fue la que expidió el acto de carácter general en virtud del cual se impuso el deber jurídico de hacer las mencionadas contribuciones parafiscales, lo cierto es que esos pagos se hicieron a favor de las demás accionadas, de manera que el Ministerio carecía de legitimación en la causa por pasiva (fl. 390 a 397).

2.7. La parte demandante explicó la procedencia de la acción de reparación directa en el presente asunto, dada la declaratoria de nulidad de un acto general que durante su vigencia se presumió legal y tuvo como efecto hacer que tuvieran que cancelarse unas sumas de dinero por concepto de aportes parafiscales.

Asimismo, destacó que “el permanente yerro en el que incurren los demandados al sostener en su contestación sobre la supuesta situación jurídica consolidada, siendo que dicha circunstancia no se presenta en este caso frente al perjuicio ocasionado por cuanto entre el acto administrativo general que fijó la obligación de los aportes parafiscales en cuestión, nunca existió un acto administrativo particular susceptible de ser atacado ante la jurisdicción por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento. Así, si hubiese existido un acto administrativo particular es posible que la situación jurídica se encontrase consolidada, pero en nuestro caso concreto nunca existieron unos actos administrativos particulares susceptibles de ser atacados en sede jurisdiccional, a contrario sensu se hacían los pagos en virtud del acto administrativo general, Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004” (fls. 398 a 402 c. ppal.).

2.8. El SENA reiteró las razones de defensa expuestas en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que los pagos de parafiscales realizados por la accionante se hicieron con base en una norma que entonces tenía presunción de legalidad, se habían practicado las devoluciones de los dineros pagados con posterioridad y, en todo caso, había prueba de que los montos pagados eran menores a los aducidos en la demanda (fls. 419 a 429 c. ppal.).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa.

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de junio de 2013 (fls. 563 a 560 c. ppal.), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Protección Social y negó las pretensiones.

En relación con la falta de legitimación, se consideró (fl. 566 c. ppal.):

Una vez estudiada la falta de legitimación en la causa por pasiva incoada por esta agencia ministerial se observa que está llamada a prosperar, toda vez que la Nación - Ministerio de la Protección Social en ningún momento recaudó aportes parafiscales por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado – Pro – Interés – Cooproinso C.T.A., si bien es cierto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2996 de 2004, esto no quiere decir que sea la entidad la que haya recaudado los dineros o aportes de la hoy demandante.

En lo atinente a la denegación de las pretensiones, el a quo consideró que estaba acreditado que la accionante efectuó los aportes a parafiscales ordenados en el artículo 1° del Decreto 2996 de 2004, durante el período comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006. Sin embargo, como estos aportes se hicieron antes de que se declarara la nulidad del mencionado acto de carácter general, debía entenderse que eran una situación jurídica consolidada, en la medida en que se fundamentaron en una normativa entonces legal y vigente, y porque nunca fueron objeto de cuestionamientos o impugnación por parte de la hoy accionante. Esto se señaló en los siguientes términos (fl. 568 vto. c. ppal.):

En el presente caso, si bien hubo una decisión judicial sobre la ilegalidad del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, que deja a la vista una falla en la administración pública; dicha declaratoria no afectó las situaciones concretas e individuales que se produjeron en vigencia del mismo, toda vez que los pagos se encuentran en firme y constituyen una situación consolidada, porque no fueron objeto de discusión, ya fuera por la vía gubernativa o en la vía contencioso administrativa, habida cuenta que la ley ha querido que las situaciones particulares no queden indefinidamente sometidas a controversia jurídica y para ello establece términos perentorios dentro de los cuales se puede solicitar la revisión de las actuaciones administrativas y de encontrarse violatorias de normas superiores, excluirlas del ámbito jurídico y restablecer el derecho afectado.

Finalmente, observa la sala que es evidente, que el pago de lo que hoy alega la Cooperativa (…) en relación con la expresión “y contribuciones al SENA, ICBF y Cajas de Compensación” contenida en el artículo 1° del Decreto 2996 de 2004, (…) debió exteriorizarse de forma oportuna y no solicitar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por esos dos (2) años y un (1) mes, ya que en este caso la Nación – Ministerio de la Protección Social, expidió un decreto dentro del cual plasmó el fundamento fáctico y jurídico con el cual soportó su decisión para ese momento, por tanto, ante la existencia de dicha manifestación, la cual produjo un efecto jurídico, lo procedente era que el particular afectado con la misma (Cooperativa de Trabajo Asociado Pro – Interés Social – Cooproinso CTA.) solicitara en defensa de su interés particular y concreto ante la jurisdicción de lo Contencioso administrativo, además de la nulidad de la expresión contenida en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, por ser contrario a las normas superiores, que le restablecieran en su derecho conculcado, desconocido o menoscabado por aquel.

Hay que descartar entonces, que en este caso la anulación del acto por parte de la administración no conduce por sí misma a que el Estado deba indemnizar al perjudicado durante la vigencia del acto ya que es la falta de impugnación del mismo a tiempo, lo que conduce a señalar que los perjuicios ocasionados en su vigencia no son objeto de indemnización, por constituir una situación consolidada.

4.- El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante formuló recurso de apelación por considerar que el fallador de primer grado erró en la determinación de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de la Protección Social y en la denegación de las pretensiones (fls. 572 a 579 c. ppal.).

En relación con la legitimación en la causa del Ministerio de la Protección Social señaló que fue esa entidad la que expidió el decreto en virtud del cual se hicieron los aportes parafiscales, de manera que es la llamada a responder porque no puede confundirse al causante del daño antijurídico con su beneficiario. Esto lo señaló en los siguientes términos (fl. 571 c. ppal.):

Ahora bien, por ser estos aportes de naturaleza parafiscal, según el artículo 150 numeral 12 y 338 de nuestra Carta Política, para su existencia y cobro legítimo requerían de norma legal dictada por el Congreso de la República que las estableciera, pues, gozan de reserva legal, encontrándose sometidas al principio de legalidad (…).

Así, de la conducta ilegal de la administración se derivó un daño o perjuicio antijurídico a cargo de mi defendida, representado en las sumas de dinero que tuvo que pagar por concepto de aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación (…).

Así las cosas, la causa eficiente del daño fue el acto administrativo general expedido precisamente por el Ministerio de la protección social, y en esa medida es el primer responsable de los daños ocasionados por él mismo, independientemente de que se haya favorecido o no del perjuicio, esto es, no podemos confundir como lo hizo el a quo, entre responsable del daño con beneficiario de ese mismo daño, porque si bien por regla general coinciden, no todas las veces concuerdan de manera indefectible.

Seguidamente, en la impugnación se adujo que el fallo de primera instancia no hace un correcto abordaje del conflicto puesto a consideración del Tribunal, en tanto se centra en establecer los efectos temporales de la declaratoria de nulidad del Decreto 2996 de 2004 e indica que los pagos efectuados durante la vigencia de esa norma constituyen una situación consolidada.
Al respecto, indicó que el presente proceso debe centrarse en “determinar la responsabilidad patrimonial o no de los demandados como consecuencia de la expedición ilegal del Decreto 2996 de 2004” que fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

Aunado a esto, argumentó que en el presente asunto el daño cuya reparación se pretende devino de la existencia y presunción de legalidad del Decreto 2996 de 2004, el cual se aplicó sin que mediaran actos administrativos de carácter particular, lo cual hace procedente la acción de reparación directa como medio de defensa judicial adecuado para la reparación del daño sufrido como consecuencia de la expedición ilegal de un acto administrativo general.

Mediante auto del 5 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación (fl. 581 c. ppal.).

5.- Trámite en segunda instancia

5.1. La impugnación fue admitida por esta Corporación mediante auto del 4 de octubre de 2013 (fl. 585 c. ppal.). Luego, en providencia del 1 de noviembre siguiente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 588 c. ppal.).

5.2. El SENA sostuvo que no está acreditado el daño alegado por la accionante, en la medida en que los pagos efectuados durante la vigencia del Decreto 2996 de 2004 constituyen una situación consolidada, a la luz de lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 21051. Sin embargo, consideró que, si llegare a efectuarse una condena, la llamada a responder sería la entidad que expidió el mencionado decreto -en virtud de la función de regular el trabajo en la modalidad de cooperativas-, porque fue a causa de esa norma que se realizaron los pagos por parte de la accionante (fl. 589 c. ppal.).

5.3. El ICBF insistió en que deben negarse las pretensiones de la demanda. Además, advirtió que no hay vinculación causal entre la conducta de esa entidad con la causación de perjuicios para el caso concreto, puesto que el daño consistente en el pago de parafiscales con base en una norma ilegal, fue generado por el Ministerio de la Protección Social con la expedición del Decreto 2996 de 2004 y no con la conducta de recibir esos pagos realizada por el ICBF, que al igual que la accionante, estaba sometida al cumplimiento de una norma que se presumía legal (fl. 597 c. ppal.).

5.4. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se revocara la sentencia impugnada y, en su lugar, se dictara fallo inhibitorio, por considerar que la acción de reparación directa no era la procedente para perseguir la devolución de unos dineros pagados por concepto de parafiscales, puesto que se trataba de una situación consolidada (fl. 617 c. ppal.).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que el proceso tiene vocación de doble instancia.

En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2008 tuviera apelación ante esta Corporación, la cuantía debía ser equivalente o superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, el valor de $230’750.000. En este caso, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 446 de 1998 y el numeral 2º del artículo 20 del CPC, la pretensión mayor se fijó en $564’782.152, por concepto de daño emergente -los dineros pagados como aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006- (fl. 3 c. ppal.), de modo que el presente asunto puede ser conocido por el Consejo de Estado en segunda instancia.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

El numeral 8º del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones, en el sentido de señalar que, en materia de reparación directa, este término debía computarse desde el día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión causante del daño.

De acuerdo con las consideraciones fácticas y jurídicas de la demanda, el daño reclamado se habría concretado con la declaratoria de nulidad del Decreto 2996 del 8 de septiembre de 2004, que mientras estuvo vigente surtió sus efectos e implicó para la accionante el cumplimiento de la obligación de hacer aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006.

En ese contexto, el término de caducidad debe computarse desde la ejecutoria de la sentencia del 12 de octubre de 2006, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004. En tal sentido, como dicha providencia fue notificada mediante edicto fijado entre el 23 y el 25 de octubre de 2006, quedó ejecutoriada el 30 de octubre siguiente.

Así las cosas, el término de caducidad corría hasta el 31 de octubre de 2008; y como la demanda fue presentada el 12 de mayo de 2008 (fl. 2 c. ppal.), se entiende que el derecho de acción fue ejercido oportunamente.

3.- Legitimación formal en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones: la formal y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones, de modo que quien formula la demanda se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se atribuye el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que el demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada en la demanda.

La Cooperativa de Trabajo Asociado - Pro - Interés Social - Cooproinso C.T.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, toda vez que se encuentra acreditado que, en virtud de lo previsto en el Decreto 2996 de 2004 efectuó pagos de aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y diversas cajas de compensación familiar, durante el período comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que los daños que se invocan en la demanda provienen de actuaciones y omisiones que se imputan directamente al SENA y al ICBF, por ser las entidades que directamente recibieron los aportes parafiscales.

La Sala recuerda que en el recurso de apelación se cuestionó la decisión de declarar probada la falta de legitimación por pasiva del Ministerio de la Protección Social, en atención a que fue esa entidad la que expidió el Decreto 2996 de 2004, en virtud del cual la demandante efectuó unos aportes parafiscales, de manera que estaba llamado a responder porque su actuación fue la que causó el daño antijurídico alegado.

Estos argumentos se abren paso, toda vez que en el presente asunto se plantea un debate sobre la reparación del daño antijurídico supuestamente sufrido por la accionante con la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general expedido por el Ministerio de la Protección Social y es esta entidad, en principio, la llamada a resistir las pretensiones de condena, dado que fue la autoridad que expidió el acto administrativo tributario. En tal sentido, se modifica la decisión de excluir del presente litigio a la mencionada cartera ministerial, en atención a que no carece de legitimación formal en la causa.

En este punto la Sala precisa que las entidades accionadas se encuentran legitimadas en la causa únicamente en relación con las imputaciones y pretensiones específicas enfiladas en su contra en el libelo introductorio. Así, el Ministerio de la Protección Social está llamado a resistir las pretensiones relacionadas con la expedición ilegal del Decreto 2996 de 2004, mientras que las demás accionadas hallan su legitimación formal en relación con las pretensiones relativas a la restitución de los dineros recaudados por concepto de aportes parafiscales.

4.- Problema jurídico y caso concreto

De acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala “determinar la responsabilidad patrimonial o no de los demandados como consecuencia de la expedición ilegal del Decreto 2996 de 2004” que fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

Como quedó reseñado en precedencia, el Decreto 2996 de 2004, en su artículo primero estableció para las cooperativas de trabajo asociado el deber de efectuar los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar, así:

Artículo 1°. En desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los estatutos, reglamentaciones, regímenes de compensaciones, previsión y seguridad social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, deberán establecer la obligatoriedad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, lo anterior sin sujeción a la Legislación Laboral Ordinaria.

Para este efecto se tendrá como base para liquidar los aportes, las compensaciones ordinarias permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador asociado. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Como el decreto fue expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social en ejercicio de la potestad reglamentaria, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de octubre de 2006, declaró su nulidad al considerar que la consagración de una norma tributaria en esos términos desconocía el mandato de la reserva de ley para la imposición de tributos. En dicha providencia se señaló:

Así las cosas, y habida consideración que los aportes al SENA y al ICBF son contribuciones parafiscales obligatorias, impuestas con base en la facultad impositiva del Estado; que se encuentran sometidas al principio de legalidad; y tienen una naturaleza excepcional, por cuanto no afectan genéricamente a todas las personas con igual capacidad de pago, sino que la ley obliga sólo a un grupo de personas a efectuar los aportes, debe concluirse que el decreto acusado es violatorio del principio de legalidad de los tributos, en virtud del cual, está reservada al legislador ordinario la facultad impositiva. Por ello habrá de declararse la nulidad del artículo acusado.

Ahora bien, se encuentra acreditado en el plenario que la Cooperativa efectuó aportes parafiscales entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, aspecto que no ha sido objeto de discusión por las partes a lo largo del litigio, salvo en lo relativo al valor de los aportes efectuados al SENA, por cuanto en la demanda se pretendió la restitución de un monto distinto al reconocido por esa entidad en la contestación (fl. 128 c. ppal.).

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se ocupó, por importancia jurídica, de la temática objeto de análisis, esto es, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la declaratoria de inexequibilidad de normas tributarias. En esa ocasión, la Corporación concluyó:

15.3.3.1. En ese sentido basta recordar que la tesis de la antijuridicidad como contrariedad con las normas superiores también ata el juicio de responsabilidad del Estado por los daños causados por una ley declarada inconstitucional a la sentencia de inexequibilidad, al dar por sentado que esta última pondría en evidencia una falla del servicio que necesariamente causaría un daño antijurídico; razonamiento que, dicho sea de paso, sugiere que la declaratoria de inexequibilidad de una ley puede dar lugar a comprometer la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador de manera casi automática, en tanto no insiste en la necesidad de que se acredite cada uno de los elementos estructurantes del juicio de responsabilidad.

15.3.3.2. Teniendo claro entonces que, en todo caso, la decisión adoptada sobre la inexequibilidad de la ley o la nulidad del acto administrativo supuestamente causante de un daño es relevante en el análisis que debe adelantar el juez de la responsabilidad del Estado sobre la antijuridicidad de este último, la Sala considera que el criterio de antijuridicidad que mejor se acompasa con el ordenamiento jurídico es aquél que se funda en los efectos de la sentencia proferida en sede de legalidad y no en la constatación que ésta realizó sobre la contrariedad de la norma o acto con las normas superiores.

15.3.3.3. Lo anterior por cuanto, al estimar que los efectos del fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional no deben tener incidencia alguna a la hora de determinar la antijuridicidad de los daños causados por leyes inexequibles, la tesis de la antijuridicidad como incompatibilidad con la norma superior sugiere que, a pesar de existir un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad que establece la interpretación de la Constitución aplicable erga omnes, la cual concierne no sólo a la decisión misma sino a sus efectos, el juez de lo contencioso administrativo podría realizar un juicio de conformidad paralelo y, en virtud del mismo, establecer que, sin importar lo considerado por la Corte, es incompatible con la Constitución el que los particulares deban soportar las cargas impuestas por una ley declarada inexequible. Lo anterior equivale a aceptar que, a pesar de existir un pronunciamiento por parte de la autoridad en la materia, subsistan en el ordenamiento dos interpretaciones sobre la obligatoriedad de una ley inconstitucional —la de la Corte Constitucional que mantuvo su vigencia entre su expedición y la declaratoria de inexequibilidad y la del juez de la responsabilidad del Estado que concluiría que las cargas por ella impuesta no son obligatorias—.

15.3.3.4. Por el contrario, al tener en cuenta tanto la declaratoria de inexequibilidad como los efectos de la misma a la hora de determinar la antijuridicidad de daños causados por normas declaradas inconstitucionales, el criterio de antijuridicidad que se funda en los efectos de la sentencia de inexequibilidad compatibiliza mejor las decisiones del juez de la responsabilidad con las de la autoridad judicial expresamente establecida para juzgar la constitucionalidad de la ley y, al hacerlo, garantiza la unidad del ordenamiento y la seguridad jurídica, principios cuya importancia no puede demeritarse.

15.5. Por todo lo expuesto la Sala concluye que la sociedad actora no demostró que al haber pagado la tasa especial aduanera consagrada por los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 durante el tiempo en que estuvieron vigentes, sufrió un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y, en consecuencia, hay lugar a confirmar el fallo de primera instancia, denegatorio de las pretensiones de la demanda.

En similar sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera, al analizar la misma problemática, concluyó:

En este orden de ideas, en lo atinente a la demostración del primer elemento de la responsabilidad, esto es, la ocurrencia de un daño antijurídico, la Sala estima que no se encuentra acreditado en el proceso, toda vez que dicho carácter no depende, per se, del pago realizado por la entidad demandante y de la declaración de inexequibilidad dispuesta por la Corte Constitucional respecto de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000.

Lo anterior, por cuanto no se acreditó en el proceso que la parte interesada hubiere reclamado la devolución de las sumas que hoy considera pagadas sin fundamento jurídico, frente a lo cual debe destacarse que para ello existe un procedimiento establecido en la ley, cuando el contribuyente considere que ha realizado un pago de lo no debido (…).

A la luz de lo anterior, es claro que la discusión sobre el deber jurídico de realizar los pagos tenía que ventilarse, inicialmente, en el marco del trámite de devolución del pago de lo no debido, comoquiera que se trata del mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para tal fin, por cuanto la procedencia de la devolución debe estar precedida del análisis sobre las valoraciones jurídicas del caso que sean presentadas por la parte interesada en el reintegro, escenario en el cual la autoridad administrativa, entre otras cosas, puede analizar el aspecto atinente a los efectos en el tiempo del fallo de inexequibilidad [o de ilegalidad].

Ahora bien, en el texto de la demanda no se precisó -ni aparece probado en el expediente-, que la parte actora formulara alguna solicitud de devolución en razón de las sumas pagadas por concepto de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, particularidad de la que bien puede considerarse que la sociedad contribuyente, legitimada para reclamar la devolución, simplemente no tuvo interés en ello o que, a pesar de conocer la existencia de una circunstancia que la habilitaría para estimar como no debidos los pagos realizados por concepto de la mencionada tasa, simplemente optó por renunciar al derecho que tenía para reclamar la devolución, de manera que no planteó la controversia relativa a la juridicidad de los pagos realizados durante la vigencia de las normas que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales.

(…) La certeza sobre la consolidación del daño permitiría a la Sala efectuar el estudio de la responsabilidad y su fuente -la ley o el acto administrativo-, de lo cual se derivaría la correspondiente legitimación en la causa por pasiva.

A la luz de las anteriores consideraciones, debe precisar la Sala que en el presente caso no puede hablarse de la configuración de una posible ineptitud sustantiva de la demanda, pues la realidad procesal es que en el expediente no se encuentra acreditada la existencia o consolidación de un daño antijurídico, para los efectos del correspondiente análisis de su imputación en el marco del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, a la par que la existencia de un acto administrativo como fuente del daño es una hipótesis que no tiene ocurrencia en el presente asunto.

Mutatis mutandis, la cuestión que ahora se resuelve comporta una discusión semejante en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la exclusión del ordenamiento jurídico de una norma tributaria de carácter general por ser contraria a la Constitución. Específicamente se alude al deber que tenía la Cooperativa de agotar un procedimiento administrativo encaminado a provocar un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros pagados como aportes parafiscales en virtud del citado Decreto, tal como lo prevé el artículo 850 del Estatuto Tributario; norma que si bien regula las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido de obligaciones tributarias a cargo de la DIAN, también es aplicable respecto de devoluciones de contribuciones parafiscales, tal como lo ha precisado la Sección Cuarta de esta Corporación.

En ese contexto, en el evento en que Cooproinso hubiera agotado el citado procedimiento administrativo, la decisión definitiva sobre la solicitud de devolución estaría contenida en un acto administrativo de contenido particular y concreto y, por tanto, enjuiciable ante esta jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo ha concluido la Sección Cuarta:

El término y procedimiento para presentar a la Administración Tributaria la devolución del pago en exceso o de lo no debido ya ha sido objeto de estudio por esta Corporación con una clara línea jurisprudencial sobre el tema, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1000 de 1997, ‘por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones y se dictan otras disposiciones’.

Si bien el artículo 850 del Estatuto Tributario establece que la DIAN, o la Administración Tributaria Territorial, se agrega, debe devolver los pagos en exceso o de lo no debido que hayan efectuado los contribuyentes por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, ‘siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor’, para la solicitud de devolución de estos saldos no se aplica el término de dos años que la ley tributaria especial señala para ese procedimiento.

Así, la jurisprudencia de esta Sección ha sido unánime en afirmar que si con la solicitud de devolución no se pretende establecer un mayor saldo a favor sino probar la inexistencia legal para realizar un pago, el trámite pertinente no es el previsto en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario, que limitan la petición de devolución a dos años, sino que por expresa disposición de los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997 las solicitudes de devolución o compensación por pagos en exceso o de lo no debido deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, en el término de cinco años, contados a partir del pago efectivo.

Ahora bien, en el evento en que quien pretenda la devolución de unos dineros pagados como cancelación de un tributo no adelante el respectivo procedimiento administrativo, se configuraría una situación jurídica consolidada que no admitiría discusión en sede del medio de control de reparación directa o de reparación de perjuicios causados a un grupo, toda vez que en estos eventos el daño no tendría el carácter de cierto, en cuanto el contribuyente al haber omitido el procedimiento establecido por el legislador habría convalidado el cobro efectuado por la Administración.

En otros términos, el hecho de que Cooproinso hubiese interpuesto una acción de reparación directa sin agotar el procedimiento de devolución a que se viene haciendo alusión, implica un desconocimiento del principio del privilegio de lo previo, que determina que es necesario permitirle a la propia administración pública, antes de acudir al juez contencioso administrativo, que analice la situación jurídica y adopte las medidas correspondientes para retrotraer las consecuencias nocivas de su actuación administrativa.

En esa perspectiva, la Cooperativa debió solicitar a las hoy accionadas la devolución de las sumas pagadas como aportes parafiscales del Decreto 2996 de 2004, al haberse declarado su nulidad parcial mediante la sentencia del 12 de octubre de 2006, de modo que en el transcurso del consecuente procedimiento se ventilara el debate sobre los efectos temporales de la sentencia de nulidad proferida por esta Corporación a efectos de retrotraer la situación jurídica de la accionante al momento previo a la expedición del acto administrativo general que impuso ilegalmente el mencionado tributo.

Visto lo anterior, la Sala confirmará el fallo recurrido, en atención a que la Cooperativa no demostró que el daño alegado fuera cierto, debido a que no adelantó el procedimiento administrativo establecido por el Estatuto Tributario para la devolución de los aportes parafiscales, luego de que se profirió la sentencia que declaró la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004.

5.- Condena en costas

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección de C de Descongestión, mediante la cual se declaró una falta de legitimación y se denegaron las pretensiones, la cual quedará así.

PRIMERO: NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Expediente 15214, M.P. Ligia López Díaz. El salario mínimo para el año 2008, se fijó en $461.500, mediante el Decreto No. 4965 del 27 de diciembre de 2007.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. Expediente 15214, M.P. Ligia López Díaz. Como consta en la plataforma web de información judicial SAMAI. De conformidad con lo previsto en el artículo 331 del C.P.C.
“Por el cual señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”. Esto se infiere de su motivación, en la que se adujo que el acto se expedía con base en la función reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 Constitucional. Específicamente, en el Decreto se señaló: “El presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 59 de la Ley 79 de 1988 y Decreto 468 de 1990”. Expediente 15214, M.P. Ligia López Díaz. En la contestación de la demanda se indicó que los aportes recibidos por el SENA correspondían a $118´978.905 y no a los $313´767.862 aducidos en la demanda. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de marzo de 2018, exp. 29352 (IJ). M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 27 de abril de 2017, exp. 28.846, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Esta misma regla ha sido aplicada por la Corporación, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. 49278. M.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 28741. M.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018, exp. 39298. M.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2016, exp. 19736. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Cita del original: “Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta: 24 de Julio de 2008, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16816, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.; 24 de septiembre de 2008, Exp. 16163, HYPERLINK "about:blank" \h C.P. Dra. María Inés Ortiz B.; 16 de Julio de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16655, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño.; 6 de agosto de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 17403, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.; 13 de agosto de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16569, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño; 3 de septiembre de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16347, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas.; HYPERLINK "about:blank" \h 5 de noviembre de 2009, Exp. 16591, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas.; 11 de noviembre de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16567, C.P. Dr. Hugo Bastidas Bárcenas.; 12 de noviembre de 2004, Exp. 11604, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio H.; 31 de Julio de 2009, Exp. HYPERLINK "about:blank" \h 16577, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz”. Cita del original: “Artículo 11. Término para solicitar la devolución por pagos en exceso.

Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil. ( HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51180" \l "0" \h Ver Fallo Consejo de Estado 18301 de 2012). Para el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados especialmente, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias. En todo caso, el término para resolver la solicitud será el establecido en el artículo 855 del Estatuto Tributario”. Cita del original: “Artículo 21. Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La Administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”. Expediente 15214, M.P. Ligia López Díaz.

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