RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-33-000-2013-00068-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-33-000-2013-00068-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-33-000-2013-00068-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de febrero de 2015, proferida por el “[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]”, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 53 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”. 23 Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01 Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 81001-23-33-000-2013-00068-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 81001 23 33 000 2013 00068 01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A., VICPAR S.A.
y FRANCISCO RAMÓN RÍOS DANIES
Demandado: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Asunto: Tasa Especial de Fortalecimiento Administrativo –
caducidad del medio de control. Reiteración de jurisprudencia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia de 26 de febrero de 2015, proferida por el “[…] Tribunal
Contencioso Administrativo de Arauca […]”, Sala de Decisión – Oral. (Negrilla
del texto).

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. Las sociedades CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A.2 y VICPAR S.A.3, así como
el señor Francisco Ramón Ríos Danies4, actuando a través de apoderado y en
ejercicio del medio de control de reparación directa prevista en el artículo 140 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 20115, acudieron ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para formular las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Ordenar la devolución de los valores derivados de las ordenanzas declaradas
nulas por el Consejo de Estado, y materializadas en los contratos y dineros que así
se describen.

A. La suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE (96.890.324), derivados del pago
que se hizo del 4.5%, del contrato número 069 de 2004.

B. La suma de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($67.690.586), derivados del pago
que se hizo del 4.5%, del contrato número 235 de 2004.

1
Cfr. Cuaderno principal. Folios 11 al 22.
2
Cfr. Cuaderno principal. Folio 2. Certificado de existencia y representación legal.
3
Cfr. Cuaderno principal. Folio 6. Certificado de existencia y representación legal.
4
La demanda indica que las mencionadas personas jurídicas y naturales conformaron los consorcios “[…] RIOS, CRAVO
NORTE Y PIE DE MONTE […]”.
5
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

C. La suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SERSENTA (sic) ($182.157.560), derivados del pago que
se hizo del 4.5%, del contrato número 109 de 2005.

2. Ordenar la devolución de los valores anteriores debidamente indexados desde
cada causación de pago, teniendo en cuenta los índices de precios del consumidor
vigentes, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el artículo 178 del C.C.A. (sic), al
tenor del cual para decretar tal ajuste, se debe tomar como base el “índice de precios
al consumidor, o al por mayor”, los cuales se estiman de parte de mis poderdantes en
la suma equivalente a MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($1'226.748.775), de
conformidad con la siguiente liquidación;

índice final
R = RH ----------------------------
índice inicial

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por mis clientes, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha que se
apruebe la conciliación y cause ejecutoria, por el índice vigente al momento en que
se pagó de acuerdo a la época de suscripción de cada contrato.

Por tratarse de pagos efectuados en tiempos distintos, la fórmula se aplicará
separadamente contrato por contrato, desde el momento en que se pagó la tasa para
cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento
de cada pago.

Número Valor contrato Valor histórico Guarismo Valor presente
Contrato
069 de 2004 2.153.118.346,oo 96.890.324,oo 0,27 AGO 2004/ 692.073.742,94
0,14 ABR 2012
235 de 2004 1.504.235.255,oo 67.690.586,oo 0,30 SEPT 2004 / 144.857.854,04
0,14 ABR 2012
= 2,14
109 de 2005 4.003.501.346,53 182.157.560,oo 0,30 DIC 2004 / 389.817.178,4
0,14 ABR 2012
= 2,14
TOTAL 7.660.854.947,53 346.738.470,oo N/A 1’226.748.775

3. Ordenar la devolución de los valores derivados del contrato de prestación de
servicios profesionales de abogado, suscrito por mis poderdantes con el que signa,
para efectos de ejercer las reclamaciones y defensa prejudicial y judicial que
ocasionaron las Ordenanzas, por la suma equivalente a SESENTA MILLONES DE
PESOS (60.000.000.oo) […]” (negrilla del texto)

I.1.1. Los hechos

4. Los demandantes manifestaron que conformaron tres (3) consorcios
denominados “[…] RIOS, CRAVO NORTE I y PIEDEMONTE […]”, los cuales fueron
sujetos pasivos de pago de la tasa especial de fortalecimiento administrativo, en
adelante TEFA, creada por la Asamblea Departamental de Arauca, por la suma de
$346.738.470.

5. Expresaron que la TEFA fue prevista en el artículo 7. ° de la Ordenanza núm. 01
de 23 de enero de 2004; en la Ordenanza núm. 03 de 17 de febrero de 2004; y, en

3

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

los artículos 266, 267, 268 y 269 de la Ordenanza núm. 07E del 30 de agosto de
2004, todas expedidas por la Asamblea Departamental de Arauca.

6. Alegaron que “[…] En una reclamación anterior y del mes de julio del año 2008
[…]” presentaron ante el departamento de Arauca, una reclamación para que les
fueran devueltos los pagos realizados, toda vez que el ente territorial carecía de
competencia para imponer el cobro de la TEFA, “[…] ello con base en otras
argumentaciones que tuvo en cuenta el Honorable Tribunal Administrativo de
Arauca en la sentencia de fecha 12 de abril de 2007 […]”.

7. Aseveraron que la entidad demandada no accedió al pago puesto que “[…] hacía
falta la sentencia de segunda instancia, la cual a la fecha y en su momento no había
confirmado la nulidad del acto administrativo en mención, por medio del cual se creó
dicha tasa. […]”.

8. Afirmaron que, desde el año 2008, han solicitado la devolución de los pagos
realizados por la suscripción de los contratos que “[…] relaciono en el siguiente
cuadro6: los dineros pagados correspondían al 4.5% del valor total de cada contrato
suscrito. […]”.

9. Apuntaron que se había solicitado la nulidad de las ordenanzas mencionadas por
cuanto, reiteraron, la Asamblea Departamental de Arauca no contaba con
competencia “[…] ni con norma emanada del Congreso de la República que la
facultara […]” para establecer un tributo –la TEFA– “[…] como una contraprestación
que se causa sobre todo contrato que celebre la Gobernación de Arauca a través
de la Administración Central o sus entes descentralizados, cuya tarifa era del 4.5%
del valor total del contrato, para recuperar los costos administrativos en que se
incurre en el desarrollo de la actividad precontractual, contractual y post contractual.
[…]”.

10. Señalaron que, mediante sentencia de 2 de febrero de 2012, la Sección Primera
del Consejo de Estado decidió confirmar la sentencia proferida por el “[…] Tribunal
Contencioso Administrativo de Arauca radicado acumulado, 81-0012331001-2005-
0246, allí se declaró la nulidad de los actos administrativos producto de la solicitud
de devolución de dineros a través de esta reparación directa […]”.

11. Expusieron que una vez en firme la sentencia señalada, radicaron, el 18 de abril
de 2013, solicitud de conciliación prejudicial ante el agente del Ministerio Público,
cuya audiencia fue practicada el 12 de junio de 2013, la cual resultó fallida.

I.1.2. Fundamentos de derecho de la demanda

12. Los demandantes manifestaron que el fundamento de la demanda se centraba
en las sentencias que declararon la nulidad de las ordenanzas números 01, 03 y
07E de 2004, expedidas por la Asamblea Departamental de Arauca, principalmente,

6
Cfr. Cuadro trascrito en las pretensiones de la demanda.

4

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

porque fueron expedidas sin que dicha corporación tuviera competencia para crear
tributos y sin el respaldo de una ley expedida por el Congreso de la República que
la habilitara para crear la TEFA.

13. Expresaron que la competencia que le otorga la Constitución Política a las
asambleas departamentales era derivada, lo cual implicaba que, pueden establecer
todo lo relacionado con los tributos y gastos locales, siempre y cuando, sus
disposiciones se ajusten a la Carta Política y a la ley, puesto que el Congreso de la
República tiene la “[…] potestad impositiva originaria […]”.

14. Alegaron que:

“[…] la Asamblea Departamental de Arauca, con la expedición de los actos acusados,
desconoció los mandatos de la Constitución Nacional, traídos en su artículo 300
numeral 4 y 338, lo que deviene en causal de nulidad, plenamente evidenciado en la
Ordenanza No. 01, la Ordenanza No. 03 y la No. 07E, todas del 2004, pues ninguna
de las leyes y normas que se citan como fundamento de estas, faculta a la Asamblea
Departamental de Arauca para crear un tributo, y menos aún para crear una “Tasa
Especial para el Fortalecimiento Administrativo”7 […]”

15. Aseveraron, de igual forma, que se vulneró el artículo 287 de la Constitución
Política, el cual:

“[…] establece claramente que “las entidades territoriales gozan de autonomía para
la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal
virtud tendrán entre otros derechos el de administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (sic) […]”

16. Afirmaron que resultaba desconocido, igualmente, el inciso segundo del artículo
288 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 287 antes señalado, ya
que:

“[…] establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley, por lo que las competencias se
definen y se concretan en los términos que establezca la ley. Si no existe ley no existe
competencia, se violó, en consecuencia el principio de legalidad.

Fue precisamente ante lo ilegal e inconstitucional de las Ordenanzas, que se presentó
ante el mismo Departamento de Arauca, la solicitud de devolución de pagos
efectuados por mis clientes el pasado mes de julio de 2008, resultaba palpable a la
vista que al confrontar los actos acusados con las normas que se invocaban como
violadas y las que se indican como sustento del mismo, esto es, el establecimiento de
la tasa del 4.5% sobre los contratos que celebre la Administración Departamental de
Arauca no tenía soporte legal. […]”

7
A. La tasa fiscal y parafiscal es un tributo.
B. La tasa fiscal y parafiscal requiere creación o autorización legal.
C. Las tasas fiscales y parafiscales pueden fijarlas y reglamentarlas las asambleas y concejos siempre conforme a las
disposiciones legales.
D. Los entes territoriales tienen poder de imposición derivado en relación con las tasas fiscales y parafiscales.
E. La Ley 225 de 1995 dispone que los gravámenes fiscales y parafiscales requieren de un marco legal para su
establecimiento.

5

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

I.2. Trámite del proceso

17. Mediante auto del 28 de agosto de 20138 se admitió la demanda, “[…] pero solo
para pretender la reparación de los perjuicios que pudieron padecer cuando
conformaron el Consorcio CRAVO NORTE I […]” (negrilla del texto), y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al departamento de Arauca, así
como al agente del Ministerio Público y ii) se corrió traslado común por el término
de treinta (30) días a la parte demandada y al agente del Ministerio Público, para
que, si a bien lo tenían, se sirvieran pronunciarse respecto de la demanda en los
términos del artículo 172 de la Ley 1437.

18. En auto de 15 de 20139 se resolvió no estudiar, por extemporáneo, el recurso de
reposición presentado por la parte demandante en contra del auto de 28 de agosto
de 2013 y, adicionalmente, no concedió el recurso de apelación interpuesto como
subsidiario por ser improcedente.

I.3. La contestación de la demanda10

19. El departamento de Arauca se opuso a las pretensiones de la demanda y estimó
que no existía un nexo causal entre un hecho de la administración con la producción
del supuesto daño.

20. Adujo, respecto de la primera pretensión, que no era posible la devolución de las
sumas de dinero pagadas por concepto de la TEFA, puesto que se incluyó dentro
de las cláusulas y adiciones de los contratos números 069 de 2004, 235 de 2004 y
109 de 2005, bajo la presunción de legalidad de que gozaban las ordenanzas que
crearon y regularon la mencionada tasa.

21. Mencionó que la parte demandante debió utilizar las herramientas jurídicas que
le otorgaban las Leyes 80 de 28 de octubre de 199311 y 1150 de 16 de julio de
200712, dejando las respectivas constancias y salvedades con ocasión de la
liquidación de los acuerdos de voluntades.

22. Resaltó, en consecuencia, que:

“[…] pretender ahora, con esta acción, el reembolso o devolución de esos pagos,
equivale a pretender o cohonestar un enriquecimiento sin causa en favor del
contratista, con el consecuente empobrecimiento injusto del Departamento de
Arauca, con unas pretensiones que, no se ajustan a derecho y sin razón de ser. […]”

23. Argumentó, frente a la segunda pretensión, que no era posible la devolución de
lo pagado por concepto de la TEFA, debidamente indexado, puesto que en ningún

8
Cfr. Cuaderno principal. Folios 206 a 211.
9
Cfr. Cuaderno principal. Folios 225 a 226.
10
Cfr. Cuaderno principal. Folios 247 a 253.
11
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”
12
“[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. […]”

6

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

momento se afectó el patrimonio del demandante, toda vez que “[…] el cobro del
4.5% estaba incluido en el costo total del contrato […]”, sumado a que el cobro de
la TEFA se realizó durante la época en que las ordenanzas que la crearon
estuvieron vigentes y gozaban de presunción de legalidad y, además:

“[…] el contrato fue liquidado sin salvedades mucho antes de la declaratoria de
nulidad de las ordenanzas que dieron origen a la tasa, y se evidencia que el contratos
(sic) gravado por la tasa y las citadas ordenanzas no fueron objeto de demanda antes
de la declaratoria de nulidad, configurándose así una situación jurídica consolidada.
[…]”

24. Indicó que la pretensión tercera no tenía base jurídica, puesto que la TEFA,
reiteró, fue recaudada por la administración durante el tiempo que las ordenanzas
gozaban de presunción de legalidad.

25. Manifestó, como razones de defensa, que i) el pago del 4.5% sobre el valor de
los contratos mencionados se realizó por la parte demandante durante el período
en que las ordenanzas que crearon la TEFA estuvieron vigentes y gozaron de la
presunción de legalidad; ii) no se realizaron salvedades en el acta de liquidación de
los contratos, con lo cual la diferencia habría quedado resuelta; y iii) existía una
situación jurídica consolidada a la fecha en que se profirió, por esta Corporación, la
sentencia de 2 de febrero de 2012, mediante la cual se anularon las ordenanzas
que crearon y regularon la TEFA.

adicionalmente, las excepciones de “[…] LA FUNDADA EN LAS
26. Formuló,
SITUACIONES JURÍDICAS CONSOLIDADES (sic) Y LA CADUCIDAD DE LA
ACCIÓN […]” y “[…] COBRO DE LO NO DEBIDO […]”. (Negrilla y resaltado del
texto).

27. Frente a la excepción de “[…] LA FUNDADA EN LAS SITUACIONES
JURÍDICAS CONSOLIDADES (sic) Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN […]”
(negrilla y resaltado del texto), remarcó que:

“[…] En conclusión; teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial expuesto, y los
fundamentos fácticos se sustenta la demanda (sic), claramente se evidencia que las
sumas de dinero pagadas a título tasa para el fortalecimiento administrativo, fueron
recaudados por la administración durante el tiempo que las ordenanzas gozaron de
presunción de legalidad, así mismo se evidencia que los contratos fueron liquidados
sin salvedades mucho antes de la declaratoria de nulidad de las ordenanzas que
dieron origen a la tasa, y se evidencia que los contratos gravados por la tasa y las
citadas ordenanzas no fueron objeto de demanda antes de la declaratoria de nulidad,
configurándose así una situación jurídica consolidada y pretender por vía de esta
acción efectuar la reclamación para que las cosas vuelvan a su estado anterior al acto
que creó la tasa del 4.5% para el Fortalecimiento Administrativo nulitado en fallo de
febrero 2/12, deviene extemporánea y, por ende, se encuentra caducada […]”
(negrilla y resaltado del texto)

28. Argumentó, en lo que se refiere a la excepción de “[…] COBRO DE LO NO
DEBIDO […]” (negrilla y resaltado del texto), que, para la fecha en que se presentó
esta demanda, la situación jurídica particular de los demandantes se encontraba
consolidada respecto de la sentencia de 2 de febrero de 2012, por lo que:

7

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

“[…] NO le surten o producen los efectos retroactivos o “ex tunc” de la sentencia
de nulidad del artículo 7° de la Ordenanza No. 01 del 23 de enero de 2004, de la
Ordenanza No. 03 del 17 de febrero de 2004, de los artículos 266, 267, 268 y 269 de
la Ordenanza No. 07E del 30 de agosto de 2004, mediante los cuales se había creado
la Tasa Especial para el Fortalecimiento Administrativo; por el contrario, los efectos
de la sentencia de nulidad le surtieron hacia el futuro (febrero 2/12), o “ex nunc”,
porque, la situación del caso concreto que se debate, es una situación jurídica
CONSOLIDADA; por lo que, no hay de ser que ahora (sic), pretendan buscar una
devolución de los dineros pagados como una tasa especial para el Fortalecimiento
Administrativo; cuando está caducada la oportunidad y, por ende caducada la acción
y; la ley, la doctrina y la jurisprudencia, son claras en establecer cuando y como se
deben adelantar las acciones en estos casos. […]” (negrilla y subrayado del texto)

29. Añadió que los contratistas no cancelarían de su patrimonio propio el valor de la
TEFA, pues sería sumado a la propuesta económica del contrato, en tanto que ese
concepto estaría inmerso en el concepto denominado “[…] AIU, esto es,
administración, imprevisto y utilidades […]”, lo que quiere decir que, si bien, en
principio, cancelaron con recursos propios la tasa como requisito para la celebración
del contrato, ese valor fue recuperado al cobrar las actas de ejecución del mismo,
luego no hubo daño o detrimento patrimonial al contratista.

30. Enfatizó en que:

“[…] el pago de la parte demandante, hizo por concepto la tasa del 4.5% para el
Fortalecimiento Administrativo; sin lugar a cuestionamiento alguno, constituye una
situación consolidada, adicionalmente es importante tener en cuenta que en el
pliego de condiciones de la Licitación Pública se encontraba incluido este
concepto y valor; es decir, las personas interesadas en contratar presentaban sus
propuestas adaptándose a las exigencias de la Gobernación previstas en el pliego y
que el porcentaje se restaba de las utilidades finales, donde se recalca que, no afectó
el patrimonio del aquí demandante, porque estaba incluido en la licitación y
obviamente, en los costos de la propuesta; fue declarada y/o sufragada a la fecha de
celebración del contrato administrativo que, al final era recuperada, como así sucedió
en la liquidación definitiva y, a partir de ese instante, no fue objeto de NINGUNA
controversia, reserva, salvedad o reclamación ni por vía administrativa, ni
jurisdiccional contenciosa, como para que, a la fecha de declaratoria judicial de
nulidad del acto que impuso el tributo o tasa (2 de febrero de 2012) se encontraran
en discusión por vía gubernativa ante éste ente territorial o hubieran sido demandados
los pagos ante la misma jurisdicción Contencioso Administrativa, para que, no
tuvieran el carácter de situación consolidada […]” (negrilla y subrayado del texto)

I.4. Trámite del proceso

31. Los días 23 de julio13 y 30 de octubre14 de 2014 se llevó a cabo la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. En el curso de esta diligencia se
decretaron las pruebas a practicar en el proceso.

32. El 27 de noviembre de 201415 se llevó a cabo la audiencia de pruebas y en el
desarrollo de la misma se decidió que “[…] Evacuadas las pruebas decretadas, y

13
Cfr. Cuaderno principal. Folios 274 a 276.
14
Cfr. Cuaderno principal. Folios 316 a 323.
15
Cfr. Cuaderno principal. Folios 329 a 331.

8

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por culminada la etapa probatoria
[…]” y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes por el término común de
diez (10) días, para que presentaran sus alegatos de conclusión, por considerar
innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, término
en el cual, el agente del Ministerio Público podía presentar su concepto.

33. Las partes demandada16 y demandante17 presentaron sus alegatos de
conclusión. El agente del Ministerio Público no intervino.

I.5. La sentencia de primera instancia

34. El “[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]” (negrilla del
texto), Sala de Decisión –Oral–, mediante sentencia de 26 de febrero de 201518,
decidió:

“[…] PRIMERO: Se declara probada la excepción de caducidad del medio de control
y como consecuencia se inhibe la Corporación para decidir el fondo del asunto.

SEGUNDO: Condenar en costas causadas en esta instancia a la parte demandante,
para lo cual se fija como agencias en derecho, el equivalente a 1 SMLMV. Por
Secretaría proceder a la liquidación de las costas, de conformidad con el artículo 366
del C.G.P.

TERCERO: En firme este fallo, cancélese su radicación, previa anotación en el
Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI. […]” (negrilla del texto)

35. Formuló una cuestión previa, consistente en que:

“[…] En la audiencia inicial celebrada el 23 de julio de 2004, (fls. 274 al 277), para
efectos de resolver la excepción de caducidad del medio de control interpuesta por la
parte demandada, se consideró que no era posible determinar la procedencia de
dicha excepción, sin tener probada la fuente del perjuicio, para lo cual se requería
tener a disposición todos los antecedentes administrativos que dieron origen al cobro
del tributo que se denominó “TASA ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO”, por lo que, de manera oficiosa se decretó como prueba el
solicitar copia auténtica de toda la actuación administrativa que dio lugar a la
liquidación, cobro y pago del impuesto en los contratos suscritos por los demandantes
e identificados con los Nos. 069 y 235 de 2004 y 109 de 2005, para dichos efectos se
concedió a la parte demandada un término de diez (10) días, suspendiéndose por
este hecho la audiencia para ser reanudada el 03 de septiembre de 2014.

Por auto del 1 de septiembre de 2014, se aplazó nuevamente la diligencia para el 16
de octubre de ese año (fl. 297), de igual manera a solicitud de la parte demandada,
se aplazó la audiencia para el 30 de octubre de 2014 (fl. 308). Llegado el día 30 de
octubre de 2014 (fls. 316 a 324), se reanudó la audiencia inicial y se estableció como
medida de saneamiento adecuar el medio de control interpuesto al de nulidad y
restablecimiento del derecho, en virtud a que del contenido de la demanda, de
su contestación y de los elementos materiales probatorios aportados se
estableció que la fuente del daño no lo constituyen las Ordenanzas en sí
mismas consideradas, ya que no tienen la virtualidad de generar consecuencias
jurídicas particulares, en tanto que se tratan de actos administrativos generales,

16
Cfr. Cuaderno principal. Folios 334 a 337.
17
Cfr. Cuaderno principal. Folios 338 a 349.
18
Cfr. Cuaderno principal. Folios 351 a 356.

9

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

de manera que para efectos de materializar sus efectos se requiere de la
expedición de actos administrativos de contenido particula (sic).

Se expone que, dichos actos administrativos son de aquellos que ordenaron el
pago de la suma determinada por concepto del tributo e incluso de aquel que
dio respuesta negativa a la petición de devolución de dichos valores y que se
expidieron con anterioridad a la declaratoria de nulidad de las ordenanzas.

(…)

Es de anotarse que en dicha audiencia no se pudo resolver la excepción de
caducidad, en virtud a que no se anexaron las constancias de notificación de los actos
administrativos de cobro de la tasa, ni las constancia (sic) de notificación de la
respuesta a la petición donde se solicitó la devolución del impuesto, por lo que, ante
la duda y aplicando el principio de pro damato o pro actioni y en aras de materializar
el acceso a la administración de justicia se prosiguió con el trámite procesal, dejando
la aclaración que dicha excepción se podía resolver en la sentencia.

Ahora bien, adicionalmente hay que anotar que de conformidad con el artículo 187
del CPACA, no hay limitaciones en la sentencia para resolver excepciones, toda vez
que en esa disposición se dijo lo siguiente: “En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Teniendo claro lo anterior, debe determinar por la Corporación si en el presente
caso hay caducidad del medio de control interpuesto, lo anterior para efectos
de resolver adecuadamente la excepción impetrada. […]” (negrilla y subrayado
fuera del texto)

36. Manifestó que se tenía probado que i) la Asamblea Departamental de Arauca,
en el año 2004, “[…] mediante Ordenanza […]” estableció el pago de una tasa de
fortalecimiento administrativo a las personas que celebraran contratos con la
administración territorial -la TEFA-; ii) los demandantes pagaron, por concepto de
dicha tasa, la suma de $125.485.841 por la celebración del contrato núm. 119 de
2005, $65.504.012 por la celebración del contrato núm. 069 de 2004 y $67.691.396
por la celebración del contrato núm. 235 de 2004; y iii) los contratos mencionados
fueron liquidados el 23 de diciembre de 2005, 4 de abril de 2006 y 14 de noviembre
de 2007, respectivamente.

37. Explicó, asimismo, que se demostró que i) “[…] en julio de 2008 […]”, la
demandante solicitó al departamento de Arauca, la devolución de los valores
pagados por concepto de la mencionada tasa y ii) las ordenanzas que crearon el
tributo de la TEFA, fueron declaradas nulas en sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Arauca y la Sección Primera de esta Corporación.

38. Expresó que la Sección Cuarta de esta Corporación ha indicado que resulta
procedente la solicitud de devolución de tributos ante situaciones jurídicas no
consolidadas al no estar vencido el término para realizar tal solicitud.

39. Alegó que los demandantes, con fundamento en el artículo 850 del Estatuto
Tributario, solicitaron, el 3 de julio de 2008, la devolución de la TEFA, al considerar
que había existido un cobro de lo no debido de esa obligación tributaria impuesta a
través de los contratos celebrados:

10

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

“[…] por lo que, las respuestas de dicha solicitud constituyen los actos administrativos
demandables que dieron fin a la actuación administrativa del cobro de lo no debido
(…) y como consecuencia a partir de su notificación, se debe contabilizar el término
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que era
del caso impetrar. […]”

40. Aseveró, luego de citar el literal d) del numeral 2. del artículo 164 de la Ley 1437,
que el departamento de Arauca, a través del “[…] Oficio AJ-1005 del 01 de octubre
de 2008 […]”, contestó la solicitud de devolución del pago del impuesto de la TEFA
y negó el reintegro de los valores pagados, razón por la que:

“[…] es a partir de esa fecha (01 de octubre de 2008), que se contabiliza el término
de cuatro (4) meses para impetrar la presente demanda y como ésta fue interpuesta
el 14 de junio de 2013 (fl. 22), es de concluirse fácilmente que operó el fenómeno
jurídico de la caducidad , por lo tanto, debe prosperar el medio exceptivo presentado,
ya que se concluye que la demandada (sic) se presentó pasados 4 años de haberse
notificado a los demandantes del acto controvertido, por lo que, se concluye que
deberá declararse inhibida la Corporación para decidir el presente asunto. […]”

I.6. El recurso de apelación19

41. La parte demandante, inconforme con la sentencia de primera instancia,
presentó recurso de apelación. Manifestó que siempre había solicitado a la
administración departamental la revocatoria de las ordenanzas que crearon la
TEFA al carecer de competencia y de una norma proferida por el Congreso de la
República que facultara a la Asamblea Departamental de Arauca para crear la
citada tasa.

42. Expresó que no era posible la devolución de lo pagado con ocasión de la TEFA,
puesto que los cobros estarían revestidos de legalidad y, en consecuencia,
resultaba necesario que esta jurisdicción se pronunciara “[…] sobre su legalidad
antes de devolver un solo centavo, y ello así fue reconocido por el Departamento
demandado […]”.

43. Aludió a la sentencia de 2 de febrero de 2012, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante la cual “[…] se decidió confirmar la sentencia
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca radicado acumulado,
81-0012331001-2005-0246 […]”(subrayado del texto), en la cual se declaró la
nulidad de las ordenanzas que crearon y regularon la TEFA y recalcó que no
existían “[…] actos para declarar nulo, como erradamente recomienda su despacho,
habida cuenta que ya el Honorable Consejo de Estado los había anulado, de donde
solo era procedente pedir la indemnización correspondiente a través de la
reparación directa. […]”.

44. Aseveró que:

19
Cfr. Cuaderno principal. Folios 362 a 367.

11

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

“[…] Como se sostuvo en la demanda, y se reitera en sede de apelación, fue
precisamente ante lo ilegal e inconstitucional de las Ordenanzas, que se presentó
ante el mismo Departamento de Arauca (sic), la solicitud de devolución de pagos
efectuados por mis clientes el pasado mes de julio de 2008, resultaba palpable a la
vista que al confrontar los actos acusados con las normas que se invocaban como
violadas y las que se indican como sustento del mismo, esto es, el establecimiento de
la tasa del 4.5% sobre los contratos que celebre la Administración Departamental de
Arauca no tenía soporte legal.

Vale la pena reiterar una vez que ello fue aceptado y reconocido por parte del
GOBIERNO DEPARTAMENTAL en la respuesta del derecho de petición que se le
entregara a mi prohijada y que hace parte del expediente como prueba documental,
al punto que con proyección de la Oficina Asesora del Despacho del Gobernador y
concepto de la Coordinación Jurídica del mismo, se logró que el Gobernador
Departamental de Arauca firmara una negativa a la devolución de los dineros
efectivamente pagados, bajo el supuesto que la sentencia de primera instancia se
encontraba surtiendo una apelación perdiendo de vista que ya en oportunidad anterior
el Consejo de Estado había ordenado la suspensión provisional de dichas ordenanzas
por los siguientes motivos. […]” (subrayado del texto)

45. Afirmó que el único razonamiento de la sentencia apelada fue la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en la medida que, en
su concepto, ese medio de control era improcedente, impetró la reparación directa
producto de la nulidad proferida por esta Corporación.

I.7. El trámite del recurso de apelación

46. En auto de 24 de abril de 201520, se concedió, en el efecto suspensivo, el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante.

47. En segunda instancia, mediante auto de 17 de junio de 201521, el consejero
ponente de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

48. En auto de 12 de agosto de 201522, se corrió traslado común a las partes, por el
término de diez (10) días, para que presentaran alegatos de conclusión. Vencido
tal término, ordenó dar traslado al agente del Ministerio Público para que emitiera
su concepto.

49. La parte demandante23, en su alegatos de conclusión, reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y solicitó se accediera a las pretensiones de
la demanda. La parte demandada24, en sus alegatos de conclusión, solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia.

20
Cfr. Cuaderno principal. Folios 369 a 370.
21
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folio 4.
22
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folio 7.
23
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folios 8 a 14.
24
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folios 15 a 20.

12

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

50. Mediante auto de 8 de mayo de 201725, se negó la solicitud de prelación de fallo
presentado por la parte demandante y, por auto de 19 de abril de 2021 26 se declaró
la falta de competencia del despacho del consejero ponente de la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado y ordenó la remisión del expediente a la
Sección Primera de la Corporación.

51. El consejero ponente de esta Sección, mediante auto de 6 de septiembre de
202127 avocó el conocimiento del proceso en el estado en que se encontraba.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

52. Esta sala de decisión, para resolver los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) la competencia; ii) los actos
administrativos demandados; iii) el problema jurídico; y iv) el caso concreto.

II.1. Competencia

53. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15028 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 8029 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. Los actos administrativos demandados

54. La primera instancia, en la audiencia inicial llevada a cabo en desarrollo del
proceso, tomó como medida de saneamiento, adecuar el medio de control de
reparación directa interpuesto por la parte demandante al de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que la fuente del daño no eran las
ordenanzas que crearon la TEFA, por tratarse de actos administrativos generales,
de tal forma que se requería de la expedición de actos de contenido particular para
materializar sus efectos.

55. Se manifestó, en particular, que:

“[…] Así pues, estos últimos obran en el presente caso, y se trata de aquellos que
ordenaron el pago de la suma determinada por concepto del tributo e incluso, aquel
que dio respuesta negativa a la petición de devolución de dichos valores (fl. 288-289),
y que se expidieron con anterioridad a la declaratoria de nulidad de las Ordenanzas.

25
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folios 28 a 30.
26
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folios 52 a 54.
27
Cfr. Cuaderno Consejo de Estado. Folio 58.
28
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
29
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.

13

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

Bajo el contexto anterior por haber actos administrativos particulares anteriores a la
declaratoria de nulidad de las Ordenanzas referidas, y que decidieron lo referente al
pago de la plurimencionada tasa, es apenas lógico concluir que fueron estos los que
tuvieron que ser cuestionados a través del medio de control (o acción en su momento)
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que este, al tenor de lo dispuesto en
el art. 138 del CPACA es el idóneo para reclamar los perjuicios causados por actos
administrativos particulares -considerados ilegales-.

Consecuencia de lo anterior, el estudio de la caducidad en el presente caso, se
analizará en el marco establecido para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y para ello se analizará a la luz del art 164 num 2 lit.
(sic) d) del CPACA. […]”

56. En la audiencia inicial mencionada se expresó que, en la medida en que no
fueron allegados los actos administrativos proferidos para el cobro de la TEFA ni
las constancias de notificación, publicación o ejecución, así como tampoco las
constancias de notificación de las respuestas a la petición de la parte demandante,
vitales para resolver la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada,
se continuaría el trámite del proceso, posponiendo la decisión respecto de esa
excepción a la sentencia que pusiera fin al proceso.

57. Ahora bien, en la sentencia apelada, al resolverse la excepción de caducidad, la
primera instancia aseguró que:

“[…] Teniendo establecido lo anterior, no hay dubitación alguna para la Sala que los
demandantes con el anterior fundamento, presentaron el 03 de julio de 2008 solicitud
de devolución de la “Tasa Especial de Fortalecimiento Administrativo” (fls. 112 al 114),
en virtud a que consideraron que había existido un cobro de lo no debido de esa
obligación tributaria impuesta a través de los contratos celebrados, por lo que, las
respuestas de dicha solicitud constituyen los actos administrativos
demandables que dieron fin a la actuación administrativa del cobro de lo no
debido (fls. 115 al 119) y como consecuencia a partir de su notificación, se debe
contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que era del caso impetrar […]” (negrilla y subrayado
fuera del texto)

58. Así, el gobernador de Arauca, mediante los oficios números AJ – 0713 de 23 de
julio de 200830 y AJ – 1005 de 1.º de octubre de 200831, respondió el derecho de
petición de 3 de julio de 200832, formulado por la parte demandante y a través del
cual pretendía la devolución de la suma de $344.738.470, con el reconocimiento de
la indexación y de los intereses comerciales correspondientes, de los valores
efectivamente pagados por concepto de la TEFA frente a los contratos números
069 de 2004, 235 de 2004 y 109 de 2005 y sus adiciones.

59. La petición de 3 de julio de 2008, tiene el siguiente contenido:

“[…] 1. La Asamblea Departamental de Arauca dictó los siguientes Actos
Administrativos: ORDENANZA DEPARTAMENTAL No 01 DE 23 DE ENERO DE

30
Cfr. Cuaderno principal. Folios 115 a 117.
31
Cfr. Cuaderno principal. Folios 118 a 119.
32
Cfr. Cuaderno principal. Folios 112 a 114.

14

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

2004 artículo 07, la No 03 del 17 de Febrero de 2004, por la cual se modificó el artículo
séptimo (7) y los artículos 266, 267, 268 y 269 de la ordenanza 07E del 30 de Agosto
de 2004 (sic), por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de
Arauca.

2. Mis Poderdantes Señores GABRIEL PÉREZ HUERTAS (…), FANCISCO (sic)
RAMON RÍOS DANIES (…) (Representante Legal de los Consorcios Ríos y Cravo
Norte), cancelaron a su Entidad en virtud de los actos abiertamente inconstitucionales
e ilegales la suma de TRESCIENTO (sic) CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESO MCTE
($344738.479) (sic), en cumplimiento de la presunción de legalidad de que se
revestían los referidos actos jurídicos, en donde el Estado por derecho le descontaba
a mis poderdantes el 4.5% del valor de cada contrato

3. Dichas Ordenanzas fueron declaradas nulas en Providencia de fecha doce (12) de
abril de dos mil siete (2007) dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Arauca, habida cuenta que resultaba de bulto la ilegalidad de la Tasa especial para
el fortalecimiento Administrativo, oposición al ordenamiento que además se advirtió
de prima facie (sic) por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, que
no sobra advertir representa a la comunidad en general en cada Juicio (sic)ante la
Jurisdicción de (…) (sic)

4. La anterior Providencia constituye el fundamento fáctico para efectos de reclamar
la devolución de los dineros injustamente cancelados, más aún si se tiene en cuenta
que la mora en la devolución de los dineros en comento hace más gravosa la situación
del patrimonio público, y por ende daría lugar a una eventual acción de orden
constitucional para efectos de deprecar la protección que en sede del artículo 23
Constitucional se solicita en este escrito.

PRETENSIONES

La devolución de las siguientes suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
PESOS MCTE ($344.738.470), por concepto de capital efectivamente pagado,
derivado de la tasa de fortalecimiento administrativo objeto de esta petición, mediante
la cual se le descontaba al contratista el valor correspondiente al 4.5% de cada
contrato. Los descuentos se evidencian en esta tabla:

Contrato N° valor Porcentaje 4.5%

-069 de 2004 1.455.644.704,00 65.504.011
-235 de 2004 1.504.235.255,00 67.690.586
-Adicional al 069 697.473.642,00 31.386.313
-109 de 2005 2.788.574.247,76 125.485.841
-Adicional al 109 1.214.927.098,77 54.671.719

Total pagado 344.738.470

Como segunda pretensión se tiene, como indispensable la devolución de los intereses
comerciales de dicho dinero, el cual corresponde al máximo certificado por la
Superintendencia Bancaria, sin perder de vista que dichos valores deberán ser
indexados, traídos a valor presente en aplicación del I.P.C.(DANE) mes por mes, en
tratándose de pagos periódicos, toda vez las referidas sumas de dinero han perdido
el valor adquisitivo, no sobra advertir que los porcentajes correspondientes a IPC e
intereses pueden ser consultados directamente en las Páginas WEB de DANE y la
Superintendencia Bancaria, constituyéndose a su vez en hechos notorios. […]”
(negrilla del texto)

60. El Oficio núm. AJ – 0713 de 23 de julio de 2008, es del siguiente tenor:

15

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

“[…] Antes de proceder a otorgar respuesta al Derecho de Petición elevado el día 3
de Julio de 2008, con radiación (sic) 3668, es fundamental efectuar unas
consideraciones respecto a su legitimación para actuar ante esta Entidad Territorial,
en los siguientes términos:

Los peticionarios confieren poder especial, amplio y suficiente al Dr. JHON JAIRO
OSPINA DURAN, precisando que otorgan facultades al apoderado para adelantar
ante la Justicia Colombiana y en especial ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, todas las acciones necesarias para recuperar el pago del impuesto
TASA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO que el Departamento de Arauca
cobró de manera ilegal, derivado de los contratos con Orden de Elaboración 04341
de 2004, 04675 de 2004 y 042336 de 2005.

De lo anterior se colige, sin equívoco alguno, que las facultades del Apoderado, se
circunscriben exclusivamente a adelantar gestiones y acciones ante la Rama Judicial
del Poder Público, en ningún caso para enervar peticiones de carácter administrativo,
ante esta entidad territorial, clasificada dentro de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

De otra parte, tratándose de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, se destaca
que estas figuras no constituyen una persona jurídica diferente de quienes las
integran, en atención a que se trata de contratos de colaboración empresarial, por lo
tanto, para efectos de reclamaciones deberán concurrir a otorgar poder todos los
miembros que hacen parte de esta modalidad de asociación, máxime si las facultades
del representante, tal y como se desprende de los documentos de constitución abarca
hasta la liquidación de los contratos.

Para mayor ilustración se transcriben los apartes pertinentes de los referidos
documentos, en los siguientes términos:

(…)

De la información reportada por el Programa de Contratación que maneja el área
jurídica, se evidencia que los Contratos respecto de los cuáles se pretende la
devolución de los valores cancelados por concepto de Tasa Especial para el
Fortalecimiento, se encuentran liquidados. (Contrato 069 de 2004 Liquidado el 23 de
Diciembre de 2005; Contrato 235 de 2004 Liquidado el 4 de Abril de 2006 y Contrato
109 del 14 de Noviembre de 2007). Sobre este tema en particular es fundamental
destacar lo señalado por el Consejo de Estado Sección Tercera en Sentencia 18081
de fecha septiembre 27 de 2001, actuando como Magistrado Ponente Ricardo Hoyos
Duque:

(…)

Por lo anterior, en criterio de este despacho, el poder debe ser otorgado por cada uno
de los integrantes del Consorcio, en atención a que las facultades del representante,
cesaron en el momento de verificarse la liquidación de los referidos contratos. […]”

61. El Oficio núm. AJ – 1005 de 1.º de octubre de 2008, indicó que:

“[…] Se procede a dar respuesta dentro del término legal a su petición de hacer
efectiva la devolución a favor de los Consorcios RIOS, CRAVO NORTE Y
PIEDEMONTE la suma de trescientos cuarenta y cuatro Millones setecientos treinta
y ocho mil cuatrocientos setenta pesos m/c ($344´738.470) (sic) por concepto de pago
de la Tasa Especial de Fortalecimiento, bajo las siguientes consideraciones:

1. De acuerdo a la información suministrada, los Consorcios efectuaron el pago de la
tasa estando vigente la Ordenanza No 07E del 30 de agosto de 2004, a cuyo amparo

16

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

se adelantó dicho cobro por parte de la Administración, prevaleciendo por ende la
presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos mientras no sean
suspendidos o anulados por la jurisdicción competente.

2. El principio de presunción de legalidad de los actos administrativos se expresa en
el Art. 66 del Código Contencioso Administrativo, al manifestar que “los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos
por la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

3. El Tribunal Administrativo de Arauca mediante fallo proferido el 12 de abril de 2007
dentro de los Radicados No 81-0012331001-2005-0246, 81-00123-2006-157, 81-
00123-2006-262 (sic) declaró en primera instancia la nulidad de los actos
administrativos que la crearon y reglamentaron: el art. 3 de la Ordenanza No 01 de
23 de enero de 2004, la Ordenanza No 03 de 17 de febrero de 2004 y los art. 266,
267, 268 y 269 de la Ordenanza No 07E del 30 de agosto de 2004. No obstante lo
anterior, cabe aclarar que la sentencia no se encuentra en firme, debido a que la
administración departamental apeló dicha decisión judicial, encontrándose en este
momento para decisión del Consejo de Estado.

4. Así las cosas, mientras no haya una sentencia en firme, no puede hablarse de la
ilegalidad de dichos actos administrativos, lo que lleva a concluir que mientras la tasa
de fortalecimiento administrativo goce de la presunción de legalidad, el pago realizado
por este concepto por parte de los Consorcios se realizó en cumplimiento de una
norma legal y vigente para la época. En este sentido, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en sentencia de febrero veintidós (22) de dos mil dos (2002) manifestó: “…
Estando vigente la norma (…), la presunción de legalidad de que gozan los actos
administrativos mientras no sean suspendidos o anulados por esta jurisdicción
competente, impone su consecuente obligatoriedad…” expresa el Consejero ponente:
JUAN ANGEL PALACIO HINCAPÍE (sic).

Por lo anterior, este Despacho no considera viable hacer efectiva la devolución del
dinero solicitado por usted. […]”

II.3. El problema jurídico

62. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 320 y 328 de la Ley 1564,
aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así como el recurso de
apelación presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico
que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 26 de febrero de 2015, proferida por el
“[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]”(negrilla del texto),
mediante la cual i) se declaró probada la caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y se inhibió de decidir el fondo del asunto y ii)
condenó en costas a la parte demandante, toda vez que, en concepto de la parte
demandante, la acción procedente para la devolución de los dineros pagados por
concepto de la TEFA era la de reparación directa.

63. La parte apelante aseguró que:

63.1.Si bien siempre solicitó la revocatoria de las ordenanzas que crearon la TEFA,
toda vez que la Asamblea Departamental de Arauca carecía de competencia y no
existía soporte legal para crear tal tasa, no fue posible la devolución de los dineros
pagados por ese concepto, puesto que su cobro estaba revestido de legalidad,

17

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

oponibilidad y ejecutividad, de tal forma que era necesario que esta jurisdicción se
pronunciara sobre la legalidad de las ordenanzas aludidas para que se procediera
a devolver las sumas de dinero pagadas.

63.2.La sentencia de 2 de febrero de 2012, proferida por esta Sección, confirmó el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca dentro del expediente
acumulado núm. “[…] 81-0012331001-2005-0246 […]” (subrayado del texto), en el
cual se declaró la nulidad de los actos administrativos que crearon y regularon la
TEFA e insistió en que no existían actos administrativos cuya nulidad debiera ser
declarada, pues decretada la nulidad de las ordenanzas aludidas, lo procedente era
pedir la indemnización correspondiente por la vía del medio de control de reparación
directa.

63.3.Mencionó que, ante la ilegalidad e inconstitucionalidad de las ordenanzas que
crearon la TEFA, le había solicitado al departamento de Arauca, en el “[…] mes de
julio de 2008 […]”, la devolución de los pagos efectuados; sin embargo, obtuvo
respuesta negativa toda vez que la sentencia de primera instancia en la cual se
había obtenido la nulidad de tales ordenanzas se encontraba surtiendo el recurso
de apelación.

II.4. El caso concreto

64. El argumento central de la parte apelante radica en que, en su concepto,
resultaba procedente, para obtener la devolución de lo pagado por concepto de la
TEFA, el medio de control de reparación directa y no el de nulidad y
restablecimiento del derecho, al cual fue adecuada la demanda interpuesta por la
parte demandante, teniendo en cuenta que en sentencias de 12 de abril de 2007 33,
proferida por el “[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]”34
(negrilla del texto), y 2 de febrero de 201235, proferida por esta Sección36, se declaró
la nulidad del artículo 7 de la Ordenanza núm. 01 de 23 de enero de 2004; de la
Ordenanza núm. 03 de 17 de febrero de 2004; y, de los artículos 266, 267, 268 y
269 de la Ordenanza núm. 07E de 30 de agosto de 2004, a través de las cuales se
creó la mencionada tasa.

65. De tal forma que, desde su perspectiva, en la medida en que no existían actos
administrativos que anular, el medio de control a impetrar era el de reparación
directa.

66. Al respecto, se debe indicar que esta Corporación37, ha destacado que:

33
Cfr. Cuaderno principal. Folios 129-147.
34
“[…] RADICACIÓN No: 81-0012331001-2005-0246 (acumulado) (…) 81-00123-2006-157 (…) 81-00123-2006-262 […]”.
35
Cfr. Cuaderno principal. Folios 148-190.
36
Expediente núm. 070012331000 2005 00246 03
37
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 23 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 76001 23 31 000 2011 00186 01
(62661).

18

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

“[…] En reiterada jurisprudencia38, la Sección ha indicado que la escogencia de la
acción o medio de control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante,
sino del origen del perjuicio alegado, de forma tal que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta pertinente para traer a esta jurisdicción
pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que hayan venido
consecuenciales a un acto administrativo ilegal, al tiempo que la acción de reparación
directa resulta ser el medio idóneo para dar cauce a pretensiones de reparación de
daños que han tenido por fuente a un hecho, omisión u operación administrativa.

Sin embargo, ha reconocido que, excepcionalmente, la de reparación directa procede
para demandar la reparación de daños que se hubieren causado por un acto
administrativo legal, excepción que se explica en cuanto se edifica con base en el
desconocimiento del principio del equilibrio que debe regir la distribución de las cargas
públicas, sin perjuicio de la observancia de la legalidad formal por el acto; como que
también viene pertinente para la reparación de aquellos daños que han tenido causa
i) en un acto administrativo particular que no sea susceptible de control judicial por
haber sido revocado en sede administrativa; o ii) en un acto administrativo de carácter
general, previa declaratoria de nulidad y siempre que entre el daño y el acto
general no medie uno de carácter subjetivo que pueda ser objeto de
cuestionamiento en sede judicial, “lo que quiere decir que si la causa directa del
perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular
expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de
ilegalidad que lo caracteriza”. Asimismo, la Sección ha señalado que este medio de
control -reparación directa- es el mecanismo procesal idóneo para pedir el
resarcimiento en la ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de
revocación directa o de anulación judicial39 .[…]” (negrilla y subrayado fuera del texto)

67. De igual forma, la Corporación40 ha señalado que:

“[…] 60. En el caso de la devolución de tributos y sanciones no puede hablarse de
la existencia de un daño antijurídico y de la configuración de responsabilidad
extracontractual del Estado por la mera declaratoria de nulidad del acto general
o de inexequibilidad de la norma que autorizó su cobro.

61. Esto es así, porque los pagos que se realizan en vigencia de actos generales o
normas que posteriormente desaparecen del ordenamiento jurídico, no tienen la
condición de antijurídicos, toda vez que los contribuyentes estaban legítimamente
obligados a realizar tales erogaciones, en otras palabras, se encontraban en el deber
legal de soportar la carga impuesta.

62. Lo último, si se tiene en cuenta que las obligaciones tributarias tienen fundamento
en el deber constitucional de colaborar con las cargas públicas.

63. En este punto, no se puede soslayar que para la devolución de gravámenes
afectados por una especie de ilegalidad o inconstitucionalidad sobreviniente, existe
un mecanismo especial definido por el legislador para pedir su restitución, que
consiste en solicitar a la entidad recaudadora el reintegro de los dineros pagados, de
manera que el daño se concreta cuando, a pesar de tener derecho a la devolución,
(i) la administración niega la solicitud de forma expresa o ficta y (ii) la autoridad judicial,

38
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de abril de 2013, Exp.
26437; de cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), Exp. 34254; y los autos de 24 de agosto de 1998, Exp. 13685;
de 19 de abril de 2001, Exp. 1951; de 15 de mayo de 2003, Exp. 23205; y de 5 de julio de 2006, Exp. 21051.
39
Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 16079; y del cinco (5) de julio
de dos mil dieciocho (2018), Exp. 60502.
40
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión. Consejero
ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radicación núm.: 66001 33 33 001 2012 00141
01 (AG)REV.

19

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se pronuncia
sobre el particular. En este último punto resulta pertinente destacar que el daño no es
antijurídico si la jurisdicción niega la nulidad y el consecuente restablecimiento del
derecho o la reparación de perjuicios. Por el contrario, si se anula, restablece y repara,
entonces se indemniza el daño causado con anterioridad, no el concretado o causado
por la providencia judicial.

(…)

65. Por su parte, la Sección Tercera de esta Corporación ha reiterado que para
reclamar por vía de reparación directa el reintegro de un tributo declarado nulo, el
administrado tiene la carga de acreditar la configuración del primer elemento de la
responsabilidad, es decir, el daño, el cual (i) no se configura con los soportes de pago
correspondiente y la declaración de nulidad del acto general o inexequibilidad de la
norma que lo obligaba y (ii) requiere para tener certeza del mismo, el reclamo previo
en sede administrativa y judicial. Sobre el particular, se pueden consultar las
siguientes sentencias de 13 de marzo de 201841, 19 de julio de 201842, 26 de abril de
201743 y 28 de octubre de 201944. […]” (negrilla y subrayado del texto)

68. En el mismo sentido expuesto, la Corporación45 resaltó:

“[…] Mutatis mutandis, la cuestión que ahora se resuelve comporta una discusión
semejante en punto de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la
exclusión del ordenamiento jurídico de una norma tributaria de carácter general por
ser contraria a la Constitución. Específicamente se alude al deber que tenía la
Cooperativa de agotar un procedimiento administrativo encaminado a provocar
un pronunciamiento de la Administración sobre la devolución de los dineros
pagados como aportes parafiscales en virtud del citado Decreto, tal como lo prevé el
artículo 850 del Estatuto Tributario46; norma que si bien regula las solicitudes de
devolución de pagos de lo no debido de obligaciones tributarias a cargo de la DIAN,
también es aplicable respecto de devoluciones de contribuciones parafiscales, tal
como lo ha precisado la Sección Cuarta de esta Corporación47.

En ese contexto, en el evento en que Cooproinso hubiera agotado el citado
procedimiento administrativo, la decisión definitiva sobre la solicitud de
devolución estaría contenida en un acto administrativo de contenido particular
y concreto y, por tanto, enjuiciable ante esta jurisdicción, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo ha concluido la
Sección Cuarta: […]” (negrilla y subrayado fuera del texto)

41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 2018, expediente 25000-
23-26-000-2003-00206-01(28769), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de julio de 2018, expediente 25000-23-26-000-2008-
00253-01 (39298). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de abril de 2017, expediente 25000-23-26-000-2008-
00259-01 (41.211), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de octubre de 2019, expediente 25000-23-26-000-
2008-00271-02 (49278), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
45
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejera ponente: María
Adriana Marín. Sentencia de 2 de julio de 2021. Radicación núm.: 25000-23-26-000-2008-10208-01(48677).
46
Esta misma regla ha sido aplicada por la Corporación, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. 49278. M.P.
Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 28741. M.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018, exp. 39298. M.P: Marta Nubia Velásquez
Rico.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2016, exp. 19736.
M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

20

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

69. En el presente asunto, las ordenanzas núm. 01 de 23 de enero de 2004 48, 03 de
17 de febrero de 200449 y 07E de 30 de agosto de 2004 corresponden a los actos
administrativos generales a través de los cuales se creó y reguló la TEFA y que dio
lugar a que se realizara, por parte de las demandantes, el pago por dicho concepto,
conforme a las certificaciones expedidas por la Tesorería General Departamental
de Arauca50.

70. El “[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]” (negrilla del
texto), en sentencia proferida el 12 de abril de 200751, dentro de los procesos
acumulados “[…] 81-0012331001-2005-0246 (acumulado) (…) 81-00123-2006-157
(…) 81-00123-2006-262 […]”, resolvió:

“[…] Las ordenanzas serán anuladas en la parte que solicitan los demandantes, con
exclusión de los medios exceptivos, los cuales no enervan las pretensiones de los
actores.

La tesis general que se extrae de la motivación es la mala utilización del principio de
reserva legal, que diluido en las hipótesis que las partes presentaron en este plenario,
conducen a dos consecuencias inevitables: la primera, sobre la falta de competencia
de la Asamblea del Departamento de Arauca para decretar, sin respaldo normativo,
el tributo parafiscal, y la segunda, la inexistencia de una norma, distinta a las
invocadas por las ordenanzas para autorizar la tasa especial.

(…)

E.- DECISIÓN

(…)

FALLA

PRIMERO: DECLARANSE no probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo 7 de la Ordenanza No. 01 del 23 de
enero de 2004; de la Ordenanza No. 03 del 17 de febrero de 2004 y de los artículos
266, 267, 268 y 269 de la Ordenanza No. 07E del 30 de agosto de 2004, expedidas
por la Asamblea del Departamento de Arauca, por lo expresado en la parte motiva de
esta providencia […]” (negrilla del texto)

71. La sentencia de primera instancia fue confirmada por esta Sección, en fallo de 2
de febrero de 201252, expediente de radicación “[…] 070012331000 2005 00246 03
[…]”.

72. Ahora bien, el daño que la parte apelante afirma le fue inferido no provino
directamente de los actos administrativos generales, cuya nulidad fue declarada en
las sentencias antes mencionadas, puesto que se profirieron actos administrativos
de contenido particular y concreto por parte del gobernador de Arauca, en

48
Cfr. Cuaderno principal. CD Folio 290.
49
Cfr. Cuaderno principal. CD Folio 290.
50
Cfr. Cuaderno principal. Folios 294 a 296.
51
Cfr. Cuaderno principal. Folios 129-147.
52
Cfr. Cuaderno principal. Folios 148 a 190.

21

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

respuesta a la petición de los demandantes, a través de los cuales se decidió que
no era viable hacer efectiva la devolución de los dineros pagados por concepto de
la TEFA, de tal forma que, el medio de control procedente, tal y como lo indicó la
primera instancia, era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

73. Se precisa que la petición de devolución de los dineros pagados por concepto
de la TEFA -de 3 de julio de 2008- tuvo como sustento el fallo de 12 de abril de
2007 por medio del cual se declaró, en primera instancia, la nulidad de las
ordenanzas que crearon y regularon la tasa y, en consecuencia, la respuesta del
gobernador de Arauca tuvo en consideración tal argumento, frente al cual indicó
que la decisión judicial no se encontraba en firme por haberse interpuesto, en contra
de este, el recurso de apelación, el cual se encontraba en trámite ante esta
Corporación.

74. Teniendo en cuenta que el daño por el cual se reclama se concretó en la
expedición, por parte del gobernador de Arauca, de los oficios números AJ – 0713
de 23 de julio de 2008 y AJ – 1005 de 1.º de octubre de 2008, en respuesta al
derecho de petición de 3 de julio de 2008, formulado por la parte demandante, estos
debieron ser controvertidos ante esta jurisdicción por la vía, se reitera, del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y dentro del término de
caducidad correspondiente.

75. Se debe advertir que de acuerdo con el artículo 850 del Estatuto Tributario,
mencionado en la sentencia de primera instancia:

“[…] La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado
por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el
concepto del pago, siguiente el mismo procedimiento que se aplica para las
devoluciones de los saldos a favor […]”

76. Asimismo, la Ordenanza núm. 07E de 30 de agosto de 2004, mediante la cual
se expidió el Estatuto de Rentas del Departamento de Arauca, estableció que:

“[…] La Secretaría de Hacienda Departamental deberá devolverles oportunamente
los pagos en exceso o de lo no debido, que estos hayan efectuado por concepto de
obligaciones tributarias, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el
mismo proceso que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor. […]”

77. Siguiendo la argumentación expuesta, en consecuencia, la parte demandante
ha debido acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar los oficios números AJ – 0713 de 23 de julio de 2008 y AJ – 1005 de 1.º
de octubre de 2008, dentro de la oportunidad prevista en el numeral 2., literal d),
del artículo 164 de la Ley 1437, esto es:

“[…] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales. […]”

22

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

78. Se precisa que la parte apelante no cuestionó la contabilización del término de
caducidad ni la inhibición para resolver el fondo del asunto decidido en la sentencia
de primera instancia.

II.5. Conclusión

79. La Sala encontró que el medio de control de reparación directa no era la vía
procesal para obtener la devolución de los dineros cancelados por la parte apelante
por concepto de la TEFA, tasa cuyos actos generales de creación y reglamentación
fueron declarados nulos por esta jurisdicción, toda vez que se han debido
demandar, por la vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
dentro del término previsto en el numeral 2., literal d), del artículo 164 de la Ley
1437, los oficios números AJ – 0713 de 23 de julio de 2008 y AJ – 1005 de 1.º de
octubre de 2008, actos de contenido particular y concreto expedidos por el
gobernador de Arauca y a través de los cuales se negó la devolución de tales
sumas, lo cual no ocurrió.

80. De esta manera, resulta procedente la confirmación de la sentencia de primera
instancia de 26 de febrero de 2015, a través de la cual i) se declaró probada la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y se
inhibió de decidir el fondo del asunto y ii) condenó en costas a la parte demandante.

II.6. Condena en costas

81. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18853 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de febrero de 2015, proferida por el
“[…] Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca […]”, conforme con las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

53
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.

23

Radicación núm.: 81001-23-33-000-2013-00068-01
Demandantes: CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. y otros

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.