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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00186-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00186-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 23 de marzo de 2018 y, en su lugar, PRIMERO: DECLÁRASE la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción, conforme a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00186-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Radicado: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali -EMCALI-
Demandados: La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Tema 1: Responsabilidad del Estado por daño derivado de un acto administrativo que fue
anulado parcialmente por esta Corporación. Subtema 1.1. Indebida escogencia de la
acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, el 23 de marzo de 2018, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS

Empresas Municipales de Cali -Emcali- E.I.S.E E.S.P. pretende la reparación de los
perjuicios causados con los efectos jurídicos de unas disposiciones específicas
contenidas en la Resolución 489 de 2002, proferida por la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones. Algunas expresiones contenidas en estas disposiciones
fueron anuladas por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 2
de agosto de 2008, por lo que la parte actora alega que el daño se deriva de dicha
anulación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El 08 de febrero de 20111, Empresas Municipales de Cali -Emcali- E.I.S.E. E.S.P.
presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con la que
pretende que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación
-Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión
De Regulación De Comunicaciones “CRC” y Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P, y profiera condena a reparación de los perjuicios causados con la
regulación de la modalidad de cobro de los cargos de acceso de interconexión
contenida en las disposiciones del artículo 2 numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
1 Escrito de demanda, f. 1 a 265, c. 1

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Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2022 y la Resolución CRT 463
de 2001, que modificó el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, que
fueron anuladas mediante sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, el 2 de agosto de 2008.

Como sustento fáctico de las pretensiones relató:

1. Las partes EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. suscribieron los contratos del 20 de marzo de 1998 y el 30 de abril de
1999, con el objeto de establecer las condiciones de carácter legal, técnico,
comercial, operativo y económico que gobernarán el acceso, uso e
interconexión entre las redes de telecomunicaciones. En los contratos se
estipuló que los cargos de acceso se liquidarían y pagarían en la modalidad
“por minuto”.

2. Posteriormente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-
expidió las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002, en las que
se cambió la modalidad de cargos de acceso de minutos a capacidad,
modificando el acuerdo de voluntades plasmado en los contratos de los
operadores, y violentando la seguridad jurídica. Además, esta determinación
conllevó a que la facturación de EMCALI rebajara más de un 60%, en
beneficio de los usuarios de las redes.

3. Mediante sentencia del 2 de agosto de 2008, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la nulidad de los artículos 2° numerales 4.2.2.19 y 4.3.8
de la Resolución CRT 489 de 2002 y, del artículo 4.2.2.19 de la Resolución
CRT 087 de1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001. Por tanto,
al retrotraerse los efectos de dichas disposiciones anuladas, existen unas
sumas de dinero dejadas de cobrar por EMCALI a Colombia Comunicaciones
S.A. E.S.P., debido a los menores valores cobrados por el cambio de cobro
de cargos de acceso de la modalidad por minuto a la modalidad por
capacidad. Conforme a las liquidaciones efectuadas por EMCALI, los valores
dejados de cobrar ascienden a la suma de $121.277.413.272.

Finalmente, en cuanto al factor de imputación del daño, en la demanda se anotó:

“[E]l deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge
cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable. En
efecto EMCALI, no está en el deber jurídico de soportar los daños
causados que se materializaron en los menores valores cobrados por
cargos de acceso, al ser estos cambiados por la CRT hoy CRC de
minutos a capacidad.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la
responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente,
culposo doloso, es decir criterios subjetivos, desplazándose criterios
objetivos, fundamentados en principios de justicia, equidad,
solidaridad, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre
el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un
perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación está dentro de
los marcos de la licitud”.

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Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2
mediante auto del 22 de febrero de 2011 3 , que fue notificado debidamente al
Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al Director Ejecutivo
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y al representante legal de la
Empresa Colombia de Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

La Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
en escrito de contestación, manifestó que en la demanda no se especificaron las
omisiones que se le endilgan, por lo que considera que no debió ser vinculado al
presente proceso. Por lo anterior, formuló como excepción la falta de legitimación
en la causa por pasiva4.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas -PAR-
se opuso a las pretensiones de la demanda y mencionó que, mediante Decretos
1603, 1615 y 1773, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom y las 13 Teleasociadas, y
designó como ente liquidador a la Fiduciaria La Previsora. Una vez realizado el
cierre definitivo de las liquidaciones, el liquidador constituyó un patrimonio
autónomo de remanentes -PAR- con el objeto de administrar activos no afectos a
la prestación del servicio de comunicaciones, así como los procesos judiciales,
arbitrales o reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos
liquidatarios.

Por otra parte, señaló que, paralelamente, el Decreto 1616 de 2003 creó la empresa
“Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.” y dispuso, en su artículo 14 que ésta
se subrogaba en los contratos de interconexión celebrados con operadores de
telecomunicaciones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en
liquidación y por las teleasociadas en liquidación, en las mismas condiciones en
que fueron pactadas.

En conclusión, propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto la causa petendi se refiere a contratos cuya contraparte es
“Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.”, persona jurídica independiente del
PAR Telecom y teleasociadas.

También, aseguró que las obligaciones patrimoniales contenidas en las relaciones
contractuales que sirven de fundamento a la demanda, fueron extinguidas mediante
el contrato de transacción celebrado entre EMCALI y Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por lo que propuso la excepción de inexistencia
del derecho reclamado.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial por los actos administrativos declarados
nulos, afirmó que el motivo de la disminución patrimonial alegada por EMCALI

2 Mediante auto del 23 de junio de 2016, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo n°. PSAA16-10529 de junio

14 de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Circular CSJVC16-
58 de fecha 20 de junio de 2016 del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca envió el expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, f. 771, c. 1.
3 Auto de admisión, f. 268, c. 1.
4 Escrito de contestación, la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , f. 319

a 326, c. 1.

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Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

deriva de la libre expresión de su voluntad fijada en el contrato de
transacción celebrado con Colombia Telecomunicaciones S.A., en el que se
contempló la posibilidad de que dichos actos administrativos salieran del
ordenamiento jurídico. Por tanto, explicó que no existe relación directa entre “la
anulación de los actos administrativos que afectaron la relación contractual que
sostenía la demandante con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la
aminoración patrimonial alegada en la demanda, pues esta tiene una causa jurídica
distinta, como lo es la suscripción de un contrato de transacción con el que EMCALI
asumió extinguir las obligaciones a su favor y renovarlas por otras con las que
libremente aceptó finiquitar la relación contractual que ahora pretende hacer valer
como fundamento de sus perjuicios”5.

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRC- se opuso a las
pretensiones, por carecer estas de fundamento fáctico y jurídico. Al respecto, señaló
que “La consagración de las dos opciones de cobro de cargos de acceso en cabeza
de los operadores de TMC y TPBCLD que demandaban la interconexión a los
operadores de telefonía local, esto es, cargos de acceso por minuto y cargos de
acceso por capacidad, estuvo vigente y produjo efectos desde la fecha de
publicación de la Resolución CRT 489 de 2002 (24 de abril de 2002) hasta la de su
derogación (7 de diciembre de 2007, mediante Resolución CRT 1763 de 2007), y la
consagración de esas dos opciones no resultó afectada por la decisión del Consejo
de Estado, como lo quiere hacer ver la demandante”.

Como excepción propuso la falta de competencia por factor territorial del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto, los actos administrativos
de los que se deriva el daño alegado en la demanda, fueron expedidos por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en la ciudad de Bogotá D.C., lugar
de domicilio de esta entidad nacional. Por tanto, la competencia territorial según el
lugar donde sucedieron los hechos o actuaciones administrativas, le corresponde al
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

También, propuso la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de
la acción, debido a que la disminución patrimonial alegada por EMCALI, no habría
sido producida por un acto general, sino eventualmente por los actos administrativos
particulares y concretos que alteraron las condiciones económicas de la
interconexión, y solo indirectamente en la anulación de la Resolución CRT 489 de
2002. En consecuencia, en este primer escenario, la acción que resulta procedente
es la de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de
la entonces CRT que definieron el valor de los cargos de acceso.

Explicó que “el hecho de que se anularan algunas expresiones de la Resolución
CRT 489 de 2002, no implica que los actos administrativos expedidos puedan ser
considerados nulos y por ello pueda proceder la acción de reparación directa
presentada, pues lo cierto es que las situaciones consolidadas, como lo eran los
actos administrativos que resolvieron situaciones de EMCALI, no pueden resultar
afectadas como efecto de la nulidad del acto general en que se fundamentan”.

Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de daño antijuridico
indemnizable; no ocurrencia de los efectos ex-tunc de la sentencia de nulidad de los
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2° y el artículo 3° de la Resolución 489 de
2002, por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas entre Colombia
Telecomunicaciones y EMCALI; inexistencia de causa con relación a los cargos de

5 Escrito de Contestación, Consorcio de remanentes, f. 333 a 343, c. 1.

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acceso, por cuanto las resoluciones que regulan este tópico no fueron
afectadas por la nulidad decretada por el fallo del Consejo de Estado.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión6. Así lo hicieron las partes7. El Ministerio público guardó silencio8.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina encontró
procedente la acción de reparación directa, en la medida en que consideró que el
daño alegado proviene directamente de “la anulación del acto administrativo general
y no de aquellos mediante los cuales la CRT hizo su pronunciamiento respecto al
conflicto que se suscitó entre las partes (Resoluciones CRT 603 y 660 de 2003)”.

Al analizar el caso, el a quo encontró demostrado que el contrato celebrado entre
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-TELECOM
tuvo como objeto determinar los derechos y obligaciones de las partes “para el
acceso, uso e interconexión entre la red RTPBCLD de TELECOM y la red RTPBCE
de EMCALI, en su área de cobertura, en especial en lo relativo a las condiciones de
carácter técnico-operativo, financiero y comercial, con el fin de permitir el
intercambio de telecomunicaciones entre ellos, de tal forma que se garantice el
servicio de telecomunicaciones a los usuarios de ambas partes en forma continua y
eficiente”. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2004, EMCALI y Colombia
Telecomunicaciones SA ESP suscribieron convenio de transacción y modificación
de los contratos No. C-009-98 y C-023-99 para regular el acceso, uso e
interconexión entre sus redes. Sin embargo, señaló que el "Convenio de transacción
y modificación de los Contratos No. C-009-98 y C-023-99 celebrados entre EMCALI
EICE ESP y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. para regular el acceso,
uso e interconexión entre sus redes” no fue allegado al proceso como causal de
terminación anormal del mismo y, el objeto de dicho contrato nada tiene que ver con
las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por EMCALI, por
lo que no fue objeto de estudio.

Más adelante, el Tribunal expuso que la sentencia de nulidad proferida por el
Consejo de Estado en fecha 21 de agosto de 2008, le ocasionó un daño a las
Empresas Municipales de Cali-EMCALI EICE ESP, toda vez que luego de aquel
pronunciamiento, “las condiciones contractuales que se habían suscrito regresaron
a la estructura tarifaria que tenían a la fecha del acuerdo contractual,
consolidándose el daño que aparejaba la variación que de esta tarifa se hizo a través
de los actos administrativos anulados”.

Seguidamente, afirmó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
desconoció la validez de los contratos celebrados con antelación a la vigencia de la
Resolución CRT 489 de 2002 y los contratos celebrados con anterioridad a la
Resolución CRT 463 de 2001 y que se encontraban en ejecución durante la vigencia
de la Resolución CRT 087 de 1997, daño que soportó EMCALI, y que consideró
derivado de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado.

6 Auto de traslado, 14 de julio de 2014, f. 593, c. 1.
7 Alegatos de conclusión en primera instancia, Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, f. 594; Comisión De Regulación De Comunicaciones -CRC-, f. 596; PAR Telecom, f. 611;
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., f. 616, c. 1.
8 Constancia secretarial, f. 647, c. 1.

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En virtud de lo anterior, el a quo accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a las demandadas al pago del daño emergente consistente en
la diferencia del valor cobrado por cargos de acceso en la modalidad por capacidad,
desde el 24 de abril de 2002 (fecha en que fue publicada en el diario oficial la
Resolución CRT 489 de 2002), hasta la fecha de la sentencia de nulidad del
mencionado acto administrativo (10 de febrero de 2009 fecha en que queda
ejecutoriada la sentencia mediante la cual se aclara el fallo del Honorable Consejo
de Estado), teniendo en cuenta que antes de la declaración de nulidad el pago se
hacía en la modalidad por minuto, es decir, por un mayor valor. Estableció que la
compensación consistirá en reintegrarle a la actora el monto dejado de percibir por
las tarifas que en menor valor fueron cobradas en vigencia de los actos anulados.

Teniendo en cuenta que, una vez declarada la nulidad de la Resolución que modificó
la forma de cobro por minuto a capacidad, cesaron los efectos del acto
administrativo y, por lo tanto, las cosas volvieron a su estado inicial, el Tribunal negó
el reconocimiento del lucro cesante solicitado por concepto de los pagos que se
siguieron haciendo hasta el momento de presentación de la demanda.

Dado que no se conoce el valor exacto equivalente a la diferencia de lo que la
empresa demandante cobró durante la vigencia de la Resolución CRT 489 de 2002
y lo que se debió cobrar por causa de la nulidad de dicho acto administrativo
mediante el cual se impuso una nueva modalidad de cobro de cargos de acceso a
las partes, el a quo emitió condena en abstracto, debido a que no contó con
elementos para calcular el valor del perjuicio.

2.4. El recurso

EMCALI, en su recurso de apelación, solicitó que se tenga en cuenta la liquidación
aportada con la demanda, ya que el tribunal de primera instancia no proporcionó
ningún fundamento para descartarla como prueba del cuantum indemnizatorio.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones reiteró el
argumento de la contestación de la demanda referente a su falta de legitimación en
la causa por pasiva en el presente asunto, en tanto la parte demandante aduce
haber sufrido perjuicios en razón a la expedición de las Resoluciones CRT 463 de
2001 y CRT 489 de 2002, actos administrativos que fueron expedidos por la CRT,
hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones, suscritas por el director de dicha
entidad y no por el Ministro.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- interpuso recurso de
apelación en el que manifestó, en primer lugar, que la sentencia de primera instancia
permitió a EMCALI revivir los términos para debatir la legalidad de actos
administrativos de carácter particular que debieron ser demandados mediante
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Afirmó que, si EMCALI
consideraba que la expedición de las Resoluciones CRT 663 y 777 de 2003, en las
que se resolvió la controversia entre EMCALI y Colombia Telecomunicaciones en el
sentido de que se debía aplicar el cargo por capacidad, de acuerdo con los valores
señalados en la Resolución CRT 489 de 2002, eran ilegales y le causaban un
perjuicio injustificado, debió ejercer la acción nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de estas. Pero, como el término de caducidad para demandar dichos actos
administrativos se encontraba vencido, EMCALI se valió del fallo de nulidad del
Consejo de Estado proferido respecto de apartes de la Resolución CRT 489 de
2002, y acudió a la acción de reparación directa.

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Por otro lado, la CRC alegó que el a quo profirió la sentencia sin una
integración correcta del contradictorio, por cuanto consideró que la sociedad
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. fue liquidada y adquirida por Telefónica
de España y renombrada como Telefónica Colombia que, al no encontrarse
vinculada al proceso, las resultas del mismo no le afectarían. Esto constituye una
omisión en la debida notificación de la demandada Colombia Comunicaciones S.A.
E.S.P. para integrar el litisconsorcio necesario.

Seguidamente, señaló que, en caso de que se considere que la acción de
reparación directa es procedente, no existe un daño a indemnizar, puesto que la
sentencia de nulidad del Consejo de Estado no originó un daño, ya que con esta no
se impidió la aplicación del esquema alternativo de remuneración de la
interconexión por capacidad o por uso. Afirmó que la Resolución CRT 489 de 2002
se ocupó de reproducir las normas que consagraban las dos modalidades de
remuneración de cargos de acceso que estuvieron vigentes desde esa fecha, así
como la posibilidad de que el operador escogiera uno de los dos esquemas de
remuneración -uso o capacidad-, sin que esto fuera objeto de anulación por el
aludido fallo del Consejo de Estado.

Argumentó que la sentencia apelada incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, ya que desconoció los efectos de cosa juzgada del acuerdo
de transacción entre EMCALI y Colombia Telecomunicaciones. Aseguró que las
parte, al advertir que la aplicación de la Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002
generaba un conflicto sobre los valores por cargos de acceso, decidieron llegar a
un acuerdo de transacción, con el cual quedaron cubiertos todos los efectos
económicos que pudieran producir los mencionados actos administrativos sobre la
interconexión, inclusive aquellos generados por una posible anulación, que es
precisamente lo que se discute en el presente proceso.

Finalmente, señaló que la condena en abstracto impuesta en la sentencia apelada
desconoce el principio de la carga de la prueba en virtud del cual el demandante
debe, al menos, probar la existencia de un perjuicio cierto y no meramente hipotético
o eventual.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 9 , el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina convocó a las partes a
audiencia de conciliación10, la cual fue realizada el 3 de octubre de 201811, y se
declaró fallida por inexistencia de ánimo conciliatorio. En consecuencia, el Tribunal
concedió los recursos de apelación interpuestos.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 3 de diciembre de 201812, admitió los recursos de
apelación interpuestos por la parte actora, el Ministerio de Tecnologías de la

9 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: ||

En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio
y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de
conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta
audiencia será obligatoria. || PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el
recurso”.
10 Esto, a través de auto del 20 de septiembre de 2018, que obra a folio 916 del c. ppal.
11 Acta de audiencia de conciliación, f. 933, c.ppal.
12 Auto que admite recurso de apelación, f. 938, c. ppal.

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Información y Comunicaciones, y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 23 de marzo de 2018.

Por auto del 23 de abril de 2019 13 , se corrió traslado a las partes, para que
presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público, para que rindiera
concepto de fondo. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
comunicaciones 14 ; la Comisión de Regulación de Comunicaciones 15 ; y la parte
actora EMCALI E.I.S.E. E.S.P.16 presentaron sus alegatos, en los que reiteraron sus
posturas procesales. El Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó se
revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones, por cuanto
consideró que “la existencia de las opciones de uso y de capacidad no fueron objeto
de anulación por parte del Consejo de Estado”. El Procurador Delegado concluyó
que el hecho de que “Emcali fuera remunerado bajo el esquema de capacidad y no
bajo el esquema de uso, no es más que la consecuencia de la aplicación de unas
normas vigentes, que no fueron anuladas, lo que impide la existencia de un daño
indemnizable”17.

III. PROBLEMA JURÍDICO

Antes de abordar el planteamiento de los problemas de fondo que trae el recurrente,
y de los que develan las intervenciones de los demás sujetos procesales con
ocasión de sus alegaciones, la Sala se plantea la siguientes cuestión expuesta por
Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- en esta asegunda instancia:

¿Es la reparación directa la acción pertinente para incoar las pretensiones de
resarcimiento del daño que la parte actora EMCALI E.I.S.E. E.S.P. aduce padecido
con la regulación de la modalidad de cobro de los cargos de accesos de
interconexión, en las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002, proferidas por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, que fueron objeto de anulación parcial
por parte la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de
agosto de 2008?

Solo en caso de resultar afirmativa la respuesta al anterior interrogante, tendrá que
definirse si con la anulación de dichos actos administrativos se constituyó el hecho
generador de un daño antijurídico atribuible a las entidades demandadas.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala es competente para ocuparse de este asunto por tratarse del recurso
de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en un proceso con vocación de doble instancia18.

13 Auto de traslado, f. 942, c. ppal.
14 Alegatos de conclusión, segunda instancia, Ministerio de las Tecnologías de las Información y las
comunicaciones, f. 944, c. ppal.
15 Alegatos de conclusión, segunda instancia, Comisión de Regulación de Comunicaciones, f. 958, c. ppal.
16 Alegatos de conclusión, segunda instancia, EMCALI E.I.S.E. E.S.P., f. 965, c. ppal.
17 Concepto Ministerio Público, f. 977, c. ppal.
18 La cuantía estimada en la demanda ($121.277.413.272) supera el monto establecido en el artículo 132 del

C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble
instancia ante esta Corporación, -500 smlmv- considerados al momento de presentación de la demanda-, que
para el 2011 ($535.600) ascendía a $287.800.000.

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Radicado: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

4.2. Sobre la procedibilidad de la acción

En reiterada jurisprudencia19, la Sección ha indicado que la escogencia de la acción
o medio de control judicial no depende de la discrecionalidad del demandante, sino
del origen del perjuicio alegado, de forma tal que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta pertinente para traer a esta jurisdicción
pretensiones de restablecimiento e incluso reparación de perjuicios que hayan
venido consecuenciales a un acto administrativo ilegal, al tiempo que la acción de
reparación directa resulta ser el medio idóneo para dar cauce a pretensiones de
reparación de daños que han tenido por fuente a un hecho, omisión u operación
administrativa.

Sin embargo, ha reconocido que, excepcionalmente, la de reparación directa
procede para demandar la reparación de daños que se hubieren causado por un
acto administrativo legal, excepción que se explica en cuanto se edifica con base
en el desconocimiento del principio del equilibrio que debe regir la distribución de
las cargas públicas, sin perjuicio de la observancia de la legalidad formal por el acto;
como que también viene pertinente para la reparación de aquellos daños que han
tenido causa i) en un acto administrativo particular que no sea susceptible de control
judicial por haber sido revocado en sede administrativa; o ii) en un acto
administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y siempre que
entre el daño y el acto general no medie uno de carácter subjetivo que pueda
ser objeto de cuestionamiento en sede judicial, “lo que quiere decir que si la
causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto
administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse
la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”. Asimismo, la Sección ha señalado
que este medio de control -reparación directa- es el mecanismo procesal idóneo
para pedir el resarcimiento en la ejecución de un acto administrativo que haya sido
objeto de revocación directa o de anulación judicial20.

La empresa accionante señala en la demanda como fuente del daño materia de su
pretensión la regulación contenida en la Resolución 489 de 2002 y en la Resolución
463 de 2001 (modificatoria del artículo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997)
ambas proferidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y cuyos
artículos 2 numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución 489 de 12 de abril de 2002
fueron anulados por el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de agosto de 2008.

La sentencia de nulidad proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
2 de agosto de 2008 resolvió:

“DECLÁRASE la nulidad de la expresión "a partir del primero de enero
de 2002", contenida en el artículo 2°, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión "o
acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la
Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente resolución.
para todas sus interconexiones", contenida en el artículo 9°, ibidem”.

19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de abril

de 2013, Exp. 26437; de cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), Exp. 34254; y los autos de 24 de
agosto de 1998, Exp. 13685; de 19 de abril de 2001, Exp. 1951; de 15 de mayo de 2003, Exp. 23205; y de 5 de
julio de 2006, Exp. 21051.
20Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 16079; y del

cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), Exp. 60502.

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Radicado: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

Para la comprensión del origen de los apartes anulados, la Sala encuentra que la
Resolución 087 de 1997, proferida por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, reguló los servicios de telefonía pública básica conmutada -
TPBC-. En relación con los costos de interconexión, la Comisión estableció, en la
mencionada norma, que los operadores gozaban de la libertad de celebrar los
contratos de acceso, uso e interconexión de redes necesarios para la prestación del
servicio, incluyendo la modalidad de determinación de los costos de los cargos de
acceso máximo que consideraran conveniente.

En 1998, EMCALI y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-TELECOM
(entidad liquidada en 2003 y subrogada por Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P) celebraron contratos de interconexión, en los que pactaron que, como
esquema de pago por los cargos de acceso, emplearían el denominado esquema
“de uso”, es decir que los costos serían liquidados por la modalidad de minutos.

Mediante Resolución 463 de 2002, la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones adicionó la Resolución 087 de 1997, pues introdujo una
modificación a la regulación en materia de cargos de acceso, en la medida que se
les dio a los operadores dos opciones para remunerar el valor de cargos de acceso.
Por un lado, la modalidad de cargos de acceso por minuto y, por otro lado, la
modalidad de cargos de acceso por capacidad. También, señaló que los operadores
de telefonía local estaban en el deber de ofrecer por lo menos esas dos opciones
de cargo de acceso a partir del 1° de enero de 2002 y que los operadores “que así
lo deseen podrán mantener las condiciones y valores vigentes en las
interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de la presente
resolución o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en la presente
resolución”.

Posteriormente, en la Resolución 469 de 2002, la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones derogó los artículos de la Resolución 087 de 1997, que habían
sido adicionados por la Resolución 463 de 2002, y reprodujo los artículos de la
Resolución 087 de 1997 que inicialmente establecían la libertad en la
determinación de los costos de acceso en los contratos de interconexión suscritos
por los operadores.

El 12 de abril, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones profirió la
Resolución 489 de 2002 “por medio de la cual se expide el Régimen General de
Protección a los Suscriptores y Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y
se compilan los títulos I, IV, V y VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRT", en la
que incluyó, en los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2 y en el artículo 9,
algunas disposiciones de la Resolución 463 de 2002 que habían sido derogadas
en su momento y que cobraron vigencia nuevamente.

EMCALI, junto con otras empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en
Colombia, demandaron la nulidad de las disposiciones contenidas en los numerales
4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2, así como el artículo 9 de la Resolución 489 de 2002,
por cuanto consideraban que estas iban en contra del principio general que
proscribe la retroactividad de los actos administrativos. Esto debido a que el acto
fue expedido el 12 de abril de 2002, pero dispuso un efecto retroactivo con la
expresión “a partir del primero de enero de 2002”. Además, alegaron que el acto fue
expedido con el fin de volver a darle vigencia a normas que habían sido derogadas.

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Radicado: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

En sentencia del 2 de agosto de 2008, el Consejo de Estado declaró la
nulidad de las expresiones "a partir del primero de enero de 2002", contenida en el
artículo 2°, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 2002; y "o
acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la
Resolución CRT 087 de 1997”, por cuanto consideró que resultaba contradictorio
“que el artículo 2 de la Resolución 489, contentivo de los numerales acusados, esté
refiriéndose al título IV de la Resolución 087 de 1997, para disponer obligaciones a
los operadores telefónicos, con retroactividad al primero de enero de 2002, siendo
que el 4 de enero de 2002 se expidió la Resolución 469, cuyo artículo 3 derogó
expresamente el título IV de la resolución 087 de 1997 título este que, a su vez,
había sido modificado y adicionado por la Resolución 463.”

Respecto del artículo 9 de la Resolución 489 de 2002, el Consejo de Estado
estableció:

“Teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la expresión “a partir del
primero de enero de 2002”, contenida en los numerales 4.2.2.19 y
4.3.8 del artículo 2 de la Resolución 489, no está llamada a producir
efectos, pues los mismos fueron regulados por la Resolución 463 de
2001, derogada en lo que a dicho título se refiere por la Resolución
469, artículo 3, necesariamente la nulidad de tal expresión incide en
el artículo 9, también acusado, particularmente, en el aparte que
dispone “o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el
artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por
la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente resolución
para todas sus interconexiones”, pues, precisamente, respecto de
estas condiciones es que la CRT pretende hacer producir efectos
desde “el primero de enero de 2002”, no obstante el referido numeral
fue adicionado mediante la Resolución 463, que conforme al artículo
3 de la Resolución 468, debe entenderse derogada, ya que su objeto
recaer sobre el título IV de la Resolución 087, expresamente
derogado.

En consecuencia, en lo relativo a que “los operadores de TMC y
TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y
valores existentes antes de la fecha de publicación de la Resolución
463 de 2001”, se entiende ajustado a la legalidad, pues el mismo se
sustrae de los alcances de la citada Resolución 463, cuyos numerales
adicionados, que fueron compilados por la Resolución 489 acusados,
no podían producir efectos, por las razones antes anotadas.

No así el párrafo siguiente relativo a la opción de: "o acogerse, su
totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la
Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463
de 2001 y compilada en la presente resolución. para todas SUS
interconexiones", pues, como ya se dijo, en el mismo tiene incidencia
directa el numeral 4.2.2.19 de la resolución CRT 087 de 1997, el cual
no está llamado a producir efectos (…)”.

De esta manera, la Sección Primera del Consejo de Estado anuló únicamente las
menciones vinculadas a la aplicación retroactiva de las disposiciones contenidas en
la Resolución 489 de 2002. Según el fallo, estas expresiones fueron invalidadas
para evitar que generaran efectos retroactivos, lo cual no significa la eliminación de

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Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

aquellas disposiciones que permitían a los operadores telefónicos
mantener el esquema de cobro existente.

Es decir que, lo que la normativa demandada estableció respecto del sistema de
cobro, que constituye el origen del daño alegado en la demanda, no fue objeto de
estudio por parte de la Sección Primera en el fallo. Por tanto, aunque se anularon
algunas expresiones del acto demandado, referentes a la aplicación en el tiempo de
alguna de sus disposiciones, el contenido restante, que establece lo relacionado
con el sistema de cobro de interconexión, no fue objeto de anulación.

Por lo expuesto, la Sala no comparte lo dicho por la primera instancia, quien
consideró que el daño deviene de “la anulación del acto administrativo general y no
de aquellos mediante los cuales la CRT hizo su pronunciamiento respecto al
conflicto que se suscitó entre las partes (Resoluciones CRT 603 y 660 de 2003)”,
por las siguientes razones: i) como se dijo, la decisión proferida por la Sección
Primera de esta Corporación, no afecta las disposiciones relacionadas con el
sistema de cobro de interconexión, pero incluso, de haberse pronunciado al
respecto, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la decisión del juzgador
no podría considerarse como el hecho generador del daño, como lo entendió el
tribunal, toda vez que el daño por el que la parte demandante pretende la
indemnización, tuvo su génesis en los actos administrativos y no en la decisión
judicial; ii) como se observa, tanto la pretensión, como sus fundamentos aluden a
que con la expedición de las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001 y
CRT 489 del 12 de abril de 2002 pudo resultar afectado de manera inmediata y
antijurídica el contrato celebrado ente EMCATEL (hoy EMCALI) y TELECOM
(Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.) en la medida en que con esa regulación
se modificó la forma en que debían remunerarse los contratos de esa naturaleza
que estuvieran perfeccionados y en ejecución, con eventual compromiso de los
principios jurídicos de la irretroactividad y la seguridad jurídica; y, iii) los actos de
carácter particular, esto es, las Resoluciones 603 y 660 de 2003, por medio de las
cuales la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones resolvió el conflicto que
se suscitó entre EMCALI y la extinta TELECOM, que atañen a la aplicación del
sistema de cobro, tienen como fundamento normativo, entre otros, las Resoluciones
489 de 2002, la 463 de 2001 y la 087 de 1997, actos enjuiciados ante esta
jurisdicción por la vía de la simple nulidad.

En ese contexto, como la fuente del daño cuya reparación pretende la parte
demandante en este contencioso se refiere a los efectos nocivos particulares que el
acto general surtió sobre el referido contrato, concluye la Sala que la acción
procedente no es la de reparación directa, sino la de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la medida en que dichos actos se consideran ilegales por parte de la
entidad demandante.

Esto es así, porque si bien las Resoluciones CRT 463 del 27 de diciembre de 2001
y CRT 489 del 12 de abril de 2002 establecían reglas generales sobre remuneración
de los cargos de acceso a las redes, de acuerdo con lo expresamente aducido en
la demanda, dichas decisiones desataron unos efectos particulares frente a los
contratos celebrados entre EMCALI EICE ESP y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscritos el 2 de marzo de 1998 y el 30 de
abril de 1999, lo que implica que estas actuaciones tengan la naturaleza de actos
administrativos mixtos.

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Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

Esta Corporación ha precisado que la acción procedente se determina
por el interés jurídico con que se acude al proceso, de modo que, el carácter mixto
de este tipo de actos permite que sean impugnables por medio de las acciones de
nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de lo que
se pretenda en cada caso21; por consiguiente, si lo que se busca es la desaparición
de los apartes que inciden o afectan directamente el derecho conculcado y la
correspondiente indemnización de perjuicios la acción procedente es la de nulidad
y restablecimiento del derecho; en tanto que si lo perseguido es la desaparición de
los efectos jurídicos del acto sin ninguna referencia a un interés subjetivo entonces
la procedente es la acción de simple nulidad. Como en este caso ocurre lo primero,
la parte demandante cuestiona los partes que afectan directamente o inciden en el
acuerdo de voluntades suscrito entre esta y Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P., debía demandar por la vía de la nulidad con restablecimiento del derecho
desde el mismo momento en que el acto empezó a surtir efectos.

Ahora, obra en el expediente la Resolución 063 del 2003, mediante la cual la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones resolvió el conflicto entre EMCALI
y Telecom, relacionado con la aplicación de la opción de cargos de acceso por
capacidad, en la que se estableció que Telecom deberá reconocer mensualmente
a EMCALI la suma establecida por cargos de acceso máximo por capacidad
establecida en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución 463 de 2001.

En Resolución 777 de 2003, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
resolvió el recurso de reposición interpuesto por EMCALI contra la mencionada
Resolución 663 de 2003, confirmándola en todas sus partes. Según el contenido de
este acto, una de las inconformidades planteadas por EMCALI fue el
desconocimiento de la existencia de contrato de interconexión celebrado entre las
partes, en el que se pactó el costo asociado a las interconexiones. Sin embargo, la
Comisión reiteró que la Resolución 463 de 2001 estableció la obligación de los
operadores telefónicos de ofrecer a los operadores que les demandaran
interconexión, por lo menos, dos opciones de cargos de acceso (por minuto y por
capacidad), y afirmó que, por tratarse de una norma de orden público, derivada de
la facultad de intervención del Estado en la economía, esta prevalecía sobre la
voluntad particular plasmada en los contratos de interconexión.

Con todo lo anterior, la Sala encuentra que la inconformidad de EMCALI deriva
igualmente de las disposiciones emitidas por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones -CRC- en atención a la potestad de regulación que ejerció frente a
las condiciones de remuneración de los cargos de acceso máximo, que la empresa
demandante pactó de manera distinta con Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. y, está visto que la controversia frente a la aplicación de dicha disposición en
el caso particular de los contratos de interconexión celebrados entre EMCALI y
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P fue resuelta, a petición de las partes, por
la CRC, mediante la Resolución 063 de 2003, confirmada por la Resolución 777 de
2003, la legalidad de estos actos administrativos, en los que se resolvió que se
debían aplicar las disposiciones normativas expedidas referentes a la modalidad de
cobro de los cargos de acceso, debió atacarse por la vía de la nulidad con
restablecimiento del derecho.

En ese sentido, dado que, finalmente las divergencias suscitadas en relación con la
forma en que los actos de carácter general permearon las estipulaciones del cuerdo

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 14 de abril de 2016, exp. 05001-
23-31-000-2003-00103-01 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de octubre
de 2022, exp. 68001-23-33-000-2016-01270-02 (68145), entre otras.

13

Radicado: 76001 23-31 -000-2011-00186-01 (62661)
Demandante: Empresas Municipales de Cali-EMCALI

de voluntades suscrito entre EMCALI y Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P. (antes Telecom), fue resuelta por los actos administrativos de carácter
particular y concreto expedidos por la CRC, por la controversia que se suscitó frente
a la aplicación de la normativa que reguló la modalidad de cobro de los cargos de
acceso, lo procedente era demandar tales decisiones, teniendo en cuenta que la
parte demandante considera que la aplicación de dichas disposiciones, tal como fue
resuelto en las mencionadas resoluciones, le generó un detrimento patrimonial. En
consecuencia, la Sala considera que debe prosperar la ineptitud sustantiva de la
demanda, por indebida escogencia de la acción.

En razón a lo expuesto, la sentencia del 23 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que accedió a las
pretensiones de la demanda, será revocada y, en su lugar, se declarará la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción.

IV. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, el 23 de marzo de 2018 y, en su lugar,

PRIMERO: DECLÁRASE la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por
indebida escogencia de la acción, conforme a las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
JCDB

14

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