Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00379-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00379-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00379-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 7 de abril de 2022
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00379-01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Culpa de la víctima – defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia
Síntesis del caso: La demandante principal fue privada de la libertad con ocasión del
proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de peculado
por apropiación. Dicha actuación finalizó con preclusión de la investigación a su favor
Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, en
contra de la Sentencia proferida el 17 de agosto de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de abril de 2008, Gilma Susana Martínez Gaitán, con su grupo
familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Fiscalía General de la Nación, para obtener la reparación
de los perjuicios sufridos por la privación de su libertad, las falsas
imputaciones, irregularidades y errores de que fue víctima dentro del
1De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito
de peculado2.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“1. Que se declare que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es
administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios
ocasionados a GILMA SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN (…) con motivo de la
vinculación de GILMA SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN al sumario No. 9547
adelantado primero por la Unidad de Patrimonio Económico, Administración
Pública y de Justicia de la Fiscalía General en Riohacha y luego por la Fiscalía
222 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de
Justicia de la Fiscalía General en Bogotá D.C; con las medidas de detención
intramuros y domiciliaria dictadas en su contra dentro de ese sumario; con las
falsas imputaciones, irregularidades y errores de que fue víctima durante esa
investigación, así como su pública presentación como delincuente, hechos
todos ocurridos entre el 14 de julio de 1999 y el 20 de noviembre de 2.006
fecha en fue precluida definitivamente dicha investigación”3.
3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a la Nación – Fiscalía General
de la Nación a pagar los siguientes montos:
Demandante
Perjuicio Calidad Monto
Gilma Susana Martínez Gaitán Víctima directa 100 SMLMV4
Diego Felipe Lee Martínez Hijo de la víctima 100 SMLMV
María Inés Martínez de Nieto Hermana 100 SMLMV
María Inés Nieto Martínez Sobrina 100 SMLMV
Luis Alejandro Nieto Martínez Sobrino 100 SMLMV
Sonia Esther Nieto Martínez Sobrina 100 SMLMV
Nubia Cristina Nieto Martínez Sobrina 100 SMLMV
Carlos Fernando Nieto Martínez Sobrino 100 SMLMV
Martha Cecilia Nieto Martínez Sobrina 100 SMLMV
María Cristina Martínez de Ruiz Hermana 100 SMLMV
Camilo Andrés Ruiz Martínez Sobrino 100 SMLMV
Sandra Patricia Ruiz Martínez Sobrina 100 SMLMV
Perjuicios María Clara Ruiz Martínez Sobrina 100 SMLMV
morales
Alcira Martínez de Angulo Hermana 100 SMLMV
Manuel José Angulo Gracia Cuñado 100 SMLMV
Manuel Francisco Angulo Martínez Sobrino 100 SMLMV
Hernando Alonso Angulo Martínez Sobrino 100 SMLMV
Claudia Johanna Angulo Martínez Sobrina 100 SMLMV
Luis Guillermo Martínez Gaitán Hermano 100 SMLMV
Gloria María Martínez de Martínez Cuñada 100 SMLMV
Luis Guillermo Martínez Martínez Sobrino 100 SMLMV
Ana María Martínez Martínez Sobrina 100 SMLMV
Diana Catalina Martínez Martínez Sobrina 100 SMLMV
Elvira Martínez de Franco Hermana 100 SMLMV
José del Carmen Franco Buitrago Cuñado 100 SMLMV
2 Folios 26 al 59 del cuaderno del tribunal No.1.
3 Folios 26 y 27 del cuaderno del tribunal No.1.
4 La expresión SMLMV hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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Olga Lucía Franco Martínez Sobrina 100 SMLMV
Daniel Mauricio Franco Martínez Sobrino 100 SMLMV
Ana Lucía Martínez de González Hermana 100 SMLMV
Ximena Lucía González Martínez Sobrina 100 SMLMV
Martha Liliana González Martínez Sobrina 100 SMLMV
Blanca Isabel Martínez Gaitán Hermana 100 SMLMV
Cecilia del Rosario Forero Martínez Sobrina 100 SMLMV
Carlos Arturo Martínez Gaitán Hermano 100 SMLMV
Diana Yanet Bastidas Rodríguez Cuñada 100 SMLMV
José Luis Martínez Bastidas Sobrino 100 SMLMV
Ana Sofía Martínez Bastidas Sobrina 100 SMLMV
Daño a la vida 100 SMLMV
A favor de cada uno de los demandantes
de relación
Perjuicios Lucro cesante:
Gilma Susana Martínez Gaitán Víctima directa
materiales $200.003.984,94
4. Finalmente, pidió que se condenara en costas a la entidad
demandada y que se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 176 y
177 del C.C.A.
5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
6. 1) El 2 de julio de 1999, el representante legal de Electroatlántico Ltda.
denunció ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Riohacha,
(Guajira) a Gilma Susana Martínez Gaitán, en calidad de representante
legal de Electroguajira S.A. E.S.P., por la presunta comisión de los delitos de
peculado por apropiación y prevaricato. La denuncia se originó, al parecer,
por el incumplimiento de un convenio interadministrativo suscrito entre
Electroguajira S.A. E.S.P y el municipio de Riohacha, del cual hacía parte un
contrato de concesión de Electroatlántico Ltda.
7. 2) El 14 de julio de 1999 se profirió resolución de apertura de instrucción
y se ordenó escuchar en versión libre y espontánea a los denunciados, entre
ellos, a Gilma Martínez.
8. 3) El 25 de octubre de 2000 se llevó a cabo la diligencia de indagatoria
de Gilma Martínez, en la que no aceptó los cargos que se le imputaron y, el
3 de julio de 2003, la Fiscalía 3 de patrimonio económico de Riohacha
definió su situación jurídica, en la que se abstuvo de imponerle medida de
aseguramiento por el delito de peculado por apropiación.
9. 4) El representante de la parte civil y el Ministerio Público presentaron
recurso de reposición, y en subsidio de apelación, en contra de la decisión
anterior, por lo que, el 14 de febrero de 2005, fue revocada parcialmente y
se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Gilma
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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Martínez. La medida solo se hizo efectiva hasta el 14 de julio de 2005 y fue
sustituida por detención domiciliaria.
10. 5) El 5 de abril de 2005, la Fiscalía 3 de patrimonio económico de
Riohacha ordenó la suspensión en el cargo de Gilma Martínez, así como el
embargo y secuestro de su salario, así como de sus bienes.
11. 6) El apoderado de Gilma Martínez solicitó la sustitución de la medida
de aseguramiento de detención preventiva carcelaria, por detención
domiciliaria, con base en su condición de madre cabeza de familia. Esta
solicitud fue concedida mediante Resolución de 14 de julio de 2005.
12. 7) El 13 de julio de 2005, previa solicitud de la defensa, el Fiscal General
de la Nación cambió la radicación del proceso y fue reasignado a la
Fiscalía 222 delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá.
13. 8) El 25 de octubre de 2005, la Fiscalía 222 de la Unidad 2 de Delitos
contra la Administración Pública y de Justicia de Bogotá precluyó la
investigación a favor de Gilma Martínez. Esta decisión fue confirmada el 20
de noviembre de 2006 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá.
1.2. Posición de la parte demandada
14. El 1 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito
de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas5. Al respecto, sostuvo que el presente caso debía analizarse
bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, dado que se trataba del
servicio de la administración de justicia. En ese sentido, indicó que las
pruebas del proceso penal conducían a imponer medida de
aseguramiento y que, además, las decisiones adoptadas fueron legales, así
como legítimas, razón por la cual no se había configurado una falla del
servicio. Finalmente, propuso la excepción de “hecho exclusivo y
determinante de un tercero”, habida cuenta de que la investigación se
originó en la denuncia formulada por el representante legal de
Eletroatlántico Ltda.
1.3. Sentencia de primera instancia
15. El 17 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió Sentencia de primera instancia, en la cual se resolvió declarar
responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
5 Folios 260 al 270 del cuaderno del tribunal No.1.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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libertad de Gilma Martínez Gaitán 6. Como fundamento sostuvo que, estaba
probado que la privación de la libertad en detención domiciliaria de la aquí
demandante, ocurrida desde el 14 de julio hasta el 25 de octubre de 2005,
fue injusta, toda vez que tuvo origen en un proceso penal adelantado en su
contra por el delito de peculado por apropiación, en el cual resultó
absuelta, al demostrarse la atipicidad de la conducta. Por lo anterior,
concluyó que la privación había sido antijurídica, pues no estaba en la
obligación de soportarla.
1.4. Recurso de apelación
16. El 6 de septiembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda7. En su escrito indicó que, el presente asunto no debía analizarse
bajo un régimen objetivo de responsabilidad, pues se ocasionaría una grave
lesión para el patrimonio del Estado. Además, sostuvo que el tribunal no se
pronunció respecto de la excepción propuesta por la fiscalía sobre el hecho
exclusivo de un tercero, la cual se encontraba probada y rompería el nexo
causal entre el daño alegado y la actuación de la fiscalía. Finalmente, se
opuso al reconocimiento de perjuicios concedido a los hermanos de la
demandante principal, como quiera que no probaron su afectación moral.
17. El 8 de septiembre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, con el fin de que se modificara la sentencia de primera instancia
y se aumentaran las indemnizaciones allí reconocidas8. En ese sentido,
indicó que el tribunal solo declaró la responsabilidad de la fiscalía respecto
de la privación de la libertad, pero nada dijo sobre su responsabilidad en
relación con la “vinculación injustificada” de Gilma Martínez al proceso penal,
ni sobre las “falsas imputaciones, irregularidades y errores de que fue víctima
durante esa investigación”. De todas maneras, insistió en que la cuantificación
de los perjuicios morales y materiales reconocidos era muy baja, si se tiene
6 Folios 340 al 350 del cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente: “PRIMERO.
DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por la
privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora GILMA SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN para el periodo
comprendido entre del 14 de julio al 25 de octubre de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. SEGUNDO.- CONDENAR a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
al pago por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora GILMA
SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN, en la suma veintinueve millones novecientos dos mil ciento seis pesos ($29.902.106).
TERCERO.- CONDENAR a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago por concepto de perjuicios
morales, de las siguientes sumas de dinero: A la señora Gilma Susana Martínez Gaitán la suma equivalente a
treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de ejecutoria de esta providencia. A Diego
Felipe Lee Martínez, en su calidad de hijo de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán la suma equivalente a quince
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta providencia. A María Inés
Martínez de Nieto, María Cristina Martínez de Ruíz, Alcira Martínez de Angulo, Luis Guillermo Martínez Gaitán, Elvira
Martínez de Franco, Ana Lucia Martínez de González, Blanca Isabel Martínez Gaitán y Carlos Arturo Martínez
Gaitán, en su calidad de hermanos de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán, la suma equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta providencia para cada uno de
ellos. CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO.- Sin condena en costas en esta instancia
(…)”.
7 Folios 356 al 372 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 361 al 372 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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en cuenta la importancia del daño causado, por lo que solicitó su aumento
y el reconocimiento de los respectivos perjuicios morales para todos los
demandantes. Adicionalmente, estaba demostrado el daño a la vida de
relación que sufrió Gilma Martínez y su familia, por lo que debió reconocerse
una indemnización por este concepto y, finalmente, condenar en costas a
la parte demandada.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la culpa de la víctima; 2.4. Costas
2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
18. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que
le fueron causados con ocasión de la privación de la libertad, vinculación
injustificada, las falsas imputaciones, irregularidades y errores de que fue
víctima Gilma Martínez Gaitán, dentro del proceso penal que se siguió en
su contra. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación sostiene que no se
debe declarar su responsabilidad patrimonial en este caso, porque actuó
conforme a derecho.
19. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo
privada de la libertad, en detención domiciliaria, desde el 14 de julio de
2005 hasta el 25 de octubre de 2005. Así se constata con la Resolución de
14 de julio de 2005 proferida por la Fiscalía 3 seccional de Riohacha 9, el
acta de compromiso de 14 de julio de 2005 10 y el Oficio de 25 de octubre
de 2005 suscrito por el Fiscal 222 seccional de Bogotá11.
20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación
de la demanda dentro del término legal. Ante las afirmaciones realizadas
en la demanda acerca de que el proceso penal adelantado en contra de
Gilma Martínez constituyó una actuación arbitraria e irrazonable, así como
que el período de detención constituyó una privación injusta de la libertad,
el término de caducidad se comenzará a contar a partir del momento en
que se conoció, o se tuvo la oportunidad de conocer, la providencia que
evidenció la aparente ausencia de fundamento jurídico para el desarrollo
de la aludida actuación penal, así como la imposibilidad de desvirtuar su
presunción de inocencia.
21. En efecto, la providencia que precluyó la investigación debió quedar
9 Folios 142 al 145 del cuaderno del Tribunal No.9.
10 Folios 159 del cuaderno del Tribunal No.9.
11 Mediante este oficio, la fiscalía solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la libertad
inmediata de Gilma Martínez, que encontraba en detención domiciliaria. Folio 168 del cuaderno del Tribunal No.8.
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Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
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Decisión: Revoca sentencia apelada
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ejecutoriada el 20 de noviembre de 200612 y el 28 de abril de 200813 se
presentó la demanda, es decir, dentro del término de 2 años previsto por el
artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
22. Así las cosas, esta Subsección revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, porque
encuentra configurada la causal de exoneración de responsabilidad
consistente en la culpa exclusiva de la víctima. Con este fin, la Sala
abordará los siguientes asuntos: identificará que, en el presente caso, se
acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad y
negará los derivados de la vinculación injustificada, falsas imputaciones,
irregularidades y errores del proceso penal; luego, analizará las razones por
la cuales se considera configurada la mencionada causal y, finalmente,
declarará improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
23. En este caso, uno de los daños mencionados en la demanda consistió
en la privación de la libertad de Gilma Susana Martínez Gaitán en
detención domiciliaria, que ocurrió desde el 14 de julio hasta el 25 de
octubre de 2005, período que, como se indicó en el parr. 19, se encuentra
debidamente probado.
24. También se alegó un daño derivado de la vinculación injustificada,
falsas imputaciones, irregularidades y errores del proceso penal en el que
fue investigada Gilma Martínez. En relación con el daño derivado de estos
hechos, en la demanda se indicó que (se trascribe):
“la vinculación al proceso, la incriminación penal carente de fundamento y
la medida de aseguramiento impuesta, le han significado a la señora
MARTÍNEZ GAITÁN quedar etiquetada socialmente como delincuente por el
resto de su vida, pérdidas materiales por los ingresos dejados de percibir y
por los gastos en que tuvo que incurrir para su defensa, y en general, pérdida
de la reputación que como persona de bien tenía”14.
12 El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establece lo siguiente: Ejecutoria de las providencias. “Las providencias
quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente
procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la
consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan
ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”. Lo anterior, en concordancia con
la sentencia de la Corte Constitucional C-641 de 2002, que declaró la exequibilidad condicionada de dicha
disposición, según la cual “es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que
efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas
por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente
a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes
proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no
produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación”. Por tanto, habida cuenta de que una decisión
judicial resuelve de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con
independencia de sus efectos jurídicos, por ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se
entiende que, en este caso, la Resolución cobró ejecutoria en la fecha en que la fiscalía delegada ante el tribunal
resolvió el aludido recurso de apelación.
13 Folio 59 del cuaderno del tribunal No.1.
14 Folio 50 del cuaderno del Tribunal No.1.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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Con las actuaciones aquí reseñadas se causó a mis poderdantes un daño
antijurídico en los términos del artículo 90 de la Carta Política, daño que la
Administración está en el deber jurídico de indemnizar”.
25. En lo referente a la vinculación y a las falsas imputaciones alegadas
por la parte demandante, la Jurisprudencia ha sostenido que, el deber de
soportar investigaciones corresponde a una carga que soportan por igual
todas las personas, por lo que su materialización en un caso determinado
no comporta, en principio, un desequilibrio que no se esté en el deber
jurídico de soportar15. Además, el fundamento para iniciar la investigación
penal fue la denuncia presentada en contra de Gilma Martínez por la
presunta comisión del delito de peculado.
26. En este caso, no se probaron circunstancias específicas a partir de las
cuales pudiera sostenerse que, en desarrollo de dicha investigación, Gilma
Martínez estuvo sometida a cargas anormales o excepcionales. En efecto,
de los testimonios rendidos en primera instancia solo se desprende la
afectación que sufrió la demandante principal y su familia, con ocasión de
la privación de su libertad, más no por su vinculación al proceso penal. Lo
anterior, habida cuenta de que, dichos testimonios fueron solicitados por la
parte demandante para demostrar “relaciones afectivas existentes entre los
miembros de la familia MARTÍNEZ GAITÁN…así como el dolor, angustia y alteración
en las condiciones de vida que les causó a todos ellos la detención preventiva
decretada en contra de Gilma Susana Martínez”16. En consecuencia, esta
pretensión será negada.
27. En relación con las irregularidades y errores del proceso penal seguido
en contra de Gilma Martínez durante el proceso penal, la Sala advierte que,
si bien dentro del proceso penal se indicó que se había presentado una
demora en el trámite, lo cual dio lugar al cambio de radicación de la
investigación, la parte demandante no acreditó que esas actuaciones le
hayan generado un daño en su reputación, como lo alegó en la demanda.
En efecto, como ya se indicó, los testimonios dan cuenta de la afectación
que generó en Gilma Martínez y su familia el hecho de haber estado
privada de la libertad, pero nada dicen sobre los padecimientos generados
15 “La jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, ha señalado que, en principio,
los ciudadanos en general y con mayor razón los servidores públicos, se encuentran en el deber jurídico de soportar
las investigaciones –penales y administrativas– que se surtan en su contra, en la medida en que ellas se realicen
de manera adecuada, con apego a la ley y con el estricto cumplimiento de los principios que inspiran el debido
proceso judicial y administrativo; de la misma manera se ha afirmado que le corresponde al juez de l a causa
analizar, en cada caso concreto, la ocurrencia de un posible daño antijurídico causado por la conducta de quien
tiene la obligación legal de adelantar el proceso penal o administrativo (…)
‘Debe anotarse, adicionalmente, que no cualquier daño da lugar a la existencia de un perjuicio indemnizable. Los
ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y
sólo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, puede
concluirse que han sido gravados de manera excepcional (…).
‘Así, si bien el hecho de que se adelante una investigación, de cualquier índole –penal, disciplinaria, fiscal, etc.–
genera preocupaciones e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, no siempre se causará,
por esa sola circunstancia, un perjuicio indemnizable a los afectados. Su existencia, en cada caso, deberá ser
demostrada’” Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11601, reiterada
en Sentencia de 22 de mayo de 2020, Exp. Radicación número: 05001-23-31-000-2014-00024-01(59748).
16 Testimonios solicitados en el acápite de pruebas del escrito de la demanda. Folios 55 y 56 del cuaderno del
Tribunal No.1.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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por las irregularidades o errores que, al parecer, se cometieron en el
desarrollo del proceso. En consecuencia, esta pretensión también será
negada.
2.3. Análisis de la culpa de la víctima
28. Al expediente se aportó copia del proceso penal adelantado en
contra de la demandante principal por el delito de peculado por
apropiación, del cual se advierte lo siguiente:
29. 1) El 10 de julio de 2000, la Fiscalía 1 especializada en delitos contra la
seguridad pública de Riohacha ordenó la apertura de la instrucción y
vinculó mediante diligencia de indagatoria a Gilma Martínez Gaitán, entre
otras personas, por la presunta comisión del delito de peculado por
apropiación17. La indagatoria se realizó el 25 de octubre de 2000 18.
30. 2) El 3 de julio de 2003, la Fiscalía 3 de patrimonio económico de
Riohacha resolvió la situación jurídica de Gilma Martínez y se abstuvo de
imponerle medida de aseguramiento. Esta decisión fue recurrida por el
representante de la parte civil y el Ministerio Público19.
31. 3) El 14 de febrero de 2005, la fiscalía revocó parcialmente la anterior
decisión y ordenó la imposición de medida de aseguramiento de detención
preventiva a Gilma Martínez.
32. 4) El 23 de mayo de 2005, el jefe de la Unidad de Policía Judicial del CTI
de Riohacha presentó informe ante la fiscalía, en el que indicó que no se
pudo obtener información “con relación al paradero de la señora GILMA
MARTÍNEZ” en la ciudad de Riohacha, por lo que, remitió la orden de captura
al CTI de Bogotá, ciudad en la que reportó su lugar de residencia 20.
33. 5) El 26 de mayo de 2005, el jefe de investigaciones del CTI de Bogotá,
informó a la Fiscalía 3 seccional de Riohacha que, luego de visitar el último
lugar de trabajo conocido de Gilma Martínez, las direcciones registradas de
inmuebles de su propiedad e intentar contactar a familiares cercanos -
madre y hermana-, no fue posible establecer el paradero de la sindicada21.
34. 6) El 13 de junio de 2005, el abogado defensor de Gilma Martínez
presentó solicitud de sustitución de medida de aseguramiento por
detención domiciliaria, habida cuenta de que, la sindicada era madre
cabeza de familia. En el escrito aseguró (se trascribe):
17 Folio 139 del cuaderno del Tribunal No.7.
18 Folios 268 al 272 del cuaderno del tribunal No.7.
19 Folios 136 al 150 del cuaderno del tribunal No.8.
20 Folios 79 y 80 del cuaderno del Tribunal No.9.
21 Folios 150 y 151 del cuaderno del Tribunal No. 9.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________
“La Fiscalía de conocimiento, al resolver el recurso de reposición
interpuesto en contra de la resolución mediante la cual se había
abstenido de imponerle medida de aseguramiento a la procesada (…)
decidió revocar dicha providencia y en su lugar decretó la detención
preventiva sin beneficio de excarcelación, medida que no se ha llevado
a cabo en forma física por cuanto mi defendida no ha podido
entregarse a la justicia en razón a que tiene el deber constitucional,
legal, moral y afectivo de velar por el bienestar tanto físico como
psicológico y familiar de su hijo y por ello ha tenido que eludir la acción
de la justicia -en cuanto a la efectividad de la medida de
aseguramiento-22”.
35. 7) El 14 de julio de 2005, la Fiscalía 3 seccional Riohacha sustituyó la
medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a Gilma
Martínez por detención domiciliaria, previa suscripción de compromiso,
debido a su condición de madre cabeza de familia23.
36. 8) Por solicitud de la sindicada, el Fiscal General de la Nación cambió
de radicación el proceso penal seguido en contra de Gilma Martínez, de
manera que fue asignado a la Fiscalía 222 seccional de Bogotá.
37. 9) El 25 de septiembre de 2005, la sindicada fue llamada a comparecer
para ampliar su indagatoria. En esta diligencia afirmó haberse enterado de
la medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria “hac[ía]
más de 5 meses”24.
38. 10) El 25 de octubre de 2005, la Fiscalía 222 seccional de Bogotá
precluyó la investigación en favor de Gilma Martínez Gaitán, al considerar
que no se configuraban los elementos del delito investigado. Esta decisión
fue confirmada por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá,
el 20 de noviembre de 200625.
39. Como puede observarse, si bien la víctima directa tenía conocimiento
de la existencia de un proceso penal seguido en su contra por el delito de
peculado por apropiación -al haber rendido diligencia de indagatoria- y
sabía, incluso, de la imposición de medida de aseguramiento de detención
preventiva, decidió de manera voluntaria no comparecer ante las
autoridades, a pesar de que pudo informar de su situación de madre
cabeza de familia durante el lapso que transcurrió para la resolución de los
recursos interpuestos en contra de la providencia inicial que se abstuvo de
imponer medida en su contra.
40. Si bien la fiscalía, al momento de estudiar la solicitud de sustitución de
la medida, omitió realizar algún pronunciamiento frente a la afirmación
22 Folios 89 al 98 del cuaderno del Tribunal No. 9
23 Folios 142 al 145 del cuaderno del Tribunal No. 9.
24 Folios 3 al 7 del cuaderno del Tribunal No. 8.
25 Folios 83 al 101 del cuaderno del Tribunal No. 1.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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expresa que hizo la defensa de que Gilma Martínez había eludido la acción
de la justicia, lo cierto es que, de todas maneras, decidió mantener la
medida de aseguramiento al considerarla razonable y útil, solo que accedió
a modificarla por detención domiciliaria, en atención a su condición de
madre cabeza de familia y las obligaciones que tenía con su hijo menor de
5 años.
41. La jurisprudencia de la Corte Constitucional 26 y de la Corte Suprema de
Justicia27 han entendido que, es posible revocar la medida de
aseguramiento cuando se advierta que no es necesaria, al haberse
superado los fines por los que fue dictada. No obstante, en este caso, la
actitud mostrada por Gilma Martínez Gaitán durante el proceso, al
abstenerse de cumplir, de forma consciente, con la medida de
aseguramiento que le fue impuesta, y que había conocido con
anterioridad, justificaba su detención, aunque fuera domiciliaria, por su
nueva situación alegada de madre cabeza de familia. Así las cosas, por lo
menos en ese momento, la medida se tornaba útil para asegurar la acción
de la justicia y el buen desarrollo del proceso penal.
42. En consecuencia, al encontrarse configurada la causal de exoneración
de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, la Sala
negará las pretensiones formuladas en la demanda.
2.4. Costas
43. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
26 El artículo 363 de la Ley 600 de 2000 preveía que “[d]urante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la
desvirtúen”. Esta disposición fue declarada exequible, de manera condicionada, por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-774 de 2001, “en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención
preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención
a los fines que llevaron a decretarla”. Por tanto, “la detención preventiva puede ser revocada cuando surjan
nuevos elementos de juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos,
ya sea porque existe certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación
a la comunidad o al material probatorio”.
27 La Corte Suprema de Justicia ha entendido que, “la revocatoria de la medida de aseguramiento será viable no
solo en la instrucción cuando sobreviene prueba que enerve sus fundamentos probatorios, sino también en
cualquier instante de la actuación en que el funcionario tenga la seguridad que el procesado acudirá al trámite
y a la ejecución de la pena, que no cometerá más delitos, y que no atentará contra la inmutabilidad de la prueba,
es decir, una vez se hayan superado sus objetivos constitucionales y fines rectores”. Cfr. Corte Suprema de Justicia.
Auto de 2 de octubre de 2003, Exp. 21348. En el mismo sentido se encuentra el Auto de 23 de noviembre de 2016,
Exp. 35691.
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Radicación: 250002326000200900379 01 (42.530)
Actor: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 17 de agosto de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
CUARTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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