Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00397-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00397-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00397-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
15 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01
Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01
Demandante: GILMA SUSANA MARTÍNEZ GAITÁN Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de
reparación directa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 17 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:
“PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Gilma Susana Martínez
Gaitán y otros, contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Gilma Susana Martínez Gaitán y otros 1, en nombre propio, interpusieron
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración la justicia. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Conceder el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al respeto
del debido proceso y al acceso material a la justicia de Gilma Susana Martínez Gaitán, Diego
Felipe Lee Martínez, María Inés Martínez De Nieto, María Inés Nieto Martínez, Luis Alejandro
Nieto Martínez, Sonia Esther Nieto Martínez, Nubia Cristina Nieto Martínez, Carlos Fernando
Nieto Martínez, Martha Cecilia Nieto Martínez, María Cristina Martínez De Ruiz, Camilo
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Gilma Susana Martínez Gaitán, María Inés Martínez de Nieto, María Inés Nieto Martínez, Luis Alejandro Nieto Martínez,
Sonia Esther Nieto Martínez, Nubia Cristina Nieto Martínez, Carlos Fernando Nieto Martínez, Martha Cecilia Nieto Martínez,
María Cristina Martínez De Ruiz, Alcira Martínez De Angulo, Manuel José Angulo Gracia, Manuel Francisco Angulo Martínez,
Hernando Alonso Angulo Martínez, Claudia Johanna Angulo Martínez, Luis Guillermo Martínez Gaitán, Gloria María Martínez
De Martínez, Luis Guillermo Martínez Martínez, Ana María Martínez Martínez, Diana Catalina Martínez Martínez, Elvira
Martínez De Franco, José Del Carmen Franco Buitrago, Olga Lucía Franco Martínez, Daniel Mauricio Franco Martínez, Ana
Lucía Martínez De González, Ximena Lucía González Martínez, Martha Liliana González Martínez, Blanca Isabel Martínez
Gaitán, Cecilia Del Rosario Forero Martínez, Carlos Arturo Martínez Gaitán, Diana Yanet Bastidas, Diego Felip e Lee Martínez,
José Luis Martínez Bastidas, Carlos Andrés Martínez Bastidas, Ana Sofía Martínez Bastidas, Camilo Andrés Ruiz Martínez,
Sandra Patricia Ruiz Martínez y María Clara Ruiz Martínez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01
Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Andrés Ruiz Martínez, Sandra Patricia Ruiz Martínez, María Clara Ruiz Martínez, Alcira
Martínez De Angulo, Manuel José́ Angulo Gracia, Manuel Francisco Angulo Martínez,
Hernando Alonso Angulo Martínez, Claudia Johanna Angulo Martínez, Luis Guillermo
Martínez Gaitán, Gloria María Martínez De Martínez, Luis Guillermo Martínez Martínez, Ana
María Martínez Martínez, Diana Catalina Martínez Martínez, Elvira Martínez De Franco, José́
Del Carmen Franco Buitrago, Olga Lucía Franco Martínez, Daniel Mauricio Franco Martínez,
Ana Lucía Martínez De González, Ximena Lucía González Martínez, Martha Liliana González
Martínez, Blanca Isabel Martínez Gaitán, Cecilia Del Rosario Forero Martínez, Carlos Arturo
Martínez Gaitán, Diana Yanet Bastidas, José Luis Martínez Bastidas, Carlos Andrés Martínez
Bastidas y Ana Sofia Martínez Bastidas, los cuales son actualmente vulnerados y
amenazados por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección B con la sentencia del 07 de abril de 2022, notificada el 10 de agosto de
2022, dictada dentro del proceso con radicación No. 25000-23-26-000-2009-00379-01
(42.530).
SEGUNDA: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia dictada por el Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección B dentro del
proceso de reparación directa cursado en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación
dentro del radicado número 25000-23-26- 000-2009-00379-01 (42.530) y ordenar a la
autoridad judicial que se profiera un fallo de reemplazo en el que se valore el daño antijurídico
causado a los accionantes, así como la violación del derecho al debido proceso y al acceso
material a la justicia.
TERCERA: Conceder el amparo de los derechos fundamentales que el juez de tutela
encuentre vulnerados”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 2 de julio de 1999 el representante legal de Electroatlántico Ltda. denunció ante
la Fiscalía General de la Nación, Seccional Riohacha, La Guajira a la señora Gilma
Susana Martínez Gaitán, en calidad de representante legal de Electroguajira S.A.
E.S.P.2, el 3 de julio de 2003, la Fiscalía Tercera de Patrimonio Económico de
Riohacha definió su situación jurídica, se abstuvo de imponerle medida de
aseguramiento por el delito de peculado por apropiación, sin embargo, el
representante de la parte civil y el Ministerio Público presentaron recurso de
reposición y en subsidio de apelación, por lo que el 14 de febrero de 2005, fue
revocada parcialmente la decisión y se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva a la señora Gilma Martínez, la cual se hizo efectiva el 14 de
julio de 2005.
El apoderado de Gilma Martínez solicitó la sustitución de la medida de
aseguramiento de detención preventiva carcelaria, por detención domiciliaria, con
base en su condición de madre cabeza de familia, solicitud que fue concedida
mediante Resolución del 14 de julio de 2005.
El 25 de octubre de 2005, la Fiscalía 222 de la Unidad 2 de Delitos contra la
Administración Pública y de Justicia de Bogotá precluyó la investigación a favor de
Gilma Martínez, decisión que fue confirmada el 20 de noviembre de 2006 por la
Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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Por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y prevaricato, por presuntamente haber incumplido un
convenio interadministrativo suscrito entre Electroguajira S.A. E.S.P y el municipio de Riohacha, del cual hac ía parte un
contrato de concesión de Electroatlántico Ltda.
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
La señora Gilma Susana Martínez Gaitán, junto con su núcleo familiar, ejercieron
medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación, por los perjuicios que sufrió por la privación de su libertad, las falsas
imputaciones, irregularidades y errores de que fue víctima dentro del proceso penal
adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de peculado.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
en 17 de agosto de 2011, declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de la libertad de Gilma Martínez Gaitán, con fundamento en
que, estaba probado que la privación de la libertad de detención domiciliaria de la
demandante, que transcurrió entre el 14 de julio y el 25 de octubre de 2005, fue
injusta, toda vez que tuvo origen en un proceso penal adelantado en su contra por
el delito de peculado por apropiación, en el cual resultó absuelta, al demostrarse la
atipicidad de la conducta, con base en lo cual, concluyó que la privación había sido
antijurídica, pues no estaba en la obligación de soportarla.
Las partes interpusieron recurso de apelación. La Fiscalía General de la Nación
para señalar que el asunto no debía analizarse bajo un régimen objetivo de
responsabilidad, porque se ocasionaría una grave lesión para el patrimonio del
Estado, además, sostuvo que el tribunal no se pronunció respecto de la excepción
propuesta por la fiscalía sobre el hecho exclusivo de un tercero, la cual se
encontraba probada y se opuso al reconocimiento de perjuicios concedido a los
hermanos de la demandante principal, comoquiera que no probaron su afectación
moral. La parte demandante, con el fin de que se modificara la sentencia de primera
instancia y se aumentaran las indemnizaciones allí reconocidas.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 7 de
abril de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, porque encontró configurada la causal de
exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
Frente a lo cual precisó que, en lo referente a la vinculación y a las falsas
imputaciones alegadas por la parte demandante, la jurisprudencia ha sostenido
que, el deber de soportar investigaciones corresponde a una carga que soportan
por igual todas las personas, por lo que su materialización en un caso determinado
no comporta, en principio, un desequilibrio que no se esté en el deber jurídico de
soportar y, en relación con las irregularidades y errores del proceso penal seguido
en contra de Gilma Martínez durante el proceso penal, determinó que, si bien,
dentro del proceso penal se indicó que se había presentado una mora en el trámite,
lo cual dio lugar al cambio de radicación de la investigación, la parte demandante
no acreditó que esas actuaciones le hayan generado un daño en su reputación.
En cuanto a la privación de la libertad, consideró que la causal eximente de
responsabilidad de culpa de la víctima se configuró porque de las pruebas que
obraron en el proceso fue posible evidenciar que, a pesar de que, la víctima directa
tenía conocimiento de la existencia de un proceso penal seguido en su contra por
el delito de peculado por apropiación -al haber rendido diligencia de indagatoria- y sabía,
incluso, de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva,
decidió de manera voluntaria no comparecer ante las autoridades, pues pudo
informar de su situación de madre cabeza de familia durante el lapso que
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
transcurrió para la resolución de los recursos interpuestos en contra de la
providencia inicial que se abstuvo de imponer medida en su contra.
Indicó que, si bien, la Fiscalía, al momento de estudiar la solicitud de sustitución de
la medida, omitió realizar algún pronunciamiento frente a la afirmación expresa que
hizo la defensa de que Gilma Martínez había eludido la acción de la justicia, lo
cierto es que, de todas maneras, decidió mantener la medida de aseguramiento al
considerarla razonable y útil, solo que accedió a modificarla por detención
domiciliaria, en atención a su condición de madre cabeza de familia y las
obligaciones que tenía con su hijo menor de 5 años.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
incurrió en los defectos fáctico, “sustantivo” por desconocimiento del precedente
judicial y procedimental absoluto.
De manera general expuso que se desconoció el derecho fundamental al debido
proceso porque lo relacionado con la causal de culpa exclusiva de la víctima no fue
estudiada en el proceso, sino que, la posición de la Fiscalía General de la Nación
siempre se dirigió a alegar el hecho generado por un tercero, situación que negó el
Tribunal, por lo que considera que no era posible que el Consejo de Estado
profiriera una sentencia con un argumento totalmente distinto al que se planteó en
el proceso. Con fundamento en lo cual la parte actora adujo que no tuvo oportunidad
de presentar argumentos en contra de la causal de culpa exclusiva de la víctima y
que, en ese sentido, el Consejo de Estado coartó toda posibilidad de ejercer el
derecho defensa y demostrar que la eximente de culpa exclusiva de la víctima no
era aplicable en el presente caso.
En cuanto al cargo por “defecto sustantivo” por el desconocimiento del precedente
judicial, indicó que se desconoció por “haber fundado su decisión en un análisis ilógico de
una presunta “culpa exclusiva de la víctima” como eximente de responsabilidad del Estado”.
Al efecto, se refirió a la sentencia de unificación 363 de 2021, de la Corte
Constitucional, según la cual, «(...) la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en
el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa
grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos sumariados en lo penal, sino a una
conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la
tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño
(privación de la libertad), por la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la
privación de la libertad (...)».
Asimismo, indicó que en sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, la
Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «(...) la participación o incidencia de la
conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, se torna
necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, desde el
punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y
a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse
que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo
70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”, de modo que en los casos en los
que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración de
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la
determinante del daño(...)».
Agregó que, en sentencia del 19 de noviembre de 2021 3, el Consejo de Estado
declaró inexistente la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso donde el actor,
al igual que la señora Gilma Susana Martínez Gaitán fue aprehendido a causa de
una denuncia de un tercero, que, al igual que el caso bajo análisis, el actor siempre
manifestó su inocencia y colaboró con la justicia.
Expuso consideraciones relacionadas con que en la apertura del proceso penal, la
conducta de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán no fue determinante, sino por
la denuncia de un tercero y se concretó por la labor investigativa de la Fiscalía,
quien de forma equivocada determinó que la actora debía ser aprehendida y en
cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento, dijo que, contrario a lo
interpretado por el Consejo de Estado, la medida de aseguramiento no se concretó
por el actuar de la señora Gilma Susana Martínez Gaitán.
Explicó que el 3 de julio de 2003 la Fiscalía Tercera de Patrimonio Económico de
Riohacha resolvió no imponer medida de aseguramiento, decisión que fue revocada
el 14 de febrero de 2005, en atención al recurso interpuesto por la parte civil y el
Ministerio Público y no por la conducta de Gilma Susana Martínez Gaitán.
Igualmente, que, la medida de aseguramiento no se mantuvo por su actuar, que el
13 de junio de 2005 no se solicitó la revocatoria de la medida, sino que se pidió la
sustitución de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por su
condición de madre cabeza de hogar. Agregó que, “no puede pretender el Consejo de
Estado, que una medida de aseguramiento prevalezca sobre la familia y los derechos de niños, más
aún, cuando se probó que la Fiscalía 3 de Riohacha ejerció su mando con irregularidades. Entonces,
si la medida continuó fue por decisión de la Fiscalía, quien, atendiendo el recurso interpuesto por la
parte civil y el Ministerio público ordenó medida preventiva de aseguramiento; no por algún actuar
culposo o doloso de la actora”.
Aseveró incluso que “el Consejo de Estado no demostró que Gilma Susana Martínez Gaitán
haya actuado con culpa grave o dolo, tal y como lo exige la jurisprudencia y la ley”.
En cuanto a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, afirmó que desconoció el precedente judicial aplicable en
materia de perjuicios morales, para la época en que se dictó sentencia10 4.
En punto al defecto fáctico sostuvo que las autoridades judiciales demandadas
valoraron erróneamente las pruebas y se les dio un alcance que no tienen.
A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B incurrió en el referido defecto en una dimensión positiva, porque no
tuvo en cuenta los testimonios allegados al proceso, pues, según afirma, todos los
testigos fueron coincidentes al indicar que la familia era muy unida y que a todos
les afectó la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora Gilma
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Consejo de Estado. Sección tercera. Subsección B. Radicación número: 20001-23-31-000-2011-00396-01(49542),
Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz; diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
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Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación número: 18001-23-31-000-1997-01198-01(18357), Consejero ponente:
Dr. Enrique Gil Botero; sentencia de 18 de marzo de 2010; Radicación número: 11001-03-26-000-1999-00007-01(16038),
Consejera ponente: Dra. Myriam Guerrero De Escobar; sentencia de 22 de julio de 2009 y Radicación Número: 07001-23-
31-000-1997-00692-01(15769), Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar; dentencia del 11 De Febrero de 2009.
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Susana Martínez Gaitán, como fue el caso del testimonio de Mónica Marcela Rivera
Galindo, a efecto de acreditar los perjuicios morales.
Respecto a los perjuicios materiales indicó que el Tribunal omitió verificar las
fechas, porque la señora Gilma Susana Martínez Gaitán si padeció la restricción a
la libertad “en el plano jurídico”.
Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el
defecto fáctico porque concluyó la existencia de la “culpa exclusiva de la víctima”, a
pesar de que en “el trámite se demostró que el daño devino de las actuaciones abiertamente
injustas y arbitrarias por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación”.
En cuanto al defecto procedimental absoluto no expuso argumentos que
sustentaran el cargo.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 3 de febrero de
2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los
señores Consejeros de Estado que dictaron la sentencia del 7 de abril de 2022,
radicado número 25000-23-26-000-2009-00379- 01 y a los Magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que dictaron la
sentencia del 17 de agosto de 2011, radicado número 25000-23-26-000-2009-
00379-00. Asimismo, a la Nación–Fiscalía General de la Nación, como tercero
interesado en el resultado del proceso.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B allegó informe en el que
indicó que la providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación
directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la
acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
6. Intervención de los terceros interesados
La Unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación
señaló que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) la parte
accionante no da cuenta a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para
ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este; (ii) no sustentó
las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea
procedente y, (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas.
Considera que la parte actora no sustentó en debida forma los defectos invocados
y precisó que, en todo caso, no se configuró el defecto fáctico, porque las
decisiones atacadas, no desbordaron los criterios de proporcionalidad inherentes a
la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B realizaron una valoración de la prueba bajo los criterios
establecidos y requisitos legales. Indicó que, el juez administrativo contó con los
elementos de juicio suficientes para emitir les fallos hoy atacados en sede de tutela
y que realizó una valoración adecuada del acervo probatorio.
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Dijo que la parte actora tampoco acreditó la configuración del defecto sustantivo, al
no haber establecido que el juez haya efectuado una interpretación irregular de la
Ley, ni de la Constitución; toda vez que se verificó que la medida privativa de la
libertad fue legal, razonada y proporcional; así como tampoco se evidencia cuáles
fueron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o puestos en riesgo
con dicha interpretación normativa.
Igualmente que, que no se configura un defecto procedimental absoluto, pues en el
proceso del cual son parte los hoy tutelantes se ha aplic ado el procedimiento que
corresponde, como es el previsto por el artículo 165 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y el artículo
88 del Código General del Proceso por remisión normativa del artículo 267 del
CPACA y respecto al exceso ritual manifiesto no se advirtió que la interpretación de
las normas procesales haya sido de “excesivo rigor ritual” dado que las providencias
judiciales cuestionadas presentaron razones suficientes para fundamentar las
decisiones; adicionalmente, el juez se ha ajustado a las ritualidades propias del
proceso.
En cuanto a la alegada vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B al proferir
los fallos cuestionados, respetaron cada una de las garantías de los accionantes.
Finalmente, afirmó que las providencias que se cuestionan por esta vía respetaron
las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018.
Agregó que en el presente caso no se cumple con los requisitos generales de
relevancia constitucional, porque se ejerce como una instancia adicional y el de
subsidiariedad, sin indicar el medio de defensa que tiene a su alcance la parte
actora.
Solicitó negar la solicitud de amparo.
7. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 17
de marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que
tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por ello, no le
corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance
dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la
controversia, preciso que este recurso judicial tampoco constituye una instancia
adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración
probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una
decisión proponga “una mejor solución” al caso.
Concluyó que no se evidenció que la decisión cuestionada sea caprichosa o
arbitraria y los argumentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver
sobre la controversia decidida por el juez natural.
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8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual
afirmó que no ejerció el mecanismo con el fin volver sobre lo ya estudiado por el
juez natural, sino que, la tutela busca la protección de los derechos fundamentales
vulnerados.
Insistió que el presente caso es un asunto que comporta relevancia constitucional,
pues, según afirma «para el caso el eximente de responsabilidad correspondiente a “culpa
exclusiva de la víctima”, que se cumple solo si se demuestra el dolo o culpa grave del demandante» .
Citó nuevamente la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, con
fundamento en lo cual reiteró que “desde el principio del proceso penal la señora Gilma
Susana Martínez Gaitán dejo claro que era inocente, sus manifestaciones nunca dieron pie para
que se presumiera otra cosa. Pese a esto, la Fiscalía decidió abrirle proceso, el cual termino en la
puesta de libertad de la misma por atipicidad objetiva de la conducta”.
Frente a la imposición de la medida de aseguramiento sostuvo que esta no fue
atribuida por la conducta de la señora Martínez, que, esta se presentó por el recurso
interpuesto por la parte civil y el Ministerio Público, que, de hecho, en un primer
momento, se decidió no imponer la medida y, agregó “si esta se realizó no fue por la
conducta de la señora Gilma Susana, fue por el recurso elevado por el Ministerio Público y
la parte civil”.
Dijo que no se tiene claridad sobre como aplica la culpa grave y el dolo en materia
civil para exonerar de responsabilidad al Estado y, que, lo cierto es que en casos
similares se ha condenado al Estado bajo el régimen de responsabilidad objetiva,
“máxime cuando a lo largo del proceso se demostró que este mantuvo su declaración de inocencia
y presento las pruebas que desestimaban su culpabilidad”.
Agregó que el juez de tutela omitió analizar los defectos alegados en la acción de
tutela, a su juicio, las pruebas allegadas al proceso fueron ignoradas por completo,
pues, de haberse estudiado se habría llegado a otro resultado, tal es el caso de los
diversos testimonios practicados en el transcurso del proceso, los que considera,
“dejaban claro la unión y amor que se profesa la familia Martínez Gaitán”.
Insistió en el argumento, según el cual, la parte demandante no tuvo oportunidad
de presentar pruebas que desestimaran la causal eximente consistente en la culpa
exclusiva de la víctima, señala que, en el transcurso del proceso no se tuvo como
opción esa causal exonerativa, porque la Fiscalía alegó como causal de
exoneración de responsabilidad el hecho de un tercero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01
Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional, por emplearla como una instancia
adicional al proceso ordinario. A juicio de la parte actora, la acción de tutela si
cumple con el referido requisito porque se invoca la protección de derechos de
contenido fundamental.
A efecto de sustentar la vulneración alegada, señaló que se desconoció que la
sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 porque no se debió declarar la
causal eximente de la culpa exclusiva de la víctima, porque la señora Gilma Susana
Martínez Gaitán no dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento y que
con tal declaratoria se vulneró el derecho de defensa, porque no fue una excepción
propuesta por la entidad demanda. Asimismo, considero desconocida la prueba
testimonial que daba cuenta de “(…) la unión y amor que se profesa la familia Martínez
Gaitán”.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto la acción
de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia
5 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora ; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
7 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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constitucional y solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de los argumentos
en que la parte actora basó la impugnación.
Cumplimiento de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial
(i) Requisito general de relevancia constitucional: El requisito general de relevancia
constitucional, como lo ha reiterado esta Sección, tiene como finalidad proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse
algunos presupuestos 8.
En el presente caso, a pesar de que el a quo consideró que no se satisface este
requisito porque se emplea la acción de tutela como una instancia adicional, esta
Sala dará por superado el requisito, si se tiene en cuenta que la decisión de primera
instancia accedió a las pretensiones de reparación directa y fue en segunda
instancia que se revocó la decisión, por lo que, no es en estricto sentido una
instancia adicional.
Igualmente, la Sala advierte que la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión afecta dichos
derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico, los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión atacada, no
se proponen argumentos adicionales que no fueron expuestos en el proceso
cuestionado y, como se dijo, no se emplea el mecanismo como una instancia
adicional al proceso de reparación directa.
(ii) Requisito general de subsidiariedad: a pesar de que en la intervención que
allegó la Fiscalía General de la Nación alegó que no se cumplió con este requisito,
no indicó cual sería el otro medio de defensa con que cuenta la parte actora para
ejercer la defensa de sus derechos y la Sala evidencia que los argumentos
invocados no se enmarcan dentro de las causales del recurso extraordinario de
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio,
la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de
la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
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revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos
que invoca vulnerados.
(iii) Requisito general de inmediatez: el ejercicio de la presente acción de tutela
resulta oportuno toda vez que la sentencia de segunda instancia que se cuestiona
por esta vía fue proferida el 7 de abril de 2022, notificada por edicto desfijado el 17
de agosto de 2022 y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 30 de enero de
2023.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los otros requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv)
irregularidad procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias
de tutela.
Estudio de los argumentos de impugnación
Superados los requisitos generales de procedencia, la Sala pasa a estudiar los
específicos argumentos en que la parte actora sustentó la impugnación del fallo de
tutela de primera instancia, sin embargo, se anticipa que no tienen vocación de
prosperidad por las razones que se pasan a exponer.
En primer lugar, la parte actora en el escrito de impugnación alegó como
argumentos de inconformidad que se desconoció que la sentencia de unificación
del 15 de agosto de 2018 porque no se debió declarar la causal eximente de la
culpa exclusiva de la víctima, porque la señora Gilma Susana Martínez Gaitán no
dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento.
Al respecto, debe indicarse que, la sentencia del 15 de agosto de 2018 (Exp.
46.947) de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que invoca
como desconocida la parte actora, es un pronunciamiento que quedó sin efecto, en
virtud del fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019, dentro del trámite
constitucional con radicado número 11001031500020190016901.
Tal como lo ha señalado esta Sala de Decisión 9, el cambio de postura establecido
en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 obedeció a la necesidad
de fijar criterio en materia del régimen de imputación aplicable, por lo tanto, el hecho
de que haya quedado sin efecto la sentencia de unificación referida lo que implica
es que los operadores judiciales, en ejercicio de la autonomía e independencia que
caracteriza la actividad judicial, adopte los criterios que mejor se acompasen con
las circunstancias de cada caso en concreto, en los eventos relacionados con
privación injusta de la libertad.
Dicho de otro modo, se encuentra en cabeza de los jueces de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo aplicar el régimen de imputación que considere
aplicable al caso, de acuerdo con las particularidades y circunstancias acreditadas
en cada situación en particular, facultad que, en todo caso, está dada por el principio
iuria novit curia.
9 Ver, sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente radicado número: 11001-03-15-000-2020-03190-00,
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Milton Chavés.
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Tal como ocurrió en el presente caso, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B explicó las razones por las que acogió el régimen de imputación bajo
el que desarrolló en estudio del caso sometido a su conocimiento, sin que se
advierta una actuación contraria a derecho, por el contrario, resulta un estudio
juicioso y detallado de las circunstancias particulares del caso concreto que
conllevaron a negar las pretensiones de la demanda de reparación directa por
encontrar acreditada la causal eximente de culpa de la víctima, tal como se
transcribe, en lo pertinente:
«(…)
39. Como puede observarse, si bien la víctima directa tenía conocimiento de la existencia de un
proceso penal seguido en su contra por el delito de peculado por apropiación -al haber rendido
diligencia de indagatoria- y sabía, incluso, de la imposición de medida de aseguramiento de detención
preventiva, decidió de manera voluntaria no comparecer ante las autoridades, a pesar de que pudo
informar de su situación de madre cabeza de familia durante el lapso que transcurrió para la resolución
de los recursos interpuestos en contra de la providencia inicial que se abstuvo de imponer medida en
su contra.
40. Si bien la fiscalía, al momento de estudiar la solicitud de sustitución de la medida, omitió realizar
algún pronunciamiento frente a la afirmación expresa que hizo la defensa de que Gilma Martínez había
eludido la acción de la justicia, lo cierto es que, de todas maneras, decidió mantener la medida de
aseguramiento al considerarla razonable y útil, solo que accedió a modificarla por detención
domiciliaria, en atención a su condición de madre cabeza de familia y las obligaciones que tenía con
su hijo menor de 5 años.
41. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han entendido que,
es posible revocar la medida de aseguramiento cuando se advierta que no es necesaria, al haberse
superado los fines por los que fue dictada. No obstante, en este caso, la actitud mostrada por Gilma
Martínez Gaitán durante el proceso, al abstenerse de cumplir, de forma consciente, con la medida de
aseguramiento que le fue impuesta, y que había conocido con anterioridad, justificaba su detención,
aunque fuera domiciliaria, por su nueva situación alegada de madre cabeza de familia. Así las cosas,
por lo menos en ese momento, la medida se tornaba útil para asegurar la acción de la justicia y el
buen desarrollo del proceso penal.
42. En consecuencia, al encontrarse configurada la causal de exoneración de responsabilidad
consistente en la culpa exclusiva de la víctima, la Sala negará las pretensiones formuladas en la
demanda.
(…)».
De hecho, tal como lo señaló esta Sección 10, como consecuencia de la sentencia
de tutela del 15 de noviembre de 2019 11, quedó sin efectos la providencia de
unificación (rad. 46947) de la Sección Tercera del Consejo de Estado que había
fijado como subreglas en casos de privación injusta de la libertad que, en todo caso,
correspondía al juez contencioso verificar si (i) el daño fue antijurídico a la luz del
artículo 90 de la Constitución Política y (ii) si el investigado con su conducta,
analizada desde la perspectiva de la culpa o dolo civil, dio lugar a la apertura del
proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento.
En el mismo sentido, la decisión cuestionada en la presente acción, encuentra
respaldo en el precedente fijado por la mayoría de las Subsecciones de la Sección
Tercera del Consejo de Estado12, postura que a su vez, fue avalada por la Corte
10 Sentencia del 23 de julio de 2020, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2020-02722-00,
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia de
tutela del 15 de noviembre de 2019. Radicación No. 11001031500020190016901. M.P. Martín Bermúdez.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del
25 de octubre de 2019. Radicación No. 25000-23-26-000-2011-01300-01(47518). M.P. Carlos Alberto
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Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
Constitucional en la sentencia SU-072 de 201813, según la cual «con independencia
del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la
víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una
decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de
irresponsabilidad administrativa».
Quiere decir lo anterior que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
no incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues, en la
motivación de la decisión explicó las razones por las cuales, a partir del régimen
subjetivo de responsabilidad se encontró acreditada la causal eximente de
responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.
En segundo lugar, la parte actora dijo que, con la declaratoria de la causal
eximente de la culpa exclusiva de la víctima, se vulneró el derecho de defensa,
porque no fue una excepción propuesta por la entidad demandada.
Sobre este punto, debe indicarse que vista la contestación de la demanda que
allegó la Fiscalía General de la Nación al proceso de reparación directa (folio 198
expediente físico – folio 390 del documento escaneado en el cuaderno 2 allegado
al presente trámite en medio magnético), se observa que, la entidad solicitó la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, punto en el cual, precisó que
«(…) es claro que todos estos elementos llevaba una decisión categórica de que la resposabilizada
(sic) administrativa no puede ser elaborada objetivamente sino de manera subjetiva, porque sea que
construya a través de la culpa exclusiva de la propia víctima o a través del elemento diferenciador
del riesgo permitido se deberá hacer una ponderación frente a la actuación del funcionario para
determinar que el estado no es responsable porque fue el sujeto pasivo de la acción penal quien se
colocó en dicha condición (…)» .
En ese sentido, debe indicarse que desde la contestación de la demanda la parte
demandada propuso como excepción un aspecto global de la responsabilidad
patrimonial del Estado, como lo es, el régimen de imputación aplicable al asunto,
aspecto dentro del cual naturalmente se encuentran las causales eximentes de
responsabilidad, incluida la de la culpa exclusiva de la víctima, que, aunque no fue
alegada de manera categórica, fue mencionada como un argumento de defensa de
la entidad.
Con todo, debe indicarse que fue con base en el material probatorio que obró en el
proceso, que el juez natural de conocimiento encontró configurada a referida causal
eximente de responsabilidad, a pesar de que la parte actora no se encuentre de
acuerdo con la conclusión probatoria del juez de instancia.
De manera que, el argumento en que la parte actora sustenta la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso no prospera.
En tercer lugar, la parte actora considera desconocida la prueba testimonial que
daba cuenta de “(…) la unión y amor que se profesa la familia Martínez Gaitán”. Aspecto sobre
el cual debe precisarse al apoderado de la parte actora que, fue con ocasión a la
revocatoria de la decisión de primera instancia que se determinó la improsperidad
Zambrano Barrera; sentencia del 6 de febrero de 2020. Radicación 54001-23-31-000-2010-00421-01(54396).
M.P. Adriana Marín; subsección “C”. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Radicación No. 41001-23-31-
000-2000-00672-01(45999). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
13 Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
13
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00397-01
Demandante: Gilma Susana Martínez Gaitán y otros
de las pretensiones de la demanda de reparación directa, por lo que no había lugar
a estudiar las pruebas que acreditaban la unión familiar de los afectados respecto
a la víctima directa, pues, la indemnización patrimonial fue justamente objeto de
revocatoria en el trámite de segunda instancia.
Debe recordarse que, fue la sentencia del 7 de abril de 2022 la que puso fin al
proceso de reparación directa con radicado número 25000-23-26-000-2009-00379-
00/ 01 y, en esa medida, es respecto de esta última que la acción de tutela se dirige
y frente a la cual el juez constitucional, en primera y segunda instancia, debe
desplegar el análisis de los derechos fundamentales invocados, bien en el escrito
de tutela o en el de impugnación, según el caso.
Así las cosas, en el presente caso se impone revocar la decisión de tutela de
primera instancia del 17 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, objeto de impugnación, para en su lugar, negar las
pretensiones de la acción de tutela que ejercieron la señora Gilma Susana Martínez
Gaitán y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sec ción Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la decisión de tutela de primera instancia del 17 de marzo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, objeto de
impugnación, para en su lugar,
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejercieron la señora Gilma
Susana Martínez Gaitán y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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