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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00816-01

Fecha
14 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00816-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de dicha providencia quedará así: “Primero: Declárese no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada. Segundo: Declárese la falta de legitimación en la causa por activa de Edgar Cortés Castellanos, Claudia Rocío Cortés Castellanos, Esperanza Cortés Castellanos y Helena Patricia Castañeda Camargo. Tercero: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales: - Juan Guillermo Cortés Castañeda, como directamente afectado, la suma equivalente en pesos a 100 SMLMV. - Elinda Castañeda Pulido y Guillermo Cortés Castellanos, en calidad de progenitores del afectado directo, la suma equivalente en pesos a 100 SMLMV, para cada uno. - Cecilia Castellanos de Cortés, en calidad de abuela del afectado directo, la suma equivalente en pesos a 50 SMLMV. Cuarto: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, la suma equivalente en pesos a 200 SMLMV, por concepto de daño a la salud en su faceta objetiva y subjetiva. Quinto: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: - $ 646.504.391,4 como indemnización por lucro cesante consolidado - $ 397.286.681,83 por lucro cesante futuro Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 10 de 11 Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734) Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 - Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00816-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022.

Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -

Temas: Reparación directa – Indemnización de perjuicios.

Síntesis del caso: Juan Guillermo Cortés Castañeda sufrió varias lesiones como
consecuencia del disparo que le propinó uno de sus compañeros cuando se encontraban
en una estación de policía cumpliendo sus labores. El tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Las partes presentan recursos de apelación en los que
controvierten la tasación de los perjuicios realizada por el tribunal.

Conoce la Sala los recursos de apelación presentados por las partes en
contra de la Sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una Sentencia de un Tribunal
Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de
conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso
Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la
demanda.1

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1 El artículo 132 del CCA, numeral 6, prevé que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las

demandas de reparación directa cuya cuantía exceda 500 SMLMV, lo cual, en el año en el que se presentó la
demanda (2009), equivalía a $248.450.000. En este caso la cuantía de las pretensiones de la demanda superó
dicho monto, por lo que el conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo y
en segunda instancia al Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________

1. El 2 de octubre de 2009, Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros2
presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de
obtener la reparación de los perjuicios derivados de las lesiones padecidas
por el mencionado, como consecuencia del disparo que le propinó uno de
sus compañeros, en hechos ocurridos el 5 de julio de 2007, en la Estación de
Policía del municipio de Ubaté (Cundinamarca), cuando desempeñaba sus
labores como patrullero de la policía.3

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, por las lesiones con arma de fuego
(revólver) y las secuelas físicas, fisiológicas (daño a la vida en relación), y
sicológicas ocasionadas al señor JUAN GUILLERMO CORTES CASTAÑEDA por el
patrullero de la Policía Nacional ALDEMAR PORTELA TICORA, en hechos ocurridos
el día 05 de julio de 2007 en la Estación de Policía del municipio de Ubaté
(Cundinamarca); así como los perjuicios ocasionados a los demás
demandantes”

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Juan Guillermo Cortés Castañeda Víctima directa 200 SMLMV
Elinda Castañeda Pulido Madre 100 SMLMV
Guillermo Cortés Castellanos Padre 100 SMLMV
Cecilia Castellanos de Cortés Abuela 50 SMLMV
Perjuicios
morales Esperanza Cortés Castellanos Tía 50 SMLMV
Claudia Rocío Cortés Castellanos Tía 50 SMLMV
Edgar Cortés Castellanos Tío 50 SMLMV
Helena Patricia Castañeda
Novia 50 SMLMV
Camargo
Perjuicios por
Juan Guillermo Cortés Castañeda Víctima directa 400 SMLMV
daño a la
vida en Helena Patricia Castañeda
Novia 100 SMLMV
relación Camargo
Compañera
Juan Guillermo Cortés Castañeda $677.923.0964
Perjuicios por permanente e hija
lucro cesante
Guillermo Cortés Castellanos Padre $11.925.6005

Perjuicios por
daño Juan Guillermo Cortés Castañeda Víctima directa $10.338.0026
emergente

2 Elinda Castañeda Pulido, Guillermo Cortés Castellanos, Cecilia Castellanos de Cortés, Esperanza Cortés

Castellanos, Claudia Rocío Cortés Castellanos, Edgar Cortés Castellanos y Helena Patricia Castañeda Camargo.
3 Folios del 6 al 23 del cuaderno No. 1.
4 Por los salarios dejados de percibir, dado que las lesiones le produjeron una incapacidad del 100%.
5 Por los ingresos dejados de percibir, puesto que debió renunciar a su trabajo para dedicarse al cuidado de su

hijo.
6 Por los gastos en que ha incurrido para su cuidado, transporte y gastos notariales para autenticar documentos

presentados en este proceso.

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte
demandante refirió que, el 5 de julio de 2007, aproximadamente a las 6.00
p.m., cuando Juan Cortés se encontraba en la Estación de Policía de Ubaté
(Cundinamarca) desempeñando sus labores como patrullero de la Policía,
uno de sus compañeros ingresó al lugar para ponerse el “field jacket” e
imprudentemente accionó su arma de dotación oficial. El proyectil impactó
a Juan Cortés causándole una herida en el tórax y alojándose en la
columna vertebral. Como consecuencia, la víctima presenta paraplejia,
disfunción sexual e impotencia neurogénica, lo cual ha afectado todos los
ámbitos de su vida y su desarrollo personal.

1.2. Posición de la parte demandada

5. El 15 de marzo de 2010, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
contestó la demanda. Solicitó el rechazo de las pretensiones, ya que no
estaba probada una falla en el servicio y, frente a los daños ocasionados a
los miembros de la fuerza pública, no era posible inferir una responsabilidad
objetiva. Señaló que, en estos casos, la institución otorgaba una
indemnización y concedía algunas prestaciones con el fin de compensar las
afectaciones causadas al uniformado, por lo que solicitó que se tuviera en
cuenta los montos reconocidos por la entidad a favor de Juan Cortés como
pago de la indemnización pretendida en este proceso.7

1.3. Sentencia de primera instancia

6. El 28 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió Sentencia de primera instancia en la que declaró la falta de
legitimación activa en la causa de Esperanza Cortés Castellanos, Claudia
Rocío Cortés Castellanos, Edgar Cortés Castellanos y Helena Patricia
Castañeda Camargo, pues, pese a encontrar acreditado su vínculo de
parentesco, no encontró probada la afectación directa ni el perjuicio sufrido
por ellos con ocasión de los hechos demandados, y accedió parcialmente
a las pretensiones formuladas por los restantes demandantes.

7. El Tribunal consideró que la entidad demandada incurrió en una falla
en el servicio, ya que el daño lo ocasionó el actuar descuidado e
imprudente de uno de sus agentes. Conforme con ello, declaró la
responsabilidad de la Policía Nacional y la condenó al pago de: 80 SMLMV
a favor de víctima directa, 40 SMLMV a favor de cada uno de sus
progenitores y 20 SMLMV a favor de su abuela, por concepto de perjuicios
morales; 60 SMLMV, por concepto de daño a la vida en relación,
$136.618.645, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de

7 Folios 35 al 39 del cuaderno No. 1.

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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lucro cesante, y $731.374, por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente, a favor de la víctima directa.8

1.4. Recursos de apelación

8. El 13 de febrero de 2012, la parte demandante presentó recurso de
apelación con el fin de que se modificara la sentencia de primera instancia.
Solicitó que se aumentara el monto reconocido por perjuicios morales, así
como también la suma reconocida por daño a la vida en relación, en razón
a la gravedad del daño ocasionado. Además, pidió que se liquidara el lucro
cesante con base en el salario que devengaba la víctima como patrullero
de la policía y no con base en el salario mínimo como lo calculó el Tribunal.
Finalmente, adujo que la entidad hizo incurrir en error al Tribunal, ya que
indicó que, en la Resolución No. 612 de 18 de mayo de 2009 se le reconoció
al demandante una suma de $1.089.758.885,68 como indemnización
administrativa, no obstante, esa fue la suma pagada en total a varios
uniformados que fueron indemnizados mediante dicha resolución, pero al
aquí demandante solo se le reconoció una indemnización de
$63.206.890,38.9

9. El 14 de febrero de 2012, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional
presentó recurso de apelación, en el que solicitó se disminuyeran los montos
reconocidos como indemnización en la Sentencia de primera instancia.
Refirió que el tribunal debió descontar las sumas pagadas por la entidad al
demandante por el hecho ocurrido, ya que, según la jurisprudencia, “los
pagos parciales hechos directamente por el obligado a indemnizar
plenamente, o por un tercero con su anuencia o no, debe ser imputado al
pago de la indemnización”. En ese sentido, como la entidad ya había
reparado el daño alegado en la demanda, no había lugar a reconocer una
nueva indemnización en su favor y debía entenderse que la obligación de
reparar estaba cumplida.10

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Liquidación
de perjuicios; 2.3. Improcedencia de la compensación de sumas reconocidas; 2.4 Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

10. En esta providencia se decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar11. En este caso, la

8 Folios 91 al 104 (sentencia) y folios 127 al 130 (adición de sentencia) del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 107 al 113 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folios del 114 al 116 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 La demanda fue presentada oportunamente. Juan Guillermo Cortés Castañeda fue lesionado el 5 de julio de

2007, según consta en el informe administrativo por lesiones expedido por el Comando de la Policía del
Departamento de Cundinamarca (folio 3 del cuaderno No. 2), por lo que, en principio el término de caducidad

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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controversia se limita al estudio de los perjuicios reconocidos en la Sentencia
de primera instancia, pues ninguna de las partes controvirtió la decisión
sobre la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional.

11. La Sala modificará la decisión: aumentará la indemnización por
perjuicios morales conforme con los criterios desarrollados por la Sección
Tercera en casos similares; asimismo, incrementará el monto reconocido por
daño a la salud; además, reliquidará el lucro cesante con base en el salario
efectivamente devengado por el demandante actualizado a la fecha de
esta providencia y revocará la indemnización concedida por daño
emergente. Los demás asuntos no serán estudiados, por tratarse de un
asunto que no fue objeto de los recursos de apelación.

12. Con ese norte, la Sala realizará el estudio de cada uno de los perjuicios
señalados y expondrá las razones por las que no procede una deducción
de la condena a favor de la entidad demandada. Por último, declarará
improcedente la condena en costas.

2.2. Liquidación de perjuicios

• Perjuicios inmateriales

13. El tribunal concedió, por concepto de perjuicios morales, una
indemnización de 80 SMLMV a favor de víctima directa, 40 SMLMV a favor
de cada uno de sus progenitores y 20 SMLMV a favor de su abuela, y negó
el reconocimiento de este perjuicio a favor de los demás demandantes.

14. La Sala observa que, en el informe de calificación elaborado por la
Junta Médico Laboral de la Policía Nacional12, Juan Guillermo Cortés
Castañeda fue calificado por la Junta Médico Laboral con una pérdida de
la capacidad laboral de 100%. De modo que, con base en la tabla definida
en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 201413, a la víctima
directa le corresponde una indemnización por 100 SMLMV por concepto de
perjuicio moral derivado de las lesiones personales que padeció.

15. Además, acreditado el interés para solicitar la reparación por parte de
los demás demandantes a quienes se les reconoció una indemnización en
primera instancia, se reconocerá la suma de 100 SMLMV a favor de Elinda

se extendía hasta el 6 de julio de 2009. No obstante, dicho término se suspendió desde el 3 de julio de 2009, fecha
de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, hasta el 2 de octubre de 2009, fecha en la que la
Procuraduría 1 Judicial II Administrativa expidió constancia de no conciliación entre las partes (folio 52 del
cuaderno No. 2.). Dado que la demanda fue presentada ese mismo día, se concluye que se realizó dentro del
término de 2 años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para el ejercicio
oportuno de la acción de reparación directa.
12 Calificación Médico Laboral. Folios 19 al 21 del cuaderno No 2.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación

jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).

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Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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Castañeda Pulido y 100 SMLMV a favor Guillermo Cortés Castellanos14, por
encontrarse en el primer grado de parentesco con la víctima directa, y 50
SMLMV favor de Cecilia Castellanos de Cortés15, por encontrarse en el
segundo grado de parentesco con la víctima directa.

16. Por otra parte, el Tribunal concedió una indemnización de 60 SMLMV a
favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, por concepto de daño a la vida
en relación. La Sala recuerda que la denominación de dicha tipología de
perjuicio fue abandonada a partir de la Sentencia de unificación del 14 de
septiembre del 201116, sin embargo, en aquellos casos en que se solicita se
debe tener en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia, con el fin de
indemnizar los perjuicios que resulten acreditados en el proceso.

17. La Sala observa que la indemnización reconocida en la Sentencia de
primera instancia por “daño a la vida en relación” coincide con los
presupuestos del perjuicio que actualmente se denomina daño a la salud,
el cual, tal como se refirió en la Sentencia de 28 de agosto de 2014
anteriormente citada, “está encaminado a resarcir la pérdida o alteración
anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal”.

18. En efecto, en este caso, las lesiones padecidas por el demandante le
ocasionaron un trauma raquimedular, hiperreflexia del detrusor, impotencia
neurogénica, intestino y vejiga neurogénica, paraplejia flácida, alteración
en la marcha y el desplazamiento y disfunción sexual. De manera que, se
advierte una afectación del derecho a la salud en su faceta objetiva
consistente en el deterioro de algunos de los órganos y funciones básicas del
ser humano, por lo que la Sala reconocerá un monto de 100 SMLMV por este
concepto, que se justifica en el porcentaje de invalidez decretado por la
Junta Médico Laboral.

19. Además, como consecuencia de esas lesiones, Juan Guillermo Cortés
Castañeda también sufrió una afectación a su derecho a la salud en su
faceta subjetiva. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 “se
considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más
de su capacidad laboral”. En este caso, la pérdida de la capacidad laboral
de la víctima fue del 100%, por lo que es evidente que presenta un estado
de invalidez. Además, de acuerdo con las reglas de la experiencia, cuando
una persona sufre lesiones graves en su integridad física que implican una
alteración irreversible en el funcionamiento de su cuerpo, esto le genera un
deterioro en su calidad de vida, por la imposibilidad o dificultad de
desarrollar muchas de sus actividades diarias, básicas, placenteras y

14 Registro civil de nacimiento de Juan Guillermo Cortés Castañeda. Folio 26 del cuaderno No. 2.
15 Registro civil de nacimiento de Guillermo Cortés Castellanos. Folio 27 del cuaderno No. 2.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp. 38222. M.P. Enrique

Gil Botero.

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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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sexuales, así como por la imposibilidad de realizar su proyecto de vida como
lo deseaba antes de la ocurrencia de los hechos que produjeron las lesiones.
En este caso, la prueba misma de la pérdida funcional de algunos órganos
permite evidenciar esa otra afectación que sufrió el demandante por la
imposibilidad de desarrollarse plenamente, por lo que se le reconocerá 100
SMLMV por este segundo concepto.

• Perjuicios materiales

20. El tribunal reconoció una indemnización por el monto de $136.618.645,
por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, que calculó con
base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año en que se
profirió esa providencia y el periodo de vida probable de la víctima directa.

21. Juan Guillermo Cortés Castañeda trabajaba como patrullero en la
Policía Nacional y en el año 2007 (fecha en que ocurrieron los hechos)
devengaba un salario básico de $946.903 por dicha labor17. La tasación del
perjuicio se realizará con base en la totalidad de dicho salario actualizado
al presente año, teniendo en cuenta que la incapacidad de la víctima es
de 100%, y se le sumará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales,
por tratarse de una vinculación laboral formal.

22. Entonces, en primer lugar, se realiza el aumento del porcentaje
correspondiente a las prestaciones sociales del trabajador. Es decir, el
referente salarial es $ 1.183.628,75.

23. En segundo lugar, se actualiza el salario a la presente fecha conforme
a la siguiente fórmula:

Va = Vh Índice Final (agosto de 2022)
Índice Inicial (julio de 2007)

Va = $ 1.183.628,75 x 120,27
64,23
Va = $ 2.216.332,39

24. De acuerdo con lo anterior, el ingreso base para la liquidación será $
2.216.332,39.

25. Por otra parte, el periodo a liquidar será desde el 5 de julio de 2007,
fecha en que la víctima sufrió las lesiones, hasta la fecha de vida probable
de esta18. Es decir, el periodo a liquidar será 606,1 meses en total.

17 Según el acta de liquidación de la indemnización por incapacidad, en al que se discriminan los montos salariales

devengados por el demandante. Folio 88 del cuaderno No 1.
18 Según el registro civil de nacimiento, Juan Guillermo Cortés Castañeda nació el 14 de diciembre de 1982, es

decir que, al 5 de julio de 2007 tenía 24,55 años. Según la Resolución 1112 de 2007, los hombres de 24 años tienen
una esperanza de vida de 51,07 años, equivalente a 612,8 meses. A este número se le restan los 6,7 meses

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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26. El periodo de lucro cesante consolidado será desde el 5 de julio de 2007
hasta el 7 de septiembre de 2022, fecha de esta decisión. El período en
meses corresponde a 182. Entonces:

S = Ra (1 + i)n – 1
I
En donde,
Ra= renta actualizada, es decir, $2.216.332,39.
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867.
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso, 182.

S = $2.216.332,39 (1 + 0,004867)182 – 1
0,004867
S= $ 646.504.391,4

27. El periodo de lucro cesante futuro corresponde a la diferencia entre la
esperanza de vida (606,1) y los meses del lucro cesante consolidado (182).
Es decir, 424,1 meses. Entonces:

S = Ra (1+i)n -1
i (1+i)n

En donde,
Ra= renta actualizada, es decir, 2.216.332,39
i= tasa de interés que corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso, 424,1 meses

S= $ 2.216.332,39 x (1+0,004867)424,1 - 1
0,004867 (1+ 0,004867)424,1

S = $ 397.286.681,8

28. Así, se reconocerá la suma de $ 646.504.391,4 como indemnización por
lucro cesante consolidado y la suma de $ 397.286.681,8 por lucro cesante
futuro a favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, para un total de
$1.043.791.073,2 por este concepto.

29. Por último, el tribunal reconoció la suma de $731.374 como
indemnización del daño emergente correspondiente al gasto en que incurrió
el demandante en la compra de un colchón. Esta condena será revocada,
puesto que no está probada la relación entre ese gasto y el daño que en
este proceso se pretende reparar.

2.3. Improcedencia de una compensación por sumas pagadas

trascurridos desde el 14 de diciembre de 2006 hasta el 5 de julio de 2007, es decir, los meses adicionales a los 24
años. El resultado es 606,1.

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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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30. La entidad demandada refirió que los pagos realizados a la víctima
debían restarse a la condena que en este proceso se profiriera en su contra.
En el expediente obra una certificación del expediente No. 6334 en el que
consta la liquidación de una suma de $ 63.206.890.38 a favor de Juan
Guillermo Cortés Castañeda “por indemnización de incapacidad relativa y
permanente”19, asimismo, obra la Resolución No. 655 de 18 de mayo de
200920, por medio de la cual se reconoció la pensión de invalidez al aquí
demandante. No hay prueba de pagos efectivos realizados a favor del
lesionado.

31. Respecto al reconocimiento de una indemnización por incapacidad y
el reconocimiento de la pensión de invalidez, la jurisprudencia de esta
Sección del Consejo de Estado21, reiteradamente, ha considerado que los
daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con
la defensa y seguridad del Estado, como los militares o agentes de Policía,
al producirse con ocasión de la relación laboral que los vincula con el
Estado, se cubren con la indemnización a forfait, sin embargo, en aquellos
casos en los que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado,
quienes padecen el daño pueden acceder a su reparación por vía judicial,
a través de la acción de reparación directa.22 Así, dado que se trata de
reconocimientos que provienen de causas jurídicas distintas (una es
prestacional y la otra es indemnizatoria), las indemnizaciones en razón del
servicio y la pensión reconocida por la entidad no afectan los montos
reconocidos en este proceso.23

2.4. Costas

32. No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia
en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes,
condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se
proceda de esta forma.

3. DECISIÓN

19 Folio 88 del cuaderno No. 1.
20 Folios 56 y 57 del cuaderno No. 1.
21 Esta postura no es compartida por el magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien en este caso reitera lo expuesto

en el salvamento realizado respecto de la sentencia de 4 de junio de 2019, exp. No. 05001-23-31-000-2000-03160-
01(45819).
22 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de

febrero de 1996, exp. 10033, Sentencia de 19 de agosto de 2004, exp. 15791; Sentencia de 3 de mayo de 2007,
exp. 16200; Sentencia de 30 de agosto de 2007, exp.15724; Sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 15793,
Sentencia de 19 de agosto de 2011, exp. 19439; Sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 39324 y reciénteme
esta Sala de Subsección adoptó dicho criterio en la Sentencia de 18 de noviembre de 2021, exp. No. 54001-23-31-
000-2009-00233-01(47341).
23 Al respecto, en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, se refirió: “vale la pena precisar que según

la jurisprudencia de esta Corporación, el reconocimiento de la pensión de invalidez, concedido a los militares bajo
el régimen de indemnización preestablecida denominada a for fait, no se excluye con el otorgamiento de una
indemnización por daño, teniendo en cuenta que la fuente de las mismas es diferente”.

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
de Descongestión, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. La parte resolutiva de dicha providencia quedará así:

“Primero: Declárese no probada la excepción de caducidad propuesta por
la entidad demandada.

Segundo: Declárese la falta de legitimación en la causa por activa de Edgar
Cortés Castellanos, Claudia Rocío Cortés Castellanos, Esperanza Cortés
Castellanos y Helena Patricia Castañeda Camargo.

Tercero: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a
pagar, por concepto de perjuicios morales:

• Juan Guillermo Cortés Castañeda, como directamente afectado, la suma
equivalente en pesos a 100 SMLMV.
• Elinda Castañeda Pulido y Guillermo Cortés Castellanos, en calidad de
progenitores del afectado directo, la suma equivalente en pesos a 100
SMLMV, para cada uno.
• Cecilia Castellanos de Cortés, en calidad de abuela del afectado directo,
la suma equivalente en pesos a 50 SMLMV.

Cuarto: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a
pagar a favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, la suma equivalente en
pesos a 200 SMLMV, por concepto de daño a la salud en su faceta objetiva
y subjetiva.

Quinto: Condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a
pagar a favor de Juan Guillermo Cortés Castañeda, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:
• $ 646.504.391,4 como indemnización por lucro cesante consolidado
• $ 397.286.681,83 por lucro cesante futuro

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00816-01 (47.734)
Demandante: Juan Guillermo Cortés Castañeda y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 -
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________

CUARTO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del
C.P.C.

QUINTO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente a la Corporación
de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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