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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00233-01

Daño a miembros de las fuerzas militares

Fecha
18 de noviembre de 2021
Consejero ponente
Fredy Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00233-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Revócase la sentencia del 15 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 2º) Declárase patrimonialmente y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Miguel Ángel Anaya Paba ocurrida el 11 de julio de 2008. 3º) En consecuencia condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar: Por concepto de perjuicios morales los siguientes montos: i) a favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez, Marison Miguel Anaya Pérez, Aura Estela Paba Galvis y Miguel Ángel Anaya Delgado la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; ii) a favor de Yuli Andrea Pinto Paba, Edna Ruth Anaya Paba, Ingrid Damaris Anaya Paba y Ena Genoveva Delgado Gonzáles la suma de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; y iii) para Shelsy Lorena López Anaya la cantidad equivalente a 52.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el efecto se tendrán en cuenta los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia. b) Por concepto de lucro cesante las siguiente sumas: i) a favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez el monto de ciento noventa y siete millones seiscientos veinte mil novecientos setenta y nueve pesos con veinticuatro centavos ($197.620.979,24), y ii) para Marison Miguel Anaya Pérez la cantidad de doscientos dieciocho millones ochenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos con ochenta y siete centavos ($218.089.149,87). 4º) Niegánse las demás pretensiones de la demanda. 5º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia. 6º) Cúmplase lo ordenado en esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. 7º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2009-00233-01

Consejero ponente: Fredy Ibarra Martínez

18 de noviembre de 2021

DAÑO A MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / MIEMBROS VOLUNTARIOS DE LA FUERZA PÚBLICA / RIESGO PROPIO DEL SERVICIO / DEFENSA DEL ESTADO / ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO / INDEMNIZACIÓN A FORFAIT / REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD APLICABLES POR DAÑOS CAUSADOS A SOLDADOS / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS VOLUNTARIOS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR FALLA EN EL SERVICIO / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

En los casos específicos de daños sufridos por miembros de la fuerza pública cuando estos se vinculan de manera voluntaria o profesional la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado la responsabilidad desde el régimen subjetivo de falla del servicio que, se fundamenta en una conducta negligente de la administración que pone a su personal en situación de indefensión o cuando se somete al militar o policía a un riesgo mayor al que normalmente debe soportar. (…) Ese razonamiento obedece a que el daño que se suscita por la concreción de un riesgo propio del servicio es el que asume voluntariamente el agente mediante su vinculación a la fuerza pública y se produce en ejercicio de las funciones propias que se despliegan en la actividad militar o de policía, que implica peligros superiores a los que de ordinario asumen los ciudadanos. Por dicha razón las contingencias que resultan de la materialización de los riesgos a los que están expuestos los militares y policías están cubiertas por un régimen prestacional especial que opera en su favor cuando estos sufren lesiones o mueren en cumplimiento de los actos propios del servicio, este tipo de indemnización se ha denominado a for fait que, en todo caso, no excluye la posibilidad de atribuir responsabilidad extracontractual al Estado cuando se demuestra que el daño se causó por falla del servicio o por un riesgo excepcional, situación esta última que es la que pretende demostrar la parte actora con la interposición del recurso de apelación.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados a los soldados profesionales en ejercicio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, consultar providencias de 13 de mayo de 2015, Exp. 37118, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 30 de noviembre de 2017, Exp. 44821, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca del régimen de indemnización predeterminada o a forfait, consultar providencias de 15 de febrero de 1996, Exp. 10033, C.P. Carlos Betancur Jaramillo

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO A MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / DAÑOS SUFRIDOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / SOLDADO PROFESIONAL / DAÑO AL SOLDADO VOLUNTARIO / MUERTE DE SOLDADO PROFESIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR MUERTE DE AGENTE DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR / OPERACIÓN MILITAR / OPERATIVO MILITAR / ACTIVIDAD ILEGAL DEL ESTADO / ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA ADMINISTRACIÓN / CASO FALSO POSITIVO / FALSO POSITIVO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / MUERTE DE AGENTE DEL ESTADO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / FALLA DEL SERVICIO DEL EJÉRCITO NACIONAL / FALLA EN EL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

La parte demandante pidió que se declare la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a raíz del fallecimiento del soldado profesional (…). Es importante destacar que existen pruebas indicativas de que el operativo realizado tenía un objeto ilegal consistente en reportar logros institucionales con bajas en combate logradas a partir de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” con el propósito de obtener ventajas económicas, prestacionales o de mando dentro de la institución. (…) [L]a Sala destaca que los elementos probatorios (…) consistentes en que el soldado falleció por los disparos de sus compañeros y en ejercicio de una operación militar irregular constituyen una prueba indiciaria que es atendible y suficiente en este caso para demostrar la falla del servicio. (…) Es importante destacar que por los mismos hechos que aquí se tratan esta Subsección se pronunció en sentencia del 10 de febrero de 2021 en el proceso con radicación número 54001-23-31-000-2010-00224-01 (57159), evento en el que se demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pero por la muerte del ciudadano (…) quien fue reportado como baja en condición de NN (…). De manera similar a lo allí expresado en esta ocasión la Sala estima que tiene razón la parte demandante ya que se acreditó que el soldado (…) murió por la acción de sus compañeros de tropa quienes le dieron muerte con sus armas de dotación oficial como una víctima más en el desarrollo de un operativo irregular adelantado con el propósito de reportar como bajas en combate el deceso de un militar y un presunto guerrillero producto de una ejecución extrajudicial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fallo adoptado por esta Corporación en relación con los mismos hechos que aquí se tratan, consultar providencia de 10 de febrero de 2021, Exp. 54001-23-31-000-2010-00224-01(57519), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

PERJUICIO MORAL / CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL / NATURALEZA DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPE MÁXIMO DEL PERJUICIO MORAL / CASO FALSO POSITIVO / FALSO POSITIVO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Según la jurisprudencia de esta Corporación basta la acreditación del parentesco para inferir la causación de perjuicios morales por la muerte de un ser querido por parte de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos, hijos y cónyuge o compañero (a) permanente del difunto. (…) En vista de que los hechos probados en este caso revisten de especial gravedad, debido a la instrumentalización del soldado fallecido en una operación ilegal la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales una suma superior a los 100 smlmv que refiere la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente no. 26.251, ya que en casos similares al presente, como en aquellos en los que se ha advertido la existencia de falsos positivos se ha accedido a sumas más altas, de manera que se otorgarán 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quienes se hallan dentro del primer grado de consanguinidad (padres e hijos) y la suma de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de quienes se encuentran en el segundo grado (hermanos y abuela).

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales por muerte, consultar providencias de 10 de abril de 2003, Exp. 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; de 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 12 de febrero de 2004, Exp. 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 24 de febrero de 2005, Exp. 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 23 de abril de 2008, Exp. 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 19 de noviembre de 2008, Exp. 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 8 de febrero de 2012, Exp. 23308, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la posibilidad de reconocer sumas indemnizatorias más altas a los topes señalados por la jurisprudencia, en aquellos casos donde se evidencie gravedad de los hechos, consultar providencia de 7 de septiembre de 2015, Exp. 52892, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

PERJUICIO INMATERIAL / CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

En la demanda también se solicitó como perjuicio inmaterial el “daño a las condiciones de existencia” (…). Frente a ello cabe decir que el perjuicio conocido como daño a la vida de relación por la jurisprudencia de esta Corporación aludía a un perjuicio inmaterial autónomo del moral que no solo podía devenir de una lesión física o corporal sino también por afectaciones que incidan de manera negativa sobre la vida exterior de las personas. En las sentencias del 15 de agosto (2002-00004-01(AG) y del 17 de octubre de 2007 (2001-00029-01(AG) la Sección Tercera cambió la denominación del mencionado perjuicio por el de “alteración grave a las condiciones de existencia”, que se acredita con relación a las condiciones previas con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias. Posteriormente, esta Corporación sistematizó la tipología de daños inmateriales, así: i) perjuicio moral, ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico) cuando se deriva de una lesión corporal y iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales, como el daño a la vida de relación o, la alteración grave a las condiciones de existencia o, mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño. Esclarecido lo anterior es preciso señalar que cuando la parte demandante refiere al “daño a las condiciones de existencia” porque (…) sufrieron por la ausencia de su padre esta Sala entiende que este se desprende de los padecimientos propios que tuvieron que soportar a partir de la muerte de su progenitor que, ya fueron reconocidos en el acápite de perjuicios morales, de suerte que no podrían ser reconocidos nuevamente en este caso.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la evolución jurisprudencial del perjuicio inmaterial y su reparación, consultar providencias de 25 de septiembre de 2013, Exp. 36460, C.P. Enrique Gil Botero; de 28 de agosto de 2014, Exp. 36460, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

INDEMNIZACIÓN A FORFAIT / RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN A FORFAIT / RESPONSABILIDAD A FORFAIT / DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD A FORFAIT Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

[S]e advierte que aparte de los beneficios que pudieran obtener las víctimas derivados régimen prestacional propio de las fuerzas militares la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido la posibilidad de acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño siempre que provengan de fuentes distintas como lo son la plena del que se declara extracontractualmente responsable y la indemnización a for fait o predeterminada por las leyes laborales.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño siempre que provengan de fuentes distintas, consultar providencia de 30 de octubre de 2019, Exp. 47524, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / INDEMNIZACIÓN POR PERDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA / HIJO SUPÉRSTITE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / ACRECIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

En relación con los perjuicios materiales la parte demandante solicitó el reconocimiento de lucro cesante pasado y futuro (…) por la ayuda económica que estos dejaron de percibir por la muerte (…). Se pretende entonces el reconocimiento de la garantía frustrada o del provecho económico que se dejó de reportar como consecuencia del daño que de no producirse habría ingresado al patrimonio de los perjudicados. (…) Para ese propósito se aplicará la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado donde se determinó lo concerniente al derecho de acrecimiento de los perjuicios por lucro cesante, que tienen quienes de no haberse quebrado la unidad familiar con ocasión de un hecho imputable al Estado, gozarían de un patrimonio común completo a medida que cesen progresivamente las necesidades de los integrantes del grupo familiar.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del acrecimiento del lucro cesante, consultar providencia de 22 de abril de 2015, Exp. 19146, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con salvamento parcial de voto del consejero Alberto Montaña Plata, y del consejero Martín Bermúdez Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 54001-23-31-000-2009-00233-01(47341)

Actor: ANA YIBE PÉREZ CAÑIZARES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Síntesis del caso: los demandantes pretenden reparación patrimonial por la muerte del soldado profesional Miguel Ángel Anaya Paba ocurrida en un presunto combate que tuvo lugar el 11 de julio de 2008 con miembros de un grupo armado ilegal, procedimiento en el que se habría incurrido en falla del servicio pues el militar murió como consecuencia de disparos de arma de dotación oficial y en desarrollo de una ejecución extrajudicial.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 250 a 262 cdno. apelación) contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES
1. La demanda

El 4 de agosto de 2009 los señores Ana Yibe Pérez Cañizares, Ìngrid Damaris Anaya Pérez, Marison Miguel Anaya Pérez, Aura Estela Paba Galvis, Yuli Andrea Pinto Paba, Miguel Ángel Anaya Delgado, Edna Ruth Anaya Paba, Íngrid Damaris Anaya Paba, Shelsy Lorena López Anaya y Ena Genoveva Delgado González presentaron demanda a través del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 6 a 19 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“1. Se declare que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a cargo actualmente del Ministro (E) del ramo, General Freddy Padilla de León o quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda, es administrativamente responsable de la muerte del Soldado Profesional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, en hechos acaecidos el 11 de julio de 2008 en comprensión municipal de Bucarasica (N. de S.).

2. Se declare que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a cargo actualmente del Ministro (E) del ramo, General Freddy Padilla de León o quien haga sus veces al momento de notificación de la demanda, es administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicios ocasionados a los demandantes, a raíz de la muerte del Soldado Profesional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, en hechos acaecidos el 11 de julio de 2008 en compresión municipal de Bucarasica (N. de S.).

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL al pago de las siguiente sumas de dinero, a favor de mis poderdantes:

3.1. PERJUICIOS INMATERIALES

3.1.1. A favor de ANA YIBE PÉREZ CAÑIZARES, INGRID DAMARIS ANAYA PÉREZ y MARISON MIGUEL ANAYA PÉREZ para cada uno en su condición civil de compañera permanente e hijos del occiso, respectivamente, una suma igual o superior al equivalente en moneda nacional, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, vigentes al momento del pago efectivo de la condena como compensación por los perjuicios morales que han sufrido y siguen sufriendo a raíz de la muerte de su compañero y padre MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA…

3.2. PERJUICIOS MATERIALES

3.2.1. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

A favor de ANA YIBE CAÑIZARES, en su condición civil de compañera permanente del occiso, una suma igual o superior a TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), por concepto de la ayuda económica que ha dejado de percibir de su compañero permanente fallecido, el Soldado del Ejército Nacional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, liquidado desde el momento de la ocurrencia de los hechos y hasta la presentación de esta demanda, posteriormente liquidado hasta la fecha de la sentencia…

A favor de INGRID DAMARIS ANAYA PÉREZ y MARISON MIGUEL ANAYA PÉREZ, en su condición civil de hijos del occiso, para cada uno la suma igual o superior a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), por concepto de la ayuda económica que han dejado de percibir de su padre fallecido, el Soldado Profesional del Ejército Nacional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, liquidada desde el momento de la ocurrencia de los hechos y hasta la presentación de esta demanda (Julio de 2009) posteriormente liquidado hasta la fecha de la sentencia.

Este valor no constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo deberá acrecer a través del proceso en aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas matemáticas acogidas de tiempo atrás.

3.2.2. LUCRO CESANTE FUTURO

a) A favor de ANA YIBE PÉREZ CAÑIZARES, en su condición civil de compañera permanente del occiso, una suma igual o superior a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), por concepto de la ayuda económica que ha dejado de percibir su compañero permanente, el soldado profesional del Ejército Nacional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, liquidada desde la fecha de presentación de la demanda (posteriormente desde la fecha del fallo) y hasta la vida probable de MIGEL ÁNGEL ANAYA PABA, de conformidad con la Resolución 0497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria de Colombia…

b) A favor de INGRID DAMARIS ANAYA PÉREZ y MARISON MIGUEL ANAYA PÉREZ, para cada uno en su condición civil de hijos del occiso, una suma igual o superior a CINCUENTA MILLONES DE PESOS, por concepto de la ayudad económica que han dejado de percibir de su padre, el Soldado Profesional el Ejército Nacional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, liquidada desde la fecha de presentación de la demanda (posteriormente desde la fecha del fallo) y hasta que cada uno de los beneficiarios cumplan 25 años de edad, de acuerdo con la línea jurisprudencial que ha establecido el Consejo de Estado en este punto.

Este valor no constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo deberá acrecer a través del proceso en aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas matemáticas acogidas de tiempo atrás.

3.3. DAÑO A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA.

A favor de INGRID DAMARIS PÉREZ y MARISON MIGUEL ANAYA PÉREZ, para cada uno en su condición civil de hijos del interfecto, una suma total o superior al equivalente en moneda nacional, a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago efectivo de la condena, como compensación por la afectación que la muerte de su padre el Soldado Profesional MIGUEL ÁNGEL ANAYA PABA, les ha ocasionado y les seguirá ocasionando en su crianza, su educación y su desarrollo personal, merced a la influencia negativa que significa la ausencia de su padre.

Subsidiariamente, al pago del mayor valor que al momento del fallo, reconozca la jurisprudencia del Consejo de Estado como compensación por este tipo de perjuicios…” (fls. 6 a 8 2 cdno. ppal.– negrillas, subrayado y mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Miguel Ángel Anaya Paba fue soldado profesional del Ejército Nacional, orgánico del Batallón de Infantería No. 15 “Santander” con sede en el municipio de Ocaña, agregado al Segundo Pelotón de la Compañía Córdoba al mando del sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas.

El 11 de julio de 2008 cuando la tropa desarrollaba un registro nocturno en ejecución de la misión “Júpiter” se produjo un enfrentamiento donde resultaron dos personas fallecidas, uno de ellos el soldado Miguel Ángel Anaya y, el otro, un presunto guerrillero.

Por esos hechos se dio apertura a investigaciones penales y disciplinarias en las que se conoció que la muerte del soldado fue provocada por disparos de los compañeros de tropa del Ejército Nacional, circunstancia que revela la existencia de una falla del servicio o un riesgo excepcional que obliga a esa entidad a responder por los perjuicios causados.

3. Contestación de la demanda

El 21 de enero de 2010 la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional contestó la demanda (fls. 44 a 49 cdno. ppal.) donde se opuso a las pretensiones con sustento en lo siguiente:

El señor Miguel Ángel Anaya Paba murió en actividad cuando ejecutaba una labor en calidad miembro del Ejército Nacional de manera que el hecho obedeció a la materialización de un riesgo propio del servicio y la acción de un tercero como circunstancia que impedía la configuración de los presupuestos necesarios para declarar responsabilidad extracontractual en su contra, ya sea por falla del servicio o por riesgo excepcional.

Los hechos en los que resultó muerto el soldado fueron provocados por un grupo subversivo al margen de la ley, eventualidad que exime al Estado de responsabilidad debido a que en el presente caso no se aplica un régimen objetivo de responsabilidad y debe probarse la existencia de una falla del servicio.

4. La sentencia de primera instancia

El 15 de febrero de 2013 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda (fls. 240 a 247 cdno. apelación) toda vez que:

1) No existe prueba que determine la responsabilidad del Estado por cuanto el deceso de Miguel Ángel Anaya Paba ocurrió por la materialización de un riesgo propio asumido con ocasión del servicio que prestaba en su condición de soldado profesional.

2) Debió la parte demandante demostrar que la muerte del militar tuvo lugar por el impacto de proyectiles provenientes de arma de fuego de uso privativo de las fuerzas militares o porque fue expuesto a un riesgo excepcional.

No se aportó copia de la investigación penal y la parte demandante insistió en que se corriera traslado para alegar de conclusión toda vez que los elementos obrantes en el proceso eran suficientes para fallar.

Según las piezas del expediente disciplinario allegadas a este proceso la actuación de la Procuraduría General de la Nación solo avanzó hasta la indagación preliminar sin que se emitiera hasta ese momento decisión definitiva alguna por los hechos del 11 de julio de 2008, además, las pruebas no aportaban elementos probatorios válidos para acreditar la falla del servicio.

5. El recurso de apelación

En escrito del 13 de marzo de 2013 la parte demandante solicitó que se revoque la sentencia apelada y se acceda a las pretensiones de la demanda (fls. 250 a 262 cdno. apelación) debido a que:

1) El tribunal no analizó las pruebas trasladas del proceso disciplinario seguido por la muerte de Miguel Ángel Anaya Paba según las cuales este falleció por “fuego amigo”, tal como se deriva de sendas versiones libres rendidas por varios soldados que se hallaban presentes el día de los hechos y que expresaron que el deceso de su compañero ocurrió por la acción de la tropa.

El informativo emitido por el Ejército Nacional sobre los hechos no expresa que el soldado fue abatido por la acción del enemigo sino como “consecuencia de un enfrentamiento”, de manera que es errónea la conclusión de la primera instancia cuando afirma que Anaya Paba falleció por la acción del enemigo.

En los hechos donde falleció el referido soldado también se dio muerte a un presunto integrante del frente 35 de las FARC quien fue sepultado como NN, circunstancia frente a la cual la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos encontró que se trató de un “falso positivo” por cuanto esa persona en realidad era un habitante del municipio de Aguachica, quien se desplazó días antes con destino a Río de Oro vía Ocaña tras la promesa de trabajo en labores de construcción.

Lo anterior constituye un indicio de que la muerte del soldado se dio en retaliación por su oposición al hecho delictivo, más aún cuando el comandante del Batallón Santander, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, fue condenado por su participación en múltiples episodios de falsos positivos.

La inexistencia de un fallo disciplinario que resuelva la responsabilidad de los presuntos implicados en los hechos no constituye impedimento para el análisis de la responsabilidad estatal porque se trata de dos responsabilidades diferentes.

El tribunal debió aplicar el principio iura novit curia y no analizar el caso tan solo con fundamento en el régimen de falla del servicio, pues, también debió considerar una responsabilidad objetiva derivada del ejercicio de una actividad peligrosa dado que la muerte del soldado Anaya Paba ocurrió de manera accidental por disparos realizados por las mismas tropas del Ejército Nacional.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 8 de noviembre de 2013 fue admitido el recurso de apelación (fl. 268 cdno. apelación) y, posteriormente, el 14 de febrero de 2014 (fl. 270 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

Dentro del término concedido la parte actora insistió en lo dicho en el recurso de apelación (fls. 271 y 272 cdno. apelación).

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisión que se adoptará, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión, 4) liquidación de perjuicios y 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y decisión que se adoptará

La primera instancia negó las pretensiones de la demanda estimar que el fallecimiento Miguel Ángel Anaya obedeció a la materialización del riesgo propio asumido en su condición de soldado profesional del Ejército Nacional y ,además, porque no se demostró la existencia de una falla del servicio.

En la apelación la parte demandante insiste en la responsabilidad del Ejército Nacional por considerar que hay pruebas que indican que el mencionado soldado murió por los disparos producidos por sus compañeros de tropa y en hechos donde aparentemente tuvo lugar un falso positivo en circunstancias que acreditan la existencia de una falla del servicio.

En ese orden el objeto del litigio consiste en determinar si debe mantenerse o revocarse tal decisión, y en caso de revocarse si los perjuicios solicitados por la parte actora deben ser reconocidos.

La sentencia de primera instancia será revocada para en su lugar declarar la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por cuanto le asiste razón a la parte demandante dado que, sí está probada la ocurrencia una falla del servicio en la operación militar realizada el 11 de julio de 2008 en inmediaciones del municipio de Bucarasica (Norte de Santander) donde resultó muerto el soldado profesional Miguel Ángel Anaya Paba pues, el mencionado hecho tuvo un propósito ilícito consistente en reportar resultados exitosos sobre la base de un combate con un grupo armado al margen de la ley que nunca tuvo lugar, y porque sí se comprobó que el militar falleció por causa de disparos propiciados por sus compañeros de tropa.

2. Análisis de la impugnación

La sala abordará el estudio del presente caso en el siguiente derrotero: 1) régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a soldados profesionales, 2) hechos probados y, 3) análisis del caso concreto.

2.1 Régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a
miembros profesionales de la fuerza pública

En los casos específicos de daños sufridos por miembros de la fuerza pública cuando estos se vinculan de manera voluntaria o profesional la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado la responsabilidad desde el régimen subjetivo de falla del servicio que, se fundamenta en una conducta negligente de la administración que pone a su personal en situación de indefensión o cuando se somete al militar o policía a un riesgo mayor al que normalmente debe soportar.

Ese razonamiento obedece a que el daño que se suscita por la concreción de un riesgo propio del servicio es el que asume voluntariamente el agente mediante su vinculación a la fuerza pública y se produce en ejercicio de las funciones propias que se despliegan en la actividad militar o de policía, que implica peligros superiores a los que de ordinario asumen los ciudadanos.

Por dicha razón las contingencias que resultan de la materialización de los riesgos a los que están expuestos los militares y policías están cubiertas por un régimen prestacional especial que opera en su favor cuando estos sufren lesiones o mueren en cumplimiento de los actos propios del servicio, este tipo de indemnización se ha denominado a for fait que, en todo caso, no excluye la posibilidad de atribuir responsabilidad extracontractual al Estado cuando se demuestra que el daño se causó por falla del servicio o por un riesgo excepcional, situación esta última que es la que pretende demostrar la parte actora con la interposición del recurso de apelación.

2.2 Hechos probados

De las pruebas recaudadas en el proceso y valoradas en su conjunto se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1) Para el día 11 de julio de 2008 el señor Miguel Ángel Anaya Paba se encontraba vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional orgánico del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, fecha en la que falleció según el registro civil de defunción emitido el 28 de agosto de 2008 serial número 04566056 de la Registraduría de Bucarasica (Norte de Santander) (fl. 29 cdno. ppal.).

2) El deceso ocurrió en la vereda Cascajal del municipio de Bucarasica (Norte de Santander) en desarrollo de la misión táctica “Júpiter” en combate con el frente 35 de las FARC y, según el informativo por muerte no. 005 de 2008 el deceso se dio como consecuencia de un ataque de “fuego enemigo”, en el mismo operativo resultó muerto un presunto integrante de las FARC señalado como NN.

3) La referida misión táctica que en realidad se llamó “Jaguar” fue emitida el 28 de junio de 2008 por el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos como comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander con el propósito de neutralizar a los miembros de la compañía Gabriel Galvis de las FARC y “quebrantar su voluntad de lucha dando captura y en casos de resistencia armada darles muerte en combate con el uso legítimo de las armas del Estado”, operación que estuvo al mando del sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas (fl. 67 a 74 cdno. pruebas 1).

4) Según inspección técnica del 11 de julio de 2008 practicada al cadáver del soldado Anaya Paba por la Fiscalía General de la Nación en el lugar de los hechos el cuerpo fue hallado a la intemperie, en ropa interior, sobre un poncho al lado del camino que, según versión de la tropa fue movido para prestarle primeros auxilios.

En el cuerpo del soldado se observó: herida localizada en reja costal izquierda, laceración o quemadura en la zona deltoidea izquierda, herida irregular en la cara lateral izquierda del cuello, herida abierta irregular en región supra escapular derecha con proyectil alojado y herida en el glúteo derecho (fls. 142 a 148 cdno. pruebas 2).

5) Acorde con el informe pericial de necropsia realizado el 11 de junio de 2008 por el Instituto Nacional de Medicina Legal el soldado Miguel Ángel Anaya Paba tenía 5 heridas de proyectil de arma de fuego que ingresaron de derecha a izquierda y ocasionaron “laceración cerebral, laceración de parénquima pulmonar y tejido muscular” también se recuperó proyectil alojado en tejido celular subcutáneo (fls. 155 a 161 cdno. pruebas 2).

6) El cadáver señalado como NN fue encontrado cerca del cuerpo del soldado con una pistola marca Star calibre 45 en el tórax, una herida abierta irregular en el glúteo derecho y un orificio en la zona parietal derecha (fl. 155 cdno pruebas 2).

7) El informe pericial de necropsia del 11 de junio de 2008 del Instituto Nacional de Medicina Legal revela que dicho cuerpo tenía dos heridas de proyectil que comprometieron lóbulos cerebrales y afectaron el músculo glúteo con sus respectivas salidas (fls. 159 a 162 cdno. pruebas 2).

8) El 1 de agosto de 2008 el CTI realizó un análisis de espectrometría de masas sobre las muestras tomadas de los cuerpos para verificar residuos de disparos el cual arrojó resultado positivo para el soldado Miguel Ángel Anaya Paba y negativo para el NN (fl. 165 y 166 cdno. pruebas 2).

9) Por estos hechos el 17 de julio de 2008 el Comando del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander abrió indagación preliminar para determinar la existencia de conductas constitutivas de falta disciplinaria (fl. 10 y 11 cdno. pruebas 1), trámite dentro del cual los militares que integraron el operativo rindieron versión libre sobre lo sucedido:

El sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas, quien se encontraba al mando de la tercera escuadra, expresó que montaron seguridad con el propósito de preparar una emboscada en el camino que conduce a la vereda Cascajal donde a la 1:45 am escuchó ruido de personas que se acercaban, momento en que el solado Henry Torres Téllez lanzó la proclama para identificarse como miembro del Ejército Nacional pero, fueron atacados con fuego y reaccionaron con el uso de las armas, cesado el combate observaron dos cuerpos, uno de ellos un sujeto armado con una pistola y, el otro, el soldado Anaya Paba a quien le quitaron la ropa “para ver si tenía signos vitales, pero ya estaba sin vida”. Sobre la muerte de Miguel Ángel Anaya manifestó:

“Desde un primer momento, y de acuerdo a la posición donde se encontraba el soldado y el sujeto abatido se pudo evidenciar que el soldado había muerto por la acción de las propias tropas, puesto que de acuerdo a la posición que se le había asignado al mismo dentro de la emboscada, este joven al parecer, en la reacción se movió y se metió en la línea de fuego que tenía la tropa. Desconozco el motivo por el cual el soldado salió de su lugar y al mismo tiempo no me explico porqué el soldado apareció en la línea de fuego. Además en el momento del enfrentamiento era imposible identificar o reconocer quien era quien. Este joven quedó detrás del subversivo y los demás sujetos que venían en el grupo lograron darse a la huida.” (fls. 11 a 20 cdno. pruebas 1 – negrillas adicionales).

En ese procedimiento disciplinario también rindieron versión libre varios soldados cuyos dichos fueron más o menos coincidentes en la forma cómo falleció el referido soldado, así: i) el soldado profesional Henry Téllez Torres dijo que su compañero tal vez se encontraba dormido y salió de su puesto de emboscada al escuchar los disparos, razón por la que resultó víctima de las balas pues quedó “detrás del terrorista” (fls. 58 y 59 cdno. pruebas 1); ii) el soldado profesional Lenin Benavides Velaides aseguró que cuando Anaya Paba reaccionó al ataque se salió de la emboscada y quedó “detrás de los bandidos” (fls. 60 y 61 cdno. pruebas 1), y iii) el soldado profesional Juan Bautista Cubides Rodríguez expresó “cuando llegué él ya estaba muerto y estaba detrás del guerrillero, nadie se explica cómo resultó detrás de la línea de fuego” (fls. 83 y 84 cdno. pruebas 1).

10) Después, el asunto fue asumido por la Procuraduría General de la Nación quien por resolución del 25 de febrero de 2009 decidió continuar con la acción disciplinaria en los términos de la Ley 734 de 2002 (fls. 25 a 28 cdno. pruebas 2).

11) El 12 de febrero de 2009 la señora Marlene Quintero Díaz presentó denuncia por la desaparición de su hermano Ismael Quintero Díaz ante la Fiscalía General de la Nación respecto de quien dijo que residía en Aguachica (Cesar) y había salido de sus residencia el 10 de julio de 2008 “con 3 mudas de ropa” hacia Río de Oro (Cesar) debido a una oferta de trabajo en una finca para instalar una cerca (fls. 112 y 114 cdno. pruebas 2).

12) El 15 de mayo de 2008 el Laboratorio de Lofoscopia de la Regional Nororiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses comparó las muestras tomadas de la tarjeta de necrodactilia del cadáver identificado como NN con las de la tarjeta de preparación de la cédula no. 18.922.398 y llegó a la conclusión de que estas correspondían al señor Ismael Quintero Díaz (fl. 175 a 189 cdno. pruebas 2).

13) El 27 de mayo de 2009 la señora Marlene Quintero Díaz presentó denuncia bajo juramento ante la Procuraduría Provincial de Ocaña, relató que el 19 de esos mes y año recibió una llamada de la oficina de Medicina Legal de Ocaña para que identificara un cuerpo que resultó ser el de su hermano Ismael Quintero Díaz, quien presuntamente fue abatido en combate por el Ejército Nacional (fls. 108 a 111 cdno. pruebas 2).

14) El 3 de julio de 2009 Marlene Quintero Díaz rindió declaración juramentada ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, oportunidad donde afirmó que su hermano Ismael Quintero Díaz se desempeñaba en oficios varios y que para época de los hechos se encontraba desempleado, era una persona aislada y permanecía en su casa (fls. 91 a 94 cdno. pruebas 3).

15) El 24 de septiembre de 2009 la menor Leslie Gissell Carbonell Quintero declaró ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación quien, dijo ser sobrina de Ismael Quintero Díaz a quien vio por última vez el 10 de julio de 2008 y le dijo que le habían ofrecido un trabajo cerca a Ocaña para instalar unos postes en una finca por 15 días, luego no supo nada más de él (fl. 194 a 198 cdno. pruebas).

2.3 Análisis del caso concreto

La parte demandante pidió que se declare la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a raíz del fallecimiento del soldado profesional Miguel Ángel Anaya Paba el 11 de julio de 2008.

Según las pruebas recaudadas en el presente trámite el daño alegado en la demanda se encuentra probado conforme al registro civil de defunción emitido el 28 de agosto de 2008, serial número 04566056 de la Registraduría de Bucarasica (Norte de Santander) (fl. 29 cdno. ppal.).

Dicha prueba se complementa con el informativo administrativo por muerte emitido por el Comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander donde se expresó que Miguel Ángel Anaya Paba falleció el 11 de julio de 2008 en cumplimiento de la misión táctica “Júpiter” (fl. 31 cdno. ppal.).

Sobre la imputación la primera instancia del proceso de la referencia consideró que el deceso de Miguel Ángel Anaya Paba tuvo lugar por la materialización de un riesgo propio del servicio dada su condición de soldado profesional, y que era deber de la parte demandante demostrar que su muerte ocurrió por impacto con un arma de fuego de uso privativo de las fuerzas militares o que fue sometido a un riesgo excepcional.

La parte demandante en el recurso de apelación controvierte esa aseveración con sustento en que sí hay prueba de que el soldado Anaya Paba murió por “fuego amigo” en un operativo ilegal que dio lugar a una ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional.

Esta Sala encuentra que le asiste razón al apelante pues, por solicitud de ambas partes, se trasladaron alguna piezas de la investigación disciplinaria iniciada por la muerte del mencionado soldado donde rindieron versión libre los militares que hicieron parte del operativo realizado el 11 de julio de 2008 en la vereda Cascajal en jurisdicción de municipio de Bucarasica.

Se destaca la versión libre del sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas quien se encontraba al mando de la correspondiente escuadra y aceptó que el soldado murió por acción de las propias tropas (fls. 11 a 20 cdno. pruebas 1), aseveración que fue corroborada por los soldados profesionales Henry Téllez Torres, Lenin Benavides Velaides y Juan Bautista Cubides quienes, expresaron que su compañero resultó detrás de la línea de fuego, y que fue víctima de los disparos del ejército (fls. 58 y 59, 60 y 61, 83 y 84 cdno. pruebas 1).

Esa circunstancia constituye para la Sala un indicio de falla del servicio, pues, ya en otras ocasiones esta Corporación ha estimado que se trata de una circunstancia que denota falta de previsión, coordinación y táctica militar.

Si bien el soldado Henry Téllez consideró que Anaya Paba pudo quedarse dormido, se trata de una mera suposición del referido militar pues, si se encontraban apostados y ubicados de forma que pretendían realizar una emboscada lo idóneo era que su posición fuera tal que al momento de accionar las armas ninguno de los miembros de la avanzada resultara herido por los disparos de sus compañeros.

Tampoco es creíble que el soldado fallecido hubiera cometido una torpeza consistente en interponerse en la línea de fuego porque era un militar con 6 años de experiencia dado que estaba vinculado con el Ejército Nacional desde el año 2002.

Es importante destacar que existen pruebas indicativas de que el operativo realizado tenía un objeto ilegal consistente en reportar logros institucionales con bajas en combate logradas a partir de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” con el propósito de obtener ventajas económicas, prestacionales o de mando dentro de la institución.

Los elementos de prueba que conducen a la anterior aseveración son los que revelan que el soldado Miguel Ángel Anaya Paba fue encontrado junto al cadáver de quien en un inicio fue reportado como NN y presunto miembro de un grupo armado ilegal.

Esa circunstancia es importante para llegar a la conclusión de que el falso operativo se desplegó para consumar una ejecución extrajudicial ya que tiempo después se supo que el supuesto NN era en realidad el señor Ismael Quintero Díaz, quien no residía en el municipio de Bucarasica donde sucedieron los hechos sino, en Aguachica (Cesar) donde tan solo un día atrás estuvo con su familia a quienes les expresó que iría hasta la zona de Ocaña por un trabajo que le habían ofrecido en una finca.

Está claro también en el proceso que, contrario a la versión dada por el Ejército Nacional en el informativo no. 005 del 11 de julio de 2008 (fl. 31 cdno. ppal.), el deceso del militar no fue consecuencia de un ataque enemigo pues, pese a que Ismael Quintero Díaz fue hallado en el lugar de los hechos junto a un revólver calibre 45, se realizó una prueba técnica de absorción atómica por parte del CTI que indicó que este no accionó arma alguna, no había residuos de pólvora en sus manos (fl. 165 y 166 cdno, pruebas 2).

En el presente caso se conoce que por el deceso del soldado Miguel Ángel Anaya Paba se inició una investigación disciplinaria en contra del teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos y del sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas de la cual solo pudo obtenerse la indagación preliminar pero, ello no es impedimento para que se estructure la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado en la modalidad de falla del servicio con sustento en las pruebas antes reseñadas.

En ese orden de ideas la Sala destaca que los elementos probatorios previamente referenciados consistentes en que el soldado falleció por los disparos de sus compañeros y en ejercicio de una operación militar irregular constituyen una prueba indiciaria que es atendible y suficiente en este caso para demostrar la falla del servicio.

Lo anterior permite considerar que el soldado Miguel Ángel Anaya Paba fue instrumentalizado en desarrollo de una operación ilegal para otorgarle credibilidad al supuesto enfrentamiento armado ocurrido el 11 de julio de 2008, razón por la cual fue iniciada la referida investigación disciplinaria contra del teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien además en la actualidad se encuentra vinculado a un proceso judicial en el marco de la Justicia Especial para la Paz por su presunta participación en varios eventos de falsos positivos.

Es importante destacar que por los mismos hechos que aquí se tratan esta Subsección se pronunció en sentencia del 10 de febrero de 2021 en el proceso con radicación número 54001-23-31-000-2010-00224-01 (57159), evento en el que se demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pero por la muerte del ciudadano Ismael Quintero Díaz quien fue reportado como baja en condición de NN junto al cadáver de Miguel Ángel Anaya Paba. En esa oportunidad esta Sala concluyó:

“En suma, para la Sala se encuentran acreditados todos los elementos que permiten predicar responsabilidad de la Administración; en contraste con las afirmaciones de la entidad demandada, según la cual, el día de los hechos se presentó un hostigamiento armado con grupos al margen de la ley, que le permitió en principio hacer aparecer al señor Quintero Díaz como si se tratara de un guerrillero que falleció en la reyerta militar.

Esta conducta, altamente oficiosa y censurable de los agentes estatales, produjo graves daños antijurídicos a los demandantes, lo cual conlleva a declarar responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como consecuencia de la actuación dolosa de los miembros del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, en atención a que: i) el señor ISMAEL QUINTERO DÍAZ fue retenido y dado de baja por el Ejército Nacional; ii) la víctima no pertenecía a ningún grupo armado organizado al margen de la ley; iii) no existió combate o enfrentamiento alguno entre el Ejército y algún grupo armado al margen de la ley el día y hora señalados; iv) por último, la demandada no logró – como le correspondía – acreditar la configuración de alguna de las causales excluyentes de responsabilidad previstas en el ordenamiento jurídico”.

De manera similar a lo allí expresado en esta ocasión la Sala estima que tiene razón la parte demandante ya que se acreditó que el soldado Anaya Paba murió por la acción de sus compañeros de tropa quienes le dieron muerte con sus armas de dotación oficial como una víctima más en el desarrollo de un operativo irregular adelantado con el propósito de reportar como bajas en combate el deceso de un militar y un presunto guerrillero producto de una ejecución extrajudicial.
3. Conclusión

Prospera el recurso de apelación de la parte demandante por cuanto no es cierto lo afirmado en la sentencia de primera instancia consistente en que el deceso de Miguel Ángel Anaya Paba constituyó la materialización de un riesgo asumido en su condición de soldado profesional, por el contrario, se comprobó en esta instancia la existencia de una falla del servicio de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional capaz de comprometer su responsabilidad patrimonial extracontractual, de ahí que sea llamada responder por los perjuicios solicitados en la demanda cuya demostración se encuentre acreditada.

En esa medida será revocada la sentencia del 15 de febrero de 2013 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4. Indemnización de perjuicios

Conforme a lo solicitado en las pretensiones de la demanda para la liquidación de perjuicios la Sala estudiará: 1) lo solicitado a título de perjuicios inmateriales consistentes en perjuicios morales y “daño a las condiciones de existencia”, 2) y los perjuicios materiales relativos al lucro cesante.

4.1 Perjuicios inmateriales

En la demanda se pidió el reconocimiento de perjuicios morales para cada uno de los demandantes en cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, por otra parte lo que el apoderado de la parte actora denominó “daño a las condiciones de existencia” en favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez en calidad de hijos del soldado fallecido.

4.1.1 Perjuicios morales

Según la jurisprudencia de esta Corporación basta la acreditación del parentesco para inferir la causación de perjuicios morales por la muerte de un ser querido por parte de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos, hijos y cónyuge o compañero (a) permanente del difunto.

En el caso concreto está acreditado el vínculo consanguíneo de los siguientes demandantes: i) Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez en calidad de hijos de Miguel Ángel Anaya Paba, ii) Aura Estela Paba Galvis y Miguel Ángel Anaya Delgado en su condición de padres, iii) Yuli Andrea Pinto Paba, Edna Ruth Anaya Paba e Ingrid Damaris Anaya Paba en calidad de hermanos, y iv) Ena Genoveva Delgado González en su condición de abuela.

En vista de que los hechos probados en este caso revisten de especial gravedad, debido a la instrumentalización del soldado fallecido en una operación ilegal la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales una suma superior a los 100 smlmv que refiere la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente no. 26.251, ya que en casos similares al presente, como en aquellos en los que se ha advertido la existencia de falsos positivos se ha accedido a sumas más altas, de manera que se otorgarán 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quienes se hallan dentro del primer grado de consanguinidad (padres e hijos) y la suma de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de quienes se encuentran en el segundo grado (hermanos y abuela).

Sobre Ana Yibe Pérez Cañizares se trata de una demandante que compareció al proceso en calidad de compañera permanente de Miguel Ángel Anaya Pérez, condición que se pretende demostrar con los testimonios de Ana María Albernia y Álvaro Andrés Triana quienes reconocieron a la señora Pérez Cañizares como la “esposa” de la víctima por un término mayor a dos años y quien padeció sufrimiento moral a partir del deceso del militar.

No obstante, sus dichos pierden credibilidad frente a otros medios de prueba que obran en el proceso tales como los documentos contenidos en el expediente prestacional adelantado por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional a partir del fallecimiento de Miguel Ángel Anaya Paba, uno de ellos es el “Formato No. 3” diligenciado y firmado por Ana Yibe Cañizares el 31 de julio de 2008, en el que consignó que el occiso era soltero pese a que existían dentro de las opciones la posibilidad de que escogiera que era casado o en unión libre, y ante la pregunta de si “¿hacía vida marital al momento del deceso?” marcó la opción que indicaba el no (fl. 93 cdno. ppal.).

También se encuentra la Resolución número 86361 del 11 de junio de 2009 expedida por el Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional donde se reconoció en un 50% las cesantías definitivas de Miguel Ángel Anaya Paba a sus dos hijos Ingrid Damaris y Marison Miguel Anaya, y el otro 50% para Liliana Carolina Cárdenas Ortega hasta que acreditara su condición de compañera permanente como persona distinta de la aquí demandante (fl. 132 y 133 cdno. ppal.).

Lo anterior lleva a la Sala a concluir que no se acreditó la condición de compañera permanente que alega la señora Ana Yibe Pérez Cañizares, ya que si bien se recaudaron dos testimonios que indican que esta persona convivía con el soldado antes de su muerte y a la par sufrió aflicción sicológica, existen otras pruebas documentales que le restan credibilidad a esas declaraciones por cuanto indican que el soldado previo a su deceso sostenía una relación con persona diferente circunstancia que impide reconocer perjuicios morales a dicha demandante.

Acerca de Shelsy Lorena López Anaya se demostró su condición de sobrina de Miguel Ángel Anaya Paba y que padeció perjuicios de índole moral según declaraciones de las señoras Maribel Plata Macías y Elsa Macías Álvarez, quienes refirieron una relación estrecha con la víctima al punto que fungía como figura paterna de ahí que deceso provocara afectación de orden moral, de manera que a esa demandante también se le reconocerán perjuicios morales.

De esta forma se reconocerán perjuicios morales a la parte demandante en los siguientes términos: i) a favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez en calidad de hijos la suma de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; ii) a favor de Aura Estela Paba Galvis y Miguel Ángel Anaya Delgado en su condición de padres la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; iii) a favor de Yuli Andrea Pinto Paba, Edna Ruth Anaya Paba e Ingrid Damaris Anaya Paba en calidad de hermanos la cantidad de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; iv) a favor de Ena Genoveva Delgado Gonzáles en su condición de abuela la cantidad de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y v) para Shelsy Lorena López Anaya la cantidad equivalente a 52.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

4.1.2 Alteración grave de las condiciones de existencia

En la demanda también se solicitó como perjuicio inmaterial el “daño a las condiciones de existencia” sufrido por Ingrid Damaris Amaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez en condición de hijos de Miguel Ángel Anaya Paba.

Frente a ello cabe decir que el perjuicio conocido como daño a la vida de relación por la jurisprudencia de esta Corporación aludía a un perjuicio inmaterial autónomo del moral que no solo podía devenir de una lesión física o corporal sino también por afectaciones que incidan de manera negativa sobre la vida exterior de las personas.

En las sentencias del 15 de agosto (2002-00004-01(AG) y del 17 de octubre de 2007 (2001-00029-01(AG) la Sección Tercera cambió la denominación del mencionado perjuicio por el de “alteración grave a las condiciones de existencia”, que se acredita con relación a las condiciones previas con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias.

Posteriormente, esta Corporación sistematizó la tipología de daños inmateriales, así: i) perjuicio moral, ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico) cuando se deriva de una lesión corporal y iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales, como el daño a la vida de relación o, la alteración grave a las condiciones de existencia o, mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño.

Esclarecido lo anterior es preciso señalar que cuando la parte demandante refiere al “daño a las condiciones de existencia” porque Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez sufrieron por la ausencia de su padre esta Sala entiende que este se desprende de los padecimientos propios que tuvieron que soportar a partir de la muerte de su progenitor que, ya fueron reconocidos en el acápite de perjuicios morales, de suerte que no podrían ser reconocidos nuevamente en este caso.

4.2 Perjuicios materiales

En relación con los perjuicios materiales la parte demandante solicitó el reconocimiento de lucro cesante pasado y futuro en favor de Ana Yibe Pérez Cañizares, Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez por la ayuda económica que estos dejaron de percibir por la muerte de Miguel Ángel Anaya Paba.

Se pretende entonces el reconocimiento de la garantía frustrada o del provecho económico que se dejó de reportar como consecuencia del daño que de no producirse habría ingresado al patrimonio de los perjudicados.

Sobre lo anterior también se advierte que aparte de los beneficios que pudieran obtener las víctimas derivados régimen prestacional propio de las fuerzas militares la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido la posibilidad de acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño siempre que provengan de fuentes distintas como lo son la plena del que se declara extracontractualmente responsable y la indemnización a for fait o predeterminada por las leyes laborales.

En relación con Ana Yibe Pérez Cañizares ya se dijo en párrafos precedentes que no se comprobó que esa persona conviviera en unión libre con el soldado fallecido al momento de su muerte, los testimonios que referían a la existencia de una convivencia superior a dos años son contrarios a lo señalado por otros medios de prueba.
Se trata de las declaraciones de Ana María Albernia y Álvaro Andrés Triana que aludieron a la presunta ayuda económica que recibía Ana Yibe Pérez Cañizares por parte del occiso pero, en vista de que existen elementos que les restan credibilidad a esas afirmaciones no serán tenidas en cuenta y por no existir otra prueba que indique la mentada dependencia no se reconoce lucro cesante a esa demandante, sin embargo, sí se accede al lucro cesante consolidado y futuro para Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez.

En ese orden ideas el cálculo de lucro cesante a favor de los mencionados hijos del fallecido se realizará en el siguiente derrotero: (i) reglas generales e ingreso base de liquidación, (ii) periodos a distribuir con acrecimiento y (iii) distribución de lucro cesante.

4.2.1 Reglas generales e ingreso base de liquidación

Para ese propósito se aplicará la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado donde se determinó lo concerniente al derecho de acrecimiento de los perjuicios por lucro cesante, que tienen quienes de no haberse quebrado la unidad familiar con ocasión de un hecho imputable al Estado, gozarían de un patrimonio común completo a medida que cesen progresivamente las necesidades de los integrantes del grupo familiar.

En ese sentido, en vista de que Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez eran menores de edad para la época en que Miguel Ángel Anaya Paba falleció, uno de los elementos a tener en cuenta consiste en que debían recibir ayuda económica de su padre hasta que cumplieran los 25 años de edad.
Sobre el ingreso base de liquidación se observa que para el año 2008 el soldado Miguel Ángel Anaya devengaba un sueldo mensual de $814.086 que debe ser actualizado hasta la presente fecha, así:

Ra = Rh x índice final / octubre de 2021
índice inicial / julio de 2008

Ra = $814.086 x 110,06
69.06

Ra = $1.297.397,99

De esta manera se toma el valor de $1.297.397,99 al que se le incrementa un 25% de prestaciones sociales que arroja $1.621.747,48 cantidad a la que se le descuenta el 25% que Miguel Ángel Anaya Paba utilizaría como gastos personales para un ingreso de $1.216.310,61 cifra que servirá de base para el cálculo del lucro cesante.

4.2.2 Periodos a distribuir con acrecimiento

Para la distribución entre los beneficiarios con derecho se debe tener en cuenta lo siguiente:

Primer período (Pd1), corresponde al del lucro cesante consolidado, comprendido entre la fecha de los hechos (11 de julio de 2008) y la presente sentencia (18 de noviembre de 2021), en el cual tanto Ingrid Damaris Anaya Pérez como Marison Miguel Anaya Pérez recibirían ayuda económica de su padre por partes iguales, en vista de que se trata de un lapso inferior en el que ninguno de ellos habría superado la edad de 25 años que se traduce en un tiempo de 160,23 meses.

Segundo periodo (Pd2), constituye una parte del tiempo del lucro cesante futuro donde Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez aún recibirían ayuda de su padre por partes iguales desde el día siguiente a la fecha de esta sentencia (19 de noviembre de 2021) hasta que Damaris Anaya Pérez cumpla los 25 años de edad (7 de octubre de 2030) que se traduce en un periodo de 106,63 meses.

(iii) Tercer periodo (Pd3), desde el día siguiente a la fecha en que se extinga el derecho para Ingrid Damaris Anaya Pérez por haber cumplido los 25 años de edad (8 de octubre de 2030) la indemnización que deja de corresponderle se revertiría en favor de su hermano Marison Miguel Anaya Pérez quien, a partir de ese momento, recibirá la totalidad del beneficio hasta que cumpla los 25 años de edad (25 de marzo de 2032) por un término de 17,60 meses.

4.2.3 Distribución de lucro cesante.

4.2.3.1 Primer periodo

Corresponde este periodo al lucro cesante consolidado (Pd1), consistente en el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de Miguel Ángel Anaya Paba (11 de julio de 2008) y la fecha de la presente providencia (18 noviembre de 2021) para la cual Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez aún no cumplen los 25 años de edad, periodo que se traduce en 160,27.

La distribución en este periodo debe realizarse en parte iguales para cada uno de esos demandantes en razón del 50% del ingreso base de liquidación que arroja un valor de $ 608.155,31.

a) Ingrid Damaris Anaya Pérez

En donde:
Ra= renta actualizada, atinente al 50% del IBL, esto es, $608.155,31
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo a distribuir, 160,27 meses

S = Ra x (1+i)n -1
i

S = 608.155,30 (1+0.004867)160,27 – 1
0.04867

S = 608.155,30 x 1,177423
0,004867

S = 608.155,30 x 241,919639

S = 147.124.711,84

b) Marison Miguel Anaya Pérez

En donde:
Ra= renta actualizada que corresponde al 50% del IBL, esto es, $608.155,305
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo a distribuir, 160,27 meses

S = Ra x (1+i)n -1
i

S = 608.155,30 (1+0.004867)160,27 – 1
0.04867

S = 608.155,30 x 1,177423
0,004867

S = 608.155,30 x 241,919639

S = 147.124.711,84

Entonces, durante el tiempo consolidado (160,27 meses) la asignación para cada uno de los hijos de Miguel Anaya Paba que aquí demandan queda de la siguiente manera:

Beneficiario
Meses
Porcentaje IBL
Valor
Ingrid Damaris Anaya Pérez
160,24
50%
$ 147.124.711,84
Marison Miguel Anaya Pérez
160,24
50%
$ 147.124.711,84
Total consolidado (Pd1)
160,24
100%
$ 294.249.423,68

4.2.3.2 Segundo periodo

Refiere este periodo a los primeros 106,63 meses de lucro cesante futuro (Pd2) en los que Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez seguirían recibiendo ayuda de su padre por partes iguales desde el día siguiente a la fecha de esta sentencia (19 de noviembre de 2021) hasta que Damaris Anaya Pérez cumpla los 25 años de edad (7 de octubre de 2030).

La distribución en este periodo debe realizarse en parte iguales para cada uno de los mencionados en proporción del 50% del ingreso base de liquidación que corresponde a la suma de $ 608.155,31.

a) Ingrid Damaris Anaya Pérez:

En donde:
Ra= renta actualizada que corresponde al 50% del IBL, esto es, $608.155,305
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo a distribuir, 106,63 meses

S = Ra x (1+i) 106.63 -1
i (1+i) 106.63

S =608.155,305 x (1,004867)106,63 - 1
i (1.004867)106,63

S = 608.155,305 x 0,678179179
0,008167698

S = 608.155,305 x 83,03186206

S = $50.496.267,40

b) Marison Miguel Anaya Pérez

En donde:
Ra= renta actualizada que corresponde al 50% del IBL, esto es, $608.155,305
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo a distribuir, 106,63 meses

S = Ra x (1+i) 106.63 -1
i (1+i) 106.63

S =608.155,305 x (1,004867)106,63 - 1
i (1.004867)106,63

S = 608.155,305 x 0,678179179
0,008167698

S = 608.155,305 x 83,03186206

S = $50.496.267,40

De esta manera, la distribución durante este segundo periodo para Ingrid Damaris Anaya Pérez y Marison Miguel Anaya Pérez queda así:

Beneficiario
Meses
Porcentaje IBL
Valor
Damaris Anaya Pérez
106,63
50%
$50.496.267,40
Marison Miguel Anaya Pérez
106,63
50%
$50.496.267,40
Total segundo periodo (Pd2)
106,63
100%
$100.992.534,8

4.2.3.3 Tercer periodo

Finalmente, en los últimos 17,60 meses de lucro cesante futuro (Pd3), que comprende desde el día siguiente a la fecha en que se extingue el derecho para Ingrid Damaris Anaya Pérez por haber cumplido los 25 años de edad (8 de octubre de 2030), la indemnización que deja de corresponderle se revierte en favor de su hermano Marison Miguel Anaya Pérez quien a partir de ese momento recibiría la totalidad del beneficio hasta la fecha en que cumpla los 25 años de edad (25 de marzo de 2032).

La distribución en este periodo debe realizarse solamente para Marison Miguel Anaya Pérez en razón del 100% del ingreso base de liquidación que corresponde a la suma de $1.216.310,61.

En donde:
Ra= renta actualizada que corresponde al 100% del IBL, esto es, $1.216.310,61
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo a distribuir, 17,60 meses

S = Ra x (1+i) 17.60 -1
i (1+i) 17.60

S = 1.216.310,61 x (1,004867)17.60 - 1
i (1.004867)17.60

S = 1.216.310,61 0,89208649
0,005301178

S = 1.216.310,61 x 16,82807867

S = $20.468.170,63

Beneficiario
Meses
Porcentaje IBL
Valor
Marison Miguel Anaya Pérez
17.60
100%
$20.468.170,63
Total tercer periodo (Pd3)
17.60
100%
$20.468.170,63

En síntesis, la liquidación total del lucro cesante es la siguiente:

LIQUIDACIÓN LUCRO CESANTE

Primer periodo
LC Pasado (Pd1)
Segundo periodo LC futuro (Pd2)
Tercer periodo
LC futuro (Pd3)
Total
Lucro cesante
Marison Miguel Anaya Pérez
$147.124.711,84
$50.496.267,40
$ 20.468.170,63
$ 218.089.149,87

Ingrid Damaris Anaya Pérez
$147.124.711,84
$50.496.267,40
$ 0,00
$ 197.620.979,24

Total distribuido
$294.249.423,68
$ 100.992.534,8

$ 20.468.170,63
$ 415.710.129,11

5. Costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) Revócase la sentencia del 15 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2º) Declárase patrimonialmente y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Miguel Ángel Anaya Paba ocurrida el 11 de julio de 2008.

3º) En consecuencia condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar:

Por concepto de perjuicios morales los siguientes montos: i) a favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez, Marison Miguel Anaya Pérez, Aura Estela Paba Galvis y Miguel Ángel Anaya Delgado la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; ii) a favor de Yuli Andrea Pinto Paba, Edna Ruth Anaya Paba, Ingrid Damaris Anaya Paba y Ena Genoveva Delgado Gonzáles la suma de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; y iii) para Shelsy Lorena López Anaya la cantidad equivalente a 52.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el efecto se tendrán en cuenta los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

b) Por concepto de lucro cesante las siguiente sumas: i) a favor de Ingrid Damaris Anaya Pérez el monto de ciento noventa y siete millones seiscientos veinte mil novecientos setenta y nueve pesos con veinticuatro centavos ($197.620.979,24), y ii) para Marison Miguel Anaya Pérez la cantidad de doscientos dieciocho millones ochenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos con ochenta y siete centavos ($218.089.149,87).

4º) Niegánse las demás pretensiones de la demanda.

5º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.

6º) Cúmplase lo ordenado en esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

7º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2021.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL DOCTOR MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DESCUENTO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN A FORFAIT / RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN A FORFAIT / AJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

[C]onsidero que se debió descontar la suma que fue pagada por la entidad a la víctima por fuera del proceso de reparación directa. El daño sufrido por la víctima es uno y este es el que debe ser indemnizado; de tal forma, si ya se han efectuado pagos para indemnizarlo, esos pagos deben descontarse de la condena proferida en el proceso de reparación directa. De lo contrario, se incurre en un enriquecimiento sin causa a favor de la víctima.

Salvamento parcial de voto

Estoy de acuerdo con la decisión de revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar responsable al Ejército Nacional por la muerte de la víctima. Sin embargo, considero que se debió descontar la suma que fue pagada por la entidad a la víctima por fuera del proceso de reparación directa. El daño sufrido por la víctima es uno y este es el que debe ser indemnizado; de tal forma, si ya se han efectuado pagos para indemnizarlo, esos pagos deben descontarse de la condena proferida en el proceso de reparación directa. De lo contrario, se incurre en un enriquecimiento sin causa a favor de la víctima.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
La misma cantidad en salarios mínimos por concepto de perjuicios morales fue solicitada a favor de: Aura Estela Paba Galvis y Miguel Ángel Anaya Delgado en condición de padres del fallecido; Yuli Andrea Pinto Paba, Edna Ruth Anaya Paba e Ingrid Damaris Anaya Paba en su calidad de hermanos de la víctima; y Shelsy Lorena López Anaya y Ena Genoveva Delgado González en su calidad de sobrina y abuela, respectivamente. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2015, radicación no. 66001-23-31-000-2007-00058-01, MP Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de noviembre de 2017, radicación n.º 54001-23-31-000-2003-00856-01, MP Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente no. 10.033. Conforme se desprende del oficio del 27 de abril de 2009 suscrito por el Mayor Luis Fernando Báez Angarita del Batallón de Infantería no. 15 General Francisco de Paula Santander. Según constancia del 18 de noviembre de 2008 emitida por el jefe de personal del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (fl. 32 cdno. ppal.). Informativo administrativo por muerte y concepto del comandante de la unidad no. 005 del 11 de julio de 2008 firmado por el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos (fl. 31 cdno. ppal.). Según se explica en oficio del 17 de octubre de 2008 por parte del Suboficial de Operaciones del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander el nombre correcto de la misión táctica fue “Jaguar”, solo que por un error de comunicación en el interior del comando sobre la denominación el sargento viceprimero Orlando Vargas Burgos que la dirigía la nombró “Júpiter” (fl. 13 cdno. pruebas 1), circunstancia que significa que bajo cualquiera de esos dos nombres la operación táctica a la que aquí se hace referencia es la misma. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, radicación no. 20001-23-31-000-1997-0321-01 (15724), MP Ramiro Saavedra Becerra. Según tabla de salarios devengados que reposa a folios 129 y 130 del cuaderno principal. A través del comunicado 071 de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz informó que la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 personas, entre ellos, al teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos excomandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander por su participación determinante en por lo menos 120 ejecuciones extrajudiciales en la zona del Catatumbo presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar. Documento disponible en: HYPERLINK "https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx" https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, radicación número 54001-23-31-000-2010-00224-01 (57519), MP Ramiro Pazos Guerrero. El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y los primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”. Sección Tercera sentencias de 10 de abril de 2003 radicación 13.834, MP Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003 radicación 14.083, MP María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, radicación 14.955, MP Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, radicación 14.335, MP Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, radicación 14.808;

8 de marzo de 2007, radicación 15.459, MP Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, radicación 16.186, MP Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, radicación 28.259, MP Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección B ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, radicación 23.308, MP Danilo Rojas Betancourth. Conforme a los respectivos registros civiles de nacimiento que aparecen a folios 22 y 23 del cuaderno principal. Tal como aparece en el registro civil de nacimiento que reposa a folio 20 del cuaderno principal. Según se desprende de los registros civiles de nacimiento que pueden verse a folios 25 a 27 del cuaderno principal. Acorde con el registro civil de nacimiento que reposa a folio 24 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente no. 52.892, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En audiencia del 1 de junio de 2010 la testigo Ana María Albernia sobre la forma cómo estaba conformada la familia de Miguel Ángel Anaya expresó: “la esposa Ana Yibe Pérez Cañizares y la niña Ingrid Damaris y el niño Madinson (sic) Miguel…PREGUNTADO: Diga desde qué época existía la relación como marido y mujer entre Miguel Ángel Anaya y Ana Yibe Pérez, de acuerdo con lo que usted manifiesta anteriormente. CONTESTÓ: Tenían como unos seis años mas o menos … dependían de él prácticamente los de la casa que le nombré ahorita, los niños, ella y los dos papás de ella… para mí él era el esposo de ella, siempre era el que llegaba a la casa, cada vez que le daban permiso, él salía con ellos a pasear” (fl. 64 a 66 cdno. ppal.). El testigo Álvaro Andrés Triana también rindió testimonio dentro de este proceso el 1 de junio de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander quien dijo que la familia de Miguel Ángel Anaya estaba conformada por sus dos hijos la señora Ana Yibe Pérez y un cuñado, sobre el tiempo de convivencia con esta última expresó: “como más de cinco años … PREGUNTADO: Diga si usted sabe qué tipo de relación existía entre Miguel Ángel Anaya Paba y Ana Yibe Pérez Cañizares para la fecha en que este falleció. CONTESTÓ: De marido y mujer porque él venía cuando le daban licencia o permiso y estaban en contacto” (fl. 67 a 69 cdno. ppal.)
Según aparece en el registro civil de nacimiento que obra a folio 28 del cuaderno principal, pues es hija Ingrid Damaris Anaya Paba hermana de Miguel Ángel Anaya Paba.

La señora Maribel Planta Macías declaró bajo juramento el 31 de agosto de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Santander quien dijo conocer a Miguel Ángel Anaya Paba desde hace once años por ser vecino y sobre la relación específica con su sobrina Shelsy Lorena López Anaya expresó: “él era la figura paterna, en los momentos que él viajaba compartía con la niña, el siempre la sacaba salían a jugar, el siempre estaba pendiente de ella, él no era el hermano mayor pero siempre la comunicación era importante… pues a pesar de que es una niña en el momento en que nosotros compartimos en el momento de la funeraria del entierro a al niña si le dio muy duro tanto a ella como a las hermanas, y uno lo notaba porque el niño llora pues ella demostraba tristeza…”. (fls. 175 a 177 cdno. ppal.).

La señora Elsa Macías Álvarez también declaró el 31 de agosto de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Santander donde dijo que conoció al señor Miguel Ángel Anaya porque vivía con una de sus hermanas y sobre su relación con Shelsy Lorena López ante la pregunta de su sufrimiento moral a raíz de la muerte manifestó: “sí me consta porque ella (Shelsy) prácticamente pregunta mucho por él, siente tristeza y cuando se habla de él se pone a llorar, que le hace mucha falta porque era el único tio, era prácticamente el único hombre de la casa…” (fls. 178 y 179 cdno. ppal.). Entendido ahora como daño a la salud, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. n.º 36.460, MP Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio del 2000, rad. n. º 11.482, MP Alier Hernández Henríquez. En esa oportunidad se dijo: “la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, “esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política (…) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Verbigracia en las providencias de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011 – rad no. 19.031 y 38.222, ambas con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, y recientemente en la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, rad. no. 36.460. MP Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2019, expediente no. 47.524, MP. Ramiro Pazos Guerrero. Ana María Albernia en testimonio del 1º de junio de 2010 expresó: “dependían de él prácticamente los de la casa que le nombré ahorita, los niños, ella (Ana Yibe Pérez) y los dos papás de ellas porque siempre han vivido con ella, me consta porque ella siempre sacaba en un supermercado y cuando el venía cancelaba y también los servicios, prácticamente él era el que mantenía el hogar”. (fl. 65 cdno. ppal.). Por su parte Álvaro Andrés Triana en declaración del 1º de junio de 2010 manifestó: “los que dependían Ana Yibe y sus dos hijos y los padres de ella que vivían allí en la misma casa, él les colaboraba, yo soy vecino y yo me daba cuenta que el los ayudaba era una familia muy unida”. (fl. 68 cdno. ppal.). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 15 de abril de 2015, exp. 19146, CE-SUJ-3-001 de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Es importante aclarar que Miguel Ángel Anaya para el 11 de julio de 2008 momento en que falleció tenía 29 años de edad pues nació el 4 de marzo de 1979 con una expectativa de vida restante de 49.1 años según los previsto en el Resolución no.

0110 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, tiempo más que suficiente para considerar que de no haber fallecido hubiera alcanzado a apoyar económicamente a sus hijos hasta cuando por lo menos estos cumplieran los 25 años de edad. Según certificado de antecedentes prestacionales y tabla de ingresos obrantes a folios 128 y 129 del cuaderno principal. Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia. Mes y años de la muerte del soldado. Ingrid Damaris nació el 7 de octubre de 2005 y cumple los 25 años de edad el 7 de octubre de 2030. Por su parte, Marison Miguel Anaya Pérez nació el 25 de marzo de 2007 y cumple los 25 años de edad el 25 de marzo de 2032

Norma procesal aplicable al presente asunto.

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