RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 25000-23-26-000-2009-01017-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01017-01

Acción de reparación directa

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01017-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 2 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-01017-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO

[L]a Sala advierte que la demandante padeció un daño, porque el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda; aunque, con todo y lo anterior, ese daño no tiene la connotación de antijurídico y, por tanto, no es indemnizable […]. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección, en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables, de manera que, en este tipo de casos, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias carecen de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad […]. [U]na providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de negar las pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 305

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial y que agote la instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad en eventos de error jurisdiccional, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de junio de 2010, rad. 17493, M. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de noviembre de 2015, rad. 38833, M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-01017-01(47865)

Actor: NAIR NORELLY ROBINSON HIDALGO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / Responsabilidad del estado por error jurisdiccional – PROCESO ORDINARIO LABORAL / Contrato realidad – DAÑO ANTIJURÍDICO / No se configuró en el presente caso.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 2 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 9 de diciembre de 2009, la señora Nair Norelly Robinson Hidalgo, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados por el error judicial en que habría incurrido esa entidad en el trámite del proceso ordinario laboral No “11001-31-05-013-2004-0841-00”, que cursó en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en primera instancia, y en segunda, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condenara a la entidad accionada a pagarle por concepto de perjuicios morales la suma de 500 S.M.L.M.V.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reclamó $131’889.942 para resarcir las sumas que dejó de percibir por concepto de salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y aportes a pensión, desde la fecha de su retiro y hasta que se produzca el fallo.

1.1. Hechos

La señora Nair Norelly Robinson Hidalgo laboró en Bogotá en el Instituto de Seguros Sociales (ISS) en el cargo de auxiliar de servicios administrativos, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, desde el 1 de diciembre de 1997 al 30 de octubre de 2001; sin embargo, en la realidad se presentaron todos los elementos de una relación laboral ordinaria, por lo cual demandó a esa entidad a fin de que le pagaran los derechos que le correspondían.

El proceso se tramitó en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C. que, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2005, negó las pretensiones. Apelada esa decisión, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral.

En su decisión, el Tribunal explicó que: “efectivamente la demandante prestó sus servicios a la entidad demandada mediante varias relaciones independientes una de otra, y no solo una como se indica en la demanda y a cambio de una remuneración”.

A juicio de la demandante, el Tribunal no aplicó, como era su deber, el artículo 305 del C.P.C., pues este enseña que: “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.

Alegó que, a diferencia de lo que se manifestó en las dos instancias del proceso laboral, con las pruebas testimoniales demostró los tres elementos de una relación laboral.

Explicó que laboró para el ISS en la ciudad de Villavicencio, vinculada mediante contratos de prestación de servicios, desde el 3 de diciembre del 2001 al 15 de abril de 2003, en un cargo igual al que desempeñó en Bogotá y que, con la finalidad de obtener el pago de los derechos que le correspondían por ese período, radicó una demanda, que se tramitó por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Superior de esa misma ciudad, Sala Laboral, los cuales declararon la existencia de una relación laboral y ordenaron el pago de las prestaciones pertinentes.

Consideró que la diferencia de criterios en las decisiones de Bogotá D.C. y Villavicencio le vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y de paso configuró un error jurisdiccional (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Resulta por lo menos insólito, que sobre unos hechos similares con los mismos protagonistas, ocurridos en diferentes ciudades, aplicando las mismas normas, se tengan resultados contrarios, lo que demuestra que algo anda mal, muy mal (…).

“Es que en el proceso en Bogotá se trató de tapar el sol con un dedo, los argumentos para absolver al ISS, no parecen los argumentos de un juez de la República que tiene la obligación de fallar conforme a la evidencia procesal, pues se asemejan más a los sofismas que pudiera plantear el abogado defensor de la demandada (…).

“La prohibición de la cesión ínsita en los contratos suscritos por la demandante, que para los funcionarios de Villavicencio es causal indicativa de la subordinación, en la ciudad de Bogotá, ni siquiera les ameritó mencionarla.

“Tampoco le significó prueba de la subordinación al Honorable Magistrado de Bogotá, la obligación que se le impuso a la actora de respetar las normas y reglamentos del Instituto, como lo alude en su providencia (…).

“Y el cumplimiento del horario impuesto por el ISS, tampoco le indicó al Honorable Magistrado nada relevante para demostrar la subordinación, ignorando lo que dice el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 (…) que el solo hecho de que el contratista de prestación de servicios se le imponga un horario de trabajo, por ese solo hecho, ya se torna la relación en un contrato de trabajo (…)”.

Sostuvo que, sobre la presunción de la subordinación cuando el contratista cumplía un horario de trabajo, existían varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que accedieron a las pretensiones de los demandantes.

Expuso que, en todo caso, el Tribunal no podía omitir la aplicación del artículo 1° de la Ley 65 de 1946, según el cual, los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo laborado.

El daño antijurídico se causó porque, en forma injusta, la entidad demandada no aplicó las normas sustantivas que regulaban la materia.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión de la demanda y notificación

La demanda fue admitida mediante auto proferido el 28 de enero de 2010, decisión que fue notificada en debida forma a la Rama Judicial y al Ministerio Público.

2.2. Contestación de la demanda

La Rama Judicial indicó que sus actuaciones se enmarcaron en la Constitución y la ley, por lo cual no se configuró un error jurisdiccional.

Asimismo, que no existió una vulneración al derecho a la igualdad, puesto que en los procesos de Bogotá D.C. y de Villavicencio se ventilaron circunstancias de hecho diferentes, a modo de ejemplo, explicó que en Bogotá D.C. se acreditó que los contratos se interrumpieron en varias oportunidades; además, que hubo una ausencia de subordinación, mientras que en Villavicencio se probó la existencia de una verdadera relación laboral, en la medida en que la señora Robinson Hidalgo desempeñó las mismas funciones de los empleados de planta, atendió instrucciones directas y cumplió con un horario de trabajo.

2.3. Etapa probatoria y alegatos de conclusión

A través de providencia del 2 de septiembre de 2010, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 7 de febrero de 2013 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

La Rama Judicial reiteró los argumentos de la contestación de la demanda; el Ministerio Público solicitó que se denieguen las pretensiones, porque en el caso sub examine no se configuró un daño jurídico, dado que la sentencia laboral cuestionada se basó en las normas aplicables al caso concreto y en los hechos probados y, además, no “respondió a una actuación subjetiva o arbitraria”.

La parte demandante guardó silencio.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 2 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda. Sobre el particular explicó que en los procesos laborales de Bogotá D.C. y de Villavicencio se presentaron supuestos de hecho diferentes, pues en el primero se presentaron interrupciones y no se demostró la subordinación laboral, en tanto que en el segundo la prestación del servicio fue ininterrumpida y se probó la existencia del contrato de trabajo.

Adicionalmente, indicó que al analizar las providencias laborales enjuiciadas no encontró una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria o flagrantemente violatoria del debido proceso, máxime cuando estas se emitieron en derecho y de conformidad con el análisis de las pruebas legalmente aportadas.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Recurso de la parte demandante

Refirió que el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, no falló de acuerdo con el ordenamiento jurídico, porque sostuvo que la señora Robinson Hidalgo no demostró que hubiere prestado el servicio de manera continua, situación que contradijo el contenido del artículo 44.3 del Decreto 2127 de 1945, según el cual, el contrato de trabajo se entiende suspendido “siempre y cuando se reanude dentro de los 180 días siguientes”; de esta forma, como las suspensiones de los contratos de la demandante no superaron los 42 días, en el proceso ordinario laboral “ha imperado cualquier cosa, menos la ley”.

Explicó que el Tribunal desconoció el contenido del artículo 305 del CPC, según el cual, “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”, lo anterior obedeció a que, en la demanda, le solicitó al juez laboral que declarara la existencia de una relación laboral, y este le negó las pretensiones porque encontró demostradas varias de ellas, por lo cual debió condenar de conformidad con lo probado en el proceso, porque así se lo imponía la ley.

Respecto de la subordinación laboral, sostuvo que la carga de la prueba estaba en cabeza del ISS, dado que así lo disponía el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945; explicó que, en todo caso, en el proceso se demostró la existencia de la subordinación laboral, puesto que los testigos afirmaron que la parte actora cumplía un horario y el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 señalaba que existía un contrato de trabajo cuando se acreditaba dicha circunstancia.

Manifestó que se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, puesto que se debieron aplicar las normas más favorables a la trabajadora (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Es que la vulneración ha ocurrido, por encima de la simple apreciación de las pruebas, por el desconocimiento de la ley laboral, y con infracción de las normas constitucionales, que establecen que en materia laboral prima el in dubio pro operario, pues los operadores jurídicos han hecho exactamente lo contrario, interpretar la norma para absolver”.

Indicó que la responsabilidad del Estado surge sin necesidad de entrar a determinar el dolo o la culpa del operador jurídico y que acudió a los estrados judiciales a la espera de que el Estado fuese consecuente con sus criterios y doctrinas reiterados en asuntos similares, pero que, por el contrario, “las normas que han servido en Villavicencio para condenar al ISS por hechos idénticos, en Bogotá por los mismos hechos y con fundamento en interpretaciones caprichosas de la ley, se absuelva”.

En último lugar, afirmó que la situación referida vulneró el deber de actuar con coherencia, de respetar el derecho a la igualdad, de asegurar la estabilidad del sistema jurídico que es presupuesto de la seguridad jurídica y del respeto de la confianza legítima, así como de “reducir el ámbito de discrecionalidad de los jueces, al obligarlos a respetar las reglas jurisprudenciales que han sido acuñadas por las instancias judiciales de máxima jerarquía, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional”.

En vista de lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia objeto del recurso de apelación y que se acceda a las pretensiones de la demanda.

2. Trámite de segunda instancia

El 16 de agosto de 2013 se admitió el recurso de apelación; el 23 de septiembre del mismo año se corrió el término de traslado para alegar de conclusión. Las partes, demandante y demandada, y el Ministerio Público guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia de la Sala

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

2. Oportunidad de la acción

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 136.8 (norma aplicable al asunto en cuestión), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial y que agote la instancia.

En este asunto, se demandó a la Rama Judicial por el supuesto error jurisdiccional que habría cometido el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, en la sentencia del 13 de diciembre de 2007, por medio de la cual confirmó el fallo proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., que negó las pretensiones de la demanda de la señora Nair Norelly Robinson Hidalgo, encaminadas a obtener que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con el ISS.

En el contexto descrito, como no se anexó la constancia de notificación y ejecutoria, la Subsección, a fin de contar la caducidad, tendrá como punto de partida el día siguiente al de expedición de esa providencia, esto es, el 14 de diciembre de 2007, de modo que el último plazo para radicar la demanda feneció el 14 de diciembre de 2009 y como esto sucedió el 9 del mismo mes y año, se concluye que su presentación fue oportuna.

La Sala aclara que el proceso laboral en cuestión debía fallarse en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; no obstante, en cumplimiento de una medida de descongestión que profirió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el expediente se le remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, que dictó la sentencia y ordenó devolverlo al Tribunal de Bogotá para que procediera a su notificación; en el proceso no se demostró que esa actuación se hubiere llevado a cabo, de ahí que la caducidad se haya contabilizado de la forma en que se indicó.

3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.1. Legitimación en la causa de la demandante

La señora Nair Norelly Robinson Hidalgo es la demandante en este asunto, en cuanto fue la persona que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que la señora Robinson Hidalgo fue la demandante dentro del proceso ordinario laboral en el cual, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, negó las pretensiones de la demanda, al incurrir en un supuesto error jurisdiccional, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa del hipotético daño antijurídico alegado en la demanda.

3.2. Legitimación de la demandada

En el caso bajo estudio, las omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

4. El objeto del recurso de apelación

La demandante sostuvo, en suma, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, incurrió en un error judicial que le ocasionó un daño antijurídico, porque dentro de la sentencia que profirió, en segunda instancia, omitió aplicar los artículos 1 de la Ley 6 de 1945 y 305 del C.P.C., así como el precedente jurisprudencial que existía para ese tipo de casos.

Le corresponde a la Sala determinar si en el sub lite se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la entidad demandada.

No puede pasarse por alto que, en el recurso de apelación, la parte demandante alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, no observó el contenido de los artículos 50 de la Constitución Política y 20 y 44.3 del Decreto 2127 de 1945.

Es del caso precisar que la demanda es el acto procesal en el que se establece el objeto del litigio y, por consiguiente, se fijan, en principio, los límites fácticos y jurídicos dentro de los que se resolverá la controversia, razón por la cual, so pena de vulnerar el principio de congruencia de que trata el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y con ello el derecho de defensa del demandado, no es posible dictar sentencia que exceda el alcance de las pretensiones planteadas por quien ejerce el derecho de acción, pues en él radica la facultad de determinar la razón por la cual acude ante la Administración de Justicia.

Así las cosas, como los argumentos mencionados no fueron expuestos en la demanda y que, por ende, la Rama Judicial no pudo ejercer su derecho de defensa frente a los mismos, la Sala no los estudiará.

5. Estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por la parte demandante

En ese estado de cosas, la Sala procederá, en primer lugar, a relacionar, en cuanto importa para resolver el recurso de apelación, los hechos que se encuentran probados dentro del plenario. Así:
5.1. Hechos probados

• El 20 de agosto de 2004, la señora Nair Norelly Robinson Hidalgo radicó una demanda ordinaria laboral en contra del ISS, con la finalidad de que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“[S]e declare que entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y la señora NAIR NORELLY ROBINSON HIDALGO existió un contrato de trabajo en los términos de los artículos 2 y 3 del Decreto ley 2127 de 1945, el cual inició el día 1 de diciembre de 1997, y terminó el día 30 de octubre de 2001 (…)”.

• El trámite le correspondió inicialmente al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C , que emitió la sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2005 y negó las pretensiones de la demanda, básicamente, porque no encontró demostrada la existencia de un contrato de trabajo (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) El testigo que declaró en el proceso Sr. Edgar Hernán Sarmiento (…) informa al despacho, que la demandante debía cumplir un horario, y que tenía una jefe inmediata, más no pudo precisar qué tipo de órdenes le eran impartidas, si le era llamada la atención, y si bien explicó las funciones que cumplía, debe indicarse que las mismas fue para las que fue contratada, por lo que con este testimonio no se demuestra que entre la aquí demandante y la demandada hubiese existido un verdadero contrato de trabajo.

“En idéntico sentido declaró la Sra. Blanca Ligia Torres Alfonso (…), por tanto no se establece el contrato de trabajo con estos testimonios (…) el análisis global de todas estas pruebas recaudadas legal y oportunamente, llevan a establecer al despacho, que entre las partes existió verdaderos contratos administrativos y no contrato de trabajo como lo sostiene la demandante (…)” (se destaca).

• En contra de esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación y, el 13 de diciembre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, la confirmó, pues no encontró probada la subordinación laboral y porque la prestación de los servicios ocurrió mediante varias relaciones independientes una de la otra (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“En el caso sub iudice, radica la controversia en determinar la existencia de un vínculo laboral sin solución de continuidad desde el día 1 de diciembre de 1991 hasta el 30 de octubre de 2001, o por el contrario si está en presencia de contratos estatales de prestación de servicios.

“Obran en el plenario los contratos denominados de prestación de servicios que suscribieron las partes (…).

“De ellos se desprende en primer lugar que la actividad ejercida por la demandante no fue permanente durante el lapso que se invoca el nexo laboral, puesto que celebraron varios contratos de prestación de servicios, que los desarrolló durante varios años, con solución de continuidad entre algunos de ellos, es palmaria la interrupción en la prestación del servicio y de ninguno de los medios de prueba allegados se infiere que hubiera existido continuidad en el servicio, como para que inicialmente pueda hablarse de una sola relación laboral.

“(…) La demandante desde un comienzo constituyó pólizas de garantía o cumplimiento, cobro de honorarios pactados, se afilió al sistema obligatorio de salud y pensiones como contratista independiente, y firmó voluntariamente cada uno de los contratos de prestación de servicios reseñados anteriormente, donde se comprometió como contratista, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones profesionales o actividades encomendadas, a respetar las normas y reglamentos del I.S.S., luego frente al Instituto, siempre se comportó como una contratista independiente, en el ejercicio de su actividad como auxiliar de servicios administrativos.

“Debe resaltar esta Sala, que el hecho de cumplir personalmente la demandante unas funciones, observando unos horarios no desnaturaliza en nada la relación que sostuvieron las partes a través de contratos de prestación de servicios, pues ello no se puede confundir con el elemento ‘subordinación’, característico y esencial del contrato de trabajo, en razón a que eran obligaciones provenientes del objeto mismo del contrato y máxime cuando en ellos se advirtió que sin perder la autonomía e iniciativa en las gestiones profesionales o actividades encomendadas, la contratista debía respetar las normas y reglamentos del Instituto.

“El hecho de que las declaraciones vertidas por los señores EDGAR HERNÁN SARMIENTO (…) y BLANCA LIGIA TORRES (…) apunten a describir las funciones que desempeñaba la demandante y el horario que ella cumplía, como lo señala el recurrente, en consideración del Despacho en nada modifican el tipo de vinculación que existió entre las partes, pues ellas hacen referencia al objeto contratado y sobre todo se ajustan a las normas y reglamentos del I.S.S.; el hecho que cumpliera la accionante con unas funciones dentro de un horario previamente determinado, no constituyen por sí solas, pruebas de dependencia o subordinación jurídica para que pueda hablarse de un nexo laboral, pues son elementos pertenecientes a diferentes tipos de contrato, entre ellos el de prestación de servicios, al que también le son inherentes el cumplimiento de obligaciones mutuas, entre ellas para el actor que en el caso sometido a estudio ejecutó las funciones propias de auxiliar de servicios administrativos dentro de unos tiempos previamente programados y ajustándose a los reglamentos propios del I.S.S.

“No puede entonces definirse el elemento ‘subordinación’ necesario para configurar un contrato de trabajo, como lo pretende la demandante, por el solo hecho que desarrollaba funciones en forma personal dentro de un horario específico, porque en obedecimiento de los sucesivos contratos de prestación de servicios que suscribió, le resultaba imperativo cumplir con el objeto de trabajo de los mismos, cual era la prestación personal de un servicio que por las razones de la actividad profesional a que se refieren no podía ceder o delegar.

“Resulta evidente entonces que la subordinación jurídica que se requiere para estructurar el vínculo laboral, no se acreditó, pues la testimonial allegada para el efecto, no tuvo la contundencia para desvirtuar lo que con claridad emerge de la documental aportada, es decir en los contratos.

“Es más, tal situación se torna evidente cuando se demostró fehacientemente la terminación y liquidación de cada contrato y el nacimiento de otro y fundamentalmente que existió interrupción entre algunas de las diversas contrataciones por lapso considerable de tiempo (…) 18 días (…) 21 días (…) 42 días.

“Hechos que corroboran aún más que no se trató de una relación laboral única como se predica en la demanda, sino de sucesivos contratos de prestación de servicios amparados en el Art. 3 de la Ley 80/93 (…).

“En este orden de ideas, analizados en conjunto los medios probatorios allegados al proceso tal como estipulan los artículos 60 y 61 del C.P. del T., y teniendo en cuenta el sistema de libre formación del convencimiento, concluye la Sala, que efectivamente la demandante prestó servicios a la entidad demandada mediante varias relaciones independientes una de otra, y no solo una como se indica en la demanda y a cambio de una remuneración” (se destaca).

• La señora Nair Norelly Robinson Hidalgo radicó una demanda ordinaria laboral en contra del ISS en la ciudad de Villavicencio y solicitó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Que (…) existió contrato de trabajo en los términos de los artículos 2 y 3 del Decreto 2127/45, como auxiliar de servicios administrativos, entre el 3 de diciembre de 2001 al 15 de abril de 2003, y terminó por decisión unilateral de la demandada al decidir no prorrogar la última contratación”.

-El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 10 de marzo de 2006, accedió a las pretensiones de la demanda y, el 14 de junio de 2007, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, la confirmó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) militan en los autos los testimonios de Mayerline Navarro Murcia, Arismelda Ortiz Parrado y Leopoldo Oswaldo Munevar Noguera (…) que dan cuenta de que la actora laboró en el cargo de auxiliar de servicios administrativos en la E.P.S. del Instituto de Seguro Social, cumpliendo la misma jornada y horario de trabajo de los empleados de planta, de 7: 30 a.m. a 12:30 m y de 1: 45 a 6: 00 p.m. de lunes a viernes; recibía órdenes de Gilberto Velásquez, Jefe del Departamento de Contratación de Servicios de Salud y de Gerente de la E.P.S.: los contratos eran de diferentes períodos, cuando se terminaba uno iniciaba otro, a veces se demoraban porque los enviaban de Bogotá, pero ella seguía trabajando y eso días se los cancelaban compensatorios; para la firma de cada contrato debía presentar la oferta de servicios siguiendo los parámetros expuestos por ellos; como auxiliar de servicios administrativos le correspondía realizar memoriales, contratos, contratos de prestación de servicios de salud y atender llamadas.

“De donde se ve claro que Nair Norelly Robinsón Hidalgo realizó actividades propias del Seguro Social, como si fuese una empleada más: dentro de sus instalaciones, haciendo parte del personal de la entidad, cumpliendo una jornada y horario de trabajo y bajo sus órdenes. Y así, fácilmente se infiere que en la práctica ella no tenía ninguna autonomía o libertad directiva y que simplemente era una subordinada del instituto.

“Siguese de lo anterior, que lo que allí hubo fue una relación laboral, con los elementos consagrados en el artículo 2 del Decreto 2127 de 1945: la actividad personal del trabajador, su dependencia respecto del patrono, y un salario como retribución del servicio. Este último, punto pacífico dentro del proceso, relacionado en cada uno de los escritos de contrato aportados.

“Por manera que no tiene razón el demandado apelante al insistir en la ausencia de relación laboral (…)” (se destaca).

5.2. El daño antijurídico

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:

“[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.

En este caso, la parte actora manifestó que el daño antijurídico le fue ocasionado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, dado que, mediante sentencia de segunda instancia del 13 de diciembre de 2007, le negó las pretensiones de su demanda ordinaria laboral y no aplicó las normas sustantivas a las que se encontraba obligado.

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

En ese estado de cosas, los argumentos de la sentencia del 13 de diciembre de 2007, que supuestamente contiene el error judicial, se pueden sintetizar así: i) en el proceso no se demostró la subordinación laboral, que era el elemento medular que permitía distinguir entre un contrato de prestación de servicios profesionales y uno de trabajo; ii) en la demanda se solicitó que se declarará la existencia de una relación de trabajo; no obstante, se encontró acreditado que entre la señora Robinson Hidalgo y el ISS, en realidad, existieron sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales y que, entre estos, se presentaron interrupciones; iii) por esos motivos, se negaron las pretensiones de la demanda.

En ese contexto, la Sala advierte que la demandante padeció un daño, porque el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda; aunque, con todo y lo anterior, ese daño no tiene la connotación de antijurídico y, por tanto, no es indemnizable, por las razones que se pasan a exponer, en primer lugar, frente a la supuesta falta de aplicación del artículo 1 de la Ley 6 de 1945, luego, respecto de la vulneración del precedente jurisprudencial y, finalmente, en cuanto, al parecer, no se observó el contenido del artículo 305 del C.P.C.

De conformidad con la jurisprudencia de la Sección, en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables, de manera que, en este tipo de casos, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias carecen de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad (se transcribe de forma literal):

“[E]n torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables ⎯en cuanto correctamente justificadas⎯ pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento ⎯una justificación o argumentación jurídicamente atendible⎯ pueden considerarse incursas en error judicial.

“(…)

“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que –sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales- resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…)” (se destaca).

Bajo esa perspectiva, se destaca que la providencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, emitió el 13 de diciembre de 2007, atendió a una interpretación razonable que, además, estuvo en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, esta última en su condición de superior jerárquico y tribunal de cierre.

La señora Nair Norelly Robinson Hidalgo sostuvo que dentro del proceso laboral demostró la existencia de la subordinación laboral, puesto que los testigos afirmaron que cumplía un horario y el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 señalaba que existía un contrato de trabajo cuando se acreditaba esta particularidad.

Al analizar el contenido de la sentencia que, según se indicó, contendría el error jurisdiccional, se encuentra que en el transcurso del proceso se decretaron y practicaron los testimonios de los señores Edgar Hernán Sarmiento y Blanca Ligia Torres, quienes afirmaron que la hoy demandante, Nair Norelly Robinson Hidalgo, durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales, cumplió con un horario.

Respecto de lo anterior, cabe manifestar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha sostenido, en su jurisprudencia, que el cumplimiento de un horario dentro de la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales no es suficiente para tener por demostrada la subordinación laboral; sobre el punto, dicha Corporación, en sentencia del 4 de mayo de 2001, explicó que (se transcribe de forma literal):

“(…) la sentencia acusada también encuentra sustento en el razonamiento de que los horarios y la realización de trabajos en las instalaciones de la empresa no significan per se el establecimiento de una dependencia y subordinación, considera la Corte que aun tomando este último aserto como jurídico, tiene razón el tribunal al emitirlo porque ciertamente la subordinación típica de la relación de trabajo no se configura automáticamente por el hecho de que desde el inicio o en un determinado momento del vínculo jurídico convengan los contratantes un horario de prestación de servicios y la realización de éstos dentro de las instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si bien algunas veces ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulaciones no son exóticas ni extrañas a negocios jurídicos diferentes a los del trabajo, y en especial a ciertos contratos civiles de prestación de servicios o de obra en los que es razonable una previsión de esa naturaleza para el buen suceso de lo convenido, sin que por ello se despoje necesariamente el contratista de su independencia. Además, conviene reiterar que en orden a esclarecer la subordinación, a menos que se pacte ella expresamente por las partes, es menester analizar el conjunto de factores determinantes del núcleo de la vinculación jurídica, y no aisladamente algunos de sus elementos, porque es precisamente ese contexto el que permite detectar tanto la real voluntad de los contratantes como la primacía de la realidad sobre las formalidades” (se destaca).

En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación sostuvo que: “el cumplimiento de un horario no puede, entonces, considerarse como un indicio necesario sobre la existencia de relación de subordinación (…)”.

En este estado de cosas, se advierte que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que se encontraba en sintonía con la de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el solo hecho de cumplir un horario durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales no era suficiente para probar la existencia de un contrato de trabajo.

Cabe anotar que la demandante no demostró que sobre el tema en análisis hubiere existido una sentencia de unificación jurisprudencial que obligara a los jueces laborales de Bogotá D.C. a fallar el proceso en el sentido que ella lo indicó, esto es, favorable a sus pretensiones.

En el contexto descrito, la Sala concluye que la imputación de responsabilidad analizada no está llamada a prosperar.

En otra de las consideraciones del recurso de apelación, la parte actora explicó que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, habría incurrido en error jurisdiccional, por cuanto en la ciudad de Villavicencio, en un caso de iguales connotaciones, las pretensiones de su demanda sí se concedieron, tanto en la primera como en la segunda instancia.

Sobre este particular, la Subsección reitera los argumentos del a quo, en tanto que los procesos laborales que se tramitaron en Villavicencio y en Bogotá D.C. eran disímiles; en efecto, en el litigio de Villavicencio se demostró, con la prueba testimonial, que la señora Robinson Hidalgo estuvo subordinada al ISS, pues además de cumplir un horario, como lo hacían los empleados de planta, recibía órdenes directas de sus jefes y entre la suscripción de uno y otro contrato no se presentaron interrupciones.

Por el contrario, en el proceso laboral de Bogotá, con la prueba testimonial, no se demostró la existencia de la subordinación laboral, porque los declarantes no supieron precisar, por ejemplo, qué tipo de ordenes le eran impartidas a la hoy demandante y si se le hacían llamados de atención; asimismo, en la medida en que entre la firma de uno y otro contrato transcurrieron períodos de 18, 21 y 42 días.

A ese respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C- 154 de 1997, sostuvo que el contrato de trabajo se tipificaba cuando se demostraba “la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada”. Elemento esencial, que como se anotó, no se acreditó dentro del proceso laboral en análisis.

Como se observa, la señora Robinson Hidalgo pretendió equiparar dos procesos que, en materia de pruebas, no guardaban relación; así las cosas, esta situación tampoco configuró una falla de la Administración de Justicia.

En lo que se refiere a la falta de aplicación del artículo 305 del C.P.C., la Subsección considera que dicha normativa no tenía cabida en el caso en análisis, porque esta se refería a que “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”, para lo cual resultaba indispensable que se hubieren demostrado los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda.

En el sub lite, la circunstancia descrita no sucedió, pues, en la sentencia del 13 de diciembre de 2007 se explicó que, ante la ausencia de subordinación laboral, no se configuró un contrato de trabajo, que era la pretensión principal en torno a la cual giró la demanda.

Por último, cabe anotar que en casos como el examinado, una providencia no puede considerarse, per se, contentiva de un daño antijurídico, por el hecho de negar las pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una tercera instancia para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido.

Así ha discurrido la Subsección (se transcribe de forma literal):

“Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses”.

De todo lo planteado, se concluye que la demandante sufrió un daño, en tanto que el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, le negó las pretensiones de su demanda ordinaria laboral; sin embargo, este daño no puede catalogarse como antijurídico, porque la providencia cuestionada, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Corporación, no incurrió en un error jurisdiccional, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones aquí expuestas.

6. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 2 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 23 vuelto del cuaderno 1. De conformidad con el poder obrante en el folio 1 del cuaderno 1. Folios 2 a 23 del cuaderno 1. Folio 26 del cuaderno 1. Folio 28 del cuaderno 1. Folio 26 vuelto del cuaderno 1. Folios 34 a 48 del cuaderno 1. Folio 81 del cuaderno 1. Folio 110 del cuaderno 1. Folios 111 a 114 del cuaderno 1. Folios 115 a 127 del cuaderno 1. Folios 129 a 138 del cuaderno de segunda instancia. Folios 140 a 147 del cuaderno de segunda instancia. Folios 153 a 156 del cuaderno de segunda instancia. Folio 158 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras. Al respecto consultar las siguientes decisiones: i) sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado: 50001-23-31-000-2005-00274-01 (39435); ii) sentencia del 13 de junio de 2016, radicado: 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); iii) sentencia del 24 de octubre de 2016, radicado: 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, radicado: 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Folio 23 vuelto del cuaderno 1. Según lo certificó la Procuraduría General de la Nación, la parte actora agotó el trámite de la conciliación extrajudicial; la solicitud respectiva se radicó el 9 de junio de 2009 y la constancia de no acuerdo se expidió el 11 de agosto del mismo año; durante el lapso descrito, el termino de caducidad se suspendió (folio 23 del cuaderno de pruebas 2). Folios 600 a 625 del cuaderno de pruebas No 3.
“Artículo 305. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta (…)”.

En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación expuso en sentencia del 29 de octubre de 2018: “(…) la parte demandante agregó argumentos nuevos que no fueron invocados en la demanda, con lo cual modificó la causa petendi y pretendió dar un mayor alcance a la impugnación, lo que no puede admitirse dado que excedería la competencia del juez en segunda instancia (…)”. Expediente No 47001-23-31-000-2001-00807-01(45814). Folio 200 del cuaderno de pruebas 3. Folio 1 del cuaderno de pruebas 3. Folio 201 del cuaderno de pruebas 3. Folios 580 a 589 del cuaderno de pruebas 3. Folios 590 a 594 del cuaderno de pruebas 3. Folios 606 a 617 del cuaderno de pruebas 3. Folios 63 a 103 del cuaderno de pruebas 2. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; expediente No.15.576. Reiterada por la Subsección A en sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente No: 33.911. M.P. Hernán Andrade Rincón. Radicación No.15678. M.P. José Roberto Herrera Vergara; el criterio expuesto se reiteró en sentencia del 5 de agosto de 2015, expediente No SL11661-2015, Radicación 50249. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Sentencia del 3 de diciembre de 2009, expediente No 05001-23-31-000-2002-00293-01(2499-07). M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la producción de un daño antijurídico. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia de 17 de noviembre de 2011, exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, exp. 250002326000 1997 15324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, exp. 250002326000 2001 02345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 250002326000 2000 02527 01 (28.215); sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 250002326000 2001 00349 02 (28.428); sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 250002326000 2001 02368 01 (29.540); sentencia de 1 de octubre de 2014, exp.

250002326000 2000 01292 01 (27.862); sentencia de 12 de febrero de 2015, exp 250002326000 2000 02235 02 (28.482), todas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la Subsección en sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente No 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.