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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01076-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01076-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el impedimento presentado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales. 152 Aptado. 3.3.2.6. 153 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1594. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. […] Artículo 1600. No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena” (subrayado agregado). 154 Aptados. 3.3.22.4.2 y 3.3.23.2. 155 Aptados. 3.3.22.4.1 y 3.3.23.2. 156 Aptados. 3.3.15, 3.3.20.3 y 3.3.22.2. 157 Aptados. 3.3.20.2 y 3.3.22.1. Página 48 de 49 Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741) Actor: CICON S.A. Y OTRO SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión del 29 de mayo de 2014. TERCERO: Sin condena en costas, por no estar acreditadas. CUARTO: En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-01076-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741)
Actor: CICON S.A. Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 25000-23-26-000-2009-01076-01 (51741)
Demandante: CICON S.A. Y OTRO
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)

Temas: Falta de competencia relativa. Violación del debido proceso. Desviación de
poder. Falsa motivación. Cláusula penal pecuniaria. Proporcionalidad de la
cláusula penal pecuniaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 29 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera. Subsección C de Descongestión, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El IDU y el Consorcio CICON – KMA II celebraron el contrato IDU-194 de 2005, cuyo
objeto consistía en la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales en el
barrio Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. La entidad, mediante
Resolución 196 de 2009, confirmada por la Resolución 1204 del 24 de abril de 2009,
declaró el incumplimiento contractual de las obligaciones a construir las obras
dentro del plazo pactado, y a allegar documentos necesarios para la liquidación del
contrato, y en consecuencia hizo efectiva la pena pecuniaria por $428’170.642.

El Consorcio demandó los actos administrativos, porque, en su parecer, los actos
adolecían de falta de competencia, violación del debido proceso, falsa motivación,
desviación de poder y desproporcionalidad respecto a lo ejecutado por el contratista.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2009, las sociedades CICON S.A.
y KMA Construcciones S.A., y el Consorcio que estas conformaron (CICON –
KMA II), formularon demanda1 contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en
ejercicio de la acción de controversias contractuales para que se declare: (i) la
nulidad de la resolución n° 196 del 2 de febrero de 2009, que declaró el
incumplimiento contractual del Consorcio, por no haber terminado las obras en el
plazo convenido y, en consecuencia, hacer efectiva la pena pecuniaria, amparada

1 F. 13-31, c. 1.

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

mediante póliza de cumplimiento; (ii) la nulidad de la resolución n° 1204 del 24 de
abril de 2009, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión
anterior, confirmándola en su totalidad; y (iii) que, en consecuencia, se ordene
restablecer el derecho de las demandantes condenando al pago de la suma de la
pena impuesta, el correspondiente a la “pérdida financiera por no recibir los pagos
de las actas o facturas presentadas y no canceladas o a las que se les aplicó o
descontó el valor de la multa impuesta”; y a la afectación del buen nombre de las
empresas, y en la participación en otros procedimientos de selección con entidades
públicas.

Como asidero fáctico de sus pretensiones, la demandante relata:

2.1.1. Que el 29 de diciembre de 2005, el Consorcio CICON – KMA II y el IDU
celebraron el contrato IDU-194 de 2005, cuyo objeto consistía en la construcción de
accesos a barrios y pavimentos locales en el barrio Jerusalén de la localidad de
Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.

2.1.2. Previamente, el IDU había contratado a un diseñador y consultor que se
encargaría de entregarle a la entidad los estudios y diseños completos de las vías
a construir. Pero, la orden de inicio de las obras se produjo el 9 de octubre de 2006,
mucho después de la celebración del contrato, porque la contratante no contaba
con estudios, planos y diseños para las obras.

2.1.3. El plazo era de 9 meses, 1 para la etapa de preconstrucción, y 8 para la de
construcción, que a su vez se subdividía entre 7 para confeccionar la obra, y 1 para
la entrega y recibo de la misma.

2.1.4. El 8 de junio, 9 de octubre y 24 de diciembre de 2007, las partes pactaron
múltiples prórrogas al contrato. El negocio concluyó el 11 de marzo de 2008.

2.1.5. Sin contar con la participación del contratista, la interventoría informó
circunstancias que no reflejaron el estado real de las obras, por lo que el acta de
terminación del contrato, que expresó lo expuesto por la interventoría, no fue
suscrita por el Consorcio. Esa fuente de información también fue usada por el IDU,
para iniciar el procedimiento declarativo del siniestro y efectividad de la cláusula
penal.

2.1.6. En decisión del 19 de marzo de 2009, ratificada por la entidad al resolver el
recurso de reposición, el IDU declaró el incumplimiento parcial del contrato e hizo
efectiva la cláusula penal, por $428’170.642, monto que supera ampliamente el
porcentaje de obras que supuestamente no se habrían ejecutado ($21’527.208,
equivalente al 0,5% del precio del contrato).

2.1.7. La parte demandante acusa que las decisiones del IDU fueron proferidas con
falta de competencia, falsa motivación, desviación de poder, violación al debido
proceso y al derecho de defensa, y desproporcionalidad de la sanción.

2.2. Trámite procesal relevante

2.2.1. El 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda2, y ordenó su notificación al IDU y al agente del Ministerio Público.

2 F. 53-54, c.1, corregido mediante auto del 20 de mayo de 2010: f. 58-59, c. 1.

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2.2.2. El IDU contestó la demanda3, oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones del Consorcio.

2.2.3. En la etapa para presentar alegatos de conclusión en primera instancia4,
estos fueron presentados por el IDU5 y la parte actora6. El Procurador 11 Judicial
Administrativo II rindió concepto7 en la oportunidad correspondiente.

2.2.4. El Tribunal, mediante sentencia de primera instancia8 del 29 de mayo de
2014, desestimó las pretensiones de la demanda.

2.2.5. La demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión9. Esta
Corporación lo concedió mediante auto del 13 de agosto de 201410.

2.2.6. El 3 de septiembre de 2014, inició la etapa para presentar los alegatos de
conclusión en segunda instancia11, ocasión en que únicamente se pronunció la
parte actora12.

2.2.7. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer
del presente asunto, toda vez que previamente rindió concepto en el asunto, como
Procurador 11 Judicial Administrativo II ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. El impedimento es fundado por lo que será apartado del
conocimiento del asunto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

3.1.1. La Sala es competente para conocer de la presente acción de controversias
contractuales, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto Ley 01 de 1984 - CCA), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de
2006[13], vigentes para la época en que se presentó la demanda, toda vez que la
parte demandada es un establecimiento público del Distrito Capital de Bogotá.
Además, conforme a las normas procesales aplicables al asunto, esta Corporación
decide la segunda instancia de las sentencias proferidas por los Tribunales

3 F. 61-80, c. 1.
4 Abierta por el Tribunal mediante auto del 21 de febrero de 2014: f. 209, c.1.
5 F. 210-217, c. 1.
6 F. 218-234, c. 1.
7 F. 236-256, c. 1.
8 F. 258-274, c. ppal.
9 F. 276-300, c. ppal.
10 F. 308, c. ppal.
11 F. 138, c. ppal.
12 F. 309-324, c. ppal.
13 “ARTICULO 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las

controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades
de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los
tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.”

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Administrativos14, y este asunto tiene vocación de doble instancia por el factor
cuantía15.

3.1.2. Conforme al inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos
administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual de las entidades
regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(EGCAP) son enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales16,
de manera que el término para formular oportunamente la demanda es el de dos
años, tomados a partir del motivo de hecho o de derecho que motiva la reclamación
judicial.

3.1.2.1. En este caso, motivaron la demanda las decisiones administrativas
plasmadas en las Resoluciones 196 del 2 de febrero de 2009, y 1204 del 24 de abril
de 2009, confirmatoria de la inicial. Esta última fue notificada por edicto 17, desfijado18
el 25 de junio de 2009. A partir del día siguiente a esta última fecha, la parte actora
tenía hasta el 26 de junio de 2011 para formular su reclamación judicial.

3.1.2.2. Con estas fechas, resulta evidente que la demanda se presentó en tiempo,
incluso pasando por alto la suspensión del término de caducidad por el trámite
conciliatorio prejudicial, transcurrido entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre de
2009, fecha en que fue expedida el acta de no acuerdo19.

3.1.3. Por último, los extremos procesales están legitimados en la causa: las
sociedades actoras, como destinatarias de los actos demandados, en su calidad de
integrantes del Consorcio contratista; y la entidad demandada, por pasiva, al ser la
autoridad administrativa que profirió las resoluciones bajo juzgamiento.

3.2. Identificación de la controversia y problemas jurídicos

3.2.1. Como fundamento del juicio desestimatorio, el Tribunal consideró que las
resoluciones atacadas fueron expedidas al amparo del parágrafo transitorio del
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; razón por la que, en primer término, no le asistía
razón a la actora para predicar la incompetencia de la entidad para imponer las
medidas contenidas en los actos demandados, toda vez que se cumplían los
presupuestos que le permitían obrar en tal sentido, a saber: el contrato se celebró
antes de expedirse la mencionada ley, y se pactó cláusula de multas y penal
pecuniaria, que previó la potestad de la contratante de imponer y hacerlas efectivas
unilateralmente. Además, observó que los actos fueron proferidos después de la
14 CCA. Artículo 129 (subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998): “El Consejo de Estado,

en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión.”
15 Según el artículo 132 numeral 5 del CCA (subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998), los

asuntos “referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos
celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté
vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales.”. Para el 2009, ese tope equivalía a $248’500.000. En este
caso, dicho monto fue superado por las pretensiones de la demanda, tasadas en $430’000.000.
16 “Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo

serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con
las reglas del Código Contencioso Administrativo”.
17 F. 153-154, c. 2.
18 Constancia de desfijación: f. 155, c. 2.
19 F. 37-38, c. 1.

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entrada en vigor de la norma legal mencionada. Estos argumentos también
fundamentaron la ausencia de desviación de poder en las decisiones proferidas.

3.2.1.1. El a quo descartó la acusación por desproporcionalidad de la sanción ya
que, si bien las obras no concluidas equivalían aproximadamente a $21’000.000,
encontró que existían otros incumplimientos contractuales atribuidos a la contratista:

“[…] entre ellos la entrega a la interventoría de los planos record aprobados
por las empresas de servicio públicos a las que se intervinieron redes, y la
entrega de los paz y salvos de las empresas de servicios a las que se les
intervinieron redes, lo que generó que no se hayan realizado con la Empresa
de Acueducto de Bogotá y Empresa de Teléfonos de Bogotá los respectivos
cruces de cuentas de las obras, sanción que está calculada por un valor de
$406.913.434, así las cosas, obsérvese que el total de estas sumas es el
equivalente de $428.170.642”.

3.2.1.2. Tampoco encontró violado el debido proceso ni el derecho de defensa de
la actora, porque el IDU siguió lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007, y se probó la presentación de descargos, así como el ejercicio de recursos en
la vía gubernativa. Y en relación con el decreto de pruebas solicitadas, sostuvo que,
de acuerdo con el artículo 56 del CCA:

“[…] el recurso de reposición siempre debe resolverse de plano, razón por la
cual la práctica de pruebas solicitada por la parte accionante fue denegada
en su momento por la entidad demandada, toda vez que no había lugar a su
decreto, aunado a ello obsérvese que el Consorcio […] debió en su momento
cuando [sic] interpuso el recurso de reposición allegar todas las pruebas que
tenía en su poder con el fin de desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo recurrido”.

3.2.1.3. El Tribunal no encontró configurado el cargo de falsa motivación, porque las
decisiones fueron “proferidas de conformidad a los hechos y pruebas existentes que
se obtuvieron a lo largo del proceso administrativo y las mismas fueron motivadas
de conformidad con la normatividad contractual vigente”. Además, no se demostró
un hecho extraño que le impidiera al consorcio contratista la ejecución del contrato.

3.2.2. En su recurso de alzada, el Consorcio CICON-KMA II planteó los siguientes
reparos contra la sentencia de primera instancia:

3.2.2.1. Frente a la desproporcionalidad de la sanción, señaló que la documentación
cuya entrega consideró el Tribunal que no se había producido, sí fue entregada por
el Consorcio, por lo que no hubo tal incumplimiento contractual. Ahora, de ser una
obligación incumplida, el juzgador de primera instancia debió considerar que la
entrega de dichos insumos dependía de terceros (empresas de servicios públicos
domiciliarios) sobre los cuales el Consorcio no tenía ningún poder coercitivo. Sobre
este mismo cargo, la parte apelante echa de menos que el a quo no haya efectuado
un análisis detenido sobre el porcentaje real de ejecución de las obras, que debía
incidir en la cuantificación de la pena.

3.2.2.2. En torno al señalamiento de falsa motivación, la recurrente cuestiona que
la sentencia no haya encontrado demostrado este vicio, porque hubo razones no
atribuibles al Consorcio que impidieron la ejecución completa de las obras dentro
del plazo pactado. En primer lugar, los documentos aportados y el testimonio de

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Salomón Niño dan cuenta del deber del IDU de entregar oportunamente los diseños,
planos y estudios completos de la construcción y —en particular— de los “muros de
contención necesarios”, aspecto que entorpeció el desarrollo del objeto contractual
y desconoció el principio de planeación. En segundo lugar, afirma que en el acápite
de las obras no ejecutadas de las decisiones demandadas, se relacionaron unas
que “realmente sí estaban ejecutadas, o que ya había sido ejecutada y dañada, o
que correspondía era a corrección de defectos, o que no hacían parte del objeto
contractual”. Para sustentar estas afirmaciones, invocó extractos de los testimonios
de Aníbal Ojeda y Salomón Niño.

Agregó la apelante que existió una “falsa motivación de hecho”, porque el alegado
incumplimiento no existió, y de haberse dado, éste fue ocasionado por la entidad.
Aseguró así mismo que el interés público fue satisfecho con las obras ejecutadas y
puestas a disposición de la comunidad, razón por la que la demandada no podía
hacer uso de sus prerrogativas.

3.2.2.3. Hubo desviación de poder, debido a que la cláusula penal pecuniaria se
ejerció respecto de un incumplimiento parcial e intrascendente, cuando la finalidad
de esta cláusula es sancionar incumplimientos definitivos y graves.

3.2.2.4. Se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa del contratista, porque
la entidad negó la práctica de las pruebas solicitadas en vía gubernativa. Estas,
según el recurso, eran “de gran importancia y pudieron haber variado la decisión
administrativa”.

3.2.2.5. La falta de competencia que se discutía era relativa al funcionario que dictó
las resoluciones demandadas, no a la vigencia o a la retrospectividad o
retroactividad del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Argumenta que la delegación
que el Director del IDU hizo al Director Técnico de Malla Vial, “por medio de la
Resolución 1705 del 19 de abril de 2006”, se hizo antes de la expedición de dicho
artículo, en un momento en que la potestad legal de hacer efectiva unilateralmente
la pena pecuniaria no existía, siendo imposible delegar una competencia no
concebida por el legislador.

3.2.3. Visto lo anterior, como problemas jurídicos, la Sala deberá dar respuesta a
los las siguientes cuestiones:

3.2.1. ¿Se presentó una falsa motivación en las resoluciones 196 del 2 de
febrero de 2009 y 1204 del 24 de abril de 2009, porque, se demostró que el
IDU no entregó oportunamente los diseños, planos y estudios completos de
la construcción, porque en aquellas fueron mencionados incumplimientos del
contratista que no se presentaron, y las obras fueron ejecutadas y puestas a
disposición de la comunidad?

3.2.2. ¿Los actos demandados fueron expedidos con vulneración del debido
proceso, ya que en su imposición el IUD negó la práctica de pruebas
solicitadas por la contratista, que pudieron haber variado la decisión?

3.2.3. ¿El funcionario que profirió los actos impugnados no era competente,
porque la resolución la resolución de delegación de funciones, en la que se
fundamentó, fue expedida antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de
2007?

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3.2.4. ¿En los actos demandados la pena se hizo efectiva de forma
desproporcionada?

3.3. Pruebas objeto de valoración

En vista de que hay elementos de prueba documentales aportados en copia simple,
la Sala las tendrá en cuenta para decidir conforme lo han establecido, de forma
unificada, la Sección Tercera en pleno20 y la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo21 de esta Corporación.

Dicho lo anterior, se relacionan los siguientes medios de convicción documentales
y testimoniales:

3.3.1. En noviembre de 2005, el IDU publicó los pliegos de condiciones22 de la
licitación pública IDU-LP-DMTV-030-2005, cuyo objeto era contratar “a precios
unitarios, las obras requeridas para la CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A
BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA,
BARRIO JERUSALÉN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR FASE 2 Y FASE
3” en la ciudad de Bogotá.

3.3.1.1. En lo que refiere a la fase 2, el plazo del contrato a celebrar era de 9
meses, divididos en 1 mes para la preconstrucción, 7 meses para la
construcción y un mes para el recibo o entrega de las obras.

3.3.1.2. Según el pliego, el valor oficial de A.I.U. para la fase 2 era del
“TREINTA Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO (33.75%)” y
advirtió a los proponentes que el valor del A.I.U. plasmado en la propuesta
no podía “ser inferior al 80% ni mayor al 100% del Valor Oficial del Porcentaje
de A.I.U., so pena de rechazo de la propuesta”.

3.3.1.3. Entre las actividades que correspondía realizar al contratista, el
pliego enunciaba la realización de demoliciones y excavaciones de todo tipo,
nivelación y conformación de subrasantes, y la construcción de “redes de
servicios públicos (reparación, rehabilitación, reubicación, renovación y
construcción de las mismas)”, subbases granulares y/o bases granulares,
losas de concreto hidráulico, calzadas de pavimento en adoquín y asfalto,
andenes, ciclorrutas, bolardos metálicos y barandas.

3.3.1.4. El pliego expresó que el IDU suministraría “los diseños para las vías
objeto de la presente licitación, los cuales fueron elaborados mediante el
contrato IDU-209-03”.

3.3.1.5. Durante la etapa de preconstrucción, el contratista debía revisar los
estudios y diseños de acuerdo con su propia verificación y validación en el
terreno, y con ello realizar la construcción con insumos actualizados. Así
mismo, debía revisar y ajustar las cantidades de obra y presupuesto de
acuerdo a los estudios y diseños suministrados por la entidad, y para tal
propósito el contratista debía “realizar una actualización del inventario de
redes existentes y solicitar información de redes que han sido construidas o

20 Sentencia del 28 de junio de 2013. exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).
21 Sentencia del 30 de septiembre de 2014. exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV).
22 F. 205-400, c. 3.

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fueron proyectadas por las empresas de servicios, con posterioridad a la
elaboración de los estudios y diseños con que cuenta la entidad”.

3.3.1.6. El apéndice C del pliego23 contenía las especificaciones para las
redes de servicios públicos y en él se declaró que “[s]u incumplimiento
constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones
previstas en el mismo”. Consta que el diseño de las obras de redes de
servicios públicos había sido realizado por el IDU y aprobado por las ESPs
respectivas. Sin embargo, se preveía la modificación o adecuación de los
diseños y estudios de detalle durante la ejecución del contrato, con el “objeto
de garantizar los resultados exigidos”, actividad que requería de la
aprobación de las ESPs.

3.3.1.6.1. Las obras acueducto y alcantarillado que habían de ser
realizadas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en
adelante, “EAAB”) comprendían la verificación del adecuado funcionamiento
y la adecuación de las redes existentes para el drenaje pluvial y sanitario, con
el fin de pavimentar las vías objeto del contrato, lo que podía implicar el
reemplazo y la relocalización de algunos de sus elementos. El sistema de
drenaje intervenido debía ser entregado a la EAAB en perfecto
funcionamiento y las obras debían ser entregadas “de forma simultánea a los
planos de construcción, los cuales deben ser elaborados bajo las normas
establecidas en el SIG de la EAAB-ESP”.

3.3.1.6.2. Aparte, el contrato comprendía “el acondicionamiento” de redes
telefónicas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (“ETB”), de
las Empresas Públicas de Medellín (“EPM”) y de Telecom-Capitel, así como
de las redes eléctricas de CODENSA, de acuerdo con las especificaciones
definidas en los planos de diseño aprobados y las recomendaciones de cada
una de estas ESPs. En caso de que existieran inconsistencias entre lo
consignado en los planos y documentos entregados para las redes
telefónicas y eléctricas, y lo hallado en el terreno, el contratista debía solicitar
su verificación por escrito a la interventoría.

Podrían darse, además, modificaciones a las obras de redes telefónicas y
eléctricas especificadas en los planos y documentos, las cuales debían
consultarse con la “autoridad designada”. Estas modificaciones “[…] se irán
registrando de acuerdo con el avance de la obra, en un juego de planos
Maestro (Máster) destinados para tal propósito. De esta manera, durante y al
finalizar los trabajos del contrato, el Contratista procederá a digitalizar la
información de los cambios en los respectivos archivos magnéticos, se
superará la revisión y se emitirán los planos finales sellados ‘OBRA
REALIZADA’”. Se buscaba garantizar así “la culminación de los planos de
OBRA REALIZADA con la suficiente anticipación a la entrega final de la obra”.
En línea con ello, se especificó en los pliegos que “[c]omo requisito previo
para el recibo final de las instalaciones el Contratista deberá entrega un juego
de planos modificados ‘según obra realizada’ y un visto bueno por parte de
CODENSA ESP S.A. y las respectivas empresas telefónicas”.

3.3.1.7. En el apéndice C del pliego fueron regulados los trámites
administrativos que se adelantarían ante las ESP, de los cuales, se dijo:
“deben ser cumplidos por el contratista”, de la siguiente manera:
23 F. 372-400, c. 3.

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

«a) El Contratista debe solicitar al IDU, a través de la interventoría, copia de
los convenios interadministrativos vigentes con las Empresas de Servicios
Públicos, para su información y aplicación. Para los asuntos relacionados con
estos convenios, se debe consultar con la Subdirección Técnica de
Coordinación Interinstitucional del IDU, STCI en adelante.

b) El IDU tiene disponibles, para consulta, los diseños aprobados por las ESP
o el IDU, según el caso, y demás documentos necesarios para la ejecución
de las obras; el Contratista junto con la Interventoría, debe verificar la
vigencia de los mismos.

c) El IDU, por intermedio del área ejecutora del Contrato de Obra, solicitará
por escrito el respectivo profesional delegado de la ESP para supervisión de
las obras, en donde se indicará la fecha de iniciación del Contrato de Obra,
el nombre de las firmas concesionaria e interventora y el alcance del mismo.

d) Si el delegado de la ESP no es nombrado en un plazo de 10 días hábiles
la interventoría debe informar al coordinador IDU, para que a través de la
STCI se agilice el nombramiento.

e) Cada empresa nombrará un profesional delegado para la supervisión de
las obras, quien debe asistir a los comités de obra, previa citación de la
Interventoría. Adicionalmente, cualquier información impartida por el
delegado de las ESP debe quedar por escrito, dejando constancia de las
mismas en un acta firmada por las partes o bien quedar en el libro de obra.

f) En caso de inasistencia del delegado de la ESP a los comités de obra, el
interventor debe notificar al coordinador y a la STCI del IDU.

g) Para dar inicio a la obra la Interventoría debe verificar que se cuente con
el número de proyecto otorgado por la ESP y el delegado por cada una de
las entidades, y obtener las aprobaciones que se requieran cuando por
razones no previstas se deban realizar modificaciones.

h) La interventoría, el Contratista, el coordinador del IDU en compañía del
profesional delegado de la ESP y el delegado por cada una de las entidades,
y obtener las aprobaciones que se requieran cuando por razones no previstas
se deban realizar modificaciones.

i) Los traslados de redes de las ESP que sean necesarios para adelantar los
proyectos IDU, deben ser solicitados a la empresa en forma escrita por el
IDU, a través del área ejecutora del Contrato de Obra; el Contratista no podrá
solicitar el traslado de éstas directamente a las ESP. La solicitud por escrito,
será el soporte para el cruce de cuentas.

j) La interventoría, con base en el proyecto aprobado y una vez verificados
los posibles cambios debe elaborar el formato “Preacta de cruce de cuentas
con empresas” (STDO-00434) y hacer entrega de las misma a la Dirección
Técnica de Construcciones.

k) La interventoría debe elaborar las Actas de Puesta en Servicio de las
Obras. Estas actas servirán únicamente para efectos del cruce de cuentas

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

entre el IDU y las ESP, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5.2.1 del
Contrato de Obra [24].

l) Al finalizar la obra, la interventoría debe elaborar el Acta de Recibo de Obra
por parte de las Empresas, (Formato IDU STDO-00166) y enviar el original
de la obra ejecutada lo siguiente:

• Porcentaje de AIU.
• Ajuste.
• Porcentaje Interventoría (no aplica para la empresa Codensa).
El valor de la interventoría se calculará con la siguiente fórmula:

V/R TOTAL INTERVENTORÍA OBRA EJECUTADA X V/R TOTAL OBRAS
A CRUZAR
V/R TOTAL DE OBRA EJECUTADA».

3.3.1.7.1. Por otra parte, el referido apéndice C del pliego de condiciones
previó un procedimiento a seguir en caso de daños a la infraestructura de las
ESP, a saber:

«a) La Interventoría del Contrato de Obra debe reportar los daños en redes,
a la Dirección Técnica de Construcciones y a la STCI, máximo 2 días después
de la ocurrencia del mismo. Este reporte debe contener un informe y un
registro fotográfico.

b) Con el fin de minimizar la posibilidad de efectuar daños a la infraestructura
existente de las ESP, la Interventoría debe verificar que el Contratista revise
que la información contenida en los planos corresponda a la realidad.

c) La Interventoría, debe elaborar el Acta de Aceptación y Reparación de
Daños, la cual debe ser firmada por el Contratista, interventor, Coordinador
IDU y el Delegado de la ESP.

d) En caso de no existir acuerdo entre las partes para firmar el Acta de Daños,
la Interventoría debe definir si los mismos son imputables o no al Contratista
e informar por escrito a la Dirección Técnica de Construcciones a la STCI con
los soportes correspondientes.

e) Es deber de la Interventoría hacer seguimiento al pago de los daños
causados a las ESP por parte del Contratista, e informar al IDU. En el caso
de no aceptación de daños, la Interventoría debe hacer acompañamiento al
IDU para las reuniones que se requieren con las ESP».

3.3.1.7.2. Además, en un acápite del apéndice C destinado a los “casos
especiales”, se especificó:

“a) En caso de no realizarse obras para cualquiera de las ESP, no se requiere
Acta de Recibo de Obra por parte de dicha Empresa, pero es indispensable
obtener PAZ Y SALVO.

24 Tal cláusula, sin embargo, no fue pactada en el Contrato 164 de 2005, ni se encuentra en las

cláusulas comunes a los contratos celebrados con el IDU.

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b) Si todas las obras ejecutadas son a cargo del IDU, se debe suscribir el
Acta de Recibo de Obras de Construcción y Obras para Redes, en la cual el
valor a cargo de la ESP será de $0. […]”.

3.3.1.7.3. Para la entrega de obras a la EAAB se determinó un
procedimiento específico, el cual comprendía además la supervisión de los
trabajos por parte de un funcionario de dicha empresa de servicios públicos
(“ESP”), en los siguientes términos:

«a) El contratista elaborará planos “de obra realizada” parciales y actas de
recibo de obra por sectores terminados. Estos documentos deben ser
verificados por la Interventoría y aprobados por el delegado de la EAAB.

b) Para entregar los sectores terminados a la EAAB, se requiere que la
interventoría verifique a satisfacción las obras y que estas sean aceptadas y
aprobadas por la EAAB. Posteriormente, debe realizarse un recorrido a la
obra con la asistencia del Delegado, Contratista, Interventor y Coordinador
IDU para comprobar en terreno lo consignado en los planos de obra
realizada. Si el delegado hace observaciones a las obras, deben ser
atendidas por el Contratista con el aval del interventor.

c) Una vez aprobados los planos de obra por la EAAB, el delegado debe
revisar y aprobar el Acta de Recibo de Obra (Formato STDO-0166).

d) El acta de recibo de obra debe ir firmada por el Gerente de Zona de la
EAAB y el Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB y cumplir
con lo establecido en el Formato STDO-1666.

e) El Interventor debe enviar el original del Acta de Recibo de Obra al
Coordinador del Contrato de Obra.

f) En caso de que durante el desarrollo de la obra IDU no se ejecuten obras
de Acueducto y Alcantarillado, la Interventoría debe solicitar el Paz y Salvo
ante la Dirección de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la zona
correspondiente. […]».

3.3.1.8. Ahora bien, para el cruce de cuentas se establecieron, en el
apéndice C de los pliegos, unos criterios específicos para cada ESP, que,
en el caso de la EAAB se prescribía, debían ser tenidos en cuenta para la
elaboración de las actas de puesta en servicio de las obras y las actas de
recibo de obras, de la siguiente manera:

«a) Los drenajes de las vías y las modificaciones requeridas por interferencia
de la obra serán a cargo del IDU.

b) Toda renovación de redes solicitada para cumplir con las especificaciones
vigentes, infraestructura nueva y traslado de redes de acueducto de calzada
a andén serán a cargo de la EAAB.

c) Cuando la EAAB solicite ampliación del diámetro de las redes existentes o
la reparación o mejoramiento de redes en mal estado, que deban ser
trasladadas por interferencia de la obra, su costo será a cargo de la EAAB y
el valor a cruzar será el equivalente al diámetro renovado.

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d) Si dentro de la obra nueva requerida para drenaje de la vía, la empresa
solicita ampliación de diámetro su costo será a cargo de la EAAB y el valor a
cruzar será el equivalente al del diámetro adicionado».

3.3.1.9. Para el cruce de cuentas con ETB se fijaron, por otro lado, los
siguientes criterios específicos:

«a) La ETB tiene a cargo los costos por concepto de renovación, ampliación
o nuevas canalizaciones.

b) El IDU tiene a su cargo los costos de las obras de redes generadas por
interferencia con las obras del IDU, por concepto de canalizaciones que
deban trasladarse, repararse o protegerse».

3.3.1.10. Finalmente, se determinaron los siguientes criterios para el cruce
de cuentas con Gas Natural:

«a) La Empresa de Gas Natural tiene a su cargo los costos por concepto de
renovación o ampliación de redes por solicitud de dicha Empresa.

b) El Contratista tiene a su cargo los costos por concepto de daños
ocasionados en las redes existentes de la Empresa Gas Natural, con ocasión
de las obras del IDU.

c) El Contratista se encarga de dar a conocer a la Empresa Gas Natural el
inicio de las obras y se pondrá de acuerdo con dicha Entidad para la
Ejecución de las obras durante el proyecto».

3.3.2. El 29 de diciembre de 2005, el IDU, a través de su Director Técnico de Malla
Vial, y el Consorcio CICON – KMA II celebraron el contrato de obra25 194 de 2005,
(en adelante, “Contrato 194 de 2005”) con el objeto de:

“[…] ejecutar a precios unitarios, las obras requeridas para la
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES,
PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA, BARRIO JERUSALÉN EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR FASE 2, EN BOGOTÁ D.C., de acuerdo
con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones, en especial lo dispuesto en el Capítulo 4, la propuesta
[…] y los apéndices, los cuales hacen parte integral de este contrato”
(subrayado fuera del texto original).

3.3.2.1. En el contrato se pactó un precio, para “efectos legales” de
$4.027’055.068 discriminados así: $3.697’022.056 (incluido el A.I.U.) como
valor de la obra objeto de la construcción; $242’596.115 como “valor global
ambiental y de gestión social en la etapa de construcción”; y $87’436.897
como valor global para el manejo de tráfico, señalización y desvíos durante
la etapa de construcción.

3.3.2.2. El plazo contemplado por el contrato, al igual que en el pliego de
condiciones, fue de 9 meses, subdividido entre las etapas de preconstrucción
(1 mes), construcción (7 meses), y recibo de obras (1 mes), contado desde
25 F. 157-175, c. 3.

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el “acta de iniciación que suscriba el Director Técnico de Construcciones”,
durante los 10 días hábiles siguientes al perfeccionamiento y legalización del
contrato. Así mismo, plasmaron la posibilidad de ampliar el plazo contractual,
a través de la cláusula 12:

“12. PRÓRROGA. Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas
por el interventor y el área coordinadora, se requiere modificar el plazo del
contrato, las partes celebrarán un adicional de acuerdo con las disposiciones
legales.

Pero si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del
contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la
entidad y no se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria
de caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga serán por
cuenta del contratista, incluyendo el valor del período adicional de
interventoría, el cual será descontado de las actas de obra y/o actas de
liquidación”.

3.3.2.3. El IDU estaba obligado, según el texto del contrato, a realizar los
pagos y a prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones
del contratista. Mientras que, de las obligaciones del contratista, descritas en
la cláusula 7 del contrato, cabe destacar:

“a) Obligaciones en materia de ejecución. 1) Ejecutar el contrato de
conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, la propuesta y el
presente contrato. 2) Llevar a cabo todas las labores necesarias para
alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la construcción,
ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas
cualquier obra que resulte mal ejecutada. […] 4) El Contratista deberá dar
estricto cumplimiento al cronograma de obra […] 6) El CONTRATISTA se
obliga a presentar constancia de recibo y aprobación de las respectivas
Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones a las cuales se les
haya ejecutado obra durante la ejecución del contrato donde conste la
construcción de los distintos servicios públicos, para el caso en que existan
redes en la zona de ejecución del contrato que no hayan sido intervenidas,
se obliga a presentar el paz y salvo respectivo donde conste que no fueron
afectadas. Esta certificación es requisito previo para la suscripción del acta
de liquidación.

[…] f) Obligaciones en materia de documentos: 1) Presentar al momento
de la iniciación del contrato los documentos señalados en el Pliego de
Condiciones. […] 3) Presentar informes sobre su gestión técnica, ambiental
y social con la periodicidad y contenido que le exija los pliegos, el IDU y la
interventoría. 4) Las demás obligaciones de entrega de documentos que
estén en el pliego de condiciones […]”.

3.3.2.4. El contrato contempló multas en la cláusula 13, para el
incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato. En lo pertinente para
este caso, se estipuló lo siguiente:

“13. MULTAS En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscriba, el IDU tendrá la
facultad de imponerle multas así:

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[…] 9) Por incumplimiento en la entrega de documentos: Si el
CONTRATISTA incumpliere cualquiera de sus obligaciones de entrega de
documentos, se causará una multa diaria de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de
las fechas previstas para el cumplimiento de esta obligación.

10) Por no liquidar en el término contractual o en su defecto en el
término legal establecido para tal fin: Si por causas imputables al
contratista no es posible suscribir el Acta de liquidación del Contrato en el
término estipulado en el contrato para tal fin se causará una multa de cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario
transcurrido a partir de las fechas previstas para el cumplimiento de esta
obligación”.

3.3.2.5. La cláusula 14 refería a la liquidación del contrato en estos términos:

“14. LIQUIDACIÓN El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminación de conformidad con lo estipulado en el
artículo 60 de la ley 80 de 1993. Si el CONTRATISTA no se presenta para
efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo,
el IDU procederá a su liquidación unilateral de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 61 de la citada ley, para lo cual proferirá Resolución motivada
susceptible del recurso de reposición”.

3.3.2.6. En las cláusulas comunes de los contratos celebrados por el IDU,
que se integraron al negocio, la cláusula 5 era la penal pecuniaria cuya
redacción fue la siguiente:

“5. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad
y/o incumplimiento parcial del presente contrato, el CONTRATISTA pagará
al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el
CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es
óbice para cobrar ante el juez del contrato, la indemnización integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de
esta cláusula penal se descontará de los pagos pendientes a favor del
CONTRATISTA, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento
de la garantía única”.

3.3.2.7. Además, en la cláusula 11 común a los contratos celebrados con el
IDU se estipulaba:

“Para la ejecución e interpretación del presente contrato se tendrán en cuenta
[sic] tendrán en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos
contractuales:

1. Pliego de condiciones o término [sic] de referencia.
2. Oferta.
3. Documento de Estudio de Evaluación.
4. Resolución de Adjudicación.
5. Contrato.

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6. Todo otro documento que se indique que forma parte del Contrato”.
3.3.3. El 9 de octubre de 2006, las partes (por el IDU firmaron el Director Técnico
de Malla Vial y la Subdirectora Técnica de Pavimentos Locales -e-) firmaron el acta
n° 2 de iniciación de obra26.

3.3.4. El 8 de junio de 2007, las partes (el IDU, a través de su Director Técnico de
Malla Vial) celebraron la adición n° 1 al contrato de obra27 que prorrogó el plazo
original en tres meses. De este documento, cabe resaltar la siguiente consideración
sobre la cual se fundamentó este acuerdo:

«1) La solicitud de prórroga firmada conjuntamente por el Director Técnico de
Malla Vial, la Subdirectora Técnica de Pavimentos Locales, el Coordinador,
el Interventor y el CONTRATISTA, según consta en el documento del 26 de
Abril de 2007, en el cual invocan como causal de la misma lo siguiente: “Tal
como se estableció en el Acta No. 3 de Inicio de Etapa de Construcción, el
contratista con la aprobación de la Interventoría programó la inspección de
redes de alcantarillado para definir su posible renovación, la cual tomó un
período de un mes contado a partir de la fecha del Acta de Iniciación de la
Etapa de Construcción. Producto de dicha inspección se estableció que era
necesario renovar todas las redes existentes. Por tal razón y dado que
durante éste (sic) período no se ejecutó obra y que los requerimientos
inicialmente planteados para la ejecución del proyecto se disminuyen por la
renovación de las mismas, de igual manera la ejecución de las obras
contratadas no se puede adelantar hasta tanto se haga la renovación, se
hace necesario prorrogar la fecha inicial de terminación de la Etapa de
Construcción en un término de 3 meses, de acuerdo con la valoración hecha
por la Interventoría […]».

3.3.5. El 9 de octubre de 2007, las partes (el IDU mediante su Director Técnico de
Malla Vial) prorrogaron nuevamente el plazo contractual en 75 días, a través de
pacto adicional28. Para tal efecto, tuvieron en cuenta estos documentos29 y
consideraciones:

«1) Solicitud con radicado IDU No. 082368 del 6 de septiembre de 2007,
suscrita por el INTERVENTOR del contrato 194 – 2005 en la cual indica como
causal de la adición lo siguiente: “Como es de su conocimiento en la
ejecución del Contrato IDU-194 de 2005, se han presentado eventos que han
afectado el normal desarrollo de las obras. Con base en lo anterior el
Consorcio Constructor, mediante comunicación CCKII-GT-194-057-07,
solicitó la ampliación del plazo actual del contrato. La cual fue evaluada y
mediante nuestra comunicación CAP-375-05 de Julio 31 de 2007 se emitió
concepto a la misma, de cuyos documentos se adjunta copia.
Adicionalmente, el contratista en Comité de Obra No. 33, de agosto 22 de
2007, se compromete a terminar las obras faltantes durante el período de
prórroga mencionado, aceptando que el 40% de los atrasos presentados
hasta la fecha son imputables al Consorcio CICON – KMA II. Con base en lo
anterior se recomienda a la Entidad Contratante, conceder una nueva
prórroga por SETENTA Y CINCO (75) días al Contrato 194 de 2005” (…) 2)
Solicitud de prórroga, suscrita el 14 de septiembre de 2007, por el
26 F. 86-87, c. 3.
27 F. 81, c. 3.
28 F. 83-84, c. 3.
29 Los documentos que acá se mencionan no fueron allegados al expediente.

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CONTRATISTA, el Coordinador, el Director Técnico de Malla Vial, la
Subdirectora Técnica de Pavimentos Locales y el Interventor, en la cual
indican como causal de la adición lo siguiente: “Una vez revisada por la
Interventoría, la solicitud de prórroga presentada por el Consorcio CICON –
KMA II, mediante comunicación CCKII-GT-194-057-07, se observa que
algunos de los argumentos son reales como son: 2) EXCAVACIÓN EN ROCA
En algunos de los tramos fue necesaria la excavación en este material para
la instalación de las tuberías de renovación de redes. 4) DISEÑO DE
MUROS, el contratista debió diseñar los muros de contención tanto de
hormigón armado como de mampostería estructural debido a la
inconformidad con los diseños entregados por el contratante. Con base en lo
anterior se recomienda a la Entidad contratante, conceder una nueva
prórroga por setenta y cinco (75) días”».

3.3.6. El 24 de diciembre de 2006, las partes (el IDU, a través del Director Técnico
de Malla Vial) nuevamente prorrogaron el plazo contractual, esta vez en “dos
punto cinco” (2.5) meses30. Los documentos31 que sustentaron esta modificación
fueron plasmados así:

«1) Solicitud de prórroga suscrita por el CONTRATISTA, la Interventoría, el
Coordinador, la Subdirectora Técnica de Pavimentos Locales y el Director
Técnica de Malla Vial, según consta en documento del 20 de diciembre de
2007, en el cual invocan como causal de la misma lo siguiente: “… en las
reuniones realizadas en la Entidad se informó que, según el balance de las
actividades necesarias para finalizar las obras programadas, y dado que se
presentaron actividades No Previstas al inicio del contrato se han generado
mayores cantidades de obra para el contrato IDU-194 de 2005, razón por la
cual se hace necesario prorrogar el plazo del contrato por 2,5 meses.” Los
comentarios de la Interventoría en el acta respecto de la solicitud son los
siguientes: “Una vez revisada la solicitud se recomienda a la entidad
contratante, conceder una nueva prórroga por DOS PUNTO CINCO (2.5)
meses al Contrato 194 de 2005. 2) Memorando STOPL 4300-60686 del 20
de diciembre de 2007, mediante el cual la Dirección Técnica de Malla Vial
solicita a la Subdirección Técnica de Contratos y Convenios prorrogar el
plazo del contrato No. 194 de 2005, con fundamento en lo siguiente:
“Atentamente le solicito elaborar una prórroga (…) teniendo en cuenta la
revisión y aprobación por parte de la Interventoría de las justificaciones
presentadas por el contratista, las cuales comunica mediante oficio con
radicado IDU No. 119657 del 19 de diciembre de 2007 y que se encuentren
detalladas en el acta de solicitud de prórroga con fecha de 18 de diciembre
de 2007… La solicitud realizada no requiere de recursos adicionales toda vez
que se pretende agotar el valor del contrato en el tiempo solicitado».

3.3.7. El Consorcio A.I.M. LTDA., encargado de la interventoría del contrato32,
requirió al contratista de obra, mediante oficio33 del 15 de enero de 2008, para
que respondiera por el atraso en las obras aseverando que, de acuerdo con las
evaluaciones efectuadas, y según las reprogramaciones en los cronogramas de
obra:

30 F. 179-180, c. 3.
31 No aportados al expediente.
32 Contrato IDU-235 de 2005: f. 88-102, c. 3.
33 F. 401, c. 3.

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“[…] se deberían haber ejecutado obras por el 2.72% del valor del contrato y
solamente se ejecutó un 0.52%, alcanzándose un atraso acumulado del
proyecto del orden del 18.3%, valores establecidos con base en la
reprogramación de obra que incluye 8 meses de ampliación al plazo inicial
del Contrato 194/05”.

3.3.8. Luego de esta comunicación, en oficio34 IDU-004610 STPL 4300 del 22 de
enero de 2008, el Director Técnico de Malla Vial del IDU se dirigió al contratista
para que este tomara las medidas necesarias en aras de cumplir con el objeto
contractual en el plazo establecido.

3.3.9. El 1° de febrero de 2008, en oficio35 IDU-008285 STPL-4300, el Director
Técnico de Malla Vial del IDU requirió al contratista para que acelerara el avance
de los trabajos, toda vez que “de acuerdo con la evaluación realizada al contrato,
se está presentando un atraso acumulado de 6.76% en el avance de obra con base
en la reprogramación que incluye los 75 días de prórroga aprobados mediante
contrato adicional en plazo No. 2”.

3.3.10. Posteriormente, mediante oficio36 del 16 de febrero de 2008, la
interventoría advirtió nuevamente el atraso en las obras, que esta vez alcanzaba
un 11,38%, correspondiente a las obras reprogramadas y las mayores cantidades
de obra que justificaron la prórroga al plazo inicial, y que por entonces significaba
que faltaba por ejecutar “el 18,73% de las actividades de obra”.

3.3.11. El 10 de marzo de 2008, en oficio37 CAP-127-08, la interventoría señaló
que en esa fecha el plazo contractual había culminado, y solicitó al contratista
presentar informes finales “siso-ambientales” y de gestión social.

3.3.12. En la misma fecha, mediante oficio38 CAP-143-08, al cual se adjuntó el
“INFORME OBSERVACIONES CALIDAD Y ACABADOS DE OBRA” 39, la firma
interventora le expresó al contratista lo siguiente:

“En recorrido realizado para el recibo de las obras objeto del contrato de la
referencia, se observó que se encuentran algunas deficiencias en cuanto a
acabados y calidad de obra, razón por la cual se solicita al contratista atender
las observaciones que se presentan en el informe adjunto.

Por otra parte, les reiteramos que esta Interventoría se abstiene de recibir
las obras hasta tanto sean atendidas dichas observaciones”.

3.3.13. El consorcio interventor remitió al contratista el acta n° 45 de terminación
del contrato de obra por vencimiento del plazo40, con fecha del 11 de marzo de
2008; documento este, firmado únicamente por el representante legal del interventor
de la obra, en el que manifestaba que el contratista había incumplido el contrato.

34 F. 403-404, c. 3.
35 F. 405-406, c. 3.
36 Oficio CAP-102-08: f. 402, c. 3.
37 F. 414-415, c. 3.
38 F. 416, c. 3.
39 F. 417-440, c. 3.
40 F. 407-408, c. 3.

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

3.3.14. Con oficio CAP-190-0841, radicado el 13 de mayo de 2008, la interventoría
le comunicó al consorcio contratista que debía entregar las obras a cada una de las
empresas de servicios públicos, para lo cual se requería los siguientes documentos:

“- Planos récord, solicitados en los comités técnicos No. 38, No. 41, No. 42,
No. 43, No. 44 y No. 45 y mediante comunicación CAP-089-08.
• Gestiones realizadas para suscribir las actas de cruces de cuentas con sus
respectivas memorias de cálculo de cantidades de obra y Paz y Salvos con
cada una de las empresas.
• Visita técnica de los delegados de cada empresa para el recibo de las obras
ejecutadas”.

3.3.15. Mediante oficio42 CAP-198-08 del 16 de mayo de 2008, la interventoría
informó a la Subdirección Técnica de Pavimentos Locales del IDU la gestión
realizada en torno a la terminación y recibo final de las obras del contrato.

3.3.15.1. En esta comunicación, detalla que envió tres veces el acta de
terminación de obra al Consorcio CICON-KMA II sin que hubiera recibido
respuesta. No obstante, señala que el contratista le manifestó que disentía
del concepto del consorcio interventor en torno al incumplimiento contractual,
y solicitó un perito para definir la controversia; empero, la interventoría ratificó
su parecer.

3.3.15.2. Aparte, indicó que el consorcio interventor había indicado que,
considerando que el contratista no había cumplido con la totalidad de la
ejecución contractual —de la cual había entregado el 95% de las obras
contratadas a la fecha de terminación del plazo contractual— ni había
respondido a las observaciones a los trabajos efectuados, remitidas al
contratista desde el 10 de marzo de 2008, esa interventoría no había
adelantado las actividades relativas a la entrega final de las obras.

3.3.15.3. También expresó que el Consorcio CICON – KMA II no había
entregado, a la fecha, “los planos record de la obra para efectuar la revisión
pertinente”, ni tampoco los “paz y salvos de las empresas de servicios
públicos, especialmente, los relacionados con las Entidades que no tuvieron
ninguna ingerencia [sic] en el desarrollo del proyecto”.

3.3.15.4. Además, aseguró que el consorcio contratista no había resuelto las
manifestaciones ciudadanas, lo que no había posibilitado la elaboración del
informe final de gestión social; tampoco había resuelto las observaciones
ambientales en obra, ni allegados las certificaciones de salarios, aportes al
Sistema General de Seguridad Social, ni había aportado las certificaciones
de manejo de materiales y escombros.

3.3.16. En oficio43 IDU-118938 STPL-4300 del 5 de junio de 2008, el Director
Técnico de Malla Vial del IDU se dirigió al Consorcio CICON-KMA II, para solicitarle
que adelantara las actividades y entregara los documentos faltantes para liquidar el
Contrato 194 de 2005. En este documento indicó, entre otras situaciones, lo
siguiente:

41 F. 451-45, c. 3.
42 F. 409-411, c. 3.
43 F. 509-512, c. 3.

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

3.3.16.1. Que hasta ese momento, el contratista no había “ejecutado la
totalidad de las obras faltantes ni las observaciones de deficiencias en
acabados y calidad de obra solicitadas por la Interventoría […], por lo que la
Interventoría no ha recibido las obras ni ha suscrito el acta de recibo final de
obra”.

3.3.16.2. Que teniendo en cuenta que la constancia de recibo y aprobación
de las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones a las que se les
haya ejecutado obra durante la ejecución del contrato, el paz y salvo de las
redes no afectadas ni intervenidas por la construcción, eran requisitos para
el acta de liquidación del contrato, la entidad señaló que, para ese entonces
el contratista no había radicado a la interventoría “los paz y salvos de las
empresas de servicios públicos que no tuvieron ingerencia [sic] en el
desarrollo del contrato. Tampoco ha radicado las actas de recibo ni las
constancias de aprobación de los planos record por parte de las empresas
de servicios públicos a las que se les ejecutó obra”.

3.3.17. El 24 de julio de 2008, la interventoría, en oficio CAP-223-0844, le presentó
informe al IDU en el que detalló los incumplimientos del Consorcio CICON –
KMA II, entre los cuales enlistó:

3.3.17.1. La entrega insatisfactoria de los siguientes planos récord, que
fueron devueltos, “dado que no cumplen con las exigencias de la Entidad
Contratante y no se encuentran estandarizados mediante software IDU-
SCAD-GIS”:45

“a- Plano récord urbanístico Cl. 74 B Sur desde Cra 45 hasta Cra 45 A, Tramo
54.
b- Plano récord urbanístico Cl. 73 B Sur desde Cr 45 hasta Cra 45, Tramo
55.
c- Plano general de alcantarillado residual Tramo 54-55-56-57.
d- Plano general de alcantarillado pluvial tramos 54-55-56-57.
e- Plano récord urbanística Cl. 74 Sur desde Cr 45 B hasta Cra 45 C Tramo
63.
f- Plano récord urbanística Cl. 74 Sur desde Cr 45 A hasta Cra 45 B Tramo
62.
g- Plano récord urbanística Cl. 74 Sur desde Cr 45 hasta Cra 45 A Tramo 88.
h- Plano récord urbanística Cl. 74 Sur desde Cr 44 B hasta Cra 45 Tramo 63.
i- Planta general de alcantarillado pluvial tramos 61-88-62-63.
j- Planta general de alcantarillado residual tramos 61-88-62-63.
k- Planta general de alcantarillado residual tramo 62.
[…]
a- Plano récord urbanístico Tramo 57.
b- Plano récord urbanístico Tramo 56.
c- Plano récord urbanístico Tramo 89.
d- Plano récord urbanístico Tramo 90.
e- Plano récord urbanístico Tramo 68.
f- Plano récord urbanístico Tramo 83.
g- Plano récord urbanístico Tramo 84.
h. Plano récord urbanístico Tramo 85”.

44 F. 460-463, c. 3.
45

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La interventoría agregó que el contratista no elaboró “la totalidad de los
planos, incurriendo en incumplimiento de las obligaciones del Constructor”.

3.3.17.2. Agregó la interventoría, con referencia al contratista: “a la fecha no
ha hecho entrega de las obras terminadas”, ni se tienen los planos récord,
“los cuales son requisito indispensable para la elaboración de las Actas de
cruces de cuentas y Actas de recibo de obras por parte de las ESP,
incurriendo en incumplimiento a esta obligación contractual”.

3.3.18. Mediante oficio IDU-133459 STPL-4300 de 31 de julio de 200846, el IDU,
con base en lo manifestado por la interventoría en el anterior oficio [aptado.
3.3.17.1], le comunicó al Consorcio CICON-KMA II que: “[…] se puede concluir que
a la fecha, el Contratista no ha cumplido con la obligación contractual de entregar
los planos récord de obra acorde con los requerimientos del IDU, lo que ha generado
atrasos en la entrega de las obras a las empresas de servicios públicos, entrega del
informe final de Interventoría y demora en la liquidación del contrato”.

3.3.19. El 6 de septiembre de 2008, la interventoría presentó el oficio CAP-234-
0847 ante el IDU, en el cual refirió que:

“No se han recibido los planos récord aprobados por las empresas de
servicios públicos a las que se les intervinieron redes. Por consiguiente, aún
no se pueden suscribir las actas de cruces de cuentas y actas de recibo de
obras por parte de las empresas de servicios públicos. Los planos récord
recibidos por la interventoría no están completos y, por consiguiente, no se
pueden remitir a las diferentes empresas. Una vez el Consorcio Contratista
incorpore las obras faltantes, se podrían remitir a las correspondientes
empresas de servicios públicos.

No se han recibido los paz y salvos de las empresas de servicios públicos a
las que no se les intervinieron redes durante la ejecución del contrato”.

3.3.20. El 17 de septiembre de 2008, la interventoría presentó el oficio CAP-236-
0848, con un “recuento pormenorizado de las condiciones y circunstancias que
rodearon la ejecución del contrato”, con ocasión de la determinación tomada por
la Dirección Técnica del IDU de declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento y
de hacer efectiva la pena pecuniaria con cargo a la garantía única de cumplimiento.

3.3.20.1. En esta comunicación, el interventor describió las obras faltantes y
deficiencias en los acabados y calidad de los materiales de la obra, en cada
tramo especificado en el informe adjunto al oficio CAP-143-08 del 10 de
marzo de 2008:

“TRAMO 81.
• Faltan escaleras proyectadas.

TRAMO 83.
• Falta finalizar la adecuación del espacio público.
• Faltan-tapas de sumideros.

46 F. 496-502, c. 3.
47 F. 464-465, c. 3.
48 F. 460-485, c. 3.

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TRAMO 84.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias, anticorrosivo y
nivelación.
• Falta construcción rampa de anden en adoquín.

TRAMO 86.
• Falta terminar espacio público.
• Falta instalación de adoquín en arcilla y toperol en la parte superior del
tramo.
• Falta tapas de cajas de inspección domiciliarias.

TRAMO 87.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias.
• Sumidero KO+012.50 sin terminar, falta tapa.
• Faltan peldaños y cerrajería en recamara, al igual que el emboquillado de
ductos, el remate y arreglo de caja de 30 x 30 cm de ETB.

TRAMO 52.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias a lo largo de todo el
tramo.

TRAMO 54.
• Faltan tapas de sumideros con su respectivo anticorrosivo y nivel según
Norma a lo largo del tramo.

TRAMO 55.
• Falta terminar espacio público, falta instalación de adoquín de arcilla y
toperol.
• Falta demolición -de piedra y construcción de escalera en la parte superior
del tramo.
• Falta tapa de sumidero en la parte inferior del tramo, y tapas de cajas de
inspección domiciliarias.

TRAMO 56.
• Falta acabado con adoquín, en la esquina inferior del tramo.
• Faltan bajantes de aguas lluvias en general.
• Falta emboquillar toperol y adoquín de arcilla, al igual que sellado en
juntas.

TRAMO 57
• Falta el llenado con material seleccionado, y la instalación de adoquín de
arcilla al igual que toperol en gran parte del tramo.
• Falta la construcción de sardineles tanto en la parte superior como en la
parte inferior del tramo.
• Falta sumidero en la parte inferior del tramo y tapas de cajas de
inspección domiciliarias en general.

TRAMO 68.
• Falta construcción del espacio público en el tramo.
• Falta construcción de sumideros tanto en la parte inferior como superior
del tramo.
• Falta construcción de rampas de acceso a garajes.

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• Falta la conformación del espacio público en el costado derecho del
tramo.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma en
general.

TRAMO 62.
• Falta por terminar construcción pozo de aguas lluvias y el empalme con
sumidero.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma.

TRAMO 63.
• Falta construcción de rejillas del sumidero en la parte inferior del tramo.
• Falta construcción del sardinel junto al sumidero en la parte inferior del
tramo.

TRAMO 64
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma.

TRAMO 88.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma.

TRAMO 89.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

TRAMO 90.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

TRAMO 100.
• Falta construcción de tres placas de pavimento rígido
• Falta tapas de sumideros al final del tramo
• Falta la construcción de cajas de inspección domiciliarias
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias.
• Falta excavación y conformación del espacio público frente a la casa No
75a-20 par; acceso a garaje.
• Falta conformación de la terraza.

TRAMO 61
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

TRAMO 69
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según_Norma (sic)

TRAMO 79.
• Falta instalación de adoquín y toperol en la parte final del tramo.
• Falta demolición y construcción de sardineles en la parte alta del tramo.
• Falta la construcción de un sumidero en la parte final del tramo
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

TRAMO 80.
• Falta instalación de adoquín tanto de arcilla como de concreto y toperol
en gran parte del tramo.
• Falta construcción de un sumidero en la parte final del tramo.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

• Falta la construcción de sardineles y el empalme con sardineles
existentes

TRAMO 65-65A.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma
TRAMO 94.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma

TRAMO 97.
• Faltan tapas de cajas de inspección domiciliarias según Norma”.

3.3.20.2. Por otra parte, señaló los incumplimientos del contratista a las
obligaciones ambientales y de retiro de escombros, “siso-ambientales” y del
cronograma de la obra. Sobre este último aspecto, anotó:

“c. Incumplimiento en el Cronograma de Obra: Con base en el
seguimiento a las actividades desarrolladas en el Contrato 194 de 2005 y la
programación que incluye 8 meses de ampliación al plazo inicial se determinó
que el Contratista no cumplió con el cronograma de obra. A corte realizado
el 26 de febrero de 2008, se determinó que se había ejecutado el 84.64% del
valor básico del contrato contra un 94.44% programado, presentado un
atraso del 9.8% a 12 días de finalizar el plazo del contrato. La Interventoría
determinó que el bajo rendimiento era reflejo del no cumplimiento en la
aplicación del plan de contingencia por falta de personal, equipos y
maquinaria en obra. En la Audiencia de Descargos para Imposición de Multas
realizada el 7 de marzo de 2008, la Interventoría informó que de acuerdo con
lo establecido en el cronograma actualizado a esa fecha faltando tres (3) días
para la finalización del plazo del contrato, el atraso en la ejecución del
proyecto era del 10%. Así mismo, informó la Interventoría que en el recorrido
efectuado el 6 de marzo de 2008, a los tramos intervenidos en el contrato,
observó que dentro del plazo contractual no serían terminadas las labores
contractuales por parte del Consorcio”.

3.3.20.3. También afirmó que hubo incumplimientos en la terminación de la
obra en el plazo estipulado, aludiendo al corte hecho al 10 de marzo de 2005,
en que se había ejecutado un 95% de las obras contratadas. Así mismo,
insistió en el incumplimiento en la entrega “de los productos esperados para
el recibo de las obras y liquidación del contrato”, como los planos récord y los
certificados de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, razón por
la que el negocio no se había liquidado; y en el envío del acta de terminación
que no había sido suscrita por el contratista.

3.3.20.4. En el documento, el Consorcio interventor tasó los perjuicios
ocasionados al IDU:

3.3.20.4.1. Por no terminar las obras en el plazo pactado, tomando en cuenta
que, de acuerdo con el contrato, “si a la finalización del plazo para la
ejecución de las obras no hubiesen sido éstas terminadas cumpliendo a
cabalidad con los requerimientos técnicos, se causará una multa diaria hasta
quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta que
satisfaga la obligación”, encontró que entre la fecha de terminación (10 de
marzo de 2008) y la del informe (12 de septiembre de 2008) habían
transcurrido 185 días, por lo que la multa la calculaba en $1.280.662.500.

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3.3.20.4.2. Por el incumplimiento de la obligación de entregar la totalidad de
los planos récord estandarizados en software IDU-SCAD-GIS, ni en medio
físico, ni de los planos récord aprobados por las ESPs correspondientes, ni
los paz y salvo de las ESPs cuyas redes no fueron intervenidas, de acuerdo
con la cláusula de multa por la omisión en la entrega de documentos [aptado.
3.3.2.4], manifestó lo siguiente:

“De acuerdo con el contrato IDU-194 de 2005, si el CONTRATISTA
incumpliere cualquiera de sus obligaciones de entrega de documentos, se
causará una multa diaria de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de las fechas previstas
para el cumplimiento de esta obligación.

Fecha de terminación: 10 de marzo de 2008
Fecha actual: 12 de septiembre de 2008
Días transcurridos: 185 días
Salario mínimo legal mensual:
Vigente: $461.500
Cálculo multa 5 SMLMV: 185 x 5 x 461.500 = $426.887.500”.

3.3.20.4.3. Por “no liquidar” el contrato en el término estipulado, calculó la
multa equivalente a “cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes
por cada día calendario transcurrido a partir de las fechas previstas para el
cumplimiento de esta obligación”, calculando que entre la fecha de
terminación y la destinada para la liquidación (10 de julio de 2008) habían
transcurrido 64 días, la interventoría sostuvo que el cálculo de la multa fue de
$147.600.000.

3.3.21. El 25 de septiembre de 2008, el Director Técnico de Malla Vial del IDU
emitió el oficio49 IDU-148848 STPL-4300, dirigido al Consorcio contratista, donde
hizo recuento de los oficios del 5 de junio, 31 de julio y 5 de septiembre de 2008 en
que tanto la interventoría como la entidad requirieron el cumplimiento de
obligaciones al contratista. Por ende, le comunicó que iniciaría los trámites internos
para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, haciendo efectiva la garantía única
de cumplimiento por lo que le indicó que, para garantizar el debido proceso, tendría
un plazo de 5 días hasta la fecha en que el contratista podía allegar la
documentación pertinente o que complemente la información respectiva.

3.3.22. El 29 de septiembre de 2008, en el memorando interno50 IDU STPL-4300-
41674 de la Dirección Técnica de Malla Vial dirigido a la Dirección Técnica Legal,
quedó consignada una “descripción pormenorizada de las condiciones y
circunstancias que rodearon la ejecución del contrato” con el propósito de declarar
ocurrido el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal afectando
la garantía única de cumplimiento.

Luego de describir los antecedentes de la celebración del contrato, y de los pactos
adicionales que prorrogaron el plazo, describió los incumplimientos contractuales,
entre los cuales se destacan:

49 F. 486-488, c. 3.
50 F. 515-550, c. 3.

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3.3.22.1. El incumplimiento del cronograma de obra, porque, de acuerdo a la
información con que contaba la Dirección Técnica de Malla Vial:

“A corte realizado el 26 de febrero de 2008, se determinó que se había
ejecutado el 84.64% del valor básico del contrato contra un 94.44%
programado, presentando un atraso del 9.8% a 12 días de finalizar el plazo
del contrato. La Interventoría determinó que el bajo rendimiento era reflejo
del no cumplimiento en la aplicación del plan de contingencia por falta de
personal, equipos y maquinaria en obra. En la Audiencia de Descargos para
Imposición de Multas realizada el 7 de marzo de 2008, la Interventoría
informó que de acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra
actualizado a esa fecha faltando tres (3) días para la finalización del contrato,
el atraso en la ejecución era del 10%. Así mismo, informó la Interventoría que
en el recorrido efectuado el 6 de marzo de 2008, a los tramos intervenidos en
el contrato, observó que dentro del plazo contractual establecido no serían
terminadas las labores contractuales por parte del Consorcio”.

3.3.22.2. Sobre el incumplimiento por no terminar las obras en el plazo
estipulado, siguiendo lo informado por la Interventoría, sostuvo que desde la
fecha de terminación del contrato (10 de marzo de 2008) se advirtieron obras
faltantes, deficiencias en los acabados y en la calidad de materiales. En esa
fecha determinó que se había ejecutado el 95% de las obras contratadas.
Entre ese momento y el 5 de septiembre de 2008, tanto la Interventoría como
la entidad requirieron al contratista sin que este respondiera, razón por la que
no se pudo adelantar la entrega de las obras.

3.3.22.3. La no entrega de los documentos necesarios para realizar la
liquidación, entre ellos los “paz y salvos” con las empresas de servicios
públicos a las que no se les intervinieron redes durante la ejecución del
contrato.

3.3.22.4. En el informe consta una cuantificación de los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento contractual, según la Dirección Técnica
de Malla Vial del IDU, atribuidos a dos tipos de incumplimiento:

3.3.22.4.1. Por el incumplimiento en la terminación de las obras en el plazo
estipulado, con corte al 10 de marzo de 2008, fue estimado lo siguiente:

ACTIVIDADES Unidad Cantidad Precio Precio Total
PENDIENTES Aproximada Unitario
ESPACIO PÚBLICO
Sardinel integral de ML 185,84 $20.208 $ 3.755.533
15 X 25 (Incluye el
refuerzo). De
Acuerdo
Especificaciones
IDU
Anden e=10cms M2 3,10 $43.600 $ 135.161
F’c= 210 Kg/cm2. De
acuerdo
Especificaciones
IDU

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Suministro e M2 50,70 $ 45.358 $ 2.299.630
instalación de pisos
en adoquín de
concreto de 20x10x6
A 25 color gris, sobre
mortero de 1500 psi
e=3 cms, incluye
suministro de
mortero.
Suministro e M2 403,35 $38.024 $ 15.336.884
instalación de
adoquín de arcilla
tipo Moore o similar
de 6x6x26, color
natural o arena,
instalado sobre
mortero 1:6
VALOR TOTAL $21.527.208

La Dirección Técnica de Malla Vial estimó que estos incumplimientos dieron
lugar a que la entidad no hubiera “podido entregar a la comunidad las obras
contratadas en la fecha prevista en condiciones óptimas de calidad y
seguridad”. Por lo que consideró que los perjuicios por este incumplimiento
ascendían a $21’527.208.

3.3.22.4.2. Por el incumplimiento en la entrega de documentos, y por “no
liquidar en el término contractual o en su defecto en el término legal
establecido para tal fin”. Con fundamento en que después del vencimiento
del plazo contractual, el 10 de marzo de 2008; y de que el contratista no
entregara “la totalidad de los planos record de la obra en medio magnético
estandarizados mediante software IDU-SCAD-GIS, ni en el medio físico para
la revisión pertinente”, ni tampoco los paz y salvos de las empresas de
servicios públicos cuyas redes no fueron intervenidas, se cuantificó “la
valoración estimada de las obras ejecutadas que deben ser incluidas en los
cruces de cuentas con las empresas de servicios públicos” así:

“OBRAS EJECUTADAS PARA CRUCE DE CUENTAS CON LA EAAB

OBRAS INCLUIDAS EN EL Unidad Cantidad Precio
CRUCE DE CUENTAS CON Aproximada Total
EAAB
Suministro e instalación de ML 38,00 2.707.784
tubería diámetro 6’’ en PVC
RDE 21
Suministro e instalación de ML 1.574,00 52.345.955
Tubería Concreto Simple Clase
1, Diámetro 8’’
Suministro e instalación de ML 796,00 37.357.800
Tubería Concreto Simple Clase
1, Diámetro 12’’
Suministro e instalación de ML 212,87 1.941.058
Tubería Concreto Simple Clase
1, Diámetro 16’’

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Suministro e instalación de ML 1.418,00 32.727.652
tubería clase I en concreto sin
refuerzo 6’’
Cárcamo para tubería de ML 290,00 66.633.334
alcantarillado (1,10 x 0.70 m),
incluye placa de espesor 0.15
m, concreto 3000 psi y placa de
soldado de 0.05 m de concreto
de 2000 psi
Suministro e instalación de ML 53,00 1.262.043
tubería PVC de 3’’ RDE 21 para
acueducto incluye 5 cm de
atraque en arena
Suministro e instalación de Yee UN 307,00 13.680.586
en concreto 8’’ x 6’’
Limpieza, Sondeo e inspección ML 2.140,00 65.536.409
con cámara de redes de
alcantarillado de D=6’’ A D=15’’
Construcción dado en concreto UND 46,00 6.761.675
1.0 x 0.4 x 0.6 m (incluye acero
de refuerzo) para tubería de
concreto de 8’’
Limpieza de sumidero UND 1,00 52.581
transversal (dimensiones
4.50X0.6X0.7m)
Cárcamo para tubería de ML 246,00 49.871.601
alcantarillado D=12’’, A=0.90 M
(especificaciones EAAB)
incluye trasiego de material,
incluye rellenos en Sub-base
granular B-200
Suministro e instalación de ML 32,00 2.439.417
tubería concreto simple clase I
D=20’’ (incluye trasiego)
Construcción placa fondo pozo UND 16,00 8.161.570
de inspección D=1,2 (incluye
acero de refuerzo)
Suministro e instalación de ML 27,00 1.238.882
tubería concreto Clase I, D=14’’
Suministro e instalación de UND 3,00 674.462
tapón HD 6’’ incluye anclaje en
concreto simple 3000 psi
Suministro e instalación de ML 355,00 15.061.289
tubería PVC D=3’’ para bajante
de aguas lluvias hasta 3m
(incluye accesorios y remate a
sardinel
VALOR TOTAL 355.444.098

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OBRAS EJECUTADAS PROYECTADAS PARA CRUCE DE CUENTAS
CON LA ETB

OBRAS INCLUIDAS EN EL Unidad Cantidad Precio
CRUCE DE CUENTAS CON LA Aproximada Total
ETB
Suministro e instalación de ML 553,00 38.083.059
tubería TDP 4 de 4’’ para red ETB
Encamisado cableado existente ML 185,00 1.000.652
ETB
Demolición y retiro de cámara de UND 1,00 232.514
inspección ETB tipo 13
Construcción cámara de UND 13,00 8.841.609
inspección ETB Tipo 14 A (de
acuerdo con especificaciones
ETB)
Suministro y colocación arena de M3 8,00 311.202
peña para renovación redes ETB
(para encamisado).
VALOR TOTAL PROYECTADO CRUCE CUENTAS CON 48.469.036
ETB

En documento se hacía constar que, por causa de la falta de entrega de los
planos récord, y los paz y salvos de las empresas de servicios públicos, el
IDU no había podido adelantar los cruces de cuentas con la EAAB ni con
ETB, por las obras ejecutadas por el IDU durante el contrato, “generando con
este hecho un detrimento patrimonial a la Entidad que equivale al total de los
valores proyectados de cruces de cuentas por $406.913.434” (negrilla
original del documento).

3.3.22.4.3. En conclusión, la Dirección Técnica de Malla Vial consideró
procedente declarar el siniestro de incumplimiento por un valor total de
$428’170.642.

3.3.23. A través de la resolución51 num. 196 del 2 de febrero de 2009 (en
adelante, “Resolución 196 de 2009”), notificado por edicto52 desfijado el 9 de marzo
de 2009, el Director Técnico de Malla Vial del IDU, invocando las facultades de “la
resolución 1705 del 19 de abril de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007”, resolvió en lo pertinente:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que el CONSORCIO CICON-KMA II, […]
en desarrollo de la ejecución del contrato No. 194 de 2005, incurrió en
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, relacionadas con
la no terminación de las obras dentro del plazo convenido en el contrato, es
decir, al 10 de marzo de 2008 y con la no entrega de documentos necesarios
para la liquidación del contrato, de conformidad con lo consignado en la parte
motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración,
hacer efectivo el monto por concepto de cláusula penal pecuniaria,
51 F. 1-12, c. 3.
52 F. 13-16, c. 3.

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establecido en una suma equivalente a CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($428’170.642)”. (Negrillas originales del documento).

3.3.23.1. A manera de motivación del acto, además de hacer un recuento de
los antecedentes contractuales, el Director Técnico de Malla Vial del IDU hizo
referencia a las obras que, de acuerdo con la interventoría, no había
ejecutado el contratista pese a la suscripción de prórrogas, así como a la
omisión en la entrega de documentos, dentro de los que se mencionó: (i) “la
totalidad de los planos récord de la obra en medio magnético estandarizados
mediante software IDU-SCAD-GIS, ni en medio físico para la revisión
pertinente”; (ii) “los planos récord aprobados por las empresas de servicios
públicos a las que se les intervinieron las redes”; y (iii) “los paz y salvos de
las empresas de servicios públicos a las que no se les intervinieron redes
durante la ejecución del contrato”.

3.3.23.2. Para liquidar el monto de los perjuicios, tomó los mismos conceptos
y cifras del memorando interno del 29 de septiembre de 2008 [53], aquí citado,
y por uno posterior del 19 de diciembre del mismo año54, el cual correspondía
a “la valoración estimada de las obras ejecutadas que deben ser incluidas en
los cruces de cuentas con las empresas de servicios públicos”.

A continuación, entre los considerandos del acto, se anotó:

“Los incumplimientos presentados por parte del Contratista han conllevado
[sic] a que el IDU no haya podido entregar a la comunidad las obras
contratadas en la fecha prevista, en las condiciones óptimas de calidad y
seguridad.

17. Por lo tanto, la Dirección Técnica de Malla Vial mediante memorando
STPL-4300-55774 del 19 de diciembre de 2008, consideró que los perjuicios
ocasionados por el Contratista al IDU por el incumplimiento en la terminación
de las obras en el plazo estipulado y el incumplimiento en la entrega de
documentos y liquidación del contrato, corresponden a la suma de
$428.170.642, es decir, el 31.17% del valor de la Cláusula Penal Pecuniaria,
con fundamento en lo cual solicita la declaratoria del siniestro de
incumplimiento de las obligaciones del Contratista y afectar la garantía única
en su amparo de cumplimiento”. (Negrilla original del documento).

3.3.23.3. Dentro de los motivos del acto se hizo inclusión resumida de los
descargos presentados por el contratista y por la aseguradora, tras lo cual el
IDU concluyó:

«- Obtención de paz y salvos. En relación con los paz y salvo de la ETB el
contratista no ha entregado planos récord, ni ha atendido la programación de
visita a la obra.

[…]

21. La obligación del contratista es de hacer, lo que implica la obtención de
un resultado, que es la entrega de una obra que cumpla con los requisitos

53 Aptados. 3.3.22 y siguientes.
54 No aportado al expediente.

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técnicos propios que permitan el uso normal de esta. Por lo tanto, debe
entregar una obra terminada conforme con los requerimientos técnicos
pactados.

22. Que de lo anterior resulta que cuando el contratista incumple en la
entrega oportuna y adecuada de las obras a cuya ejecución se obligó en
desarrollo del respectivo contrato, será responsable de tal incumplimiento y
sólo podrá exonerarse probando alguna causa extraña como el caso fortuito,
la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva del contratante.

23. Que al no demostrarse en este caso ninguna de las anteriores causas
que hayan justificado la no terminación de las obras dentro del plazo
estipulado y el incumplimiento en la entrega de documentos, se concluye que
el contratista no se exonera de responsabilidad.

[…]

25. Que las partes del contrato 194 de 2005, en el documento Cláusulas
Comunes a los Contratos, acordaron el valor de los perjuicios al pactar la
Cláusula Penal Pecuniaria, en un monto del treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

26. Que para determinar la cuantía del siniestro se toma como base el
porcentaje de las obras no ejecutadas y las obras no recibidas por las
empresas de servicios públicos, detallado en las consideraciones contenidas
en la presente resolución, con lo que se da cumplimiento a la segunda
obligación del articulo 1077 del Código de Comercio, consistente en
demostrar la cuantía de la pérdida.

27. Que existe proporcionalidad entre el perjuicio ocasionado a la comunidad
y al IDU, por las obras dejadas de ejecutar y las obras no recibidas por el
interventor y las empresas de servicios públicos EAAB y ETB y la cláusula
penal pecuniaria.

[…]

29. Que teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones anteriores,
se concluye que el contratista incumplió varias de sus obligaciones
contractuales, principalmente las relacionadas con la terminación de la obra
dentro del plazo convenido en el contrato y la entrega de documentos
necesarios para la liquidación del contrato, justamente por razones
imputables a él» (subrayado fuera del texto original).

3.3.24. El 13 de marzo de 2009, el Consorcio CICON – KMA II interpuso recurso
de reposición55 en contra del anterior acto. El contratista argumentó, entre otras
cosas, que: (i) el IDU no entregó oportunamente los diseños, estudios y planos de
la obra; (ii) a lo largo de la ejecución se produjeron múltiples inconvenientes no
imputables al contratista, como la necesidad de construir mayores cantidades de
obras y la “obstaculización” de la comunidad, lo que impidió realizar el 100% de la
meta física del contrato; (iii) no es cierto que el contratista no haya cumplido con
sus obligaciones documentales, y que el interventor se ha negado a recibir las
comunicaciones del contratista; (iv) el contratista presentó paz y salvos de EPM,
55 F. 17-42, c. 3.

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TELECOM y CODENSA, pero quedaron pendientes los de otras empresas de
servicios públicos, sobre las cuales dijo que su gestión no era la única que debía
presentarse para obtener tales certificaciones; (v) las obras entraron en
funcionamiento pese a que no fueron recibidas; y (vi) el incumplimiento contractual
del Consorcio CICON-KMA II no se configuró, porque el IDU incumplió las suyas.

Por esto, el Consorcio constructor expresó, en ese momento, que el acto recurrido
incurrió en falsa motivación. Para el efecto, solicitó que se tuvieran en cuenta las
comunicaciones de la contratista y el registro fotográfico56, y pidió la práctica de los
testimonios de Salomón Niño y Aníbal Ojeda Carriazo, Coordinador de Obras y
Gerente Técnico del contratista, respectivamente. Así mismo, rogó la realización de
un “peritaje técnico” e imparcial para determinar:

“[…] i) el verdadero avance de la obra; ii) la manera como los hechos
imprevistos, y obras adicionales y de terceros, afectaron el plazo contractual;
iii) si las prórrogas otorgadas al CONSORCIO CICON KMA II, fueron
suficientes; iv) si a la fecha persiste el incumplimiento generador de la
sanción; v) Determine las actividades atribuibles al IDU que no fueron
realizadas en los tiempos señalados; vi) Determine la fecha exacta en que le
[sic] IDU entregó de forma completa los estudios y diseños de las obras al
contratista” .

3.3.25. La Dirección Técnica de Malla Vial del IDU, en la resolución57 núm. 1204
del 24 de abril de 2009 (en adelante, “Resolución 1204 de 2009”) resolvió el
recurso de reposición, confirmando en su totalidad la decisión recurrida. Para ello,
invocó las mismas normas jurídicas indicadas en la Resolución impugnada.

3.3.25.1. Sobre las pruebas solicitadas, el acto expresó que no consideraba
necesaria su práctica:

“Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 del Código
Contencioso Administrativo, al precisar que los recursos de reposición y de
apelación siempre deberán resolverse de plano, a menos que el funcionario
que deba decidir considere necesario decretar pruebas de oficio”.

3.3.25.2. En lo demás, la entidad ratificó que el contratista no había ejecutado
la totalidad de los trabajos en el plazo pactado, y que el hecho de haber
entrado en funcionamiento las obras no indica que el contratista las haya
cumplido completamente.

3.3.25.3. También aseguró que el debido proceso fue respetado, porque el
Consorcio CICON – KMA II rindió descargos, y que el IDU no había
cancelado el total de las obras, debido a que el constructor no había radicado
“las actas ni los documentos soportes [sic] debidamente revisados por la
Interventoría y cumpliendo con lo estipulado en la Cartilla Guía para la
Conformación de Documentos Soporte para Pagos a Terceros del IDU, por
lo que el IDU ha tenido que devolver cuentas sin trámite”.

3.3.25.4. Con respecto a la omisión de la obligación de hacer entrega de los
paz y salvos de las ESPs, el IDU tomó en consideración que:

56 Documentos no aportados a este expediente judicial.
57 F. 43-56, c. 3.

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«A la fecha y luego de 11 meses de terminado el plazo del contrato el
Consorcio CICON – KMA II, ha entregado en la interventoría sólo los paz y
salvos de UNE EPM y CODENASA.

En reunión realizada con los delegados de Gas Natural para el recibo de las
obras, informaron verbalmente que no emitirán paz y salvo hasta tanto el
Contratista cancele la deuda que tiene pendiente con Gas Natural S.A. ESP
por daños a la red y se realicen los traslados de red que quedaron pendientes
en el sector de Tanque Laguna: ya que el contratista dejó redes de gas dentro
de cajas de aguas negras, por lo que el Contratista debe ejecutar las
excavaciones necesarias para realizar las maniobras. Los delegados de Gas
Natural se comprometieron a emitir concepto por escrito, a la fecha se está
en espera de la comunicación.

Se debe aclarar que la interventoría y el IDU solicitaron a las distintas
empresas de servicios públicos los correspondientes paz y salvos, de
acuerdo a la siguiente relación:

Oficios interventoría Oficios IDU Empresa
CAP-249-08 del IDU-157055 del GAS NATURAL
22/10/08 30/10/08
CAP-251-08 del IDU-157070 del EAAB Zona 4
22/10/08 30/10/08
CAP-248-08 del IDU-157077 del CODENSA S.A.
22/10/08 30/10/08
CAP-250-08 dl 22/10/08 IDU-157355 del ETB
31/10/08

Al respecto, la Empresa de Acueducto en reunión realizada el 15 de
noviembre de 2008, informó que para el recibo de las obras es necesario que
las obras estén terminadas, que la interventoría haya hecho el recibo oficial
de las obras y entregue los planos récord definitivos para revisión en la zona
4. Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista no ha hecho el recibo
final de las obras a la interventoría no se ha podido iniciar el procedimiento
de entrega a la EAAB.

De igual manera, en los recorridos realizados con ETB para el trámite de
obtención de paz y salvo, se encontró que no se habían atendido por parte
del Contratista las observaciones de la Interventoría y estaban pendientes
por ejecutar detalles constructivos de la infraestructura de la empresa. Por tal
motivo, la ETB solicitó que al momento de las inspecciones de recibo se
encuentren terminadas las obras y se cuente con los planos récord.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el Contratista a la fecha
no ha cumplido con las obligaciones contractuales de entregar los paz y
salvos necesarios para la liquidación del contrato, lo que demuestra que
continúa presentando los incumplimientos que dieron origen a la solicitud de
declaratoria del incumplimiento y hacer efectiva la póliza».

3.3.26. El 25 de octubre de 2010, únicamente el interventor y el contratista
suscribieron el acta núm. 50 de recibo final de obra58. Esta fue aportada por el

58 F. 562-571, c. 3.

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testigo Salomón Niño en su testimonio. El espacio correspondiente a la entidad
contratante aparece en blanco.

3.3.27. En el proceso se practicaron los testimonios de Aníbal Enrique Ojeda
Carriazo59 y Salomón Niño60:

3.3.27.1. El señor Ojeda Carriazo se presentó como gerente del consorcio
contratista. Señaló que, pese a los plazos pactados para pagar las actas de
obra, el IDU “en reiteradas ocasiones retrasaba y demoraba los pagos” sin
justificación alguna. Sostuvo que, pese a ello, el contratista financió la
ejecución del contrato y confeccionó las obras “en su cabalidad como consta
en el acta de terminación del contrato y en los registros fotográficos que en
su momento presentó el consorcio a la Interventoría y al IDU”.

También manifestó que el consorcio presentó reclamaciones por
desequilibrio económico del contrato, situación que “generó molestias en el
IDU y trataron por todos los medios de imponer multas y sanciones aunque
estas no correspondieran a la realidad de los hechos como es el caso de esta
multa (sic) en particular”.

Por último, dijo que el interventor “abandonó el proyecto una vez se cumplido
(sic) el plazo contractual”, y que era normal que existieran defectos en la obra
que fueron corregidos durante el plazo del contrato. Advirtió que, de cualquier
modo, el “proyecto era de construcción y no de mantenimiento”, por lo tanto
si el IDU pretendía que el contratista arreglara un daño posterior sobre las
obras (v.gr. el robo de una tapa de alcantarilla o el daño de un adoquín
causado por un vecino) esas eran labores que correspondían a un ámbito
distinto al contratado.

3.3.27.2. El señor Niño dijo tener, dentro de sus funciones, la recopilación
de los estudios y diseños de obra; y afirmó haber participado en toda la etapa
contractual. Allí afirmó que:

“[…] el acta de inicio solo se pudo suscribir hasta el nueve de (9) (sic) octubre
de la causa fundamental por lo cual (sic) no se suscribió el acta antes fue por
falta de diseños y durante la ejecución del contrato fue necesario que el
contratista de obra realizara diseños nuevos con el propósito de poder
ejecutar las obras, conozco que hay diferentes comunicaciones cruzadas con
el contratista el IDU y la Interventora donde se pone de presente esta
situación”.

Así mismo, expresó que el contratista culminó las obras en los plazos
convenidos y entraron en funcionamiento, “tal como consta en los registros
topográficos que en su momento se le radicaron al IDU, de igual forma
conozco el acta N° 50 donde la interventora da fe que las obras se
terminaron”. Hizo énfasis en las acciones de la comunidad que, en su
parecer, no estuvieron de acuerdo con los diseños de la construcción;
además hubo daños en la obra, causados por miembros de esa comunidad,
y se hurtaron tapas de inspección o cualquier elemento que tuviera metal.

59 F. 558-559, c. 3.
60 F. 556-557, c. 3.

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Coincidió con el otro testigo en decir que la ejecución del contrato produjo
reclamaciones del contratista, después de estas “fue que el IDU decidió abrir
sendos procesos de multa para sancionar al contratista por supuestos
incumplimientos”.

3.4. Análisis de la Sala

Visto lo anterior, la Sala desarrollará los cargos contra los actos demandados, tal
como el demandante los desarrolló en su recurso de alzada.

3.4.1. Falta de competencia

3.4.1.1. La incompetencia señalada por el demandante consistió en la falta de
atribuciones que, en el momento de proferir los actos, tenía el Director Técnico de
Malla Vial del IDU para declarar unilateralmente el incumplimiento contractual y
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada61. La inconformidad planteada
por el recurrente, frente al fallo de primera instancia, no versa sobre la clara
competencia de la entidad demandada (IDU) para declarar el incumplimiento
contractual e imponer unilateralmente la pena pecuniaria, fruto del efecto
retrospectivo62 del parágrafo transitorio de la norma reproducida, sino que gravita
sobre las atribuciones delegadas al Director Técnico de Malla Vial.

3.4.1.2. La delegación es reconocida en los artículos 209 y 211 de la Constitución
Política, como una figura mediante la cual una autoridad, a través de un acto
administrativo, transfiere el ejercicio de determinadas funciones o actuaciones
específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines
o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello, en procura del
mejor cumplimiento de las funciones administrativas y el logro de los fines del
Estado. De esta forma, como presupuesto lógico y necesario de la delegación de
funciones —que en materia contractual fue regulada en la Ley 80 de 199363, el
Decreto 2150 de 199564 y la Ley 489 de 199865-66— el funcionario delegante debe
tener la competencia que delega.
61 Aptado. 3.3.2.6.
62 Sobre el tema, esta Sección se ha referido en varias ocasiones, entre ellas: CONSEJO DE
ESTADO. Sección Tercera. Sentencias del 30 de julio de 2008, rad. 05001-23-25-000-1995-01905-
01(21574); y del 23 de septiembre de 2009, rad. 25000-23-26-000-2001-01219-01(24639).
63 “Artículo 12. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total

o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones
o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en
sus equivalentes. || En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la
actividad precontractual y contractual. || Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por
desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la
entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las
actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso”.
64 “Artículo 37. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total

o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración
de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos
que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.
65 “Artículo 12. […] Parágrafo. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma

expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal”.
66 “[…] la ley 80 tan sólo previó dos fenómenos: i) la delegación o transferencia total o parcial de la

competencia para celebrar contratos la cual implica que la titularidad de la función no se pierde por
parte del delegante y tampoco se rompe su responsabilidad, y ii) la “desconcentración” de la
realización de licitaciones (…) en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo
o ejecutivo o en sus equivalentes; “desconcentración” en materia de contratación estatal que si bien
no corresponde exactamente a la figura prevista en el artículo 8º de la ley 489 en tanto ésta alude a

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3.4.1.3. En el caso sub lite, el contrato de obra 194 de 2005 fue suscrito el 29 de
diciembre de 200567, es decir, bajo la regulación de la Ley 80 de 1993; y durante su
ejecución se expidió la Ley 1150 de 2007, la cual modificó aquella parcialmente. En
efecto, los actos administrativos objeto de control de legalidad, es decir, la
Resolución 196 de 200968 y su confirmatoria, la Resolución 1204 de 200969, fueron
proferidas por el Director Técnico de la Malla Vial del INVIAS, con fundamento en
las competencias otorgadas en la resolución núm.1705 del 19 de abril de 2006 (en
adelante, “Resolución 1705 de 2006”), el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, y el
artículo 17 de la Ley 1150 de 200770.

A su vez, la Resolución 1705 de 200671 fue expedida por la Directora General del
IDU el 19 de abril de 2006; fecha anterior a la de entrada en vigor del artículo 17 de
la Ley 1150 de 2007. Con este acto, la Directora General del IDU no delegó, de
manera general, las funciones de realizar los trámites necesarios para la debida
ejecución de contratos y expedir los actos administrativos inherentes a la etapa de
ejecución de los contratos, extendiéndose esta facultad a los negocios jurídicos que
tuvieran una etapa de mantenimiento, una vez se iniciara esta etapa72.

3.4.1.4. Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos
regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, han
coexistido dos posiciones en la jurisprudencia administrativa colombiana. En el
2005, consideró esta Sección73 que la competencia para hacer efectivas tales

la radicación de competencias en “dependencias” al paso que aquella se refiere a la asignación de
funciones contractuales en “servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o
ejecutivo o en sus equivalentes”, lo cierto es que obedece a un fenómeno similar: la distribución de
competencias al interior de la misma persona jurídica para efectos de su ejercicio” (subrayado
por fuera del texto original). CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Auto de 30 de enero de 2008,
Radicación número: 50001-23-31-000-2006-01116-01 (34143). “[…] el artículo 12 de la ley 80 de
1993 sólo permite la distribución de competencias contractuales al interior de la misma persona
jurídica para efectos de su ejercicio. Precisó, además, que no es posible intentar vaciar de
contenido la actividad contractual a cargo del representante legal de una entidad y por lo
mismo la actividad contractual no es un servicio sino un instrumento para el cumplimiento de
los fines del Estado y por lo tanto no es ‘descentralizable’”. CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, Sentencia de 31 de julio de 2008, Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00240-
01(AP).
67 Aptado. 3.3.2.
68 Aptado. 3.3.23.
69 Aptado. 3.3.25.
70 En el encabezado de las referidas resoluciones conta que: “EL DIRECTOR TÉCNICO DE MALLA

VIAL del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, debidamente facultado por la resolución 1705
del 19 de abril de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 80 de 1993, en
concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007”.
71 La Resolución No. 1705 de 19 de abril de 2006 de la Directora General del IDU esta publicada en

la página web https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20216
72 “Artículo 1. Delegar en los Subdirectores Generales, Directores Técnicos y en los Jefes de

Oficina de Gestión, teniendo en cuenta el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos del Instituto,
las siguientes funciones: || - Celebrar contratos cuya cuantía inicial no supere los 27.973 SMMLV
y realizar todos los trámites requeridos para su adjudicación, suscripción, debida ejecución,
modificación, adición, prórroga, terminación y liquidación. Así mismo, expedir los
correspondientes actos administrativos inherentes a la etapa de selección, ejecución y
liquidación de los contratos, así como los relacionados con la declaratoria del siniestro y la
efectividad de la garantía única de cumplimiento y sus correspondientes amparos. […] Artículo 6.
Delegar en el Director Técnico de Malla Vial: || Además de las señaladas en el artículo 1º, la
siguiente función: || - Ejercer la delegación conferida en el artículo 1º en lo pertinente, a los contratos
que tengan etapa de mantenimiento, una vez se inicie esta etapa”. (Énfasis por fuera del texto
original).
73 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2005, Radicación

número: 25000-23-26-000-1995-01670-01(14579).

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Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741)
Actor: CICON S.A. Y OTRO

multas y sanciones recaía en la jurisdicción, y no en la autoridad administrativa.
Pero, a su vez, en sentencias de 1998, 2000 y 2008, esta Sección manifestó que,
de acuerdo con los artículos 64 del CCA y 3º de la Ley 80 de 1993 74, la
Administración tenía la facultad de imponer y cobrar multas contractuales por sí y
ante sí, en atención al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, y
la autotutela declarativa de la administración, que le permití modificar
unilateralmente las situaciones jurídicas en las que actúa. Luego, en el año 2014, la
Subsección A consideró que antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007,
las entidades estatales no estaban autorizadas “para expedir actos administrativos
mediante los cuales impusieran unilateralmente multas o declararan el
incumplimiento del contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las
obligaciones del contratista particular, esto es sin necesidad de acudir al juez del
contrato”, pero habían recobrado esa facultad con la expedición de la Ley 1150 de
200775.

Finalmente, esta Subsección76, en línea con la Corte Suprema de Justicia77, ha
precisado que el pacto de estas cláusulas en el derecho privado colombiano es
válido y eficaz, razón por la que podían ser impuestas en todos los contratos
estatales, pero no por los medios del derecho público, es decir, por medio de actos
con fuerza ejecutiva y ejecutoria. Si bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007
reguló el debido proceso para declarar el incumplimiento del contrato estatal con el
fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, ni dicha norma ni la Ley 80
de 1993 regularon expresamente la figura de la pena pecuniaria, que ya era prevista
y regulada, desde mucho antes, en los artículos 1592 y siguientes del Código Civil.

3.4.1.5. Ahora bien, con las multas o cláusulas penales de apremio se busca
asegurar el cumplimento de una obligación78, por lo que su imposición es,
claramente, un acto para la ejecución del contrato, comprendido así dentro de las
facultades generales que la Directora General del IDU delegó al Director Técnico de
Malla Vial mediante la Resolución 1705 de 2006.

En síntesis, para el momento en que fueron expedidos los actos demandados, la
Administración estaba facultada para su imposición, incluso en los contratos
celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, y la Sala entiende
que la faculta de imponer multas o penas de apremio quedó comprendida, sin duda,
dentro de las facultades generales delegadas al director técnico de Malla Vial
mediante la Resolución 1705 de 2006. En consecuencia, este cargo no prospera.

3.4.2. Violación al debido proceso y al derecho de defensa

3.4.2.1 El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, antes citado 79, reconoce
expresamente el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas
contractuales de naturaleza sancionatoria, como un desarrollo del artículo 29 de la
74 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 1998, exp. 14558; sentencia

del 29 de juno de 2000, exp. 16756; y sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 17009.
75 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, exp.

27096.
76 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, exp. 21574; y del 5

de agosto de 2020, exp. 45183.
77 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de junio de 2000, exp.

núm. C-4823.
78 CÓDIGO CIVIL. “Artículo. 1592. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar

el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso
de no ejecutar o retardar la obligación principal”.
79 Aptado. 3.4.1.3.

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Constitución Política de Colombia, que fija dicha garantía a nivel superior y
fundamental en todas las actuaciones administrativas. Dentro de sus múltiples
expresiones, se encuentra el derecho a solicitar, aportar y controvertir pruebas
dentro de cualquier procedimiento administrativo, incluyendo, claro está, el
destinado a imponer multas y declarar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria.
Al respecto, esta Sección ha expresado que:

“[…] el derecho de defensa no tiene más limitaciones en materia contractual,
y por eso se admite cualquier manifestación suya. Es decir, que se ejerce
mediante la presentación de pruebas, la controversia de las existentes, ser
oído y que se practiquen pruebas y se controviertan, es decir, en síntesis,
que se respete su derecho de audiencia y defensa, que permita fijar la
posición de la parte, y en general, toda forma de participación en el
procedimiento, que contribuya a defender una posición o postura jurídica” 80.

Con todo, para que la vulneración al derecho de contradicción probatoria sea
relevante en el juicio de nulidad del acto no basta con la comprobación formal del
vicio. El actor debe acreditar la trascendencia de este en la formación o en el sentido
de la decisión adoptada, de suerte que el yerro sea sustancial. En providencia ya
citada81, esta Subsección ha referido lo siguiente:

«Pues bien, la expedición del acto administrativo en forma irregular y con
desconocimiento del derecho de audiencia –que forma parte de la garantía
constitucional al debido proceso82– es una de las causales de nulidad
contempladas en el artículo 84 del CCA, que –como lo ha manifestado la Sala
se configura– “[…] cuando, de una parte, la expedición irregular se relaciona
con trámites substanciales o de fondo que inciden en la formación o en el
sentido de la decisión y cuando, de otra parte, el desconocimiento de
audiencia elude un paso necesario dirigido a garantizar el debido proceso”83.
Las normas sobre procedimiento tienen un carácter instrumental, ya que se
dirigen a la materialización de los derechos sustanciales reconocidos en
abstracto84. Así, el vicio de forma invalidante del acto administrativo tiene
también un carácter instrumental, por lo que adquiere relevancia cuando
altera el sentido de la decisión de fondo85, lo que se presupone cuando ha
sido omitido en su totalidad».

3.4.2.2. Justamente, lo que esta Colegiatura echa de menos un elemento de
convicción que permita dar por probado el hecho en que la actora soportó su
oposición al fallo apelado86, a saber, que la negación de la práctica de pruebas
durante el procedimiento administrativo fuese determinante, a tal grado que su
conclusión hubiera sido distinta, es decir, que no se hubiese declarado el
incumplimiento contractual ni impuesto la pena pecuniaria.
80 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Rad. 25000-23-26-

000-1994-00225-01(16367)
81 Supra. cit. 59.
82 “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección B.

Sentencia del 26 de septiembre de 2012, rad. núm. 11001-03-25-000-2009-00075-00(1087-09)” (cita
n° 184 original de la sentencia).
83 “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de

noviembre de 2003, exp. 14431” (cita n° 185 original de la sentencia).
84 “Corte Constitucional. Sentencia C-029 de 1995” (cita n° 186 original de la sentencia).
85 “GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ T. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 15ª

edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 672” (cita n° 187 original de la
sentencia).
86 Aptado. 3.2.2.4.

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Particularmente, la parte actora no demostró: (i) que las conclusiones del dictamen
pericial solicitado por el contratista en el recurso de reposición87 hubieran
determinado que el Consorcio constructor no incumplió el contrato; (ii) que las
aseveraciones del Consorcio interventor y las del propio Director Técnico de Malla
Vial del IDU fueran inexactas o falsas; (iii) no fue allegado al proceso el “registro
fotográfico” anunciado en la impugnación; y (iii) los testimonios de los señores Ojeda
y Niño no son medios de convicción suficientemente persuasivos como para variar
de modo drástico las decisiones administrativas demandadas, ya que provienen de
personas que tenían una relación laboral o económica con la demandante, lo que
afecta su imparcialidad y credibilidad88, por lo que se impone una valoración más
rigurosa de sus declaraciones89, de acuerdo con las circunstancias del caso90, sin
que en este se hayan practicado o allegado otras pruebas que soporten sus
afirmaciones.

3.4.3. Desviación de poder

3.4.3.1. Como concepto transversal a la actividad judicial contencioso-
administrativa, encargada de juzgar los actos administrativos, la desviación de
poder denuncia que la finalidad concebida para el ejercicio concreto de la respectiva
función fue desfigurada por el agente que adoptó la decisión acusada. Como todo
señalamiento presentado ante la jurisdicción contra la validez de un acto
administrativo, debe ser probado por quien lo formula.

En una de las múltiples decisiones que han desarrollado esta noción, la
jurisprudencia ha precisado:

«Para que se estructure el vicio por desviación de poder se requiere que la
Administración, al utilizar sus poderes, actúe pretendiendo alcanzar un fin
diverso al que en derecho le corresponde de manera general, o de manera
particular como autoridad específica frente a tal atribución. El iter desviatorio
de este vicio se produce en el interior, no propiamente de la Administración,
sino de las personas naturales que la representen, razón que hace que su
estudio y su juzgamiento deban penetrar las barreras de lo objetivo o formal
y situarse en la esfera volitiva de la autoridad, en la subjetividad del autor del
acto91.

El desvío del poder no puede entonces presumirse, sino que es preciso que
se demuestre, al menos con indicios que permitan deducirlo, que a pesar de
la apariencia de legalidad del acto, éste fue utilizado por la autoridad que lo
produjo como un medio para buscar una finalidad que contraría la
constitución o la ley, porque no corresponde al objetivo que se pretendió por
el legislador al conceder la atribución de la que goza ese servidor público o
cuerpo colegiado del Estado.

87 Aptado. 3.3.24.
88 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 217. Son sospechosas para declarar las

personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las
partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.
89 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp.

49117.
90 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 218. […] El juez apreciará los testimonios

sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
91 “SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Ob. cit., p. 410.” (cita n° 8 original de la sentencia)

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Sobre la carga de la prueba en esta materia, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha reiterado lo siguiente:

“Así las cosas, para llegar a desvirtuar la legalidad del acto acusado le
corresponde a la parte actora allegar los elementos probatorios
tendientes a acreditar que la medida adoptada no tuvo las finalidades
señaladas. Lo anterior, no se llevó a cabo en el sub-lite, pues el
plenario es desértico en cuanto a probanzas que demuestren que con
la salida de la actora el servicio se vio mermado”92.

“Demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador
a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente,
la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la
determinación que se acusa, pues se trata de establecer,
precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión”93»94.

3.4.3.2. Con estas premisas, la Sala descarta el éxito de este cargo, ya que la
desviación de poder sindica al funcionario que tomó la decisión de ejercer su
competencia soslayando los fines que la informan, y no atiende a los hechos —en
este caso, al grado del incumplimiento contractual— que motivaron la decisión,
como lo expresó la apelante95. En el asunto no fue probado, siquiera de modo
indirecto, que el Director Técnico de Malla Vial del IDU hubiera tenido la voluntad
de declarar el incumplimiento y hacer eficaz la cláusula penal del contrato
atendiendo a fines distintos, contrarios o desconocedores de los que corresponden
la potestad legal ejercida. Aunque los testigos Ojeda96 y Niño97 afirmaron que los
actos fueron producto de supuestas molestias ocasionadas en la entidad por
reclamaciones contractuales iniciadas por la actora, lo cierto es que estas versiones
no encuentran respaldo alguno en los demás medios de prueba que permitan la
corroboración de las versiones vertidas que reproducen la postura procesal del
Consorcio con el que estos deponentes laboraron98.

Así las cosas, tal como fue estructurado este cargo no prospera.

3.4.4. Falsa motivación

3.4.4.1. Sobre esta causal de nulidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha
expuesto:

“a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo,
puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho

92 “Sentencia de 12 de marzo de 2009, rad. 2001-00269 (1012-05), MP. Luis Rafael Vergara
Quintero” (cita n° 9 original de la sentencia).
93 “Sentencia de 3 de diciembre de 2009, rad. 2004-07326 (2259-07), MP. Víctor Hernando Alvarado

Ardila.” (cita n° 10 original de la sentencia).
94 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de 2010. Rad. 11001-03-28-

000-2009-00009-00
95 Aptado. 3.2.2.3
96 Aptado. 3.3.27.1.
97 Aptado. 3.3.27.2.
98 Aptado. 3.4.2.2.

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que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea
porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando
existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico.
En el primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo, el error de
derecho.

b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse
falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de
demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una
presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda
impugnarlos”99.

3.4.4.2. La apelante aduce100 que los actos incurrieron en falsa motivación por error
de hecho, y expresa que el IDU incumplió con el deber de suministrar
oportunamente los diseños, planos y estudios de la construcción. Añade que hubo
obras que sí fueron ejecutadas, y que el proyecto entró en funcionamiento, por lo
que no se produjo su incumplimiento. Insiste en que estos hechos fueron probados
con los testimonios practicados en el proceso.

3.4.2.3. Tales testimonios provienen de empleados del consorcio contratista. Siendo
las sociedades que lo conformaron quienes acudieron como demandantes a este
proceso, existen circunstancias de dependencia e interés que afectan su
imparcialidad y, consecuentemente, su credibilidad como testigos, por lo que,
conforme al artículo 217 del CPC, lo declarado debe ser analizado con mayor rigor.

Ciertamente, ambos testigos afirmaron que el IDU incumplió sus compromisos
contractuales, en particular, en la entrega de los diseños y planos de la obra y en
los pagos al contratista. Aseguraron que el objeto contractual se cumplió en su
totalidad, de acuerdo a los documentos entregados a la entidad; y que hubo daños
en la infraestructura entregada que no fueron atribuibles a al accionar de la
contratista, ni podían ser calificados como infracciones a lo pactado.

Empero, estas versiones no encuentran apoyo alguno en ningún otro medio de
prueba que obre en este expediente judicial, o que se haya practicado durante el
desarrollo del proceso. Llama la atención que en una de las declaraciones —la del
señor Niño— se afirmó que la culminación de las obras conste en registros
topográficos y comunicaciones del contratista, pero dichas pruebas no fueran
aportadas al plenario. Por otra parte, el mismo deponente dijo que sus aserciones
estaban respaldadas en el acta núm. 50, pese a que este documento101 no refleja
con claridad sus dichos, ni fue suscrito por el representante de la entidad
demandada por lo que el IDU no reconoció el contenido de la mencionada acta.

Así las cosas, al no estar satisfecha la carga probatoria del demandante a través de
los medios de convicción que este indicó, el cargo de nulidad de los actos sub judice
por falsa motivación, en los términos desarrollados por el promotor del proceso,
tampoco es de recibo.

3.4.5. Sobre la imposición y proporcionalidad de la pena pecuniaria

99 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 9 de octubre de 2003. Rad. 76001-23-

31-000-1994-09988-01(16718)
100 Aptados. 3.2.2.2. a 3.2.2.2.3.
101 Aptado. 3.3.26.

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Como se expuso anteriormente102, el Consorcio CICON – KMA II protestó la
imposición de pena pecuniaria que se dio en los actos demandados, porque, en su
criterio, (i) no hubo, de su parte, incumplimiento contractual alguno; (ii) si lo hubiera,
este no le sería imputable, porque la obligación de proporcionar los planos y
constancias de recibo de obras de las empresas de servicios públicos cuyas redes
fueron intervenidas dependía de dichas empresas; (iii) la pena impuesta no
obedeció al incumplimiento de una obligación principal, y (iv) la suma de la pena no
correspondería al porcentaje real de ejecución de las obras.

3.4.5.1. Para resolver los problemas así planteados por el demandante y recurrente,
debe verificar esta Sala, si el consorcio CICON – KMA II incurrió, o no, en
incumplimiento contractual, labor que demanda, en primer lugar, una cabal
definición del contenido obligacional del Contrato 194 de 2005, en lo pertinente.

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones103 —que formaba parte del
contrato de obra104 y tenía primacía en la interpretación integral del negocio
jurídico105— las obras en las redes de la EAAB se entregarían “de forma simultánea
a los planos de construcción, los cuales deben ser elaborados bajo las normas
establecidas en el SIG de la EAAB-ESP”; planos estos que debían ser
paulatinamente ajustados con el avance de los trabajos, verificados por la
interventoría y aprobados por la EAAB, con las entregas parciales de las obras
realizadas. Aparte, se estipuló106 que los planos de las redes telefónicas, en los que
se especificaban las obras de las que serían objeto, irían siendo ajustados de
acuerdo con las inconsistencias que en el terreno fueran halladas. Tales planos,
cuyo formato no se especificaba, debían ser entregados con aprobación de la
empresa telefónica correspondiente, como requisito previo al recibo final de las
obras contratadas107.

Aparte, en el clausulado del Contrato 194 de 2005108, el Consorcio CICON – KMA
II se obligó a presentar constancia de recibo y aprobación de las obras que hubieran
sido ejecutadas para empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones, así
como a entregar certificaciones de paz y salvo de las empresas cuyas redes no
hubieran sido intervenidas; documentos estos que fungían como requisito para la
suscripción del acta de liquidación.

Además, en el apéndice C del pliego de condiciones se fijó un procedimiento, de
obligatorio cumplimiento para el contratista, con el que —en líneas generales—
cada ESP nombraba un delegado para la supervisión de las obras, quien debía
acudir a los comités y gestionar las solicitudes de los trabajos que su empresa
requiriera, los cuales debían constar por escrito, como soporte del cruce de cuentas
que el IDU y cada ESP realizarían109. La interventoría, a su vez, estaba a cargo de
la elaboración de actas de la puesta en servicio de obras para el cruce de cuentas
entre el IDU y las ESPs, así como de las actas de recibo de obra para cada ESP, al
finalizar el contrato110.

102 Aptado. 3.2.2.1.
103 Aptados. 3.3.1.6.1 y 3.3.1.7.3.
104 Aptado. 3.3.2.
105 Aptado. 3.3.2.7.
106 Aptado. 3.3.1.6.2.
107 Ibidem.
108 Aptado. 3.3.2.3.
109 Aptado. 3.3.1.7.
110 Ibidem.

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3.4.5.1.2. Ahora bien, con la Resolución 196 de 2009, el IDU sancionó el
incumplimiento contractual en que el Consorcio CICON – KMA II había incurrido, al
no haber entregado: (i) “la totalidad de los planos récord de la obra en medio
magnético estandarizados mediante software IDU-SCAD-GIS, ni en medio físico
para la revisión pertinente”; (ii) “los planos récord aprobados por las empresas de
servicios públicos a las que se les intervinieron las redes”; y (iii) “los paz y salvos de
las empresas de servicios públicos a las que no se les intervinieron redes durante
la ejecución del contrato”111.

Luego, al confirmar la anterior decisión por medio de la Resolución 1204 de 2009,
el IDU agregó que el Consorcio CICON – KMA II no había entregado las actas ni los
documentos revisados por la interventoría, que se requerían para exigir pagos a
terceros; y que la EAAB, Gas Natural y ETB no habían recibido las obras a
satisfacción, porque estas no habían sido terminadas; y porque el consorcio
contratista no había entregado los planos récord que la EAAB requería, ni había
reparado daños ocasionados a las redes de Gas Natural112.

3.4.5.1.3. La Sala observa, además, que, en las actuaciones previas a la imposición
de la pena pecuniaria, la interventoría requirió al consorcio contratista la entrega de
planos récord, así como el agotamiento de las gestiones necesarias para la
suscripción de actas de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, lo que
comprendía la visita técnica de cada uno de sus delegados113. Tales documentos,
que se requerían para la liquidación del contrato, fueron solicitados reiterada pero
infructuosamente por la interventoría114.

Posteriormente, cuando habían trascurrido más de dos meses desde que la primera
comunicación fuera entregada al Consorcio CICON – KMA II, la interventoría
encontró que los planos récord entregados no comprendían la totalidad de las obras
ejecutadas, “[…] no cumplen con las exigencias de la Entidad Contratante y no se
encuentran estandarizados mediante software IDU-SCAD-GIS”115. Dicho
incumplimiento persistió, ya que, como lo refirió la interventoría en el informe de
ejecución del contrato —presentado el 17 de septiembre de 2008— además de que
el consorcio contratista no entregó los planos récord estandarizados en software
IDU-SCAD-GIS, tampoco entregó los planos en medio físico, con la aprobación de
las ESPs correspondientes116.

3.4.5.1.4. De acuerdo con los anteriores hechos relacionados en documentos
públicos, que hacen fe de las declaraciones que en ellos constan117, sin que su
contenido haya sido rebatido en este proceso, resulta forzoso concluir que, si bien
el Consorcio CICON – KMA II hizo una entrega parcial de los planos récord de las
obras ejecutadas, estos archivos fueron suministrados en un formato digital o
magnético distinto al requerido contractualmente para las obras ejecutadas en las
redes de la EAAB. La falta de entrega de los planos récord en el formato requerido
o en soporte físico, hizo imposible adelantamiento, por parte del IDU, del
procedimiento para el recibo de las obras ejecutadas para la EAAB, ETB y Gas

111 Aptado. 3.3.23.1.
112 Aptado. 3.3.25.4.
113 Aptado. 3.3.14.
114 Aptados. 3.3.15.3 y 3.3.16.2.
115 Aptados. 3.3.17.1 y 3.3.17.2.
116 Aptado. 3.3.20.4.2.
117 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 264. Los documentos públicos hacen fe de su

otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.
[…]”.

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Natural; procedimiento este que comenzaba con la aprobación de tales planos por
cada ESPs, para que, a continuación, la interventoría elaborara las actas de puesta
en servicio y de recibo de las obras, con base en las cuales se había de liquidar el
monto del pago correspondiente a cada ESP. De esta forma, es claro que el
Consorcio CICON – KMA II incumplió la obligación de entregar los planos récord y
las constancias de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, de acuerdo con lo
pactado en el Contrato 194 de 2005, del cual forma parte el pliego de condiciones,
con sus apéndices.

3.4.5.2. Por otra parte, el demandante ha argumentado en esta instancia que el
anterior incumplimiento no puede atribuírsele, porque la honra de tal obligación
dependía de terceros cuya renuencia le había hecho imposible la entrega de los
documentos requeridos. Esta justificación, sin embargo, no puede tener recibo,
puesto que el consorcio actor no dio cuenta de las acciones que hubiera realizado
para honrar los compromisos pactados, y tampoco acreditó una causa extraña que
haya tornado imposible su cumplimiento. Por el contrario, en la Resolución 1204 de
2009 consta, sin que se hubiera acreditado lo contrario, que la interventoría y el IDU
fueron las únicas que adelantaron gestiones ante ETB, EAAB y Gas Natural, para
obtener las constancias de recibo de las obras ejecutadas118. Una cosa es, pues,
que estas constancias sean extendidas por las ESPs, y otra muy diferente es que
no le correspondiera al actor la observancia de una debida diligencia para
obtenerlas. En consecuencia, así planteado el cargo, no puede quebrar la legalidad
de las decisiones impugnadas.

3.4.5.3. En la tercera y cuarta glosa planteadas por el apelante en esta instancia,
éste aduce una desproporción de la pena impuesta por el IDU, porque no habría
obedecido al incumplimiento de la obligación contractual principal y su monto sería
excesivo con respecto a las obras no ejecutadas.

3.4.5.3.1. Pues bien, en términos amplios, el principio de proporcionalidad en la
actividad administrativa supone la adecuación de las medidas adoptadas por la
Administración a los hechos, las necesidades y las finalidades de interés general
perseguidas con la decisión119, lo que es objeto de juicio contencioso-
administrativo120. En el ámbito específico de la cláusula penal, el Derecho civil y
mercantil —aplicable por remisión expresa121— prevén el derecho del contratista

118 Aptado. 3.3.25.4.
119 “Ahora bien, es claro que una arista del principio de la buena fe es la proporcionalidad en la

sanción o prestación impuesta. Es decir, que el de proporcionalidad es también un postulado que
informa toda la actividad administrativa y no pretende otra cosa que la adecuación entre medios y
fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan de satisfacer.” (Corte
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-209 del 17 de marzo de 2006). Sobre el mismo
tema, abordado con mayor profundidad, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia
del 30 de noviembre de 2006. Rad. 11001-03-26-000-1995-03074-01(13074)
120 “[…] el juez -e incluso la autoridad administrativa- debe analizar, en cada caso, si la actuación se

ejerció adecuando los hechos que la determinaron a los fines que se propuso. Por tanto, se debe
examinar si se realizó una calificación jurídica apropiada de la situación fáctica que sustentó la
expedición de la decisión y, posteriormente, concluir si fue proporcional a las necesidades y a los
hechos. Lo anterior se resume en un juicio de adecuación entre los hechos, el medio o decisión
adoptada y las finalidades de la actuación, la cual busca, en todo caso, alcanzar el interés de orden
general”. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Rad.
68001-23-31-000-1996-02081-01(17009).
121 LEY 80 DE 1993. “Artículo 13. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo

2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en
las materias particularmente reguladas en esta ley. […] Artículo 40. Las estipulaciones de los
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. || Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos

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penado, “para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de
cumplimiento de la obligación principal”122 (artículo 1596, CC) con la subsecuente
facultad del juzgador de reducir la pena manifiestamente excesiva, establecida en
el artículo 867 del CCo123.

3.4.5.3.2. En todo caso, de acuerdo con las normas precitadas, la pena pecuniaria
—como la impuesta en el sub lite— procede por el incumplimiento de la obligación
principal. Así lo ha entendido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, al considerar que:

«No hay duda que la estimación anticipada del daño, en el evento de
indemnización, regulada en la cláusula penal, gira alrededor de la obligación
principal, puesto que se entiende que la pena sustituye aquel, en cuanto no
se satisfacen los designios negociales de alguna de las partes, que
mantienen su voluntad de querer que el contrato cumpla su cometido
sustancial de atención del contrato. Por eso, se ha llegado a sostener que un
clausulado de este linaje se convierte en un medio o instrumento de
fortalecimiento de la obligación principal. Relevancia, pues, adquiere la
cláusula penal frente a un suceso de contravención negocial fundamental,
puesto que permite definir el monto de los perjuicios, sin consideración a que
se regulen dentro de un proceso. Las partes saben cuál es el grado de
afectación patrimonial ante la inobtención de los resultados del contrato. De
ahí que el artículo 1599 del Código Civil disponga que “Habrá lugar a exigir
la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda
alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido
perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”.

Ahora bien, si se pacta la cláusula penal que discipline un punto no
fundamental del contrato, es necesario, para alcanzar la afectación
pecuniaria enunciada por las partes, que se examine el comportamiento
contractual general, para saber o precisar si, en verdad, la desatención de
aquel deber puede hacer próspera la sanción propia de la convención
punitiva. Es decir, no es el hecho aislado, sin relación con el desarrollo del
negocio el que permite la materialización de la cláusula en comento si, como
tal, no trasciende negativamente en el resultado del contrato al lograrse a
cabalidad éste, sin reparo o inconformidad por ninguno de los contratantes.
Vale decir: cumple a plenitud su función el contrato, y, por ende, las
obligaciones surgidas se extinguen»124 (subrayado añadido).

que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. || En los
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de
esta ley y a los de la buena administración. […]”.
122 Subrayado añadido.
123 CÓDIGO DE COMERCIO. “Artículo 867. Cuando se estipule el pago de una prestación

determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden
retractarse. || Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma
cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. || Cuando la prestación principal
no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que
tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se
haya cumplido en parte” (subrayado fuera del texto original).
124 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de octubre de 1986.

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De conformidad con lo anterior, la pena pecuniaria impuesta, en este asunto, debía
fundarse en el incumplimiento de una obligación principal que, en el marco del
Contrato 194 de 2005, corresponde, en principio, a la obligación principal de un
típico contrato de obra, cuyo objeto contractual legalmente consiste en “la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago” (artículo 32.1, Ley 80 de 1993).

3.4.5.3.3. En el sub judice, el IDU hizo efectiva la pena pecuniaria pactada por un
monto de $428’170.642; cifra que es el resultado de sumar la cuantía de los daños
por el incumplimiento, por no terminar las obras contratadas dentro del plazo
estipulado ($21’527.208), y el monto total, en valor, de las obras ejecutadas para
ETB y EAAB ($406’913.434)125.

Como fundamento de la anterior decisión, en la Resolución 196 de 2009, el IDU
consideró que, debido a los incumplimientos en la terminación oportuna de los
trabajos y la omisión de entrega de documentos para la liquidación del contrato, las
obras no habían sido puestas al servicio de la comunidad en condiciones óptimas.
Agregó el IDU que la pena impuesta, que equivalía al 31,17% del monto total de la
cláusula penal, era proporcional, porque comprendía las obras que no fueron
ejecutadas, y las que no fueron recibidas por la interventoría, ETB ni EAAB126.
Luego, al confirmar la imposición de la pena pecuniaria, mediante la Resolución
1204 de 2009, el IDU manifestó que la omisión en la entrega de los planos récord y
de las constancias de recibo de las obras por ETB, EAAB y Gas Natural había
además impedido la liquidación del contrato127.

3.4.5.3.4. La Sala observa que, de acuerdo con lo manifestado por la interventoría
y el IDU en las comunicaciones previas a la imposición de la pena pecuniaria128, no
era posible liquidar el Contrato 194 de 2005 sin los planos récord, con base en los
cuales se verificarían las obras ejecutadas en las visitas técnicas que se llevarían a
cabo con los delegados de las ESP, para así elaborar y suscribir las actas de recibo
y aprobación de las obras, que eran el insumo principal de las actas de cruces de
cuentas. Por ende, al ser imposible tal cruce de cuentas con las ESP cuyas redes
fueron modificadas, se le ocasionaba un detrimento económico al IDU.

Lo afirmado por el IDU y por la interventoría, en las comunicaciones referidas
anteriormente, se puede corroborar con el clausulado del Contrato 194 de 2005 —
del que forma parte el pliego de condiciones y sus apéndices129— en el que se
acordó que el cruce de cuentas con las ESP se realizaría con fundamento en las
actas de puesta en servicio y de recibo de obras, suscritas por sus delegados, luego
de que se realizaran unas visitas al lugar de las obras, en las que se constaría que
lo consignado en los planos récord hubiera sido realmente ejecutado 130. Aparte, se
pactó que, en caso de que el contratista hubiera ocasionado daños a las redes
existentes, estos debían ser verificados y reportados por la interventoría, la cual
elaboraría un acta de aceptación y reparación de daños, que sería firmada por el
delegado de la ESP correspondiente, el contratista, la interventoría y el IDU; y, en
caso de que la ESP, el contratista y el IDU no llegaran a un acuerdo, la interventoría

125 Aptados. 3.3.22.4.2 y 3.3.23.1.
126 Aptado. 3.3.23.3.
127 Aptado. 3.3.25.4.
128 Aptados. 3.3.14, 3.3.16.2, 3.3.17.2, 3.3.17.2, 3.3.18, 3.3.19 y 3.3.22.4.2.
129 Aptados. 3.3.2 y 3.3.2.7.
130 Aptados. 3.3.1.7 y 3.3.1.7.3.

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definiría a quién son imputables tales daños131. Finalmente, se estipuló que, cuando
no se hubieran ejecutado obras en redes de una ESP, se requería un paz y salvo
de la empresa correspondiente132.

En el Contrato 194 de 2005 se convino, además, que para el cruce de cuentas con
las ESP cuyas redes fueran intervenidas, debía tomarse en consideración: (i) que
las modificaciones requeridas en los drenajes de la EAAB, por interferencia con las
obras del Contrato 194 de 2005, correrían por cuenta del IDU, mientras que las
renovaciones, ampliaciones o mejoramientos que la EAAB solicitara, por escrito,
correrían por cuenta de esta última, la cual asumiría un porcentaje equivalente de
los costos de interventoría133; (ii) que ETB asumiría los costos de la renovación, la
ampliación o las nuevas canalizaciones de sus redes, que solicitara por escrito,
mientras que los trabajos que se ejecutaran en dichas redes, ocasionados por
interferencias con las obras del Contrato 194 de 2005, correrían por cuenta del
IDU134; y (iii) que Gas Natural correría con los costos de la renovación o ampliación
de sus redes, que solicitara por escrito, mientras el contratista asumiría los costos
de la reparación de los daños que a estas ocasionara135.

3.4.5.3.5. En este orden de ideas, es claro que resultaba imposible liquidar el
Contrato 194 de 2005 sin contar con la entrega de los planos récord, las constancias
de recibo de las obras ejecutadas para ETB y la EAAB, y el paz y salvo de Gas
Natural; y que ello traería consigo un menoscabo patrimonial para el IDU, ya que,
sin tales documentos, el IDU no podría cobrar, a tales ESPs, las obras ejecutadas
en sus redes, cuyo costo debía, entonces, ser asumido por las empresas.

3.4.5.3.6. De esa forma, la desatención de la obligación del contratista de entregar
los planos récord, las constancias de recibo de obras ejecutadas para ETB y la
EAAB, y el paz y salvo de Gas Natural, en el contexto del negocio jurídico celebrado,
tenía la trascendencia requerida para la imposición de la pena pecuniaria, y hacía
que resultara procedente dicha medida sancionatoria, de acuerdo con lo precisado
por la jurisprudencia referida anteriormente136.

Aparte, esta Subsección nota que el pacto de cláusula penal de apremio para el
incumplimiento en la entrega de documentos137 no excluía la imposición de la pena
pecuniaria por ese mismo incumplimiento, ya que, de acuerdo con lo previsto en el
pliego de condiciones138 —cuyo contenido estaba comprendido y primaba en la
interpretación integral de este negocio jurídico139— la omisión de las gestiones
administrativas que al contratista le correspondía adelantar con las ESPs constituía
un “[…] incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas
en el mismo”140.

3.4.5.4. Una vez definido, como lo está, que la imposición de la pena pecuniaria en
este caso era procedente, procede la Sala a determinar si la pena impuesta fue

131 Aptado. 3.3.1.7.1.
132 Aptado. 3.3.1.7.2.
133 Aptados. 3.3.1.6.1, 3.3.1.7 y 3.3.1.8.
134 Aptados. 3.3.1.6.2 y 3.3.1.9.
135 Aptados. 3.3.1.7 y 3.3.1.10.
136 Aptado. 3.4.5.3.2.
137 Aptado. 3.3.2.4.
138 Aptado. 3.3.1.6.
139 Aptados. 3.3.2 y 3.3.2.7.
140 Énfasis añadido al texto original.

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proporcional; juicio este en el que no se estudia la imposición de la pena en sí
misma, sino su cuantía.

3.4.5.4.1. Pues bien, de acuerdo con los artículos 1596 del Código Civil141 y 867 del
Código de Comercio142, la Sala ha considerado143 que, de la misma forma en que el
monto de la pena puede ser inferior a los perjuicios irrogados con el incumplimiento,
también puede ocurrir que la entidad imponga el monto total de la pena y este resulte
ser excesivo, en atención al cumplimiento parcial del contratista; situación ésta en
la que puede el juez rebajar la pena en proporción al cumplimiento de la obligación
principal y de los perjuicios ocasionados, sin que ello suponga la obligación de
probar tales perjuicios, conforme al artículo 1599 del Código Civil 144-145-146. De esta
forma, como lo ha considerado esta Subsección147, no se desconfigura la finalidad
y la naturaleza indemnizatoria de la pena pecuniaria, sino que, por el contrario, se
atiende justamente la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad patrimonial en el
ordenamiento colombiano, por la que esta no puede constituirse como fuente de
enriquecimiento de quien sufra un daño.

En este orden de ideas, la liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un
cómputo aproximado del perjuicio irrogados con el incumplimiento resulta válida, sin
que sea necesario acreditar que dichos perjuicios fueron realmente ocasionados.

3.4.5.4.2. En el Contrato 194 de 2005 se estipuló que el monto de la pena pecuniaria
ascendía al 30% de “valor del contrato”148 y no al precio de las obras programadas.
Es pues, el precio estipulado en el contrato, sobre el cual debe determinarse el
monto de la cláusula penal, el cual, incluyendo el A.I.U., era de $3.697’022.056 149.
Por ende, el monto máximo de la pena pecuniaria, como estimación anticipada que
es del daño irrogado por el incumplimiento total del contratista150-151, era de

141 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1596. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal

y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena
estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal”.
142 CÓDIGO DE COMERCIO. “Artículo 867. Cuando se estipule el pago de una prestación

determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden
retractarse. || Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma
cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. || Cuando la prestación principal
no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que
tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se
haya cumplido en parte”.
143 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp.17009;

Subsección C, sentencias del 26 de noviembre de 2015, exp. 48892; del 8 de octubre de 2021, exp.
53195 (fundamento jurídico 3.3.1); y del 14 de octubre de 2021, exp. 50623 (fundamento jurídico 6.2)
entre otras.
144 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1599. Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere

estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido
perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”.
145 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 1995, exp. 7757.
146 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de mayo de 1996,

Exp. 4607.
147 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de octubre de 2021,

exp. 50623 (fundamento jurídico 6.2).
148 Aptado. 3.3.2.6.
149 Aptado. 3.3.2.1.
150 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia de 21 de febrero de 1947, Gaceta Judicil LXI, pág.

767; sentencia de 2 de junio de 1968, Gaceta Judicial LXXXVIII, pág. 37; y sentencia del 27 de
septiembre de 1974.
151 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 17009.

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$1.109’106.616, sin perjuicio de que, por vía judicial, el ente contratante deprecara
indemnización de perjuicios, por el monto que superara la pena152-153.

3.4.5.4.3. Al liquidar el monto de la pena pecuniaria en los actos demandados, el
IDU sumó las obras ejecutadas en las redes de ETB y la EAAB, que debían ser
incluidas en los cruces de cuenta con dichas ESPs154. No pasa por alto la Sala que,
si bien, el detrimento económico ocasionado al IDU podría ser inferior al cuantificado
en los actos demandados, debido a que el IDU, en todo caso, corría con los costos
de las obras en redes de servicios que hubieran sido necesarias por las
interferencias que se presentaran en la ejecución del Contrato 194 de 2005; la
actora no consiguió desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
demandados, con pruebas que demostraran que las obras incluidas en la
cuantificación de la pena pecuniaria debieran ser asumidos por el IDU.

Aparte, al cuantificar la pena impuesta, se incluyó el precio de las obras que no
fueron entregadas por el contratista, el cual ascendía a $21.527.208 155;
incumplimiento este que, según lo manifestado por la interventoría y la Dirección
Técnica de Malla Vial del IDU156, equivalía a aproximadamente al 5% de las obras
programadas en la ejecución del Contrato 194 de 2005 y a cerca del 10% del “precio
básico” del contrato, estipulado inicialmente157, sin que el consorcio demandante
hubiera conseguido desvirtuar, en este proceso, dicho incumplimiento.

3.4.5.4.4. Resulta válido concluir, por tanto, que la pena pecuniaria por
incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por
basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante
con dicho incumplimiento, por lo que, en definitiva, los cargos de la apelante con los
que cuestionaba la imposición de la pena y su proporcionalidad no están llamados
a prosperar.

4. Costas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica
el artículo 171 del C.C.A., como no se evidenció temeridad ni mala fe de las partes
durante el trámite del proceso, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento presentado por el magistrado Nicolás Yepes
Corrales.
152 Aptado. 3.3.2.6.
153 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1594. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor

demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido
el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y
la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la
pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se
entienda extinguida la obligación principal. […] Artículo 1600. No podrá pedirse a la vez la pena y la
indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará
al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena” (subrayado agregado).
154 Aptados. 3.3.22.4.2 y 3.3.23.2.
155 Aptados. 3.3.22.4.1 y 3.3.23.2.
156 Aptados. 3.3.15, 3.3.20.3 y 3.3.22.2.
157 Aptados. 3.3.20.2 y 3.3.22.1.

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Actor: CICON S.A. Y OTRO

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión del 29 de mayo
de 2014.

TERCERO: Sin condena en costas, por no estar acreditadas.

CUARTO: En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZÁBAL
Magistrado Conjuez
Aclara Voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

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