Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00061-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00061-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2016-00061-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Radicado: 85001-23-33-000-2016-00061-01 (61434)
Demandante: Allianz Seguros S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 85001-23-33-000-2016-00061-01 (61434)
Demandante: Allianz Seguros S.A.
Demandado: Departamento de Casanare
Referencia: Controversias contractuales
Tema 1. Litisconsorcio cuasinecesario. Tema 2. Objeción del dictamen pericial por error grave.
Tema 3. Excepción de contrato no cumplido. Tema 4. Seguro de cumplimiento de contratos
estatales. Subtema 4.1. Notificación del agravamiento del riesgo asegurado. Subtema 4.2.
Carga o deber de evitar la extensión o propagación del riesgo asegurado. Subtema 4.3.
Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Subtema 5: Debido proceso
administrativo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación, presentados por las partes, en contra de la
sentencia del quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
SÍNTESIS
La aseguradora garante del contrato de obra núm. 320 de 2010, suscrito entre el
departamento de Casanare y la Unión Temporal San Gabriel (“UT San Gabriel”),
demandó los actos con los que el ente contratante (i) declaró el incumplimiento del
contrato, y los siniestros por incumplimiento y correcto manejo e inversión del anticipo,
e impuso pena pecuniaria; y (ii) liquidó el contrato. Adujo que el anticipo sí fue
correctamente invertido, que el seguro es indemnizatorio y no una fuente de
enriquecimiento para el asegurado, que se presentaron incongruencias entre el pliego
de cargos y los resuelto en los actos demandados, que fueron denegadas las pruebas
que solicitó en el procedimiento administrativo, que su incumplimiento es atribuible al
ente contratante porque estaba obligado a entregarle los planos y diseños definitivos,
que el departamento omitió informar el agravamiento del riesgo, que la cuantía del
siniestro declarado fue desproporcionada pues el seguro no es una fuente de
enriquecimiento, y que no se le notificó el acto liquidatario, el cual habría sido proferido
inoportunamente. La sentencia parcialmente estimatoria de primera instancia fue
recurrida por los dos extremos del litigio.
I. ANTECEDENTES
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Demandante: Allianz Seguros S.A.
1.1. El siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), Allianz Seguros S.A. (en adelante,
Allianz) 1 presentó, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
demanda 2 contra el departamento de Casanare, con la pretensión de que sean
resueltas favorablemente las siguientes pretensiones: (i) que se declare la nulidad de
las resoluciones núm. 020 del 14 de noviembre de 2013 y 025 del 10 de diciembre de
2013, con las que el departamento de Casanare declaró el incumplimiento del contrato
de obra núm. 320 de 2010, así como los siniestros de incumplimiento y de correcto
manejo e inversión del anticipo, e impuso la pena pecuniaria estipulada; y la nulidad de
la resolución núm. 0319 del 13 de mayo de 2015, con la que el ente demandado liquidó
el contrato de obra núm. 320 de 2010; y (ii) que se condene a la entidad demandada a
restituir a la parte actora la suma de novecientos cuarenta y cuatro millones ciento
sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos ($944.161.440) pagados en
cumplimiento de los actos demandados.
1.1.1. Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, la demandante, en síntesis,
relató:
1.1.1. Que el departamento de Casanare y la Unión Temporal San Gabriel,
conformada por las sociedades Afiacol S.A.S. y Ordóñez Martínez Ltda. (en
adelante, “UT San Gabriel”), suscribieron un contrato de obra núm. 320 de 2011,
para ampliar y adecuar las instalaciones de la institución educativa La
Presentación, en el Municipio de San Luis de Palenque. La compañía
aseguradora Colseguros (hoy, Allianz) expidió la garantía única de cumplimiento
a favor de entidades estatales núm. CEST 6963 para amparar los riesgos de
cumplimiento, correcta inversión del anticipo, estabilidad de la obra, y salarios y
prestaciones, del contrato de obra referido.
1.1.1.2. Que, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra núm. 320 de
2011, los diseños debían ser suministrados por el departamento de Casanare, el
cual, durante la ejecución del contrato decidió modificarlos, con otra organización
e indicaciones técnicas de los bloques de edificaciones a construir. Estos nuevos
diseños presentaron graves inconsistencias, razón por la cual, el contrato de
obra fue suspendido en varias ocasiones.
1.1.1.3. Que, pese a los defectos en los diseños que, a juicio de la actora, eran
imputables a la entidad contratante, esta decidió iniciar procedimiento
administrativo para declarar el incumplimiento contractual de la UT y el siniestro
para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, además de imponer a la
UT San Gabriel la pena pecuniaria; procedimiento que concluyó con la
1 Certificado de existencia y representación con código de verificación 04859195039FD7 emitido por la Cámara de
Comercio de Bogotá a folios 2 a 12 del cuaderno 6; y poder conferido por la apoderada general de la sociedad, así
registrado en dicho certificado [folio 5 (reverso)], a folio 1 del cuaderno 6.
2 F. 13-71, c. 6.
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Demandante: Allianz Seguros S.A.
expedición de la Resolución 020 de 2013, confirmada con la Resolución 025 de
2013.
1.1.1.4. Que, posteriormente, el departamento de Casanare liquidó
unilateralmente el contrato por medio de la Resolución 0319 de 2015, con
fundamento en lo decidido en los actos que declararon el incumplimiento.
1.1.2. Allianz acusó las decisiones unilaterales del departamento de Casanare por:
1.1.2.1. Falsa motivación, pues no habría correspondencia entre lo realmente
ocurrido y lo sostenido en los actos, en particular porque, contrario a lo
expresado en estos, el anticipo sí fue invertido parcialmente en la ejecución de
las obras contratadas, pero se declaró el siniestro por su totalidad.
1.1.2.2. Violar el artículo 1088 del Código de Comercio (“CCo”), por
desconocer que el seguro de cumplimiento es indemnizatorio y no puede ser
fuente de enriquecimiento injustificado para el asegurado, el cual se produjo por
no haberse expresado con claridad la forma en que fue tasado el monto de los
siniestros declarados.
1.1.2.3. Violación del debido proceso, porque el departamento habría variado,
sin justificación alguna, el monto del siniestro plasmado en el pliego de cargos y
el establecido en los actos cuestionados, habría valorado pruebas desconocidas
para la aseguradora y dejado de apreciar algunos elementos de convicción.
1.1.2.4. El incumplimiento contractual es atribuible al departamento de
Casanare, porque era la parte obligada a entregar los planos y diseños
definitivos, conforme a lo estipulado, y al principio de planeación y los
artículos 25.12 y 26.3 de la Ley 80 de 1993, que habrían sido violados con
los actos demandados que, al declarar el incumplimiento de la UT contratista,
soslayaron el artículo 1609 del Código Civil (“CC”), que prevé la excepción
de contrato no cumplido.
1.1.2.5. Violación de los artículos 1060 y 1074 del CCo, porque el
departamento omitió informar sobre la alteración del riesgo que se produjo con
la modificación de la ubicación y los diseños de la obra, así como evitar el
agravamiento del siniestro por haber informado sobre los incumplimientos del
contratista ocho (8) meses después de que ocurrieran.
1.1.2.6. Violación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, porque la
cuantificación del siniestro fue desproporcionada y no fueron notificados a la
aseguradora los actos con los que este fue declarado.
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1.1.2.7. Falta de competencia temporal, pues el acto de liquidación unilateral
habría sido expedido tras concluir el término legalmente establecido para ello.
1.2. El veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal admitió la demanda3.
El departamento de Casanare contestó la demanda4, y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones formuladas por Allianz.
1.2.1 En audiencia inicial5, llevada a cabo el 12 de septiembre de 2016, se resolvió
que los puntos del litigio a analizar eran: la nulidad de las resoluciones demandadas
por Allianz y la consecuente devolución del dinero pagado en virtud de dichas
decisiones.
1.2.2. En la audiencia de pruebas6, Allianz objetó el dictamen pericial técnico, por: (i)
no acreditar la idoneidad profesional del perito ni tener en cuenta elementos necesarios
para rendirlo, como el balance financiero del contrato, las memorias de cálculo del
proyecto y los estudios previos, ni contar con soporte técnico. Posteriormente, en la
continuación de la audiencia de pruebas7, la demandante objetó el dictamen financiero,
porque en este consta un saldo a favor del departamento que, de existir, no debería ser
reembolsado por el contratista o por la aseguradora, por : (i) omitir lo considerado en el
acta de liquidación unilateral y los soportes de pago de prestaciones sociales; (ii)
fundamentarse en informes de interventoría que carecen de anexos; (iii) no indicar las
normas en que se basó, y (iv) no tener en cuenta que el contrato no fue ejecutado en
su totalidad.
1.2.4. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en primera instancia,
las partes las allegaron8. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
1.3. Mediante sentencia9 del quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el
Tribunal resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la objeción a los dictámenes periciales por la
entidad accionante, por las razones indicadas en las consideraciones.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de los artículos primero, segundo y tercero
de la Resolución 20 de 2013 y del artículo primero de la Resolución 25 del mismo año
por lo expuesto en la parte motiva.
Consecuencialmente:
1.- DECLARAR el incumplimiento recíproco del contrato 320 de 2011 en una proporción
del 70% por parte del departamento de Casanare y del 30% por la UT San Gabriel.
3 F. 262-263, c.7
4 F. 274-278, c. 7.
5 F. 300 (CD); f. 301-304, c. 7.
6 F. 572-575, c. 8.
7 F. 668, c. 8.
8 F. 687-757, c. 5.
9 F. 773-800, c. ppal.
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2.- REBAJAR la multa impuesta por el departamento de Casanare por concepto de
cláusula penal a la suma de $74.995.703, la que devengará intereses moratorios a partir
del 13 de octubre de 2015, según lo indicado en las consideraciones.
Se precisa además que estas son las únicas obligaciones que quedan a cargo de la
aseguradora.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”
1.3.1. En primera medida, el Tribunal negó la objeción a los dictámenes periciales. En
líneas generales porque, a su juicio, los argumentos planteados por la actora para
cuestionar las pericias son discrepancias con las apreciaciones y conclusiones de
éstas, pero no constituyen motivos para configurar el error grave. Ahora, en relación
con los reparos al dictamen técnico, consideró que el perito en ingeniería sí contaba
con la experticia necesaria para rendir la prueba, se ciñó al objeto que le correspondía,
analizó los documentos que formaban parte del expediente contractual, y expresó los
motivos que fundamentaban su pericia. Aparte, encontró que las objeciones al dictamen
financiero no tenían “asidero fáctico, jurídico, ni lógico”, pues el dictamen sí tuvo en
cuenta la liquidación del contrato, los documentos que detallaban los movimientos
financieros realizados durante la ejecución contractual, y se fundó en la información
que le fue suministrada al perito.
1.3.2. Por otra parte, el Tribunal constató que, según el pliego de condiciones, la entrega
de los diseños estaba a cargo del departamento, sin que esta obligación pudiera
transferirse al contratista, porque constaba en dicho documento precontractual. Lo que
se advierte, según el fallo, es que a partir de un comité realizado en el mes de febrero
de 2012 (del cual no obra el acta respectiva en el expediente), la contratista asumió la
corrección de los diseños, como consta en el acta de suspensión del contrato. Sin
embargo, la entidad no “tomó acciones contundentes para lograr que los diseños que
servían de base […] fueran corregidos en su totalidad”.
Por lo tanto, para el a quo, los yerros en los diseños eran imputables a la “falta de
planeación y seguimiento por parte del departamento”. Sin embargo, también la UT
incurrió en un incumplimiento, pues no revisó los diseños antes de empezar la ejecución
de las obras, ni advirtió oportunamente sus falencias, a partir de las cuales debía
corregirlos durante la ejecución del contrato. Además, la variación de la “rotación de
bloques”, que tuvo por finalidad “evitar la insolación de los estudiantes”, fue
determinada en el desarrollo de la facultad de la entidad contratante para corregir las
obras antes de iniciarlas; y, en todo caso, según el dictamen pericial técnico, las
modificaciones introducidas por instrucción del departamento no influyeron en el curso
de la construcción. En razón a lo anterior, el Tribunal concluyó que el incumplimiento
imputable al departamento fue “mayor y decisivo”, con respecto al de la contratista. Por
esa razón, tasó el 70% del incumplimiento en cabeza de la entidad y el 30% restante
en la del contratista.
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1.3.3. Frente al cargo de incompetencia temporal del acto de liquidación unilateral, el
Tribunal encontró que esta labor fue efectuada dentro del término previsto por el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007, por lo que este cargo no prosperaba.
1.3.4. Tampoco, para el Tribunal, fueron conculcados los derechos de contradicción y
defensa de la aseguradora por falta de notificación de los actos acusados, ya que en el
plenario obra prueba sobre el enteramiento de la demandante. En todo caso, agregó,
las falencias en la notificación no derivan en la nulidad de los actos administrativos, sino
en su inoponibilidad. Además, mencionó que el acto de liquidación unilateral debía ser
notificado a la aseguradora como garantía de su derecho de contradicción, “puesto que
en caso de que no pague el contratista, quien debe hacerlo es el asegurador”. No
obstante, la aseguradora, en lugar de recurrir el acto apenas le fue comunicado, pagó
la suma de novecientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos
cuarenta pesos ($944.161.440), equivalente al “monto de la liquidación del contrato”.
1.3.5. En cuanto al incumplimiento en la inversión del anticipo, la providencia advirtió
que, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, las obras ejecutadas
ascendieron a quinientos diez millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos
noventa y ocho pesos ($510.847.598), de los mil doscientos cuarenta y nueve millones
novecientos veintiocho mil trescientos ochenta y seis pesos ($1.249.928.386) que
componían el anticipo pactado. Si bien el contratista no acreditó la correcta inversión
del anticipo, no es menos cierto que “no hubo proporcionalidad al momento de graduar
la multa y el siniestro”, tomando en cuenta el valor de las obras efectivamente
ejecutadas. En razón a ello, declaró la nulidad parcial de las resoluciones 20 y 25 de
2013, y redujo el monto de “la multa y el siniestro” cuantificado en estas decisiones
unilaterales. Al restar el precio de las obras ejecutadas ($510.847.598) al resultado de
la suma del anticipo entregado y las sumas adicionales pagadas por el departamento
en cumplimiento del contrato de obra núm. 320 de 2011 ($1.249.928.386 +
$205.085.625) el Tribunal concluyó que el monto de las obras no ejecutadas ascendía
a novecientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta
pesos ($ 944’161.440), cifra que coincide con aquella que ya había sido pagada por
Allianz, de acuerdo con las órdenes contenidas en los actos demandados.
1.3.6. Por otra parte, consideró que no se produjo violación del debido proceso, porque
la entidad demandada no tenía el deber de comunicar todas y cada una de las
comunicaciones cruzadas entre las partes del contrato; y Allianz tuvo la oportunidad de
participar en el procedimiento de imposición de las medidas sancionatorias, solicitó
pruebas e interpuso recursos contra las decisiones que le fueron desfavorables.
1.3.7. Por último, el Tribunal manifestó que, como los cambios en los diseños no
supusieron la agravación del riesgo asegurado en la póliza de cumplimiento ni tuvieron
incidencia en el desarrollo del contrato de obra núm. 320 de 2011, y la compañía
aseguradora tenía medios a su alcance para enterarse de la forma en la que este era
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ejecutado, los actos demandados no desconocieron el artículo 1060 del Código de
Comercio.
1.4. La parte demandante apeló el fallo10, el cual censuró argumentando que:
1.4.1. La obligación “de entregar y/o ajustar los diseños, planos y estudios”
recayó completamente en la entidad demandada, conforme al pliego de
condiciones y al texto del contrato. Pero, pese a que la UT San Gabriel nunca
recibió los diseños estructurales definitivos, esta sí advirtió a la entidad
contratante las deficiencias que en ellos encontró, entre las cuales destacó que
no estaban ajustados a la norma de sismo resistencia de 2010 (NSR10). En ese
sentido, invocó la excepción de contrato no cumplido, en la medida que el
departamento de Casanare habría sido quien incumplió sus obligaciones.
Además, reprochó el porcentaje de incumplimiento asignado a la contratista
(30%), puesto que este reparto de responsabilidades no tendría fundamento
jurídico ni probatorio visible en el fallo, y daría lugar a un fallo extra petita.
Aunque esta apelante adujo que la contratista no asumió ninguna
responsabilidad en la corrección de los diseños, también aseveró que el acta del
5 de septiembre de 2012, en la que las partes habrían acordado que el contratista
debía “realizar el ajuste definitivo de los diseños de la obra”, nunca le fue
notificada a la aseguradora, y habría sido suscrita después de la expiración de
la póliza.
1.4.2. El departamento de Casanare sí desconoció el debido proceso de la
aseguradora en la expedición del acto de liquidación unilateral, porque en este
ordenó comunicárselo una vez cobrara firmeza, “es decir, cuando se encuentre
ejecutoriado”, y no hubiera a su disposición recursos para controvertirlo. En
razón a ello, Allianz no habría interpuesto el recurso de reposición en contra de
ese acto porque, para cuando esta compañía conoció de su existencia, la
oportunidad para recurrirlo había fenecido. Agregó que la notificación de los
actos que hicieron efectiva la garantía a la aseguradora era indispensable para
el ejercicio adecuado de los medios de impugnación.
Por otra parte, acusó el desconocimiento del debido proceso, porque la entidad
no decretó las pruebas solicitadas por la aseguradora para controvertir el
incumplimiento que se le imputó. Particularmente, aludió a “documentos
contractuales, la bitácora, informes, etc”.
1.4.3. Con los informes de interventoría, la demandante habría probado que la
inversión del anticipo entregado a la UT San Gabriel ascendió a la suma de
setecientos noventa y siete millones doscientos doce mil quinientos noventa y
nueve pesos ($ 797’212.599). Pero, el fallo apelado dio mayor crédito al informe
10 F. 802-871, c. ppal.
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final, de acuerdo con el cual el valor invertido del anticipo ascendió a setecientos
millones de pesos ($700’000.000), “y desech[ó] de plano los 7 informes de
interventoría anteriores que claramente establecen una mayor inversión del
anticipo en cuantía de $297.212.599”. Cuestionó, además, que el Tribunal
hubiera aludido a un manual de interventoría desconocido para la aseguradora.
1.4.4. Asimismo, habría demostrado la inversión adecuada del anticipo, porque
en el sitio de obra existía material adquirido con esos recursos. En todo caso, el
amparo de correcta inversión del anticipo no cobijaría su amortización, ni los
saldos resultantes de la liquidación del contrato. Por ende, la resolución que
afectó la garantía es ilegal, porque no tiene fundamentos para haber ordenado
la efectividad del 100% del anticipo, e ignoró la verdadera inversión del anticipo
y su amortización, así como la existencia de materiales comprados y el pago de
nómina hecho con ese dinero. En ese sentido, insistió en que los actos
demandados desconocieron el artículo 1088 del Código de Comercio, porque la
cuantía de la garantía hecha efectiva sobrepasó la obligación indemnizatoria del
asegurador. Además, sostuvo que el acto declarativo del siniestro fue expedido
después de que concluyera la vigencia del amparo, que iba hasta el 1° de
septiembre de 2012.
1.4.5. La entidad habría desconocido el deber de informar la modificación y
agravamiento del estado del riesgo, establecido en el artículo 1060 del Código
de Comercio, particularmente, “las inconsistencias e insuficiencia de los diseños,
los cambios en la obra, las suspensiones del contrato, [y] el cambio de la NSR08
AL NSR10”.
1.4.6. Finalmente, el Tribunal debió tener en cuenta sus argumentos para
declarar la objeción a los dictámenes periciales, los cuales ―reiteró― incurrieron
en yerros graves: el técnico, por no precisar la metodología utilizada, ni efectuar
“trabajo de campo para establecer las obras realmente ejecutadas”; y el
financiero, porque se apartó de lo manifestado en los documentos aportados y
los soportes financieros del contrato.
1.5. El departamento de Casanare también apeló el fallo 11 por el reparto de
responsabilidad contractual efectuado en primera instancia, del 70% para el
departamento y del 30% para la contratista. En criterio de la entidad, dicha decisión se
apartó de las pretensiones de la demanda y de la fijación del litigio, porque en ninguna
de estas oportunidades la actora planteó la declaración de incumplimiento de la
demandada; y careció de fundamentos objetivos. Además, afirmó que, si bien la
responsabilidad de los diseños fue planteada preliminarmente en cabeza del
departamento, durante el desarrollo de las obras era válido que las partes, en ejercicio
de la autonomía de la voluntad, pactaran que el contratista asumiera esa tarea y ―en
razón a ello― fuera suspendido el plazo contractual, para facilitar que la UT San Gabriel
11 F. 941-945, c. ppal.
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corrigiera los diseños. Así, el “incumplimiento se dio no sólo por la vulneración del
principio de planeación”, sino también porque el contratista incumplió sus obligaciones.
1.6. Mediante el escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia 12, la parte
demandante “ratificó en su integridad” los argumentos planteados en la apelación.
1.7. Por su parte, el Procurador Primero Delegado ante esta Corporación conceptuó
que debía declararse la nulidad de la sentencia de primera instancia, porque las
materias discutidas en el proceso exigen la integración litisconsorcial necesaria del
contratista13.
1.8. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el numeral
primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido concepto
en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los
magistrados William Barrera Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala
mientras este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento
manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Verificada la competencia de esta Sala de Subsección para conocer de los recursos
de apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia 14 , así como la
presentación oportuna de la demanda15, es del caso resolver los siguientes problemas
jurídicos, de acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso
(“CGP”), en este orden:
2.1.1. ¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia,
y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque
hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista?
2.1.2. ¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias
técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?
2.1.3. ¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de
la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011? De ser así, ¿el
12 F. 970-1038, c. ppal.
13 F. 1108-1118, c. ppal.
14 A saber, las impugnaciones fueron formuladas contra una sentencia de primera instancia, proferida por un Tribunal
Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, en un asunto en el cual se juzgan
actos administrativos contractuales de un Departamento, y por superar la cuantía para conocer del asunto toda vez
que la cifra estimada de las pretensiones de la demanda ($1.294.833.411) excede el tope legal de 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la demanda ($344.727.000), por ende, el proceso es de doble
instancia. Ver: CPACA, artículos 150 y 152 numeral 4, y Ley 80 de 1993, artículos 75 y 77.
15 La Resolución núm. 319 de 2015 cobró ejecutoria el día 17 de junio de 2015 (f. 190, c. 1). Tomando en
consideración esta fecha, podía demandarse en término este acto hasta el 18 de junio de 2017. Por lo tanto, la
demanda, presentada antes de esta fecha, fue oportunamente radicada.
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incumplimiento de esta obligación justificaba hacer efectiva la garantía de
cumplimiento por el 100% del valor estipulado?
2.1.4. ¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo
pactado? De no haber sido así, ¿es ajustado a derecho que el departamento
contratante haya hecho efectiva la garantía única de cumplimiento, en el amparo
por la correcta inversión del anticipo, por el 100% de su cuantía?
2.1.5. ¿El departamento contratante violó el debido proceso de la aseguradora
por fallas en la notificación de los actos demandados, y/o por no haber sido
decretadas las pruebas solicitadas por Allianz durante el procedimiento
administrativo, lo cual conlleva la anulación de los actos demandados por
violación del debido proceso?
2.1.6. ¿Las resoluciones demandadas incurren en violación del artículo 1060 del
Código de Comercio, por no informar previamente la agravación del riesgo
amparado?
III. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1. La respuesta al primer problema jurídico 16 , planteado con ocasión del
pronunciamiento del agente del Ministerio Público 17 , es negativa toda vez que,
siguiendo lo considerado de forma reiterada por la jurisprudencia de esta Sección18, la
relación sustancial existente entre la aseguradora y el contratista amparado en el
cumplimiento de sus obligaciones no exige de forma indispensable que ambos
concurran al litigio, por lo que se configura un litisconsorcio cuasinecesario, y no uno
necesario ―como lo expresó el interviniente―, pues entre la aseguradora y el tomador,
como lo es la UT San Gabriel19, existe una relación sustancial a la cual se extienden
los efectos jurídicos de la sentencia, hasta el punto que cualquier sujeto de esa relación
estaría legitimado para demandar o ser demandado en el proceso, pero basta con que
uno solo de ellos actúe en el proceso en tal calidad, para que pueda dictarse sentencia
de mérito con plenos efectos jurídicos.
3.2. En relación con el segundo problema jurídico, acerca de las objeciones al
dictamen pericial formuladas por Allianz, y comprendidas en la apelación20, se advierte
que las causas alegadas podrían afectar la credibilidad y solidez técnica de la prueba
pericial, lo que deberá tomarse en cuenta al valorarla, pero en modo alguno constituirían
un error grave, caracterizado por ser un yerro de una especial magnitud, que implica la
16 Aptdo. 2.1.1.
17 Aptado. 1.7.
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección B. Sentencias del 23 de febrero de 2012, rad. núm 05001-
23-26-000-1994-00558-01(20810); del 27 de marzo de 2014, rad. núm. 25000-23-26-000-2001-02301-01(29857); y
del 10 de mayo de 2018 rad. núm. 76001-23-31-000-2002-02259-02(39689. Subsección C, auto de 24 de abril de
2024, rad. núm. 05001-23-33-000-2016-00243-01 (70733).
19 Póliza a f. 103 y 104, c. 6.
20 Aptdo. 1.4.6.
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alteración misma del objeto de análisis, cuyo impacto se extiende consecuencialmente
a los resultados del examen del experto 21 . Por ende, este problema jurídico es
contestado en sentido negativo.
3.3. Para resolver el tercer problema jurídico se tendrá en cuenta que, si la compañía
aseguradora demandante alega ante los estrados judiciales el incumplimiento de la
obligación contractual del departamento de Casanare respecto a la provisión de los
estudios y diseños de la obra, lo hace para refutar la motivación empleada por los actos
administrativos en los que fue declarado el incumplimiento del contrato núm. 320 del 14
de febrero de 2011[22], hizo efectiva la totalidad de la pena pecuniaria inserta en la
cláusula vigésima primera23 del contrato, y declaró el siniestro amparado en la garantía
única de cumplimiento librada mediante la póliza de seguro24 CEST-6963, expedida por
la entonces compañía Aseguradora Colseguros S.A., cuyo nombre cambió a Allianz 25.
En consecuencia, será necesario hacer referencia a las razones contenidas en estas
decisiones unilaterales y a las pruebas que reposan en el expediente, en relación con
el incumplimiento contractual atribuido por esas decisiones unilaterales a la UT San
Gabriel, para luego determinar si las motivaciones fácticas y jurídicas de los actos cuya
nulidad se persigue fueron completamente desvirtuadas por la parte demandante.
3.3.1. Con la resolución26 núm. 20 del 14 de noviembre de 2013 (“Resolución 20 de
2013”) —que concluyó el procedimiento administrativo iniciado en contra de la UT San
Gabriel por “[e]l no pago de salarios y prestaciones y la seguridad social atrasados”,
“[l]a obra abandonada”, “[l]a no legalización del anticipo” y “[a]trasos en la obra”27— el
departamento de Casanare: declaró el incumplimiento del contrato de obra núm. 320
de 2011, hizo efectiva la pena pecuniaria por un 10% del valor total del contrato
($249.985.677,20), y declaró los siniestros de cumplimiento ($249.985.677,20) y de
correcto manejo e inversión del anticipo ($1.249.928.386).
Como fundamento de lo anterior, el departamento consideró, entre otros motivos, que:
3.3.1.1. La UT contratista se comprometió a realizar el ajuste a los diseños
iniciales, en el “comité de obra de fecha 28 de febrero de 2012”.
21 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 4 de agosto de 2021. Rad. 05001-23-31-000-1993-00072-01 (45004).
22 F. 72-93, c. 6.
23 “VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Atendiendo a la cuantía del contrato, el Departamento
fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando
incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el
incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento del
Casanare del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las
garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta
el monto inicial”.
24 F. 103-110, c. 6.
25 Ver: Certificado de existencia y representación núm. R048591950, expedida por la Cámara de Comercio de
Bogotá, del 18 de febrero de 2016: f. 2-12, c. 6.
26 F. 144-162, c. 6.
27 Corresponde al “PLIEGO DE CARGOS” elevado por la interventoría del contrato a la UT contratista, reflejado en
el oficio INT 150-712 del 25 de julio de 2012: f. 81-82, c. 5.
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3.3.1.2. Dichos ajustes a los diseños fueron producto de la “falta de conocimiento
de la normativa correspondiente a las áreas de asignación en las construcciones
o por omisión de parte de la consultaría [sic] inicial”. Uno de los motivos de esta
imprecisión fue la actualización normativa en materia de sismo resistencia para
este tipo de edificaciones.
3.3.1.3. Por las vicisitudes en los diseños de la obra, las partes suspendieron el
plazo del contrato. De acuerdo con el acta de suspensión, la UT San Gabriel
debía reiniciar la obra el 17 de septiembre de 2012, pero el contratista se rehusó
a ello, argumentando un “ajuste estructural” de las aulas y cafetería, pese a que
contaba con los “planos récord” para que continuara la ejecución de las obras.
Esta negativa del contratista a ejecutar la construcción ocasionó retrasos y que
la obra quedara “inconclusa y abandonada, incursa [sic] en un detrimento
patrimonial para el ente territorial”.
3.3.1.4. Por estas razones, con fundamento en “los informes financieros y
documentos contables presentados por la interventoría y la supervisión”, con el
acto se hizo efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria pactada en el
contrato, equivalente al 10% de su valor total ($249’985.677,20), monto al cual
ascendió asimismo el siniestro por incumplimiento contractual.
3.3.2. La resolución núm. 025 del 10 de diciembre de 2013 (en adelante, “Resolución
25 de 2013”)28, que confirmó en su totalidad las decisiones de la Resolución 20 del
mismo año, expresó que el incumplimiento de la contratista inició “desde el mismo
momento en que firmó el acta de inicio”, porque esta última fue suscrita el 2 de mayo
de 2011, pero la ejecución de las obras empezó el 4 de junio del mismo año, sin que
existiera razón que lo justificara.
3.3.2.1. Aparte, se tomó en consideración que:
“En la misma bitácora se determinan cada uno de los actos y hechos de incumplimiento
por parte del contratista, como por ejemplo el día 07 de febrero de 2012 los obreros no
laboraron por falta de pago, el día 13 de febrero de 2102 [sic] volvió y ocurrió la misma
situación del cese de actividades por falta de pago, por lo que, (consignado en bitácora)
el día 14 de febrero se solicitó al contratista la dotación y la certificación de trabajo en
altura, de los trabajadores que laborarían en la placa entre piso, con esto se está
corroborando que las órdenes se impartían por escrito, bien sea por oficio o a través de
la bitácora.
A partir del 17 de Febrero de 2012, los trabajos en la obra se paralizaron por razones
atribuibles al contratista, que entre otras fueron: falta de materiales en obra, falta de la[s]
herramientas y equipo necesario para ejecutar las labores en la misma, hasta el día 24
de Febrero del mismo año, reiniciaron labores el día lunes 27 de Febrero a la 1:30 pm,
al día siguiente, es decir 28 de Febrero, se hizo comité de obra con la supervisión y la
interventoría, acta que es conocida por las partes, en la que el contratista solicitó una
prórroga de 04 meses, en razón a los atrasos que se venían presentando, y que [a] su
28 F. 163-184, c. 6.
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vez se determinaron unos compromisos, situación que originó la suspensión del
contrato, dejando entrever la mala situación económica y el desface financiero en que
se encontraba el contratista, aspecto este probado acorde con las reclamaciones
allegadas a la Secretaría de Educación Departamental de los trabajadores de dicha
obra, por el no pago de los salarios y prestaciones sociales a que está obligado el señor
Alejandro Ordóñez Flórez, de fecha 25 de Mayo de 2012, el cual fue recibido el 04 de
Junio de 2012, que en uno de sus apartes expresa: […].
Pese a que no les cancelaron sus saliros y prestaciones, de manera dolosa y fraudulenta
el señor Alejandro Ordóñez Flórez descontaban los valores correspondientes a los
aportes a seguridad social sin hacer los pagos correspondientes, actuaciones esta
dolosas, impropias de un servidor público [sic], que a la fecha se les adeuda su
liquidación. En igual condición estaba el trabajador Cesar Eduardo Orduz Girón, quien,
mediante derecho de petición de 14 de agosto de 2012, hizo similares reclamaciones
ante la Secretaría de Educaron [sic] Departamental. […]”.
3.3.2.2. Agregó la administración departamental, como fundamento de esta decisión
confirmatoria, que:
“Dentro de los documentos que anexa la recurrente no hay ninguna prueba que
desvirtúe los hechos materia de este procedimiento sancionatorio, por el contrario
ratifican las inconsistencias del papel de la supervisión y de la interventoría, por citar un
ejemplo, al referirse a la correcta inversión del anticipo, la interventoría normalmente
avala las partidas que allega el contratista, justificando de manera contable y financiera
el préstamo hecho por la entidad contratante, en el caso que nos ocupa, los documentos
entregados por el contratista y recibidos por la interventoría no reunieron los requisitos,
soportes contables ni financieros para avalar y soportar como inversión en la obra objeto
del contrato tal como lo determina el manual de interventoría adoptado por la entidad,
dando lugar a rechazar los presuntos gastos presentados por la Unión Temporal San
Gabriel. Tal situación se detona [sic] en el oficio de USCO INT 150 210 de fecha 21 de
diciembre de 2012, en el que hace alusión a las correcciones que deben hacerse para
dar trámite a la legalización del anticipo, desvirtuándose la posición dada por la
apoderada al referirse que ‘la interventoría trasgrede el derecho de defensa’, más aun
cuando en este mismo oficio se le indicó las situaciones a corregir, que en este caso
eran tres aspectos; el primero, tiene que ver con los contratos de bienes o servicios que
anexaron y que gravados en menor cuantía, que pasaron a mayor cuantía (retenciones
e impuestos varían en cada uno de estos casos), en segundo lugar, se indica que falta,
o que no se realizaron pagos de seguridad social de alguno de los trabajadores incluidos
en nómina de la Unión Temporal San Gabriel, y el tercero y último aspecto, es que
adjuntaron la nómina del mes de diciembre, cuando este mes no había terminado.
Es importante recordar que el término de legalización de un anticipo es perentorio, una
vez desembolsado el dinero por la entidad, y por tanto este deberá ser invertido
exclusivamente al programa de inversión de anticipo, debidamente aprobado por la
interventoría, […]”.
3.3.3. Ahora bien, aunque en el contrato de obra núm. 320 de 2011 no fue convenida
expresamente que la parte que se encargaría de proporcionar los planos y diseños de
la obra, en el pliego de condiciones definitivo 29 del proyecto de “AMPLIACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS Y PORTERÍA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
29 Documento escaneado en .pdf “FOLIO 1 AL 177”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 1”, p. 107-154. En: CD, f. 285,
c.7.
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PALENQUE” se precisó que el riesgo de “[m]odificación de estudios, diseños y
especificaciones técnicas”, definido como aquel que acontecería “cuando se presentan
efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de
las obras”, estaba asignado al departamento de Casanare. Así mismo, el pliego expresó
que el departamento entregaría al contratista, a través del interventor, “los planos y
especificaciones del proyecto, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan
como ANEXO”.
3.3.4. Por otra parte, durante la ejecución del contrato cuya acta de inicio data del 2
de mayo de 2011[30], la interventoría del contrato manifestó, mediante oficio31 del 26
de enero de 2012, lo siguiente:
“Revisando todos los planos y diseños existentes […], encontramos que estos presentan
graves inconsistencias, por lo que esta interventoría […] viendo que definitivamente es
imposible contar con los diseñadores iniciales, y los planos definitivos Arquitectónicos,
Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios y Eléctricos, estamos alertando tanto a la
supervisión como a la Secretaría de Educación, que si antes de tres (3) días, no se
reciben aunque sea los planos Arquitectónicos Definitivos y los Cálculos y Diseños
Estructurales, nos veremos en la obligación de suspender las obras correspondientes a
este contrato, hasta que se cuente con ellos, revisados y aprobados por nuestro
especialista estructural”.
Las razones para descalificar los planos y diseños fueron: (i) la diferencia en las
medidas de la altura de entrepiso y el corte de placa de entrepiso; (ii) que “la ubicación
del proyecto cambió, los diseños hidráulicos y sanitarios no corresponden por esta
misma situación, por lo que no se ha podido ubicar donde quedarán las cajas de
inspección y los pozos del diseño sanitario”; (iii) que las dimensiones de las columnas
eran “muy bajas” para el esfuerzo al que serían sometidas; y (iv) la falta de “planos de
detalle arquitectónicos de acabados”.
3.3.5. El 29 de febrero de 2012, la UT San Gabriel solicitó la suspensión32 del contrato
núm. 320 de 2011, por estas razones:
“Revisando el acta suscrita el día de ayer en el municipio de San Luis de Palenque […]
se realizaron algunas investigaciones con respecto al tema de los diseños originales, y
nos hemos dado cuenta [sic] que los compromisos de la consecución de los planos y
diseños nos son completamente imposibles de cumplir en el tiempo estipulado en el
acta, por tal motivo solicito que se suspenda el contrato por un tiempo no inferior a 90
días calendario, tiempo que estimamos conveniente y suficiente para la consecución o
ejecución total de todos los diseños de acuerdo con los existentes, que se requieren
para la continuación del contrato.
Además no se pueden continuar las labores, pues se podría continuar solo con la parte
de la estructura en cuanto a losa de contrapiso, pero como es uno de los temas que
30 Acta de iniciación, en: documento escaneado en .pdf “FOLIO 945 AL 1054”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 6”, p.
50, 57-58. En: CD, f. 285, c.7.
31 F. 32, c. 5.
32 Documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 8”, p. 304. En: CD, f. 285,
c.7.
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debemos revisar, no queremos adelantar labores que no tenemos certeza [sic] que
pueda tener modificaciones”.
3.3.5.1. El contrato núm. 320 de 2011 fue suspendido el primero (1°) de marzo de dos
mil doce (2012)33, por noventa (90) días calendario, de acuerdo con la solicitud de la
UT. La fecha prevista de reiniciación era el primero (1°) de junio del mismo año.
3.3.5.2. Durante el periodo de suspensión, la UT San Gabriel expresó34 que requería
extender el plazo para “la entrega de los planos estructurales [a] que [s]e había
comprometido en el comité de el [sic] día 29 de febrero esto debido a que el ingeniero
estructural que se contrató para esta labor no ha podido entregar los rediseños por que
debe hacer los cálculos como si fuera una estructura nueva porque no se cuenta con la
memoria de cálculo y esto demanda una cantidad mayor de tiempo”.
3.3.5.3. Posteriormente, la UT San Gabriel pidió prorrogar la suspensión del contrato
núm. 320 de 201135 porque, pese a que la contratista solicitó “la entrega de los diseños
y adecuación de los mismo [sic] aún no se tiene respuesta”. La interventoría, en un
principio36, presentó concepto favorable37 a la prórroga de la suspensión por “tres (3)
meses más quince días contados a partir del día (1) de junio hasta el día dieciséis de
septiembre de 2012”.
3.3.5.4. El 1° de junio de 2012, la UT San Gabriel y el departamento de Casanare
prorrogaron la suspensión del contrato núm. 320 de 2011 por tres meses y quince días,
y proyectaron el 17 de septiembre de 2012 como fecha de reiniciación38. Conforme a
esta acta, faltaban tres (3) meses para concluir el plazo de ejecución del contrato.
3.3.5.5. El 20 de septiembre de 2012, la interventoría39 acusó el incumplimiento de los
compromisos del contratista y sugirió que se declarara la caducidad del contrato. En su
parecer, el incumplimiento “más importante” radicaba en que la UT San Gabriel “no ha
cumplido con el pago de salarios” y la obra estaba en estado de abandono. El 17 de
noviembre de 2012, la interventoría afirmó40 que el contratista no estaba a paz y salvo
con los empleados por haber pagado “los salarios correspondientes a los meses de
febrero y marzo de 2012”, rememoró que ―en su criterio― los planos definitivos no
33 Acta de suspensión: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 8”, p.
305-307. En: CD, f. 285, c.7.
34 Oficio del 10 de marzo de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-
2011/TOMO 8”, p. 310. En: CD, f. 285, c.7.
35 Oficio del 30 de mayo de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-
2011/TOMO 8”, p. 331. En: CD, f. 285, c.7.
36 En oficio INT 150-528 del 31 de mayo de 2012, la interventoría solicitó a la UT “hacer llegar los diseños faltantes
por los cuales fue suspendido el proyecto”: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO
320-2011/TOMO 8”, p. 334. En: CD, f. 285, c.7.
37 Oficio del 30 de mayo de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-
2011/TOMO 8”, p. 331. En: CD, f. 285, c.7.
38Acta de ampliación a la suspensión núm. 1 del contrato: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”,
carpeta “CTO 320-2011/TOMO 8”, p. 335. En: CD, f. 285, c.7.
39 Oficio INT 150-850 del 20 de septiembre de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta
“CTO 320-2011/TOMO 8”, p. 349-350. En: CD, f. 285, c.7.
40 Oficio INT 150-934 del 17 de noviembre de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta
“CTO 320-2011/TOMO 8”, p. 352-353. En: CD, f. 285, c.7.
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habían sido suministrados por la UT, y afirmó que el contratista envió “unos planos en
formato PDF, que son los mismos que se están utilizando en la obra; es más, los
residentes llevan unos planos récord de la obra con las modificaciones que se han
hecho en la misma y no están plasmados en estos planos”.
3.3.6. A partir del recuento probatorio anterior, es evidente que las prestaciones
contractuales atinentes a la provisión de los diseños y planos definitivos de la obra
contratada, así como con la posible modificación de éstos por necesidades
sobrevinientes de la misma obra, siempre fueron responsabilidad del departamento de
Casanare. Ello es así porque, desde el pliego de condiciones41, la entidad territorial
asumió el compromiso de suministrar estos insumos al contratista, los cuales estarían
incorporados al objeto pactado del contrato. Además, en la matriz los riesgos previsibles
del contrato, contenida en el pliego, el ente contratante asumió la circunstancia futura
e incierta de modificarlos cuando esas variaciones fueran requeridas para la correcta
ejecución y operación de las obras.
3.3.6.1. Por lo tanto, si la voluntad de las partes hubiese consistido en variar esta regla
del contrato durante su ejecución, dicha reforma contractual debería haber sido elevada
a escrito para que surgiera a la vida jurídica 42 , en virtud de la solemnidad de los
contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(“EGCAP”) que establecen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993[43], aplicable
igualmente a sus modificaciones 44 . En este caso, las únicas variaciones a las
prestaciones del contrato núm. 320 de 2011 fueron las contenidas en el “OTROSÍ
MODIFICATORIO”45 suscrito el 15 de febrero de 2011, que nada tuvieron que ver con
las obligaciones referidas a los planos, estudios, diseños y especificaciones técnicas
de la obra46. No se acreditó, por demás, que en el “comité de obra de fecha 28 de
41 Aptdo. 3.3.3.
42 En relación con la solemnidad de los contratos estatales, como requisito de existencia, ver, entre muchas otras:
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13
de junio de 2013. Rad. 17001-23-31-000-2000-00001-01 (23730).
43 Artículo 39: “DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades estatales
constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen
mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos
que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. || Las entidades estatales
establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos
estatales.”; Artículo 41: “DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
44 En palabras de la jurisprudencia de esta Corporación: “De conformidad con [los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993], respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes
puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente
en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar
eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por
escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando
el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el
reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. […] En este caso, el consentimiento mutuo para
adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigían para la
creación del vínculo jurídico originario”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Rad. 85001-23-31-000-1997-00403-01(15596).
45 F. 44-45, c. 6.
46 El otrosí modificó: (i) un considerando del encabezado, respecto de la fecha de la adjudicación del contrato; (ii) la
cláusula tercera, relacionada a la forma de pago; y (iii) la cláusula sexta en el sentido de aclarar que el contrato era
de obra y no interadministrativo como constaba originalmente en el texto contractual.
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febrero de 2012”, referido en la resolución núm. 20 de 201347, se hubiera producido una
reforma contractual que supusiera una modificación de la obligación de la entidad
referente a la entrega de planos, estudios, diseños y especificaciones técnicas, que
supusiera una alteración del riesgo.
3.3.6.2. De allí que, en principio, le asista razón a la aseguradora en sostener que no
era procedente imputarle la satisfacción de una obligación que, conforme al contrato
estatal que amparó a través del seguro de cumplimiento, no sea un débito del contratista
tomador. No solamente porque el marco delineado para el afianzamiento específico de
las obligaciones contractuales fue estipulado en las condiciones generales de la póliza
suscrita 48 , sino también porque el objeto de las garantías de cumplimiento en los
contratos regidos por el EGCAP es determinado por el ordenamiento jurídico superior
al que estas se someten, en particular, por el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007[49]. Por
este mismo motivo, carece de sustento efectuar un reparto de responsabilidades por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a los estudios, planos y
diseños de la obra, reducida a un 70% para el departamento contratante, de la manera
en que lo hizo el Tribunal de primera instancia.
3.3.7. Ahora, más allá de demostrar que el departamento contratante tenía el deber
jurídico de responder por la omisión en la entrega de los estudios, diseños y planos de
la obra, la parte demandante debía desvirtuar toda la motivación del acto, para así
contrarrestar la presunción de legalidad que protege tanto el fundamento como la
resolución de estas decisiones50, en lo concerniente al incumplimiento contractual y al
cobro de la cláusula penal pecuniaria, tomando en cuenta que los razonamientos
contenidos en los actos demandados no atribuyeron la infracción contractual a la UT
San Gabriel únicamente por no efectuar la entrega completa de los diseños. En ese
sentido, era necesario que la actora rebatiera los demás motivos, y en particular, que
la contratista sí podía reanudar la ejecución del contrato ―luego de la suspensión
pactada para ajustar los diseños― con la documentación que ya tenía, en particular
con los “planos récord”, como lo fue considerado expresamente en las resoluciones
atacadas en este contencioso51.
47 Aptado. 3.3.1.1.
48 De acuerdo con las condiciones generales de la póliza (F. 105, c. 6): “El amparo de cumplimiento del contrato
cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. La indemnización total a que hubiere lugar no excederá, en
ningún caso, la suma asegurada establecida para el efecto. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá el
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. […]”.
49 Según dicta esta norma, en lo pertinente: “DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. // Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías
de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. […]” (Se subraya).
50 CPACA. Artículo 88.
51 Aptdo. 3.3.1.3.
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Al punto, resulta oportuno recordar que, como lo ha determinado la jurisprudencia
administrativa 52 , la excepción de contrato no cumplido se aplica en los contratos
administrativos, cuando quien la invoque demuestre que el incumplimiento de la
Administración sea grave y determinante, haciendo razonablemente imposible el
cumplimiento de las prestaciones que el contratista se allanó a ejecutar.
3.3.7.1. Además de la entrega de los planos definitivos, la Administración le imputó
constantemente al contratista el impago de salarios y prestaciones a los trabajadores
de la obra53. Las pruebas traídas al proceso únicamente dejan entrever la controversia
que al respectos se presentó entre la UT San Gabriel, quien aducía que, por efectuar
los pagos de salarios a sus empleados durante los meses de febrero y marzo de 2012,
quedaba “a paz y salvo con los trabajadores que fueron contratados durante la
ejecución del contrato 320 de 2011” 54 ; y la interventoría 55 que ―basada en
comunicaciones de los propios trabajadores56, algunos de ellos encargados de cuidar
la obra 57 ― aseguraba que estas obligaciones no habían sido completamente
satisfechas por la contratista58, quien, desde febrero de 2012, no se había “presentado
[…] al sitio de la construcción” 59 . Esta situación fue puesta en conocimiento de la
aseguradora, mediante oficio del 1 de agosto de 2012[60], lo cual no fue desmentido en
este proceso, ni se probó que estas circunstancias fueran ajenas al cumplimiento de
las obligaciones contractuales que desembocaron en el incumplimiento declarado61.
3.3.7.2. Ahora, los informes y oficios de interventoría allegados al expediente dan
cuenta del constante atraso en las actividades de los trabajos en ellos relacionados, y
del abandono de la obra, por otra serie de problemas en el terreno que fueron advertidos
desde el inicio de la ejecución contractual, y que no se agotan solamente en la
inconsistencia de los planos, estudios y diseños. En el informe núm. 2 del periodo
comprendido entre el 23 de mayo de 2011 a el 22 de junio de 2011, los trabajos ya
52 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencias de 14 de septiembre de 2000, rad. CE-SEC3-EXP2000-
N13530; de 15 de marzo de 2001 rad. 05001-23-26-000-1988-04489-01 (13415); de 2 de octubre de 2003, rad.
73001-23-31-000-1995-04394-01(14394); y de 28 de septiembre de 2006, rad. 73001-23-31-000-1997-05001-
01(15307). Subsección C. Sentencias de 23 de octubre de 2017, rad. 25000-23-36-000-2013-00802-01(53206); de
9 de julio de 2018, rad. 25000-23-26-000-2005-10969-01(42171); y de 4 de diciembre e 2023, rad. 23001-23-33-
000-2014-00109-01 (60055), entre otras.
53 Aptdos. 3.3.5.5 y 3.3.2.1.
54 Oficio del 16 de noviembre de 2012: documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-
2011/TOMO 8”, p. 351. En: CD, f. 285, c.7.
55 Oficio INT 150-696 del 18 de julio de 2012, en: f. 79, c. 5.
56 Oficio del 10 de mayo de 2012 (en documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-
2011/TOMO 8”, p. 321. En: CD, f. 285, c.7) radicado por quien adujo ser ingeniero residente en obra, y que no había
recibido salarios en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 16 de marzo de 2012. Oficio del 14 de agosto
de 2012, radicado por un ciudadano que afirmó representar al “grupo de trabajo que laboró para la firma UNIÓN
TEMPORAL SAN GABRIEL […] Contrato No. 320 de 2011”.
57 Oficio INT 150-738 del 6 de agosto de 2012, en: f. 89, c.5.
58 En los oficios INT 150 -320 del 21 de marzo de 2012 (f. 572, c. 7), y INT 150 – 464 del 10 de mayo de 2012 (en
documento escaneado en .pdf “FOLIO 1454 AL 1845”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 8”, p. 322. En: CD, f. 285,
c.7), el interventor requirió al contratista para entregar los soportes de seguridad social.
59 Oficio INT 150-696, antes citado.
60 Oficio INT 150-729 del 1 de agosto de 2012, en: f. 84, c. 5.
61 De hecho, se advierte que, por el contrario, la acreditación de los pagos del contratista al sistema de seguridad
social integral y parafiscales, eran una obligación contractual expresada en la cláusula décima segunda del contrato
320 de 2011, que a su vez invocaba normas legales: Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150
de 2007.
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presentaban un atraso del 19,16%, y estaba pendiente la compra de materiales 62. De
acuerdo con el informe núm. 5 del 23 de junio al 22 de julio la obra presentaba atrasos
de “dos meses veinte días con respecto al tiempo de ejecución”, y el contratista no
mostraba “ningún interés por el desarrollo de la obra”, porque no habían sido
entregados los documentos requeridos por la interventoría63; situación que no varió en
el informe64 núm. 6, referido al período entre julio 23 y agosto 22 de 2011, que también
dio cuenta de la falta de información respecto al cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, y la asunción “de compromisos para mitigar el atraso del
proyecto”, que, no obstante, fueron incumplidos.
3.3.7.3. Además, el 13 de julio de 2011, la interventoría le comunicó al contratista que,
pese a haber transcurrido “2 meses [y] 10 días del plazo contractual”, hasta la fecha del
oficio únicamente se habían ejecutado “algunas obras preliminares como [lo] son un
sector del cerramiento provisional en lona verde y montaje del campamento” 65 .
Posteriormente, el 5 de agosto de 2011, la interventoría comunicó al departamento66
que las obras presentaban atraso, “pues ya se han cumplido tres (3) meses desde la
firma del Acta de iniciación del contrato y apenas se están efectuando las excavaciones
para la construcción de las zapatas”; y que, en esa fecha, no se apreciaban “en obra la
disponibilidad de los equipos y materiales” requeridos para las actividades programadas
en ese momento. Mientras que, en oficio67 del 26 de enero de 2012, la interventoría le
llamó la atención a la UT contratista por la falta de personal en obra.
3.3.7.4. En el informe de interventoría núm. 11, del 23 de diciembre de 2011 al 22 de
enero de 2012[68], consta que los trabajos presentaban un “atraso del 26,16% con
respecto al tiempo de ejecución del proyecto”. En los informes generados durante el
término de suspensión inicial (núm. 13 al 16) 69 se reiteró que el avance de la obra era
del 21,94%, cuando debía ascender al 67,1%, por lo tanto, había un atraso del 45,12%.
En el informe de interventoría núm. 1770, que comprendía el periodo del 23 de junio al
22 de julio de 2012, época anterior a la ampliación de la suspensión del contrato, el
interventor afirmó que la obra contaba “con una ejecución de obra del 22% a la fecha y
un porcentaje programado de 95% presenta un atraso del 73% con respecto al tiempo
de ejecución del proyecto”.
3.3.7.5. Después de la suspensión del contrato de obra núm. 320 de 2011, en el informe
núm. 19, para el lapso comprendido entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre de
201271, se mencionó que el contratista había formulado un “plan de contingencia” que
incumplió. Así mismo, en reunión adelantada entre el interventor, la UT San Gabriel, el
62 F. 216-223, c. 5.
63 F, 225-239, c. 5.
64 F. 263-272, c. 6.
65 F. 273 reverso – 274, c. 6.
66 Oficio INT 150-036 del 5 de agosto de 2011: En: F. 276 reverso, c.6.
67 F. 31, c. 5.
68F. 499, c.6 a f. 529, c. 7
69 F. 558-565; 587-591; 607-611; 622-627, c. 7.
70 F. 348-353, c. 6.
71 F. 385-391, c. 6.
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supervisor y la oficina jurídica del departamento de Casanare, la contratista se
comprometió al “pago de salarios atrasados y [la] liquidación del personal que laboró
en la obra, pagos que no han sido efectuados por parte del contratista”. Luego, en el
informe núm. 20 de interventoría [72], sobre lo ocurrido entre el 23 de septiembre y el 22
de octubre de 2012, la interventoría insistió en el incumplimiento del contratista con sus
trabajadores. Por último, en el informe final de interventoría73, fueron plasmadas las
siguientes imágenes del estado en que quedó la obra:
3.3.7.6. No pasa por alto la Sala, por demás, que los informes de interventoría
anteriores a la suspensión del contrato núm. 320 de 2011 reflejan también la influencia
de las inconsistencias en los diseños en los avances de su ejecución. Así, en el informe
de interventoría núm. 7, de 23 de agosto a 22 de septiembre de 201174, se afirmó que
no había sido posible, para el contratista, implementar un plan de contingencia y una
reprogramación de la obra, ni iniciar trabajos de construcción en el bloque de cafetería,
72 F. 402-406, c. 6.
73 F. 435-444, c. 6.
74 F. 298-304, c. 6.
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porque “aún no se ha logrado aclarar con el consultor el asunto de las incongruencias
que se presentan en el diseño arquitectónico y el diseño estructural del bloque”.
Posteriormente, en el informe núm. 9, de 23 de octubre a 22 de noviembre de 201175,
se plasmó que por “los problemas presentados en el diseño, la ejecución en las obras
presenta un atraso significativo”. Así mismo, en el informe núm. 11, del 23 de diciembre
de 2011 al 22 de enero de 2012 (antes citado76), consta que, según la interventoría, en
“los planos arquitectónicos no concuerdan las elevaciones en los cortes y fachadas
situación que ha demorado la ejecución de estas”, y observó que el rendimiento en las
obras no era el óptimo por estas falencias. Además, en oficio77 del 7 de febrero de 2012,
la interventoría expresó que en el contrato faltaba “aclarar diseños estructurales,
arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos”, y, por ello, la obra debía ser suspendida; y en
el informe núm. 12, de 23 de enero a 22 de febrero 22 de 201278, la interventoría advirtió
que debían actualizarse los “diseños estructurales”, de acuerdo con la norma de sismo
resistencia NSR-10, que había entrado en vigor antes de la iniciación de las obras.
3.3.7.7. En este contexto, cabe concluir que el incumplimiento definitivo del objeto
contractual79 fue atribuido a múltiples razones, ninguna de ellas exclusiva ni excluyente,
sin que pueda cuantificarse cuál tuvo mayor o menor incidencia en el desenlace. Los
motivos de la inejecución de las obras contratadas abarcaron el bajo ritmo de las obras
al inicio del contrato, la falta de materiales, el impago de las obligaciones laborales, el
abandono de las obras y, desde luego, las inconsistencias en los planos y diseños de
la obra, siendo esta última la única que no le es imputable al contratista. La postura de
la aseguradora demandante, al igual que la de la UT San Gabriel80, fue la de atribuir el
fracaso del acuerdo de voluntades a las fallas en los diseños y, por ende, a la entidad
demandada. Sin embargo, se insiste, para que saliera avante su argumento,
fundamentado en la excepción de contrato no cumplido81, debía demostrarse que no
eran ciertas todas las razones empleadas por la Administración para declarar el
incumplimiento, y que las inconsistencias advertidas en los diseños hacían
razonablemente imposible su ejecución82, particularmente tras la suspensión del plazo
de ejecución contractual.
Para probar que con los diseños existentes no era posible concluir las obras, la
demandante pidió que se practicara un dictamen en ingeniería civil83. En el dictamen
pericial técnico84 rendido por el ingeniero Mauricio Andrés Rojas López, únicamente se
afirma que la “incidencia en los cambios [en la “rotación de los bloques” en los planos
75 F. 330-335, c. 6.
76 Aptado. 3.3.7.4.
77 F. 35-36, c. 5.
78 F. 522-529, c. 7.
79 De acuerdo con la cláusula quinta del contrato núm. 320 de 2011, numerales 1 y 12, el contratista debía hacer las
siguientes actividades: “Realizar y ejecutar el contrato dentro de los plazos y términos establecidos y acordados
entre partes [sic]”, y “La obra deberá ser entregada dentro del tiempo establecido y con una ejecución del 100%.”.
80 Oficio del 11 de julio de 2012: F. 357, c. 6.
81 Aptdo. 1.4.1.
82 Aptado. 3.3.7.
83 Folios 68 y 69, c. 6.
84 C. 22.
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y diseños] es mínima”. Ahora, una apreciación crítica de este medio de prueba85 permite
restarle todo valor probatorio en tanto carece, por completo, de fundamentos explícitos
y de aplicación específica de conocimientos técnicos y científicos, en este caso, de la
ingeniería civil, por lo que no pasa de ser una mera opinión del profesional. De cualquier
forma, este peritaje, solicitado por la demandante para probar que las deficiencias en
los diseños imposibilitaron el incumplimiento de las prestaciones a cargo de la UT
contratista no es eficaz para sus propósitos demostrativos, que forman parte de la carga
probatoria de la demandante para abatir la motivación de los actos que impugnó, por la
aplicación de la excepción de contrato no cumplido, invocada por la actora a lo largo de
este proceso.
En otras palabras, la actora acreditó únicamente la existencia de un hecho antecedente,
como lo son las deficiencias en los diseños de la obra a cargo del departamento
contratante, y un hecho posterior, consistente en su incumplimiento por la inejecución
de los trabajos contratados, pero no que entre este y aquel existiera un nexo,
determinado por una relación explicativa que, en este asunto, tiene un carácter técnico,
como lo advirtió la aseguradora al pedir una prueba para demostrarlo desde la
demanda. No hay, pues, más que un indicio contingente86 de que el incumplimiento en
la entrega de los planos a cargo del departamento de Casanare hubiera imposibilitado
razonablemente la ejecución de las prestaciones a cargo de la UT San Gabriel, el cual
resulta insuficiente para aplicar la excepción de contrato no cumplido, con la que la
aseguradora actora buscó invalidar, en este proceso, los actos demandados.
3.3.8. Por todo lo anterior, la respuesta al tercer problema jurídico planteado es la
siguiente: La UT contratista no tenía la obligación contractual de suministrar planos y
diseños de la obra en tanto no fue demostrado que, mediante pacto expreso y elevado
a escrito, haya existido una modificación de esta prestación asignada, desde la etapa
de formación del contrato, al departamento de Casanare. Por esto mismo, carece de
sustento jurídico distribuir entre el departamento de Casanare y la UT San Gabriel la
responsabilidad por la inejecución de las obras contratadas en varemos porcentuales.
85 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia
del 13 de agosto de 2020. Rad. 76001-23-31-000-2008-00453-01(51833); y auto del 14 de diciembre de 2022. Rad.
13001-23-33-000-2019-00352-01 (68201)
86 “Así las cosas, una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad,
concordancia, convergencia y relación con los demás medios de prueba que obren en el proceso. Para efecto de
establecer su gravedad, la doctrina ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como
necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende
demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se
conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas
leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto.
Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se
pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. […] La concordancia hace referencia a los hechos
indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la
convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o
deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar.[…] Tal y como lo advirtió el Ministerio Público en
esta instancia, este tipo de probanza exige el establecimiento de una conexión con una característica fáctica, de
modo que ésta se vincula con una regla de experiencia y de ahí se deriva la conclusión esperada (Döhring). Y en el
sub lite, los hechos indicadores enunciados no permiten, con el auxilio de la experiencia, deducir la existencia fáctica
que se pretende esclarecer por vía de este tipo de prueba”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del
3 de octubre de 2007, exp. 9286. En el mismo sentido: sentencias del 2 de mayo de 2007 exp. 15700; y del 10 de
marzo de 2011, exp. 18722.
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En todo caso, el incumplimiento en la entrega de los planos no es suficiente para
desvirtuar la motivación de los actos demandados, toda vez que estos no declararon el
incumplimiento de la UT tomadora por ese único supuesto de hecho, sino también por
el incumplimiento de obligaciones laborales, no proveer material ni personal suficiente
en la obra y abandonar los trabajos. Además, las decisiones se fundamentaron en que
el contratista podía ejecutar el contrato con los planos, diseños y estudios existentes al
momento de reanudar el plazo de ejecución. Ninguno de estos fundamentos fácticos,
adicionales a la provisión y corrección de estudios, planos y diseños, fueron abatidos
exitosamente por la parte actora.
Así las cosas, habrá de denegarse por completo la pretensión de nulidad de las
resoluciones impugnadas por los motivos analizados precedentemente.
3.4. En cuanto al cuarto problema jurídico, relacionado con la inversión del anticipo,
resulta pertinente referir los siguientes elementos de convicción:
3.4.1. De acuerdo con la Resolución 20 de 2013, la decisión de hacer efectiva la
garantía de buen manejo e inversión del anticipo se fundamentó en que la contratista
nunca cumplió con su deber de “legalización” de la correcta inversión del anticipo, y
desatendió los múltiples requerimientos de la interventoría87. Así mismo, desestimó el
departamento, en dicha resolución, un documento aportado por la UT San Gabriel,
porque no reflejaba lo realmente invertido en la obra, y desconocía el Manual de
Interventoría de la Gobernación del Casanare, con carácter vinculante según el
contrato 88 . Mientras que en la Resolución 025 de 2013, además de reiterar lo
expresado en la Resolución 20 de 2013, el departamento aseguró que no se demostró
que el contratista hubiera invertido exclusivamente los recursos del anticipo según el
programa de inversión, ni atendió los llamados con la “solicitud perentoria para la
legalización del informe de correcto y buen manejo del anticipo”.
3.4.2. Por su parte, la Resolución 319 de 2015[89 ], que liquidó unilateralmente el
contrato núm. 320 de 2011, adoptó el siguiente balance final del contrato:
87 Alude expresamente a los oficios INT-150-210 del 21 de diciembre de 2011 (f. 29, c. 5); INT-150-297 del 8 de
febrero de 2012 (f. 37, c. 5); y el INT 150-592 del 12 de julio de 2012 (f. 70-71, c. 5). En este último, la interventoría
afirmó que, “en varias ocasiones”, se dirigió a las oficinas de la contratista, en la ciudad de Yopal, “pero no encontró
a ningún funcionario”.
88 Según la cláusula vigésima tercera del contrato 320 de 2011, la interventoría seguiría “lo dispuesto en el Manual
de Interventoría adoptado por la Gobernación del Casanare, mediante la Resolución No. 0256 de 2004 o el acto que
la modifique o la sustituya”.
89 F. 186-189, c. 6.
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3.4.3. El 2 de mayo de 2011, la interventoría y el contratista establecieron el siguiente
plan de inversión90:
3.4.4. De acuerdo con la orden de pago91 núm. 01 OPA 1103325 del 18 de mayo de
2011, el departamento de Casanare desembolsó mil doscientos cuarenta y nueve
millones novecientos veintiocho mil trescientos ochenta y seis pesos ($ 1.249’928.386)
por concepto de anticipo del contrato de obra núm. 320 de 2011.
3.4.5. En los informes periódicos de interventoría núm. 17 a 20, se relacionó la siguiente
información92:
4.1. Balance general de manejo de anticipo
El contratista abrió cuenta ahorro No. […] para el manejo de los dineros del anticipo,
desembolsado por las Empresas Públicas [sic]. Dicho anticipo se invertirá según la
siguiente relación:
90 Documento escaneado en .pdf “FOLIO 2809 -2925”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 12”, p. 71. En: CD, f. 285, c.7.
91 Documento escaneado en .pdf “FOLIO 945 AL 1054”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 6”, p. 91. En: CD, f. 285,
c.7.
92 Tomado del f. 371 reverso, c. 6, pero reiterado en cada uno de los informes citados.
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3.4.6. En el informe final de interventoría 93 de diciembre de 2013, el interventor
consignó lo siguiente:
“- Cifras consolidadas del Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo
De acuerdo con los soportes entregados por el contratista, el equipo de trabajo de
interventoría ha aprobó [sic] el Informe en el 56%. Como se evidencia en el cuadro
anterior, el contratista presentó soportes por la suma de $1.249.928.386,00, pero de
acuerdo con el manual de interventoría, normas contables y tributarias, sólo se convalidó
la suma de $700.000.000,00”.
3.4.7. El dictamen pericial contable94, rendido por la contadora pública Reina Peña
Cabulo, a partir de las mismas cifras del informe final de interventoría, sostuvo que:
“[…] el saldo por invertir y ejecutar del anticipo del contrato de obra No. 320 de 2011, es
por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTY [sic] OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE $549.928.386.
En relación con la amortización del anticipo, según acta parcial de obra No. 01 del 27
de diciembre de 2011, […] el cual fue de DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 205.080.652), el saldo por
amortizar es de MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
$1.044.847.734.
93 Documento escaneado en .pdf “FOLIO 3076-3122”, carpeta “CTO 320-2011/TOMO 13”. En: CD, f. 285, c.7.
94 F. 627-637, c. 8.
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Según acta de recibo de obra No. 03 de 2014, y acta de liquidación No. 4 de 2015, el
valor de obra ejecutada fue de $510.847.598, del cual se amortizó del anticipo el valor
de $100.686.294.
Total amortizado del anticipo $305.755.946, valor por amortizar del anticipo
$944.161.440” (negrillas originales del dictamen).
Aparte, la perita concluyó que, entre los informes de interventoría generados durante la
ejecución del contrato y el informe final del año 2013 se presentó una contradicción, sin
que “hay[a] aclaración al respecto”, en la cifra aprobada de inversión del anticipo,
porque en los informes emitidos durante la ejecución se mencionaba la cifra de
“$97.212.589”, como suma aprobada de inversión del anticipo por pago de salarios y
jornales, y en el informe final esta cifra fue omitida. Agregó que “en el informe de
interventoría final, y acta de liquidación del contrato No. 4 de 2015, no se referencia la
cantidad de materiales sin ejecutar de la obra como tampoco el valor de los mismos”.
3.4.8. Ahora, en la apelación95, Allianz cuestionó que el fallo de primera instancia no
hubiera tenido en cuenta la inconsistencia que se presentaba en los informes de
interventoría final y los rendidos durante la ejecución del contrato, para determinar que
los actos demandados incurrieron en falsa motivación. Sin embargo, no puede perderse
de vista que el objetivo de este contencioso radicaba en desvirtuar la motivación del
acto que, en este punto, se centraba en la cuantificación de los recursos del anticipo
que realmente fueron invertidos por el contratista para financiar la ejecución del objeto
contractual, con la comprobación del grado en que en ello fueron invertidos estos
recursos de la entidad contratante96.
3.4.8.1. En ese orden de ideas, no son útiles las pruebas que demuestran la
incoherencia entre los informes final y precedentes del interventor, pues ello no da
cuenta del valor realmente invertido por el contratista en la ejecución de las
prestaciones contractuales, y su concordancia con lo pactado, esto es, aquello en lo
que consiste el amparo del seguro de cumplimiento al que se obligó la aseguradora en
este caso97. En este punto, se debe descartar que meras informaciones acerca de la
compra de materiales, o su existencia en la obra, sean suficientes para dar cuenta de
su valor, o de que, con ellos, se hubiera invertido correctamente el anticipo
desembolsado por la entidad contratante. Tampoco es prueba de su correcta inversión
el testimonio rendido por el representante legal de la UT contratista porque, además de
no tener “claros los valores” supuestamente invertidos98, es un testigo sospechoso, por
tener interés personal en la causa en que se discute su incumplimiento contractual, sin
95 Aptdo. 1.4.3.
96 Sobre el anticipo, y las obligaciones que de éste derivan, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 16 de diciembre de 2022. Rad. 25000-23-26-000-
01360-04 (40007).
97 Así precisan las condiciones generales de la póliza: “1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSIÓN DEL ANTICIPO // El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal
Contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la
apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en
calidad de anticipo para la ejecución del contrato. […]”.
98 Continuación de audiencia de pruebas: f. 669-675, c. 4.
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que sus dichos concuerden con los demás medios de prueba practicados en este
proceso.
3.4.8.2. De otra parte, no es de recibo que la compañía demandante desconozca el
manual interno de interventoría del Casanare, ya que ―como se mencionó
anteriormente99― su vinculatoriedad deviene del contrato de obra núm. 320 de 2011,
cuyo cumplimiento amparó mediante la póliza de seguro, por lo que debía ser de su
entero conocimiento.
3.4.8.3. Aparte, resulta oportuno recordar que, como lo precisó recientemente esta
Subsección, «la entrega del anticipo al contratista constituye un interés cierto,
asegurable y asegurado, por encontrarse “pendiente el cumplimiento por parte de la
contratista, como forma de restituir lo recibido por la entidad”100 . De esta forma, el
siniestro por buen manejo y correcta inversión del anticipo puede darse, así, cuando
acaezca el plazo para el cumplimiento del contratista o cuando se establezca con
precisión el valor faltante por reintegrar 101 » 102 . En línea con ello, la Subsección A
precisó, en la sentencia de 24 de febrero de 2016103, que el siniestro de “buen manejo
y la correcta inversión del anticipo”, se configura “cuando el anticipo no se invierte o
cuando se usa o se apropia indebidamente por el contratista”104.
No cabe, pues, argumentar que el amparo de correcta inversión del anticipo no cobijara
su inversión en el cumplimento de las prestaciones contractuales ni los saldos sobre
este rubro resultantes de la liquidación del contrato, como lo arguyó la aseguradora
recurrente105, puesto que este amparo que se hizo efectivo porque el anticipo no fue
invertido por el contratista conforme al plan de inversión previsto, lo cual sí fue
amparado expresamente por la garantía única de cumplimiento106, expedida entonces
por Colseguros, hoy en día, Allianz.
3.4.8.4. Aparte, siguiendo lo expresado en anteriores ocasiones por esta Subsección107,
el riesgo objeto de amparo debe producirse dentro de la vigencia de la póliza, mientras
99 Supra. cit. 82.
«100 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 29906».
«101 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de julio de 2020, exp. 62645».
102 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623.
103 Exp. 28917.
104 Si bien, la Sala, en esta oportunidad, declaró la nulidad parcial del acto en el que se había ordenado a la
aseguradora al pago de la indemnización por el siniestro de correcta inversión del anticipo, esta decisión no
respondió a que el riesgo no estuviera cubierto, sino a “[…] que no encuentra la Sala acreditado que los recursos
constitutivos del anticipo se hubieren dejado de invertir por el contratista en la ejecución de la obra o se hubieren
usado o apropiado de manera indebida por parte de éste y, por el contrario, las pruebas obrantes en el expediente
dan cuenta de que los recursos girados a la fiduciaria, para ser invertidos en la ejecución del contrato”.
105 Aptado. 1.4.4.
106 De acuerdo con las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento expedida por Colseguros (hoy,
Allianz), la póliza cubría: “El amparo de bueno manejo y correcta inversión del anticipo [el cual] cubre a la entidad
estatal contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y (iii)
la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en
calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trata de bienes entregados como anticipo, éstos
deberán tasarse en dinero en el contrato” (f. 105, c. 6).
107 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia
del 14 de octubre de 2021. Rad. 68001-23-33-000-2013-00362-01 (50623), reiterada por la misma Subsección en
sentencia del 1° de noviembre de 2023. Rad. 68001-23-31-000-2012-00130-01 (62025).
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que la declaración del siniestro mediante acto administrativo puede ser simultánea o
posterior a la vigencia, pero necesariamente ha de proferirse dentro del término bienal
precisado en el artículo 1081 del Código de Comercio so pena de la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguro.
En este caso, de acuerdo con la cláusula tercera del contrato núm. 320 de 2011,
reformada en el otrosí modificatorio108, el pago del precio contractual se haría mediante:
a) la entrega del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato; b) el pago de hasta un “noventa (90%) por ciento [sic] en actas parciales según
el avance de la obra previa amortización del anticipo”; y c) el diez por ciento (10%)
restante “una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato”. Esto
significa que: (i) fue voluntad de las partes que la amortización del anticipo, esto es, el
retorno al patrimonio de la entidad contratante, estuviera vinculada directamente con la
ejecución progresiva de los trabajos109 patente en las actas parciales de obra; y (ii) que
dichos pagos periódicos tendrían lugar durante el plazo de ejecución contractual, que
concluyó el 17 de diciembre de 2012, como quedó estipulado en el acta de ampliación
de la suspensión del plazo contractual110.
En ese orden de ideas, la no inversión del anticipo por parte del contratista, como fue
puntualizado en los actos demandados sin que esto fuera controvertido por la
aseguradora, tuvo lugar durante la vigencia del plazo del contrato. Y la Resolución 25
de 2013, que concluyó el procedimiento administrativo que declaró el incumplimiento
de la UT, e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, cobró ejecutoria el once
(11) de diciembre de dos mil trece (2013)111, esto es, dentro de los dos años siguientes
al vencimiento del plazo contractual, que concluyó el primero (1°) de octubre de dos mil
doce (2012)112. Por lo tanto, este argumento de la apelante no tiene cabida.
3.4.8.5. Por último, en vista de que no se demostró que la verdadera inversión del
anticipo fuese menor a la suma total amparada por la garantía única, respecto del riesgo
amparado de buen manejo y correcta inversión del anticipo, tampoco tiene lugar el
argumento del apelante que aduce un supuesto desconocimiento del carácter
indemnizatorio del seguro de cumplimiento.
3.4.9. En suma, el cuarto problema jurídico se responderá así: No fue demostrado que
el contratista haya manejado e invertido adecuadamente los recursos del anticipo
pactado, ni tampoco se desvirtuó la cuantificación hecha en las resoluciones
demandadas.
3.5. Sobre el quinto problema jurídico, la respuesta es negativa toda vez que, en
primer lugar, esta segunda instancia concuerda con el fallo apelado, en cuanto a los
108 F. 44-45, c. 6.
109 Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sent. SC3893-20, antes citada.
110 Aptdo. 3.3.5.4.
111 Según la constancia de ejecutoria del acto: f. 185, c. 6.
112 Aptado. 3.3.5.4.
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yerros en la notificación de los actos administrativos no desembocan en su invalidez
sino en su ineficacia113. Por ende, la omisión que en ello se hubiera presentado no daría
lugar a la nulidad deprecada en la demanda.
En segundo lugar, el demandante no acreditó en este proceso que el decreto de los
medios de convicción documentales alegados por el apelante hubiera podido incidir
directamente en el sentido de las decisiones adoptadas, como lo ha exigido
reiteradamente la jurisprudencia para que prospere la acusación por violación al debido
proceso 114 . En la apelación, la aseguradora demandante hizo referencia a los
“documentos contractuales, la bitácora, informes, etc”, de los cuales han sido
analizados a lo largo de esta providencia los documentos que forman parte del contrato
núm. 320 de 2011, así como la correspondencia y los informes de interventoría y
supervisión, con los que la demandante buscó demostrar las falencias en los diseños
entregados por el ente contratante, de lo que da cuenta asimismo el extracto de la
bitácora de obra allegado al expediente115. Sin embargo, de acuerdo con lo considerado
en esta providencia, estas deficiencias en los diseños no desvirtúan la validez de los
actos demandados, por lo que este cargo tampoco está llamado a prosperar.
3.6.1. Por último, respecto del sexto problema jurídico, resulta oportuno tomar en
consideración que, con el seguro de cumplimiento, como el que amparó el contrato de
obra núm. 320 de 2011 116 , la aseguradora se obliga a resarcir al ente acreedor el
perjuicio ocasionado como consecuencia del incumplimiento del ofrecimiento o de las
obligaciones contractuales del contratista117-118. En este seguro, el riesgo, es decir el
hecho futuro e incierto que condiciona la obligación resarcitoria de la aseguradora 119,
es pues el incumplimiento del contratista.
113 Ver, entre muchas otras: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencia del 26 de septiembre de 1996. Rad. CE-SEC3-EXP1996-N2431.
114 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C.
Sentencias del 29 de noviembre de 2019. Rad. 68001-23-31-000-2001-00434-01(45068); del 1° de junio de 2020.
Rad. 08001-23-33-000-2012-00254-01(48945); y del 21 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-26-000-2009-01076-
01 (51741).
115 F. 505 y 506, c. 7.
116 De acuerdo con la póliza de garantía única de cumplimiento a entidades estatales (f. 103 y 104, c. 6), la UT San
Gabriel obró como tomador, mientras el departamento de Casanare fue el asegurado o beneficiario, razón por la
cual se descarta la clasificación de este contrato como de seguro de responsabilidad, en el que, de acuerdo con el
artículo 1127 del CCo, el asegurador está obligado a indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado
con motivo de determinada responsabilidad contractual o extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley.
117 LEY 1150 DE 2007. “Artículo 7°. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de
los ofrecimientos hechos. […]”. DECRETO 4828 DE 2008. “Artículo 4º. Riesgos a amparar derivados del
incumplimiento de obligaciones. La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de manera enunciativa se señalan en el
presente artículo: […]”.
118 “En términos generales, es aquél un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual
una empresa autorizada para explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se
denomina ‘prima’, dentro de los limites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha
sido objeto de cobertura, a indemnizar al ‘asegurado’ los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o
una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas sobre derechos o sobre el patrimonio mismo,
supuestos estos en que se les llama de ‘daños’ o de ‘indemnización efectiva’, o bien de seguros sobre las personas
cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el ahorro”. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia de 29 de enero de 1998, exp. 4894.
119 «El riesgo asegurable o “el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario” (artículo 1054); dicho en otros términos, se trata de “un hecho condicionante, esto es,
verdadera circunstancia futura e incierta, por la posibilidad de su ocurrencia al mediar la incertidumbre de que
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Ahora, para que la modificación de este riesgo deba ser notificada al asegurador, en
los términos del artículo 1060 del CCo, además de tratarse de una circunstancia nueva
e imprevisible, esta debe “influir en el riesgo asegurado, esto es, producir una alteración
negativa y relevante en las condiciones bajo las cuales fue asumido por aquel, de modo
que el asegurador, de conocerlas, se abstendría de continuar asumiendo el riesgo, o lo
haría en condiciones diferentes a las pactadas; las alteraciones insubstanciales o
anodinas, son intrascendentes para la carga en comento”120. En otras palabras, “se
requiere que los nuevos hechos imprevistos, surgidos con posterioridad a la celebración
del contrato de seguro, sean de tal entidad, grosor, envergadura o ‘magnitud’, que
aumenten la posibilidad de su realización fáctica, no en forma retórica, o nominal, sino
efectiva y, de suyo, real, al punto que el alea que gravita alrededor de la relación
aseguraticia, en efecto, se vea alterada, en alguna proporción de importancia, puesto
que, de lo contrario, no estaríamos frente a hechos realmente agravantes, sino ante
circunstancias irrelevantes, adjetivas, insustanciales o anodinas, propias de la
evolución y del desarrollo natural del riesgo”121.
Un agravamiento del riesgo que, por sí solo, aumentara la posibilidad de su realización
fáctica y no meramente retórica se presentaría si, como lo consideró el a quo, se hubiera
modificado el riesgo de la variación de los diseños asumido, desde el pliego de
condiciones, por el ente contratante. Tal circunstancia, sin embargo, no se dio, de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Aparte, la previsión de una eventual
modificación de los diseños, desde el pliego de condiciones, denota que tal variación
era previsible, por lo cual tampoco se requeriría su notificación, conforme al artículo
1060 del CCo. Finalmente, no acreditó el demandante que la variación de los diseños
hubiera ocasionado el incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista
declarado en los actos demandados, por lo que, en definitiva, no dio cuenta de la
ocurrencia de un hecho imprevisible que alterara negativa y relevantemente el riesgo
cubierto con el seguro de cumplimiento suscrito.
3.6.2. Finalmente, resulta oportuno recordar que, con la celebración y ejecución de
contratos, “las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, como
sobrevenga el hecho por obra del azar, del alea, afectando patrimonialmente a un sujeto de derecho, en forma
concreta (seguro de daños), o en forma abstracta (seguro de personas)” (SC7814, 15 jun. 2016, rad. n.° 2007-00072-
01). Puede consistir en una acción u omisión, hechos de la naturaleza o humanos, internos o externos al asegurado,
de origen físico o jurídico, instantáneos o evolutivos, unicausales o pluricausales, ordinarios o extraordinarios, entre
muchas otras alternativas, siempre que ninguna de ellas dependa exclusivamente de la voluntad del tomador,
asegurado o beneficiario, ni se trate del aseguramiento del dolo, la culpa grave o actos meramente potestativos
(artículo 1055 de la codificación comercial), sin perjuicio de lo prescrito en el inciso final del artículo 1127, norma
prevalente para el seguro de responsabilidad». CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia
de 4 de abril de 2022, rad. núm. 08001-31-03-006-2016-00078-01.
120 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de julio de 2007, exp. 05001 31 03 002
1999 00359 01.
121 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. “La Modificación del Estado del Riesgo en el Contrato de Seguro su
‘Agravación’ y su ‘Disminución’. Tendencias, e Incidencia del ‘Criterio de la Razonabilidad’”, en Revista Ibero-
Latinoamericana de Seguros, vol 31 (56), pp. 73-108, Bogotá, 2022.
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lo establece el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. Para el cumplimiento de este fin, la
Administración tiene el derecho y deber de exigirle al contratista y a su garante la
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, y de adelantar las gestiones
necesarias para el cobro de las garantías (ordinales 1° y 2°, artículo 4, Ley 80 de 1993).
No obstante, la continua y eficiente prestación del servicio, que es el fin primordial para
el que fueron concebidos los referidos derechos y deberes de la administración, se
desvirtuaría si, al advertir cualquier hecho de incumplimiento, la Administración se viera
avocada a declarar el incumplimiento y el siniestro que de este deviene, interfiriendo
así en la ejecución del contrato. Tampoco contribuiría a conseguir la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que, como los contratistas, colaboran a la
consecución de los fines estatales, y a la continua y eficiente prestación del servicio,
que el ente contratante no brindara al contratista incumplido la oportunidad de resarcir
su conducta antijurídica, para conseguir finalmente la materialización del objeto
contractual, con lo cual podría evitarse la configuración del siniestro.
Esta conducta del ente contratante, tendiente a la consecución del objeto del contrato
pese a los incumplimientos del contratista, no puede asimilarse a su pasividad, que se
censura con la omisión de evitar la propagación o extensión del siniestro, pues con ella
se busca, como se mencionó, impedir el surgimiento del perjuicio amparado;
comportamiento que, como trasunto que es de los principios de solidaridad y de buena
fe, y germen del deber de prevenir la agravación del daño, no puede ser reprochada
con fundamento en el artículo 1074 del CCo, ni del principio de buena fe, del que se
desprende la carga o deber de evitar la extensión o propagación del siniestro122-123.
No hay pues lugar a enervar la obligación de la aseguradora de indemnizar al
asegurado los daños sufridos con la configuración del siniestro, por no haberlo
declarado al constatar el primer incumplimiento de la UT San Gabriel, como lo aduce la
aseguradora demandante.
3.6.3. En consecuencia, se impone asimismo una respuesta negativa al sexto problema
jurídico sometido a esta judicatura.
3.7. Por todo lo anteriormente expuesto, la sentencia de primera instancia será
revocada, y en su lugar, se negarán todas las pretensiones de la demanda.
IV. COSTAS
4.1. Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1).
Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son
122 OSSA G., Efrén J., Teoría General del Seguro: El contrato, Temis, Bogotá, 194, pp. 367-369.
123 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, Derecho de Seguros, Tomo III, Temis y Pontifica Universidad
Javeriana, Bogotá, 2012, pp. 276-293.
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tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en
derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad con las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en particular, por el Acuerdo
1887 de 2003, vigente para el momento en que este proceso inició.
4.2. Con fundamento en lo anterior, se condenará en costas a Allianz, en favor de su
contraparte; y reconocerá la suma de 0,1% del valor de las pretensiones negadas como
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del quince (15) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor
de la entidad demandada. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 393
del CPC e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente al 0,1%
del valor de las pretensiones negadas, a favor del departamento de Casanare.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
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