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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1993-00072-01

Acción de controversias contractuales

Fecha
4 de agosto de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1993-00072-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el doce (12) de junio de dos mil doce (2012), por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER a Stella Rocío Celita Méndez como litisconsorte cesionaria de Construcciones Domus Ltda. TERCERO: SIN CONDENA en costas. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-1993-00072-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

4 de agosto de 2021

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL

[E]l Adicional 3 fue suscrito finalmente por las dos partes contratantes el cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), pese a que el plazo para la ejecución del Contrato 3/DJ había acaecido el siete (7) de abril de la misma anualidad. Por lo tanto, conforme al parágrafo del artículo 78 del Decreto 222 de 1983, será declarada la nulidad absoluta del Adicional 3. Huelga, en consecuencia, el estudio sobre el alcance de su clausulado. No hay lugar, por demás, a pronunciamiento alguno sobre las restituciones mutuas derivadas de un eventual cumplimiento del Adicional 3, debido a que su nulidad fue declarada por la violación del derecho público de la Nación, por lo que tal negocio jurídico tiene objeto ilícito, conforme al artículo 1519 del Código Civil, en concordancia con el artículo 78 del Decreto 222 de 1983. En consecuencia, el sub lite se rige por el artículo 1525 del Código Civil, el cual prevé que “[n]o podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, sin que esto hubiera sido derogado con la Ley 50 de 1936, al modificar el artículo 1742 del Código Civil, en razón al postulado que impide sacar provecho de su propia torpeza o dolo.

FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 78 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1519 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1525 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1742 / LEY 50 DE 1936

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad absoluta de la prórroga del contrato por violación de formalidades exigidas por la ley, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 1986, rad. 3678, C. P. Jorge Valencia Arango.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, prescribe que las acciones “[…] relativas a los contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. La jurisprudencia administrativa ha entendido que la nulidad de actos cuya existencia no pueda concebirse con independencia a la del contrato, como los que hacen referencia a su incumplimiento y a sus consecuencias, se rige por esta disposición. Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato, más adelante precisó que la relación contractual termina definitivamente con la liquidación, que es en el momento en el que las partes conocen los pagos que se le reconocen y pueden decidir sobre la incoación de la acción. Ha agregado esta Sección que si cumplido tal término, el contrato no es liquidado de mutuo acuerdo, la administración debe hacerlo unilateralmente dentro de un plazo razonable y que, si no lo hace, el interesado puede acudir a la jurisdicción para deprecar su liquidación judicial. A partir de las anteriores consideraciones, en la jurisprudencia contencioso-administrativa fueron fijadas unas subreglas para el conteo de la caducidad luego del vencimiento de un término razonable para la liquidación contractual, las cuales fueron sintetizadas en la sentencia del 13 de julio de 2000 […]. En este caso, al tratarse de conductas ocurridas después de la entrada en vigor del CC, el plazo del Contrato 3/DJ concluyó el siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), por lo que, al requerir liquidación según su cláusula 21ª, sin que se fijara un plazo para que ella se realizara, EPM contaba con un término razonable de dos (2) meses para liquidarlo unilateralmente, luego de que hubieran trascurrido los cuatro (4) meses para su liquidación bilateral; plazo que se cumplió el siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). A partir de ese momento, comenzó a correr el término de dos años para el ejercicio oportuno de la acción, término que se cumplió el ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Por lo tanto, las demandas fueron presentadas oportunamente el quince (15) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) y el cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 / DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 23

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de contabilizar la caducidad de la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 28 de febrero de 1990, rad. 5935, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 2 de diciembre de 1993, rad. 8497, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 3 de septiembre de 1987, rad. 3711, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 8 de octubre de 1987, rad. 3726, C. P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 22 de junio de 1995, rad. 9965, C. P. Daniel Suárez Hernández; auto de 8 de octubre de 1998, rad. 14512, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 13 de julio de 2000, rad. 12513, C. P. María Elena Giraldo Gómez.

NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATORIO / ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMADO / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA

La jurisprudencia administrativa ha precisado que el acto administrativo confirmatorio y el confirmado conforman una unidad jurídica que debe ser atacada para obtener una declaración de nulidad eficaz, ya que, si subsistiera el acto confirmatorio, la declaración del acto confirmado sería inocua, siendo así sustantivamente inepta demanda. En razón a ello, el Decreto 2304 de 1989 introdujo el inciso trascrito anteriormente. En la primera demanda, presentada […], Construcciones Domus deprecó la nulidad de la Resolución 12312 de 1992, pese a que dicho acto no había cobrado ejecutoria, en razón al recurso interpuesto por Seguros Universal, que dio lugar a la Resolución 16886 del 1º de abril de 1993, que la confirmó. No corre, sin embargo, la misma suerte la demanda presentada posteriormente, en la que sí fue demandado el acto confirmatorio, quedando así subsanadas las falencias de la primera demanda, ante lo cual la Sala proseguirá con el juicio de fondo sobre las pretensiones, análogas por demás, de la demanda radicada el 4 de mayo de 1994.

DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

A la luz de la jurisprudencia, conforme al artículo 238 del CPC, la objeción por error grave procede cuando es modificado el objeto del análisis pericial o sus atributos, trayendo necesariamente consigo unas conclusiones falsas. No procede pues la objeción por error grave, cuando se discutan las apreciaciones, inferencias o juicios del perito, en cuanto esto forma parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, que prevé el artículo 241 ejusdem. […] No tiene así fundamento la objeción del dictamen por error grave presentada por Construcciones Domus, por no haberse realizado un cálculo de los intereses; labor que parece, por demás, ajena a un dictamen en ingeniería civil como el solicitado. El perito, valga resaltarlo, fue incluso más allá del examen de la documentación obrante en el expediente, en cuyo análisis se centraba la solicitud de la prueba, y acudió a las instalaciones de EPM a consultar sus archivos con apoyo, por demás, en cintas magnéticas. En su segundo motivo de inconformidad, por la eventual omisión de un oficio de EPM en cuyos anexos de determinarían las cifras retenidas, es claro que no se achaca una modificación del objeto del dictamen, sino la omisión de un elementos adjuntos que, además, no fue aportados con el oficio referido. La objeción por ello es, pues, claramente improcedente. Ahora bien, con respecto a la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos de dictamen, observa la Sala que, en este, el perito realizó una revisión documental, en la que identificó el material pertinente obrante en el expediente, así como en disposición de las partes. De tal documentación en poder de los contratantes, el perito pudo acceder únicamente al archivo de EPM, ya que no contó con la colaboración de la parte actora, circunstancia que ya había dado lugar a la renuncia del perito designado anteriormente. Fue definido así el universo de una investigación sobre hechos ocurridos con entre dieciséis (16) y doce (12) años de anterioridad que, por ello y por la falta de colaboración de la demandante, no permitió conocer con certidumbre los recursos empleados por Construcciones Domus en la ejecución del Contrato 3/DJ, ni los egresos efectivos que constituyeran un detrimento económico o desbalance financiero, ni los efectos concretos que trajeron consigo los problemas en la definición de zonas de préstamo, explotación de áridos y disposición, o el retardo en la puesta en funcionamiento de la maquina calificadora, su mal estado y la ausencia de insumos y personal por impagos de la contratista, como así lo puso de presente el auxiliar de la justicia. El perito se limitó, pues, a concluir lo ocurrido, de forma más o menos aproximada, a partir, principalmente, de sus conocimientos de ingeniería y de lo referido por EPM, la interventoría y Construcciones Domus en sus comunicaciones y con apoyo en algunos datos incompletos sobre los pagos, que es lo único que estaba a disponible en el momento en elaboró su informe el expediente de este proceso y los archivos de EPM. Si bien, este dictamen no alcanza conclusiones sobre hechos ciertos, constituye una opinión profesional con hipótesis fundamentadas que, como tal, será valorado por la Sala, si a ello hay lugar.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 238 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 241

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / TRANSACCIÓN EN EL CONTRATACIÓN ESTATAL / VALOR DE TRANSACCIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL

[P]ara la Sala, el Adicional 1 no contiene disposiciones leoninas, como lo afirmó la actora, y, en línea con las consideraciones del a quo, no existe prueba siquiera sumaria de descontento con lo pactado, sino que, por el contrario, se aprecia que lo convenido en el Adicional 1 atendió a lo propuesto por Construcciones Domus, sin insinuación de la imposición de sanciones por EPM, como la que, para la actora, la habría forzado a su suscripción, y, en definitiva, a un acuerdo mutuo, como lo declaró el director de interventoría. Es pues este, un negocio jurídico en el que no se observan vicios del consentimiento. Con el Adicional 1 se transaron así, de forma expresa, las discrepancias sobre la falta de saprolito, los cambios en el diseño que esto implicó, la tardanza en la puesta en marcha y el funcionamiento defectuoso de la máquina clasificadora, la omisión de entrega oportuna de las zonas de préstamo, así como de disposición de desperdicios y de explotación de materiales aluviales, y la orden de inicio tardía. Eran esas, conforme a lo acotado anteriormente, las reclamaciones y diferencias que se presentaban hasta la suscripción del Adicional 1, que concluyó con la firma de EPM el 21 de agosto de 1991. A ello se circunscribe el alcance de este acuerdo, a partir del anterior estudio de las manifestaciones de las intenciones de los contratantes. A lo anterior se circunscribe pues, así mismo, el alcance de la denominada cláusula de exoneración de responsabilidad, que se pactó en el Adicional 1, en el que, para precaver un litigio eventual, se convino que EPM quedaba exonerada de toda obligación, responsabilidad, indemnización o reclamación, lo que no habría lugar a ningún otro pago por estos conceptos. Al cubrir las reclamaciones previas a su suscripción y, especialmente, lo relacionado con la modificación del diseño y la ampliación del plazo, esta cláusula cobija pues la eventual demora injustificada en el inicio de la ejecución del Contrato 3/DJ, la entrega tardía de zonas de préstamo y depósito, la entrega de diseño erróneos para la formulación de la propuesta y la omisión de restablecimiento del desequilibrio financiero que, conforme a lo esgrimido en el cargo tercero de la alzada, habrían sido omitidos por en el fallo recurrido. Si bien, la Sala no comparte el amplio alcance de la exclusión de responsabilidad dado en primera instancia al Adicional 1, no cabe afirmar que el análisis de una eventual responsabilidad por incumplimiento contractual por tales hechos no se hubiera tratado, en cuanto se excluye por haber sido resuelto transaccionalmente por EPM y Construcciones Domus. El reclamo de la responsabilidad por lo anterior va así en contra de lo acordado por la propia demandante, y en cuanto va en contra una acto propio, es contrario a la buena fe. Al respecto, cabe precisar que, como lo consideró el Tribunal, el pacto de exclusión o limitación de responsabilidad es admitido en el derecho colombiano, de acuerdo con el artículo 1604 del CC. En esta norma y en el artículo 1731 del CC se prevé un régimen de responsabilidad contractual de culpa graduada —no exento de críticas— que, no obstante, puede ser modificado en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Este es, pues, un régimen supletorio, en el que el deudor se libera de responsabilidad demostrando su diligencia (o ausencia de culpa), el caso fortuito o la fuerza mayor. […] En este caso, la responsabilidad contractual de EPM por los perjuicios que pudieran derivarse de la modificación de las especificaciones del Contrato 3/DJ y su prolongación se excluyó. De esta manera se produjo una limitación parcial de su responsabilidad contractual.

Esta no es, sin embargo, una exclusión total, conforme a los antecedentes del Adicional 1, que dan cuenta de la intención de las partes, que orienta la interpretación contractual; interpretación que, en materia de exclusiones y limitaciones de la voluntad, es restrictiva. […] Conforme a lo anterior, la Sala concluye que carece de fundamento la aducida fuerza en la suscripción de cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad en los Adicionales 1 y 2 del Contrato 3/DJ. En consecuencia, el cargo primero no está llamado a prosperar. […] Mientras que la exclusión prevista en el Adicional 2 se limitó a las reclamaciones por costos directos e indirectos, así como por las utilidades e imprevistos ocasionados con la prórroga estipulada y con las obras extra y adicionales, pactadas respectivamente en tal acuerdo modificatorio. En consecuencia, con la cláusula de limitación de responsabilidad pactada en el Adicional 2, se entienden excluidas las reclamaciones por desequilibrio que con ello se habría ocasionado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1604 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1731 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1618

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de la buena fe en la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, rad. 25000-23-31-000-1992-09967-01, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Respecto de los derechos económicos de los contratistas y la transacción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de diciembre de 2016, rad. 32109, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

CESIÓN DEL CRÉDITO / REQUISITOS DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

[L]a jurisprudencia civil y administrativa han precisado que la cesión de créditos —que es diferente a la de la posición contractual regulada en los artículos 887 y 892 del CCo referidos por el demandante — opera en dos momentos sucesivos, en los que, primero, intervienen el cedente y el cesionario del crédito y, luego, el deudor de la obligación cedida, produciéndose así efectos frente a terceros. En este negocio jurídico, la relación entre el cedente y el cesionario se perfecciona con la entrega del título representativo de la obligación o del que sea elaborado cuando no conste por escrito. Las condiciones del negocio se concretan en ese documento, en el que debe mencionarse claramente el nombre del cedente, del cesionario, el valor y concepto del crédito y la firma del cedente. Con su entrega al cesionario se produce la tradición el crédito, lo que genera efectos frente al deudor y frente a terceros cuando sea notificado, con su exhibición, o aceptada de forma tácita o expresa por el deudor. Hasta que la notificación o aceptación bajo las anteriores condiciones no se produzca, “[…] podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente; y en general, se considera existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros” (artículo 1963, CC). Pero, ello no incide en la validez del negocio de cesión de créditos, frente al cual el deudor cedido es completamente extraño y no puede oponerse. […] La discusión giró, pues, en torno de las condiciones del negocio jurídico de cesión de créditos que, como se precisó anteriormente, se especifican en el documento con cuya entrega se perfecciona. En este proceso se probó únicamente que, en comunicación del 11 de diciembre de 1991, Construcciones Domus le manifestó a EPM que autorizaba el pago de todas las actas resultantes de la ejecución del Contrato 3/DJ a Finsocial S.A., sin que conste que el documento con el que se produjo la cesión y se determinaron sus condiciones hubiera sido exhibido a EPM, conforme a lo requerido. En la respuesta de EPM se evidencia únicamente que quedaba notificada de tal autorización, mas no del negocio de cesión de créditos, y además, que en ese momento solicitó la cesión de créditos futuros (actas individuales). No se demostró siquiera la existencia de tal documento, que no fue aportado por su emisora, Construcciones Domus. No cabe afirmar pues que —como lo aseveró Finsocial S.A. en su momento — se hubiera convenido algo en el oficio en el que EPM manifestó haberse notificado de la autorización de pago que había comunicado Construcciones Domus. No hay pues certeza sobre la existencia de un negocio de cesión de créditos entre Construcciones Domus y Finsocial S.A., ni de sus términos, ni de sus efectos frente al deudor. No probó pues la actora que —como lo afirmó en sustento de sus pretensiones— EPM hubiera actuado irregularmente o en un acto de desprecio al contratista, al aceptar el embargo. En todo caso, la Sala nota que EPM le comunicó al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá la existencia de cesiones de crédito previas al embargo, como le correspondía conforme al artículo 681.4 de CPC. […] Por lo tanto, se impone la desestimación de las pretensiones de responsabilidad y nulidad por la retención de actas en razón a la orden de embargo del Juzgado 30 del Circuito de Bogotá.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 887 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 892 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1963 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 681 NUMERAL 4

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cesión de créditos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 23 de enero de 2003, rad. 23142, C. P. María Elena Giraldo Gómez; auto de 1 de octubre de 2005, rad. 29288, C. P. María Elena Giraldo Gómez.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE MEDIO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

Al deudor de las obligaciones de medio le corresponde desplegar todos sus esfuerzos y diligencia posibles, para procurar obtener el resultado determinado por su actividad, mientras el deudor de las obligaciones de resultado está obligado a conseguir la realización del objeto pactado. No consiste así la prestación, en las obligaciones de resultado, en actuar diligentemente sino en producir un fin determinado. Lo anterior, se reitera, no fue modificado con el Adicional 1 en el que únicamente se agregó que EPM identificaría el lugar en que habría de producirse la explotación de los materiales aluviales faltantes por la variación del diseño —cuyas consecuencias habían sido objeto de transacción— al tanto que su suministro, desde la fase de explotación de los materiales, siguió a cargo de Construcciones Domus. El lugar en el que se realizaría la extracción de áridos fue definido por EPM el 12 de agosto de 1991, dentro del plazo de noventa (90) días pactado en el Adicional 1. Por lo tanto, al haber cumplido la contratante la obligación relacionada con el suministro de áridos le que correspondía, se impone la desestimación de las pretensiones basadas en su incumplimiento por la omisión de gestiones para la consecución de áridos en la finca La Yolanda, que en el marco del Contrato 3/DJ le correspondía a la propia demandante. Por otra parte, observa la Sala que, lejos de negarse a ampliar el plazo del Contrato 3/DJ —como también lo afirma la recurrente en su cargo tercero— EPM suscribió el Adicional 1, con el que fue prorrogado dicho término, por solicitud de Construcciones Domus, sin que se aprecie una negativa ulterior de EPM ante una solicitud similar, quedando así desvirtuado este supuesto de incumplimiento. Además, no acreditó la demandante que se hubiera presentado hecho alguno que supusiera la obligación, legal o contractual, de EPM de prorrogar el Contrato 3/DJ. Tampoco están, pues, llamadas a prosperar las pretensiones por este supuesto incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DEL CONTRATO / AUSENCIA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

[L]a apelante adujo en su último cargo que el Tribunal no se había pronunciado sobre el impago de las últimas actas y la omisión de liquidación del Contrato 3/DJ. Sin embargo —como se mencionó anteriormente— no acreditó la firma actora la causación de deudas a su favor que, conforme a lo pactado, se producía con la suscripción de actas mensuales por la interventoría y aprobadas por EPM. […] No se acreditó, por otra parte, que el Contrato 3/DJ hubiera sido liquidado por EPM, como le correspondía conforme a las Resoluciones 12675 de 1992 y 16887 de 1993. Sin embargo, no demostró la demandante que ello le hubiera ocasionado daño alguno y, por el contrario, se aprecia que los pagos que causó, sí se dieron. En definitiva, al no haber cumplido pues la demandante con la carga que le corresponde a la actora por virtud del artículo 177 del CPC y 1757 del CC se impone la desestimación de las pretensiones por los anteriores hechos referidos en el cargo tercero de la alzada que, en concordancia con el análisis previo de la validez y alcance de las cláusulas de exoneración de responsabilidad, dan lugar a la confirmación de la sentencia recurrida.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1757 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-31-000-1993-00072-01(45004)

Actor: CONSTRUCCIONES DOMUS LTDA.

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM)

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

La Sala resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el doce (12) de junio de dos mil doce (2012), que negó la pretensiones.

Tema 1: Objeción del dictamen por error grave. Tema 2: Transacción. Tema 3: Cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad. Subtema 3.1: Régimen de responsabilidad contractual. Tema 4: Cesión de créditos. Tema 5: Obligaciones de medio y resultado.
I. SÍNTESIS

Construcciones Domus Ltda. y las Empresas Públicas de Medellín suscribieron en mayo de 1990 un contrato de obra, para la construcción del realce de la presa de Troneras, en el río Guadalupe. La escasez de materiales para el relleno del realce dio lugar a una modificación de las especificaciones y a la consiguiente suspensión y prórroga del plazo de ejecución contractual. Durante éste, la demandante haber padecido inconvenientes concomitantes y posteriores en la disposición de zonas de préstamo para la explotación de saprolito, playones para la explotación de áridos y botaderos; retraso en la puesta en funcionamiento de la maquina clasificadora de los áridos; falta de equipos, trabajadores y combustibles, y embargo de derechos económicos que la contratista había cedido a una entidad financiera. Durante la ejecución del contrato fueron suscritos tres (3) acuerdos modificatorios, con cláusulas de limitación de responsabilidad, en los que se pactaran dos (2) prórrogas del plazo del Contrato 3/DJ. Al vencimiento del plazo finalmente pactado, Construcciones Domus no había concluido las obras, por lo que Empresas Públicas de Medellín, tras solicitar su terminación, declaró el incumplimiento contractual e impuso multa, a través de actos que son demandados por la firma contratista al tiempo que depreca que la contratante sea condenada a indemnizar los perjuicios que causó por el incumplimiento del contrato.

II. ANTECEDENTES:

2.1. El quince (15) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), Construcciones Domus Limitada (“Construcciones Domus”) presentó demanda de controversias contractuales contra las Empresas Públicas de Medellín (“EPM”), con la que pretendió que: (i) se declare la nulidad de la resolución núm. 12312 del 1º de julio de 1992 (“Resolución 12312 de 1992”), con la que impuso multa por el atraso en la entrega de las obras objeto del contrato 3/DJ-9775/5; (ii) se condene a la devolución de los desembolsos que, por tal concepto, se hubieran producido al dictar sentencia, y los demás perjuicios materiales y morales que la declaración hubiera causado.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, Construcciones Domus adujo, en síntesis, incumplimiento del contrato por parte de EPM en lo atinente a la obligación de poner oportunamente a disposición de la contratista la zona de préstamo y rellenos; así como por la entrega de planos y diseños errados para la estructuración de la oferta, la falta de gestión oportuna para la consecución de materiales en la finca La Yolanda, la desatención a sus solicitudes de restauración del equilibrio económico pedido durante la ejecución contractual, y de ampliación del plazo; por conminar al contratista a acuerdo leoninos so pena de sanciones; por la falta de pago de las actas en tiempo y retención injustificada de ellas; y porque EPM no aceptó la cesión de créditos que permitiera financiar las obras, ni liquidó el contrato.

2.1.2. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la demandante adujo, en resumen, que:

2.1.2.1. Las potestades excepcionales, propias de los contratos administrativos para la garantía del servicio público, no autorizan el desconocimiento de derechos adquiridos, ni se oponen al restablecimiento del equilibrio contractual como norma de orden público, en el marco de la buena fe, con la aplicación de reglas de interpretación contractual que protegen a la parte más débil. Así, “[a]l haberse presentado una situación de iliquidez por parte de Construcciones Domus Ltda, causada por hechos que no le eran imputables y como consecuencia de ello rota la ecuación contractual, no podían la EPM ordenar la terminación de unas obras para las cuales se carecía de recursos, sin que se hubiera procedido al restablecimiento de la ecuación”.

2.1.2.2. El poder de imponer multas es de interpretación restrictiva y no opera automáticamente, ya que tiene que existir una razón suficiente. Aparte, no puede usarse en contra de sus fines, como sería el forzar la voluntad del sujeto pasivo del poder, para lograr su consentimiento. Por lo tanto, el ecaso, no podía ser usado en ausencia del supuesto fáctico consistente en el incumplimiento —que no es equivalente al simple atraso— , incumplimiento que no se dio, porque no el retraso no le era imputable a la demandante, sino a EPM que erró al especificar la ubicación del saprolito, indispensable para la obra contratada, y además, se negó a la cesión de créditos a Finsocial S.A.

2.1.2.3. La excepción de contrato no cumplido, prevista en el artículo 1609 del Código Civil (“CC”), se aplica al presente asunto, porque la zona de préstamo no fue proporcionada por EPM, imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones del contratista e impedía el ejercicio de las facultades exorbitantes.

2.1.2.4. Conforme a los artículos 1960 y 1963 del CC, 887 y 892 del Código de Comercio (“CCo”) con la notificación de la cesión del crédito al deudor, el cedente se despoja de su condición de acreedor en beneficio del cesionario, siendo así improcedente el embargo del crédito por acreedores del cedente. Esto fue desconocido por EPM, al aceptar la orden de embargo del Juzgado 30 Civil de Circuito de Bogotá, pese a haber aceptado expresamente la cesión de créditos.

2.2. Luego de que la sociedad demandante aclarara que no había presentado recurso contra la Resolución 12312 de 1992 razón por la que aquella había quedado ejecutoriada, y allegara copia del edicto que daba cuenta de su notificación, la demanda fue admitida, con auto del 1º de marzo de 1993, bajo el radicado 930.072, en el que se ordenó su notificación al liquidador de la Compañía de Seguros Universal S.A. en Liquidación y a Seguros El Condor S.A., porque, conforme al artículo 207.3 del CCA, podrían tener interés directo en los resultados del proceso.

2.3. El 17 de septiembre de 1993, el liquidador y representante legal de la Compañía de Seguros Universal S.A. en Liquidación (en adelante, “Seguros Universal”) presentó escrito en el que se sujetó a las pruebas de los hechos de la demanda, solicitó que se le reconociera personería jurídica y adujo que no estaba obligada al pago, ya que la reclamación no había sido formulada oportunamente, conforme al Decreto 1730 de 1991, el artículo 300 del Decreto 663 de 1993 y la cláusula 5.3 del contrato de seguros.

2.4. El representante legal de Condor S.A., Compañía de Seguros Generales (en adelante, “Seguros Condor”) presentó memorial, mediante el cual pidió ser reconocida como litis consorte, como garante de Construcciones Domus, se conformó con los hechos de la demanda, y solicitó que se le declarara libre de responsabilidad.

2.5. El 3 de mayo de 1994, el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín (en adelante, “EPM”) contestó la demanda a través de escrito, en el que se opuso a las pretensiones. Argumentó que en el pliego de condiciones no se había especificado el origen de los materiales, ni se había impuesto un método de construcción, del cual era responsable el contratista; que no era necesaria la excavación de todo el material de desperdicio para la construcciones de los llenos del contrapeso y el realce, como lo entendió Construcciones Domus; que conforme al pliego de condiciones (aptado. 1.12.09), la orden de inicio solo podía darse cuando el contrato se hubiera perfeccionado, para lo cual se requería la aprobación del Tribunal Administrativo del Antioquia, porque superaba los $105.210.000, circunstancia ésta que era conocida por la actual demandante, y que, además, no causó afectación económica as ésta, ya que el anticipo se ajustó mensualmente; que en el programa de trabajo presentado por la constructora el 16 de agosto de 1990, que fue aprobado por EPM, “[…] el contratista mantuvo la filosofía de ejecutar simultáneamente la excavación del material de desperdicio con la construcción de los llenos del contrapeso y del realce, y no en forma independiente y lineal como lo manifiesta ahora”; que los atrasos en la ejecución de la obra respondieron a la falta de maquinaria de la constructora contratista, al mal funcionamiento de la planta de procesamiento, a la ausencia de dos frentes para ejecutar simultáneamente los rellenos del contrapeso y el realce cuando el saprolito había sido encontrado, a la no implementación de un método de construcción simultáneo, y al impago de salarios y prestaciones a los trabajadores; y, finalmente, la suscripción del Adicional 1 fue solicitado por la contratista y en este se adoptaron medidas para preservar el equilibrio contractual.

2.5.6. Además, EPM propuso excepción de inepta demanda, porque el acto demandado no había cobrado ejecutoria (para el momento en que fue presentada la demanda), en razón al recurso interpuesto por Seguros Universal.

2.6. El cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Construcciones Domus radicó demanda nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales contra EPM, en la que, además de pretender (i) la nulidad de la Resolución 12312 de 1992 —demandada anteriormente—, con la que se impuso multa contractual y de la Resolución núm. 016886 del 1º de abril de 1993 (“Resolución 16886 e 1993”) que la confirmó; así como (ii) de la resolución núm. 12675 del 27 de julio de 1992 (“Resolución 12675 de 1992”), que declaró el incumplimiento del Contrato 3/DJ, y de la resolución núm. 016887 del 1º de abril de 1993 (“Resolución 16887 de 1993”) que la confirmó, solicitó (ii) se declarara el incumplimiento del Contrato 3/DJ, porque no fue legalizado oportunamente, no fueron entregadas en las zonas de préstamo y rellenos en tiempo, se entregaron planos y diseños errados para la estructuración de la oferta, no se realizaron gestiones oportunas para la consecución de materiales en la finca La Yolanda, no se restauró el equilibrio económico pedido durante la ejecución, EPM se negó a ampliar el plazo y conminar al contratista a acuerdo leoninos so pena de sanciones, EPM no pagó las actas a tiempo y retenerlas injustificadamente, EPM no aceptó la cesión de créditos que permitiera financiar las obras, debía sumas de dinero y no liquidó el contrato.

Como consecuencia de lo anterior, Construcciones Domus pretendió que (iv) se indemnizara el daño emergente y lucro cesante relacionado con: (a) la iniciación tardía de actividades; (b) gastos de administración, amortización de maquinaria y personal durante la parálisis de la obra por la no entrega de las zonas de préstamo y desperdicios; (c) las pérdidas financieras por la parálisis de equipos durante tal suspensión de actividades; (d) los costos de administración, de equipos y de personal por el cambio de especificaciones ocasionado al no encontrarse saprolito para los rellenos; (e) la mayor permanencia en obra por aumento de actividades de llenos y falta de productividad de la planta clasificadora; (f) la alteración económica por la modificación unilateral de los términos del contrato; y (g) el rompimiento de la ecuación financiera del contrato por actos imputables a EPM.

Suplicó la sociedad actora, así mismo, (v) que se condenara al pago de daños morales equivalentes a 2.000 gramos oro, y (vi) la devolución de lo pagado por la multa impuesta y la declaración de incumplimiento, todo ello indexado y con intereses moratorios.

2.6.1. Como fundamento de las anteriores pretensiones, Construcciones Domus, en esta oportunidad, reiteró los hechos enunciados en la demanda presentada inicialmente, a los que agregó que:

2.6.1.1. La mayor permanencia en obra se configuró a partir de la imposibilidad de dar inicio a la ejecución del Contrato 3/DJ en la temporada prevista inicialmente, trayendo consigo gastos imprevistos de administración.

2.6.1.2. La orden de inicio impartida el 20 de agosto de 1990, pese a que las zonas de préstamo y desperdicio sólo estuvieron disponibles el 28 de diciembre de 1990, generó un atraso de 128 días en el inicio de la obra.

2.6.1.3. La remoción de 120.000 m3 de material de desperdicio implicaba la facturación de $103’418.400, equivalentes al 15% del precio del Contrato 3/DJ, de modo que su disminución trajo consigo un desfase en la administración que ocasionó un desequilibrio económico.

2.6.1.4. Construcciones Domus se vio “[…] compelida a aceptar el texto del Convenio adicional No. 1, en razón a la imperiosa necesidad de ampliar el plazo del Contrato, ya que de no hacerlo se vería abocado [sic] a la cesación del plazo contractual sin el cumplimiento definitivo del proyecto, a la posible colocación de injustas multas por parte de las Empresas y, por último, a factibles declaraciones de incumplimiento”.

2.6.1.5. Para las excavaciones se utilizó una maquina con capacidad de 35 m3 por hora, que era subutilizada, “[…] ya que la máquina calificadora y lavadora del material en las condiciones en que se extraía el material tan solo podía rendir 10 M3/hora”. En consecuencia, las excavadoras quedaron cesantes, ocasionando un lucro cesante.

2.6.1.6. Al consignar los $68’890.000 requeridos por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá y retener el pago de actas en un acto de desprecio al cocontratante, EPM lesionó de manera permanente el crédito de Construcciones Domus y erosionó la liquidez de la empresa por mucho tiempo.

2.6.1.7. El incumplimiento fue declarado en la Resolución 12312 de 1992 fue un acto de sevicia contractual y el Contrato 3/DJ no fue liquidado.

2.6.2. A partir de los anteriores hechos y de los que reiteró de su demanda inicial, Construcciones Domus determinó el monto de los perjuicios deprecados, argumentado que:

2.6.2.1. El desfase en el inicio de la ejecución había acarreado gastos de administración, lucro cesante de maquinaria, personal cesante y gastos financieros que ascendieron a $200’000.000.

2.6.2.2. La no disponibilidad de los terrenos para extracción de materiales para concreto y refirmado de vías generó un atraso de dos (2) meses, aproximadamente, que implicó gastos de administración y lucro cesante de maquinaria por $100’000.000.

2.6.2.3. El aumento de actividades de excavación para llenos que desfasó la programación generó una mayor permanencia en obra con extra costos financieros y de administración de $30’000.000.

2.6.2.4. La subutilización de excavadoras, por la mala calidad del material arcilloso o de desperdicio, significó que una (1) de cada dos (2) maquinas permaneciera improductiva, con una mayor permanencia en obras de tres (3) meses y extra costos de $100’000.000.

2.6.2.5. Durante los 11,66 meses de mayor permanencia no se percibió remuneración por administración, ni por la maquinaria productiva dedicada al contrato ni por el personal cesante, que ascendieron a $300’000.000, que actualizados equivalían a $665’000.000.

2.6.2.6. EPM desconoció la cesión de créditos a Finsocial, por valor superior a $190’923.000, equivalentes al 27,5% del valor histórico del Contrato 3/DJ, por lo que quedó completamente ilíquido, ocasionándole perjuicios morales y el pago de intereses por $500’000.000.

2.6.2.7. El pago tardía de actas de obra le ocasionó “[…] perjuicios financieros que es necesario evaluar y los cuales se estiman a la fecha en más de cuarenta millones de pesos ($40’000.000)”.

2.6.2.8. El evidente descrédito profesional y empresarial del contratista, por el incumplimiento de obligaciones financieras y laborales, y la demandas que enfrentó, así como la supresión del registro de proponentes, trajo consigo daños morales equivalentes a 2000 gramos oro.

2.6.2.9. Agregó que la incidencia de la mayor permanencia en los costos directos e indirectos también podía calcularse dividiendo el monto y plazo iniciales del Contrato 3/DJ, que arrojaba actas mensuales de $69’500.000, en comparación con el monto y plazo totales, con actas mensuales de $33’210.366,79. Al ser así un monto inferior al 48% de las mensualidades contempladas inicialmente, “[…] se dejaron de recuperar el 47,785% de los costos indirectos del Contrato original, durante los meses de ejecución del contrato, los cuales calculaos sobre la base del 25% del valor de las actas, nos determina una falta de ingresos para el Contratista por valor igual a $178’079.636,20 a valores históricos, esto es, a septiembre de 1989, cuyo valor actualizado es igual a $386’239.192,08”.

2.7. El 6 de mayo de 1994, Construcciones Domus radicó adición de la anterior demanda, en la que solicitó nuevas pruebas.

2.8. La demanda y su adición fueron admitidas, bajo el radicado núm. 940.528, con auto del 19 de mayo de 1994.

2.9. El 1 de julio de 1994, Construcciones Domus presentó reforma de la demanda, en la que hizo referencia a la imposición de multa contractual, a la radicación previa de demanda contra la resolución que la impuso, y a la resolución del recurso de apelación contra aquel acto.

2.10. El 26 de septiembre de 1994, acudió nuevamente Construcciones Domus para presentar, esta vez, corrección a la demanda, en la que, al reformular los mismos hechos enunciados en las dos (2) demandas radicadas previamente, aclaró que al modificarse los diseños del realce y contrapeso de la presa, el lleno que inicialmente comprendía 75.000 m3 pasó a ser de 115.000 m3de limo arenoso compactado, lo que le ocasionó sobrecostos, y que la retención de las actas 16-RD y 19 era innecesaria, ya que la retención de las actas 17 RP y 19 RP era suficiente para cubrir el monto embargado.

2.11. El 14 de diciembre de 2004, EPM presentó escrito contestación a la segunda demanda —adicionada, reformada y corregida— en el que se opuso a las pretensiones y solicitó pruebas.

2.12. El expediente de la segunda demanda fue remitido al Despacho sustanciador de la primera, que resolvió acumular los procesos, con auto del 9 de febrero de 1995, conforme a los solicitado por la demandante.

2.13. A continuación, fueron admitidas las adiciones a la demanda radicadas el 1 de julio y 26 de septiembre de 1994, sobre las que EPM se pronunció mediante memorial radicado el 11 de marzo de 1997.

2.14. El proceso, ya acumulado, se abrió a pruebas por medio de auto del 11 de abril de 1997 y —luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia retomara su competencia y anulara el auto de traslado para alegaciones proferido por el Juzgado 8º Administrativo del Circuito de Medellín— corrió traslado para alegar y conceptuar en primera instancia; oportunidad que fue aprovechada por EPM y la demandante.

2.15. Mediante sentencia del 12 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, negó las pretensiones sin condena a costas. Contra esta decisión, Construcciones Domus interpuso recurso de apelación, que fue concedido y admitido, tras lo cual se corrió traslado para alegar y conceptuar en esta instancia; oportunidad que fue aprovechada por la demandada, mientras el Ministerio Público y la demandante guardaron silencio. Los fundamentos de la sentencia y lo argumentado en esta instancia se relatará en la definición de los problemas jurídicos.

2.16. El auto del 18 de noviembre de 2015, con el que se había tenido a Carlos Eduardo Naranjo Flórez como litisconsorte cedente de Construcciones Domus, fue revocado por medio de auto del 14 de enero de 2020, por estar condicionado a la prosperidad de las pretensiones. El 11 de mayo de 2021, el representante legal de Construcciones Domus presentó telemáticamente una nueva cesión de derechos litigiosos de este asunto a favor, esta vez, de Stella Rocía Celita Méndez.

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA:

3.1. Para los efectos que contempla el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al presente asunto se aplicarán las normas vigentes al momento en que fueron presentadas las demandas acumuladas, con sus adiciones y reformas: los días quince (15) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) y cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

3.2. El presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto se plantea una controversia sobre un contrato administrativo suscrito por Empresas Públicas de Medellín, una entidad pública. Esta Subsección es competente para conocer de la segunda instancia del proceso por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por cuanto a su inicio, la cuantía de la demanda superaba los dos millones de pesos ($2’000.000).

3.3. El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, prescribe que las acciones “[…] relativas a los contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”.

3.3.1. La jurisprudencia administrativa ha entendido que la nulidad de actos cuya existencia no pueda concebirse con independencia a la del contrato, como los que hacen referencia a su incumplimiento y a sus consecuencias, se rige por esta disposición. Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato, más adelante precisó que la relación contractual termina definitivamente con la liquidación, que es en el momento en el que las partes conocen los pagos que se le reconocen y pueden decidir sobre la incoación de la acción. Ha agregado esta Sección que si cumplido tal término, el contrato no es liquidado de mutuo acuerdo, la administración debe hacerlo unilateralmente dentro de un plazo razonable y que, si no lo hace, el interesado puede acudir a la jurisdicción para deprecar su liquidación judicial.

A partir de las anteriores consideraciones, en la jurisprudencia contencioso-administrativa fueron fijadas unas subreglas para el conteo de la caducidad luego del vencimiento de un término razonable para la liquidación contractual, las cuales fueron sintetizadas en la sentencia del 13 de julio de 2000, de la siguiente manera:

“Respecto a los contratos que no requieren liquidación el término máximo para demandar, se cuenta a partir del día siguiente a la terminación del contrato, por cualquiera de las causas legales.

Frente a los contratos que requieren de la liquidación, el término para el ejercicio de la acción de contractuales se cuenta, según su caso, a partir:

Del día siguiente a la fecha en que se liquide el contrato. Esta liquidación puede ser bilateral o unilateral. La bilateral podrá hacerse dentro del plazo previsto para tal efecto en el contrato, y en su defecto dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación. La unilateral se realizará cuando el acuerdo de liquidación se frustre y/o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo que tienen las partes para liquidarlo; pero en todo caso si la Administración no liquida el contrato dentro de ese término habrá que tener en cuenta dos aspectos:

Si el el contratista no acude al juez a solicitar la liquidación judicial, la Administración podrá liquidar hasta el día anterior a que transcurran, según el caso, veinte años -para conductas ocurridas antes de entrar a regir el decreto ley 01 de 1984- y dos años -para conductas ocurridas después de entrar a regir el decreto ley 01 de 1984- contados a partir del incumplimiento de la obligación de liquidar; y
Si el contratista acude al juez, la Administración podrá liquidar unilateralmente hasta el día anterior al que le sea notificado el auto admisorio de la demanda, siempre y cuando no hayan transcurrido antes de la notificación, según el caso -antes o después de la entrada en vigencia del decreto ley 01 de 1984-, los veinte o los dos años, contados a partir del incumplimiento administrativo de la obligación de liquidar unilaterlamente.

La jurisprudencia precisó, antes de entrar a regir la ley 446 de 1998, que el término máximo para que la Administración liquide unilateralmente, cuando el contratista no solicitó la liquidación judicial, no podía exceder, como ya se explicó, el término de prescripción o de caducidad de la acción, según el caso”.

3.2.2. En este caso, al tratarse de conductas ocurridas después de la entrada en vigor del CC, el plazo del Contrato 3/DJ concluyó el siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), por lo que, al requerir liquidación según su cláusula 21ª [], sin que se fijara un plazo para que ella se realizara, EPM contaba con un término razonable de dos (2) meses para liquidarlo unilateralmente, luego de que hubieran trascurrido los cuatro (4) meses para su liquidación bilateral; plazo que se cumplió el siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). A partir de ese momento, comenzó a correr el término de dos años para el ejercicio oportuno de la acción, término que se cumplió el ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Por lo tanto, las demandas fueron presentadas oportunamente el quince (15) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) y el cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

3.3. En el sub judice se discute el incumplimiento del Contrato 3/DJ y la validez de las Resoluciones 12312 y 12675 de 1992, y 16886 y 16887 de 1993, con las que se declaró su incumplimiento y se impuso multa a la contratista. Como este contrato fue suscrito por las Empresas Públicas de Medellín y Construcciones Domus Ltda., ambas se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, respectivamente.

3.4. Tanto en su contestación a la primera demanda radicada por Domus en su contra, como en los alegatos de esta instancia, EPM formuló excepción de inepta demanda, con fundamento en que la accionante no había demandado el acto definitivo de imposición de la multa.

3.4.1. Conforme al artículo 138 del CCA, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989:

“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión” (subrayado añadido).

La jurisprudencia administrativa ha precisado que el acto administrativo confirmatorio y el confirmado conforman una unidad jurídica que debe ser atacada para obtener una declaración de nulidad eficaz, ya que, si subsistiera el acto confirmatorio, la declaración del acto confirmado sería inocua, siendo así sustantivamente inepta demanda. En razón a ello, el Decreto 2304 de 1989 introdujo el inciso trascrito anteriormente.

3.4.2. En la primera demanda, presentada el quince (15) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), Construcciones Domus deprecó la nulidad de la Resolución 12312 de 1992, pese a que dicho acto no había cobrado ejecutoria, en razón al recurso interpuesto por Seguros Universal, que dio lugar a la Resolución 16886 del 1º de abril de 1993, que la confirmó. No corre, sin embargo, la misma suerte la demanda presentada posteriormente, en la que sí fue demandado el acto confirmatorio, quedando así subsanadas las falencias de la primera demanda, ante lo cual la Sala proseguirá con el juicio de fondo sobre las pretensiones, análogas por demás, de la demanda radicada el 4 de mayo de 1994.

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS Y NORMATIVA RECTORA:

4.1.1. Como fundamento del fallo desestimatorio de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que su ejecución se había retrasado debido a que la extracción de materiales de relleno (como el saprolito), no pudo realizarse en la temporada seca, como correspondía, debido a que la ejecución inició luego de que esta concluyera, por lo que tal actividad se postergó hasta la siguiente temporada; y cuando se habían superado estas dificultades, Construcciones Domus encontró que el saprolito que se hallaba en el área de explotación no cumplía las condiciones de profundidad y cantidad que habían sido originalmente especificadas, circunstancia que llevó a la suscripción de tres (3) convenios adicionales, en los que se pactaron sendas cláusulas de limitación de responsabilidad, sin que exista prueba siquiera sumaria que evidencie descontento con lo pactado.

Consideró el Tribunal que, con las cláusulas de exclusión de responsabilidad estipuladas sin que exista “prueba siquiera sumaria de que evidencia descontento con lo pactado”, que son reconocidas en el derecho contractual colombiano (artículo 1604, Código Civil), se buscó “[…] la anulación de los efectos jurídicos que la ampliación y modificación del camino trazado para la ejecución de las obras acarrearía para la empresa contratante, eso sí, amparada en el reconocimiento y pago de los mayores valores que dichas circunstancias representaban para la contratista, así como el otorgamiento responsable de un plazo adicional para el desarrollo de las obligaciones contractuales, a favor de la misma”. Al extenderse además expresamente las cláusulas de exclusión de responsabilidad a los imprevistos, administración y utilidades, comprendieron las consecuencias propias y accidentales de la prórroga y la adición de cantidades que los convenios adicionales supusieron.

En razón a ello, concluyó el Tribunal que las partes tuvieron la “intención de […] eximir a EPM de cualquier ataque relacionado con la entrega de la zona de préstamo y la ampliación de la obra”. Esto, agregó, no lesiona el orden público ni la ley, no da lugar a la condonación del dolo ni de la culpa grave, no restringe la posibilidad de exigir la calidad de las obras ni desconoce los principios de la función administrativa, de la gestión fiscal ni derechos fundamentales, siendo este un pacto válido.

En este orden de ideas, el a quo consideró que al condonarse consensualmente las conductas que dieron lugar al retraso de le ejecución de las obras, con el subsecuente restablecimiento de las condiciones económicas, no era aplicable la teoría de la imprevisión, que requiere un desequilibrio económico ostensible, que no se presentó, ni se generó la perturbación o sobrecarga patrimonial que alega, mientras EPM sí procuró restablecer las condiciones económicas del contratista y darle continuidad al contrato.

En este orden de ideas, concluyó que el incumplimiento del contrato, declarado en la Resolución 12675 de 1992, respondió pues a la inobservancia de la obligación de entregar las obras del realce de la presa Troneras en el plazo pactado, que es fácilmente detectable.

4.1.2. En lo atinente a la multa impuesta a Construcciones Domus con la Resolución 12312 de 1992, puso de presente el Tribunal que, por tratarse el Contrato 3/DJ-9775/5 de un contrato de obra, éste debía entenderse de tipo administrativo y conforme al Decreto 222 de 1983 conllevaba el pacto obligatorio de multas. En la cláusula 23ª del Contrato 3/DJ se había acordado, además, que las multas serían procedentes por el retardo en la entrega de la obra, sin que esto —a juicio del Tribunal— requiriera una valoración subjetiva. Por tanto, al constatarse el proceder omisivo de la contratista, podía aplicarse la consecuencia jurídica que la norma preveía, sin que cupiera “[…] indagar acerca de la incidencia o no de la actuación de la contratante en la mora de Domus Ltda, en tanto se acreditó que los eventuales e hipotéticos efectos de ésta no podían ser la causa directa del atraso que generó el incumplimiento, pues en torno a ellos se tomaron a tiempo los correctivos necesarios, a fin de evitar que los mismos entorpecieran o agravaran la ejecución de la labor contractual de la demandante”.

4.1.3. Consideró el juzgador de primer grado, por último, que la multa había sido impuesta oportunamente, ya que las obras no habían concluido cuando se cumplió el término de ejecución previsto, pudiendo así EPM solicitarle aún a la contratista la culminación de las los trabajos de realce de la presa e imponerle la multa ante su negativa.

4.2. Construcciones Domus interpuso recurso de apelación, con expresión de los siguientes motivos de inconformidad como sustento de su solicitud revocación de la sentencia:

4.2.1. La contratista se vio forzada a firmar las cláusulas de exoneración de responsabilidad, cuya declaración fue solicitada en la demanda, “[…] en razón a la imperiosa necesidad de ampliar el plazo del Contrato, ya que de no hacerlo se vería avocado(sic) a la cesación del plazo contractual sin el cumplimiento definitivo del proyecto, a la posible colocación de injustas multas por parte de Las Empresas y, por último, a factibles declaraciones de incumplimiento”.

4.2.2. Al estudiar la imposición de la multa, el Tribunal no tuvo en cuenta que EPM se negó a ampliar el plazo contractual, pese a que la exoneración de responsabilidad que se pactó en el Adicional 1 —interpretado conforme a su cláusula 1ª— comprendía únicamente los costos generados por el cambio de diseño, las mayores cantidades o análisis de precios que implicaba la ejecución del diseño nuevo, la paralización de la ejecución y una mayor permanencia en obra.

No comprendía, pues, esta exoneración, los contratiempos graves que surgieron tras la suscripción del Adicional 1. Para la definición de los precios —afirma— debían negociarse previamente las playas para la explotación del material restante, así como la suscripción de los contratos respectivos, como lo manifestó el 22 de agosto de 1991 la contratista. El 4 de septiembre de 1991, cuando la contratista estaba explotando la cantera Las Nutrias, la interventoría comunicó que la playa La Yolanda estaba disponible para la explotación de materiales de filtro. Pero, como lo comunicó la constructora el 9 de septiembre de 1991, los propietarios de esta última cantera solo permitían la explotación del lecho de la quebrada, que estaba próximo a agotarse, no de las vegas, por lo que la extracción debió trasladarse a la finca El Pomo, como lo comunicó EPM ese mismo día. Además, por la cantidad de limos presentes en los materiales, que hacían necesario un mayor lavado, la producción de la planta, prevista en 50 m3 por hora, se redujo a 10 m3.

Los anteriores hechos, imputables a EPM y a la interventoría, conllevaron la pérdida de tiempo y gastos de mayor permanencia. Al no poder ejecutarse las obras en el tiempo proyectado, no fue posible el cobro de actas de obra, reduciéndose así el flujo de fondos, con un riesgo previsible de descapitalización. Esto, en definitiva, habría ocasionado el incumplimiento de Construcciones Domus, sin que esta guarde relación con la exoneración prevista en el Adicional 1.

4.2.3. El a quo ignoró las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 12675 de 1992 y 16887 de 1993, y de declaración del incumplimiento contractual deprecada, teniendo en cuenta: (i) la legalización inoportuna del contrato y demora injustificada en ordenar su inicio; (ii) la entrega tardía de las zonas de préstamos y de depósito de desperdicios; (iii) la falta de planeación por la entrega de planos, diseños y especificaciones errados para la formulación de la oferta; (iv) la omisión de gestiones para la consecución de materiales de la finca La Yolanda; (v) la omisión de la restauración del equilibrio económico durante la ejecución de la obra; (vi) la negativa a ampliar el plazo, al conminar y constreñir al la constructora a suscribiré el Adicional 1; (vii) el pago inoportuno de las actas y su retención injustificada; (viii) el desconocimiento de cesiones de créditos del contrato para la financiación de la obra, pese haber sido aceptadas previamente; (ix) las deudas de EPM a la fecha de la presentación de la demanda, por el impago de actas finales; y (x) la omisión de la liquidación del contrato.

4.3. En sus alegaciones de segunda instancia, EPM afirmó que el Tribunal había abordado todos los extremos de la litis, reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda y resaltó que: (i) los acuerdos adicionales habían sido el resultado de un proceso de negociación, como podía apreciarse en los documentos contractuales, sin que existiera mala fe o vicios del consentimiento; (ii) conforme a las investigaciones previas, la playa Las Nutrias tenía una disponibilidad de 28.000 m3 de materiales aluviales, de los 25.000 m3 requeridos, y Construcciones Domus constató el 21 de noviembre de 1990 que podían explotarse 31.000 m3, pero la explotación inadecuada de la playa hizo necesaria la consecución de playas adicionales; y que (iii) se produjeron paros de los trabajadores de la contratista, por el impago de salarios y prestaciones, que tuvieron que ser asumidos por EPM.

4.4. Conforme al artículo 357 del CPC, a los cargos de la alzada y a lo alegado, corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

4.4.1. ¿Las cláusulas de exoneración de responsabilidad pactadas en la relación contractual existente entre EPM y Construcciones Domus son inválidas o ineficaces por haberse estipulado forzosamente, para evitar el incumplimiento del Contrato 3/DJ en el plazo establecido, con la posible imposición de multas injustas y la declaración del incumplimiento?

4.4.2. ¿Los actos de EPM y de la interventoría, posteriores al Adicional 1, no están comprendidos en la cláusula de exclusión de responsabilidad pactada, y por tanto, la mayor permanencia y los gastos que ocasionaron le son imputables al ente contratante?

4.4.3. ¿Ignoró el a quo las pretensiones de nulidad e incumplimiento relacionadas con la demora injustificada del inicio de la ejecución, la entrega tardía de zonas de préstamo y depósito, la entrega de diseños erróneos para la formulación de la propuesta, la omisión de gestiones para la explotación de materiales en la finca La Yolanda, la omisión del restablecimiento del equilibrio financiero, la negación de una prórroga contractual, el pago inoportuno de actas, el desconocimiento de la cesión de créditos, el impago de actas finales y la omisión de liquidación?

4.5. Normativa rectora: El presente asunto versa, en definitiva, sobre la validez, eficacia, el cumplimiento y equilibrio financiero de un contrato de obra suscrito el 26 de febrero de 1990 por un establecimiento público, como lo era las Empresas Públicas de Medellín al momento de sus suscripción. Por lo tanto, el negocio jurídico objeto del litigo se rige por el Decreto 222 de 1983, conforme a sus artículos 1º y 16.2. No obstante, “[l]os requisitos de consentimiento valido, objeto y causa lícitos se regirán por las normas que sobre la materia establecen el Código Civil y disposiciones complementarias”, según el artículo 15 ejusdem.

4.6. Conforme al artículo 1618 del CC, corresponde a la Sala analizar, principalmente, las manifestaciones de intención de las partes contratantes para definir hermenéuticamente el alcance de lo pactado, tanto como para establecer si existió el vicio que aduce la accionante como determinante de su estipulación y causa de la declaración de nulidad que depreca respecto de los acuerdos de exoneración de responsabilidad, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 222 de 1983, y los artículos 1502, 1508, 1513, 1740 y 1741 del CC.

En razón a lo anterior, el estudio de los problemas jurídicos primero y segundo, atinentes a la validez y alcance de las cláusulas de exoneración de responsabilidad, será realizado conjuntamente. En ello, se tendrá en cuenta que el actor formuló objeciones a las manifestaciones de voluntad de la interventoría y de la entidad contratante, sin escindir la imputación de responsabilidad, ante lo cual la actividad probatoria no se dirigió en este proceso a fundamentar la atribución de responsabilidad de la interventoría.

Si el anterior estudio de interpretación de las cláusulas de exoneración de responsabilidad revelara que alguna de las circunstancias referidas en el tercer cargo debe ser objeto de examen singular, procederá a ello la Sala en el siguiente acápite. Pero antes, realizará un análisis crítico de las pruebas relevantes para dar respuesta a los problemas planteados, y establecerá los hechos que han sido probados.

V. HECHOS Y PRUEBAS

5.1. Con base en las pruebas documentales practicadas en este proceso acumulado, que fueron aportadas en copia auténtica y simple sin ser reargüidas, encuentra la Sala acreditados los siguientes hechos relevantes:

5.1.1. En agosto de 1989, EPM emitió el pliego de condiciones de la licitación pública nacional No. 12126-EN para el realce de la presa de Troneras.

5.1.1.1. El pliego contenía la minuta del contrato, con los términos que más adelante se presentan, y especificó que aquel se perfeccionaría cuando EPM hubiere aprobado las garantías o cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia lo aprobara, si la cuantía así lo requería (aptados. 1.12.10, 1.12.11 y 2.1).

5.1.1.2. Para la preparación de la propuesta, el proponente debería examinar cuidadosamente los documentos e “[…] informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de obras”, lo que implicaba el conocimiento del sitio de su ejecución y sus alrededores, y las circunstancias de suministro y transporte de materiales (aptados. 1.07.02 y 1.07.03).

5.1.1.3. En las condiciones generales del pliego se determinó que el contratista debería estudiar y planear el suministro de materiales disponibles en la obra “en el momento necesario” y que elaboraría un programa para ello con “fechas prudenciales de ejecución” (aptdo. 3.12.01). Su suministro estaba a cargo del contratista, con excepción de aquellos que serían específicamente suministrados por EPM, con la precisión de que los materiales utilizables producto de las excavaciones eran generalmente de propiedad de EPM, pero el suministro de los áridos y materiales pétreos para la fabricación de concretos obtención de filtros correría por cuenta del contratista, con la aceptación de fuentes por la interventoría (aptados. 3.12.01 y 3.12.04). No obstante, “[l]a responsabilidad del suministro oportuno de todos los materiales y elementos será de EL CONTRATISTA y por consiguiente, éste no podrá solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega, por causa de suministro deficiente o inoportuno de materiales” (aptdo. 3.12.01).

5.1.1.4. Por otra parte, se determinó que las áreas de disposición de materiales de desperdicio o botaderos debían identificarse por el contratista y ser aprobadas por la interventoría antes de iniciar las excavaciones, para evitar, con tal revisión, el derrumbe de materiales, sin que esto eximiera al contratista de responsabilidad por deslizamientos o daños (aptado. 3.35).

5.1.1.5. En las especificaciones técnicas sobre las excavaciones se mencionó que durante su ejecución “EL CONTRATISTA deberá observar atentamente las características reales del terreno en las zonas de préstamos y de los respectivos materiales que aparezcan en ellos para detectar condiciones diferentes a las requeridas para los llenos y en tal caso deberá dar aviso inmediato al Interventor con el fin de que se tomen las decisiones del caso” (aptado. 6.04.02.01). Se especificó asimismo que todos los materiales provenientes de las excavaciones deberían aprovecharse en llenos o terraplenes, desperdiciándose los que no fueran adecuados en las áreas definidas (aptado. 6.04.03.02).

5.1.1.6. En línea con lo anterior, se determinó en las especificaciones de los pliegos:

“La tierra y el saprolito y la roca meteorizada que se requerirán para la construcción de los terraplenes y rellenos compactados se obtendrán de excavaciones en materiales apropiados que se realizarán en los préstamos marcados en los planos. El orden como deben efectuarse las excavaciones será el aprobado por el Interventor de modo que se utilicen los materiales de la mejor manera posible y se reduzcan las excavaciones a desperdiciar para llegar a los horizontes del saprolito y la roca meteorizada en el momento en que se vayan a ejecutar los llenos estipulados con estos materiales.

[…]

El Interventor se reserva el derecho de cambiar los contornos y localización de las áreas de explotación dentro de los préstamos para obtener materiales de la calidad requerida en la obras” (aptado. 6.04.06.01).

5.1.1.7. Con respecto a la fuente de materiales para llenos de tierra y saprolito, y las excavaciones para su consecución, se especificó:

“La fuente de materiales para los llenos de tierra y de saprolito y roca meteorizada, en la presa de Troneras, la constituye el denominado préstamo TP-1 que se muestra en los planos. Para el lleno de la parte superior del terraplén de la presa de Troneras, o realce propiamente dicho, se requerirá material constituido por saprolito y roca meteorizada y por tanto será necesario extraer primero el material limoso el cual podrá utilizarse para el lleno del contrapeso. Sin embargo, y dado que es posible que se deba trabajar paralelamente, por lo menos en algunas épocas, en la colocación de llenos tanto en al contrapeso como en la zona de realce, EL CONTRATISTA tendrá en cuenta que deberá desperdiciar buena parte del material limoso que encuentra sobre el saprolito y la roca meteorizada rápidamente y pueda proceder a la ejecución del realce con materiales adecuados.

[…]

Las excavaciones en saprolito y roca meteorizada se efectuarán para obtener los materiales que se utilizarán en el lleno del realce propiamente dicho de la presa de Troneras, como se muestra en los planos o lo indique el Interventor” (aptados. 6.04.06.02 y 6.04.10).

5.1.1.8. Sobre el alcance de los precios unitarios convenidos sobre las excavaciones se determinó que “[…] se consideran como la compensación total de los equipos, materiales, mano de obra, gastos generales, imprevistos y utilidades de El Contratista, necesarios para excavar, cargar, transportar, arrumar y colocar los materiales correspondientes en el área de depósito o utilización; para mantener y terminar las zonas de depósito; […] y para cubrir todos los demás costos requeridos para completar las excavaciones de acuerdo con los requisitos de las Especificaciones y a satisfacción del Interventor” (aptado. 6.04.12.03).

5.1.1.9. En las especificaciones técnicas para la construcción de los llenos del realce y contrapeso en la presa de Troneras, se determinó que la estación seca en el lugar de las obras iniciaba aproximadamente a principios de diciembre y terminaba a mediados de abril, lo que debía tomar en consideración el contratista en su plan y programa, previéndose además que:

“EL CONTRATISTA tendrá en cuenta que la mayor parte de los llenos solamente se podrán colocar con facilidad en la estación seca, durante la cual podrá mantener grupos de trabajo organizados y efectuar el trabajo en forma normal. Durante dicho período EL CONTRATISTA planeará el trabajo en forma tal que se aproveche al máximo el tiempo seco. En otras épocas no son frecuentes los intervalos de varios días secos continuos como para facilitar la organización de los grupos de trabajo. Si el CONTRATISTA pretende utilizar los intervalos secos dentro de la estación lluviosa debe tener en cuenta, al calcular sus precios unitarios, los mayores costos que este trabajo implica y las interrupciones que deberá soportar hasta cuando las condiciones sean aceptables, a juicio del Interventor, para una adecuada ejecución de los llenos.

EL CONTRATISTA podrá trabajar en la colocación de llenos compactados durante la estación lluviosa sólo cuando se cumplan las Especificaciones y obtenga autorización del Interventor, pero EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos o a extensión del plazo si el primero le negare este premiso.

[…] Llenos de tierra. El material para el lleno de tierra puede ser limo arcilloso, limo, limo arenosos y arena limosa. El período de colocación para este tipo de lleno está limitado a la estación seca de principio de 1990 y otras épocas que, en opinión del Interventor, sean suficientemente secas como para permitir la colocación de estos llenos en condiciones aceptables. […]

[…] Llenos de saprolito y roca meteorizada. […] La obtención de este material exigirá una utilización selectiva de las áreas de préstamo y el desperdicio de material que no se ajusta a los requisitos de aquél según se indica en estas especificaciones, para lo cual deberá seguirse las instrucciones del Interventor. Las dificultades que esto representa en la ejecución del trabajo deberán ser tenidas en cuenta por EL CONTRATISTA.

Los períodos de colocación y la forma de compactación para este tipo de llenos de lleno serán esencialmente los mismos estipulados para los llenos de tierra, aunque este material puede colocarse también durante los períodos de lluvia si las condiciones generales del lleno y del material permiten una buena compactación del mismo, de acuerdo con las instrucciones del Interventor […].

EL CONTRATISTA programará las operaciones de colocación de llenos en forma tal que pueda aprovechar al máximo el período de tiempo seco, con excepción de las interferencias ocasionadas por la lluvia durante este período. No se permitirá la colocación de lleno durante las lluvias, ni durante los períodos que siguen a éstas, hasta cuando se sequen las superficies del lleno y del área de préstamo a una humedad tal que permita la operación del equipo y la continuación del trabajo. […]

EL CONTRATISTA deberá planear las operaciones de colocación de llenos, comenzando por la ejecución del contrapeso, con el fin de aprovechar mejor los materiales en la forma como se obtienen del préstamo; en el momento en que se obtenga los materiales adecuados para la ejecución del lleno del realce deberá comenzar también la ejecución de éste, de modo que aproveche al máximo la estación seca para la colocación de los terraplenes, esto debido a que ambos llenos son independientes y por tanto pueden ejecutarse de forma separada. […]

[…] Colocación de llenos de saprolito y roca meteorizada. Estos llenos se colocarán en la zona de realce en la zona de la corona actual de la presa de Troneras […]” (aptados. 6.05.02, 6.05.03.01, 6.05.03.02, 6.05.04.01 y 6.05.04.03).

5.1.1.10. El pago de los llenos se determinaría por la excavación, cargue, transporte y colocación de materiales provenientes de las zonas de préstamo, conforme al volumen en metros cúbicos del lleno compactado, y la compactación en función de “los pases aplicados”, conforme a los precios unitarios estipulados, cuyo alcance comprendía

“[…] la compensación total por todos los costos de equipos, materiales, mano de obra, imprevistos, gastos generales, demás costos por los que no tenga compensación directa y utilidades EL CONTRATISTA, requeridos para ejecutar el trabajo de acuerdo con los planos, las especificaciones y las órdenes del Interventor. De manera particular incluirá en estos precios los costos debido a contratiempos por interrupciones normales causadas por lluvias; […] y demás operaciones relacionadas con la compactación de los llenos de tierra y de saprolito y roca meteorizada; […] dificultades para obtener el material y para colocarlo en el relleno estructural compresible que se colocará sobre la caseta de instrumentos; […] inconvenientes debidos a la secuencia exigida y otras limitaciones en la ejecución de los descapotes y explotación de préstamos, etc” (aptado. 6.05.09.02).

5.1.1.11. El anexo B del pliego contiene los estudios realizados para determinar los préstamos de materiales limo-arcillosos y fuentes de materiales aluviales necesarios, para lo cual: (i) se realizaron trece (13) perforaciones en 1988 y 1989, de los cuales se tomaron las muestras para los ensayos de clasificación, resistencia al corte y consolidación confinada; (ii) 6 barremos manuales a 6 metros de profundidad; (iii) una perforación por rotación a 26 metros de profundidad; y (iv) apiques con retroexcavadora de los que se extrajo muestras para ensayos de laboratorio.

A partir de lo anterior, se determinó que: (i) el material de préstamo para la construcción de los terraplenes de realce y contrapeso de la presa Troneras procedería de la margen derecha de tal presa, siendo el contrapeso construido con material limos y limo-arcilloso correspondiente al horizonte TP-1 de la calificación Deere y Paton, y el realce con saprolito de roca descompuesta I-B de la misma calificación, que son materiales similares a los de la presa construida previamente; (ii) los materiales aluviales para las obras se encuentra en las quebradas Hojas Anchas y El Tablón; (ii) se estudiaron principalmente las playas conocidas como La Nutria y la hacienda La Yolanda sobre la quebrada Hojas Anchas, donde se realizaron apiques con retroexcavadora; (iii) la quebrada El Tablón tenía una zona en la que predominaban materiales muy gruesos y otra que había sido explotada, en la que también se hicieron apiques; (iv) la quebrada La Carolina presentaba arenas con un contenido del 23% de limosas finas, pudiendo así utilizarse si se sometiera a un proceso de lavado; y (v) en la quebrara La Herradura, en la que también se hicieron apiques, predominaban los materiales gruesos.

5.1.1.12. El suministro, mantenimiento, depreciación, operación y retiro final de equipos se dejó por cuenta del contratista, siendo así necesario que la maquinaria en obra estuviera en buenas condiciones, y su mala calidad o desperfectos “[…] no serán causal de incumplimiento de ninguna de las obligaciones y EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de obra un número suficiente de equipo apropiado para ejecutar todos los trabajos motivo del Contrato, según los planos y especificaciones de construcción” (aptado. 3.12.03).

5.1.1.13. “Desde el comienzo hasta el recibo definitivo de las obras por LAS EMPRESAS, EL CONTRATISTA será el único y total responsable de la protección y vigilancia de las obras y de todas las personas, propiedades, instalaciones, herramientas, equipos y materiales suministrados por EL CONTRATISTA o por LAS EMPRESAS para ser utilizados en relación con la ejecución del Contrato” (aptado. 3.16).

5.1.1.14. Se determinó que EPM podría ordenar los cambios que considerara necesarios o convenientes a los planos y las especificación, lo que daría lugar a la firma de convenios adicionales en los que las partes contratantes convinieran el precio y plazo. Sin embargo, se advierte, “[…] es entendido que es inherente a la naturaleza de la construcción de obras como las contempladas en los documentos del Contrato que durante sus ejecución puedan ser necesarios algunos cambios en los planos y especificaciones para ajustarlos a las condiciones de campo y que es esencial del Contrato aceptar un margen normal y esperado de cambios sin que por ello se modifiquen los precios y plazos del Contrato” (aptado. 3.05).

5.1.1.15. En el plan y programa de trabajo se indicarían las cantidades de obra e inversiones mensuales de cada una de las fases del trabajo, así como las fechas de inicio y terminación. Aquel plan se sujetó a la aprobación de EPM, aprobación ésta que se dijo, “no exonera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales”, por lo cual “deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades” (aptado. 3.08). Tal aprobación, tenía por objeto únicamente que EPM y la interventoría se informaran de su conformidad con los documentos del contrato, pero no exoneraban ni trasladaban la responsabilidad del contratista (ejusdem).

5.1.2. En el apartado relativo a la organización del trabajo de la propuesta de Construcciones Domus, se mencionó que las excavaciones y los llenos de la presa se harían únicamente en verano y, luego de la ejecución de cada etapa, para lo cual trabajarían en un promedio de doce (12) horas diarias y emplearían siete (7) buldóceres, así como una (1) retroexcavadora para el material de filtros, que sería cargado con Caterpillar 920 y 950, y transportado en volquetas livianas, ya que se procedería de forma casi inmediata a la colocación del empradizado, para evitar daños en la capa superior de los llenos, aprovechando la empradizada como protección de los mismos.

5.1.3. El 26 de febrero de 1990 EPM y Construcciones Domus suscribieron el contrato No. 3/DJ-9778/5, suscrito el (“Contrato 3/DJ”), en el que se pactó que su objeto consistía en la obligación de la contratista de

“[…] ejecutar […] ciñéndose a los documentos del Contrato, lo estipulado en la licitación pública nacional No. 1216-EN para la ‘Construcción del realce de la presa de Troneras’ y todos los demás trabajos complementarios que sean necesarios para su completa, cabal y adecuada realización” (cláusula 1ª).

Por documentos del contrato, según lo acordado en la cláusula 2ª, se entendía: el contrato mismo que, junto a la lista de cantidades y precios, “tiene prioridad sobre cualquier otro documento”, los pliegos de condiciones, que incluye las adendas, las garantías, y los convenios adicionales suscritos en su desarrollo.

5.1.3.1. En la cláusula 8ª, las partes contratantes especificaron las obras que formarían parte del objeto contractual, de la siguiente manera:

“EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y obras necesarias para la correcta construcción, eficiente utilización y estabilidad de las obras contratadas de acuerdo con lo establecido en los documentos del Contrato. Entre aquellos trabajos se incluyen los que figuran en la lista de cantidades y precios anexa a este Contrato y las obras adicionales que se pagarán a los precios allí consignados y las obras extras que se pagarán según lo establecido en la cláusula novena. Es entendido que, a menos que los documentos de la licitación indiquen expresamente lo contrario, la intención de ellos es incluir todos los insumos necesarios para la correcta ejecución y completa terminación de cada uno de los ítems que figuran en la lista de cantidades y precios anexa a este Contrato, aunque tales insumos no estén expresamente indicados en los documentos del Contrato; en consecuencia, las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios LAS EMPRESAS pagan a EL CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que demanda la ejecución de los trabajos en la forma establecida en los documentos del Contrato, sus imprevistos y utilidad. Por lo tanto, LAS EMPRESAS no tendrán más obligación que la de pagar las obras ejecutada por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista de cantidades y precios anexa a este Contrato para las obras ordinaria y adicionales y los precios conveniados según se establece en la cláusula novena para las obras extras. En consecuencia, los precios unitarios consignados en la lista de cantidades y precios anexa a este Contrato incluyen todas las erogaciones que EL CONTRATISTA tenga que hacer para movilizarse, construir y mantener campamentos, oficina, bodegas, talleres y demás instalaciones provisionales; para llevar y prestar los servicios de energía , agua y comunicaciones que sean requeridos en el sito de las obras; […] para conseguir, adquirir, transportar, elaborar, procesar, almacenar y colocar todos los materiales y elementos a ser incorporados a las obras; […] para cubrir cualquier imprevisto en el que EL CONTRATISTA pueda incurrir en la ejecución de las obras; para administrar, supervisar y dirigir técnicamente las obras y en general para cubrir cualquier otro costo directo o indirecto en que EL CONTRATISTA incurra con motivo y para la realización de las obras objeto de este Contrato y para cubrir la utilidad. EL CONTRATISTA acepta que las cantidades de obra establecidas en la lista de cantidades y precios anexa a este Contrato son únicamente estimativos del orden de LAS EMPRESAS; por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia a toda reclamación de precios contra Las Empresas por estos hechos y se obliga a ejecutar el trabajo que sea necesario a los precios establecidos en dicha lista de cantidades y precios. Los precios […] se aplicarán durante la vigencia del Contrato y sólo admiten variaciones de acuerdo con el sistema de reajuste expresado en la siguiente fórmula: P=Po (0,20 +0,09 Gi/Go) […]”.

5.1.3.2. EPM y Construcciones Domus especificaron, además, que las obras ordinarias serían las que figuraban en la lista de cantidades y precios, y no excedían las cantidades allí previstas; las obras adicionales las que se encontraban en la lista, pero excedían el volumen previsto; y las obras extra las que no figuraban en la lista, “pero que siendo o no de la naturaleza de la obra contratada, su ejecución se requiere para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega de la obra” (cláusula 9ª). El pago de estas obras se dejó al acuerdo de las partes, con la previsión de fórmulas subsidiarias para su fijación en caso de que no se consiguiera el consenso (ejusdem).

5.1.3.3. El precio inicial se fijó en $696’318.544,80, con la aclaración de que el “valor final” sería el que resultara de la multiplicación de las obras por los precios, con el reajuste a que hubiera lugar, más las obras extra ejecutadas que hubieran sido recibidas a satisfacción por EPM. “Cuando sea necesario aumentar el valor estimado del Contrato y no se trate de reajuste de los precios acordados de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8ª, será necesario suscribir entre LAS EMPRESAS y EL CONTRATISTA un convenio adicional cuyo valor no podrá exceder la mitad del originalmente pactado” (cláusula 10ª).

5.1.3.4. EPM y Construcciones Domus acordaron que la ejecución del contrato comenzaría veinte (20) días después de la firma del acta de inicio y se completaría en un plazo de 290 días. Previeron, así mismo, que el plazo podría variarse en caso de suspensión de las obras por fuerza mayor, caso fortuito y orden de EPM “dada por motivos no imputables al contratista en cuyo caso no se recargará el valor de las obras sino que se prolongará el plazo correspondiente, por un término igual al de la suspensión”. Si se el precio total de las obras superara el 15% se estudiaría una prórroga, así como en caso de que se programaran obras extras, teniendo en cuenta, así mismo, las obras que, por estas últimas, dejaran de ejecutarse, pudiendo ello implicar la reducción del plazo (cláusula 10ª).

El 20% del precio sería entregado como anticipo, con su reajuste mensual del 1,8% entre el día del cierre de la licitación y el de la entrega del dinero, con un plazo máximo de 30 días siguientes al inicio de las obras. Se harían además pagos mensuales, de la siguiente manera:

“Cada mes calendario se medirá conjuntamente por EL CONTRATISTA y el interventor la obra realizada a satisfacción, lo cual se hará constar en actas firmadas por las partes las cuales no serán inferiores a quinientos mil pesos ($500.000) y que se someterán a la aprobación de LAS EMPRESAS. […] Igualmente, cada mes calendario se calculará para las obras ejecutadas el reajuste, cuyo cálculo y valor se hará constar en actas firmadas por EL CONTRATISTA y el Interventor y que se someterán a la aprobación de LAS EMPRESAS. En caso de que haya demora para obtener los índices establecidos en la fórmula de reajuste se harán liquidaciones provisionales con base en índices anteriores conocidos que definirá el Interventor; cuando se conozcan los índices definitivos se harán los correspondientes ajustes. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la firma de las actas por parte de EL CONTRATISTA y del Interventor y previa aprobación por parte de LAS EMPRESAS éstas pagarán al contratista los saldos que resulten a su favor, previa deducción de las sumas a que hubiera lugar por amortización del anticipo, multas, impuestos, orden de autoridad competente, servicios prestados por LAS EMPRESAS, etc. LAS EMPRESAS podrán retener total o parcialmente cualesquiera de los pagos pendientes a favor del CONTRATISTA hasta donde sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos por el contratista, o de reclamos, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables a EL CONTRATISTA. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por EL CONTRATISTA, LAS EMPRESAS harán devolución de los pagos retenidos” (cláusula 12ª).

5.1.3.5. En relación con el reconocimiento de las condiciones y el terreno en el que se ejecutarían los trabajos, los contratantes estipularon en la cláusula 6ª que:

“El Contratista hace constar expresamente que estudió cuidadosamente el proyecto de la obra a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno; las condiciones normales y extremas del clima que se presentan no sólo en el sitio de las obras, sino en los parajes donde ellas han de ejecutarse; la situación, calidad, cantidad y disponibilidad de los materiales necesarios para su ejecución; las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras; la disponibilidad de energía eléctrica, agua y comunicaciones; el tipo de instalaciones temporales, accesos industriales, servicios de vigilancia, máquinas, equipos y herramientas que se requieren inicialmente y durante el desarrollo de la obra; disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales. El contratista deja también constancia que ha investigado la disponibilidad local de materiales y equipos, las restricciones, depósitos y derechos de aduana aplicables a la importación de tales elementos y las demoras que puedan ocasionar tales importaciones. Así mismo, el Contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas; que conoce cada una de las estipulaciones del Pliego de Condiciones y Especificaciones y ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del Contrato y la naturaleza del trabajo. Todos estos factores favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular la propuesta y su influencia no será alegada por el Contratista como causal que justifique el incumplimiento del presente Contrato” (subraya la Sala).

5.1.3.6. Sobre los materiales y la maquinaria que se emplearía para la obras, se acordó en la cláusula 14ª:

“Materiales. EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el progreso de los trabajos. […] Equipos y herramientas. EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de equipos y herramientas apropiados para ejecutar las obras motivo de este Contrato y de acuerdo con los documentos del Contrato y dentro de los plazos estipulados en el presente documento. EL CONTRATISTA deberá sostener los equipos de construcción en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes del equipo de construcción. La mala calidad de los equipos o herramientas, o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere con el presente Contrato. […]”.

5.1.3.7. Con respecto a los cambios en los planos o especificaciones, EPM y Construcciones Domus pactaron en la cláusula 5ª que:

“Durante la ejecución del Contrato, LAS EMPRESAS podrán ordenar, por conducto del Interventor, los cambios que consideren necesarios tanto en los planos como en las especificaciones, o en alguno de estos documentos. Si por estos cambios se afecta sustancialmente tanto el plazo como el precio o uno de éstos, señalados en este CONTRATO, LAS EMPRESAS convendrán con EL CONTRATISTA los ajustes de plazo y/o precios que de ellos puedan desprenderse de lo cual se firmará por las partes el convenio adicional correspondiente. Sin embargo, es entendido que es inherente a la naturaleza de la construcción de obras como las contempladas en los documentos del Contrato, que durante su ejecución puedan ser necesarios algunos cambios en los planos y especificaciones para ajustarlos a las condiciones del campo y que es esencial del Contrato aceptar un margen normal y esperado de cambios sin que por ello se modifiquen los precios y plazos del CONTRATO. Cuando a juicio del CONTRATISTA sea conveniente variar los planos o especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al Interventor, quien los presentará a consideración de LAS EMPRESAS, explicando las causas que las justifican. Si éstas no las aprueban, EL CONTRATISTA se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlas, se procederá como está establecido en esta cláusula” (subrayado fuera de texto original).

5.1.3.8. Con relación a los imprevistos, las partes estipularon en la cláusula 16ª:

“Si durante el curso de los trabajos LAS EMPRESAS o EL CONTRATISTA descubren o encuentran en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las conocidas o previstas en los documentos del Contrato, EL CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Interventor tome la decisión correspondiente. Si éste resuelve que aquellas sí son esencialmente diferentes a las previstas, se procederá a ordenar, con la aprobación DE LAS EMPRESAS, los cambios en las Especificaciones o en los planos, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo, o de uno de éstos, que de estos cambios puedan desprenderse con observancia de lo dispuesto en las cláusula décima y quinta de este Contrato. Los prejuicios debidos a lluvias, a crecientes de ríos y quebradas, a derrumbes en las carreteras de acceso y en excavaciones en corte abierto; a empujes o presiones del terreno, a irrupciones de agua, a estrechamientos, a levantamientos del piso o a otras circunstancias de naturaleza similar que son de ocurrencia común en la construcción de obras, y los debidos a trastornos de otra índole provocados por dichas circunstancias, a demoras imputables a EL CONTRATISTA en la adquisición de equipos y elementos, a daños en los mismos, al incumplimiento del CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones contractuales, a cualquier suspensión del trabajo ordenado por LAS EMPRESAS por culpa de EL CONTRATISTA, no se consideran como situación imprevista, ni como fuerza mayor ni como caso fortuito y no darán lugar a indemnización o compensación adicional ni a ampliación de plazo. Se entiende que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamación alguna por los perjuicios sufridos por estas causas. […]” (subraya la Sala).

5.1.3.9. No obstante, se acordó asimismo en la cláusula 17ª:

“EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad, daño o dilación en las obras durante su construcción y por daños a terceros en el mismo período, cuando tales hechos ocurran como resultado de sucesos anormales o imprevisibles y otra causa constitutiva de fuerza debidamente comprobada, caso en el cual tendrá derecho únicamente a ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Las suspensiones debidas a lluvias, demoras en la adquisición de los equipos o daños en los mismos, a circunstancias de ocurrencia común en la construcción de obras de la misma naturaleza de las contempladas en este Contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de la violación de convenios laborales, a la falta de cooperación de EL CONTRATISTA para resolver peticiones justas de sus trabajadores o cualquier otra suspensión ordenada por el Interventor por razones técnicas o de seguridad, no se considerará como fuerza mayor y no darán lugar a indemnización ni a ampliación del plazo estipulado” (subrayado añadido).

5.1.3.10. En la cláusula 20ª los contratantes pactaron la imposición de multas al contratista por unos hechos determinados y precisaron que:

“Estas multas se causan por el simple incumplimiento sin que LAS EMPRESAS tengan que demostrarlo y los perjuicios que por ellos causen a LAS EMPRESAS podrán hacerse efectivos en forma separada. La aplicación de las multas se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas para el procedimiento gubernativo y su aplicación se entenderá sin perjuicio de que en el caso de mediar las causales establecidas en el Contrato, LAS EMPRESAS puedan declarar su caducidad y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. […] f. Retardo en la entrega de la obra. Esta multa será aplicable por incumplimiento del plazo establecido en la cláusula décima primera. El plazo que se considerará, será el pactado en la cláusula mencionada, teniendo en cuenta las modificaciones a que haya lugar de acuerdo con lo indicado en el Contrato. El CONTRATISTA pagará a LAS EMPRESAS una multa de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) por cada día de atraso en el plazo pactado” (subraya la Sala).

5.1.3.11. Sobre la interpretación del contrato, EPM y Construcciones Domus convinieron en la cláusula 3ª que:

“Los documentos del Contrato constituyen el acuerdo único y total entre EL CONTRATISTA y LAS EMPRESAS. Ninguna costumbre o uso comercial, ni las aprobaciones, acuerdos, convenios, instrucciones, órdenes o el desarrollo o resultado de contratos celebrados previamente por EL CONTRATISTA con LAS EMPRESAS variará los términos establecidos en los documentos del Contrato. Ninguna estipulación o acuerdo que modifique lo establecido en los documentos del CONTRATO obligará a LAS EMPRESAS ni liberará a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de ceñirse a ellos, ni se la atenuará, a menos que se incorporada a los documentos del Contrato como convenio adicional. Es entendido que los documentos del Contrato se complementan mutuamente de tal manera que lo estipulado en uno de ellos se tomará como estipulado en todos. En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato se atenderá a lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: los convenios adicionales, el Contrato, el Pliego de Condiciones y las Especificaciones, la propuesta de EL CONTRATISTA en las partes aceptadas por LAS EMPRESAS, las garantías constituidas por EL CONTRATISTA y aprobadas por LAS EMPRESAS, el programa de trabaja presentado por EL CONTRATISTA y aprobado por LAS EMPRESAS” (subrayado añadido).

5.1.4. En escrito del 3 de agosto de 1990, que Construcciones Domus remitió a EPM en respuesta a las observaciones que esta había hecho a su programa de construcción, aquella manifestó que, en atención al comentario sobre el escaso tiempo que se había advertido para montar, probar y poner en marcha la planta de agregados y filtros, este había sido modificado, pero —apuntó— “el tiempo previsto inicialmente era holgado, por tratarse de planta móvil y de fácil montaje”. Agregó que la producción de concretos se había organizado de forma tal que dependiera de la producción de la planta clasificadora mencionada, de acuerdo con los apiques realizados en la quebrada Hojas Anchas.

5.1.5. Mediante oficio del 13 de abril de 1990, EPM comunicó a Construcciones Domus que el plazo de ejecución de las obras previsto en la cláusula 11ª debía contarse a partir del 20 de agosto de 1990.

5.1.6. En escrito del 4 de septiembre de 1990, Construcciones Domus manifestó a EPM que el programa de ejecución de la zona de préstamo no había podido ejecutarse, porque esta no estaba disponible aún para el levantamiento topográfico necesario.

5.1.7. Por medio de oficio del 5 de septiembre de 1990, EPM expresó a Construcciones Domus que no aprobaba las operaciones de descapote y limpieza de la zona de préstamo que estaban programadas para ejecutarse entre el 18 de septiembre y el 16 de diciembre de 1990, habida cuenta del arrastre de limos y erosión de la zona que ella produciría; y agregó que la contratista era la responsable de la obtención de agregados para la elaboración de concreto, conforme al aptado. 6.08.02.05 del pliego de condiciones.

5.1.8. En oficio del 20 de septiembre de 1990, EPM aclaró a Construcciones Domus que no podía ejecutar el descapote y limpieza de la zona de préstamo propuesto, y que el descapote sería de un metro (1 m) “y a partir de ahí todo el material adecuado será utilizado en la presa”.

5.1.9. Mediante oficio del 19 de octubre de 1990, EPM reclamó a Construcciones Domus el atraso que presentaba en el programa de construcción y particularmente en el montaje de la planta de clasificación de materiales para filtros, atraso que —afirmaba— había puesto de presente en cartas del 18 y 25 de septiembre, y 2 y 13 de octubre de 1990. Que la constructora había aceptado nueve (9) días antes que presentaba un atraso de 52 días, y que, para cuya recuperación, se había comprometido a instalar el 16 de octubre una planta nueva con capacidad de 50 m3/ hora, compromiso respecto del cual no había realizado actividad alguna, con la posible consecuencia, de la postergación de trabajos para el próximo período seco.

5.1.10. A través de comunicación del 22 de octubre de 1990, Construcciones Domus sometió a consideración de EPM un nuevo programa de actividades, adecuado para la producción de una planta de clasificación con capacidad de 50m3/hora, en el que se separaba la preparación de agregados para concretos, porque conforme a las instrucciones de EPM los materiales no podrían obtenerse de la playa de Las Nutrias. En aquella decía haber tenido en cuenta, asimismo, que no habría excavación de materiales para desperdiciar, ya que todo sería empleado en el realice y el contrapeso.

5.1.11. Con escrito del 7 de noviembre de 1990, el interventor le comunicó a Construcciones Domus que la zona de préstamo estaba disponible para adelantar trabajos topográficos y “liberado por las Empresas para cualquier trabajo que quiera realizar el contratista inherente a la obra a partir del 16 de octubre de 1990”.

5.1.12. En Acta del comité semanal de obra núm. 12 que se desarrolló el 8 de noviembre de 1990, suscrita por representantes de la interventoría y el contratista, aquella puso de presente el atraso que acusaba la instalación de la planta de agregados, que además debía ser probada para la producción de gradaciones específicas antes del inicio del proceso, circunstancia que le preocupaba por la próxima iniciación de la temporada seca, en la que se debía contar con una cantidad importante de material para filtro almacenada, previa a la autorización del inicio del descapote.

5.1.13. A través de escrito del 14 de noviembre de 1990, el interventor le remitió a Construcciones Domus el plan de explotación del préstamo de tierra y saprolito, conforme al núm. 3.05 del pliego.

5.1.14. Con carta del 20 de noviembre de 1990, Construcciones Domus entregó el plan de trabajo para la explotación de materiales aluviales del sitio Las Nutrias, en el que afirmó:

“La zona asignada para este fin por las Empresas Públicas de Medellín tiene un área explotable de aproximadamente 22.000 m2. De acuerdo con los apiques efectuados por las Empresas, posteriormente complementados por Construcciones Domus Ltda. con apiques adicionales, el área es explotable en uno 80%; las zonas menos favorables están situadas en la orilla derecha de la quebrada y en el límite con la ladera. En este último, el descapote es de unos 80 cms y el manto aluvial aprovechable es de 1.30 cmts. En el resto del área, la profundidad promedio del manto es 2,50 mts. y el descapote es de 30 cms. en promedio. El total estimado de material es de unos 31.000 m3.

[…]

El equipo adquirido por Construcciones Domus para clasificar y lavar el material aluvial es una planta fabricada por Alquexco, con capacidad nominal de 60 M3/hr” (subrayado añadido).

5.1.15. Mediante comunicación del 22 de noviembre de 1990, Construcciones Domus remitió a EPM el programa de actividades para la explotación de la zona de préstamos, de acuerdo con el esquema recibido.

5.1.16. En respuesta a lo anterior, el 28 de noviembre de 1990, el interventor solicitó la definición al detalle del equipo que sería utilizado y del modo en el que se haría dicho empleo, conforme al num. 6.04.03 de las especificaciones.

5.1.17. Mediante escrito del 30 de noviembre de 1990, el interventor le recordó a Construcciones Domus que presentaba un atraso de cien (100) días en la instalación de la planta clasificadora y que, conforme a su compromiso posterior, ese día debía comenzar la producción sin que se hubieran adelantado aún las pruebas y análisis requeridos.

5.1.18. Con Carta del 6 de diciembre de 1990, Construcciones Domus solicitó autorización para iniciar el descapote y limpieza de las zonas de préstamo.

5.1.19. En Acta del comité semanal núm. 18 que se desarrolló el 21 de diciembre de 1990 consta que la limpieza y descapote de la zona de préstamo había sido autorizada, que esa labor iniciaría el 26 de diciembre, que EPM había aprobado el área para la disposición de los materiales inadecuados del descapote, que la instalación de la planta de material para filtros presentaba atrasos y no se había puesto en funcionamiento para labores de acopio. A lo anterior respondió la contratista que esperaba no tener atrasos dadas la mayor capacidad de la maquina adquirida y la intensificación de labores planeada.

5.1.20. Mediante escrito del 28 de diciembre de 1990, interventoría expresó que aceptaba el programa de explotación de la zona de préstamo presentado.

5.1.21. El 21 de febrero de 1991 tuvo lugar el comité semanal núm. 27, en el que: (i) se mencionó que se requería un equipo de mayor capacidad y alcance para la explotación de la playa Las Nutrias en un 100%, equipo que el contratista manifestó no haber podido conseguir, siendo necesario, además, que la explotación se hiciera de forma pareja, sin dejar franjas, llenando las zonas explotadas y descapotadas; (ii) que se presentaban diferencias en el cálculo de los materiales colocados en el contrapeso, que para el contratista eran 22.000 m3, mientras la interventoría lo calculaba en 12.000 m3; (iii) el contratista manifestó su inquietud por la muy poca cantidad de roca descompuesta y saprolito presente en las zonas de préstamo, y agregó que “de sustituir el lleno de este material por limo, sus rendimientos se van a bajar, porque el limo es imposible colocarlo en épocas lluviosas”; y (iv) la interventoría le advirtió al contratista un atraso de tres (3) semanas en el replanteo, lo que el contratista consideró que podía superarse, pero que era “consiente de lo crítico de la situación”.

5.1.22. El 14 de marzo de 1991 en el comité núm. 29 se hizo referencia a: (i) bajos rendimientos en la explotación de la playa Las Nutrias, porque las retroexcavadoras no laboraban permanentemente en ese frente de trabajo; (ii) la falta de maquinaria que impedía avances; y que (iii) para no incrementar los atrasos, la contratista iniciaría el realce de la presa con un frente de trabajo independiente al del contrapeso, requiriendo para ello más maquinaria y que se le indicaran los materiales.

5.1.23. En fax del 14 de marzo de 1991, el Director Financiero y de Inversiones, Guillermo Álvarez Gómez, comunicó a Construcciones Domus que “[…] la entidad acepta descontarle de las actas o facturas a cargo de las Empresas Públicas de Medellín y otras entidades oficiales con quienes hemos venido operando. El cupo para dicho descuento es hasta por $80 millones, la tasa de interés aplicada por la entidad en estos momento es la equivalente al 38,5% trimestre anticipado”.

5.1.24. En escrito del 3 de abril de 1991, Construcciones Domus le manifestó a EPM que, al no haber entregado la zona de préstamo para obtener materiales, se había producido un recorte de labores, a lo que se sumaron las demoras en la puesta en marcha de la planta clasificadora. Todo ello, llevó a que se trastornara el flujo de fondos esperado.

Agregó la contratista que no había podido colocar el saprolito porque se les indicó que no deberían suspender las excavaciones en caso de no encontrar material suficiente, y que este no apareció cuando se habían hecho excavaciones de seis metros (6 m) de profundidad y se habían explotado ya 20.000 m3 compactados que correspondían a una tercera parte del material de limo. A renglón seguido calificó esta como “una situación imprevista gobernada por la Cláusula Décima Sexta del Contrato, la cual evidentemente requiere de un tiempo por parte de E.P.M, para estudiar y adoptar la solución apropiada” (subraya la Sala).

En razón a ello, manifestó la contratista que EPM habría dicho que introduciría modificaciones al proyecto, con el objeto de sustituir el saprolito, lo que implica “una modificación sustancial al contrato y en especial en la ecuación inicial, que ameritan una revisión de los precios, para ajustarlos a las nuevas condiciones y términos”, teniendo en cuenta, asimismo, las condiciones climáticas de la región. Agregó que la colocación de filtros y llenos de saprolito no estaba condicionada a la colocación de rellenos, pudiendo así adelantarse simultáneamente ambas actividades según la especificación 6.04.06.02.

Conforme a lo anterior, manifestó que la caducidad del contrato no debería declararse, porque no existía un grave quebrantamiento de los deberes contractuales, ya que el atraso se debía a la no obtención de material del relleno del realce de la presa, hecho que era ajeno a su voluntad y querer.

Como soluciones, planteó la modificación del plazo contractual, atándolo a la temporada seca para la colocación del realce de la presa, definir las especificaciones de nuevos materiales y convenir los costos que no estuvieran previstos ni cubiertos inicialmente. Con ello, concluyó, se produciría una colaboración mutua de las partes contratantes.

5.1.25. EPM dio respuesta a la anterior comunicación, con oficio del 10 de abril de 1991, en el que manifestó su desacuerdo, al considerar que “[…] de manera artificiosa hace una composición de las situaciones para desvirtuar lo que realmente ha sido las casusas de incumplimiento del contrato para trasladar a Las Empresas presuntas responsabilidades que no se aviene con el desarrollo de los hechos”.

Refirió EPM los múltiples llamados de atención que, entre septiembre de 1990 y enero de 1991, había hecho por atrasos en las obras ocasionados por la ausencia de la planta calificadora, cuya instalación formaba parte de la ruta crítica y estaba previsto que se ejecutara, sin holgura, entre el 21 de agosto y el 9 de octubre de 1990. Agregó que en enero de 1991 se puso finalmente en funcionamiento la planta, pero luego, en febrero de 1991, la entidad advirtió que sus rendimientos eran de 25 m3/hora, que era la mitad de lo esperado, además de la falta de combustible y el uso de maquinaria de extracción de materiales aluviales en la colocación de rellenos. Lo anterior constituiría un incumplimiento persistente y grave imputable al contratista, que había traído consigo un retraso de más de un mes en la colocación de filtros, e impedido subsecuentemente que los llenos del realce se realizaran en la temporada seca, siendo esto aceptado por Construcciones Domus habría, pese a lo cual EPM no había tomado medidas más drásticas previstas en el contrato, para salvar el proyecto y tratar de concluir la obra.

Agregó que Construcciones Domus había aceptado su responsabilidad en las reuniones que se desarrollaron y propuesto fórmulas para subsanar el retraso en las obras, siendo esta la primera oportunidad en la que buscaba trasladársela a EPM, y que la decisión de no iniciar las excavaciones no había incidido en las actividades subsiguientes, ya que el contratista no contaba con la maquinaria para su ejecución, los materiales procesados estuvieron disponibles a partir del 22 de enero de 1991, cuando la interventoría dio la orden de iniciar el descapote de la presa, con lo que se presentó un atraso de 43 días y, luego, cuando se autorizó la colocación de llenos del contrapeso con el material rocoso existente, en reunión del 14 de marzo de 1991, la constructora no contaba con la maquinaria necesaria.

Por otra parte, EPM dijo que la disminución del flujo de fondos había sido ocasionada especialmente por la tardanza en la puesta en funcionamiento de la planta clasificadora, que repercutió en el inicio de descapote y limpieza para la presa ($4’000.000), colocación de filtros y llenos ($49’000.000). Mientras que —añadió— la supresión de la excavación de material a desperdiciar liberó fondos, porque no se requerían los equipos para su ejecución.

La entidad contratante puso de presente, por otra parte, que Construcciones Domus había decidido ejecutar secuencialmente los llenos del contrapeso y el realce (salvo en un lapso de traslapo de 16 días) pese a que hubiera podido hacerlos simultáneamente; y que, para esta modificación del programa se requería una solicitud previa a la interventoría, que había sido presentado el 14 de marzo de 1991, y disponer de equipo adicional que la constructora no había puesto en obra. Además, se habrían presentado problemas por el impago a proveedores y trabajadores, que ocasionaron paros e impidieron el ingreso de combustibles.

Con respecto a la escasez de saprolito, EPM manifestó haber autorizado su colocación en el estado hallado conforme a las especificaciones y que, una vez se agotara, se utilizara el material arenoso existente, situación esta que habría sido fácilmente manejable si los atrasos de Construcciones Domus no hubieran impedido la colocación de materiales más limosos en la temporada seca, con su consecuente pago a los precios unitarios pactados. Los problemas en la ejecución, por esta contingencia geotécnica que es propia de acuerdo con lo pactado, se derivarían así de los incumplimientos de la contratista.

De conformidad con lo anterior, el ente contratante concluyó que los problemas en la obra eran imputables a Construcciones Domus; y que concordaba con la necesidad de ejecutar el realce de la presa en verano, pero no encontraba que hubiera razones claras para prorrogar el plazo contractual o para cubrir posibles sobrecostos.

5.1.26. A lo anterior dio respuesta Construcciones Domus, mediante escrito del 21 de abril de 1991, en el que manifestó su desacuerdo con las imputaciones de incumplimiento endilgadas.

La contratista adujo que EPM estaba obligada a la entrega oportuna de la zona de préstamo, de los botaderos, de playas para la explotación del material aluvial y dar la orden de inicio, cuyo incumplimiento habría traído consigo el atraso en la obra. Que al contratista le correspondía el suministro oportuno, mas no anticipado, de los recursos humanos y mecánicos requeridos, pero los atrasos que en ello se había producido no afectaban la ejecución del contrato. Finalmente, que la ausencia de equipos respondía a la ausencia de materiales.

Reiteró, además, que la ausencia de saprolito detectada en febrero de 1991 constituía una circunstancia de fuerza mayor, y no una mera contingencia geológica, que daba lugar a la suspensión del contrato y a la modificación de sus especificaciones esenciales atinentes a los materiales de los llenos, que requería un procedimiento de estudio para garantizar el objeto del contrato.

Como solución a la situación de fuerza mayor descrita anteriormente, Construcciones Domus planteó que, mientras se modificaban las especificaciones de la obra, se conviniera: (i) la suspensión del Contrato 3/DJ a partir del 1 de mayo de 1991; (ii) el reinicio de labores el 15 de diciembre de 1991, con un plazo de ejecución que se extendiera hasta el 8 de abril de 1992; y (iii) el reconocimiento de costos extra por movilización de equipos ($7’500.000), arriendo de oficinas ($770.000), celaduría ($3’920.000), compensación por disminución de cantidades ($80’770.000) y por disminución de la amortización de equipos ($52’536.355).

5.1.27. En un acta de intención suscrita por representantes de Construcciones Domus, se hizo referencia a una reunión que se habría desarrollado el 22 de mayo de 1991, en la que representantes de EPM, la interventoría y la contratista habrían constatado la culminación de las obras de los llenos del contrapeso, de estabilización del talud de la carretera de ingreso al margen izquierdo del vertedero y que la protección de esta margen había concluido, mientras la ejecución de la protección del contrapeso y de las losas horizontales de protección de la margen derecha del vertedero concluirían el 30 de junio de 1991; y que, por último, estaba pendiente la construcción del realce y obras complementarias, al no haberse hallado la cantidad requerida de saprolito, por lo cual procedía su rediseño conforme al material existente.

Atendiendo a lo anterior, se acordaría: (i) aplazar la ejecución de las obras del realce hasta 15 de diciembre de 1991, para la cual el contratista presentaría un programa de ejecución, para aprobación de la interventoría, 30 días antes del inicio de labores; (ii) ampliación del plazo contractual hasta el 7 de abril de 1992; (iii) la entrega de las obras referidas previamente el 30 de junio de 1991; (iv) se establecía un método para el cálculo del precio de materiales aluviales para mantos de drenaje, en el que se reconocerían las regalías y gastos de transporte por cambio de fuente de suministro; (v) el pago de los llenos del realce de la presa conforme a los ítems número 8, 10 y 11, relativos a la excavación y compensación; (vi) el descongelamiento de los índices de la fórmula de reajuste; (vii) el reconocimiento de $6’095.000 a Construcciones Domus, equivalente al 50% de los gastos de movilización de equipos, arrendamiento de oficinas y campamentos, y celaduría, que se pagarían una vez se legalizara el convenio adicional; y (viii) que todas las diferencias entre las partes por la modificación del diseño existentes hasta la fecha quedarían zanjadas, quedando así cubiertos todos los derechos del contratista y las EPM quedaban “exoneradas de todo otra obligación, responsabilidad, indemnización o reclamación, por lo que no habrá lugar a ninguna otra reclamación por estos conceptos”.

5.1.28. Mediante comunicación del 29 de julio de 1991, con la que Construcciones Domus sometió a aprobación de la interventoría un análisis de precios para la puesta en planta de materiales, y el cargue y transporte entre el punto de acopio y la presa.

5.1.29. El 30 de julio y el 21 de agosto de 1991, respectivamente, Construcciones Domus y EPM suscribieron el convenio adicional No. 1 al contrato No. 3/DJ-9775/5 (“Adicional 1“), en cuya cláusula 1ª estipularon como objeto:

“Debido a que el material especificado por LAS EMPRESAS para la construcción del realce de la presa, no se encontró en la cantidad requerida para la ejecución de dichos llenos, es necesario rediseñar estas obras de acuerdo con las características del material existente; en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato, LAS EMPRESAS ordenaron a EL CONTRATISTA los cambios necesarios tanto en los planos como en las especificaciones para tal fin. Estos trabajos tienen que ser ejecutados en época de verano, por lo cual es necesario aplazar su ejecución hasta la estación de verano, de diciembre de 1991 a abril de 1992”.

5.1.29.1. Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo fue ampliado hasta el 7 de abril de 1992 (cláusula 2ª), lo cual “implica el descongelamiento de los índices de la fórmula de reajuste”.

5.1.29.2. En la cláusula 3ª, EPM y Construcciones Domus convinieron que esta última se obligaba a:

“a) Terminar las obras de protección del contrapeso (cunetas, afirmados y engranados), lo mismo que las losas horizontales de protección de la margen derecha del vertedero a más tardar el 30 de junio de 1991. b) Presentar para la aprobación de la interventoría, antes del 15 de noviembre de 1991, un programa para la ejecución de los trabajos, lo mismo que la relación de equipo a utilizar. c) Ejecutar las obras requeridas para el control de aguas en la zona de préstamo, de tal manera que se evite el transporte de sedimentos por la vía existente. d) Explotar los materiales aluviales faltantes, de acuerdo con la variación del diseño a que se refiere la cláusula primera de este convenio, para los mantos de drenaje en un lapso de noventa (90) días a partir de la definición y la disponibilidad de la nueva fuente de materiales, la cual se encuentra en estudio. Una vez definida ésta LAS EMPRESAS lo notificarán por escrito a EL CONTRATISTA”.

5.1.29.3. A continuación, los contratantes estipularon que EPM reconocería el pago de $6’095.000 “[…] como parte de los gastos estimados de movilización de equipo, arrendamiento de oficina y campamento y celaduría de las obras y materiales durante el tiempo que dure la reiniciación del realce; el resto de los gastos correspondientes a estos conceptos será asumido por EL CONTRATISTA” (cláusula 4ª).

5.1.29.4. Como exoneración de responsabilidades, EPM y Construcciones Domus pactaron:

“Con base en los términos de este convenio quedan zanjadas entre las partes todas las diferencias y reclamaciones surgidas hasta la fecha en desarrollo del contrato por todo concepto y en especial las relacionadas con la orden de cambio a que se refiere la cláusula primera del presente convenio y la ampliación del plazo pactada. Por lo tanto, con el cumplimiento de los términos aquí pactados, con el pago de las sumas acordadas y la ampliación de plazo fijada quedan cubiertos todos los derechos de EL CONTRATISTA y LAS EMPRESAS quedan exoneradas de toda obligación, responsabilidad, indemnización o reclamación, por lo que no habrá lugar a ningún otro pago por estos conceptos” (cláusula 6ª).

5.1.29.5. Por último, acordaron que “[s]iguen vigentes en su integridad todas las cláusulas del contrato que no se modifican por este convenio” (cláusula 7ª).

5.1.30. Por medio de escrito del 22 de agosto de 1991, Construcciones Domus le manifestó a la interventoría que: (i) con el Adicional 1, EPM se había comprometido a poner a su disposición playas para la explotación del material faltante; (ii) el 12 de agosto, EPM le había comunicado que la playa La Yolanda estaba disponible, pero luego le indicó que las negociaciones debía hacerlas la directamente; (iii) para poder presentar el análisis de precios, era necesario negociar previamente las playas y firmar los contratos con los propietarios, por lo que no tenían precios para el trabajo adicional, pese a lo cual seguían trabajando; (iv) el flujo de fondos previsto para junio y julio no se había conseguido por una suspensión de labores de tres (3) semanas, sin que pudieran reanudarse luego a un ritmo apropiado; (v) inconvenientes en la liquidación de actas agravaban su situación financiar, así como las “fuertes restricciones monetarias vigentes en el país”; y (vi) de los 20.000 m3 del material filtrante requerido se habían procesado 8.300 m3, se esperaba contar con 9.500 m3 para finales de agosto, y en septiembre y octubre, cuando se reanudara el ritmo normal de trabajo y del flujo de fondos, se procesarían 10.500 m3.

5.1.31. El coordinador de la interventoría, Gerardo Schulle, respondió a través de escrito del 4 de septiembre de 1991, que: (i) EPM y la interventoría habían establecido contacto con el representante de los propietarios de la playa La Yolanda, quien había autorizado la extracción de materiales siempre que Construcciones Domus le pagara oportunamente lo pactado; y que (ii) EPM solicitó que la contratista le presentara los precios adicionales del transporte de materiales entre las playas La Yolanda y Las Nutrias, pero no que detuviera sus actividades, sino que, por el contrario, le manifestó su preocupación por el bajo rendimiento en la extracción y procesamiento de materiales aluviales, por lo que era necesario emplear todos los recursos posibles.

Agregó la interventoría que las actas no se habían pagado oportunamente por actos de la sociedad contratista, ya que: (i) el 30 de mayo se advirtió que la póliza no estaba vigente, (ii) el 16 de junio se paralizó el trámite a espera de la renovación de la garantía del contratista, (ii) el 3 y 4 de julio ocurrió lo mismo, (iv) el 16 de julio se pactó la renovación de garantías, (v) el 17 de julio fue entregada la garantía adicional, (vi) el 25 de julio fue aprobada la garantía de correcta inversión del anticipo y fue entregada la garantía de cumplimiento y pago de salarios, las cuales fueron devueltas porque eran incorrectas y no había sido presentada la garantía de responsabilidad extracontractual, (vii) el 29 de julio la contratista presentó el acta de cumplimiento correspondiente a junio, pero era incorrecta porque contenía obras ejecutadas en julio; (viii) el 6 de agosto se vencieron las garantías de cumplimiento y responsabilidad extracontractual, por lo que se paralizaron los pagos, (ix) el 12 de agosto fue presentada el acta de junio con reajuste y el 13 de agosto la correspondiente a julio, y (x) el 15 de agosto presentó las garantías de cumplimiento, responsabilidad extracontractual y pago de salarios.

5.1.32. Con escrito del 5 de septiembre de 1991, la interventoría le comunicó a Construcciones Domus que la propuesta de suministro de material aluvial para materiales de filtro y transporte adicional presentada el 29 de agosto anterior estaba en estudio, mientras debían continuar su explotación y procesamiento.

5.1.33. Mediante comunicación del 9 de septiembre de 1991, Construcciones Doums respondió a la interventoría que: (i) el 12 de junio le habían informado que los propietarios de la playa La Yolanda permitían su explotación previo pago que debía incluirse en el análisis de precios por el agotamiento de materiales en la playa Las Nutrias, lo que requirió nuevos esfuerzos financieros, circunstancias que impedían asumir que la Playa estuviera a su disposición en esa fecha; (ii) no había suspendido el proceso de explotación, transporte y clasificación de materiales, sino que habían ocurrido algunas detenciones de tipo ocasional, por problemas en el flujo de fondos; (iii) había intentado mantener vigentes las pólizas, pero había enfrentado dificultades con las aseguradoras; (iv) el acta de junio había sido liquidada en julio por orden de la interventoría, que obró de buena fe; (v) los propietarios de la playa La Yolanda sólo permitían la explotación del lecho, sin descapotar las vegas, y que estaba prácticamente agotada, por lo que no era posible completar la cantidad requerida, por lo que la explotación tendría que trasladarse a la finca El Pomo, para lo que la constructora había adelantado negociaciones, por lo que el plazo no se había cumplido cabalmente.

5.1.34. Mediante escrito del mismo día, 9 de noviembre de 1991, Construcciones Domus le informó a la interventoría que estaba produciendo 250 m3 diarios de material aluvial y esperaba mejorar el ritmo a 350 m3 con la normalización de flujos de fondos. Añadió que por el agotamiento de la playa La Yolanda, trasladaría la explotación a la finca El Pomo en los próximos días.

5.1.35. El 4 de diciembre de 1991, la interventoría presentó a EPM sus observaciones sobre el programa de trabajos de la presa de Troneras, de lo que destacó que “el aspecto más preocupante de la situación actual del Contratista es la aparente falta de fondos para atender los dos meses iniciales, ya que él no ha presentado pruebas de disponer de la financiación requerida”. Para ello, agregó en las observaciones, era necesario el aporte oportuno de $133’000.000, pero los turnos de trabajo en 10 horas diarias durante 6 días a la semana parecían cortos para obtener los rendimientos requeridos para la facturación, por lo que se hacía necesario un incremento de la jornada en 2 horas diarias y que el contratista estuviera completamente preparado para el reinicio de labores el 15 de diciembre.

5.1.36. Por medio de escrito del 11 de diciembre de 1991, identificado con el serial GC-0575-91, el gerente de Construcciones Domus le comunicó a un funcionario de la división de tesorería de EPM:

“Por medio de la presente autorizamos a las Empresas Públicas de Medellín para pagar a la orden de la Compañía de Financiamiento Comercial – FINSOCIAL S.A., el valor neto correspondiente a todas las actas de cobro resultantes de la ejecución del contrato No. C/DJ-9775/5, REALCE DE LA PRESA TRONERAS, suscrito entre EPM y nuestra empresa”.

5.1.37. El 17 y el 30 de diciembre de 1991 EPM y el contratista suscribieron, respectivamente, el acta de modificación bilateral No. 2 al contrato No. 3/DJ-9775/5, suscrita respectivamente (“Adicional 2”), en la que pactaron que, sin la modificación del plazo, realizarían las siguientes obras extra conforme a lo convenido en la cláusula 9ª, con precio aproximado de $36’391.282,03, sin reajuste:

Ítem
Descripción
Unidad
Cantidad
V/Unitario
1
Sumidero y aplicación de impermeabilizante para el exterior del pozo de acceso y la caseta de piezómetros. Constará de dos capas de igol denos y una capa de igol imprimante.
M2
35.00
6.370.00
2
Retiro de línea de energía en la zona de préstamo e instalación de los postes para la línea telefónica hasta las oficinas de Las Empresas.
SG
1.00
446.367.03
3
Suministro y colocación de tubería de concreto de 24’’ de diámetro.
M
22.00
22.680.00
4
Suministro de material de filtro no procesado.
M3
25.000.00
1.360.52
5
Cargue y transporte del material de filtro entre el sitio de acopio situado en la pata del contrapeso y el área de realce.
M3
1.500.00
806.67

5.1.37.1. Como exoneración de responsabilidades, EPM y Construcciones Domus acordaron:

“EL CONTRATISTA declara que con el pago de las cantidades realmente ejecutadas a los precios unitarios pactados en esta acta de modificación, LAS EMPRESAS le cobren todos los gastos en que tendrá que incurrir para la ejecución de la obra extra a que se refiere esta acta de modificación, así como los correspondientes imprevistos, administración, utilidades y demás conceptos similares. Por tanto exonera a LAS EMPRESAS de toda responsabilidad en razón de lo pactado en esta acta de modificación y declara que no reclamará pago adicional o indemnización alguna por estos conceptos” (cláusula 5ª).

5.1.37.2. Se mantuvieron vigentes en su integridad las cláusulas del Contrato 3/DJ, así como del a Adicional 1 que no hubieran sido objeto de este acuerdo (cláusula 6ª).

5.1.38. El 21 de diciembre de 1991, la interventoría le comunicó a Construcciones Domus su preocupación porque no se encontraba la totalidad del equipo para la construcción del realce, pese al compromiso de dar inicio de las obras al inicio de la temporada seca, que ya había comenzado.

5.1.39. Mediante comunicación 26 de diciembre de 1991, la interventoría le recordó a Construcciones Domus que las labores habían reiniciado con una semana de atraso por falta de equipos, por lo que tendría que planear el tiempo perdido de ejecución de las obras en verano.

5.1.40. A través de oficio del 24 de enero de 1992, la interventoría le manifestó a Construcciones Domus que los rendimientos que esta había propuesto no se venían cumpliendo y, en diciembre de 1991 y enero de 1992 estaban muy por debajo de lo proyectado, lo que se reflejaba claramente en las actas de pago que estaban programadas en $43’000.000 y $76’000.000, de los que se habían cobrado $17`000.000 y se estimaría que se cobrarían $36’000.000. En razón a ello, solicitaban la adopción de medidas como el incremento de equipos para el transporte de materiales y la implementación de dobles turnos.

5.1.41. Por medio de escrito de oficio 357391 del 27 de enero de 1992 el jefe de la división de tesorería de EPM respondió a Construcciones Domus que:

“Las Empresas Públicas de Medellín con base en la carta GC-0575-91 queda notificada sobre el pago al cesionario Compañía de Financiamiento Comercial FINSOCIAL S.A. de las actas en la ejecución del contrato en referencia.

A su vez las Empresas Públicas de Medellín les solicitan la cesión de las actas individualmente con el fin de determinar el pago del impuesto de timbre y adicionalmente le informamos que la Empresas, están en la obligación de comunicarle al Juez la existencia de dicha cesión en el caso de presentarse algún embargo de los créditos que tenga el contratista Construcciones Domus S.A.”.

5.1.42. En oficio del 28 de enero de 1992, la interventoría manifestó a Construcciones Domus su preocupación por que el programa de obras no se estaba cumpliendo y el tiempo de la temporada seca no podría recuperarse, por lo que reiteró que debía laborar a doble jornada, para lo que solicitó la reprogramación de actividades.

5.1.43. Mediante oficio del 4 de febrero de 1992, la interventoría puso de presente a Construcciones Domus que el 31 de enero debía haberse compactado un volumen de 84.000 m3 y 9.300 m3 de limo y filtros, respectivamente, de los que sólo se habían ejecutado 24.000 m3 y 4.000 m3, por la falta de equipo de carga, transporte y compactación, y la escasez ocasional de combustible. En razón a ello, la facturación prevista en $119.000.000 se había reducido a $62’000.000, por lo que solicitó la adopción de medidas.

5.1.44. Con escrito del 20 de febrero de 1992, Construcciones Domus sometió a consideración de la interventoría las bases del replanteamiento de equipos para las labores de excavación, transporte y colocación del lleno de limos.

5.1.45. El mismo día, 20 de febrero de 1992, la interventoría respondió a Construcciones Domus que, según el replanteamiento remitido, a la fecha debían haberse compactado 35.750 m3 de limo, de los que se habían ejecutado únicamente 27.200 m3, lo que equivalía a tres días de atraso; que las tres palas para el trabajo diario no habían obtenido el rendimiento programado, siendo necesario su desvare o incrementar del equipo, para la terminación de las obras en el plazo convenido.

5.1.46. En comunicación presentada el 5 de marzo de 1992, Construcciones Domus le expresó a EPM que el rediseño del terraplén en razón al cambio de material había supuesto un incremento del material a colocar, que de 70.000 m3 de saprolito había pasado a unos 115.000 m3 de limo-arenoso. Esto implicaría, a su vez, un incremento en la colocación y compactación de filtros y afirmados, y en la construcción de sardineles y engranados. Pero, pese a los esfuerzos ejecutivos y financieros, la dificultad en la obtención de equipo de transporte suficiente sumada a daños imprevistos en la maquinaria de corte y cargue, existía “alguna posibilidad de que estas demoras incidan en la terminación oportuna del muro parapeto, lo mismo que en la conclusión final de las obras que de él dependen, como son el relleno final sobre su fundación, los enrocados, engramados, afirmados y cunetas e igualmente en la colocación de los últimos pazómetros y puntos de control de asentamiento”. En razón a ello, solicitó comedidamente la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 1992, lo que representaba un incremento del 3% que “es exiguo dada la magnitud de la obra y de los imprevistos que este tipo de trabajos tiene”.

5.1.47. A través de oficio 364983 del 20 de marzo de 1992, el jefe de la división de tesorería de EPM le manifestó a Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá que, en relación con el oficio núm. 629 del 12 de marzo de 1992, se encontraba en dicha división las órdenes de pago núm. 87614 por $51’121.522 y 87613 por $70’333.265, que habían sido cedidas a Finsocial S.A. mediante carta del 2 de marzo de 1992, radicada y aceptada por EPM el 4 de marzo de 1992, que se habían pagado a dicho establecimiento crediticio. Agregó que se encontraba pendiente la ejecución de obras por $156’000.000, de los que se descontarían $21’900.000 por anticipo y las sumas adicionales que el contratista le debiera a EPM, de los que pondría a disposición del Juzgado $66’890.000, “según lo indicado en el oficio 629 de marzo 12 de 1992”.

5.1.48. En comunicación del 31 de marzo de 1992, el apoderado de Finsocial S.A. remitió comunicación al jefe de la división de tesorería de EPM, en la que le manifestó haberse enterado de la aceptación de los créditos que habían sido cedidos, lo que consideraba equivocado, debido a que: (i) resultaba contrario a “lo convenido en el oficio 35731” y al artículo 1963 del Código Civil, y (ii) la cesión de cada acta individual era una forma de cumplimiento de la obligación principal, por lo que la cesión de los derechos económicos del contrato equivalía a la cesión de cada acta. En razón a ello, solicitó informar el Juez 30 Civil del Circuito de Bogotá la improcedencia del embargo.

5.1.49. Mediante oficio del 3 de abril de 1992, la interventoría puso de presente a Construcciones Domus que desde el 1º de abril la compactación de limo en el realce estaba suspendida, por falta de combustible para el equipo de cargue, riego y compactación, y un paro de conductores de volquetas por falta de pago, lo que era muy grave, ya que la temporada de lluvias se avecinaba.

5.1.50. Por medio de escrito del 7 de abril de 1992, Construcciones Domus solicitó a EPM el endoso el acta núm. 19 por $76’769.624,86 a Finsocial S.A., como cesionaria de la misma.

5.1.51. A través de oficio 369485 del 24 de abril de 1992, el jefe de la división de tesorería de EPM le comunicó a Construcciones Domus que no aceptaba la cesión de las actas 19RP por $63’912.405,72 y 17RD por $3’620.529,11, ya que ello sería pagado al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá y la cesión que operó con el oficio GC-0163-92 era posterior al embargo, comunicado con oficio núm. 629 del 12 de marzo de 1992.

5.1.52. En escrito del mismo día, 24 de abril de 1992, la interventoría le reiteró a Construcciones Domus la necesidad de incrementar al máximo sus labores, para que estuvieran terminadas en la fecha prevista, so pena de imposición de la multa prevista en la cláusula 23ª núm. f) del Contrato 3/DJ.

5.1.52. Con oficio 370284 del 27 de abril de 1992, EPM dio respuesta al apoderado de Finsocial S.A., en la que aclaró que en el oficio 357391 había hablado en “forma inapropiada” del “pago al cesionario” y había entendido que el escrito de 11 de diciembre de 1991 Construcciones Domus había hecho referencia a una “promesa de cesión” que operaría en cada acta, tras lo cual manifestó al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá que la cesión se había producido el 4 de marzo de 1992. En razón a ello, habría obrado conforme a derecho, ya que no podía “darle el alcance de cesión de créditos futuros a la comunicación No. GC-0575-91, puesto que no la tenía. La confusión del Jefe Encargado de la División Tesorería, al dar respuesta a la misma, no cambió su naturaleza e simple poder o diputación para el pago”.

5.1.53. Mediante escrito del 29 de abril de 1992, remitida a la contratista el 4 de mayo, los integrantes de la comisión de recibo de obras enunciaron las múltiples obras faltantes que habían sido observadas en la visita realizada por ellos ese día.

5.1.54. En oficio del 14 de mayo de 1992, EPM comunicó a Seguros Generales una posible reclamación por incumplimiento del Contrato 3/DJ, con la aplicación de multas contractuales.

5.1.55. El mismo día, 14 de mayo de 1992, la interventoría manifestó a Construcciones Domus que presentaba incumplimiento de: (i) la cláusula 13ª, porque el ingeniero residente no se encontraba en obra y los trabajos se habían afectado por un paro del personal al que no se le había pagado; y (ii) la cláusula 20ª, por el vencimiento del plazo sin que se completara la obra. En razón a ello, solicitaron la reanudación de labores para evitar que los perjuicios a EPM se incrementaran, así como la aplicación de las multas previstas en la cláusula 23ª.

5.1.56. A través de oficio del 15 de mayo de 1992, EPM manifestó a Construcciones Domus su preocupación por la paralización de labores, que podrían terminarse en veinte (20) días aproximadamente, si se cancelara las últimas quincenas a sus trabajadores, que, en caso de no ser solucionado, daría lugar a la aplicación de sanciones contractuales.

5.1.57. En oficio del 21 de mayo de 1992, la interventoría manifestó Construcciones Domus que el 30 de abril se había vencido el plazo del Contrato 3/DJ sin que las obras correspondientes se hubieran terminado. Agregó que las obras estaban paralizadas por la falta de pago a trabajadores y, pese a que se habían reanudado, no contaba con una programación actualizada que le permitiera conocer la fecha de entrega de las obras terminadas. Por tratarse de una irregularidad que debía subsanarse cuanto antes y que generaba costos a EPM por la prolongación de la interventoría, solicitó un ajuste de la programación.

5.1.58. Por medio de oficio del 26 de mayo de 1992, EPM puso de presente a Construcciones Domus su preocupación por los bajos rendimientos en los trabajos y las bajas inversiones en el último mes, por lo que le pedía que le comunicara si contaba con la capacidad financiera requerida.

5.1.59. Con escrito del 2 de junio de 1992, EPM manifestó a Construcciones Domus su preocupación por las suspensión total de las labores que se había dado esa semana, por el retiro de equipos, la decisión del personal de no reanudar labores hasta que se le pagara y la frecuente ausencia del ingeniero residente. Agregó que el incumplimiento del contrato había operado por el vencimiento del plazo, siendo necesaria la entrega de pólizas correspondientes a la ampliación del plazo que se había producido el 30 de abril de 1992, por lo que las actas 20 y 20 RP estaban siendo devueltas.

5.1.59. A través de oficio del 3 de junio de 1992, EPM manifestó su interés en el desarrollo del Contrato 3/DJ y en la culminación de los trabajos en razón al fuerte proceso de erosión que sufrirían las obras si no se protegieran con grama o enrocado, pese a lo cual los trabajos en los últimos días habían llegado hasta su parálisis total. Recordó que le había pedido que le comunicara si contaba con la capacidad financiera suficiente, pero, advertía: “no hemos recibido respuesta por escrito, pero sí una manifestación de no tener capacidad financiera de terminar la obra al suspender la ejecución de los trabajos faltantes”. En consideración a ello, solicitó el reinicio de las labores o, advirtió, haría “uso de lo establecido en el contrato para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones del mismo”.

5.1.60. Mediante oficio del 4 de junio de 1992, la interventoría manifestó a EPM su preocupación por la estabilidad de los taludes del realce, que podrían deteriorarse por su desprotección, por lo que estimaba necesario adoptar medidas rápidamente. Este documento fue remitido a la contratista el 9 de junio de 1992, advirtiendo que procederían a hacer efectivas las garantías.

5.1.61. El acta de modificación bilateral No. 3 al Contrato No. 3/DJ-9775/5 fue suscrita 5 de mayo y 5 de junio de 1992 por EPM y Construcciones Domus, respectivamente (“Adicional 3”), en el que pactaron la ejecución de obras adicionales correspondientes a diversos ítems especificados, por un monto total estimado de $39’667.865,23, equivalentes al 5,70% del total (cláusula 1ª y anexo).

5.1.61.1. Para su ejecución, el plazo fue prorrogado por veintitrés (23) días más, “congelando los índices de la fórmula de reajuste pactada en la cláusula octava del contrato, a la fecha de vencimiento del plazo contractual y su respectiva ampliación definida en el convenio adicional No. 1” (cláusula 2ª).

5.1.61.2. Nuevamente se acordó, como exención de responsabilidad, que:

“EL CONTRATISTA declara que con el pago de las cantidades realmente ejecutadas LAS EMPRESAS le cubren tanto los gastos en que tendrá que incurrir para la ejecución de la obra adicional a que se refiere esta acta de modificación como los gastos derivados de la ampliación de plazo pactada en la misma, además de los imprevistos, la administración, las utilidades y demás conceptos similares. Por tanto exonera a LAS EMPRESAS de toda otra responsabilidad en razón de lo pactado en esta acta de modificación y declara que no reclamara pago adicional o indemnización alguna por estos conceptos” (cláusula 5ª).

5.1.61.3. Las demás cláusulas del Contrato 3/DJ y de los Adicionales 1 y 2 se mantuvieron en su integridad (cláusula 6ª).

5.1.62. Por medio de escrito del 12 de junio de 1992, EPM expresó a Construcciones Domus que, en visita realizada dos (2) días antes, los trabajadores le habían informado que les debían los salarios de varias semanas, por lo que elevaría queja ante las autoridades, y advirtió que, si persistía el no pago de los salarios atrasados haría efectiva las pólizas.

5.1.63. Oficio núm. 380525 del 9 de julio de 1992, con el que EPM rechazó la cesión de las actas 22 y 22RP a Finsocial S.A., porque tales actas no existían y sólo podrían existir cuando se ejecutaran las obras restantes, por lo que su cuantía se desconocía. Advirtió que la cesión de créditos futuros podía solicitarse, pero como tales, y no como créditos existentes, acompañados de constancia del pago de impuesto de timbre (artículo 519, Decreto 624 de 1989) y certificado de representación legal.

5.1.64. Con escrito del 15 de junio de 1992, la interventoría le puso de presente a Construcciones Domus que le habían informado que sus trabajadores no percibían salarios desde mayo de ese año, mes hasta al cual habían trabajado, sobre lo cual la contratista no se había pronunciado, por lo que la interventoría solicitaría que se hiciera efectiva la póliza correspondiente.

5.1.65. En oficio del 17 de junio de 1992, EPM le recordó a Construcciones Domus el impago a los salarios de sus trabajadores y le manifestó que

“[…] como es de interés de Las Empresas terminar las obras sin problemas y evitar al máximo alteraciones de orden público en la regiónº, le solicitamos nos informen los valores que se adeudan y autorice a Las Empresas procede de inmediato a cubrir estos pagos, descontándolos de las actas de obra presentadas por ustedes y que están en trámite para su respectivo pago”.

5.1.66. A través de memorando del 24 de junio de 1992, el departamento de personal de EPM hizo constar que Construcciones Domus había autorizado el pago de salarios con las sumas de las actas 21 y 21-RP, que ascendían a $10’045.453,79, pero se adeudaban $11’599.880,00, por lo que se solicitó utilizar las sumas de las actas 20 y 20-RP, que ascendían a $28’373.709,15.

5.1.67. Mediante la resolución núm. 12312 del 1º de julio de 1992 (“Resolución 12312 de 1992”), que se trajo en copia auténtica a este proceso, EPM resolvió:

“Artículo 1º. Sancionar a la sociedad Construcciones Domus Ltda., con una multa parcial de Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos MÇ/L. ($4’500.000.00), por el atraso en la entrega de las obras objeto del contrato No. 3/DJ-9775/5, liquidada por el período comprendido entre el 11 y el 30 de mayo de 1992”.

Como fundamento de su decisión, EPM consideró: “el 30 de abril, el Contratista no había terminado la obra y que para la fecha de elaboración de esta resolución (30 de mayo de 1992), presenta un atraso de treinta (30) días”. Como por cada uno de tales atrasos se había pactado una multa de $150.000, la sanción sumaba un total de $4’500.000.

5.1.67.1. La resolución fue notificada a Seguros Condor y Seguros Universal el 6 y 12 de agosto de 1992, respectivamente, y por edicto fijado entre el 4 y el 17 de septiembre de 1992.

5.1.68. Contra la anterior resolución, Seguros Universal interpuso recurso de reposición, en el que argumentó que la garantía de cumplimiento que había otorgado inicialmente había sido sustituida por otra otorgada por Seguros Condor, a partir de la suscripción del Adicional 2.

5.1.69. Por medio de la resolución 12675 del 27 de julio de 1992 (“Resolución 12675 de 1992”), EPM resolvió:

“Artículo 1º. Declarar el incumplimiento de la sociedad Construcciones Domus Ltda. en el contrato No. 3/DJ-9775/5, suscrito con el objeto de efectuar la construcción del realce de la Presa de Troneras.

Artículo 2º. Ordenar la liquidación del contrato y hacer efectivas las garantías de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales, la primera para cubrir los perjuicios irrogados hasta el monto establecido en la correspondiente póliza, y la segunda para cubrir los valores de los salarios y las prestaciones sociales que las Empresas paguen al personal del Contratista, hasta el límite de la cuantía asegurada”.

En sustento de esta decisión, consideró que EPM, fundamentalmente, lo siguiente:

“3. Que en los últimos días se han dado las siguientes circunstancias, que constituyen incumplimiento del Contratista: paro de los trabajadores por falta de pago de los salarios adeudados desde mediados de marzo de 1992; ausencia frecuente del ingeniero residente en las obras; lo anterior se ha traducido en una notable disminución den la eficiencia y productividad de los trabajos, llegando en la primera semana de junio de 1992 a la suspensión total de labores con el retiro de los equipos arrendados y la decisión del personal de trabajadores de no reanudar trabajos hasta tanto no se le cancelen los dineros atrasados. Estas circunstancias y las del numeral cuarto, de esta resolución, constan en las siguientes comunicaciones enviadas al Contratista: carta de mayo 14/92 distinguida con el No. INT. 163 de la Interventoría; oficio No. 372305 de mayo 15/92 del Departamento de Obras Civiles Porce II; comunicación GSR-20905 de mayo 21/92 del Coordinador de Interventoría; oficio No. 374083 de mayo 26/92 del Departamento Obras Civiles Porce II y comunicación GSR-20918 de junio 2/92 del Coordinador Interventoría.

4. Que al vencimiento del plazo, el Contratista no había terminado de ejecutar la totalidad de la obra contratada, situación que persiste a la expedición del presente acto, no obstante los requerimientos reiterados por parte de la interventoría ejercida por intermedio de la firma particular Asesorías e Interventorías AEI LTDA., y por la misma entidad contratante, a través de su Departamento de Obras Civiles Porce II.

[…] 7. Que por lo expuesto se evidencia un incumplimiento de la sociedad Construcciones Domus Ltda. en el contrato No. 3/DJ-9775/5, suscrito con el objeto de efectuar la construcción del realce de la Presa de Troneras”.

5.1.69.1. Esta resolución fue notificada a Seguros Condor y Seguros Universal el 25 de agosto y el 4 de septiembre de 1992.

5.1.70. En la resolución núm. 16886 del 1º de abril de 1993 (“Resolución 16886 de 1993”), EPM resolvió “[n]o reponer la resolución No. 12312 del 1º de julio de 1992, por medio de la cual se impuso a la firma Construcciones Domus Ltda., una multa parcial […]”, por considerar que no se había dado un reemplazo de pólizas, sino que Seguros El Condor y Seguros Universal respondían en proporción a la cuantía de cada acta.

5.1.70.1. La resolución fue notificada a Seguros Universal y a Seguros El Condor, el 18 y el 10 de mayo, respectivamente, y mediante edicto fijado el entre el 11 y el 25 de agosto de 1993.

5.1.71. Por medio de la resolución núm. 016887 del 1º de abril de 1993 (“Resolución 16887 de 1993”), EPM resolvió “[n]o reponer la resolución No. 12675 del 27 de julio de 1992, por medio de la cual se declaró el incumplimiento de la firma Construcciones Domus Ltda., en el contrato No. 3/DJ-9775/5”, por considerar, una vez más, que no se había dado un reemplazo de pólizas, sino que Seguros El Condor y Seguros Universal respondían en proporción a la cuantía de cada acta.

5.1.72 Esta resolución fue notificada a Seguros El Condor y a Seguros Universal 10 y 18 de mayo respectivamente, y por edicto fijado entre el 12 y el 26 de agosto de 1993.

5.2. Aparte la prueba documental atrás referida, fueron practicados en este proceso siguientes testimonios.

5.2.1. El 24 de febrero de 1998 rindió declaró Gustavo Schulle Ruhsbult, quien, como trabajador de AEI Ltda., fue el director de la interventoría del Contrato 3/DJ desde agosto de 1990, y manifestó que: (i) los principales problemas que llevaron a que el contratista no cumpliera los plazos establecidos tuvieron causa en la ausencia de la planta calificadora para materiales de los filtros y concretos, la falta de equipo necesario, las cantidades exiguas de roca descompuesta y saprolito finalmente encontradas, y los problemas financieros que siempre tuvo el contratista, que impedían el pago oportuno a trabajadores, subcontratistas y proveedores, lo que se agravó en el primer semestre de 1992; (ii) el saprolito debía encontrarse a, aproximadamente, un metro (1 m) de profundidad, pero no fue hallado, por lo que se aprovechó el material que iba a ser desperdiciado; (iii) la excavación del material a desperdiciar y la colocación de saprolito o limos podía hacerse simultáneamente en verano, que era el proceso lógico; (iv) las obras iniciaron hacia el 20 de agosto de 1990; (v) las zonas de desperdicio y préstamo no fueron puestas a disposición del contratista oportunamente, pues esto ocurrió solo hasta el 28 de diciembre de 1990; (vi) el cambio de la explotación de materiales de La Yolanda a Los Pomos se produjo porque las reservas de aquella se agotaron, con el reconocimiento de precios que implicó tal modificación; (vii) la ausencia de saprolito motivó la ampliación del plazo que se dio de común acuerdo, para que la obra fuera rediseñada y los trabajos se adelantaran en la temporada seca; y que (viii) la segunda prórroga fue muy corta, pero en ella se produjeron los principales problemas de financiación.

5.2.2. El 28 de febrero de 1998 atestiguó Gilberto Álvarez Gómez, quien era el director de créditos y mercado de Finsocial S.A., y dijo que: (i) no era abogado sino ingeniero experto en mercadeo y finanzas; (ii) realizó descuentos de varias actas de obras públicas lo que implicó la cesión del crédito incorporado a la cuenta; (iii) EPM se negó, en principio, a cancelar sumas correspondientes a algunas actas, pero esta situación fue resuelta administrativamente, sin acudir a la vía judicial; (iv) con EPM quisieron buscar una mecanismo de financiación al contratista, por lo que se intentó la cesión de actas antes de que se ejecutaran las obras, pero en el área jurídica de EPM determinaron que no era posible ceder créditos inexistentes, lo que él aceptó; (v) desde su opinión personal, mas no de experto, la cesión de actas de obras públicas implica su verificación cualitativa y cuantitativa, de forma tal que el crédito esté disponible para ser cedido, para lo que deben verificarse aspectos legales y administrativos, y estos últimos pueden variar en cada entidad; (vi) no recordaba el tiempo que se había demorado el pago de actas; (vii) esa tardanza ocasionó traumatismos a Finsocial S.A., porque la cesión de acta está sujeta a un tiempo de pago que fue superado, lo que ocasionó el pago de intereses a la firma contrista; y que (viii) no recordaba la razón por la que EPM había decidido pagar las actas finalmente.

5.2.3. La Sala encuentra que los anteriores testimonios son coherentes entre sí y en relación con las pruebas referidas previamente, en las que además se encuentran múltiples escritos firmados por el señor Schulle Ruhsbult como director de la interventoría del Contrato 3/DJ.

Pese a que el primer testigo tuvo una relación contractual con la firma interventora del Contrato 3/DJ y el segundo con la sociedad financiera que concedió un crédito a Construcciones Domus, no encuentra la Sala prueba de la existencia de una relación de dependencia entre los testigos y las partes, ni aprecia que aquellos tengan interés directo o indirecto alguno en las resultas del proceso. Tampoco observa que la relación negocial en la que los deponentes participaron hubiera creado un vínculo que pudiera extenderse hasta el momento en el que surtieron las declaraciones.

Si bien, se observan algunas expresiones dubitativas, especialmente en el segundo testimonio, ello se explica por el tiempo trascurrido, de cerca de seis (6) años, entre los hechos relatados y el momento en el que fueron practicados los testimonios. Además, resulta natural que los vacíos sean más acusados en el segundo testimonio, debido a que la labor del primer testigo en el Contrato 3/DJ fue más intensa y extensa, lo que explica que retenga los hechos con más firmeza que el segundo, que se limitó a la gestión puntual de un crédito.

Además, los testigos, como directores, en su orden, de interventoría del Contrato 3/DJ y de créditos y de Finsocial, dieron razón de la posición que tuvieron y que les permitía tener conocimiento sobre los hechos que refirieron y, si bien el señor Álvarez Gómez desconocía aspectos jurídicos que le permitieran dar cuenta cierta de lo preguntado, fue claro al poner de presente tales falencias o manifestar que se trataba de su opinión personal. Así pues, como opiniones carentes de unos conocimientos precisos, serán valorados sus conceptos sobre los hechos. Por lo demás, considera la Sala que estos testimonios son dignos de crédito.

5.3. Adicionalmente, se practicó Dictamen pericial de ingeniería civil, decretado en auto del 11 de abril de 1997, ante solicitud de la firma demandante, con el objeto de que los peritos, con base en los documentos probatorios que obraran en el expediente, determinaran si la omisión de entrega oportuna de zonas de préstamo y de botadero, y las modificación de las especificaciones del Contrato 3/DJ habrían incidido en el cumplimiento del plazo, así como las consecuencias que lo anterior y los demás hechos de incumplimiento que Construcciones Domus achaca a la EPM le habrían ocasionado.

5.3.1. El perito Fabio Arturo Barrientos fue nombrado mediante auto del 12 de abril de 2000, ante lo cual la actora solicitó su remplazo, por tratarse de un abogado, cuando se había solicitado y se requería un ingeniero civil, por lo que el 22 de julio de 2000 se nombró al ingeniero civil Gustavo Patiño Duque. El perito adujo que, ante la complejidad del dictamen, los honorarios se fijaran en $4’000.000; solicitud que fue desestimada por el Tribunal, que los fijó en $800.000.

En memorial radicado el 23 de marzo de 2001, la actora manifestó que, pese a no había contado con los medios para sufragar los gastos de la pericia, no había perdido el interés por la prueba y consideraba que la pericia no generaba gastos, por lo que los honorarios serían innecesarios.

Los honorarios se mantuvieron, con el auto de 8 de agosto de 2001, que fue recurrido en reposición con escrito presentado el 14 de agosto de 2001 por la actora. El recurso fue rechazado por improcedente, con auto del 13 de septiembre de 2001, que además mencionó que la fijación de honorarios procedía (artículo 236.5, CPC), que la gratuidad de la justicia no exoneraba el pago de expensas, agencias en derecho y costos judiciales (artículo 6, Ley 270 de 1996), y que la omisión de suministrar los gastos necesarios implicaba el desistimiento de la prueba (artículo 236.6, CPC).

5.3.2. En auto del 24 de octubre de 2003, el a quo consideró que, ante el impago de los honorarios del perito, la prueba se consideraba desistida, conforme al artículo 23.6 del CPC. El 7 de noviembre de 2003, el demandante interpuso recurso de reposición, en el que adujo que atravesaba una angustiosa situación económica y que en días recientes había conseguido la suma requerida, de cuya consignación a la cuenta de depósitos judiciales aportó comprobantes. Atendiendo las suplicas de la actora, el Tribunal resolvió —a través de auto de 3 de agosto de 2004— reponer el auto de desistimiento del dictamen y, en su lugar, dispuso su práctica.

5.3.3. El 16 de septiembre de 2004, el perito Gustavo Patiño Duque solicitó ser relevado de su condición, debido a que había intentado de ponerse contacto con la demandante que, a través de su comunicado, le manifestó que se había desintegrado y que sus exsocios se encontraban fuera del país, por lo que no podía “contar con la colaboración necesaria de sus ingenieros para el análisis de varios de los puntos que son objeto del litigio”, además de que el pago de sus honorarios no se garantizaba.

En razón a la anterior solicitud, fue nombrado como reemplazo el ingeniero civil Rubén Darío Ocampo Ceballos, cuyo honorarios se mantuvieron en la misma cifra fijada anteriormente. Luego de que el ingeniero Ocampo fuera requerido de forma reiterada, la actora solicitó su reemplazo, a lo que accedió el Tribunal con el nombramiento del ingeniero civil Juan Carlos Restrepo, mediante auto del 12 de julio de 2005, quien se posesionó el 18 de julio del mismo año.

5.3.4. En el dictamen se observa que fueron evaluados el pliego de condiciones, el Contrato 3/DJ y sus adicionales, las comunicaciones entre las partes contratantes, actas de obra y comité, las actas pagadas que se encontraban en los archivos de EPM, para lo que el perito elevó solicitud escrita de consulta, a la que EPM dio respuesta afirmativa con oficio del 12 de octubre de 2005.

El perito realizó un recuento general de lo anterior, a partir del cual el perito concluyó que:

5.3.4.1. El desfase entre la adjudicación y el inicio de las obras “no debió afectar las finanzas del contratista, debido a que en este lapso de tiempo [sic], el contratista no estaba realizando ninguna inversión administrativa, técnica, ni de personal para la obra”, y los precios fueron reajustados.

5.3.4.2. EPM tuvo problemas para entregar zonas de préstamo por su negociación con propietarios, lo que debió interferir en los trabajos, ya que había 120.000 m3 de material de desperdicio y el material requerido no fue encontrado, a lo que se sumaron problemas en la disponibilidad de equipos, mano de obra, y un personal administrativo inicialmente muy exiguo.

5.4.3.3. “El contratista pudo, de haber tenido los recursos, hacer la explotación y clasificación de material para los filtros y los concretos, en producción industrial, no perdiendo un tiempo valioso y de manera que no se vieran afectados su ingresos”.

5.3.4.4. La excavación de material de desperdicio “se realiza con mucha celeridad si se tiene el equipo disponible para hacerlo”, lo que también habría podido adelantar la contratista si hubiera contado con los recursos necesarios.

5.3.4.5. Finalmente, “las excavaciones no se eliminaron y llegaron a ser casi las mismas y se podría decir que se incrementaron, de acuerdo al informe presentado, aunque la orden para hacerlas y su realización es de épocas diferentes”.

5.3.4.6. Durante el tiempo en que la obra permaneció semiparada por el rediseño que se requirió por la falta de materiales para los llenos, “se siguieron haciendo actividades como la explotación de las playas para recolectar el materiales [sic] para filtros y concretos”.

5.3.4.7. En ese mismo lapso en el que la construcción fue rediseñada, “algún equipo, mano de obra y personal administrativo para atender las obras, debió quedar sin trabajo, y es el motivo de la reclamación del contratista”. El perjuicio que ello habría ocasionado se cuantificó teniendo en cuenta que “[e]l valor del contrato es de $696’318.544.80 y el monto de la administración es de 9,2%, el plazo de 290 días, las pretensiones del contratista por las administración de las obras eran de $64’0061.306,12 para cada día de ejecución de las obras $220.901,06. Debido a que el contratista debió permanecer en obra desde el 21/05/91 hasta el 12/12/91 tiempo durante el cual estuvo suspendida contractualmente, y semiparalizada la obra, pendiente de la misma y realizando algunos trabajos, en ella, se piensa que debió tener un detrimento en sus ingresos del monto de la administración, por los 807 días de parálisis parcial de las obras y que asciende a $45’726.519,42 a diciembre de 1991”.

5.3.4.8. El anticipo se reajustó en un 1,8% hasta el momento en que se hacían los respectivos descuentos, por lo que el pago se produjo en valor real.

5.3.4.9. La consecuencias de la retención de actas por orden del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá es “un concepto netamente judicial”, que no forma parte del dictamen. En todo caso, apuntó, “[n]o se tiene claridad de cuáles fueron las actas retenidas, ni cuál fue el monto, ni el tiempo que lo estuvieron y por tanto es de gran dificultad determinar esta clase de detalle después de quince años, sobre todo si se tiene en cuenta que los archivos y el personal del contratista no está a disposición de los peritos”. Agregó que, “en los archivos de las EPM se encuentran las actas pagadas con sus respectivas fechas pero no se sabe si fueron retenidas o no”.

5.3.5. EPM y Construcciones Domus formularon solicitud de aclaración y complementación del dictamen, a la que el perito respondió:

5.3.5.1. La no disponibilidad de las zonas de préstamo interfirió con las obras del Contrato 3/DJ, debido a que estas no se pusieron al servicio del contratista oportunamente, teniendo en cuenta que el acta de inicio fue firmada el 20 de agosto de 1990 y dichas zonas fueron entregadas el 28 de diciembre de 1990, con lo cual se presentó una diferencia de 134 días.

5.3.5.2. Las variaciones en la cantidad y espesores del descapote no tienen relación con la demora en la entrega de las zonas de préstamo ni las condiciones encontradas.

5.3.5.3. Los llenos se colocaban sobre los filtros y, para la elaboración de estos últimos, el material extraído de los lechos debía ser procesado en la planta clasificadora, siendo así la excavación de tales materiales aún más crítica que la de los materiales para los llenos.

5.3.5.4. Cuando se descubrió que el material de los diseños originales no se encontraba, el contratista presentaba atraso, porque no se habían entregado las zonas de préstamo, se había ordenado que no se hiciera excavaciones en invierno, no había llegado la planta calificadora necesaria para obtener el material de los filtros y las excavaciones para la obtención de tales materiales eran incipientes.

5.3.5.5. El apoderado de la actora manifestó no tener documentos, y en los documentos que obran en el expediente y los archivos de EPM se puede determinar el equipo propuesto, mas no el utilizado en la obra ni su estado, a excepción de la planta calificadora, ya que en la correspondencia se observa que, luego de reiterados llamados de atención por retrasos, se mencionó que, pese a tener un capacidad mayor a la prevista inicialmente, no era de la mejor calidad, que tuvo problemas de mantenimiento y no clasificaba el material correctamente. “No podemos saber cuál era el estado real, no estuvimos en el sitio para constatarlo”.

5.3.5.6. El retraso en el suministro e instalación de la planta clasificadora afectó el flujo de inversiones, por los efectos sobre las actividades de filtros y excavaciones programadas.

5.3.5.7. “En cuanto a la mano de obra, habría que estar en la obra para saber si el número diario del personal era suficiente, para atender los requerimientos diarios, lo que se logra establecer es que era la estrictamente necesaria, por comunicaciones vistas”.

5.3.5.8. Las zonas para clasificar el material aluvial extraído de las quebradas que EPM puso a disposición del contratista eran diferentes a las zonas de préstamo.

5.3.5.9. Creía que, al terminar el Contrato 3/DJ, faltaban obras para la protección del contrapeso y de las losas horizontales de protección de la margen derecha de vertedero no fueron terminadas oportunamente, ya que fueron realizadas por otro contratista.

5.3.5.10. Si bien estimó que algo del equipo, mano de obra y personal administrativo debió quedar sin trabajo durante la suspensión del contrato, este no puede especificarse, ya que no se encontraron los contratos laborales, ni el personal y equipo disponibles para hacer el realce y el contrapeso.

5.3.5.11. Resaltó que, para determinar la afectación del contratista que cuantificó en $45’726.519,42 “[…] no existen muchas herramientas dentro de los archivos del contrato con las cuales se pueda hacer un cálculo del detrimento que tuvo el contratista, y no hay como calcularlas específicamente. Razón por la cual se hizo necesario tomar los datos que se muestran sin que necesariamente sean los óptimos”. En ello, tuvo que cuenta que, al estar suspendida la obra no habría personal en ella, que EPM había reconocido gastos como el de transporte y que los precios fueron actualizados para no afectar los costos del contratista.

5.3.5.12. Se determinó que la mano de obra presente era la estrictamente necesaria, porque no se mencionó que hubiera recursos sobrantes ni faltantes, pero la demandante no suministró documentación al respecto.

5.3.5.13. No se encontró documentación en la que Construcciones Domus manifestara que hubiera sido afectada por la suspensión que se produjo para el cambio de diseños.

5.3.5.14. Se afirmó que una inadecuada extracción de los materiales de la playa Las Nutrias impidió contar con el material requerido, y en un momento EPM decidió que el contratista debía negociar con los dueños los costos de explotación. “No se observó una comunicación, dónde [sic] se pusiera de manifestó que las playas no se pusieron a disposición en el momento adecuado”.

5.3.5.15. Con la modificación de los diseños, los llenos limo-arenosos, que eran de 60.000 m3 pasaron a los 192.600 m3, y los llenos en saprolito y roca meteorizada, previstos inicialmente en 75.000 m3, pasaron a los 2.500 m3. Se eliminó así material de excavaciones que sería desperdiciado.

5.3.5.14. En el Adicional 2 se previó un incremento de las obras del 5,70%, pero este fue menor finalmente, “[…] por lo tanto las actividades a realizar no aumentaron significativamente, y se ha considerado en el mercado de la construcción que un aumento en las obras es un beneficio para el contratista, si se ha hecho una propuesta acorde con los costos de las actividades. […] Una aumento en la obra incide favorablemente en los costos directo e indirectos debido a que significa que habrá recursos adicionales con los que no se contaba, por lo tanto la obra se aumenta, la administración, la utilidad igual, si la cotización está bien realizada”.

5.3.5.15. “[L]as cantidades no se aumentaron en una cantidad desproporcionada, y en cuanto a la explotación industrial de las playas es una queja del contratista a la que se contrapone la queja de las E.P.M. que habla del mal uso que se hace de las playas, retrasos en la explotación, del almacenamiento y proceso en planta; sin que el perito, pueda determinar algo desde su escritorio”.

5.3.5.16. “Durante todo el tiempo se hicieron llamados de atención al Contratista por incumplir sus metas parciales de obra, razón por la que a nuestro criterio no se podría determinar que todo el tiempo de más, que el Contratista permaneció en la obra, fue por causa que le eran ajenas, el período real de parálisis es el que determina el acta de intención, ese período se utilizó para que las EPM rediseñaran el realce de la presa”.

5.3.5.17. Las actas que, según la actora, fueron retenidas, sí fueron pagadas por EPM, de lo que se anexan copias, que fueron extraídos de cintas magnéticas encontradas posteriormente en los archivos de la entidad. Los pagos se produjeron de la siguiente manera:

Acta
Valor
Fecha de presentación
Fecha de pago
17 RP
$25’553.850,57
Feb. 10/92
Feb. 26/92
19 RP
$65’271.304,78
Abr. 1/92
Mayo 7/92
16 RD
$1’690.229,16
Marzo 17/92
Abril 24/92
19
$98’409.979,82
Abril 1/92
Mayo 7/92

5.3.5.18. “Debido a que los pagos fueron realizados y no se logra establecer cuándo los dineros fueron o no pagados a la Constructora, nos es imposible hacer liquidación alguna de intereses moratorios”.

5.3.5.19. Conforme a la tabla anexa, en la que se muestran los valores de las actas, las fechas de su presentación y pago, el valor de intereses de acuerdo al IPC de la época y la actualización desde enero de 1991 hasta mayo de 2006, los intereses suman $18’191.247,71.

5.3.5.20. En las actas no se especificó el mes básico y el mes a reajustar. Por lo tanto, estos no pueden determinarse, pero “todos los comprobantes están firmados por Construcciones Domus, lo que quiere decir que están aprobados”.

5.3.5.21. No era posible determinar en el momento de elaboración del dictamen si los indicadores empleados para el ajuste de precios eran incorrectos, en cuanto esto “sería como salir a preguntar en una bomba a cómo estaba el combustible o el cemento hace 16 años y que lo certifiquen”.

5.3.5.22. Para determinar que únicamente hubo sobrecostos de administración por no haberse entregado las zonas de préstamo y desperdició oportunamente, tomó en consideración que el personal de administración, equipo, materiales y mano de obra empleados fueron los “estrictamente necesarios, incluso retrasándose en actividades dónde podría haber trabajado sin contratiempos”. El sobrecosto valorado corresponde, pues, a “una liquidación del tiempo total que el Contratista permaneció en la obra, supuestamente perjudicado en la administración de la misma; período que incluye el tiempo que estuvo en la obra sin que se le hayan entregado las zonas de préstamo”.

5.3.6. La sociedad demandante presentó objeción al dictamen por error grave, argumentando a que: (i) había solicitado el cálculo de los intereses moratorios, pero el perito únicamente hizo una actualización del valor histórico, y tomando en cuenta los valores luego de que las retenciones fueran descontadas; y que (ii) para determinar los intereses moratorios el perito no revisó el oficio 364983, en el que EPM anexó recibos de depósitos judiciales en los que se evidencian las sumas retenidas al contratista. Agregó que lo anterior debía considerarse al emitir fallo, siendo así innecesaria la solicitud prueba adicional alguna en sustento de la objeción.

5.3.7. A la luz de la jurisprudencia, conforme al artículo 238 del CPC, la objeción por error grave procede cuando es modificado el objeto del análisis pericial o sus atributos, trayendo necesariamente consigo unas conclusiones falsas. No procede pues la objeción por error grave, cuando se discutan las apreciaciones, inferencias o juicios del perito, en cuanto esto forma parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, que prevé el artículo 241 ejusdem.

5.3.7.1. Dentro del amplio abanico de cuestiones sobre las que se solicitó el pronunciamiento del perito, la demandante pidió que “[…] evaluaran el costo financiero en el retraso en el pago de las actas de obra contractual, extra y de cuentas de reajuste, según los términos consignados en el contrato y la ley mercantil para el correspondiente pago”.Respecto del pago inoportuno de actas, la demandante expresó únicamente en su escrito introductorio definitivo, que en el Adicional 2 se pactaron obras extra sin prórroga del plazo, “[…] en razón fundamentalmente al pronto pago de las mismas, que según los cálculos de las partes no retardaría [sic] más allá de 30 días. No obstante el pago demoró, a partir de la fecha de la respectiva cotización, más de dos meses, por consiguiente se recibió un dinero deteriorado en su poder adquisitivo, hecho con el que no contaba la contratista”.

Como se mencionó anteriormente, el perito concluyó partir de las órdenes de pago —de las que adjuntó copia— que no le resultaba posible determinar la fecha de pago, no obstante lo cual, presentó un cuadro en el que se muestran “[…] los valores de las actas, las fechas de presentación y de pago del valor, el valor de los intereses de acuerdo al IPC de la época y la actualización a tiempo presente realizado con índices de precios al consumidor que existen desde enero de 1991 y los cuales también se anexan en la tabla” (subrayado añadido).

De esta forma, el perito tomó el índice de precios al consumidor (“IPC”), certificado mensualmente al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como un indicador de intereses, con lo que incurrió en un error conceptual sobre el alcance de los dicho índice. Con ello, sin embargo, el perito no sustituyó el objeto del dictamen que, conforme a los hechos de la demanda y la solicitud de la prueba pericial, correspondía a la desvalorización del dinero por el pago tardío de obras extra, aspecto que se determina con el IPC, y los costos de su financiación, que no pudieron ser definidos porque la actora no aportó el contrato en el que los intereses se habían fijado.

No tiene así fundamento la objeción del dictamen por error grave presentada por Construcciones Domus, por no haberse realizado un cálculo de los intereses; labor que parece, por demás, ajena a un dictamen en ingeniería civil como el solicitado. El perito, valga resaltarlo, fue incluso más allá del examen de la documentación obrante en el expediente, en cuyo análisis se centraba la solicitud de la prueba, y acudió a las instalaciones de EPM a consultar sus archivos con apoyo, por demás, en cintas magnéticas.

5.3.7.2. En su segundo motivo de inconformidad, por la eventual omisión de un oficio de EPM en cuyos anexos de determinarían las cifras retenidas, es claro que no se achaca una modificación del objeto del dictamen, sino la omisión de un elementos adjuntos que, además, no fue aportados con el oficio referido. La objeción por ello es, pues, claramente improcedente.

5.3.7.3. Ahora bien, con respecto a la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos de dictamen, observa la Sala que, en este, el perito realizó una revisión documental, en la que identificó el material pertinente obrante en el expediente, así como en disposición de las partes. De tal documentación en poder de los contratantes, el perito pudo acceder únicamente al archivo de EPM, ya que no contó con la colaboración de la parte actora, circunstancia que ya había dado lugar a la renuncia del perito designado anteriormente.

Fue definido así el universo de una investigación sobre hechos ocurridos con entre dieciséis (16) y doce (12) años de anterioridad que, por ello y por la falta de colaboración de la demandante, no permitió conocer con certidumbre los recursos empleados por Construcciones Domus en la ejecución del Contrato 3/DJ, ni los egresos efectivos que constituyeran un detrimento económico o desbalance financiero, ni los efectos concretos que trajeron consigo los problemas en la definición de zonas de préstamo, explotación de áridos y disposición, o el retardo en la puesta en funcionamiento de la maquina calificadora, su mal estado y la ausencia de insumos y personal por impagos de la contratista, como así lo puso de presente el auxiliar de la justicia.

El perito se limitó, pues, a concluir lo ocurrido, de forma más o menos aproximada, a partir, principalmente, de sus conocimientos de ingeniería y de lo referido por EPM, la interventoría y Construcciones Domus en sus comunicaciones y con apoyo en algunos datos incompletos sobre los pagos, que es lo único que estaba a disponible en el momento en elaboró su informe el expediente de este proceso y los archivos de EPM. Si bien, este dictamen no alcanza conclusiones sobre hechos ciertos, constituye una opinión profesional con hipótesis fundamentadas que, como tal, será valorado por la Sala, si a ello hay lugar.

VI: PROBLEMAS JURÍDICOS PRIMERO Y SEGUNDO: SOBRE LA VALIDEZ Y ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PACTADAS EN LOS ADICIONALES 1, 2 Y 3

7.1. Conforme a los pliegos de condiciones y a los términos del Contrato 3/DJ que, al constituir un único acuerdo, deben interpretarse armónicamente, este era un contrato con obligaciones resultado, que debía ser cumplido cabalmente en el plazo, pese a que se requirieran recursos adicionales, salvo circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, de las que se excluían expresamente los daños o defectos de equipos y huelgas de trabajadores, en las que el plazo podía ser suspendido o ampliado cuando el precio total de las obras fuera un 15% superior al inicial.

Si bien, no estaba determinado el objeto del Contrato 3/DJ, este era claramente determinable, al pactarse unos ítems que incluían el AIU, a partir de los cuales se estimaban unas cantidades iniciales u ordinarias de labor. Atendiendo al conocimiento previo y detallado de las condiciones de ejecución de la obra que la firma contratista declaró expresamente tener, así como a la posibilidad de que su ejecución variara por los parámetros que se evidenciaran del terreno durante la ejecución de los trabajos, se previó la orden de obras adicionales, incluidas en la lista de precios que variarían conforme a la fórmula planteada, o de obras extra que, al no estar previstas inicialmente, serían objeto de un acuerdo directo .

La Sala observa que, desde el pliego de condiciones, se especificó que la variación de los planos y especificaciones era previsible en razón a la naturaleza de la obra, por lo que el contratista debía observar las características de las zonas de préstamo y dar aviso en caso de los materiales afloraran en condiciones imprevistas. Ello podría dar lugar a cambios de planos y especificación con la suscripción convenios adicionales en los que se conviniera su plazo y precio.

Así, al no estar sujeto el convenio de plazo y precio de las obras extra a un proceso licitatorio previamente agotado, este debía ser establecido mediante acuerdo de voluntades de las partes. El precio del Contrato 3/DJ era determinable así mismo, de acuerdo con la lista inicial y los pactos sucesivos.

7.2. Por otro lado, desde el pliego de condiciones se especificó que el suministro, mantenimiento, depreciación, operación y retiro final de equipos en buenas condiciones y número suficiente estaba a cargo del contratista, estos fueron aspectos que Construcciones Domus detalló en su propuesta.

Aparte, le correspondía al contratista estudiar y planear el suministro de los materiales, salvo que se especificara lo contrario, como en el caso de los materiales producto de excavaciones que eran de propiedad de EPM; mientras los áridos utilizados para concretos y filtros corrían expresamente por cuenta del contratista. Conforme a lo pactado, correspondía también al contratista la identificación de las áreas de disposición de desperdicios, que debían ser aprobadas por la interventoría para evitar derrumbes.

Para el lleno del realce se utilizaría saprolito y roca meteorizada proveniente de excavaciones, que se preveía en encontraba debajo de un manto de material limoso, ubicado al margen derecho de la presa, que sería parcialmente utilizado para el contrapeso de limos compactados, desperdiciándose el material restante. La colocación de llenos en limos del contrapeso tenía que hacerse en la temporada seca, que debía ser aprovechada al máximo, mientras la colocación del realce en saprolito y roca podía colocarse también en el período lluvioso. Una vez encontrados el saprolito y rocas descompuestas, el realce y el contrapeso podrían colocarse de forma separada. Todo ello constaría en el plan y programa de trabajo, de cuyo cumplimiento era responsable el contratista, pese a que el cumplimiento de plazos requiriera personal, jornadas o equipos adicionales o diferentes a los previstos.

Los precios unitarios de las excavaciones y de los llenos incluían el AIU y todos los costos de la excavación, carga, transporte arrume y colocación de los materiales, conforme al volumen compactado y los pases aplicados, así como las limitaciones para la explotación de los préstamos.

Es necesario denotar que el contratista debía informarse de las circunstancias de suministro y transporte de materiales, pese a que la identificación de fuentes y cantidades de materiales aluviales para concretos y filtros, y de las zonas de préstamo se había realizado a partir de diversas perforaciones, barremos, apiques, pruebas y ensayos. Así, realizó Construcciones Domus un estudio adicional en el que determinó que la playa de Las Nutrias contenía material que se estimaba en 31.000 m3.

7.3. Días antes del 20 de agosto de 1990, cuando inició la ejecución del Contrato 3/DJ, EPM advirtió que el tiempo para el montaje, prueba y puesta en marcha de la planta calificadora para agregados y filtros era escaso. Con todo, el 19 de octubre de 1990, EPM advirtió un atraso de 52 días en el montaje de la planta calificadora, en razón de lo cual la contratista presentó un nuevo programa de actividades en el que anunciaba el empleo de una planta con capacidad de 50m3/hora. Sin embargo, los llamados de atención al contratista por el atraso en la instalación de la planta continuaron en el comité de obra del 8 de noviembre de 1990, en el oficio de interventoría del 30 de noviembre de 1990 y en el comité de obra del 21 de diciembre de 1990, en el que se ponía de presente el acaecimiento de más de cien (100) días de atraso con respecto al programa inicial y que el programa reformulado había sido también incumplido. Además, el 21 de febrero y 14 de marzo de 1991 se llamó la atención a la Construcciones Dumus por la falta de maquinaria en la playa Las Nutrias

Por otra parte, Construcciones Domus advirtió desde el 4 de septiembre de 1990 que la zona de préstamo no estaba disponible para el levantamiento topográfico. EPM respondió a ello negando la autorización de trabajos en dicha área, para evitar el arrastre de materiales. Luego de que la zona de préstamo fue liberada para trabajos topográficos, lo que ocurrió entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre de 1990, la interventoría remitió el plan de su explotación . A partir de ello, Construcciones Domus envió los planes de trabajo para la explotación de materiales aluviales y el área de préstamo y, el 6 de diciembre de 1990, solicitó autorización para el descapote de dicha área, cuyo inicio se autorizó para el 26 de diciembre del mismo año y el 28 de diciembre se aprobó el programa para su explotación. A continuación, se pusieron en marcha las labores en la zona de préstamo y el 21 de febrero de 1991 se advirtió las escasez de roca descompuesta y saprolito.

7.4. Ante los anteriores inconvenientes en la ejecución del Contrato 3/DJ, el 3 de abril de 1991, Construcciones Domus propuso que, dada la ausencia de saprolito —que calificó como una circunstancia de fuerza mayor— y los problemas que presentaba en el flujo de capital por causa de las demoras en la puesta en marcha de la planta calificadora y la falta de entrega del área de préstamo, se modificara el plazo contractual para atarlo al período seco, con la definición de nuevos materiales y costos.

EPM, por su lado, se mostró en claro desacuerdo con lo anterior e imputó el retraso en la ejecución del Contrato 3/DJ y el déficit en el flujo de fondos a Construcciones Domus, por el incumplimiento persistente y grave que presentaba en relación con la puesta en funcionamiento de la planta clasificadora, así como con su posterior funcionamiento insuficiente, habiendo sido esto aceptado por la contratista, con la formulación de propuestas de soluciones que también incumplió pero que entonces achacó a EPM. A ello, agregó EPM, se sumaba el impago a proveedores y trabajadores, así como la decisión de ejecutar secuencialmente los trabajos. Aparte, calificó la escasez de saprolito como un contingencia geotécnica, que hubiera sido fácilmente manejable si el contratista estuviera en estado de cumplimiento.

Tales imputaciones fueron rechazadas por Construcciones Domus, que adujo un incumplimiento de EPM por la entrega inoportuna de las zonas de préstamo, disposición y explotación de materiales aluviales, y el retraso en la orden de inicio, que habrían desencadenado los atrasos en las obras. Reiteró que la ausencia de saprolito sería una circunstancia de fuerza mayor, ante lo cual propuso la suspensión del Contrato 3/DJ, el reinicio de labores el 15 de diciembre de 1991 —mientras se modificaban las especificaciones del proyecto—, y el reconocimiento de gastos por movilización y amortización de equipos, arriendo de oficinas, celaduría y compensación por disminución de cantidades.

Lo anterior llevó a que, en reunión del 22 de mayo de 1991 se propusiera el rediseño de las obras y se previera una modificación del Contrato 3/DJ, que se plasmó en el Adicional 1, con el que, se reconoció que conforme a la cláusula 5ª —que preveía la modificación de planos y especificaciones por variaciones inherentes al proyecto, con el pacto de precio y plazo— era necesario el rediseño de las obras para ajustarlas al material existente. En atención a ello, en este acuerdo modificatorio fue acogida la propuesta de Construcciones Domus de suspender el Contrato 3/DJ y ligar el plazo a la temporada seca. Se pactó también que la firma contratista explotaría los materiales aluviales faltantes, en un lapso de noventa (90) días tras la definición de la fuente que EPM notificaría por escrito. A su vez, se descongelaron los índices de la fórmula de reajuste, con lo cual los precios mantendrían su valor real, y EPM asumió el pago de la mitad de gastos por celaduría, movilización de equipo y arriendo de oficinas y campamentos.

7.5. Así, con el ajuste del plazo contractual, el cumplimiento de los compromisos asumidos y los pagos pactados, quedaron zanjadas las diferencias entre las partes hasta el 21 de agosto de 1991, cuando, con la suscripción conjunta del Adicional 1, se produjo el acuerdo escrito de voluntades, en el que se pactó la exoneración de responsabilidad de responsabilidad de EPM.

Como se ha venido relatando, las diferencias zanjadas con el Adicional 1 habían surgido por las imputaciones de incumplimientos mutuos, en las que Construcciones Domus achacaba el retraso en las obras a la omisión de dar la orden de inicio a tiempo y de entregar oportunamente las zonas de botadero, préstamo y explotación de materiales aluviales, mientras EPM atribuía este atraso a la decisión de ejecutar la obra sucesivamente, la demora en la puesta en funcionamiento de la máquina clasificadora, su mal funcionamiento posterior, y el impago a proveedores y trabajadores. Así mismo, quedaron zanjadas las discrepancias sobre el alcance contractual de la ausencia de saprolito, que fue finalmente tratada como una modificación, un cambio de planos y especificaciones inherente a la naturaleza de la construcción, para ajustarlo a las condiciones del terreno, según la cláusula 5ª del Contrato 3/DJ.

7.6. De esa forma, con el Adicional 1, EPM y Construcciones Domus terminaron por mutuo acuerdo un litigio en ciernes y precavieron un eventual litigio futuro, alcanzando así un acuerdo que, conforme al artículo 2469 del CC, constituyó una transacción. Ello, como lo ha precisado la jurisprudencia civilista, se califica como tal, ya que este negocio jurídico inició con la incertidumbre sobre el hecho desencadenante de los retrasos en la ejecución de las obras del Contrato 3/DJ y la connotación jurídica de la falta de saprolito; ante lo cual, se previó el ajuste de las especificaciones del proyecto, atendiendo a las características reales del terreno y, de esta forma, la relación jurídica dudosa adquirió firmeza. En ello, se dieron concesiones mutuas, ya que, si bien fueron acogidas algunas de las propuestas de Construcciones Domus, los gastos de vigilancia, arrendamientos y traslado de maquinaria, que correspondían íntegramente a la contratista, fueron asumidos ambas partes.

En este orden de ideas, para la Sala, el Adicional 1 no contiene disposiciones leoninas, como lo afirmó la actora, y, en línea con las consideraciones del a quo, no existe prueba siquiera sumaria de descontento con lo pactado, sino que, por el contrario, se aprecia que lo convenido en el Adicional 1 atendió a lo propuesto por Construcciones Domus, sin insinuación de la imposición de sanciones por EPM, como la que, para la actora, la habría forzado a su suscripción, y, en definitiva, a un acuerdo mutuo, como lo declaró el director de interventoría. Es pues este, un negocio jurídico en el que no se observan vicios del consentimiento.

7.7. Con el Adicional 1 se transaron así, de forma expresa, las discrepancias sobre la falta de saprolito, los cambios en el diseño que esto implicó, la tardanza en la puesta en marcha y el funcionamiento defectuoso de la máquina clasificadora, la omisión de entrega oportuna de las zonas de préstamo, así como de disposición de desperdicios y de explotación de materiales aluviales, y la orden de inicio tardía. Eran esas, conforme a lo acotado anteriormente, las reclamaciones y diferencias que se presentaban hasta la suscripción del Adicional 1, que concluyó con la firma de EPM el 21 de agosto de 1991. A ello se circunscribe el alcance de este acuerdo, a partir del anterior estudio de las manifestaciones de las intenciones de los contratantes.

A lo anterior se circunscribe pues, así mismo, el alcance de la denominada cláusula de exoneración de responsabilidad, que se pactó en el Adicional 1, en el que, para precaver un litigio eventual, se convino que EPM quedaba exonerada de toda obligación, responsabilidad, indemnización o reclamación, lo que no habría lugar a ningún otro pago por estos conceptos. Al cubrir las reclamaciones previas a su suscripción y, especialmente, lo relacionado con la modificación del diseño y la ampliación del plazo, esta cláusula cobija pues la eventual demora injustificada en el inicio de la ejecución del Contrato 3/DJ, la entrega tardía de zonas de préstamo y depósito, la entrega de diseño erróneos para la formulación de la propuesta y la omisión de restablecimiento del desequilibrio financiero que, conforme a lo esgrimido en el cargo tercero de la alzada, habrían sido omitidos por en el fallo recurrido.

7.8. Si bien, la Sala no comparte el amplio alcance de la exclusión de responsabilidad dado en primera instancia al Adicional 1, no cabe afirmar que el análisis de una eventual responsabilidad por incumplimiento contractual por tales hechos no se hubiera tratado, en cuanto se excluye por haber sido resuelto transaccionalmente por EPM y Construcciones Domus. El reclamo de la responsabilidad por lo anterior va así en contra de lo acordado por la propia demandante, y en cuanto va en contra una acto propio, es contrario a la buena fe.

7.9. Al respecto, cabe precisar que, como lo consideró el Tribunal, el pacto de exclusión o limitación de responsabilidad es admitido en el derecho colombiano, de acuerdo con el artículo 1604 del CC. En esta norma y en el artículo 1731 del CC se prevé un régimen de responsabilidad contractual de culpa graduada —no exento de críticas— que, no obstante, puede ser modificado en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Este es, pues, un régimen supletorio, en el que el deudor se libera de responsabilidad demostrando su diligencia (o ausencia de culpa), el caso fortuito o la fuerza mayor.

No obstante, al tratarse de derechos económicos del contratista que, como tales, son transigibles, tal régimen de imputación de responsabilidad contractual puede ser modificado por acuerdo mutuo, en cuanto no suponga una condonación del dolo futuro, ni contravenga el derecho público, las buenas costumbres o el orden público, o suponga una obligación sujeta a una condición meramente potestativa, entre otras. De esta forma, puede regularse, como parte de una relación intersubjetiva, los presupuestos de imputación de responsabilidad por incumplimiento del contrato, por caso fortuito o por fuerza mayor. De la misma forma, pueden modificarse en el Derecho colombiano el alcance de los prejuicios indemnizables, esto es, de los efectos del incumplimiento que quien incumple estaría obligado indemnizar-.

De igual manera, tratándose de una renuncia a los derechos económicos del contratista, que es un colaborador de la Administración, la interpretación de las cláusulas de exclusión o limitación de responsabilidad debe ceñirse a los condicionamientos de la renuncia. En cualquier caso, en esta labor hermenéutica no puede perderse de vista que “la primera y cardinal directriz que debe orientar al juzgador es, según lo preceptúa el artículo 1618 del Código Civil, la de que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras; las demás reglas de interpretación advienen a tomar carácter subsidiario y, por lo tanto, el juez no debe recurrir a ellas sino solamente cuando le resulte imposible descubrir lo que realmente hayan querido los contratantes; cuáles fueron realmente los objetivos y finalidades que estos se propusieron al ajustar la convención”.

7.10. En este caso, la responsabilidad contractual de EPM por los perjuicios que pudieran derivarse de la modificación de las especificaciones del Contrato 3/DJ y su prolongación se excluyó. De esta manera se produjo una limitación parcial de su responsabilidad contractual. Esta no es, sin embargo, una exclusión total, conforme a los antecedentes del Adicional 1, que dan cuenta de la intención de las partes, que orienta la interpretación contractual; interpretación que, en materia de exclusiones y limitaciones de la voluntad, es restrictiva.

Definido así el alcance de la transacción y limitación de responsabilidad pactadas en el Adicional 1, proseguirá la Sala con el análisis de los hechos siguientes, que, conforme al cargo segundo de la apelación, no estarían amparados por tal acuerdo, por lo que la demandada sería responsable por incumplimiento, sin dejar de lado que, como lo consideró el Tribunal, fueron celebrados dos acuerdos más de exclusión de responsabilidad, cuya validez y alcance serán definidos a continuación.

7.11. Pues bien, pese a que en el Adicional 1 se había acordado el 30 de junio de 1991 como fecha límite para la finalización de obras, con ocasión de la suspensión de labores seguida de la reanudación de actividades en la temporada seca, que transcurriría entre diciembre de 1991 y abril de 1992, se surtió un nuevo cruce de imputaciones mutuas en dicho período. Construcciones Domus reclamó, por un lado, que EPM había manifestado que la playa la Yolanda estaba disponible, pero que luego le indicó que debía negociar con los dueños, siendo esto necesario para el análisis de precios. Además adujo problemas de flujo de capital ocasionados por bajos rendimientos, inconvenientes en la liquidación de actas y las restricciones monetarias vigentes. EPM, por su parte, resaltó que ambas habían establecido contacto con los propietarios de la playa La Yolanda, con quienes habían alcanzado un acuerdo; aclaró que los problemas con el pago de actas respondían a omisiones o errores de Construcciones Domus, y reclamó por los bajos rendimientos en la producción de material aluvial.

7.12. Tras estas recriminaciones recíprocas, EPM y Construcciones Domus suscribieron el Adicional 2, en el que pactaron los precios de obras extra que, conforme a la cláusula 9ª del Contrato 3/DJ, se requerían para la terminación y el adecuado funcionamiento de la obra, pero que no estaban previstas en la lista inicial de precios, quedando así su monto sujeto al acuerdo de partes.

En el Adicional 2 se estipuló nuevamente una cláusula de exoneración de responsabilidad de EPM, por la administración, imprevistos y utilidades que las obras extra pactadas acarrearan, sin que en el cruce previo de comunicaciones se observe presión ni advertencia alguna de la imposición de sanciones, como las que Construcciones Domus afirmó que la habrían forzado para su suscrición.

No fue este, sin embargo, un acuerdo transaccional en el que se pusiera fin a un eventual litigio por la incertidumbre existente en la relación contractual, pese a las imputaciones precedentes por el déficit de flujos y por la definición del lugar de extracción de material aluvial, ya que, a diferencia de lo ocurrido con ocasión del Adicional 1, en este no se zanjaron las diferencias previas. La exención de responsabilidad se limitó, por lo tanto, a los costos directos e indirectos, así como a las utilidades e imprevistos que las obras extra generaran, reclamaciones estas que quedaron comprendidas en los alcances de la cláusula de limitación de responsabilidad pactada por causa del desequilibrio económico ocasionado por estas obras. Ello no obsta para que la Sala advierta que el aumento de obras es una circunstancia normalmente favorable al contratista y que este no fue desproporcionado en este asunto, como lo mencionó el perito.

7.13. Ahora bien, luego de la suscripción del Adicional 2, cuando debían reanudarse las obras conforme al Adicional 1, la interventoría advirtió que el 21 de diciembre de 1991 Construcciones Domus no había retomado labores aún, pese a que había avisado previamente que, para el cumplimiento del plazo se requería, además del incremento de fondos y de la jornada laboral, que la firma contratista estuviera completamente preparada para el reinició de labores el 15 de diciembre de 1991.

La interventoría reiteró a la contratista, el 24 y 28 de enero, y el 4 de febrero de 1992, su preocupación por atrasos en las obras debido a la escasez de equipos para el transporte de materiales, el mal funcionamiento del existente, la falta de combustible y la omisión de una doble jornada laboral; circunstancias que llevaron a que, el 20 de febrero de ese año, Construcciones Domus presentara un replanteamiento de sus labores, con la solicitud de una exigua ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 1992. El mismo día, el replanteamiento de las obras propuesto fue objetado por la interventoría, debido a que ya en ese momento presentaba un desfase de 8.550 m3 en la colocación de limos; desfase que, según la constructora, respondía a las dificultades en la obtención de equipos de transporte y daños en la maquinaria.

A partir de entonces no se observó un repunte de las obras, sino que, por el contrario, la interventoría advirtió que desde el 1º de abril de 1992 se había detenido la compactación de limos, por falta de combustibles y paros de los volqueteros. El 24 de abril, la interventoría reparó nuevamente en la necesidad de incrementar labores, so pena de imposición de multas, y, el 29 de abril, la comisión de recibo de obras encontró múltiples obras faltantes del Contrato 3/DJ.

Pese al cumplimiento del plazo del Contrato 3/DJ sin la terminación de las obras y a la cesación de labores, lo que generaba costos a EPM, esta y la interventoría solicitaron reiteradamente, entre el 14 de mayo y el 2 de junio de 1992, la reanudación de actividades para evitar la imposición de multas y el deterioro por erosión de los taludes desprotegidos. Para ello requirió EPM que la contratista ajustara la programación, además de la entrega de pólizas y conocer si contaba con la capacidad financiera suficiente, sin que Construcciones Domus diera respuesta alguna.

7.14. Paralelamente, entre el 11 de diciembre de 1991 y el 9 de junio de 1992, se presentó un intercambio de correspondencia en el que, tras la autorización del pago de créditos del Contrato 3/DJ a Finsocial S.A. y su notificación a EPM, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá embargó tales créditos, que fueron puestos a su disposición por EPM. Finsocial S.A. consideró que este planteamiento era equivocado, por considerar que los créditos presentes y futuros del Contrato 3/DJ habían sido cedidos, mientras EPM consideraba que se había producido una promesa de cesión de derechos de crédito, que operaría tras la aprobación de cada acta.

7.15. Conforme a lo anterior, la Sala concluye que carece de fundamento la aducida fuerza en la suscripción de cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad en los Adicionales 1 y 2 del Contrato 3/DJ. En consecuencia, el cargo primero no está llamado a prosperar.

7.16. A partir de un análisis de las manifestaciones de Construcciones Domus y EPM, como el que procede según al artículo 1618 del CC, esta Colegiatura determinó previamente que en el Adicional 1 se excluyeron las reclamaciones por el cambio de especificaciones de las obras, su suspensión y prórroga, la demora injustificada en el inicio de la ejecución del Contrato 3/DJ, la entrega tardía de zonas de préstamo y depósito, la entrega de diseños erróneos para la formulación de la propuesta y la omisión de restablecimiento del desequilibrio financiero.

Mientras que la exclusión prevista en el Adicional 2 se limitó a las reclamaciones por costos directos e indirectos, así como por las utilidades e imprevistos ocasionados con la prórroga estipulada y con las obras extra y adicionales, pactadas respectivamente en tal acuerdo modificatorio. En consecuencia, con la cláusula de limitación de responsabilidad pactada en el Adicional 2, se entienden excluidas las reclamaciones por desequilibrio que con ello se habría ocasionado.

7.17. Por ser independiente al desequilibrio económico cubierto con cláusulas de exclusión de responsabilidad contenidas en los Adicionales 1 y 2, es procedente un análisis singular de las imputaciones de la demandante por la omisión de gestiones para la explotación de materiales en la finca La Yolanda, la negación de una prórroga contractual, el pago inoportuno de actas, el desconocimiento de la cesión de créditos, el impago de actas finales y la omisión de liquidación, a los que la actora hizo mención en el cargo tercero de la alzada, asuntos que serán abordados a continuación.

7.18. Ahora bien, bajo la vigencia del Decreto 222 de 1983, que conformaba la normativa rectora de la relación jurídica bajo examen, esta Sección consideraba que:

“No puede prorrogarse un plazo de un contrato escrito, en forma verbal, ni prorrogarse un plazo que ya está vencido, so pena de nulidad absoluta por violación de formalidades exigidas por la ley en atención a la calidad de uno de los contratantes y como medida de seguridad y seriedad en el ejercicio de la Administración Pública, en lo que se compromete el orden público jurídico y se deviene en la nulidad absoluta del convenio adicional, declarable de oficio, como excepción perentoria o de fondo”.

En este asunto, el Adicional 3 fue suscrito finalmente por las dos parte contratantes el cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), pese a que el plazo para la ejecución del Contrato 3/DJ había acaecido el siete (7) de abril de la misma anualidad. Por lo tanto, conforme al parágrafo del artículo 78 del Decreto 222 de 1983, será declarada la nulidad absoluta del Adicional 3. Huelga, en consecuencia, el estudio sobre el alcance de su clausulado.

7.19. No hay lugar, por demás, a pronunciamiento alguno sobre las restituciones mutuas derivadas de un eventual cumplimiento del Adicional 3, debido a que su nulidad fue declarada por la violación del derecho público de la Nación, por lo que tal negocio jurídico tiene objeto ilícito, conforme al artículo 1519 del Código Civil, en concordancia con el artículo 78 del Decreto 222 de 1983. En consecuencia, el sub lite se rige por el artículo 1525 del Código Civil, el cual prevé que “[n]o podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, sin que esto hubiera sido derogado con la Ley 50 de 1936, al modificar el artículo 1742 del Código Civil, en razón al postulado que impide sacar provecho de su propia torpeza o dolo.

VIII. PROBLEMA JURÍDICO TERCERO: ANÁLISIS SINGULAR DE CIRCUNSTANCIAS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3/DJ

8.1. Pues bien, con respecto a la omisión de gestiones para la explotación de áridos en el playón de la finca La Yolanda, que se presentó en el período que transcurrió entre los Adicionales 1 y 2, la Sala observa que en estos acuerdos modificatorios se mantuvo vigente expresamente el clausulado íntegro del Contrato 3/DJ, en el que, como se mencionó al inicio de estas consideraciones, el suministro de áridos y materiales de filtros, entre otros, estaba a cargo del contratista; suministro que en este negocio jurídico comprendía, inclusive, la extracción y el procesamiento de los materiales. Correspondía consecuentemente al contratista estudiar y planear tal suministro, desde la extracción, a partir de la información recabada sobre las circunstancias de su explotación y transporte. Atendiendo a ello, el contratista realizó estudios previos en la playa Las Nutrias. Además, se especificaba en el Contrato 3/DJ que ninguna clase de aprobaciones, acuerdos, convenios, instrucciones u órdenes lo modificaban, salvo que ellas se hubieran estipulado en un convenio adicional.

Este fue, además, desde un principio, un contrato con obligaciones de resultado, en el que el contratista se comprometía a la entrega de lo convenido, pese a que se requirieran recursos adicionales. Al deudor de las obligaciones de medio le corresponde desplegar todos sus esfuerzos y diligencia posibles, para procurar obtener el resultado determinado por su actividad, mientras el deudor de las obligaciones de resultado está obligado a conseguir la realización del objeto pactado. No consiste así la prestación, en las obligaciones de resultado, en actuar diligentemente sino en producir un fin determinado.

Lo anterior, se reitera, no fue modificado con el Adicional 1 en el que únicamente se agregó que EPM identificaría el lugar en que habría de producirse la explotación de los materiales aluviales faltantes por la variación del diseño —cuyas consecuencias habían sido objeto de transacción— al tanto que su suministro, desde la fase de explotación de los materiales, siguió a cargo de Construcciones Domus. El lugar en el que se realizaría la extracción de áridos fue definido por EPM el 12 de agosto de 1991, dentro del plazo de noventa (90) días pactado en el Adicional 1. Por lo tanto, al haber cumplido la contratante la obligación relacionada con el suministro de áridos le que correspondía, se impone la desestimación de las pretensiones basadas en su incumplimiento por la omisión de gestiones para la consecución de áridos en la finca La Yolanda, que en el marco del Contrato 3/DJ le correspondía a la propia demandante.

8.2. Por otra parte, observa la Sala que, lejos de negarse a ampliar el plazo del Contrato 3/DJ —como también lo afirma la recurrente en su cargo tercero— EPM suscribió el Adicional 1, con el que fue prorrogado dicho término, por solicitud de Construcciones Domus, sin que se aprecie una negativa ulterior de EPM ante una solicitud similar, quedando así desvirtuado este supuesto de incumplimiento. Además, no acreditó la demandante que se hubiera presentado hecho alguno que supusiera la obligación, legal o contractual, de EPM de prorrogar el Contrato 3/DJ. Tampoco están, pues, llamadas a prosperar las pretensiones por este supuesto incumplimiento.

8.3. Adujo la actora, por otro lado, en el cargo tercero de la alzada, que el Tribunal no se habría pronunciado sobre el pago inoportuno de actas como supuesto de incumplimiento. Luego de la adición y reforma de la demanda, Construcciones Domus introdujo una corrección, en la que enunció la forma en la que quedaron los hechos de la demanda. Allí centró la pretensión de responsabilidad por incumplimiento en el pago inoportuno de las obras extra; incumplimiento que habría ocasionado el daño consistente en la pérdida de valor adquisitivo del dinero, como se explicó al resolver sobre la objeción al dictamen planteado por la actora.

8.3.1. Pues bien, conforme lo pactado en la cláusula 12ª del Contrato 3/DJ, las obras realizadas a satisfacción que fueran reconocidas por la interventoría y la contratista, y especificadas en actas suscritas por las partes, con el reajuste que resultara aplicable y las deducciones a que hubiera lugar, serían pagadas mensualmente dentro de un plazo de treinta (30) días siguientes a la firma del acta, previa aprobación de EPM, que se reservaba el derecho a retener su pago para protegerse de eventuales pérdidas por actos o hechos de Construcciones Domus.

8.3.2. No acreditó la actora, sin embargo, la fecha en la que fue aprobada el acta correspondiente a las obras extra, cuyo pago inoportuno reclama. Por ende, como lo manifestó el perito, no es posible determinar si el pago fue realizado en tiempo. Aparte, no se especificó en la tabla anexa a la complementación del dictamen el concepto correspondiente a cada acta por lo cual, si existiera certeza sobre el momento de la causación de la deuda y el pago, no podría determinarse tampoco si este fue oportuno o tardío, como lo afirma el demandante. Por lo tanto, las pretensiones basadas en el pago inoportuno de actas deben ser desestimadas.

8.4. En su cargo tercero, Construcciones Domus esgrimió adicionalmente que el fallo de primera instancia no se había pronunciado sobre el desconocimiento de la cesión de créditos del Contrato 3/DJ a Finsocial S.A. y la retención indebida de actas que, con ello, se habría producido, dando así lugar al desajuste financiero que le impidió concluir con las obras.

8.4.1. Pues bien, la jurisprudencia civil y administrativa han precisado que la cesión de créditos —que es diferente a la de la posición contractual regulada en los artículos 887 y 892 del CCo referidos por el demandante— opera en dos momentos sucesivos, en los que, primero, intervienen el cedente y el cesionario del crédito y, luego, el deudor de la obligación cedida, produciéndose así efectos frente a terceros. En este negocio jurídico, la relación entre el cedente y el cesionario se perfecciona con la entrega del título representativo de la obligación o del que sea elaborado cuando no conste por escrito. Las condiciones del negocio se concretan en ese documento, en el que debe mencionarse claramente el nombre del cedente, del cesionario, el valor y concepto del crédito y la firma del cedente. Con su entrega al cesionario se produce la tradición el crédito, lo que genera efectos frente al deudor y frente a terceros cuando sea notificado, con su exhibición, o aceptada de forma tácita o expresa por el deudor.

Hasta que la notificación o aceptación bajo las anteriores condiciones no se produzca, “[…] podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente; y en general, se considera existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros” (artículo 1963, CC). Pero, ello no incide en la validez del negocio de cesión de créditos, frente al cual el deudor cedido es completamente extraño y no puede oponerse.

8.4.2. Ahora bien, en este asunto, se presentó una diferencia sobre las condiciones en las que habría operado la cesión de créditos a favor de Construcciones Domus por la ejecución del Contrato 3/DJ. Mientras la Finsocial S.A. consideraba que con la aceptación de EPM se había producido la cesión de los créditos futuros y existentes, esta última creía que la cesión de créditos futuros no se había producido ni había sido aceptada, sino que se había celebrado una promesa de cesión de créditos, en la que la cesión de cada crédito se concretaría luego de la aprobación de actas, cuya aceptación singular generaría efectos para el deudor y, con ello, frente a terceros, siendo válida así la aceptación del embargo de créditos dirigida al Juzgado 30 del Circuito de Bogotá. En ello coincidirían finalmente EPM y Finsocial S.A., conforme a lo declarado por el director del área de dicha entidad financiera intervino en la cesión de créditos.

La discusión giró, pues, en torno de las condiciones del negocio jurídico de cesión de créditos que, como se precisó anteriormente, se especifican en el documento con cuya entrega se perfecciona. En este proceso se probó únicamente que, en comunicación del 11 de diciembre de 1991, Construcciones Domus le manifestó a EPM que autorizaba el pago de todas las actas resultantes de la ejecución del Contrato 3/DJ a Finsocial S.A., sin que conste que el documento con el que se produjo la cesión y se determinaron sus condiciones hubiera sido exhibido a EPM, conforme a lo requerido. En la respuesta de EPM se evidencia únicamente que quedaba notificada de tal autorización, mas no del negocio de cesión de créditos, y además, que en ese momento solicitó la cesión de créditos futuros (actas individuales). No se demostró siquiera la existencia de tal documento, que no fue aportado por su emisora, Construcciones Domus. No cabe afirmar pues que —como lo aseveró Finsocial S.A. en su momento— se hubiera convenido algo en el oficio en el que EPM manifestó haberse notificado de la autorización de pago que había comunicado Construcciones Domus.

No hay pues certeza sobre la existencia de un negocio de cesión de créditos entre Construcciones Domus y Finsocial S.A., ni de sus términos, ni de sus efectos frente al deudor. No probó pues la actora que —como lo afirmó en sustento de sus pretensiones— EPM hubiera actuado irregularmente o en un acto de desprecio al contratista, al aceptar el embargo. En todo caso, la Sala nota que EPM le comunicó al Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá la existencia de cesiones de crédito previas al embargo, como le correspondía conforme al artículo 681.4 de CPC.

8.4.3. No pasa por alto la Sala, que tampoco acreditó Construcciones Domus su relación financiera con Finsocial S.A., ni que la retención del pago de actas en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá hubiera lesionado permanentemente su crédito y ocasionado el retraso en las obras, como también lo sostuvo en apoyo de sus súplicas, en cuanto se desconoce el estado de cuentas de la demandante y las condiciones en que Finsocial S.A. le habría suministrado fondos, en cuyo sustento no presentó prueba en este proceso.

8.4.4. Por lo tanto, se impone la desestimación de las pretensiones de responsabilidad y nulidad por la retención de actas en razón a la orden de embargo del Juzgado 30 del Circuito de Bogotá.

8.5. Finalmente, la apelante adujo en su último cargo que el Tribunal no se había pronunciado sobre el impago de las últimas actas y la omisión de liquidación del Contrato 3/DJ. Sin embargo —como se mencionó anteriormente— no acreditó la firma actora la causación de deudas a su favor que, conforme a lo pactado, se producía con la suscripción de actas mensuales por la interventoría y aprobadas por EPM. Por el contrario, obran en el expediente órdenes de pago suscritas por el ordenador del gasto, y los encargados de control financiero y tesorería, así como documento público suscito por un profesional de área de Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de Generación de EPM, en el que consta que entre septiembre de 1990 y el mismo mes de 1992 se realizaron todos los pagos correspondientes al Contrato 3/DJ, por un total de $921’630.493.

No se acreditó, por otra parte, que el Contrato 3/DJ hubiera sido liquidado por EPM, como le correspondía conforme a las Resoluciones 12675 de 1992 y 16887 de 1993. Sin embargo, no demostró la demandante que ello le hubiera ocasionado daño alguno y, por el contrario, se aprecia que los pagos que causó, sí se dieron.

8.6. En definitiva, al no haber cumplido pues la demandante con la carga que le corresponde a la actora por virtud del artículo 177 del CPC y 1757 del CC se impone la desestimación de las pretensiones por los anteriores hechos referidos en el cargo tercero de la alzada que, en concordancia con el análisis previo de la validez y alcance de las cláusulas de exoneración de responsabilidad, dan lugar a la confirmación de la sentencia recurrida.

IX. Por último, se reconocerá a Stella Rocío Celita Méndez como litisconsorte cesionaria de Construcciones Domus Ltda., de conformidad con el artículo 60 del CPC (reproducido en lo pertinente en el artículo 68 del CGP), teniendo en cuenta que en el acta de la reunión de la junta de socios de Construcciones Domus en la que se autorizó la cesión de los derechos litigiosos correspondientes al presente proceso consta la aceptación de la señora Celita Méndez, con su firma autentica, sin que en este se hubiera hecho referencia expresa a la sustitución procesal.

X. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el caso concreto, actuación temeraria por parte del demandante, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el doce (12) de junio de dos mil doce (2012), por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER a Stella Rocío Celita Méndez como litisconsorte cesionaria de Construcciones Domus Ltda.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Salvo voto parcial

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

GB

Folio 258 (anverso) del cuaderno 1. Folios 262 y 263 del cuaderno 1. Folios 272 y 273 del cuaderno 1. Folio 289 (anverso) del cuaderno 1. Folios 279 a 283 del cuaderno 1. Folios 284 a 289 del cuaderno 1. Folios 318 a 321 del cuaderno 1. Folio 316 a 318 del cuaderno 1. Folio 305 del cuaderno 1. Folios 306 a 315 del cuaderno 1. Folio 83 (reverso) del cuaderno 2. Folios 49 a 83 del cuaderno 2. Folio 91 del cuaderno 1. Folio 86 (anverso) del cuaderno 2. Folios 85 y 86 del cuaderno 2. Folio 87 del cuaderno 2. Folio 91 (anverso) del cuaderno 2. Folios 90 y 91 del cuaderno 2. Folio 139 (anverso) del cuaderno 2. Folios 14 y 148 del cuaderno 2. Folio 441 del cuaderno 1. Folio 442 y 443 del cuaderno 1. Folios 323 y 324 del cuaderno 1. Auto del 20 de noviembre de 1995, folio 454 del cuaderno 1. Folio 475 a 480 del cuaderno 1. Folios 481 y 482 del cuaderno 1. Auto del 29 de septiembre de 2011, folios 826 a 827 del cuaderno 1. Auto del 3 de noviembre de 2011, folio 828 del cuaderno 1. Folios 829 a 861 del cuaderno 1. Folios 875 a 899 del cuaderno 1. Folios 903 a 935 del cuaderno principal.
“PRIMERO: Se NIEGAN las súplicas de la demanda. || SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 55 de la Ley 446 de 1.998, considera la Sala que no es dable condenar en constas a la parte demandante”. Folios 938 a 950 del cuaderno principal. Auto del 25 de julio de 2012, folio 951 del cuaderno principal. Auto del 26 de septiembre de 2012, folio 955 del cuaderno principal. Auto del 10 de octubre de 2012, folio 957 del cuaderno principal. Folios 958 a 1007 del cuaderno principal. Folio 1008 del cuaderno principal. Folios 1051 a 1054 del cuaderno principal. Folios 1098 y 1099 del cuaderno principal.
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Aptado. 2.1. Aptado. 2.6. DECRETO 222 DE 1983. “Artículo 17. La calificación de contratos administrativos determina que los litigios que de ellos surjan son del conocimiento de la justicia contencioso administrativa; los que se susciten con ocasión de los contratos de derecho privado, serán de conocimiento de la justicia ordinaria. […]”. LEY 80 DE 1993. Artículo 75. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. […]”. DECRETO 1816 DE 1955. “Artículo 1º. Autorízase al Municipio de Medellín para organizar uno o varios de los servicios municipales de la ciudad de Medellín, aislada o conjuntamente, como entidades administrativamente autónomas, que posean personería Jurídica independiente y patrimonio propio”. ACUERDO No. 58 DE 1955. “Artículo 1o. Organízase un Establecimiento Público Autónomo encargado de la dirección, administración y prestación de los servicios municipales de Energía Eléctrica, Teléfonos, Acueducto y Alcantarillado y al cual se adscribe, como patrimonio propio o independiente, el que forman todos los bienes e instalaciones afectados por el Municipio de Medellín al funcionamiento de dichos servicios, las nuevas ampliaciones y futuras instalaciones. El establecimiento se denominará: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN”. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 82, modificado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989. “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativa”. Aptados. 2.6.2 a 2.6.2.8. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132.

Modificado por el artículo 68 del Decreto 2304 de 1989. “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.00). […]”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 28 de febrero de 1990, exp. 5935; y sentencia del 2 de diciembre de 1993, exp. 8497. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 23 de agosto de 1984; de 3 de septiembre de 1987, exp. 3711; y de 8 de octubre de 1987, exp. 3726. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 1995, exp. 9965. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 8 de junio de 1995, exp. 10684; y sentencia del 8 de octubre de 1998, exp. 14512. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 2000, exp. 12513. Hecho 5.1.29.1. Folios 20 a 21 del cuaderno 2. Aptado. 2.1. Aptado. 2.6. Aptado. 2.5.6. Aptado 4.3. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de diciembre de 1988, exp. S-047. Aptado. 2.1. Folios 340 y 341 del cuaderno 1. Aptado. 2.6. Folios 903 a 935 del cuaderno principal. Folios 938 a 950 del cuaderno principal. Folios 958 a 1007 del cuaderno principal.
“Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Hecho 5.1.3. DECRETO 1816 DE 1955. “Artículo 1º. Autorízase al Municipio de Medellín para organizar uno o varios de los servicios municipales de la ciudad de Medellín, aislada o conjuntamente, como entidades administrativamente autónomas, que posean personería Jurídica independiente y patrimonio propio”. ACUERDO No. 58 DE 1955. “Artículo 1o. Organízase un Establecimiento Público Autónomo encargado de la dirección, administración y prestación de los servicios municipales de Energía Eléctrica, Teléfonos, Acueducto y Alcantarillado y al cual se adscribe, como patrimonio propio o independiente, el que forman todos los bienes e instalaciones afectados por el Municipio de Medellín al funcionamiento de dichos servicios, las nuevas ampliaciones y futuras instalaciones. El establecimiento se denominará: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN”.
“Artículo 1º. De las entidades a las cuales se aplica este estatuto. Los contratos previstos en este decreto que celebren la Nación (Ministerios y Departamentos Administrativos), y los Establecimientos Públicos se someten a las reglas contenidas en el presente estatuto. […] Las normas que en este estatuto se refieren a tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como a los principios generales desarrollados en el título IV, se aplicarán también en los Departamentos y Municipios. […] Artículo 16. De la clasificación y de la naturaleza de los contratos. Son contratos administrativos: […] 2. Los de obras públicas. […]”
“Artículo 15. Los requisitos de consentimiento valido, objeto y causa lícitos se regirán por las normas que sobre la materia establecen el Código Civil y disposiciones complementarias”.
“Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: […] 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. […] Artículo 1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo. […] Artículo 1513.

La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. || El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. […] Artículo 1740. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. || La nulidad puede ser absoluta o relativa. || Artículo 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. || Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. || Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”. Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. 25022), en aras a garantizar el principio constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida. Copia auténtica Cuadernos 14, 17, 18 (anexo 10) y 20 (anexo 12). Apartado 5.1.3 y siguientes. Subrayado añadido. Cuaderno 7. Folios 14 a 23 del cuaderno 2. Subrayado añadido. Copia a folios 22 a 26 del cuaderno 1. Copia a folio 27 del cuaderno 1. Copia a folios 28 a 32 del cuaderno 1. Copia a folio 33 y 34 del cuaderno 1. Copia a folios 35 y 36 del cuaderno 1. Copia a folios 37 y 38 del cuaderno 1. Copia a folio 9 del cuaderno 1. Folio 40 del cuaderno 1. Folios 41 a 44 del cuaderno1. Folio 45 del cuaderno 1. Folios 346 a 248 del cuaderno 1. Folio 48 del cuaderno 1. Folio 49 del cuaderno 1. Copia auténtica a folios 344 y 345 del cuaderno 1. Folio 50 del cuaderno 1. Copia a folios 51 a 53 del cuaderno 1. Copia a folios 54 y 55 del cuaderno 1. Copia a folios 56 a 58 del cuaderno 1. Copia a folios 59 y 60 del cuaderno 1. Copia a folio 61 del cuaderno 1. No figura la entidad o empresa en la que detentaría tal posición. Folios 62 a 72 del cuaderno 1. Copia a folios 73 a 92 del cuaderno 1
Copia a folios 93 a 105 del cuaderno 1. Copia a folios 106 a 111 del cuaderno 1. Copia a folios 112 y 113 del cuaderno 2. Folios 28 a 31 del cuaderno 2. Folios 118 a 119 del cuaderno 1. Folios 120 a 123 del cuaderno 1. Folio 124 del cuaderno 1. Copia a folios 125 a 127 del cuaderno 1. Copia a folio 128 del cuaderno 1. Copia auténtica a folios 351 a 354 del cuaderno 1. Copia a folio 130 del cuaderno 1. Folios 46 a 49 del cuaderno 2. Subrayado añadido. Copia a folio 355 del cuaderno 1. Copia a folio 357 del cuaderno 1. Copia a folio 358 del cuaderno 1. Folio 133 del cuaderno 1. Copia a folio 359 del cuaderno 1. Copia a folio 360 del cuaderno 1. Copia a folios 362 a 366 del cuaderno 1. Copia a folio 367 del cuaderno 1. Copia a folios 134 y 135 del cuaderno 1. Copia a folio 136 del cuaderno 1. Folios 139 a 140 del cuaderno 1. Copia a folio 368 del cuaderno 1. Folio 145 del cuaderno 1. Copia a folio 146 del cuaderno 1. Copia a folios 369 y 370 del cuaderno 1. Copia a folios 147 a 149 del cuaderno 1. Copia a folios 371 a 374 del cuaderno 1. Copia a folio 375 del cuaderno 1. Copia a folio 377 del cuaderno 1. Copia a folio 378 del cuaderno 1. Copia a folios 380 y 381 del cuaderno 1. Copia a folios 151 y 152 del cuaderno 1. Folios 152 y 383 del cuaderno 1.

Copia a folios 358 y 386 del cuaderno 1. Copia a folios 153, 154, 387 y 388 del cuaderno 1. Copia a folio 390 del cuaderno 1. Copia a folio 392 del cuaderno 1. Copia a folios 431 a 436 del cuaderno 1.
“Sin embargo su valor final será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL CONTRATISTA por los precios unitarios estipulados en las listas de cantidades y precios anexas a esta acta”. Subrayado fuera del texto original. Copia a folio 395 del cuaderno 1. Folio 155 del cuaderno 1. Copia a folio 396 del cuaderno 1. Copia a folio 399 del cuaderno 1. Copia a folios 400 y 401 del cuaderno 1. Folios 6 y 7 del cuaderno 2, y 265 a 268 del cuaderno 1. Folio 8 del cuaderno 2. Folio 9 del cuaderno 2. Folios 11 a 14 del cuaderno 2. Folios 16 a 18 del cuaderno 2. Folio 19 del cuaderno 2. Folio 342 del cuaderno 1. Folio 343 del cuaderno 1. Folio 23 del cuaderno 2. Folio 24 del cuaderno 2. Folios 489 a 492 del cuaderno 1. Folios 495 a 497 del cuaderno 1. Folios 569 587 del cuaderno 1. Folio 481 del cuaderno 1. Folios 245 y 246 del cuaderno 1, y 80 a 83 del cuaderno 2. Folio 506 del cuaderno 1. Folio 507 del cuaderno 1. Folio 508 del cuaderno 1. Folios 510 y 511 del cuaderno 1. Auto del 12 de julio de 200, folio 512 del cuaderno 1. Folios 520 y 512 del cuaderno 1. Folio 529 del cuaderno 1. Folios 530 a 537 del cuaderno 1. Folios 539 y 540 del cuaderno 1. Folio 541 del cuaderno 1. Folio 542 y 543 del cuaderno 1. Folios 552 y 553 del cuaderno 1. Folios 556 a 557 del cuaderno 1. Folio 560 del cuaderno 1. Auto del 12 de noviembre de 2004, folios 561 a 562 del cuaderno 1. Folios 563 y 564 del cuaderno 1. Folio 565 del cuaderno 1. Folio 566 del cuaderno 1. Folio 567 del cuaderno 1. Folio 588 del cuaderno 1. Folio 589 del cuaderno 1. Folios 595 a 601 del cuaderno 1. Folios 602 a 609 del cuaderno 1. Folios 614 a 627 del cuaderno 1. Folios 704 y 705 del cuaderno 1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993, expediente 3446. Reiterada en: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 25177.
“Artículo 238. Para la contradicción de la pericia se procederá así: […] 4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrá objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas”.
“Artículo 241. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Folio 138 del cuaderno 1. Folio 111 del cuaderno 2. Aptado. 5.3.5.19. Folio 625 del cuaderno 1. Folio 253 del cuaderno 1. DECRETO 3167 DE 1968. “Artículo 2°. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística cumplirá las siguientes funciones: […] j) Establecer índices de precios al nivel del productor, del distribuidor y del consumidor, de los principales bienes y servicios, realizar el levantamiento y publicar periódicamente el resumen de los resultados obtenidos”. Aptado. 5.3. Aptado. 5.3.4. Aptado. 5.3.5.17. Folio 136 del cuaderno 1. Hechos 5.3.1. y 5.1.3.11. Hechos 5.1.1.15 y 5.1.3.1. Hechos 5.1.3.6, 5.1.3.8 y 5.1.3.9. Hecho 5.1.3.4. Hechos 5.1.1.8 y 5.1.1.10. Hechos 5.3.1.1 y 5.1.3.2. Hecho 5.1.3.5. Hechos 5.1.3.7 y 5.1.3.7.8. Hechos 5.1.3.7. Hechos. 5.1.1.5 y
Hecho 5.1.1.114. Hecho 5.1.3.3. Hecho 5.1.1.12. Hecho 5.1.2. Hecho 5.1.1.3. Hecho 5.1.1.5. Hechos 5.1.1.6, 5.1.1.7 y 5.1.1.11. Hecho 5.1.1.10. Hecho 5.1.1.11. Hechos 5.1.1.15. Hechos 5.1.1.8 y 5.1.1.10. Hecho 5.1.1.2. Hecho 5.1.1.11. Hecho 5.1.14. Hecho 5.1.5. Hecho 5.1.4. Hecho 5.1.9. Hecho 5.1.10. Hecho 5.1.12. Hecho 5.1.17. Hecho 5.1.19. Hechos 5.1.21 y 5.1.22
Hecho 5.1.6. Hecho 5.1.7. Hecho 5.1.11. Hecho 5.1.13. Hechos 5.1.14 y 5.1.14. Hecho 5.1.18. Hecho 5.1.19. Hecho 5.1.20. Hecho 5.1.21. Hecho 5.1.24. Hecho 5.1.25. Hecho 5.1.26. Hecho 5.1.27.

Hecho 5.1.3.7. Hecho 5.1.29. Hecho 5.1.29.2. Hecho 5.1.29.1. Hecho 5.1.29.3. Hechos 5.1.29 y 5.1.29.4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencias del 12 de diciembre de 1938, Gaceta Judicial, tomo XLVII, núm. 1940, pp. 478 – 483; del 6 de junio de 1939, Gaceta Judicial, tomo XLVII, p. 268; de 6 de mayo de 1966, Gaceta Judicial, tomo LXV, pp. 634 – 371; y del 26 de mayo de 2006, exp. 1987-07992-01. Hecho 5.1.1.13. Hechos 5.1.1.8 y 5.1.1.10. Hecho 5.1.1.12. Aptado. 2.6. Aptado. 5.2.21. Hecho 5.1.29. Hecho 5.1.29.4. Aptado. 4.4.3. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, rad. núm. 25000-23-31-000-1992-09967-01. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2005, exp. núm. 14174, FJ 3.
“Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. || El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. || La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega. || Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes. […] Artículo 1731. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste, pero varia de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. || Sin embargo, si el deudor está en mora, y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo, en poder del acreedor, sólo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los perjuicios de la mora”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de diciembre de 2016, exp. 32109. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1522. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale”. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1518. […] Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1535. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. || Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá”. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. || La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. || Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”.

No se asimila, en todo caso, el incumplimiento con la responsabilidad que de aquel se deriva ni el alcance de los perjuicios indemnizables, de la misma forma en que el daño y la imputación no se asimilan a la responsabilidad, de la que son presupuestos independientes. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de diciembre de 2016, exp. 32109. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de julio de 1983, Gaceta Judicial, Tomo CLXXII núm. 2411, pp. 112-129. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Aptado. 4.2.2. Hechos 5.1.29.1 y 5.1.29.3. Hechos 5.1.30 y 5.1.33,
Hechos 5.1.31 y 5.1.34. Hecho 5.1.37. Hecho 5.1.3.2. En la doctrina, se ha diferenciado las cláusulas de exoneración y de limitación de responsabilidad, siendo aquellas las que eliminan “de modo directo y explícito toda reparación derivada del incumplimiento de una u otra obligación que recae sobre el deudor o sus auxiliares”, mientras que con las segunda se ha hecho referencia a las que “limitan la reparación, en el sentido en que ella se hará pero excluyendo ciertos tipos de daños”. Al respecto: GUAL COSTA, José Manuel, Cláusulas de Exoneración y Limitación de Responsabilidad Civil, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2008 (reimpresión 2012), p. 72-73. Hecho 5.1.37.1. Aptado. 4.4.3. Aptados. 6.5.3.15 y 6.5.3.16. Hechos 5.1.38 y 5.1.39. Hecho 5.1.37. Hechos 5.1.40, 5.1.42 y 5.2.43. Hecho 5.1.44. Hecho 5.1.45. Hecho 5.4.46. Hecho 5.4.49. Hecho 5.1.52. Hecho 5.1.53. Hechos 5.1.54 a 5.1.60. Hechos 5.1.36, 5.1.37, 5.1.47, 5.1.48, 5.1.51, 5.1.52 y 5.1.63. Aptados. 4.2.3 y 4.4.3. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 1986, exp. 3678. (Subrayado añadido). Aptado. 5.1.61. Hecho 5.1.29.1.
“Artículo 78. […] Paragrafo. Las causales aquí previstas pueden alegarse por el Ministerio Público en interés del orden jurídico o ser declaradas oficiosamente, cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las partes”.
“Artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”.
“Artículo 78. De las causales de nulidad absoluta. Además de los casos previstos en las disposiciones vigentes, los contratos a que se refiere el presente estatuto son absolutamente nulos: […] b) Cuando contravengan normas de derecho público. […]”.

«Es de verse, pues, cómo en el citado precepto 1746 hay una regla general para restituir lo "dado o pagado" por las partes del contrato cuya nulidad se declara judicialmente, a más de lo relativo a frutos, mejoras y demás prestaciones recíprocas, conceptos todos que se enmarcan dentro de las llamadas restituciones mutuas; pero esa pauta es sin desmedro de las secuelas previstas para los eventos de nulidad por «objeto o causa ilícita», que remiten al artículo 1525 y subsisten en el sistema del código, a pesar de la ya vista modificación del 1742 por la ley 50 de 1936. || De donde emana que si bien las partes están legitimadas para alegar ese defecto de validez, no pueden tener derecho a los restablecimientos anejos, cuando el mismo emana de un objeto o causa ilícita que ellas conocieron, porque la restricción dispuesta en aquel (art. 1525) al no permitir que pueda repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilegales, como ha dicho la Corte, es de un gran contenido ético fundado en el principio clásico que impide sacar provecho o repetición de su propia torpeza o dolo . El orden jurídico impide ir en contravía de la regla moral de las obligaciones que desde los romanos enseña que la justicia se niega a dar protección cuando quien la requiere no llega hasta ella con las manos limpias (nemo creditur turpitudinem suam allegans). || De ahí que si una persona de manera consciente interviene o participa, directa o indirectamente, en la formación de un acto con objeto o causa ilícitos, debe negársele protección, o cuando menos las prestaciones que ejecutó o dio en tal cometido». CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 28 de agosto de 2017, núm. SC13097-2017, rad. núm. 76001-31-03-009-2000-00659-01. Hechos 5.1.29.5 y 5.1.37.2. Hecho 5.1.1.3. Hecho 5.1.1.2. Hecho 5.1.14. Hecho 5.1.3.11. Aptado. 7.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de mayo de 1938, Gaceta Judicial, tomo XLVI, núm. 1936, pp. 566 – 574. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 34426. Hecho 5.1.29.2. Hecho 5.1.30.(ii). Hecho 5.1.29.2. Hechos 5.1.26, 5.1.27 y 5.1.46. Folio 947 del cuaderno principal. Aptados. 2.7, 2.8 y 2.9. Aptado. 2.10. Folio 99 del cuaderno 2. Aptado. 5.3.7.1. Hecho 5.1.3.4. Aptados. 5.6.4.9 y 5.3.5.18. Aptado. 5.3.5.19. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de agosto de 1920, Gaceta Judicial, tomo XXVIII, p. 165; del 5 de mayo de 1941, Gaceta Judicial, tomo LI, núm. 1971-1972, pp. 250 – 258; del 31 de julio de 1941, Gaceta Judicial, tomo LII, núm. 1977, pp. 1 – 12; y del 23 de octubre de 2015, rad. núm. 11001-31-03-039-2010-00490-01. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, autos del 23 de enero de 2003, exp. 23142; y del 1 de octubre de 2005, exp. 29288. Al respecto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de julio de 2015, rad. núm. 11001-31-03-027-2004-00469-01. Aptados. 2.1.2.4.
“Artículo 1959. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.
“Comprende así dos etapas, la primera relacionada con la entrega del título representativo de la obligación del tenedor originario a quien pasa a reemplazarlo. De allí que cuando no consta por escrito, es menester elaborar un documento en el que se concreten sus términos, quedando así perfeccionado el pacto y surgiendo entre los intervinientes responsabilidades recíprocas. La segunda consiste en lograr que el acuerdo produzca efectos frente al compelido a satisfacer, lo que se obtiene ya sea con la correspondiente notificación o mediando la aceptación de éste”.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de octubre de 2015, rad. núm. 11001-31-03-039-2010-00490-01. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1961. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente”. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 761. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro, se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente al cesionario. […] Artículo 1960. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. || Artículo 1961. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. || Artículo 1962. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de julio de 1941, Gaceta Judicial, tomo LII, núm. 1977, pp. 1 – 12; y del 23 de octubre de 2015, rad. núm. 11001-31-03-039-2010-00490-01. Hecho 5.1.48. Hechos 5.1.51, 5.1.52 y 5.1.63. Aptado. 5.2.2. Hecho 5.1.36. Hecho 5.1.41. Hecho 5.1.48. Aptados. 2.1.2.4 y 2.6.1.7.
“Artículo 681. Para efectuar los embargos se procederá así: […] 4. El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho. || Al recibir el deudor la notificación , o dentro de los tres días siguientes, deberá informar bajo juramento que se considerará prestado con su firma, acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquélla, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo. […]”. Aptados. 1.1.45. 1.1.48, 1.1.49 y 2.6.1.6. Aptados 4.2.3 y 4.4.3. Copia a folios 634, y 642 a 701 del cuaderno 1. Copia a folios 186 a 188 del cuaderno 1. Hecho 5.1.69. Hecho 5.1.71.
“Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”
“Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
“Artículo 60. […] El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

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