Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01098-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01098-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-01098-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de julio de 2022
Radicado: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
Demandado: Agencia Nacional de Tierras (sucesor procesal del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural)
Tema: Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declara la
nulidad parcial del acto administrativo demandado que incluyó los
terrenos ocupados por la demandante en el baldío adjudicado,
porque se desconoció su derecho al debido proceso.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 30 de agosto de 2013 por la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 181 del CCA. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en
primera instancia de acuerdo con el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 70
de 1993.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 22 de noviembre de
20131. En el auto del 6 de agosto de 20152 se dio traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. La demandante3, la entidad demandada4 y el Ministerio
Público5 presentaron alegatos de conclusión y concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Cuaderno principal, folio 625.
2 Cuaderno principal, folio 718.
3 Cuaderno principal, folios 723 – 754.
4 Cuaderno principal, folios 720 – 722.
5 Cuaderno principal, folios 755 – 770.
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
1.- El 17 de julio de 2006 Palmeiras S.A. (en adelante, <<Palmeiras>> o <<la
demandante>>) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante, <<Incoder>> o
<<la entidad demandada>>) para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas6:
<<3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 0525 del 2 de marzo de 2006,
por la cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 00397 del 8 de marzo de
2005.
3.2. Que con fundamento en la declaratoria de nulidad del acto demandado, se
ordene al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER restablecer a
PALMEIRAS S.A. el derecho que tiene a explotar económicamente el área de
aproximadamente 800 hectáreas que la Resolución 00397 del 8 de marzo de 2005,
proferida por el mismo instituto, había excluido a favor de dicha empresa.
3.3. Que también con fundamento en la declaratoria de nulidad del acto
demandado, se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tumaco, Nariño, para que proceda a la inscripción de la sentencia
correspondiente.
3.4. Que se condene al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER a
pagar a la parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, los
perjuicios que se causen como resultado del cumplimiento de lo dispuesto en el
acto administrativo demandado, los cuales podrán comprender el daño emergente
derivado del deterioro de las mejoras que el demandante ha efectuado en los
terrenos a que se refiere el mismo acto y el lucro cesante derivado de la
imposibilidad de explotar económicamente estos terrenos durante el tiempo en que
se encuentre interrumpida la ocupación de los mismos.
3.5. Que se liquiden a favor de la parte demandante, los intereses y demás
perjuicios que se causen hasta el momento del pago.
3.6. Que se condene en costas a la parte demandada.>>
2.- La demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- Palmeiras inició la siembra de palma en el año 1970 sobre tierras ubicadas
en el área rural del municipio de Tumaco. En 1986 emprendió un proyecto de
expansión que la llevó a completar dos mil cien (2.100) hectáreas sembradas,
ubicadas en la zona de sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico creada
por la Ley 2 de 1959.
2.2.- Aproximadamente dos terceras partes de los terrenos sembrados por la
demandante correspondían a predios de propiedad de personas que hacían parte
del grupo empresarial. La ocupación de los demás terrenos estuvo precedida de
contratos privados de compraventa de mejoras celebrados con los antiguos
ocupantes de los mismos.
6 Cuaderno No. 1, folios 151 – 180.
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Demandante: Palmeiras S.A.
2.3.- El 8 de mayo de 1996 Palmeiras solicitó al Instituto Colombiano de la
Refoma Agraria (en adelante, Incora) la suscripción de un contrato de explotación
económica sobre los terrenos baldíos que ocupaba. El Incora negó la petición
porque uno de los socios de la demandante ya había resultado adjudicatario de
un bien baldío y <<(…) además era propietario o poseedor de un terreno
aproximadamente de 445 hectáreas, que tenía arrendado a PALMEIRAS S.A.>>
2.4.- El 18 de marzo de 1999 el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (en
adelante, el Consejo) solicitó al Incora la titulación colectiva de un globo de
terreno baldío ubicado en el área rural del municipio de Tumaco, el cual incluía
800 hectáreas sembradas por la demandante.
2.5.- En el procedimiento administrativo adelantado para la titulación colectiva,
representantes del Consejo, Incora y Palmeiras suscribieron, el 22 de febrero de
2002, un acta de acuerdo en la que estipularon que la entidad estatal adjudicaría
el terreno baldío excluyendo el área de 800 hectáreas explotadas por la
demandante.
2.6.- Mediante Decreto 1292 de 2003 el Gobierno nacional dispuso la liquidación
del Incora y ordenó el traslado de sus funciones al Incoder, quien asumió el
conocimiento de la solicitud de titulación colectiva presentada por el Consejo y
remitió el expediente a la Comisión Técnica para que rindiera el concepto previo
establecido en el artículo 8 de la Ley 70 de 1993.
2.7.- La Comisión Técnica rindió concepto en el que delimitó al área que debía
ser adjudicada al Consejo y recomendó excluir del título colectivo las 800
hectáreas ocupadas por la demandante. Ello, con fundamento en el
reconocimiento de la ocupación de estas áreas por parte del Consejo.
2.8.- Por medio de la Resolución No. 00397 del 8 de marzo de 2005 el Incoder
adjudicó a favor del Consejo el globo de terreno baldío ocupado colectivamente
por la comunidad, excluyendo el área de 800 hectáreas explotada por Palmeiras.
2.9.- La procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios presentó
recurso de reposición contra el acto administrativo de adjudicación y solicitó que
se modificara <<(…) para incluir las 800 hectáreas ocupadas por PALMEIRAS
S.A., solicitando además que se declarara a esta sociedad como ocupante de
mala fe>>.
2.10.- Mediante Resolución No. 0525 del 2 de marzo de 2006 el Incoder modificó
el acto administrativo impugnado en el sentido de (i) incluir en el globo de terreno
baldío adjudicado a favor del Consejo, los terrenos ocupados por Palmeiras que
inicialmente se habían excluido de la titulación colectiva, y (ii) calificar la
ocupación desplegada por la demandante como indebida y de mala fe.
2.11.- Palmeiras consideró que el acto demandado adolecía de nulidad porque:
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Demandante: Palmeiras S.A.
a.- Desconoció el principio de confianza legítima que la demandante depositó en
la actuación de la Administración. Sobre el particular, destacó que la explotación
económica que desarrollaba en los terrenos baldíos atendía a una iniciativa
gubernamental que fomentó este tipo de actividades en el área agrícola del
municipio de Tumaco y que incluso fue consentida tácita y expresamente por el
Estado.
b.- Vulneró el artículo 83 de la Constitución Política. El Incoder estaba obligado a
presumir que Palmeiras obró de buena fe al ocupar los terrenos baldíos que
fueron objeto de adjudicación y, en cualquier caso, no tenía competencia ni un
fundamento válido para calificar su conducta como indebida y de mala fe.
c.- Violó el artículo 8 de la Ley 70 de 1993 y el numeral 2 del artículo 15 del
Decreto 1745 de 1995, que establecían la obligación de conformar una comisión
técnica que rindiera un concepto previo para determinar los límites del territorio
que sería adjudicado mediante título de propiedad colectiva. El concepto previo
a la adjudicación del título colectivo tenía el carácter de obligatorio y el Incoder
no se encontraba facultado para apartarse del mismo como lo hizo en este caso
del concepto emitido el 4 de marzo de 2005, en el que se recomendó la exclusión
de los terrenos ocupados por la demandante.
d.- Desconoció los artículos 23 y 29 de la Constitución Política. El acto
administrativo impugnado fue proferido dentro del marco de un procedimiento
administrativo en el que no le fue permitido exponer sus argumentos. Si bien el
procedimiento especial para la adjudicación de títulos colectivos a comunidades
negras contempla la posibilidad de oponerse a la misma, la demandante no
acudió a esta herramienta porque el acta de acuerdo del 22 de febrero de 2002
le generó la convicción de que la adjudicación colectiva excluiría el área de 800
hectáreas que venía explotando. El hecho de que posteriormente se
desconociera lo estipulado la privó de ejercer el derecho de hacerse parte del
proceso de adjudicación colectiva y de elevar las peticiones necesarias para
asegurar la protección de sus derechos.
e.- Violó del artículo 58 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley 70 de
1993. La adjudicación del globo de terreno realizada por el Incoder en el acto
demandado comprendió varios predios de propiedad privada que eran
explotados por la demandante en virtud de contratos de arrendamiento
celebrados con sus propietarios.
f.- Vulneró el artículo 59 del Código contencioso Administrativo. El Incoder fue
incongruente pues no resolvió los argumentos expuestos en el recurso de
reposición presentado por la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios, sino que invocó argumentos propios para modificar el acto
administrativo recurrido.
B.- Posición de la parte demandada
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Demandante: Palmeiras S.A.
3.- El Incoder se opuso a las pretensiones de la demanda7 y expuso los siguientes
argumentos:
3.1.- Los contratos de compraventa y de promesa de compraventa celebrados
por la demandante no comportaban una debida ocupación sobre los terrenos
baldíos ni mucho menos le otorgaban un derecho de propiedad sobre aquellos.
La ocupación de los bienes baldíos solo le otorgaba a la demandante una mera
expactiva, pero no un derecho a su adjudicación.
3.2.- Palmeiras no podía desconocer los derechos de la Nación sobre los bienes
baldíos para asumir que los ocupó de buena fe. La ley señaló las características
y la condición especial de estos bienes, las cuales no pueden omitirse por una
ocupación y explotación económica desarrollada por terceros.
3.3.- La Ley 70 de 1993 estableció un derecho de prelación a favor de las
comunidades negras para la adjudicación de los bienes baldíos que
tradicionalmente habían ocupado en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
cuenca del Pacífico. Este derecho no podía ser desconocido por la ocupación y
explotación de los bienes baldíos por parte de terceros que no tenían relación
alguna con las comunidades negras.
3.4.- Contrario a lo manifestado en la demanda, el Incoder sí tenía competencia
para calificar la ocupación de la demandante como de mala fe.
3.5.- El acto demandado no afectó bienes de propiedad privada. Tanto en la parte
motiva como en la parte resolutiva del acto administrativo se advirtió que
cualquier bien de propiedad privada que se encontrara dentro del predio objeto
de titulación colectiva quedaría por fuera de la adjudicación realizada.
3.6.- La ocupación indebida y de mala fe ejercida sobre terrenos baldíos hace
improcedente el reconocimiento de mejoras y el pago de lo dejado de percibir
como consecuencia de la imposibilidad de continuar la explotación económica.
4.- El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no contestó la demanda a pesar
de que fue citado en calidad de litisconsorte necesario por pasiva mediante auto
del 1 de abril de 20118.
C.- Sentencia recurrida
5.- En sentencia del 30 de agosto de 20139 la Subsección C de Descongestión
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda. En síntesis consideró que:
7 Cuaderno No. 1, folios 278 – 299.
8 Cuaderno No. 1, folios 404 – 406.
9 Cuaderno principal, folios 571 – 594.
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Demandante: Palmeiras S.A.
5.1.- En relación con la violación del principio de confianza legítima, aclaró que,
a pesar de que en el acta de acuerdo del 22 de febrero de 2002 se estipuló la
exclusión de un área del globo de terreno que se iba a adjudicar al Consejo, la
demandante debía cumplir unos presupuestos legales que le permitieran tener
serias expectativas sobre la adjudicación de las 800 hectáreas que ocupaba.
Como la demandante no cumplió los presupuestos legales, no le era aplicable el
principio de confianza legítima.
5.2.- En lo relativo a la vulneración del artículo 83 de la Constitución Política,
señaló que en el expediente no obraban pruebas que demostraran que la
ocupación de los terrenos baldíos por parte de Palmeiras hubiera iniciado con
anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 70 de
1993. Por lo anterior, era aplicable el artículo 15 de la Ley 70 de 1993 que
establecía que las ocupaciones que se adelantaran por personas ajenas al grupo
étnico negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva se
considerarían de mala fe y no darían derecho a la titulación ni al pago de mejoras.
5.3.- En cuanto a la violación del artículo 8 de la Ley 70 de 1993 y del numeral 2
del artículo 15 del Decreto 1745 de 1995, señaló que las anteriores disposiciones
normativas no otorgaban carácter vinculante al concepto previo emitido por la
Comisión Técnica. Y que en este caso resultaba aplicable analógicamente el
artículo 38 del Decreto 1745 de 1995, que establecía que el concepto técnico que
se debía rendir en el trámite de las licencias o concesiones sobre terrenos baldíos
no obligaba a la entidad encargada de resolver la solicitud.
5.4.- En lo que respecta al desconocimiento de los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política, advirtió que la demandante estaba obligada a intervenir
como interesada dentro del proceso administrativo de adjudicación del bien
baldío a favor del Consejo, <<(…) especialmente ante la negativa del Instituto
Colombiano de Reforma Agraria INCORA a suscribir el contrato de explotación
económica previo a la adjudicación de baldíos con dicha firma y la existencia de
normas de prelación a favor de las comunidades afrodescendientes que no
podían ser desconocidas mediante una simple acta de acuerdo entre los distintos
ocupantes (…)>>.
5.5.- En lo referente a la vulneración del artículo 58 de la Constitución Política y
el artículo 6 de la Ley 70 de 1993, afirmó que la sociedad demandante no
denunció la existencia de predios de propiedad privada en el marco del
procedimiento administrativo, ni formuló oposición en los términos del artículo 24
del Decreto 1745 de 1995, razón por la cual precuyó la oportunidad para
reclamar. Además, en el trámite de adjudicación aceptó que las 800 hectáreas
que ocupaba estaban conformadas por bienes baldíos.
5.6.- En relación con el desconocimiento del artículo 59 del Código Contencioso
Administrativo, aclaró que en el acto administrativo demandado el Incoder
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Demandante: Palmeiras S.A.
resolvió las cuestiones planteadas en el trámite administrativo y aquellas que
aparecieron con motivo de los recursos de reposición presentados.
D.- Recurso de apelación de la demandante
6.- La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. En el escrito de apelación
plantea los siguientes argumentos:
6.1.- En relación con el desconocimiento del principio de confianza legítima,
señaló que el mismo sí era aplicable, pues la actividad productiva desarrollada
venía siendo consentida e incentivada con el Estado, por lo que el cambio
intempestivo de las condiciones la afectó directamente.
6.2.- En lo relativo a la vulneración del artículo 83 de la Constitución Política,
manifestó que el artículo 15 de la Ley 70 de 1993 no podía sustentar la
calificación de la ocupación de la demandante como indebida y de mala fe porque
su ocupación inició con anterioridad a la adjudicación del globo de terreno baldío
al Consejo. En cualquier caso, el artículo 83 de la Constitución Política establecía
una presunción de buena fe que le favorecía y que el Incoder estaba obligado a
desvirtuar.
6.3.- Contrario a lo manifestado en sentencia de primera instancia, el concepto
previo de la Comisión Técnica sí era vinculante porque buscaba determinar los
límites del área que se iba a adjudicar a las comunidades negras solicitantes de
un terreno baldío. La aplicación analógica del artículo 38 del Decreto 1745 de
1995 no era procedente porque existían diferencias relevantes entre el trámite de
titulación colectiva de un globo de terreno baldío y el trámite para el otorgamiento
de licencias o autorizaciones.
6.4.- En relación con el desconocimiento de los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política, aclaró que la oposición establecida en el artículo 24 del
Decreto 1745 de 1995 no puede considerarse en este caso como una real
oportunidad de de defensa. Ello, por cuanto en el procedimiento adelantado no
tuvo la oportunidad de presentarla, pues para la fecha en que debía realizarse no
existían razones para oponerse a la titulación colectiva. Lo anterior, como quiera
que al inicio del trámite administrativo se firmó un acta de acuerdo en la que se
excluyeron de la titulación colectiva los terrenos ocupados y explotados por la
demandante.
6.4.1.- La incorporación de los bienes ocupados por Palmeiras al globo de terreno
adjudicado al Consejo fue una decisión intempestiva y extemporánea, que se
adoptó desconociendo que sobre los predios se había logrado un acuerdo de
exclusión.
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Demandante: Palmeiras S.A.
6.4.2.- Si el INCODER pretendía adoptar una decisión sobre los terrenos
excluidos, se hacía necesario retrotraer la actuación administrativa para permitirle
ejercer el derecho de oposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Decreto 1745 de 1995.
6.5.- En lo que respecta a la violación del artículo 58 de la Constitución Política y
y el artículo 6 de la Ley 70 de 1993, resaltó que la incorporación de los terrenos
de propiedad privada al globo de terreno adjudicado al Consejo se materializó a
partir de la expedición del acto administrativo demandado que resolvió los
recursos de reposición, esto es, cuando ya se habían agotado las instancias para
ejercer su derecho de oposición de conformidad con los artículos 24 y 26 del
Decreto 1745 de 1995. Por lo anterior, no se le puede objetar a la demandante
la falta de oposición ni mucho menos invocar esta circunstancia para justificar la
violación de las normas superiores que protegían y prohibían adjudicar terrenos
de propiedad privada.
6.6.- Por último, en cuanto a la vulneración del artículo 59 del Código Contencioso
Administrativo, reiteró que en el acto administrativo demandado el Incoder se
apartó de los argumentos expresados en el recurso de apelación presentado por
la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios e invocó sus
propias razones para modificar el acto administrativo que se había proferido.
E.- Trámite de la segunda instancia
7.- Dentro del término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación
Palmeiras solicitó la práctica de un dictamen pericial por parte del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (en adelante, Igac) con el propósito de demostrar
que (i) en los terrenos ocupados por Palmeiras y que luego fueron incorporados
al globo de terreno adjudicado al Consejo existían predios de propiedad privada,
(ii) los terrenos ocupados por la demandante y que luego fueron adjudicados al
Consejo hacían parte de las áreas sustraídas de la Reserva Forestal del Pacífico,
y (iii) el valor de las mejoras realizadas por Palmeiras en los terrenos ocupados10.
7.1.- En la solicitud probatoria la demandante también solicitó que se recibiera el
testimonio del señor Lorenzo Ramírez García con el objeto de que ratificara lo
expresado en la declaración extrajuicio que se aportó como prueba documental.
8.- En el auto del 3 de abril de 201411 se decretó el dictamen pericial solicitado.
La determinación se fundamentó en que la prueba fue decretada en el trámite de
la primera instancia y no fue practicada por problemas de orden público. De otra
parte, negó la prueba testimonial toda vez que la misma también había sido
decretada en el trámite de la primera instancia y Palmeiras desistió de su práctica.
10 Cuaderno principal, folios 626 – 627.
11 Cuaderno principal, folios 635 – 636.
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Demandante: Palmeiras S.A.
9.- Mediante oficio del 16 de febrero de 2015 12 el Igac allegó al expediente el
dictamen pericial13 que absolvió los dos primeros puntos relativos a la
adjudicación de predios de propiedad privada a favor del Consejo y a la
localización de los terrenos ocupados por la demandante en el área sustraída de
la reserva forestal del pacífico.
10.- En el auto del 5 de marzo de 201514 este despacho corrió traslado del
dictamen pericial practicado por el Igac. Las partes no formularon solicitudes de
aclaración o complementación ni lo objetaron por error grave.
11.- Por medio de oficio del 3 de junio de 201515 el Igac allegó al expediente el
dictamen pericial16 que absolvió el último de los puntos relativo al avalúo de las
mejoras realizadas en los predios ocupados y explotados por la demandante y
que luego fueron incorporados al globo de terreno adjudicado al Consejo.
12.- En el auto del 2 de julio de 201517 este despacho corrió traslado del dictamen
pericial practicado por el Igac para que las partes formularan solicitudes de
aclaración y complementación o para que lo objetaran por error grave.
13.- El Incoder objetó por error grave el dictamen pericial practicado por el Igac
para avaluar las mejoras realizadas por la demandante18. Explicó que el dictamen
incumplió los requisitos establecidos en el artículo 237 del CPC porque en el
mismo se hicieron afirmaciones sobre el valor de las mejoras sin determinar de
manera clara y precisa la metodología utilizada para el efecto. También reprochó
el hecho de que el perito no hubiera observado las normas que regulan la
realización de avalúos.
14.- Por medio de auto del 27 de julio de 201719 el despacho resolvió tener como
sucesor procesal del Incoder a la Agencia Nacional de Tierras (en adelante,
ANT).
II. CONSIDERACIONES
F.- Decisión a adoptar
15.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término de 2 años establecido en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley
70 de 1993. El acto administrativo demandado fue publicado en el Diario Oficial
el 20 de marzo de 2016, por lo que la demanda fue presentada oportunamente
el 16 de julio del mismo año.
12 Cuaderno principal, folio 677.
13 Cuaderno principal, folios 678 – 682.
14 Cuaderno principal, folio 683.
15 Cuaderno principal, folio 707.
16 Cuaderno No. XX, folios 1 – 22.
17 Cuaderno principal, folio 709.
18 Cuaderno principal, folios 710 – 713.
19 Cuaderno principal, folios 790 – 791.
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Demandante: Palmeiras S.A.
16.- Se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se declarará la nulidad de la Resolución No. 0525 del 2 de marzo de 2006 en
cuanto modificó la Resolución No. 00397 del 8 de marzo de 2005 en el sentido
de (i) incluir en el globo de terreno baldío adjudicado a favor del Consejo los
terrenos ocupados por Palmeiras que inicialmente fueron excluidos de la
titulación colectiva, y (ii) calificar la ocupación ejercida por la demandante como
indebida y de mala fe. Esta decisión se adopta porque está demostrado que el
Incora desconoció el derecho al debido proceso de Palmeiras en el procedimiento
administrativo de titulación colectiva.
17.- Se confirmará la sentencia en cuanto negó las pretensiones de
restablecimiento del derecho porque (i) la demandante no identificó los predios
respecto de los cuales se debía inscribir la sentencia; (ii) la Sala no cuenta con
competencia para conceder el derecho a la explotación económica del predio
ocupado pues esa solicitud fue negada por el Incora previamente; (iii) no está
probado el valor de las mejoras realizadas a los bienes ocupados por la
demandante, y (iv) no está probado el lucro cesante derivado de la imposibilidad
de explotar los bienes ocupados.
18.- Se rechazará la objeción por error grave del dictamen pericial practicado
para avaluar las mejoras realizadas a los terrenos baldíos. Lo anterior, teniendo
en consideración que las razones expuestas por el Incoder resultan insuficientes
para declarar la prosperidad de la misma, en la medida en que con ellas no se
acredita un error sobre el objeto del dictamen que determine tal consecuencia.
G.- El Incora desconoció el derecho al debido proceso de la demandante
19.- El Decreto 1745 de 1995 regula el procedimiento de titulación colectiva de
tierras de las comunidades negras en sus artículos 17 a 31. Este trámite está
conformado por las siguientes etapas: (i) solicitud de titulación colectiva, (ii)
iniciación del trámite y publicidad de la solicitud, (iii) visita a la comunidad negra
con el propósito de realizar, entre otros, concertaciones para delimitar las tierras
de la comunidades negras, (iv) oposición a la titulación colectiva, la cual puede
ser presentada a partir del auto que admite la solicitud y hasta el momento de
fijación en lista del negocio por cualquier persona que se crea con derecho
conforme a la ley, (v) determinación de los límites de la tierra por parte de la
Comisión Técnica, (vi) resolución de adjudicación, y (vii) publicación y registro.
19.1.- Textualmente señalan estas disposiciones, en lo petinente:
<<Artículo 22. Visita. Dentro de los diez (10) días siguientes de cumplida la
publicación de la solicitud, el Gerente Regional del Incora expedirá la resolución
mediante la cual se ordenará la visita a la comunidad (…) La visita tendrá como
fin: 1. Delimitar el territorio susceptible de titularse como Tierras de las
Comunidades Negras. 2. Recopilar la información sociocultural, histórica y
económica del grupo en estudio. 3. Realizar el censo de la población negra que
incluya familias y personas por edad, sexo y tiempo de permanencia en el territorio.
4. Determinar terceros ocupantes del territorio dentro de las Tierras de las
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
Comunidades Negras, señalando: ubicación, área, explotación, tiempo de
ocupación y tenencia de la tierra. 5. Concertar con los habitantes de la zona la
delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras. Parágrafo 1º. De la
visita se levantará un acta firmada por los funcionarios, el representante legal del
Consejo Comunitario y los terceros interesados que se hagan presentes en la
misma, en la cual se consignarán sucintamente los anteriores aspectos y las
constancias que las partes consideren pertinentes (…)
Artículo 24. Oposición a la titulación colectiva. A partir del auto que acepta la
solicitud de titulación colectiva, y hasta el momento de la fijación del negocio en
lista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del presente Decreto quienes
se crean con derecho, conforme a la ley, podrán formular oposición a la
titulación, acompañando al escrito respectivo la prueba en que funden su
pretensión. Vencido dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la
solicitud de titulación.
Artículo 25. Trámite de la oposición. Con base en el memorial de oposición y las
pruebas que presente el opositor, el Incora ordenará dar traslado al representante
legal de la comunidad peticionaria y al Procurador Agrario por tres (3) días, para
que formulen las alegaciones correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas
que pretendan hacer valer y adjunten los documentos pertinentes. Vencido el
término del traslado, se decretarán las pruebas que fueren admisibles o las que el
Incora de oficio considere necesarias, para lo cual se señalará un término de diez
(10) días hábiles. Vencido el término probatorio y practicadas las pruebas en que
se funde la oposición, se procederá a resolver sobre la misma.
Artículo 26. Resolución de la oposición. Cuando el opositor alegare que el inmueble
objeto de la solicitud de titulación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre
el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exija
el régimen legal vigente, y en la inspección ocular que se practique en el trámite
de oposición, se procederá a verificar si el predio cuya propiedad demanda el
opositor se halla incluido en todo o en parte dentro del territorio solicitado en
titulación, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda
deducirse su dominio. Si de los documentos aportados por el opositor y demás
pruebas practicadas no llegare a acreditarse propiedad privada, conforme a lo
exigido en las normas citadas en el inciso anterior, se rechazará la oposición y se
continuará el procedimiento. (…)
Artículo 28. Evaluación de las solicitudes y determinación de los límites del territorio
por parte de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica de que trata el artículo 13
de este Decreto, con base en la solicitud presentada, el informe del Consejo
Comunitario y las diligencias adelantadas por el Incora, hará la evaluación
técnica de la solicitud y determinará los límites del territorio que será
otorgado mediante el título de propiedad colectiva a la comunidad negra
correspondiente. Si con los documentos señalados anteriormente no hay
suficientes elementos de juicio para que la Comisión Técnica haga la evaluación,
ésta podrá realizar por sí o por intermedio de las Unidades de Apoyo las diligencias
que considere convenientes o solicitar a las entidades públicas y privadas que
aporten las pruebas que estime necesarias (…)
En todo caso la evaluación deberá realizarse en un término de treinta (30) días
contados a partir del momento en que reciba el expediente de parte del Incora. Si
hubiere lugar a la realización de pruebas adicionales este término se contará a
partir de la obtención de las mismas.
Artículo 29. Resolución constitutiva. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de recibo del concepto de la Comisión Técnica, del Incora, mediante
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Demandante: Palmeiras S.A.
resolución motivada, titulará en calidad de Tierras de las Comunidades Negras, los
territorios baldíos ocupados colectivamente por la respectiva comunidad.>>
20.- En este caso, los representantes del Consejo, el Incora y la demandante
suscribieron un acta de acuerdo20 en la que se estipuló lo siguiente:
<<1. El INCORA efectuará el título colectivo del territorio del consejo comunitario
ALTO MIRA Y FRONTERA, excluyendo el área de 800 hectáreas
aproximadamente, sobre la cual la empresa PALMEIRAS S.A. solicitó contrato de
explotación económica.
2. La empresa PALMEIRAS S.A. y el consejo comunitario ALTO MIRA Y
FRONTERA con el apoyo de CORDEAGROPAZ, en el inmediato futuro definirán
las condiciones de cooperación y asistencia dentro de un ambiente de buena
vecindad.>>
21.- Esta prueba documental evidencia que dentro de la etapa de visita a la
comunidad negra en la que se podían hacer concertaciones para definir su
territorio, el Consejo consintió la exclusión de los terrenos que venía explotando
Palmeiras con el aval del Incora. El anterior acuerdo benefició a la demandante
y por ello se hizo innecesaria su vinculación al trámite administrativo a través de
la formulación de una oposición en los términos del artículo 24 del Decreto 1745
de 1995. Ello por cuanto la misma sólo era procedente cuando no existiera
acuerdo sobre la exclusión de zonas y se requiriera que los derechos del opositor
se resolvieran mediante acto administrativo.
22.- En el concepto previo21 rendido por la omisión técnica constituida por
funcionarios del Incoder, Igac y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), se delimitó el globo de
terreno baldío que se debía adjudicar al Consejo y se recomendó la exclusión de
los terrenos ocupados por la demandante porque <<(…) el Consejo Comunitario
interesado reconoció la ocupación de estas áreas, por parte de la empresa, antes
de la vigencia de la Ley 70 de 1993 y solicitó su exclusión del título colectivo>>.
23.- En la Resolución No. 00397 del 8 de marzo de 200522 el Incoder tuvo en
cuenta la estipulación consignada en el acta de acuerdo suscrita el 22 de febrero
de 2002 y lo determinado en el concepto previo rendido por la Comisión Técnica
y excluyó del globo de terreno adjudicado al Consejo los terrenos baldíos
ocupados por Palmeiras.
24.- No obstante, el acto administrativo demandado, que es la Resolución No.
0525 del 2 de marzo de 2006, revocó las anteriores determinaciones e incorporó
los terrenos inicialmente excluidos al globo de terreno adjudicado al Consejo. El
Incoder adoptó esa decisión sin tener en cuenta que la demandante no tuvo la
oportunidad de formular la oposición a la titulación colectiva y acompañar las
20 Cuaderno No. 1, folios 15 – 21.
21 Cuaderno No. 1, folios 22 – 40.
22 Tomo III de antecedentes administrativos, folios 438 – 466.
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
pruebas que sustentaran sus pretensiones como consecuencia de la suscripición
del acta de acuerdo en la que participó el Incora.
25.- Si el Incoder iba a desconocer el acta de acuerdo como en efecto lo hizo
debía garantizar el derecho de defensa de la demandante y brindarle la
oportunidad de presentar la oposición a la titulación colectiva. Y como quiera que
no lo hizo, es claro que procedimiento previo a la expedición acto administrativo
surtido en este caso concreto desconoció las normas a las que estaba sujeto.
Las normas que lo regulan prevén un derecho de oposición que no tuvo el
demandante y que debió serle otorgado cuando se concluyó que no debía
otorgársele efectos jurídicos al acta de acuerdo suscrita.
26.- La violación del derecho al debido proceso de la demandante igualmente se
materializó en tanto no le fue brindada la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa en lo que respecta a la calificación de su ocupación. Si bien el Incoder
brindó la oportunidad a Palmeiras de pronunciarse sobre el recurso de reposición
que presentó la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, lo
cierto es que en esa oportunidad la sociedad demandante no podía aportar
pruebas para controvertir las afirmaciones contenidas en el recurso.
27.- Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala declarará la
nulidad de la Resolución No. 0525 del 2 de marzo de 2006 en cuanto modificó la
Resolución No. 00397 del 8 de marzo de 2005 en el sentido de (i) incluir en el
globo de terreno baldío adjudicado a favor del Consejo los terrenos ocupados por
Palmeiras que inicialmente fueron excluidos de la titulación colectiva, y (ii)
calificar la ocupación ejercida por la demandante como indebida y de mala fe. En
este punto es preciso resaltar que no se declara la nulidad total del acto
demandado porque en el mismo se adoptaron determinaciones en relación con
otro ocupante (Palmas Oleaginosas Salamanca) que no fueron controvertidas en
este proceso.
H.- El restablecimiento del derecho
28.- La Sala negará las pretensiones de restablecimiento del derecho por las
siguientes razones:
a.- En la demanda no se identificaron los predios respecto de los cuales fue
inscrita la adjudicación al grupo étnico, por lo cual, no es posible en la sentencia
determinar los mismos y ordenar la eliminación de las anotaciones.
b.- En relación con el derecho de Palmeiras para explotar el área que ocupaba
existe una decisión en firme del Incora que negó esa solicitud, entre otros, por el
desconocimiento de las normas de preservación y utilización racional de los
recursos naturales renovables. Esta decisión está plasmada en un acto
administrativo ejecutoriado que goza de presunción de legalidad.
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Demandante: Palmeiras S.A.
c.- No está probado el valor de las mejoras realizadas por la demandante en los
terrenos ocupados. No se pueden acoger las conclusiones del dictamen pericial
practicado con el anterior propósito porque lo realizado por el perito fue una
simple actualización de los costos y gastos en los que supuestamente incurrió
Palmeiras para realizar las mejoras en los terrenos ocupados a partir de
información suministrada por la misma demandante. Pero no realizó un avalúo
que cumpliera las exigencias establecidas en la Resolución No. 320 del 23 de
septiembre de 2008 por medio de la cual el Igac estableció los procedimientos
para la realización de los avalúos ordenados en la Ley 388 de 1997.
En cualquier caso, aun en el hipotético escenario en que se admitiera el
procedimiento realizado por el perito del Igac, las conclusiones del dictamen
pericial tampoco podrían ser aceptadas porque no se allegaron los soportes de
los gastos en los que supuestamente incurrió la demandante para realizar las
mejoras en los terrenos ocupados.
d.- La demandante no allegó pruebas para demostrar el lucro cesante derivado
de la imposibilidad de explotar económicamente los terrenos ocupados.
I.- De la objeción por error grave del dictamen pericial
29.- La objeción por error grave prospera en los casos en los que el perito incurre
en un yerro sobre el objeto de la prueba que hace que el juez no pueda valorar
el dictamen pericial23. De esta manera, la prosperidad de esta objeción no está
asociada a los exámenes, experimentos o investigaciones efectuadas por el
perito, sino al objeto sobre el cual recae la prueba.
30.- Teniendo en consideración que la inconformidad expresada por el Incoder
está asociada a la falta de idoneidad de las investigaciones realizadas por el
perito, la Sala concluye que la objeción por error grave no tiene vocación de
prosperidad. No obstante, se advierte que el hecho de que la objeción no
proceda, no impide la realización de la crítica de sus fundamentos que el juez
debe realizar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241 del CPC.
J.- Condena en costas
31.- En consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del
4 de agosto de 2021. CP Jaime Rodríguez Navas. Radicación número: 05001-23-31-000-1993-00072-
01(45004).
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-01098-01 (49147)
Demandante: Palmeiras S.A.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE la objeción por error grave formulada contra el dictamen
pericial rendido por el IGAC en el trámite de segunda instancia.
SEGUNDO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2013 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: En su lugar, DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No.
0525 del 2 de marzo de 2006 en cuanto modificó la Resolución No. 00397 del 8
de marzo de 2005 en el sentido de incluir en el globo de terreno adjudicado los
terrenos ocupados por Palmeiras que inicialmente fueron excluidos de la
titulación colectiva y de calificar su ocupación como indebida y de mala fe, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.
SEXTO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Con salvamento de voto
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
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