Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00665-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2010-00665-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Procedencia de la acción de reparación directa: decisión de una alta corte
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00665-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00665-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Error judicial /
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - decisión de una alta corte,
como máxima autoridad y órgano de cierre dentro su jurisdicción / SENTENCIA SU-484 DE
2008, DICTADA POR LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - insolvencia
de la Fundación San Juan de Dios e imposición del pago solidario al departamento de
Cundinamarca frente al pasivo laboral / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE
TÍTULO DE IMPUTACIÓN INVOCADO - supuestos de trascendencia, suficiencia y debida
argumentación respecto de la providencia atacada - no se acreditaron en el sub lite.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 13 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
En la sentencia SU-484 de 2008, la Corte Constitucional impuso al departamento
de Cundinamarca la obligación de pagar solidariamente, junto con la Beneficencia
de Cundinamarca, el Distrito de Bogotá y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el pasivo laboral de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios,
como consecuencia de su insolvencia y la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos que le reconocían personería jurídica. El departamento demandó a
la Nación - Rama Judicial, con fundamento en que en la mencionada providencia
se incurrió en error judicial, dado que, en su sentir, fue vinculado y condenado sin
justificación alguna, en tanto no propició la crisis de la fundación ni tuvo relación con
la misma, según las pruebas aportadas, así como porque se aplicó indebidamente
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
el concepto de solidaridad y no se tuvo en cuenta que era independiente de la
beneficencia de Cundinamarca, situación que ha afectado su situación financiera.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 21 de septiembre de 2010 (fl. 6 del c.1), el departamento de Cundinamarca, por
conducto de apoderado judicial (fl. 1 del c.1), presentó demanda de reparación
directa contra la Nación -Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los
perjuicios que sufrió como consecuencia del error judicial contenido en la sentencia
de la Corte Constitucional SU-484 de 2008.
En concreto, la parte actora solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones
y condenas (fl. 14 del c.1):
Primero. DECLARAR responsable la Dirección Ejecutiva de Administración
Pública de Justicia, como consecuencia del error judicial contenido en la
sentencia SU-484 de 2008, por la cual la Corte Constitucional declaró
solidariamente responsable al Departamento de Cundinamarca con la
Beneficencia de Cundinamarca por la situación de insolvencia de la Fundación
San Juan de Dios.
Segundo. CONDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia a
pagar al Departamento de Cundinamarca los perjuicios materiales causados y
que se llegaren a causar con ocasión de la sentencia SU-484 de 2008, entre los
cuales se encuentran las sumas que hubiere pagado o llegare a cancelar en
desarrollo de la sentencia condenatoria (…).
Como fundamento fáctico, la parte actora, en resumen, explicó que, en 1564, Fray
Juan de los Barrios y Toledo donó unas viviendas para la edificación de un hospital
en Santa Fe de Bogotá. En 1723, el rey Felipe V ordenó la construcción del centro
hospitalario, el cual, posteriormente, se llamó San Juan de Dios.
En un primer momento, el Hospital San Juan de Dios perteneció al Estado de
Cundinamarca. Mediante una ley del 15 de agosto de 1869, se creó la Junta de
Beneficencia, a la que se le entregó la propiedad del ente de salud y su
administración a partir del 1° de enero de 1870.
El Gobierno Nacional profirió varios actos jurídicos en los que se asumió que los
bienes del Hospital San Juan de Dios constituían una fundación de beneficencia.
Así, a través de los Decretos 290 y 1374 de 1979, se organizó la Fundación San
Juan de Dios y se adoptaron sus estatutos, con el fin de que se encargara de la
administración del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil.
Con ocasión de lo anterior, el Hospital San Juan de Dios “empezó a operar como
persona jurídica autónoma y contrajo obligaciones laborales y pensionales”.
2
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En 1977, el Ministerio de Salud intervino los centros hospitalarios de la Fundación
San Juan de Dios (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) “en sus
aspectos técnicos, científicos y administrativos”, momento a partir del cual la gestión
de los mismos quedó radicada en cabeza del interventor designado por el Gobierno
Nacional.
El Ministerio de Salud asumió la dirección técnica y administrativa del Hospital San
Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil hasta el 30 de enero de 1998, cuando,
mediante Resolución 265, levantó la intervención con el fin de implementar un plan
de reactivación, dado que la “situación era realmente crítica”.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino nuevamente la entidad, a través
de Resolución 1933 del 21 de septiembre de 2001, ante la inviabilidad financiera y
administrativa y “se extendió hasta el 22 de septiembre de 2004 cuando por
Resolución 1317 la da por terminada, pese al informe final del interventor y al hecho
de que las obligaciones superaban el cuatrocientos por ciento (400%) de los
ingresos”.
En todo ese tiempo, el único administrador del Hospital San Juan de Dios fue el
Gobierno Nacional, “lo que demostraba que las decisiones no fueron tomadas por
el departamento”.
Mediante sentencia del 8 de marzo de 2005, el Consejo de Estado declaró la nulidad
de los Decretos 290 del 15 de febrero de 1979, 1374 del 8 de junio de 1979 y 371
del 23 de febrero de 1998, expedidos por el Gobierno Nacional, por medio de los
cuales se organizó la Fundación San Juan de Dios, con base en que la
administración central excedió sus facultades al dictar los estatutos de una persona
jurídica que nunca existió y, por tanto, no podía ser considerada como tal en los
términos del Código Civil. Dicha nulidad “extinguió” la Fundación San Juan de Dios.
El 16 de junio de 2006, el Ministro de Protección Social, el Gobernador de
Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá celebraron un acuerdo para resolver la crisis
de la fundación, bajo la supervisión del Procurador General de la Nación. En este
se convino la liquidación administrativa de la Fundación San Juan de Dios y que el
agente liquidador sería escogido por el Gobernador de Cundinamarca, quien
designó a la fiduciaria La Previsora para tales efectos.
En sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008, la Corte Constitucional resolvió
varias acciones de tutela presentadas por ex trabajadores de la Fundación San Juan
de Dios, que reclamaban el pago de sus acreencias laborales. Estimó que “en
aplicación de los principios de solidaridad, equidad, asunción de cargas por parte
3
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
de quien se beneficie, y diligencia por parte de quien administra, las obligaciones
laborales y pensionales pendientes debían ser pagadas entre la Nación, el Distrito
Capital de Bogotá, la Beneficencia de Cundinamarca y solidariamente con ésta, el
Departamento de Cundinamarca”, para lo cual fijó unos porcentajes.
El fallo ordenó que, con el fin de asegurar el pago, todas las reclamaciones podían
dirigirse al Ministerio de Hacienda, que repetiría contra las demás entidades.
También aclaró que no se trataba de un juicio de responsabilidad patrimonial.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó las erogaciones necesarias, en
virtud de las cuales ha iniciado procesos contra el departamento de Cundinamarca
para el reembolso de su proporción.
La parte actora manifestó que tuvo que provisionar sumas que serían objeto de
cobro por parte de esa cartera ministerial, lo que “afecta su patrimonio y las
inversiones de otros servicios públicos a su cargo y hace inminente el embargo de
recursos”.
A su parecer, la Corte Constitucional “hizo responsable solidariamente de facto al
Departamento por la insolvencia de la Fundación San Juan de Dios de las
obligaciones derivadas de sus relaciones laborales”, sin tener competencia para
declarar su responsabilidad patrimonial, puesto que esa facultad era propia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en todo caso, nunca ejerció como
administrador ni intervino en su déficit patrimonial, así como tampoco existía una ley
o un acuerdo de voluntades sobre la solidaridad, motivo por el cual no podía
asignársele obligaciones de tipo laboral, con fundamento en la aplicación de
principios constitucionales.
2. Trámite procesal en primera instancia
2.1. En auto del 21 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público
(fl. 33 – 34 del c.1), la cual se surtió en debida forma (fl. 41 del c.1).
2.2. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual
argumentó que el error jurisdiccional solo se presenta cuando las providencias
carecen de justificación o argumentación jurídica, lo que no sucede en este caso.
Expresó que la determinación de la Corte Constitucional estuvo ajustada a derecho,
toda vez que “habiéndose declarado la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979,
la consecuencia lógica era que la Fundación San Juan de Dios nunca se constituyó
4
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
como persona jurídica y seguía siendo parte del departamento de Cundinamarca y
administrada por la Beneficencia”, por tanto, lo correcto era que los derechos y
obligaciones de ese ente continuaran en cabeza de la entidad territorial.
Resaltó que la Corte Constitucional es la guardiana de la Carta Política y, en esa
medida, cuando profiere sentencias de unificación de jurisprudencia constitucional
busca, entre otras cosas, asegurar la efectividad de derechos fundamentales,
disminuir situaciones de arbitrariedad y otorgar seguridad jurídica a los asociados,
por manera que los argumentos para tildar como errónea una decisión “de esa
magnitud”, deben ser suficientes, trascendentes y razonables, supuestos que no se
cumplen en el sub lite, por el contrario, en su criterio, la sentencia SU-484 de 2008
goza de pleno respaldo probatorio, normativo y jurisprudencial.
Por último, propuso las excepciones denominadas (i) ausencia de presupuestos del
error judicial y de causa para demandar y (ii) falta de daño antijurídico (fls. 45 – 53
del c.1).
2.3. Mediante proveído del 14 de julio de 2011, el tribunal de primera instancia abrió
el proceso a pruebas (fls. 73 – 75 del c.1) y, el 11 de octubre de 2013, corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente (fl. 171 del c.1), oportunidad en la que la entidad
demandada guardó silencio.
2.4. El departamento de Cundinamarca reiteró lo expuesto en el escrito inicial y
concluyó que la Nación fue la única que administró el Hospital San Juan de Dios y,
por ello, la sentencia SU-484 de 2008 era contraria a derecho.
A su modo de ver, la Corte Constitucional excedió sus competencias al declararlo
responsable solidariamente frente a la Beneficencia de Cundinamarca, máxime
cuando no existía voluntad de obligarse en esos términos, o alguna sentencia
judicial de responsabilidad, o una norma que así lo determinara.
Reprochó que en la sentencia cuestionada se hubiera “endilgado responsabilidad”,
con fundamento en principios generales del derecho y actuaciones de entidades
diferentes, con ignorancia de la realidad probatoria del proceso constitucional. Al
respecto, complementó (fls. 172 – 189 del c.1):
La Corte Constitucional es un órgano de la rama judicial y sus facultades no son
suficientes para pronunciarse sobre la responsabilidad de las entidades
estatales y mucho menos para asignar responsabilidades solidarias, además la
tutela tiene sus límites. La Corte en apariencia reconoce que carece de
competencia cuando precisa que no se está pronunciando sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado y que las órdenes tienen únicamente por
objeto proteger los derechos fundamentales viciados. Pero eso no es acorde
5
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
con su decisión si se analizan los elementos que tuvo en cuenta para dictar su
parte resolutiva. Se fijaron porcentajes sin ningún criterio para recurrir al pago a
cada una de las entidades para atender las obligaciones laborales y pensionales
insolutas que estaban a cargo de la Fundación San Juan de Dios.
2.5. El Ministerio Público conceptuó que no existía yerro en la decisión controvertida,
sino que la misma respondió a una vulneración masiva de derechos fundamentales
de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil
y la forma en la que se determinó el cumplimiento de las obligaciones laborales
hacían parte de las atribuciones del juez de tutela (fls. 209 – 216 del c.1).
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda.
Para el juez de primera instancia, la sentencia SU-484 de 2008, por medio de la
cual la Corte Constitucional, además de otras entidades, impuso al departamento
de Cundinamarca cumplir con las obligaciones laborales a favor de los trabajadores
de la extinta Fundación San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, derivadas
de la insolvencia de la entidad, no era constitutiva de error judicial, por cuanto estuvo
fundada en normas jurídicas constitucionales y en las reglas jurisprudenciales
vigentes.
Explicó que esa Corporación no se extralimitó en sus funciones, teniendo en cuenta
que, en sede de revisión, salvaguardó los derechos fundamentales de un grupo de
personas vulnerables y podía expedir órdenes tendientes al cumplimiento del
amparo deprecado.
Arguyó que, de conformidad con las pruebas allegadas en las acciones de tutela
acumuladas, era procedente la vinculación del departamento de Cundinamarca,
puesto que integró el Consejo Directivo y participó en las decisiones que conllevaron
a su insolvencia.
Por último, afirmó que lo pretendido por el demandante era convertir la demanda de
la referencia en una tercera instancia “para insistir en el impago de una obligación”;
asimismo, destacó que tampoco identificó un pronunciamiento judicial que la Corte
Constitucional hubiera contrariado (fls. 232 – 246 del c.2).
6
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
4. Recurso de apelación
El departamento de Cundinamarca presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión, para lo cual adujo que, contrario a lo sostenido por el Tribunal a quo, sí se
acreditó el error judicial alegado en la sentencia SU-484 de 2008.
Lo anterior, por cuanto la Corte Constitucional (i) lo vinculó como parte y lo condenó
sin justificación; (ii) desbordó su cláusula de competencia y en una tutela “le endilgó
responsabilidad frente a quien jurídicamente no tenía pruebas para concluirlo”; (iii)
impuso el pago solidario de los pasivos laborales por la insolvencia de la Fundación
San Juan de Dios, pese a que no propició dicha situación; (iv) desatendió lo previsto
en el artículo 1568 del Código Civil y, a su vez, lo confundió con el principio
constitucional de solidaridad; (v) vulneró el principio de autonomía fiscal de las
entidades territoriales, bajo el entendido de que por esa decisión, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ha adelantado cobros por los valores desembolsados
en cumplimiento de la sentencia y, con ello, se afectó el manejo de sus recursos, y
(vi) olvidó que el departamento y la beneficencia de Cundinamarca son entidades
diferentes, luego “no cabían consideraciones de solidaridad” (fls. 248 – 259 del c.1).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 11 de agosto de
2014 (fl. 265 del c.2) y, el 22 de agosto de esa anualidad se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fl. 267 del c.2), oportunidad en la que el departamento de Cundinamarca
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (fls. 268 – 282 del c.2).
5.2. La Rama Judicial refirió que la Fundación San Juan de Dios desde sus inicios
mantuvo la condición de ente departamental, lo que justificaba la decisión de la
Corte Constitucional.
Precisó que la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 trajo como consecuencia
la inexistencia como persona jurídica y autónoma de la fundación, es decir, que
debía entenderse que siempre “estuvo en cabeza y administrada por el
departamento”, porque los efectos de la nulidad “son ex tunc”, de ahí que la decisión
sobre la imposición de obligaciones resultaba razonable (fls. 283 – 287 del c.2).
5.3. El Ministerio Público manifestó que se abstenía de pronunciarse frente al sub
lite, dado que, en su criterio, el error judicial no procede para cuestionar las
determinaciones de las altas cortes, pues “ello equivaldría a comprometer uno de
los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como lo es la seguridad jurídica”.
7
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
No obstante, sostuvo que, de estudiarse de fondo el asunto, la providencia recurrida
debía confirmarse, en cuanto a simple vista no observaba un error judicial (fls. 289
– 292 del c.2).
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
reglamento interno de esta Corporación1, se le asignó el conocimiento en segunda
instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa
promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, error judicial o privación injusta de
la libertad2.
2. Procedencia del error judicial contra decisión de una alta corte en su
función administradora de justicia, como máxima autoridad y órgano de cierre
dentro su jurisdicción
Para la Sala es claro que todas las autoridades judiciales, sin excepción alguna, es
decir, incluidas las altas cortes, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley
y deben acatar el precedente jurisprudencial3.
Cabe decir que, en un primer momento, la Corte Constitucional condicionó la
exequibilidad del artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y
señaló que no era posible reclamar una responsabilidad del Estado por error judicial
respecto de la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, por cuanto
ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran
otras autoridades superiores4.
1
Acuerdo 80 de 2019.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.
3
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional: “Todas las autoridades públicas, de carácter
administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la
Constitución y a la ley, y que, como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se
encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción
ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta en que
la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este
mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado
Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado,
tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción
consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de
legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena
fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209
CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como
de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”
(Corte Constitucional, sentencia C-539 del 6 de julio de 2011).
4
Esto dijo “Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite
o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha
previsto a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia
(art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (Art. 237 C.P.) y para la
8
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
No obstante, aclaró que ello no significaba que el juez de tutela no pudiera revisar
las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial en aquellos casos en que
se presentara una vía de hecho 5 o se amenazara o vulnerara un derecho
constitucional fundamental, facultad de origen constitucional que, claramente,
representaba una excepción a la regla aludida.
Por su parte, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado resaltó que el mismo pronunciamiento se fundó en que “el error
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la
jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como
una vía de hecho”, pues “no puede corresponder a una simple equivocación o
desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo
administrador de justicia”, dado que, si así fuera, si las actuaciones del juez no
obedecieran a fundamentos objetivos y razonables, se desconocería la fuente
constitucional de la responsabilidad del Estado del artículo 90 de la Carta Política,
según el cual este debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con
prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa, además, que
el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no incluyó como un ingrediente de la definición
del error judicial la culpabilidad del funcionario que lo realiza6.
En este mismo sentido, la Sala sostuvo que en la responsabilidad patrimonial del
Estado no se excluyó a ninguna autoridad pública como agente del daño, en cuanto
se suprimiría el derecho a la indemnización de todas las víctimas de hechos
imputables a las altas corporaciones de la administración de justicia7.
También advirtió que la argumentación ofrecida por la Corte, a propósito de la
defensa de la acción de tutela contra decisiones de las altas cortes, admitía que se
jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257
C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás
la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última
instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos
aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos
los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en
autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último
pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón
distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los
procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier
otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público (Corte Constitucional, sentencia
C-037 de 5 de febrero de 1996).
5
En los términos definidos en la sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
6
Consejo de Estado, sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285.
7
Así lo precisó “En efecto: el inciso 1º del artículo 90 de la Carta dispone que “el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas”, calidad que, según la propia Corte Constitucional, ostentan los
magistrados de las altas corporaciones de justicia “en cuanto les corresponde la función de
administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado
y, por lo tanto, los daños antijurídicos que ocasionen no están excluidos de la fuente constitucional
de responsabilidad estatal prevista en esta norma”.
9
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
pudieran revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial siempre
que se advirtiera la existencia de una vía de hecho.
La responsabilidad patrimonial del Estado es una obligación que se deriva
directamente de la Constitución Política y que, al igual que en la acción de tutela,
declarar la existencia del error judicial no implica la interferencia del juez
contencioso administrativo en las decisiones judiciales ya que la providencia que
contiene el error conserva la intangibilidad de cosa juzgada 8 . Al respecto, en
sentencia del 5 de diciembre de 2007, señaló:
Porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones. Como se indicó
precedentemente, la constitución establece que todas las autoridades que
ejercen función pública, pueden determinar con sus acciones u omisiones la
responsabilidad del Estado.
-Porque no atenta contra el principio de seguridad jurídica. El juicio es el de la
responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en
la providencia cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés
lesionado y de la imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual
habrá de declararse la misma y de disponerse la reparación de los perjuicios
causados. El juicio de responsabilidad recae sobre la actuación del juez en
ejercicio de sus funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el
renacimiento de un proceso ya terminado. Así también porque la decisión del
juez contencioso administrativo no comprende la modificación o alteración de lo
dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada.
• Porque las altas cortes no son infalibles, así se deduce de la consagración
legal de recursos extraordinarios y de lo expuesto por la Corte Constitucional al
conocer de las tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas
cortes.
• Porque el Consejo de Estado es el tribunal supremo de lo contencioso
administrativo y como corporación judicial competente para juzgar la
responsabilidad del Estado, no está limitado por la investidura del juez que
incurre en error judicial9.
En esta oportunidad, la Sala precisó que en la sentencia proferida en 1997 se
consideró procedente calificar el error judicial determinante de esta responsabilidad,
con fundamento en “que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad
patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas
corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste
sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica
para hallarlo configurado”.
Sin embargo, en pronunciamiento del 5 diciembre de 2007, el Consejo de Estado
destacó que la postura referida por la Corte Constitucional, al analizar la
constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, fue modificada en sentencia
C-038 del 1° de febrero de 2006, oportunidad en la cual el Tribunal Constitucional
8
C-543 de octubre 1 de 1992, M.P. Gregorio Hernández Galindo.
9
Sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
10
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
afirmó:
(…) tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional
que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos
provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el
precepto establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial
estatal, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u
omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante.
En este sentido, la Corte Constitucional señaló, además, que pretender que la
responsabilidad patrimonial del Estado sólo se predique respecto de las acciones y
omisiones de algunos de sus poderes, “sería abiertamente inconstitucional desde la
perspectiva del Estado Social de Derecho y de los principios y valores que rigen
nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia
material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en el
ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la
disposición constitucional en comento” 10 . Esto, también se acompasa con lo
sostenido por esta Corporación el 24 de mayo de 2012:
La Ley 270 de 1996 no excluyen del ámbito de la responsabilidad estatal a las
altas corporaciones judiciales, pues quebrantaría los artículos 90 y 13
constitucionales, amén del art. 230, en cuanto, de las disposiciones no se puede
concluir que los daños antijurídicos ocasionados por las altas corporaciones de
justicia, en razón de la autonomía de sus integrantes, no tienen que ser
indemnizados (i) si se considera que todos los jueces, cualquiera que fuere su
jerarquía, gozan de autonomía para resolver conforme al ordenamiento los
asuntos que les fueren confiados, de donde se colige que no les está dado
apartarse de las previsiones constitucionales y legales en la materia, so pena
de responder administrativa, penal y patrimonialmente y (ii) los asociados no
tendrían que soportar los daños provenientes de decisiones judiciales que,
aunque sujetas a la ley y proferidas por las altas corporaciones de justicia, en
el caso concreto comportan el desconocimiento de valores y principios
constitucionales. Razón por la cual esta Corporación ha fijado su posición en lo
que tiene que ver con la responsabilidad de las altas corporaciones de justicia,
en procura de la realización de un orden justo, para dejar sentado que ningún
daño antijurídico puede ser excluido del régimen de responsabilidad estatal11.
Así las cosas, en el sub examine, la Subsección insiste en la posición expuesta,
según la cual se considera viable la declaratoria de responsabilidad patrimonial por
los errores judiciales en los que pudieran incurrir las altas corporaciones de la Rama
Judicial.
2. Oportunidad de la acción
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establecía un
término de dos años, contado a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho
que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la
acción de reparación directa, tiempo que, una vez vencido, impedía solicitar la
10
Expediente D-5839, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, sentencia de 24 de mayo de 2012, expediente 24.141.
11
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el
fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el
término de caducidad inicia a correr a partir del día siguiente a aquel en el que quedó
ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando con
esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte del proceso; no
obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación
judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el afectado
pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta12.
En este asunto se demandó a la Rama Judicial por el supuesto error jurisdiccional
que habría cometido la Corte Constitucional en la sentencia SU-484 del 15 de mayo
de 2008, decisión que quedó ejecutoriada el 9 de julio de ese año (vto fl. 134 del
expediente del c.2 de pruebas).
De este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 10 de
julio de 2010; sin embargo, el 11 de junio de 2010 se radicó la solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II Administrativa de
Bogotá, es decir, cuando faltaban 29 días para que operara la caducidad, y la
constancia de no conciliación fue expedida el 13 de septiembre de ese año13 (fls.
136 del c.2 de pruebas), después de superados los 3 meses, por ello se tendrá en
cuenta el cumplimento de ese plazo (11 de septiembre de 2010).
En ese orden de ideas, a partir de esa fecha se reanudó el término restante, el cual
se extendió hasta el 10 de octubre de ese año. Ahora, como la demanda se presentó
el 21 de septiembre de 2010 (fl. 6 del c.1), fuerza concluir que fue oportuna.
4. Legitimación en la causa
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está
demostrado que el departamento de Cundinamarca fue vinculado en el proceso de
tutela en el que se dictó la providencia que en este litigio se cataloga de errónea, de
ahí que le asiste legitimación para actuar en el presente asunto.
De otra parte, la Nación -Rama Judicial- se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, dado que fue a esta entidad a la que se le imputó el daño por el que se
demandó; no obstante, se aclara que está por determinar el sentido de la sentencia,
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
13
Se precisó que la audiencia del 1° de septiembre de 2010 se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio.
12
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
de ahí que al adelantar el estudio de fondo se determinará si existió o no una
participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado.
5. Alcance del recurso
El a quo negó las pretensiones, por considerar que no se demostró un error judicial
en el sub lite, habida cuenta de que la sentencia SU-484 de 2008 se encontraba
fundada en las normas aplicables y las reglas jurisprudenciales vigentes y, en todo
caso, la Corte Constitucional no se extralimitó en sus funciones, sino que más bien
sus órdenes estuvieron dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de los
trabajadores vinculados a la Fundación San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil.
En el recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca señaló, en concreto,
que se dejó de analizar que la Corte Constitucional lo vinculó y lo condenó
solidariamente sin justificación, pues no tenía competencia para ello y pasó por alto
que no propició la insolvencia ni tuvo relación respecto de la Fundación San Juan
de Dios; además, que confundió el principio constitucional de solidaridad con el
establecido en el Código Civil, errores que, según dijo, han afectado su presupuesto.
De este modo, la Sala determinará si la Corte Constitucional incurrió o no en error
judicial y, de ser así, si se generó una lesión patrimonial a favor de la parte actora.
6. Presupuestos del error judicial
De conformidad con los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el error judicial
se configura con las providencias contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que
el afectado hubiese interpuesto los recursos ordinarios de ley y que la decisión se
encuentre en firme.
Aquí se invoca como fuente del error judicial el fallo de la Corte Constitucional SU-
484 de 2008, el cual quedó debidamente ejecutoriado. Además, resulta necesario
aclarar que se acumularon varias acciones de tutela y la Sala Plena profirió la
sentencia de unificación correspondiente, de modo que no procedían recursos
ordinarios contra la misma, según el artículo 49 del Decreto 2067 de 199114. Por
consiguiente, la Subsección advierte que se cumplen los presupuestos propios para
el estudio del asunto.
14
“Artículo 49. Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La
nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el
fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para
que el pleno de la Corte anule el proceso”.
13
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
7. Análisis del caso concreto
7.1. Pruebas
La Sala relacionará las pruebas que la entidad demandante aportó, con el propósito
de probar el error judicial imputado:
Mediante la Resolución 5464 del 19 de agosto de 1977, el Ministerio de Salud
asumió la dirección administrativa y técnica de “todas las dependencias del centro
hospitalario “san juan de dios” de Bogotá, constituido por el Hospital San Juan de
Dios y por el Instituto Materno Infantil “Concepción Villaveces de Acosta”, debido a
que estaba funcionando de manera irregular (fls. 134 – 135 del c.6 de pruebas).
A través de la Resolución 5904 de 27 de junio de 1978, el Ministerio de Salud
continuó con la dirección técnica y administrativa de “todas las dependencias del
Centro Hospitalario de “San Juan de Dios”, por medio del Servicio Seccional de
Salud de Bogotá-Secretaría de Salud, desde el 1° de julio de 1978 hasta el 31 de
diciembre del mismo año. La misma decisión fue prorrogada de manera continua
por medio de distintos actos administrativos expedidos por el Ministerio de Salud
hasta el 5 de septiembre de 1989 (fls. 120 – 133 del c.6 de pruebas).
En 1979, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 290 de 15 de febrero, “por el
cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la
fundación San Juan de Dios” (fls. 201- 202 del c.2 de pruebas) y 1374 de 8 de junio,
“por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”15 (fl. 196 –
200 del c.2 de pruebas).
Por medio de Resolución 10869 del 6 de diciembre de 1979, el Ministerio de Salud
reconoció personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios, a la cual
pertenecían el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Materno Infantil y el Instituto
de Inmunología del San Juan de Dios, como entidad sin ánimo de lucro de derecho
privado, según la certificación expedida por el director de Desarrollo de Servicios de
Salud de la Secretaría Distrital de Salud del Distrito de Bogotá (fl. 195 del c. 2 de
pruebas).
En Acuerdo 02 del 25 de agosto de 1980, la Junta Directiva de la Fundación San
Juan de Dios la reorganizó y la describió como un centro hospitalario adscrito al
sistema general de salud (fls. 248 – 249 del c.2 de pruebas).
15
Hay que decir que el departamento de Cundinamarca hacía parte de la Junta Directiva y adoptó
decisiones en varias ocasiones frente a esa “entidad”, tal como se desprende de las actas (fl. 250
del c.2 de pruebas).
14
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En Resolución 121695 del 5 de septiembre de 1989, el Ministerio de Salud intervino
“transitoriamente los Centros Hospitalarios “San Juan de Dios” e “Instituto Materno
Infantil” de Bogotá”, esta vez sin establecer una fecha límite (fls. 94 – 95 del c.3),
pero, en Resolución 265 del 30 de enero de 1998, terminó esa actuación (fls. 47 –
46 del c.6 de pruebas).
En Resolución 1933 del 21 de septiembre de 2001, la Superintendencia Nacional
de Salud ordenó nuevamente la intervención administrativa total de la Fundación
San Juan de Dios por el término de un año, toda vez que su estado financiero hacía
imposible el cumplimiento de las obligaciones y objetivos institucionales, lo que, a
su vez, generaba problemas de orden público y administrativos (fls. 80 del c.6 de
pruebas).
Mediante Resoluciones 1739 de 20 de septiembre de 2002 (fls. 78 – 79 del c.6 de
pruebas) y 1522 de 22 de septiembre de 2003 (fls. 305 – 310 del c. 6 de pruebas),
la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención administrativa de la
Fundación San Juan de Dios hasta el 22 de septiembre de 2004 y, finalmente, en
Resolución 1317 de 22 de septiembre de 2004, la Superintendencia Nacional de
Salud finalizó la intervención forzosa sobre la Fundación San Juan de Dios (fls. 33
– 91 del c.8 de pruebas).
Durante 1982 a 1999, el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas,
Consultorios y Sanatorios de Bogotá y el departamento de Cundinamarca
-Sintrahosclisas- y la Fundación San Juan de Dios celebraron convenciones
colectivas de trabajo (cuaderno 7 de pruebas).
El 8 de marzo de 2005, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado declaró la nulidad de los Decretos 290 del 15 de febrero de 197916, 1374
del 8 de junio de 1979 17 , y 371 del 23 de febrero de 1998 18 , expedidos por el
Gobierno Nacional. La Corporación analizó varios pronunciamientos previos
relacionados con la naturaleza jurídica de la “Fundación San Juan de Dios” y a partir
de un análisis normativo, concluyó “que hasta antes de 1979 el Hospital San Juan
de Dios nunca se constituyó como persona jurídica autónoma y que, por lo mismo,
jamás tuvo la condición de fundación, lo que impedía que los actos acusados le
asignaran ese tratamiento. (…) al tratarse, como efecto durante mucho tiempo se
trató, como una institución de salud departamental, a quien correspondía tomar
16
“por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la
fundación San Juan de Dios”.
17
“por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
18
“por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la fundación San Juan
de Dios”.
15
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
determinaciones concernientes a ese hospital es a la Asamblea Departamental”.
(fls. 1 – 110 del c.2 de pruebas):
Mediante sentencia de unificación SU-484 del 15 de mayo de 2008, la Sala Plena
de la Corte Constitucional revisó 23 acciones de tutela presentadas contra la
Nación-Ministerio de la Protección Social, el departamento de Cundinamarca y la
Beneficencia de Cundinamarca, con identidad de supuestos fácticos, en las que los
accionantes, que habían sido trabajadores del Hospital Materno Infantil o del
Hospital San Juan de Dios, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social; al tiempo que se ordenara el pago de
salarios y prestaciones adeudadas. En el trámite de revisión, la Corte Constitucional
vinculó al Distrito de Bogotá, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Gerente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios.
En tal decisión, la mencionada Corporación, después de realizar una reseña
histórica sobre la creación de la Fundación San Juan de Dios, consideró que
efectivamente los actores de las acciones constitucionales estuvieron vinculados
laboralmente con la Fundación San Juan de Dios, bien a través del hospital del
mismo nombre o del Instituto Materno Infantil, que les dejaron de cancelar por varios
años los salarios y prestaciones laborales, con lo cual se afectó gravemente sus
derechos. En ese sentido, adujo que no se podía atribuir a los trabajadores el
manejo que se dio a la fundación empleadora, que impidió el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos laborales.
Aquí hizo hincapié en (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para
hacer efectivo el pago de acreencias laborales; (ii) la protección de principios y
derechos fundamentales de los trabajadores; (iii) la situación del trabajador frente a
la crisis presupuestal de su empleador; (iv) la prohibición de venirse contra los
propios actos y el principio de la confianza legítima respecto de la administración;
(v) la necesidad de dictar una sentencia de unificación y (vi) la constatación de una
grave vulneración de derechos fundamentales en la situación de los ex empleados
y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios.
Así pues, ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales invocados, la
Corte Constitucional reconoció “a los trabajadores de la Fundación San Juan de
Dios los salarios, las prestaciones sociales (dentro de las que se encuentran las
pensiones), las indemnizaciones y descansos, como derechos provenientes de la
prestación del servicio desarrollado”, así como las cotizaciones al sistema de
16
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
seguridad social, no sin antes hacer algunas consideraciones frente a las entidades
que debían asumir esa obligación:
(…) En estas circunstancias, y dadas las respuestas de las entidades
accionadas según las cuales ninguna de ellas es responsable por la vulneración
de los derechos fundamentales de los actores aduciendo que no se encuentran
legitimados en la causa por pasiva, para esta Colegiatura resulta claro que
nadie quiere asumir las responsabilidades que le corresponden, bajo el sofisma
de una indefinición sobre la entidad encargada de pagar las deudas laborales
en que se fundamenta las pretensiones de la demanda y, más aun, que existe
un conflicto de carácter jurídico entre el Distrito Capital, el Departamento de
Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público- sobre el particular.
(…) Esta Corporación tendrá en cuenta los siguientes principios para resolver
el conflicto jurídico planteado:
a). El principio de Solidaridad.
b). El principio de Equidad.
c). El principio de que “Quien se beneficie debe soportar ciertas cargas”
d). El principio de que “Quien administra o vigila debe actuar con diligencia”.
Así las cosas, verificados los siguientes hechos: Que la Nación por conducto
del el Ministerio de Protección Social o por intermedio de la Superintendencia
de Salud (administró – vigiló), que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público es responsable del pasivo prestacional del sector salud hasta el 31 de
diciembre de 1993; verificado que tanto el Hospital San Juan de Dios y el
Instituto Materno Infantil han funcionado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital;
verificado el hecho de que la Gobernación de Cundinamarca por intermedio de
su Gobernador designa al Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca y
además integra su Consejo Directivo 19 ; verificado que los bienes de la
Fundación San Juan de Dios y a raíz de la sentencia del Consejo de Estado –
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- regresaron a la Beneficencia de
Cundinamarca; es necesario que todos concurran de manera solidaria y
equitativa con el fin de restablecer los derechos constitucionales fundamentales
de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios.
Con base en el principio constitucional de solidaridad, base esencial en un
Estado Social de Derecho, el cual implica que exista una responsabilidad estatal
mucho más ligada a la obtención de resultados favorables a la satisfacción de
las necesidades primigenias de la comunidad, que recae sobre los particulares
pero que es primordialmente exigible al Estado (artículos 1 y 95
constitucionales) y bajo el entendido que la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público-, Bogotá Distrito Capital, la Beneficencia de Cundinamarca y el
Departamento de Cundinamarca, no solo participaron en algún momento en la
administración de la Fundación San Juan de Dios, sino que igualmente se
beneficiaron en gran manera de los servicios de salud que ésta prestaba,
19
Cita del texto original: “Decreto 028 de 28 de febrero de 2005 “Por el cual se modifica la
estructura Orgánica o Estatuto Básico de la Beneficencia de Cundinamarca”.
Artículo 1°: Denominación y naturaleza jurídica. La Beneficencia de Cundinamarca, es un
establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de Salud, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente (…)
Artículo 4°: Órganos de Dirección y Administración. La Dirección y Administración de la Beneficencia
de Cundinamarca estará a cargo del Consejo Directivo y del Gerente, quien es el representante legal
de la Beneficencia de Cundinamarca.
Artículo 5°: (…).
Parágrafo: Las Funciones relacionadas con la organización interna y la planta de personal, necesitan
para su validez, la aprobación por Decreto del Gobernador.
Artículo 6°: El Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Beneficencia de Cundinamarca, estará
integrado así:
a. El Gobernador de Cundinamarca o su delegado, quien lo preside
b. El Ministro de la Protección Social, o su delegado
c. El Secretario de Salud o su delegado
d. El Secretario de Educación o su delegado
e. El Secretario de Planeación o su delegado”.
17
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
entrará la Corte Constitucional a dar las órdenes que considere pertinentes para
salvaguardar los derechos fundamentales violentados.
Finalmente, el Alto Tribunal Constitucional identificó las fechas hasta las cuales se
extenderían los reconocimientos y a quienes resultaban aplicables y, en particular,
sobre el departamento de Cundinamarca, resolvió:
(…) SEGUNDO. DECLARAR la violación de los derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de los trabajadores
vinculados con la Fundación San Juan de Dios – Hospital San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil-. Por tal razón, el derecho al salario y a las prestaciones
sociales debe ser protegido y salvaguardado.
(…) DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR que, en relación con el pago por concepto
de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social, que incluye el
pasivo pensional y respecto de todas las obligaciones mencionadas en el
numeral décimo, de la Fundación San Juan de Dios que comprende el Hospital
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, causado entre el primero (1º)
de enero de 1994 y el 14 de junio de 2005, deben concurrir:
1.La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del
cincuenta por ciento (50 %).
2.Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del veinticinco por ciento (25%.
3.La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento de
Cundinamarca en un porcentaje del veinticinco por ciento (25 %).
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR que, en relación con el pago de los salarios,
prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones, de
la Fundación San Juan de Dios, mencionados en el numeral noveno causados
hasta el 29 de octubre de 2001, en relación con el Hospital San Juan de Dios y
los causados hasta el 14 de junio de 2005, en relación con el Instituto Materno
Infantil, deben concurrir:
1.La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del
treinta y cuatro por ciento (34 %).
2.Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).
3.La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento de
Cundinamarca en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).
DÉCIMO TERCERO: Con el fin de evitar problemas de iliquidez, el responsable
del pago y en consecuencia de los desembolsos, frente a los trabajadores, para
cancelar en los plazos señalados en los ordinales noveno (9°) y décimo (10°)
las obligaciones relacionadas por concepto del pasivo pensional, los salarios,
prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones, es
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de que éste
pueda repetir, compensar o deducir en las proporciones aquí fijadas o que se
fijen, conforme a esta sentencia de las transferencias, regalías o
participaciones, contra Bogotá Distrito Capital, el Departamento de
Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca (…)
(…) En el evento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá
Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca, no lleguen a un acuerdo – el cual no implica responsabilidad
patrimonial - o no estén de acuerdo con la distribución hecha por la Corte
Constitucional, podrán acudir ante el Juez Competente (Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo) para definir las relaciones entre ellos y la respectiva
responsabilidad patrimonial por sus actos, hechos, omisiones, operaciones, etc;
la Corte Constitucional habilita un término de dos (2) años, para iniciar las
acciones legales - contados a partir del vencimiento del año (1) señalado en el
ordinal (5.8).
En este orden de ideas, es necesario que la Corte precise que mediante el
presente fallo no se está pronunciando respecto de la responsabilidad
patrimonial del Estado. Las órdenes aquí impartidas tienen por objeto único
18
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
proteger los derechos fundamentales que se encuentran violados. Así las
cosas, es claro que el mecanismo, subsidiario, residual y extraordinario, que es
la acción de tutela, no constituye el procedimiento idóneo para establecer en el
caso que por medio de la presente sentencia se trata, cuál es el daño antijurídico
que sufrieron los demandantes y la imputabilidad de dicho daño a alguna de las
entidades de carácter público vinculadas a la presente acción. Lo que está
efectuando la Corte es la aplicación del principio de solidaridad y no realizando
imputaciones de responsabilidad patrimonial (se destaca).
Por último, se aportó un dictamen pericial, en el que se concluyó que entre 2008 y
2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la sentencia
SU-484 de 2008, había reportado un pago de $38.473’080.193, de los cuales
correspondía al departamento de Cundinamarca por pago solidario la suma de
$9.618’270.048 hasta ese momento.
Igualmente, dicha cartera ministerial informó que, tal como lo señaló el demandante,
habían iniciado varios procesos de cobro coactivo contra el departamento de
Cundinamarca en solidaridad con la Beneficencia de Cundinamarca, en los cuales
se habían embargado varios rubros (cuaderno 9 de pruebas).
7.2. Carga de suficiencia, trascendencia y debida argumentación de quien
invoca como título de imputación un error judicial
El error judicial tiene su génesis en una decisión contraria y/o violatoria de la ley, de
ahí que puede acaecer por la configuración de dos supuestos, esto es, el error de
hecho y el de derecho, entendidos estos como causales específicas que
fundamentan el error jurisdiccional y sobre las cuales se estudiará el título de
imputación, sin que sea necesario invocarlos directamente, pues basta con que el
juez de instancia pueda interpretarlos de una valoración integral de la demanda,
siempre y cuando aparezcan de manera clara, precisa y estén debidamente
argumentados.
Así, cuando se trate de un error de derecho se deberá establecer, por lo menos, un
señalamiento de las normas que se consideran como transgredidas y una
explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Por su parte, en lo
que concierne al error de hecho, se deberá explicar cuáles fueron las pruebas sobre
las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se violó la ley.
En efecto, la fundamentación de las causales para cimentar el error judicial exige
demostrar los yerros cometidos por el juzgador en la providencia de la que se alega
proviene el daño antijurídico, el cual pudo haber comprometido la legalidad de la
decisión cuestionada tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (in
judicando) como las relativas al derecho procesal (in procedendo) y que, de todos
modos, tendrían que tener entidad suficiente para haber hecho mutar la decisión
que tomó.
19
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Esta oportunidad se reitera lo señalado por la Subsección en pronunciamientos
anteriores 20 en los que se indicó que, en el título de imputación por error
jurisdiccional, el interesado deberá cumplir con la identificación del objeto de este,
así como establecer un concepto de violación. Con este fin, le corresponderá
cumplir con las cargas de claridad, precisión y debida argumentación para
demostrar que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada. Esto se dijo:
a) La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer
comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error
judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea
determinable.
b) La precisión implica que se deben identificar las razones que sirvieron de
base de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento central de la
decisión que se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria,
pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado,
entonces, un daño antijurídico.
c) La debida la argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de
suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables
para atar la claridad y la precisión, para efectos de que opere el error
jurisdiccional.
Para la Sala, es indispensable que la crítica de la providencia aparentemente
contentiva del error judicial guarde adecuada consonancia con lo esencial de la
motivación que se pretende descalificar. Valga decir, que se refiera
directamente a las bases decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se
asienta la decisión. De ahí que, si el ataque se hace bajo apreciaciones
subjetivas del demandante y no a lo que objetivamente constituye el
fundamento de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la
imputación jurídica de la demandada, lo que confluiría en un fallo denegatorio
de pretensiones.
En ese orden, el interesado debe circunscribir sus argumentos fácticos y
jurídicos a desvirtuar la presunción de juridicidad y acierto que abriga la totalidad
de la providencia judicial cuestionada o que conforman su ratio decidendi
(suficiencia), al tiempo que permita verificar que el resultado del
pronunciamiento habría sido distinto de no cometerse el yerro (trascendencia),
no de manera imprevista, sino con sujeción a requisitos previamente
establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar linderos de la litis para efectos
de que sea decidida por el juez contencioso administrativo sin entrar a suplantar
la esfera del juez natural.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que para
romper con la presunción de legalidad que ampara a las decisiones judiciales
es necesario que la equivocación enrostrada al pronunciamiento judicial sea
trascendente; es decir, que tenga la suficiente relevancia como para cambiar el
sentido del proveído y, además, que se refiera a la totalidad de sus
fundamentos, pues, de conservar al menos uno de los sustratos, el fallo no
podrá ser declarado como transgresor del ordenamiento21.
20
Se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 20 de noviembre de 2019, expediente 43.042,
del 12 de diciembre de 2019, expedientes 45.602 y 44852, y del 10 de septiembre 2020, expediente
55.004.
21
Cita del texto original: “en reciente sentencia de casación, la Sala Civil del órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria, razonó (…) adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte amparadas
por la presunción de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual ha de
efectuar una crítica concreta, coherente, simétrica y razonada frente a los aspectos del fallo que
considera desacertados, con indicación de los fundamentos generadores de la infracción a la ley,
evidenciar la trascendencia del yerro y referirse a todos los pilares de la decisión” (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4902-2019 de 13 de noviembre de 2019, M.P. Luis
Alonso Rico Puerta).
20
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Se aclara que, si bien la jurisprudencia traída a colación versa sobre un recurso
ajeno a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es evidente que los
razonamientos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en punto de la
trascendencia y suficiencia del yerro puesto de presente por el accionante
respecto de la providencia judicial cuestionada son trasladables a la dogmática
del error jurisdiccional y deben ser siempre satisfechos por el demandante si
pretende que sus súplicas salgan avantes, debido a que tanto la casación como
el error judicial se asemejan en que ambos requieren de un mismo presupuesto
para su éxito, la constatación de una transgresión relevante del carácter
constitucional y legal.
En suma, esta Subsección ha considerado que, además de los requisitos descritos
en la Ley 270 de 1996, es imperioso que el juez administrativo se cerciore de que,
de existir un yerro en la decisión revisada en sede del título de imputación estudiado,
este sea trascendente –tenga la vocación de modificar el sentido de esta– y
suficiente –destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del
pronunciamiento- para que se pueda declarar la existencia de un error
jurisdiccional–.
7.3. Caso concreto
Cabe recordar que en el escrito inicial la parte actora señaló, en resumen, que la
sentencia SU-484 de 2008, dictada por la Corte Constitucional, incurrió en error
judicial, porque sin pruebas lo vinculó y lo condenó, más cuando nunca ejerció como
administrador ni intervino en el déficit patrimonial de la Fundación San Juan de Dios;
además, señaló que tampoco existía una ley o un acuerdo de voluntades para
asumir la solidaridad y que esa Corporación no era competente para dictar una
providencia de responsabilidad patrimonial.
El a quo del proceso de reparación directa argumentó que no existió error judicial,
pues la providencia examinada cumplió con los presupuestos legales y las reglas
jurisprudenciales vigentes para la resolver la controversia planteada vía tutela, por
ende, había lugar a denegar las pretensiones reclamadas.
En síntesis, determinó que la Corte Constitucional no desconoció sus funciones,
teniendo en cuenta que salvaguardó los derechos fundamentales de un grupo de
personas vulnerables y podía expedir órdenes tendientes al cumplimiento del
amparo reconocido. También coligió que, en atención a las pruebas allegadas en
las acciones de tutela acumuladas, era procedente su vinculación, puesto que
integró la fundación y participó en las decisiones que conllevaron a su insolvencia.
En el recurso de apelación objeto de análisis, la parte actora insistió en los
argumentos de la demanda, con el propósito de atacar la determinación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
21
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Para la Subsección, la parte demandante no logró acreditar la trascendencia y
suficiencia de los yerros enrostrados a la providencia SU-484 de 2008, proferida por
la Corte Constitucional, en el trámite de varios procesos de tutela acumulados y
promovidos por los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de
Dios, para obtener la protección de sus derechos fundamentales.
La demanda no presenta una argumentación clara y precisa respecto del supuesto
yerro probatorio, dado que se limita a mencionar que la Corte Constitucional emitió
una decisión “sin sustento probatorio”; empero, no desarrolla esa afirmación, ni
siquiera identificó algún hecho concreto que se hubiera dejado de probar -que era
lo mínimo que le correspondía hacer a la actora- y tal expresión por sí sola es
insuficiente para mutar el sentido de la providencia cuestionada.
Igualmente, la Sala estima que lo sostenido por la parte actora ante un eventual
error de derecho, resulta insuficiente e intrascendente para modificar la decisión
objeto de cuestionamiento, puesto que para que prosperaran las pretensiones era
imperioso acreditar que todos los fundamentos esenciales del pronunciamiento
atacado desconocían el ordenamiento jurídico y que, por tanto, la decisión debía
haber sido distinta a la plasmada en el fallo reprochado. De no ser así, el error
enrostrado carece de relevancia, en tanto no destruye todas las bases de la
sentencia amparada por la presunción de acierto.
En el caso examinado, aunque el departamento de Cundinamarca planteó varios
reproches frente a la sentencia de la Corte Constitucional, los mismos no gozan de
precisión y debida argumentación, de conformidad con el precedente aludido con
antelación.
Lo anterior, por cuanto giran en torno a la solidaridad del pago de las acreencias
laborales impuestas con ocasión de la insolvencia y a la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos que le reconocían personería jurídica a la Fundación San
Juan de Dios, aspecto que se constituyó únicamente en la consecuencia de la
decisión enjuiciada, pero la entidad estatal olvidó explicar por qué, a su parecer, las
razones que expuso la Corte Constitucional en su sentencia (motivaciones o reglas
que condujeron al amparo deprecado) y que la llevaron a adoptar esa determinación
eran contrarias a derecho o desconocían algún precedente judicial, pues finalmente
ello fue lo que originó la obligación respectiva.
Ciertamente, en la sentencia SU-484 de 2008 se indicó que el departamento de
Cundinamarca debía cubrir solidariamente el pasivo laboral de la fundación, con
fundamento en razones históricas, normativas, jurisprudenciales y probatorias,
22
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
motivos que la parte demandante no controvirtió, sino que se limitó en sostener que
la entidad era una persona jurídica independiente.
Nótese que la Corte Constitucional explicó la situación sobre la creación y extinción
de la fundación, la participación del departamento de Cundinamarca y los beneficios
de la prestación del servicio; la vinculación y el incumplimiento de los compromisos
laborales de los trabajadores a la misma; la excepcionalidad de la tutela para hacer
efectivos los derechos reclamados y su vulneración; el desconocimiento de
principios y valores constitucionales, así como el precedente aplicado por esa
Corporación en asuntos similares al estudiado, presupuestos que obvió la parte
accionante, pese a que representan el cimiento del pago impuesto, que es lo que
genera, en esencia, su inconformidad.
La parte actora no puede pretender que, a partir sólo del enunciado atinente a la
solidaridad del pago impuesto, la Sala revise la providencia cuestionada, en la
medida en que esto desdibujaría el propósito de la acción de reparación directa, por
error judicial, en la cual el juez debe ceñirse a los cargos claros, específicos y
concretos que formule el demandante, mas no le corresponde revisar, de manera
oficiosa, todos aquellos puntos que fueron analizados por el juez de la causa para
efectos de establecer si existe o no un yerro.
Aunado a lo expuesto, es importante destacar que la entidad reiteró lo dicho en sede
de tutela, esto es, que “no es ni ha sido empleador de los trabajadores que prestaron
sus servicios a la Fundación San Juan de Dios”; sin embargo, no realizó ningún
esfuerzo para debatir las justificaciones específicas frente al alcance dado por la
Corte Constitucional en la sentencia sobre ese argumento, situación que supone
una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación jurídica realizada.
De otra parte, en lo atinente a la falta de competencia para expedir la sentencia SU-
484 de 2008, nada ahondó al respecto, tanto así que pasó por alto señalar los
preceptos normativos presuntamente violados.
En lo que concierne a la presunta vulneración del principio de autonomía, derivado
del hecho de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha adelantado cobros
por los valores desembolsados, en cumplimiento de la sentencia, la Sala advierte
que esto corresponde a un efecto de la providencia judicial y no a un asunto
directamente dilucidado en la controversia de índole constitucional.
Así las cosas, se desestimarán las súplicas de la demandante, en la medida en que
esta Subsección considera que, en el caso concreto, no se demostró la existencia
23
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00665-01 (51.407)
Actor: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
de un error jurisdiccional que deba ser reparado. Así las cosas, el fallo de primera
instancia será confirmado en su integridad.
8. Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de
acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
firmado electrónicamente firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Salvamento de voto
VF
24
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.