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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01591-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01591-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015, por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa, respecto de José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila Méndez, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 25 Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873) Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-01591-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
ERROR JUDICIAL / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN – CARGA
SUSTANTIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN – No se cumplió respecto una de
las imputaciones / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS – No se configuró / PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL
ERROR – CARGAS DE CLARIDAD, PRECISIÓN Y ARGUMENTACIÓN – No se
configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La parte actora pretende que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial, por
considerar que en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el
marco del proceso ordinario bajo radicación No. 1999-00319, se incurrió en un error
jurisdiccional, por indebida valoración probatoria.

SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 22 de enero de 20151, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 19 de diciembre de 2011 2,
por los señores María Teresa Méndez de Ávila (víctima directa), José Ricardo Ávila
Díaz (cónyuge) y Kelly Johana Ávila Méndez (hija), en contra de la Nación – Rama
Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los
siguientes

1 Folios 128 a 142 del cuaderno principal.
2 Folio 25 del cuaderno 1.

1

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la
consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron causados con las sentencias proferidas el 25 de junio de 2009 y 24 de
noviembre de 2010, por el Juzgado 30 Civil del Circuito -Adjunto- de Bogotá y la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante las cuales
se declaró la prescripción de la acción ordinaria, la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Fondo Nacional del Ahorro y la inexistencia del incumplimiento del
contrato de compraventa, por parte de la Sociedad Industrial de Construcciones
Ltda., respectivamente.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) 400 S.M.L.M.V., para la
directamente afectada, 350 S.M.L.M.V., para su cónyuge y 200 S.M.L.M.V., para su
hija, por concepto de perjuicios morales y por alteración a las condiciones de
existencia y ii) $250’000.000, a favor de María Teresa Méndez de Ávila, por
perjuicios materiales3.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, se indicó que el Fondo Nacional del
Ahorro, en adelante FNA, ofreció a sus afiliados, entre ellos, la señora María Teresa
Méndez de Ávila, el proyecto de vivienda denominado “Unidad Casablanca 32”
ubicado en la carrera 85B # 45 17 Sur de Bogotá, que sería ejecutado por la
Sociedad Industrial de Construcciones Ltda. En tal virtud, la aquí demandante
realizó los trámites respectivos para la obtención de un apartamento tipo 2.

6. Mediante oficio No. 43683 del 23 de noviembre de 1981, el FNA le comunicó a la
señora Méndez de Ávila que su crédito de vivienda había sido aprobado; además,
le otorgó un plazo de 7 días para que cumpliera con los requisitos para adquirir el
inmueble, entre ellos, consignar la suma de $131.716, pues, de no hacerlo así, dicho
fondo anularía el préstamo.

7. Después de realizada la consignación, el 11 de febrero de 1982, la señora María
Teresa elevó la escritura pública No. 322 ante la Notaría Veintinueve de Bogotá,
mediante la cual se protocolizó la compra del inmueble identificado con folio de
matrícula No. 50S-0647771 y, a pesar de que la constructora le entregó una orden
para que le fuera adjudicado el predio el 11 de mayo siguiente, la misma no se hizo
efectiva, en tanto que la obra no había sido terminada. Asimismo, advirtió que la
aquí demandante no pudo recibir el bien, debido a la mala calidad de los materiales
utilizados en la edificación.

3
Folios 4 a 6 del cuaderno 1.

2

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

8. Se resaltó que el 16 de noviembre de 1982, la señora Méndez de Ávila informó a
la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda. y al FNA que, pese a los
inconvenientes que estaba presentando para la recepción del apartamento, había
recibido un cobro por 8 cuotas atrasadas. En suma, el 2 de febrero de 1983, advirtió
que la constructora pretendía entregarle un inmueble que no superaba los 56.54 m2,
cuando en la cláusula segunda de la escritura pública se pactó que la misma
correspondería a 61.64 m2.

9. Mediante oficio No. 22895 del 7 de julio de 1983, el FNA comunicó a la
demandante que, una vez recibido el predio, debía cumplir con la obligación
dineraria; sin embargo, aquella reiteró que procedería de conformidad cuando le
fuera entregado el apartamento con las características estipuladas en la escritura
de compraventa. En ese sentido, como la accionante no efectuó el pago, la entidad
financiera pignoró sus cesantías.

10. Ante la situación advertida, la señora María Teresa Méndez presentó demanda
ordinaria de resolución de contrato de compraventa de inmueble en contra del FNA
y la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda. El proceso fue asumido por el
Juzgado 30 Civil del Circuito -Adjunto- de Bogotá, el cual, en sentencia del 25 de
junio de 2009, declaró probada la prescripción de la acción.

11. En virtud del recurso de apelación formulado por la demandante, el 24 de
noviembre de 2010, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá,
revocó el ordinal primero de la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del FNA e
inexistencia de incumplimiento del contrato por parte de la constructora.

12. Se precisó que las providencias adversas a la señora María Teresa Méndez de
Ávila fueron el resultado de la indebida valoración probatoria, especialmente, de la
escritura pública No. 322 del 11 de febrero de 1982, la cual, a su juicio demuestra,
de un lado, que la entidad financiera sí tenía capacidad para ser parte en ese asunto
y, de otro, que el área del inmueble y la calidad de materiales utilizados en la obra
no fueron los pactados en el negocio jurídico.

13. Se concluyó que el error jurisdiccional, materializado a través de las anteriores
providencias, les causó perjuicios materiales e inmateriales que deben
indemnizarse por parte de la demandada.

3

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

La defensa

14. El 12 de abril de 20124, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y, pese a que fue debidamente notificada, la Rama Judicial presentó
escrito de contestación de manera extemporánea5.

Alegatos

15. Surtida la etapa probatoria6, en auto del 18 de noviembre de 20147, el a quo
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto.

16. La parte actora insistió en la responsabilidad de la autoridad judicial, bajo el
título de imputación de error jurisdiccional8.

17. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

La decisión

18. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C negó las pretensiones de la
demanda9.

19. Como sustento de su decisión, manifestó que resultaba inocuo el estudio de la
sentencia del 25 de junio de 2009, proferida por el Juzgado 30 Civil del Circuito
-Adjunto- de Bogotá, puesto que, al haber sido revocada por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 24 de noviembre de 2010, carecía

4 Se precisa que, mediante auto del 12 de abril de 2012, el a quo admitió la demanda. Posteriormente, el 13 de

septiembre siguiente, tuvo por no contestada la demanda, por lo que procedió a decretar las pruebas solicitadas
por el extremo activo de la litis. El 14 de febrero de 2013, la entidad demandada presentó solicitud de nulidad,
debido a que no se fijó en lista el auto admisorio de la demanda. Dicha petición fue acogida por el despacho
sustanciador el 12 de julio siguiente, por lo que decretó la nulidad de lo actuado desde el proveído del 13 de
septiembre de 2012 -Folios 33 a 34, 38 a 39 y 53 del cuaderno 1 y folio 11 del cuaderno 3-.
5 La fijación en lista se realizó entre el 2 y 16 de agosto de 2013 y la entidad demandada allegó el escrito de

contestación el 26 de agosto siguiente -Folio 55 a 58 del cuaderno 1-
6 En auto del 26 de agosto de 2013 -Folios 63 y 64 del cuaderno 1-, el a quo tuvo como prueba los documentos

aportados por la parte actora, esto es, el registro civil de nacimiento de Kelly Johanna Ávila Méndez y el registro
civil de matrimonio perteneciente a los señores María Teresa Méndez y José Ricardo Ávila Díaz, las copias de
los fallos de primera y segunda instancia y de las cédulas de ciudadanía de los demandantes -Folios 16 a 74
del cuaderno 1-.
Asimismo, ofició: i) al Fondo Nacional del Ahorro, para que remitiera toda la documentación correspondiente a
la solicitud y obtención del crédito para la adquisición del inmueble; además, para que allegara el acta o
resolución por medio de la cual fue retirado del cargo el gerente de esa entidad, Saúl Duque Gómez -Folios 73
a 90 del cuaderno 1-; ii) al Juzgado 30 Civil de Circuito de Bogotá, para que enviara el expediente bajo radicado
No. 1999-0319 y iii) al periódico el Tiempo, para que remitiera los ejemplares de las fechas 4, 30 de julio de
1983 y 11 de marzo 1984 -Folio 72 del cuaderno 1-.
A renglón seguido, decretó practicar los testimonios de los señores José Jorge Farfán Berrio, Irene Figueredo
Hernández, Diego Betancourt y Rafael Arturo Páez Estévez -Folios 43 a 49 del cuaderno 1-.
7 Folio 112 del cuaderno 1.
8 Folios 113 a 126 del cuaderno 1.
9 Folios 128 a 142 del cuaderno principal.

4

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

de uno de los presupuestos de procedencia establecidos en el artículo 67 de la Ley
270 de 1996, consistente en la firmeza de la decisión contentiva del presunto error.

20. En lo que respecta al fallo de segunda instancia, específicamente, a la
declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva del FNA, afirmó que,
debido a que las pretensiones del proceso ordinario giraron en torno a la declaratoria
de existencia e incumplimiento del contrato de compraventa consignado en la
escritura pública No. 322 del 11 de febrero de 1982, la decisión adoptada por la Sala
Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se encontraba
ajustada a derecho, por cuanto la relación jurídica que surgió entre dicha financiera
y la aquí demandante no tuvo origen en el mentado acto jurídico, sino en el contrato
de mutuo que aquellas suscribieron para el pago del predio.

21. En cuanto a la declaratoria de inexistencia de incumplimiento del contrato de
compraventa por parte de la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda.,
argumentó que, si bien en la cláusula segunda de la escritura pública se pactó que
el área privada del apartamento sería de 61.64 m 2, lo cierto es que al haberse
realizado la venta como cuerpo cierto, con señalamiento de linderos -art. 1889 del
C.C.-, la señora María Teresa no podía alegar en el proceso ordinario que hubo
incumplimiento, por entregarse el bien con un área privada de 56.64 m 2.

22. En todo caso, advirtió que, según el inciso final del citado artículo, la aquí
demandante solo podía cuestionar que el vendedor no le entregó todo lo
comprendido en los linderos, situación que no invocó, en tanto que se limitó a decir
que la construcción se realizó con materiales de baja calidad, circunstancia que
tampoco acreditó. Por lo expuesto, consideró que en el proceso no se demostró que
la entidad demandada hubiere incurrido en un error normativo o fáctico en las
providencias cuestionadas.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

23. Inconforme con la decisión en comento, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

24. Manifestó que el a quo desconoció que el FNA fue el que compró los
apartamentos a la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda. y, a su vez, los
vendió a sus afiliados, pues de otra manera aquellos no hubieren podido i) recibir
por parte de dicha entidad financiera la oferta del inmueble; ii) ordenar a la aquí
demandante que consignara en la cuenta de la constructora la suma de $131.716;
iii) recibir en pignoración las cesantías de María Teresa; iv) suscribir como
vendedora la respectiva escritura de compraventa del inmueble; y, v) contratar con
la constructora la edificación de los apartamentos y pactar la elaboración de las

5

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

escrituras de los afiliados que el FNA le indicara. Por lo anterior, afirmó que las
pruebas que militan en el proceso demuestran que la entidad financiera sí participó
de forma directa en el acto jurídico que originó la controversia suscitada.

25. De igual forma, sostuvo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
desconoció el contenido de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, normas que
consagran el principio de la ley contractual y la buena fe en la ejecución de los
contratos. Al lado de lo anterior, sostuvo que dichas autoridades judiciales omitieron
valorar los elementos de juicio aportados al expediente, los cuales acreditan el
incumplimiento por parte de la constructora y el FNA, en las obligaciones
estipuladas en el contrato de compraventa contenido en la escritura pública No. 322
del 11 de febrero de 198210.

26. Para el efecto, precisó, en primer lugar, que la cláusula octava de la escritura
de compraventa demuestra que las demandadas en el proceso ordinario no
cumplieron con la fecha de entrega acordada, esto es, el 11 de febrero de 1982,
pues, la comunicación del 7 de diciembre de 1981, evidencia que la constructora
solicitó al director del FNA una prórroga para entregar el bien el 15 de febrero
siguiente. En segundo término, advirtió que el concepto de cuerpo cierto
incorporado en la cláusula segunda hacía referencia “a algo existente o tangible,
por lo que el pronunciamiento del juez no tenía cabida, toda vez que para la época
de la firma de la escritura el apartamento no se encontraba construido”. En ese
sentido, adujo que como la venta se hizo sobre planos, con señalamiento de cabida
y linderos la constructora, en virtud del inciso segundo del artículo 1889, estaba
obligada a entregar todo lo acordado en la negociación, inclusive la superficie del
predio. Finalmente, advirtió que la referida sociedad incumplió con las
características establecidas en la escritura de compraventa11.

26. Por otra parte, se advierte que el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 17 de marzo de 2015, negó la
adición del recurso de apelación formulada por la parte actora el 23 de febrero de
2015, por cuanto el término establecido en el inciso segundo del artículo 212 del
C.C.A., venció el 16 de los mismos mes y año12.

27. En proveído del 24 de junio de 201513, esta Corporación admitió el recurso de
apelación formulado por el extremo activo de la liitis, y el 4 de octubre de 2016 corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A.14.

28. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso15.

10 Folios 144 a 156 del cuaderno principal.
11 Folios 144 a 156 del cuaderno principal.
12 Folio 213 del cuaderno principal.
13 Folio 217 del cuaderno principal.
14 Folio 222 del cuaderno principal.
15 Folios 223 a 233 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

29. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia, tras
señalar que las pruebas que militan en el expediente develan que, al momento de
adoptar la el fallo del 24 de noviembre de 2010, la Sala Civil de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá valoró de manera adecuada los elementos
de juicio aportados en el proceso ordinario, los cuales evidenciaron, por un lado,
que el FNA no participó de manera directa en los hechos constitutivos del litigio, por
cuando no suscribió el acto jurídico cuestionado en calidad de vendedor y, por otro,
que la constructora no incumplió con el contrato de compraventa, toda vez que,
como en la escritura pública No. 322 del 11 de febrero de 1982, se estipulo que el
mentado apartamento se vendió como cuerpo cierto, la extensión del área no
comportaba una inobservancia de lo pactado16.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

30. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso
de apelación indicado.

Problema jurídico

31. El aspecto central que será materia de análisis y determinación se circunscribe
a verificar, en los términos del recurso de apelación, si la sentencia del 24 de
noviembre de 2010, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, incurrió en error jurisdiccional por indebida valoración
probatoria, al declarar, de un lado, la falta de legitimación en la causa por pasiva del
FNA y, de otro, la inexistencia de incumplimiento del contrato de compraventa
contenido en la escritura pública 322 del 11 de febrero de 1982, a pesar de que el
inmueble no fue entregado dentro del tiempo pactado y sin el área y características
acordadas. En caso afirmativo, se analizará la indemnización de perjuicios
pretendida por la parte actora.

32. Es del caso precisar que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno
al desconocimiento de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil en tanto que dicha
imputación no fue propuesta en la demanda, sino que fue introducida en el recurso
de apelación, variando la causa petendi, por lo que su análisis desconocería de
manera flagrante el debido proceso, al sorprender a la contraparte con una
imputación frente a la cual no tuvo la oportunidad de defenderse17.

16 Folios 576 a 581 del cuaderno principal.
17 En aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los artículos 170 del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los cuales, la sentencia debe
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como, con las excepciones
propuestas y probadas, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno al error de derecho alegado en
el recurso de alzada, habida cuenta que con dicho descenso se está modificando la causa petendi.

7

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Legitimación en la causa por activa

33. Previo a la definición del aspecto antes referido, la Sala aclara que, aunque el
tema de la legitimación en la causa por activa no fue objeto de análisis por parte del
a quo; le corresponde al juez al momento de dictar sentencia, analizar los
presupuestos procesales de la acción, los que no pueden ni deben entenderse
saneados o clausurados por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en
el transcurso del proceso. La certeza de esta obligación, está fijada en la sentencia
de unificación del 6 de abril de 201818, en la que la Sala Plena de esta Sección se
pronunció en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso
administrativo de decretar excepciones de fondo.

34. En virtud de lo anterior, la Subsección procederá a verificar si María Teresa
Méndez de Ávila -víctima directa-, José Ricardo Ávila Díaz -cónyuge- y Kelly Johana
Ávila Méndez -hija- cuentan con legitimación en la causa por activa.

35. Debido a que el proceso versa sobre la responsabilidad que se demanda por un
presunto error judicial, en cuyo núcleo se encuentra el cuestionamiento a una
providencia judicial, la Sala estima recordar, en primer lugar, la noción de parte19.

36. Según la teoría general del proceso, dicho concepto se analiza desde una
perspectiva formal y sustancial. La primera, hace referencia a la relación procesal
existente entre el sujeto -en nombre propio o en cuyo nombre se pide- que impulsa
la actividad jurisdiccional con el objetivo de reclamar una determinada pretensión -
demandante- y el que resiste dicha acción -demandado-; mientras que, la segunda,
supone la conexión real entre los individuos y los hechos constitutivos del litigio, por
lo que de ella se deriva la legitimación en la causa material, al estar vinculada con
el derecho real o personal que tiene un sujeto frente a los hechos que han dado
lugar a la demanda.

18
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número 46.005. M.P.
Danilo Rojas Betancourth.
19
López Blanco Hernán Fabio. Procedimiento Civil Tomo I, Ediciones Jurídicas Dupré Editores, 2007, páginas
289 a 291. “(…) una cosa es el derecho de acción y otra el derecho sustancial, de modo que, lo que habilita a
un sujeto de derecho para ser parte no es el derecho sustancial sino el de acción, de contenido netamente
procesal”.
Chiovenda José. Derecho Procesal Civil Tomo II, Instituto Editorial Reus, Madrid, páginas 6 y 7. ”El concepto
de parte derivase del concepto de proceso y de la relación procesal, es parte el que demanda en nombre propio
(o en cuyo nombre es demandada), una actuación de la ley, y aquel frente al cual ésta es demandada. La idea
de parte nos la da, por lo tanto, el mismo pleito, la relación procesal, la demanda; no es preciso buscarla fuera
del pleito y en particular de la relación sustancial que es objeto de contienda”.
En igual sentido, la Corte Constitucional, en auto No. No. 027, del 21 de agosto de 1997, consideró lo siguiente:
“El concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde el punto de vista puramente procesal
o teniendo en cuenta el derecho material en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el
proceso como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una pretensión procesal,
independientemente de que les asista razón o no; de manera que desde este punto de vista la noción de parte
es puramente formal. En sentido material tienen la condición de partes los sujetos de la
relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del reconocimiento, así no intervengan en el
proceso”.

8

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

37. Respecto a la vinculación de sujetos al proceso, se recuerda que las partes que
intervienen en la composición de un litigio, como accionante y accionado, pueden
estar conformadas por una sola persona, en cada caso o, por el contrario, pueden
converger a integrarlas una pluralidad de individuos independientes, evento en el
cual se está en presencia de lo que la ley y la doctrina han denominado un
litisconsorcio20.

38. Esta institución consagrada en los artículos 50, 51, 52 y 83 del Código de
Procedimiento Civil, ha sido dividida tradicionalmente atendiendo a la naturaleza y
número de relaciones jurídicas que intervengan en el proceso, en tres modalidades,
a saber: litisconsorcio necesario, litisconsorcio voluntario o facultativo y el
denominado por la doctrina como litisconsorcio cuasinecesario21.

39. El primero se presenta cuando la relación sustancial entre varios sujetos de
derecho hace obligatoria su presencia en el proceso, so pena de la nulidad de la
sentencia. Por el contrario, el facultativo opera cuando la relación sustancial entre
cada sujeto con la contraparte es independiente o escindible, de manera tal que es
viable adelantar una actuación judicial distinta por cada uno de ellos; sin embargo,
por razones de economía procesal acuden voluntariamente a uno solo. Finalmente,
el denominado litisconsorcio cuasinecesario se presenta cuando las
particularidades de la relación sustancial entre los sujetos hacen que no sea
obligatoria la presencia de todos, pese a lo cual a cada uno de ellos les es oponible
la sentencia que resuelva el asunto22.

20
Sobre la figura del litisconsorcio se ha referido el despacho en otra oportunidad, al señalar que: “[e]l Código
de Procedimiento Civil en sus artículos 50, 51 y 83 plantea la existencia de litisconsorcios de carácter facultativo
y necesario, cuya ocurrencia dependerá de la existencia de una relación substancial entre dos o más personas,
naturales o jurídicas, que las habilita para hacerse parte en un proceso, ya sea activa o pasivamente. El
litisconsorcio será necesario en la medida en que esa relación sustancial implique que el proceso debe ser
resuelto de manera uniforme para todas esas personas, lo que implica que solo con la concurrencia de todos
aquellos que compartan esa relación será válido adelantar el proceso. Por el contrario, cuando la relación
existente no hace que la litis deba resolverse de forma homogénea, el litisconsorcio será facultativo, por lo que
se podrá dirimir el litigio sin la concurrencia de todos aquellos que compartan la relación.” Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 27 de marzo de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Chiovenda José. Derecho Procesal Civil Tomo II, Instituto Editorial Reus, Madrid, páginas 670 a 701.
21
Sobre las modalidades de esta figura procesal, ha señalado esta Corporación que: “[e]xiste litisconsorcio
necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad demandante (litisconsorcio por activa) o demandado
(litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única “relación jurídico sustancial” (art. 51 C. de P.
Civil); en este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y
cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste
es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos. En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario
cuando concurran libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en
virtud de una única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para
promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de
padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva).”
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2010, exp. 38341, C. P. Ruth Stella Correa
Palacio.
22
Chiovenda José. Derecho Procesal Civil Tomo II, Instituto Editorial Reus, Madrid, páginas 670 a 701.
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de marzo de 2006, exp.16101, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto del 10 de octubre de 2016, exp.57800, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.

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Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

40. En ese sentido, cabe precisar que, aunque el litisconsorcio cuasinecesario
ostenta algunas características del facultativo -como es la ausencia de
obligatoriedad de citación de los titulares de las relaciones jurídicas para que se
profiera decisión de fondo-, se diferencia de este último en que la sentencia sí afecta
a todos los miembros de la parte por igual, aun en el supuesto de que no hayan
participado en el proceso, lo que no ocurre en el litisconsorcio facultativo, donde la
providencia que se dicte puede ser de contenido diverso y aun contrario para los
distintos litisconsortes23.

41. Así, de acuerdo con lo señalado por el doctrinante Devis Echandía 24
«[C]ualquiera que sea la situación de la parte en el proceso y su modo de actuar,
para que su concurrencia sea válida y sus actos produzcan efectos legales-
procesales, debe reunir las siguientes condiciones: a) capacidad para ser parte; b)
capacidad procesal o para comparecer al juicio, conocida también como legitimatio
ad processum; c) debida representación cuando no se actúa personalmente o se
trata de una persona jurídica; y, d) adecuada postulación».

42. Cada uno de los referidos elementos tiene identidad propia, por lo que han
merecido tratamiento diferencial, particularmente en lo referente a las
consecuencias procesales que su eventual ausencia genera, siendo relevantes para
el sub examine los referidos a la “capacidad para ser parte” y la “legitimación en la
causa”.

43. La capacidad para ser parte está ligada a la capacidad jurídica, o sea, la aptitud
para ser sujeto de derechos y obligaciones, la cual le permite intervenir en el juicio
como convocante o convocado y que, de acuerdo con el artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil, se reconoce a las personas naturales, jurídicas y a los
patrimonios autónomos. Ha de destacarse, no obstante que, en modo alguno,
aquélla se puede confundir con la capacidad para comparecer al proceso referida a
la posibilidad de realizar actos procesales, directamente o a través del representante
o apoderado25.

44. Siendo entonces la capacidad para ser parte un presupuesto procesal, estarán
llamados los enjuiciadores desde la presentación misma del libelo inicial a verificar
su concurrencia, constatando que con ésta se allegue -de ser necesario- la
evidencia de la existencia y representación legal de las partes y la calidad en que
intervendrán.

45. A su turno, la legitimación en la causa -sea por activa o por pasiva- es un
presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que

23
López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, parte general. Dupre Editores,
Bogotá, 2012. P. 327.
24
Devis Echandía Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo III, Editorial Temis Bogotá
1963, pág. 43.
25
López Blanco Hernán Fabio. Procedimiento Civil Tomo I, Ediciones Jurídicas Dupré Editores, 2007, páginas
296 a 298.

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Referencia: Acción de reparación directa

le asiste a una persona, sea natural o jurídica, para formular unas pretensiones
atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse
a ellas. Así, se precisa que la legitimación debe analizarse desde dos dimensiones
la de hecho y la material.

46. Para este asunto, resulta procedente analizar la legitimación material, la cual
supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, por
consiguiente, ésta solamente se predica respecto de las personas que participaron
realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. Así,
frente al extremo activo se configura cuando se lesionan los derechos reales o
personales de un sujeto.

47. En este punto, ha de precisarse que el derecho real emerge de una relación
directa e inmediata entre una cosa determinada y el individuo a cuyo poder aquella
está sometida, con la posibilidad de usar, gozar y/o disponer conforme a la ley, sin
la intervención de ninguna otra persona -art. 665 C.C26.-. Así, por ejemplo27, el
derecho real de dominio es reconocido como tal porque le permite a su titular ejercer
poderes directos, oponibles a todas las personas, sobre el bien objeto del derecho,
por lo que cuando se vulnera este tipo de derechos, las acciones que se instauran
tienen una validez erga omnes- frente a todos-, ya que el derecho que se demanda
afecta la cosa y no a la persona28.

48. De otro lado, el derecho personal surge del interés de reclamar al deudor una
determinada prestación de dar, hacer o no hacer algo por parte del acreedor -art.
666 C.C.29- y, en caso de incumplimiento del obligado, el acreedor puede solicitar
la prestación in natura o en dinero30. Un ejemplo claro de esta clase de derechos es
el que posee un vendedor en un contrato de compraventa, por cuanto le permite
exigirle al comprador la cantidad de dinero pactada en el negocio jurídico. En ese
sentido, como estos derechos son relativos, los efectos de las acciones instauradas
por inobservancia de lo acordado, cobijan únicamente a los sujetos que están
ligados por una relación legal o contractual -inter partes-31.

26
Art. 665. “Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
“Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación los de servidumbres
activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen obligaciones reales”.
27
Algunos ejemplos de derechos reales son: el derecho de propiedad (es el derecho sobre el bien por
excelencia, ya que permite usar, disponer y percibir frutos de la cosa), la posesión, el dominio, el usufructo, el
uso y la habitación, la servidumbre y la hipoteca inmobiliaria.
28
Arturo Valencia Zea, Álvaro Ortiz Monsalve. Derecho Civil – Derechos reales Tomo II. Bogotá 2012. Editorial
Temis, página 2. "Son los que se ejercen sobre una cosa corporal determinada, en forma exclusiva o, lo que es
lo mismo, en forma absoluta".
29
“DERECHOS PERSONALES O CREDITOS>. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden
reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las
obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo
contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales”.
30
Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes, duodécima edición. Bogotá 2010. Editorial Temis, página 107.
"Es la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor, para exigir de otra, denominada deudor,
el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer".
31
Algunos ejemplos de derechos personales son los que tiene i) el arrendador para que el arrendatario le pague
los precios del arriendo: i) quien ha prestado una suma de dinero para que el deudor se la devuelva; y, iii) el

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49. Precisado lo anterior, cuando el demandante reclama haber sufrido un daño
como consecuencia de la acción u omisión del Estado, acude al proceso en calidad
de víctima directa o víctima inicial32; en cambio, quienes pretenden la reparación de
daños padecidos por otros, están legitimados para demandar en calidad de víctimas
indirectas o damnificados, dado que han sufrido un daño por rebote33, que en todo
caso es independiente y autónomo del daño inicial.

50. En relación con el daño por rebote, se impone un análisis riguroso para
establecer los criterios de caracterización de los sujetos legitimados para
reclamarlos. Tales criterios, en asuntos analizados por error judicial, reconducen al
requerimiento de la prueba de la preexistencia de una relación sustancial cierta -no
producto de simples conjeturas o ilusiones- entre la víctima directa e indirecta y el
hecho dañoso, que, de ser quebrantada, ocasiona el detrimento de los bienes
jurídicos del afectado, por lo que, probado este elemento, estará legitimado para
actuar34.

51. En este punto, es pertinente recordar que las víctimas indirectas son todas
aquellas personas que han sufrido perjuicios derivados del daño padecido por el
directamente afectado con ocasión de la acción u omisión de las autoridades
públicas35; en ese sentido, no es la condición de pariente de la víctima la que le
otorga interés jurídico para acudir al proceso y reclamar los perjuicios derivados del
daño sufrido por ésta, sino que, por el contrario, ese derecho se reconoce cuando
se demuestra la existencia del perjuicio que le ha causado al demandante el daño
sufrido por la víctima directa36.

52. Asunto distinto es que, en los eventos de mayor gravedad, como los daños que
se generan con la muerte, las lesiones personales, la privación injusta de la libertad
o la desaparición forzada37, la jurisprudencia ha establecido que los parientes de

comprador para que el vendedor le haga la tradición de la cosa comprada, y el que tiene el vendedor para que
el comprador le pague el precio de la venta.
32 Tamayo Jaramillo Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomo II. Edición Temis, Bogotá 1986, páginas 100 a

101.
33 Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, Ediciones

Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, p. 607. “(…) [E]s muy frecuente que el perjuicio afecte no solamente a la víctima
inmediata sino también a otras personas. En la terminología jurídica francesa, los daños que sufren tales
personas, como consecuencia, principalmente, del daño corporal o de la muerte de la víctima del daño inicial,
se conocen como domagges par ricochet861, aunque algunos autores los denominan préjudices réfléchis. Los
españoles, por su parte, prefieren denominarlos “daños por rebote” o daño indirecto”.
Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Exp. 44582. 9 de julio de 2018.
34 Elorriaga de Bonis, Fabián. El daño por repercusión o rebote. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 No. 2,

pp. 369 a 398 (1999), Sección Estudios.
35 López Morales Jairo. Responsabilidad del Estado por Error Judicial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Bogotá,

2007, página 273.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 27905, M.P.:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
37 Velásquez Gómez Iván y Velásquez Gil Víctor Javier. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Extractos

de Jurisprudencia, Tomo ii. Editorial Sánchez R. Ltda. páginas 749 y 750 “Esta Corte ha señalado, en otras
oportunidades que los familiares de las víctimas de los derechos humanos, pueden ser, a su vez, víctimas. En
un caso que involucraba la desaparición forzada de una persona, el Tribunal afirmó que la violación de la
integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia, directa, precisamente, de la desaparición
forzada. En particular, la Corte consideró que las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y

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grado más próximo a la víctima -al tener un vínculo directo con ésta-, ostentan la
condición de afectados directos y, en esos eventos, su legitimación se deberá
acreditar a través de los documentos que demuestran tal parentesco.

53. A partir de lo anterior, resulta válido afirmar que, tratándose de responsabilidad
del Estado derivada de una falla de la administración de justicia por error judicial,
quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño, son, en principio,
aquellos que gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la
providencia contentiva del supuesto yerro o frente a quienes la sentencia esta
llamada a ser exigible, dado que, frente a ellos, como parte de la relación procesal,
el error se proyecta como una afrenta a los derechos de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva inmersos en las pretensiones de la demanda.

54. De igual forma, se encuentran legitimados para actuar, en calidad de víctimas
indirectas, aquellos sujetos que demuestren la existencia del carácter personal del
perjuicio, toda vez que este solo se reconoce en la medida en que prueben que el
daño les ocasionó un menoscabo, como por ejemplo, en los eventos en los que no
fueron vinculados al proceso en condición de litisconsortes cuasinecesario o
facultativo y los efectos jurídicos de la decisión censurada afectaron sus derechos.

55. Lo anterior, en tanto debe considerarse quién o quiénes están atados a los
efectos jurídicos -inter partes o erga omnes- de las decisiones contentivas del yerro,
dado que el debate jurídico que se lleva a un proceso concluye con una providencia
que hace tránsito a cosa juzgada, definiendo en ultima ratio la relación que tenían
los sujetos que acudieron al proceso frente al derecho controvertido.

56. Por lo expuesto, se considera que frente a la responsabilidad del Estado por
error judicial, las víctimas indirectas contarán con interés legítimo para cuestionar
las decisiones judiciales de un proceso del cual no hicieron parte, cuando los efectos
de las mismas le sean extensibles -erga omnes-, no para alterar su carácter de cosa
juzgada -la cual se mantiene incólume, por cuanto por vía de acción de reparación
directa y al amparo del título de imputación de error judicial no se invalida la decisión
para proferir otra- sino para que se les reparen, en el marco del artículo 90
Constitucional, los daños antijurídicos que el ejercicio de la función judicial les
causó.

57. Sobre esta base, la Sala advierte que José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana
Ávila Méndez, quienes concurrieron a este proceso en calidad de esposo e hija de

angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las
autoridades públicas de investigas los hechos”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014, exp. 26.251, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, exp. 31.172, M.P.: Olga Mélida Valle de la Hoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014, exp. 36.149, M.P.: Hernán Andrade Rincón (E).

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la señora María Teresa, solicitando las sumas de 350 y 200 SMLMV, por perjuicios
morales y por alteración a las condiciones de existencia, respectivamente, no
cuentan con legitimación en la causa para actuar, en la medida en que, como se ha
explicado, el daño por el cual reclamaron indemnización se afincó en un supuesto
error jurisdiccional contenido en una sentencia que definió la demanda ordinaria que
promovió su pariente ante el presunto incumplimiento del contrato de compraventa
contenido en la escritura pública 322 del 11 de febrero de 1982, proceso que, como
apenas se deduce del enunciado de su objeto, gravitó sobre un conflicto de
naturaleza patrimonial y asociado a un derecho personal, esto es, con efectos inter
partes, no extensible sus efectos a terceras personas. De aquí que aquéllos
carezcan de interés legítimo para demandar en sede de la presente acción, la
reparación de presuntos daños derivados de la eventual afectación del ejercicio de
los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva,
derechos cuyo vínculo con el título de imputación que invocó resulta inescindible.

58. Se precisa, además, que tampoco tendrán legitimación para demandar la
vulneración de un derecho propio, pues la relación patrimonial definida en el proceso
no estaba llamada a afectarlos, en la medida en que no demostraron que, pese a
que no fueron vinculados al proceso en calidad de litisconsortes, los efectos de la
decisión censurada afectaron sus derechos.

Responsabilidad patrimonial del Estado por Error Judicial

59. De cara al análisis de este título de imputación regulado en la Ley 270 de 1996
ha de señalarse que su configuración está vinculada con el derecho de acceso a la
administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, para que para que
proceda la declaratoria de responsabilidad bajo su amparo debe identificarse que
tales derechos fueron vulnerados a través del ejercicio abiertamente irregular,
arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional, de allí que se requiera verificar si
la acción u omisión de la autoridad investida de facultad jurisdiccional terminó por
menoscabar de manera cierta esos derechos.

60. Esta Corporación ha señalado que para que se configure el error judicial se
requiere que: i) se trate de una providencia proferida por una autoridad investida de
la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma38; ii) contra la providencia
atacada se hubieren interpuesto los recursos de ley y aquella se encuentre en
firme39; iii) resulte contraria a la realidad procesal (error fáctico) o al ordenamiento
jurídico (error de derecho), sin que ello signifique que la contradicción sea grosera,
38 Ley 270 de 1996, artículo 66. «Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad

jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia
contraria a la ley» (se destaca).
39 Ibidem, artículo 67. «Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes

presupuestos:
«1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto
en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial».
«2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme».

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abiertamente ilegal o arbitraria; ,y iv) que el error contenido en ella incida en la
decisión judicial y cause un daño personal, cierto y antijurídico40.

61. Así, solo las decisiones judiciales que resulten contrarias a derecho por carecer
de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, pueden ser
catalogadas válidamente como incursas en un error jurisdiccional, pues el análisis
de las providencias acusadas no puede convertirse en una instancia adicional del
proceso, por manera que la labor del juez de lo contencioso administrativo debe
limitarse a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que
justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos
acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial o
a confirmar, modificar o revocar la providencia judicial, so pena de transgredir el
principio de la cosa juzgada41.

62. De igual forma, esta Subsección ha señalado que, para que se analice la
existencia del error bajo dicho supuesto, la parte interesada tiene que cumplir con
la carga de exponer en la demanda una argumentación mínima pero suficiente, que
le permita a la autoridad judicial establecer con claridad y precisión cuál o cuáles
son los yerros (de hecho o de derecho) que contiene la providencia acusada y con
los que supuestamente se causó un daño antijurídico42.

63. Sobre el particular, se ha indicado que solo el adecuado cumplimiento de las
cargas de claridad, precisión y debida argumentación, son aptas para demostrar
que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada. En este sentido, son
elementos que permiten identificar esa suficiencia argumentativa, entre otros, los
siguientes43:

a) La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer
comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error
judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o
sea determinable.

b) La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la
decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento nodal de la decisión
que se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de

2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de

2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
42 En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al

cumplimiento de las siguientes exigencias específicas (…) iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la
afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda
interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera
clara, precisa y esté debidamente argumentado (se destaca)». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 52026. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004;

sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51.674; y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49.666. C.P.: María
Adriana Marín.

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la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado,
entonces, un daño antijurídico.

c) La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en
las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la
claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional.

64. Bajo ese contexto, es indispensable que la crítica de la providencia contentiva
del supuesto error judicial se refiera directamente a las bases importantes y
decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión. De ahí que
si el blanco de ataque se hace bajo los supuestos que delinea a su mejor
conveniencia el demandante y no a los que objetivamente constituyen el
fundamento nuclear de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la
imputación jurídica de la demandada, lo que confluiría en un fallo denegatorio de
pretensiones.

65. Así, para que se configure el error de hecho, es necesario acreditar, por
ejemplo: i) una defectuosa apreciación probatoria bien porque se ignoraron los
medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de conformidad con las reglas
de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un hecho que no lo estaba o
se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; no se trata en este caso de emitir un
amplio juicio que cuestione la valoración probatoria que difiera de los definido por
el juez, sino de expresar en concreto, de manera puntual, la omisión, sea del medio
de prueba o del valor que como ´prueba le asigna la ley; y ii) la omisión de decreto
y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que podrían haber incidido
en la decisión44.

66. Al lado de lo anterior, debe considerarse que desacierto debe ser inexcusable
e injustificable y debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo, que
vulnere los derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el
derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, por ser
contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias en la interpretación sean
pasibles de reclamo.

67. Y es que en este punto debe recordarse que el juez al definir un conflicto declara
el mejor derecho, esto es, aquel que soportado en la constitución, la ley, el negocio
jurídico o las demás fuentes del derecho, debe ser el destinatario de la tutela del
Estado, lo que descarta que quien no es favorecido con tal determinación pueda
entonces alegar que se ha cometido un error por el simple prurito de no haber
resultado favorecido.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de

2019, exp. 45.897, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Reiterado en: Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp.
51.674. C.P.: María Adriana Marín.

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68. La precisión que antecede impone una alta carga demostrativa y certeza a
quien pueda estar interesado en que se declare la responsabilidad del Estado por
error jurisdiccional, no bastando circunscribir su actividad discursiva, de acusación
o probatoria a reiterar aquello que fue objeto del análisis de su causa procesal, pues
de lo que se trata es de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga a
la providencia judicial cuestionada, no de manera inopinada, sino con sujeción a
requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos
de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso
administrativo sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la
controversia antecedente.

69. Por lo mismo, es dable recordar, que el error judicial no constituye una vía
alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier
conflicto ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar
el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las
funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia, aspecto que
difiere del éxito o fracaso de la pretensión que se debatió en el juicio que culminó
con la emisión de una providencia judicial. .

70. Así, para determinar si la sentencia acusada de contener el error jurisdiccional
cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 199645,
la Sala relacionará, en cuanto importa para resolver ese puntual aspecto, las
actuaciones del proceso ordinario bajo radicación No. 1999-00319, así:

71. En el proceso se probó que mediante escritura pública 322 del 11 de febrero de
1982, otorgada en la Notaría Veintinueve de Bogotá, la Sociedad Industrial de
Construcciones Ltda. (como vendedora) y María Teresa Méndez de Ávila (como
compradora) suscribieron contrato de compraventa en cuya cláusula segunda se
indicó que por medio de ese instrumento, la persona jurídica transfería a título de
venta pura y simple, a favor de la compradora, el derecho de dominio y la posesión
real del apartamento 302 ubicado en la carrera 85B # 46 – 16, sur de Bogotá, el cual
tenía un área privada de 61.64 m 2 y constaba de un “salón-comedor”, un espacio
para cocina y ropas, 3 alcobas con closet y 1 baño; sin embargo, se advirtió que la
venta del predio se realizaría “como cuerpo cierto”, a pesar de haberse indicado su
cabida y linderos.

En la cláusula tercera se pactó el valor de su venta por la suma de $1’116.000, los
cuales se pagarían así: i) 10% como cuota inicial y ii) el 90% restante, “con el
préstamo que le concedió el Fondo Nacional del Ahorro y que pagará al vendedor”.
En el literal C de la cláusula novena, se dispuso que María Teresa Méndez de Ávila
se declaraba deudora del FNA, en la suma de $1’004.400, “por concepto de mutuo
con intereses o préstamo de consumo el (los) exponente (s) destina (n) al pago del

45 A saber, que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,

excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una
providencia judicial y que la providencia contentiva de error se encuentre en firme.

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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

precio de compra-venta del apartamento determinado en la cláusula segunda de
esta Escritura, autorizando al mutuante en forma expresa e irrevocable para que el
valor total del presente mutuo sea girado y pagado directamente a la sociedad
VENDEDORA”. Finalmente, en el literal F, se estableció que para garantizar la
obligación originada en el contrato de mutuo que contenía ese instrumento público,
la señora Méndez de Ávila comprometía sus cesantías actuales y futuras en favor
del FNA46.

72. Se acreditó que dos meses antes de la suscripción de la escritura de
compraventa, esto es, el 7 de diciembre de 1981, la constructora solicitó al FNA que
prorrogara la entrega de los apartamentos hasta el 15 de febrero de 1982, debido a
las dificultades que se estaban presentando en el proceso de escrituración47.

73. El certificado de tradición y libertad del inmueble cuestionado da cuenta de que,
pese a que la escritura fue registrada en la Oficina de Registros Públicos de Bogotá
el 12 de abril de 1984, quedando plasmado en la anotación 4 que la Sociedad
Industrial de Construcciones Ltda. vendió el inmueble a la aquí demandante; dicho
predio fue embargado en favor del FNA, dado el incumplimiento de la obligación
hipotecaria que había contraído la señora María Teresa Méndez con esta entidad.
Así se consignó en el documento aportado el 22 de julio de 1999 (transcripción
literal, con posibles errores incluidos)48:

Anotación No. 4 Fecha: 12-04-1982 Anotación No. 5 Fecha: 12-04-
Valor Acto: $1’116.000 1982
Documento: Escritura 322 del 11-02-1982 Valor Acto: $1’024.488
Notaría 29 de Bogotá Documento: Escritura 322 del 11-02-1982
Especificación: 101 Venta Notaría 29 de Bogotá
Personas que intervienen en el acto Especificación: 210 Hipoteca
De: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES Personas que intervienen en el acto
LTDA De: MÉNDEZ DE ÁVILA MARÍA TERESA
A: MÉNDEZ DE ÁVILA MARÍA TERESA A: FONDO NACIONAL DEL
AHORRO
Anotación 9 Fecha: 11-10-1995 Valor Anotación 10 Fecha: 14-12-1995
Acto: Valor Acto:
Documento: Oficio 2314 del 12-09-1995 Juzgado Se cancela anotación 4. Especificación:
3 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá 650 Cancelación hipoteca liberación
Especificación: 402 Embargo Hipotecario parcial en cuanto a este apto
Personas que intervienen en el acto Especificación: 0843 Cancelación por
De: FONDO NACIONAL DEL AHORRO voluntad de las partes hipoteca
A: MÉNDEZ DE ÁVILA MARÍA TERESA Personas que intervienen en el acto
De: FONDO NACIONAL DEL AHORRO
A: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES
LTDA

46 Folios 179 a 183 del cuaderno de pruebas 6.
47 Folio 55 del cuaderno 2.
48 Tal como se desprende del certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula No. 50S-64771,

expedido por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Bogotá el 22 de julio de 1999. Folios 177 y
178 del cuaderno 6.

18

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

74. Ante el supuesto incumplimiento del contrato frente a la extensión y
características del inmueble, el 25 de febrero de 199949, la señora María Teresa
Méndez de Ávila promovió demanda ordinaria en la que solicitó que se: i) declarara
que entre aquella (en calidad de afiliada y compradora), el FNA y la Sociedad
Industrial de Construcciones Ltda. (como vendedoras), se celebró un contrato de
compraventa respecto del inmueble identificado bajo folio de matrícula No. 50S-
0647771, ii) declarara el incumplimiento del referido acto jurídico; iii) condenara a
las demandadas a restituirle la cuota inicial de la referida negociación -$131.716- y
a pagarle una sanción por mora de $500 diarios, desde el 11 de febrero de 1982
hasta el 14 de diciembre de 1995; e, v) indemnizaran los daños y perjuicios que le
ocasionó el incumplimiento de dicho contrato.

75. El proceso fue avocado por el Juzgado 30 Civil del Circuito -Adjunto- de
Bogotá50, el cual, en sentencia del 25 de junio de 2009, declaró la prescripción de
la acción ordinaria, tras señalar que, como la escritura pública de compraventa se
había suscrito el 11 de febrero de 1982 y la demanda ordinaria se radicó el 25 de
febrero de 1999, el término de un (1) año establecido para las acciones derivadas
de la venta como cuerpo cierto -art. 1890 del Código Civil- feneció el 12 de febrero
de 198351.

76. Inconforme con la decisión en comento, la señora María Teresa presentó
recurso de apelación, el cual fue desatado el 24 de noviembre de 2010, por la Sala
Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido
de revocar el ordinal primero del fallo recurrido y, en su lugar, declaró probadas las
excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del FNA, por
no haber intervenido como compradora en el contrato de compraventa e, ii)
inexistencia de incumplimiento del acto jurídico por parte de la constructora, dado
que la venta del inmueble se realizó por cuerpo cierto y su entrega se efectuó con
base en las características pactadas en la escritura. Así se constata en su texto,
cuyo tenor literal es el siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos)52:

“… advierte la Sala que en tal relación contractual no participó la demandada
Fondo Nacional del Ahorro, pues si se evidencia de la lectura atenta de los
hechos y, más aún, de la escritura pública atrás citada, de donde se advierte
que, tal entidad, no figuró, ni como compradora, ni como vendedora del bien
objeto del contrato. Por el contrario, se vislumbra del material probatorio
recaudado que dicha sociedad, simplemente, otorgó a la demandante un
crédito hipotecario para que, ésta última, adquiriera el bien objeto del
proceso.

49 A folios 142 a 152 del cuaderno 6 reposa la mentada demanda ordinaria.
50 Tal como se desprende de la constancia de reparto y del auto admisorio del 6 de abril de 1999. Folios 153 y

158 del cuaderno 6.
51 Folios 2 a 11 del cuaderno de pruebas 2.
52 Folios 14 a 37 del cuaderno 2.

19

Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

“(…).

“Así las cosas, no cabe duda que, en este asunto, el Fondo Nacional del
Ahorro no se encuentra legitimado por pasiva para soportar la pretensión de
resolución del contrato, en razón a que no hizo parte del contrato de
compraventa que pretende resolverse… se proseguirá con el estudio del
segundo de los presupuestos enunciados, es decir, el incumplimiento
contractual de la demanda referida.

“(…).

“… para la Sala deviene evidente el desacierto de las pretensiones, por
motivo de la diferencia existente entre el área del bien vendido y el que se
pretendió entregar a la actora, puesto que tal diferencia superficiaria no se
erige, por el ordenamiento, como un incumplimiento del vendedor en la
medida en que, la venta del inmueble se hizo como cuerpo cierto y, por tanto,
entiende la jurisprudencia y doctrina, las razones de la contratación no
orbitaron sobre la cabida del mismo. Esto es, la diferencia existente entre el
área determinada en la escritura pública de compraventa y la real, no se
constituye en una cláusula de incumplimiento.

“Igualmente, corresponde precisar que … el inciso 2° del artículo 1889 del
Código Civil establece que, en las ventas con señalamiento de linderos, el
vendedor está en la obligación de entregar todo lo comprendido en los
mismos, sea cual sea la cabida existente entre ellos. De modo que, el
incumplimiento en esta clase de ventas no se verifica simplemente por la
diferencia existente entre la extensión referida en la venta y la entregada,
sino que, necesariamente, le incumbe demostrar a la parte que alega el
incumplimiento que no le fue entregada el área real comprendida en los
referidos linderos.

“Pues bien, para la Sala, teniendo en cuenta el anterior razonamiento,
resulta evidente que, el extremo actor, no demostró el incumplimiento de la
pasiva en tal sentido. Esto es, no probó, como le incumbía, que el área
comprendida dentro de los linderos referidos en la escritura pública de
compraventa y la efectivamente existente en el bien materia de dicho
contrato, diferían en su perjuicio.

“Obsérvese, en este punto anterior, que el dictamen pericial practicado en el
trámite se limitó a establecer la diferencia existente entre el área referida en
la escritura pública (61.64 m2) y la real (53.93 m2), mas no determinó si los
linderos reales entregados y los obrantes en la escritura pública de
compraventa diferían en extensión en perjuicio de la compradora, caso en
el cual, como ya se explicó, sí existiría incumplimiento de la parte vendedora,
por no entregarse todo lo comprendido, dentro de los linderos del bien objeto
de la compraventa.

“(…).

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

“Circunstancia análoga acaece en relación con la supuesta diferencia
existente entre las características del bien vendido y las del que se pretendía
entregar. En efecto, sostuvo la demandante que la vendedora pretendió
entregarle un bien con muros, carpintería, pintura, marcos de madera,
closets, tapetes y papel de colgadura deficientes, además de que ‘el
lavadero se encuentra empotrado y no fundido en concreto,
impermeabilizado, completamente liso’ y que ‘el aparato sanitario no consta
de su respectivo mueble … las duchas del mezclador no tienen las pomas
del manejo y control de gasto de agua … en la cocina no existe el llamado
mueble integral’.

“No obstante la Sala, de la lectura de la escritura pública contentiva del
contrato de compraventa citado a lo largo de esta providencia, no extrae, en
forma alguna, que la demandada se hubiese comprometido a entregar el
bien con tapetes, lavadero empotrado o demás especificaciones referidas
por la demandante. Por el contrario, el pacto entre las partes, en punto de
las características del inmueble, fue general y por demás lacónico:

‘Dependencias: El apartamento consta de: salón – comedor, espacio para
cocina y ropas, hall de alcobas, tres (3) alcobas con closet y un (1) baño. Es
entendido que dentro de los linderos antes descritos, todos los muros que
existen son de propiedad comunal ya que prestan función estructural’.

“Así las cosas, sería desacertado concluir que existió un incumplimiento por
parte de la demandada -vendedora- por cuestiones tales como pretender
entregar el inmueble con una alfombra de ´baja calidad´, no entregar el
lavadero ‘empotrado’ o cuestiones símiles, cuando, en el contrato que se
pretende resolver, como ya se analizó, tales elementos no fueron pactados
por los contratantes. Es decir, la demandante pretende hacer responsable a
la demandada por cargas contractuales que nunca asumió y que, por ende,
no se encontraba obligada a cumplir.

“(…).

“Por último, resulta pertinente subrayar que, el hecho alegado, atinente a
que el bien objeto de la compraventa aún no existía para el momento del
contrato, resulta ser una circunstancia irrelevante para deducir un
incumplimiento por parte de la vendedora, pues, la compra de unidades
residenciales sobre planos, es una práctica usual, legalmente aceptada y,
porque es evidente, que cumplió con su obligación de hacer la obra y
entregarla a su compradora” (se destaca).

Responsabilidad frente a la declaratoria de falta de legitimación en la causa
por activa del FNA.

77. Sobre este reproche, se encuentra que, como las pretensiones de la demanda
ordinaria estaban dirigidas a obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato
de compraventa contenido en la escritura pública No. 322 del 11 de febrero de 1982,
por parte del FNA y de la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda., resultaba

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

necesario analizar dicho documento con el fin de establecer, en primer lugar, si los
allí demandados tenían interés legítimo en los hechos que se alegaban como
causantes del resultado dañoso.

78. Así, se observa que la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, bajo el referido marco jurídico, verificó el instrumento público en
mención y, con base en ello, concluyó que el FNA no estaba llamado a responder
por la controversia suscitada, dado que, como el contrato de compraventa del
inmueble había sido celebrado entre la Sociedad Industrial de Construcciones Ltda.,
en condición de vendedora, y la aquí demandante, como compradora, resultaba
evidente que la financiera no había participado de manera directa en dicha relación
contractual.

79. En suma, advirtió que, si bien la escritura pública 322 del 11 de febrero de 1982
develaba que la señora María Teresa Méndez celebró un contrato de mutuo con
hipoteca con el FNA, cuya suma se destinó al pago del precio de la compraventa
del inmueble bajo folio de matrícula No. 50S-0647771; dicha circunstancia, no
vinculaba sustancialmente a esa institución con los hechos cuestionados en la
demanda ordinaria, por cuanto la naturaleza jurídica del contrato de compraventa
era disímil del acto jurídico suscrito entre la financiera con la demandante53.

80. Así las cosas, independientemente de las consideraciones personales de la
parte actora sobre la motivación de la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2010, en la que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del FNA;
las pruebas que militan en el proceso evidencian que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá realizó un ejercicio de sana crítica y fundó su decisión en los
elementos de prueba que obraban en el proceso ordinario No. 1999-00319, los
cuales evidenciaban que, contrario a lo manifestado por la recurrente, dicha entidad
no fungió como compradora o vendedora en el pluricitado contrato de compraventa,
razón por la cual no puede considerarse irrazonable o incoherente la decisión
cuestionada o que haya desconocido los elementos probatorios que resultaban
atendibles.

81. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que dicha declaratoria no ocasionó
un daño antijurídico a la señora María Teresa Méndez de Ávila, porque, a pesar de
haberse negado las pretensiones de la demanda frente al FNA, por encontrar
configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dicho daño
no resulta indemnizable, dado que la decisión estuvo ajustada a derecho.

53 Al respecto, es necesario precisar que el Código Civil, en su artículo 2221, define el mutuo como un contrato

en virtud del cual una persona (prestamista o mutuante) entrega a otra (prestatario o mutuario) dinero u otra
cosa consumible, para que se sirva de ella y devuelva después otro tanto del mismo género y cantidad. Por su
parte, el artículo 1849, señala que la compraventa es un contrato por medio del cual una de las partes (vendedor)
se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) a cambio de un precio cierto (puede ser dinero u otra cosa),
el cual, en los términos del inciso segundo del artículo 1857, se perfecciona en el momento en el que se otorga
la escritura pública.

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

82. No sobra notar que, en casos como el examinado, una providencia no puede
considerarse, per se, generadora de un daño antijurídico por el hecho de negar las
pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y
promover un pronunciamiento judicial no implica necesariamente que la decisión
que corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden
convertirse las demandas por error jurisdiccional en una instancia adicional para
insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido54.

83. En todo caso, la Sala reitera que en aquellos eventos en los cuales no es posible
obtener una única decisión correcta, solo existirá responsabilidad del Estado
cuando los fallos carezcan de una justificación razonable55, lo cual no ocurre en el
presente caso, debido a que la sentencia proferida por la Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de noviembre de 2010, en este aspecto, se ajustó
tanto al acervo probatorio como a las normas y jurisprudencia aplicables al asunto.

84. En las circunstancias descritas, se impone la necesidad de confirmar la
sentencia de primer grado, en el sentido de negar las pretensiones formuladas por
dicho aspecto.

Responsabilidad frente a la declaratoria de inexistencia de incumplimiento del
contrato de compraventa

85. La actora insiste que el a quo desconoció los errores de hecho por defectuosa
valoración probatoria, y, que, en tal medida, la providencia cuestionada adolece de
error jurisdiccional, en tanto : i) la comunicación del 7 de diciembre de 1981,
evidencia que la constructora no cumplió con la fecha de entrega pactada -el 11 de
febrero de 1982-, al solicitar una prórroga para adjudicar los bienes el 15 de febrero
de 1982; ii), la sociedad en comento estaba obligada a entregar todo lo acordado
en la negociación, inclusive el área del predio, según lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 1889 del C.C.; y, iii) las pruebas arrimadas a esta actuación
acreditan que la constructora no entregó la obra con las características establecidas
en la escritura de compraventa.

86. El alegato antes referido, más allá de que estuviera precedido del calificativo de
error por defectuosa valoración probatoria, no revela la suficiencia requerida para

54 Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso
administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas
dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que
conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa
juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la producción de un daño antijurídico.
Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: sentencias del
17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; del 27 de junio de 2013, exp. 28.189;
del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; del 12 de febrero de 2015, exp 28.482, todas con ponencia del Magistrado
Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la Subsección en sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 56864, M.P.:
Marta Nubia Velásquez Rico.
55 Criterio establecido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15.576. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 13 de
mayo de 2015, expediente 33.911. M.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 31 de enero de 2019,
expediente 47.168 y sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 51.200.

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

analizar el yerro invocado, por cuanto, en primer lugar, no expone una
argumentación concreta frente a la prueba que se dejó de valorar, sino que se dirige
a señalar lo que a su real saber y entender e íntima convicción se debía interpretar
a partir de una prueba documental, lo que al final de cuentas termina por llevar a
que el juez de la reparación actué como un juez de tercera instancia del proceso
ordinario, lo cual es a todas luces resulta improcedente en sede del título de
imputación invocado.

87. Igual sucede con las razones de su disenso en torno al contenido del artículo
1889 del C. de P.C., soportadas en un análisis de interpretación de la norma que
incluso riñe con el error de hecho que invocó, dejando de identificar cómo se
trasgredió la norma en comento, pero con la gravedad mayúscula de que aún
cuando lo hubiera enunciado, es claro que ese presunto yerro no cumple con el
requisito de trascendencia y suficiencia, pues si bien en los términos previstos en el
inciso segundo del referido artículo, la señora Méndez de Ávila podía cuestionar que
la constructora no le hizo entrega de todo lo comprendido en los linderos, dicho
aspecto no podía modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la
decisión, soportada en la evidencia de que la venta se realizó como cuerpo cierto56.

88. Ahora, en cuanto a la omisión de valorar las pruebas que militaban en el proceso
primigenio, las cuales acreditaban que la constructora no entregó la obra con las
características establecidas en la escritura de compraventa, advierte la Sala que la
parte actora no emprendió una labor dirigida a señalar cuáles fueron los elementos
de juicio sobre los que recayó el error en la actividad probatoria y por qué con ello
se trasgredió la ley, circunstancia que evidencia una carencia en la carga de
suficiencia frente al yerro invocado, sin que para corroborar este acierto la sala deba

26. 56 De conformidad con lo establecido en los artículos 1888 y 1889 del Código Civil, un inmueble puede
venderse de dos maneras: una de ellas es atendiendo a su cabida y la otra es como cuerpo cierto. En el primer
caso, el valor del inmueble se determinará en función de su área, a tal punto de que, en el evento de que la
cabida del predio sea superior a la informada, el comprador deberá aumentar su precio, a menos de que su
valor supere en más de una décima parte el precio de la cabida real, caso en el cual el comprador podrá
aumentarlo proporcionalmente o desistir del contrato. Si la cabida es inferior a la declarada, el vendedor estará
obligado a completarla, pero, en caso de no ser posible o no exigírsele, este deberá disminuir proporcionalmente
el precio, salvo que el valor de la cabida faltante sobrepase más de una décima parte del precio de la cabida
completa, evento en el que el comprador podrá aceptar su disminución o desistir del contrato. En el segundo
caso, cuando la venta se haga como cuerpo cierto, su cabida no será determinante para la fijación del precio,
por lo que el comprador no podrá exigir su rebaja o aumento, con independencia de su área.
27. Sobre estas dos modalidades de compraventa de inmueble la Corte Suprema de Justicia ha explicado que
la sola mención de la cabida de un inmueble en un instrumento contractual no es equivalente ni tampoco
encierra una "garantía de cabida" en el sentido que a esta expresión corresponde darle para los precisos efectos
que consagra el artículo 1887 junto con los dos que le siguen en el código Civil -1888 y 1889,- toda vez que al
tenor de estos preceptos, leídos y entendidos sin perder de vista el estrecho enlace que evidentemente entre
ellos existe, una garantía de tal naturaleza no puede considerarse configurada sino en tanto concurran tres
condiciones, a saber: a) Que la cabida se señale en el contrato; b) Que con relación a ella sea fijado el precio
y, en fin, c) Que los términos del negocio celebrado pongan de manifiesto que no fue intención de los
contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la declarada.
Agregó que si se aceptara la doctrina contraria de que siempre que se menciona la cabida la venta es con
relación a ella, resultaría que para obtener que toda cláusula de un contrato produjera algún efecto, se debería
calificar la venta con relación a cabida todo contrato en que ésta se indicara, de modo que la venta jamás podría
ser de cuerpo cierto cuando se señalara la cabida. Así, si la economía no es preponderante el contrato, tiene
que prevalecer el concepto común y ordinario del "cuerpo cierto" y por ende, ante circunstancia semejante, no
puede admitirse que exista una garantía convencional de cabida. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, sentencia del 8 de agosto de 1994, exp. 4221, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

volver sobre el análisis efectuado por el juez de la causa, pues vuelve y se repite, el
presente proceso no es una tercera instancia.

89. Así, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia
que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y
argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia y, por
tanto, no acreditó que la sentencia cuestionada fuera contraria a derecho y que con
ella se hayan lesionado los derechos de acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva, se impone confirmar la sentencia recurrida que negó las
pretensiones de la demanda, previa declaratoria de falta de legitimación en la causa
por activa de quienes no hicieron parte del proceso judicial genitor de la providencia
cuestionada.

Condena en costas

90. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015, por el
Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por
activa, respecto de José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila Méndez, por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

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Radicación: 25000-23-26-000-2011-01591-01 (53.873)
Actor: María Teresa Méndez de Ávila y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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