Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06256-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
16 de diciembre de 2024
Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06256-00 (9720)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2023-06256-00 (9720)
Demandante MARÍA TERESA MÉNDEZ DE ÁVILA
Temas Recurso extraordinario de revisión. Nulidad originada en la
sentencia
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por María Teresa Méndez de Ávila contra la sentencia del 4 de
noviembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-26-000-2011-01591-
01 (53.873)1, en cuya parte resolutiva se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015, por el Tribunal
Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa,
respecto de José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila Méndez, por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen”.
ANTECEDENTES
1. Proceso para la resolución de un contrato de compraventa2
1.1. Demanda
El 28 de febrero de 1999, María Teresa Méndez de Ávila, a través de apoderado
judicial, presentó demanda ordinaria de mayor cuantía en contra del Fondo Nacional
del Ahorro (en adelante FNA) y la sociedad Industrial de Construcciones S.A. (en
adelante la sociedad, o sociedad constructora, o constructora) en la que solicitó (i)
se declarara la existencia de un contrato de compraventa, consignado en la
Escritura Pública Nro. 0322 del 11 de febrero de 1982, y celebrado entre las
accionadas -en calidad de vendedoras- y la accionante -en calidad de compradora-
el cual recayó sobre el apartamento 302, ubicado en la carrera 85B Nro. 46-16 Sur
de Bogotá, urbanización Casablanca; (ii) se resolviera ese contrato; (iii) se ordenara
la transcripción del aparte correspondiente de la sentencia al notario y al registrador,
1 Promovido por María Teresa Méndez Ávila -hoy accionante-, José Ricardo Ávila Díaz, y Kelly Johana Ávila
Méndez en contra de la Nación-Rama Judicial.
2 Proceso de radicado Nro. 11001-31-03-030-1999-00319-00/01.
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con el fin de que procedieran con la cancelación la escritura 322 y su registro; (iv)
se condenara a las demandadas a restituir el valor cancelado como cuota inicial
($131.716) junto con los intereses corrientes respectivos, así como la sanción por
mora pactada en el negocio ($500 diarios desde el 11 de febrero de 1982 hasta el
14 de diciembre de 1995); (ii) se reconociera y ordenara el pago de los perjuicios
derivados del incumplimiento contractual; y, (iii) se condenara en costas.
Esas pretensiones se sustentaron en los siguientes supuestos fácticos:
• La señora María Teresa, en calidad de servidora de la Universidad Pedagógica
Nacional, aceptó un plan de vivienda ofrecido por el FNA, el cual versó sobre
unos apartamentos ubicados en la Urbanización Casablanca, localizada en la
carrera 85B Nro. 46-16 Sur de Bogotá; construcción realizada por la sociedad
Industrial de Construcciones Ltda. (posteriormente Industrial de
Construcciones S.A.)
• El 11 de febrero de 1982, previa aprobación por el FNA de un crédito por valor
de $870.815, la señora María Teresa y la constructora suscribieron la Escritura
Pública Nro. 0322, otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, contentiva
de un contrato de compraventa del apartamento 302 de la Urbanización
Casablanca; instrumento en el que, entre otras cosas, se detalló el área
privativa del bien (61,64 m2), su altura libre (2,20 m2), y sus linderos.
No obstante, para esa fecha el inmueble no estaba terminado y, por eso, no
se hizo entrega del mismo, pese a que en la escritura se consignó lo contrario.
• El 19 del mismo mes y año, fecha para la cual el FNA y la sociedad se habían
comprometido a entregar el bien, no se cumplió con dicha obligación, pues el
inmueble no reunía las condiciones ofrecidas y pactadas en relación con
tamaño y calidad -aspecto este último referido a los muros de baño y cocina;
lavadero; sanitario, duchas, y cocina; marcos de madera; tapetes; y, papel de
colgadura3-.
• Los convocados por pasiva se comprometieron a cancelar las hipotecas que
pesaban sobre el bien vendido en un plazo de 120 días, contados a partir del
otorgamiento de la escritura pública Nro. 322, so pena de multa a razón de
$500 diarios por cada día de retardo y sin necesidad de requerimiento previo.
Por lo tanto, en sentir de la parte demandante, se causó la sanción, ya que la
garantía real solo se canceló hasta el 14 de diciembre de 1995, esto es, para
cuando ya habían transcurrido los 120 días acordados.
1.2. Sentencia de primera instancia
El 25 de junio de 2009, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá declaró
probadas las excepciones de “prescripción de la acción” y “caducidad y prescripción de la
acción y derecho para solicitar la resolución del contrato” , propuestas por las demandadas,
y, como consecuencia de ello, declaró terminado el proceso.
Ello, porque la acción se promovió luego de fenecido el término de 1 año
establecido en el artículo 1890 del Código Civil, aplicable al asunto por tratarse de
3 De acuerdo con el contenido de la Escritura Pública Nro. 4517 del 21 de diciembre de 1981 de la Notaría 18
del Círculo de Bogotá.
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la compraventa de inmueble como cuerpo cierto -aspecto referido expresamente
en la cláusula segunda de la escritura Nro. 0322-.
Por eso, la acción debió incoarse dentro del año siguiente al 11 de febrero de 1982,
fecha en la que se suscribió el instrumento contentivo de la venta y, además, según
la cláusula octava del mismo documento, se realizó la entrega real y material del
bien. Pese a ello, la demanda se presentó el 28 de febrero de 1999.
1.3. Recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación
con el fin de que se revocara y se accediera a las pretensiones incoadas.
En su concepto, la acción se promovió para la resolución del contrato de
compraventa y no para la declaratoria de existencia de vicios redhibitorios, razón
por la cual su interposición fue oportuna.
Adicionalmente, adujo una indebida valoración probatoria porque no se tuvo en
cuenta que la entonces compradora fue engañada por las convocadas por pasiva,
en tanto suscribió la escritura de venta sin conocer el bien materia del negocio
jurídico.
Por último, alegó el incumplimiento del contrato de compraventa: no recibió el bien
que se le entregaba, precisamente, porque sus características no correspondían
con las ofrecidas y pactadas.
1.4. Sentencia de segunda instancia
El 24 de noviembre de 2010, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, revocó
el numeral primero de la sentencia recurrida y, en su lugar, declaró probadas las
excepciones denominadas “FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR LA PARTE
PASIVA”, e “INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 322 DE FEBRERO DE 1982 POR PARTE DE LA
SOCIEDAD VENDEDORA, INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES”, propuestas, en su orden,
por el FNA y la sociedad; y, negó las pretensiones de la demanda4.
Sostuvo que, a la luz de las pretensiones de la demanda, lo perseguido era la
declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado junto con las
indemnizaciones procedentes, razón por la que no aplicaba la prescripción
establecida en el artículo 1890 del Código Civil.
Así las cosas, lo procedente era examinar si se reunían los presupuestos para la
prosperidad de la acción resolutoria, a saber: existencia del contrato,
incumplimiento del demandado, y cumplimiento del demandante (o allanamiento a
cumplir).
Siguiendo ese derrotero, el tribunal consideró que sí se demostró la existencia de
un contrato de compraventa celebrado entre la señora María Teresa Méndez de
Ávila y la sociedad Industrial de Construcciones Ltda. respecto del apartamento
302, ubicado en la carrera 85B Nro. 46-16 Sur de Bogotá, integrante de la
urbanización Casablanca 2, tal como lo informaba la Escritura Pública Nro. 0322
4 Además, condenó en costas a la accionante, en orden a lo cual fijó la suma de $1.000.000 por concepto de
agencias en derecho.
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del 11 de febrero de 1982 y se desprendía de la aceptación expresa del hecho
efectuada por esa constructora al contestar la demanda.
Precisó, eso sí, que el FNA no fue parte de esa relación contractual. No figuró como
comprador ni como vendedor del inmueble mencionado, y su actuación se limitó a
otorgar un préstamo a la entonces compradora para la adquisición del bien. Por
ello, la entidad no se encontraba legitimada en la causa por pasiva.
Posteriormente, concluyó que la sociedad demandada no incumplió el contrato de
compraventa, ya que:
• El bien objeto del contrato se enajenó como cuerpo cierto, según se consignó
en el parágrafo de la cláusula segunda de la escritura 322, lo que implicaba,
de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia aplicable, que “ninguna importancia
[tenía] la cabida o extensión del mismo, porque esa no [era] una cuestión relevante del pacto”.
Por lo tanto, “la diferencia existente entre el área determinada en la escritura pública de
compraventa y la real, no se [constituía] en una causal de incumplimiento” pues se
entendía que las razones de la contratación no orbitaron sobre la cabida del
bien.
Ahora bien, al tratarse de una venta con señalamiento de linderos, la parte
que alegaba el incumplimiento debía demostrar que los linderos reales del
bien entregado eran de menor extensión a los pactados; empero, ese
supuesto no se probó.
De una parte, porque el dictamen arrimado al expediente “no determinó si los
linderos reales entregados y los obrantes en la escritura pública de compraventa diferían en
extensión en perjuicio de la compradora”. La experticia se limitó a establecer la
diferencia entre el área referida en la escritura (61,64 m2) y el área real (53,93
m2).
De otra, porque, al confrontar la extensión de los linderos señalados en la
escritura con el plano del bien vendido, se podía determinar que:
“la superficie comprendida dentro de dichos linderos, matemáticamente, no podía ser igual a
la referida en [el primer instrumento] (61,64 m2), puesto que, haciendo las operaciones
aritméticas correspondientes, la misma tan solo ascendía a 52.17 m2”.
De ahí que si se comparaba el área real del inmueble señalada en el dictamen
pericial (53,93 m2) con la extensión del mismo bien “según los linderos dados en la
escritura pública de compraventa, que es de 52,17 m 2 … se [observaba] la inexistencia de
incumplimiento”; conclusión que el perito no desvirtuó en la aclaración que, de
oficio, le solicitó el tribunal5.
• No se demostró la diferencia de las características entre el bien vendido y
aquel que se pretendía entregar. De las condiciones pactadas lacónicamente
en la escritura de compraventa Nro. 322 no se podía derivar la obligación
referida en la demanda respecto de especificaciones concretas en materia de
muros, carpintería, pintura, marcos de madera, closets, papel de colgadura,
lavadero, sanitario, duchas, y cocina.
5 La pericia se objetó por error grave. Sin embargo, el dictamen decretado para resolver esa objeción no se
practicó ya que la actora no canceló los gastos correspondientes, cuestión que sustentó el que se declarara
como desistida la prueba a través de auto del 24 de septiembre de 2010.
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Esas características se consignaron en la Escritura Pública Nro. 4517 del 21
de diciembre de 1981, “instrumento en el cual no [constaba] obligación alguna a cargo
de la pasiva y a favor de la demandante, ni tampoco ninguna relación de este documento y el
contrato de compraventa existente entre las partes, como para que, de allí, se [derivara] algún
incumplimiento contractual”.
Finalmente, el ad quem señaló que lo alegado respecto a la inexistencia del
inmueble al momento del contrato de compraventa “[resultaba] ser una circunstancia
irrelevante para deducir un incumplimiento por parte de la vendedora, pues, la compra de unidades
residenciales sobre planos, es una práctica usual, legalmente aceptada y, porque es evidente, que
cumplió con su obligación de hacer la obra y entregarla a su compradora”.
2. Proceso de reparación directa por error judicial6
2.1. Demanda
El 19 de diciembre de 2011, María Teresa Méndez de Ávila, José Ricardo Ávila
Díaz, y Kelly Johana Ávila Méndez7, a través de apoderado judicial, en ejercicio de
la acción prevista en el artículo 86 del C.C.A., presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Rama Judicial con el fin de que se le declarara
administrativamente responsable por “la injusticia, falla, negligencia, error, demora, y pésima
administración de justicia” en que se incurrió al proferir la sentencia del 24 de noviembre
de 2010, por medio de la cual se resolvió la segunda instancia del proceso de
radicado Nro. 11001-31-03-030-1999-00319-01.
Consecuencialmente, solicitaron que se condenara a la accionada al pago de las
siguientes sumas: (i) por concepto de daños morales subjetivos y daño a la
alteración de las condiciones de existencia, 400 SMLMV para la señora Méndez de
Ávila, 350 SMLMV para el señor Ávila Díaz, y 200 SMLMV para Kelly Johana; y, (ii)
por concepto de daños materiales, el monto de $250.000.000.
Para sustentar lo anterior expusieron yerros respeto de la primera y segunda
instancia del proceso identificado. Frente al pronunciamiento del Juzgado Treinta
Civil del Circuito de Bogotá advirtieron que el mismo fue infundado; prueba de eso
es que se revocó al desatarse la apelación propuesta en su contra.
Y con relación a la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá
manifestaron lo siguiente: (i) el FNA sí fue parte del negocio jurídico, al punto que
dicha entidad compró los apartamentos a la sociedad para luego enajenarlos a sus
afiliados8; y, (ii) sí existió un incumplimiento contractual atendiendo el área privada
y los acabados, los que estimaron como inferiores a lo pactado.
2.2. Sentencia de primera instancia
El 22 de enero de 2015, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Descongestión de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que no se configuró un error judicial ni se presentó un
6 Proceso de radicado Nro. 25000-23-26-000-2011-01591-00/01.
7 Aduciendo, en su orden, las calidades de víctimas directa e indirectas -al tratarse del cónyuge e hija de la
señora Méndez de Ávila-.
8 Calidad que, en concepto de los demandantes, se confirmaba al tener presente que el FNA ofertó el
inmueble, instruyó a la señora Méndez de Ávila para que consignara la cuota inicial de $131.716 en la cuenta
de la sociedad; recibió en pignoración las cesantías de la entonces compradora; suscribió como vendedora
la Escritura Pública Nro. 0322; y, contrató a la sociedad para que construyera los apartamentos, a más de
que acordó con ella la elaboración de las escrituras de los afiliados que se le indicaran.
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defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Lo primero ante la inexistencia de los yerros atribuidos a los jueces de instancia por
las siguientes razones:
Destacó la imposibilidad de error judicial en la providencia de primer grado, dado
que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la providencia
contentiva del yerro debía encontrarse en firme, lo que no sucedió, precisamente,
porque frente a ella se interpuso el recurso de apelación.
También reseñó la ausencia en error judicial frente a la decisión de segunda
instancia del tribunal.
De una parte, porque el FNA fungió como mutuante en el contrato de mutuo que
celebró con la señora Méndez de Ávila, y cuyo producto se destinó al pago del precio
del apartamento que fue objeto de compraventa entre ella y la constructora. Fue en
esa calidad, no en la de vendedor del inmueble, que el director del FNA suscribió la
Escritura Pública Nro. 0322.
En esas condiciones, dicha entidad pública no se encontraba legitimada por pasiva
respecto de las pretensiones orientadas a lograr la declaratoria de existencia del
contrato de compraventa, su resolución, y los perjuicios pretendidos de forma
consecuencial.
De otra parte, concluyó que no existió incumplimiento contractual alguno por cuanto:
(i) el inmueble objeto del contrato se enajenó como cuerpo cierto, luego, era
improcedente alegar que el área del predio era menor a la pactada pues en tales
ventas ese no era un “elemento de vital importancia”; (ii) no se argumentó ni se probó
discrepancia alguna entre los linderos pactados y aquellos correspondientes al
inmueble entregado; (iii) no se demostró la construcción con materiales de baja
calidad; y, finalmente, (iv) no se concretó lo relacionado con una indebida valoración
probatoria, al no especificarse los elementos de convicción indebidamente
apreciados. Por esto, concluyó que lo pretendido era reabrir el debate surtido y
definido en la jurisdicción civil.
Lo segundo, porque no se expusieron ni se acreditaron razones que dieran lugar a
la estructuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
2.3. Recurso de apelación
Inconforme con la determinación anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación con el fin de que se revocara y se accediera a las pretensiones incoadas.
En primer lugar, porque el FNA fue vendedor en el contrato de compraventa. Prueba
de eso es que compró los apartamentos a la sociedad constructora y los enajenó a
sus afiliados; punto en el que reiteró los elementos de la demanda que soportaban
esa afirmación (ver nota al pie 8).
En segundo lugar, dado que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá desconoció los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, al tiempo que
omitió valorar los elementos de juicio que daban cuenta del incumplimiento
contractual del FNA y de la sociedad, en tanto: (i) desconocieron la fecha de entrega
acordada -11 de febrero de 1982-, según lo informaba la comunicación del 7 de
diciembre de 1981 en la que la sociedad solicitó prórroga para entregar el inmueble
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el 15 de febrero de 1982; (ii) la venta como cuerpo cierto aludía a un bien existente
al momento del contrato correspondiente, lo que no sucedió en el caso concreto; de
ahí que, al realizarse una venta sobre planos con señalamiento de cabida y linderos,
la obligación correspondía a la entrega de todo lo pactado, incluyendo el área del
predio (inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil); y, (iii) no se cumplió con
la calidad de las características del bien establecidas en el contrato correspondiente.
2.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto del recurso
extraordinario de revisión
El 4 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la demanda formuladas por María Teresa Méndez
de Ávila, previa modificación de la sentencia recurrida para declarar la falta de
legitimación en la causa por activa de José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila
Méndez.
Señaló la improcedencia de emitir un pronunciamiento de fondo frente al
desconocimiento de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, ya que este cargo
no se propuso en la demanda, sino que se formuló en el recurso de apelación. Por
eso, su resolución sorprendería a la contraparte con una imputación respecto de la
que no pudo defenderse.
Posteriormente, puso de presente la falta de legitimación en la causa por activa del
cónyuge y la hija de la señora Méndez de Ávila, víctimas indirectas que reclamaban
un daño por rebote; esto, en razón a que el proceso ordinario en el que se registró
el supuesto error jurisdiccional “gravitó sobre un conflicto de naturaleza patrimonial y asociado
a un derecho personal, esto es, con efectos inter partes, no extensible sus efectos a terceras
personas”
Además, esas personas “…tampoco [tenían] legitimación para demandar la vulneración de un
derecho propio, pues la relación patrimonial definida en el proceso no estaba llamada a afectarlos
en la medida que no demostraron que, pese a que no fueron vinculados al proceso en calidad de
litisconsortes, los efectos de la decisión censurada afectaron sus derechos”.
Por último, consideró que no se demostró error judicial respecto de las pretensiones
elevadas por la señora Méndez de Ávila. En efecto:
• La decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del FNA
resultaba procedente considerando que la naturaleza jurídica del contrato de
compraventa (artículo 1849 y 1857 del Código Civil) difería del mutuo
celebrado entre la entidad pública y la demandante (artículo 2221 ibídem). Por
lo tanto, mal podía sostenerse que la decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá careciera de una justificación razonable y jurídicamente
atendible.
• El argumento orientado a discutir la falta de razonabilidad de la decisión
concerniente a la inexistencia de incumplimiento contractual desconoció la
carga de suficiencia exigida por el título de imputación. Lo pretendido era que
el juez contencioso fungiera como una instancia adicional habida
consideración de que la parte refirió “…lo que a su real saber y entender e íntima
convicción se debía interpretar de una prueba documental”.
Adicionalmente, en el yerro imputado a la interpretación del artículo 1889 del
Código Civil no se identificó cómo se vulneró el contenido de dicha
prescripción, y, en todo caso, tampoco se trataba de una falencia trascedente
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al carecer de entidad para “modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la
decisión, soportada en la evidencia de que la venta se realizó como cuerpo cierto”.
Y en lo atinente a la indebida apreciación probatoria no se identificaron los
elementos de convicción sobre los que recayó el error, a más de que tampoco
se argumentó cómo ello desconoció la normativa probatoria que resultaba
aplicable.
3. Recurso extraordinario de revisión
3.1. Demanda9
El 10 de octubre de 2023, la señora María Teresa Méndez de Ávila, a través de
apoderado judicial, presentó demanda para que se “revoque” o se “declare sin efecto
alguno” la sentencia del 4 de noviembre de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 25000-
23-26-000-2011-01591-01 (53.873), debido a la configuración de la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Ello, en atención a las siguientes irregularidades:
A.- Improcedencia de la decisión oficiosa que declaró la prosperidad de la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de José
Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila Méndez, habida cuenta de que la
sentencia de unificación en la que se sustentó el ejercicio de esa facultad fue
posterior a la fecha de presentación de la demanda de reparación directa:
aquella fue expedida el 6 de abril de 2018 mientras que la interposición de la
acción tuvo lugar el 19 de diciembre de 2011.
Una posición contraria, como la sostenida en la sentencia cuestionada,
desconocería las siguientes normas de la Constitución Política: artículo 31,
inciso 2°, al vulnerar la prohibición de reforma en peor al agravar la situación
del apelante único; artículo 42, dada la afectación del patrimonio familiar10,
pues el cónyuge y la hija de la hoy demandante concurrieron a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo como miembros de un mismo núcleo familiar,
de modo que “cualquier adversidad o problema que les sobrevenga en su salud, vidas,
patrimonio, a uno de estos afecta indirectamente a los otros” ; y artículo 58, al conceder
efectos retroactivos a la sentencia de unificación mencionada.
B.- No resolución del recurso de apelación respecto de la hoy demandante. En la
parte resolutiva del proveído censurado no se establecieron los puntos en los
que se modificaba la sentencia de primer grado; tampoco se decidieron las
pretensiones elevadas por esa parte, debido a la ausencia de un
pronunciamiento “claro y conciso” frente a ellas.
Adicionalmente, se dejó de examinar el argumento relativo al desconocimiento
de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, pese a que tal aspecto se expuso
en el recurso de apelación.
9 Índice 2 del SAMAI.
10 Hechos 13 y 14.
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C.- Incumplimiento de lo previsto en el artículo 280 del C.G.P., en tanto no se
calificó la conducta procesal de las partes ni se derivaron los indicios
correspondientes, los cuales, en sentir de la recurrente, daban cuenta de la
mala fe del FNA y la sociedad constructora durante la negociación del contrato
de compraventa.
D.- Indebida valoración del material probatorio allegado al expediente, el cual, en
concepto de la actora, demostraba que el FNA sí fue parte vendedora en el
contrato de compraventa de bien inmueble celebrado el 11 de febrero de 1982,
y que ese negocio jurídico se incumplió.
3.2. Intervención de la Nación-Rama Judicial11
La Nación-Rama Judicial, por intermedio de apoderada debidamente designada,
concurrió al proceso y se opuso a las pretensiones de la demanda, porque el
mecanismo extraordinario se está utilizando como una instancia adicional para
discutir el razonamiento, ajustado a derecho, que efectuó el juez del proceso de
reparación directa12.
3.3. Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación13.
11 Índice 20 del SAMAI.
12 Conclusión sustentada en la valoración del contenido de una sentencia diferente a la cuestionada en esta
sede judicial. En efecto, la providencia recurrida en este caso data del 4 de noviembre de 2022 y fue proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mientras que la examinada en la
contestación de la demanda se expidió el 13 de julio de la misma anualidad por la Subsección A de la misma
sección de esta corporación judicial.
También difieren los supuestos fácticos que dieron origen a los procesos primigenios. El presente asunto se
trató de un litigio civil en el que se discutió un incumplimiento contractual y respecto de cuya resolución se
adujo, con posterioridad, la configuración de un error judicial. El asunto considerado al contestar la demanda
se refería a la responsabilidad extracontractual por actuaciones y decisiones adoptadas en una acción de
extinción de dominio.
13 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
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Recurso extraordinario de revisión
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Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 de la
misma codificación14, mediante el Acuerdo 80 de 201915, que compiló, entre otros,
el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se
reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación16.
En consecuencia, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 del Consejo de Estado es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión al
cuestionarse una sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de
esta corporación.
2. Oportunidad de la acción
De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437
de 2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión
“podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
La sentencia cuya infirmación se pretende fue notificada por edicto publicado el 25
de noviembre de 2022. Luego, como la demanda se presentó vía correo electrónico
el 10 de octubre de 202317, se concluye que su radicación fue oportuna.
3. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el
recurso de apelación.
Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán
algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y,
finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia
Al tenor de lo previsto en el artículo 248 del C.P.A.C.A., el recurso extraordinario de
revisión es un medio extraordinario de impugnación de sentencias que tiene lugar,
únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 ibídem.
14 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
15 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
16 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
17 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
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Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”18, su finalidad, como lo ha
precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones
esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo,
propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” 19.
En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el
restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha
sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que
autorizan romper el principio de la cosa juzgada20. En palabras de la Corte
Constitucional21:
“… la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia,
pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de
aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”.
En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una “tercera instancia”22 en la que puedan plantearse, nuevamente,
argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.
En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente
procedimentales23, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento24,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente
REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
20 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
21
Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.
23 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la
ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución
in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso
del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
24 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación
o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos
en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252
de 2001.
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2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo25.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares. En este
sentido, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la deficiencia
probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho) o falta de aplicación de la norma o su indebida aplicación (error de
derecho)26.
5. Causal de revisión invocada. Nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación
En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5
del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede el recurso de apelación (…).”
Lo anterior permite establecer que para la estructuración de la causal se requiere
acreditar, de una parte, que contra la sentencia cuestionada no procede el recurso
de alzada -pues de hacerlo esa sería la oportunidad para corregir la irregularidad
procesal correspondiente-, y, de otra, que se configuró una nulidad, aspecto este
último que se ha entendido referido a situaciones “originadas en la misma sentencia
recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento
grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación 27”.
Siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario tener en cuenta los
siguientes elementos para examinar la causal de revisión en comento:
• Las cuestiones que dan lugar a la estructuración de la causal de revisión se
refieren, en principio, a aquellas irregularidades que el legislador estableció
como causales de nulidad bien en el Código de Procedimiento Civil ora en el
Código General del Proceso, según el caso.
Se dice que en principio, porque también pueden dar lugar a la configuración
de la causal los vicios que puedan derivar en el desconocimiento o violación
del debido proceso, esto es, los relativos a la inobservancia de aspectos
procesales trascendentales que tengan incidencia en esta garantía
constitucional. Así, resulta improcedente la formulación de reparos orientados
a cuestionar el contenido de la motivación, la valoración probatoria o a la forma
de aplicación de una determinada norma realizada por el juez de instancia.
Ello explica por qué la jurisprudencia, de modo enunciativo, ha considerado
que la causal de revisión en comento puede tener lugar en eventos en los que:
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013.
Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-
33-31-035-2008-00180-01.
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(i) Se dicte sentencia en un proceso que terminó por desistimiento,
transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo;
(ii) La sentencia sea firmada por menor o mayor número de magistrados o
cuando la decisión es adoptada con un número de votos diferente al
previsto en la ley;
(iii) Se vulnere o desconozca el principio de non reformatio in pejus;
(iv) Se dicte sentencia condenatoria respecto de quien no es parte dentro
del proceso;
(v) La sentencia sea proferida con falta de competencia o de jurisdicción;
(vi) Se dicte sentencia con pretermisión de instancias procesales previas;
(vii) La sentencia carezca totalmente de motivación;
(viii) La sentencia proferida vulneré el principio de congruencia, bien en su
acepción interna28 o en su acepción externa29, aspecto este último que
se afecta ante la existencia de decisiones ultra-petita30, extra-petita31, o
infra-petita32.
• Las causales de nulidad o de irregularidad procesal con incidencia en el
debido proceso deben acaecer en la misma sentencia, lo que impide la
proposición de aquellas cuestiones que tuvieron lugar con anterioridad a la
misma, pues para ello debió hacerse uso de las oportunidades procesales
establecidas para el efecto.
Cabe anotar que, de forma excepcional, se ha admitido la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y
cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que
a la parte actora le corresponde demostrar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponerla en el curso del proceso.
• Por último, la anomalía debe ser de una entidad tal que la decisión adoptada
hubiera sido distinta en caso de no haberse presentado la irregularidad.
6. Caso concreto
Esta Sala Especial de Decisión estima que en el sub examine no se estructuró la
causal de revisión invocada en la demanda, ya que (i) la parte actora no se
encontraba habilitada para cuestionar la prosperidad de la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa; (ii) no se registró incongruencia interna ni
externa en el proveído cuestionado; y, (iii) los reparos restantes se orientaron a
utilizar el mecanismo extraordinario como una instancia adicional.
En ese orden se procede a su exposición.
28 Referida a la correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia.
29 Atinente a la concordancia entre lo decidido y el marco delimitado por la demanda, la contestación y la
apelación, sin perjuicio de las competencias oficiosas otorgadas al juez por el ordenamiento jurídico, de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 281 del C.G.P., aplicable por la remisión consagrada en el artículo
306 del C.P.A.C.A.
30 Determinaciones que reconocen un mayor derecho al pretendido.
31 Decisiones que reconocen una cuestión no reclamada o que siendo reclamada se concedió por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico enunciado en la demanda.
32 Providencia en la que no se resuelve algún asunto debidamente planteado.
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6.1. Declaración oficiosa de la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa respecto de unos demandantes
Según se anotó, para la recurrente no resultaba procedente que oficiosamente se
declarara la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa respecto de su cónyuge (señor José Ricardo Ávila Díaz) y su hija (señora
Kelly Johana Ávila Méndez), bajo el entendido de que tal actuación desconoce el
principio de la no reformatio in pejus, vulnera la protección dispensada por el
ordenamiento jurídico a la familia, y concede efectos retroactivos a una sentencia
de unificación que no existía para la fecha de interposición de la demanda de
reparación directa.
La hoy actora concurrió al proceso ordinario aduciendo su calidad de víctima directa
de un error judicial, mientras que su cónyuge e hija lo hicieron en calidad de víctimas
indirectas al no haber sido partes dentro del proceso civil respecto de cuya sentencia
se deprecaba el yerro.
Atendiendo esa diferencia, en la decisión que se revisa el examen efectuado frente
a cada una de las relaciones jurídicas fue distinto, porque tratándose de error
jurisdiccional “debe considerarse quién o quiénes están atados a los efectos jurídicos -inter partes
o erga omnes- de las decisiones contentivas del yerro, dado que el debate jurídico que se lleva a un
proceso concluye con una providencia que hace tránsito a cosa juzgada, definiendo en ultima ratio
la relación que tenían los sujetos que acudieron al proceso frente al derecho controvertido”.
Fue por eso que en esa sentencia, de una parte, se sostuvo que “quienes están
legitimados para acudir a reclamar el daño, son, en principio, aquellos que gozan de la calidad de
parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del supuesto yerro o frente a quienes
la sentencia esta llamada a ser exigible, dado que, frente a ellos, como parte de la relación procesal,
el error se proyecta como una afrenta a los derechos de acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva inmersos en las pretensiones de la demanda” ; y, de otra, se precisó que
las víctimas indirectas contarían con “interés legítimo para cuestionar las decisiones judiciales
de un proceso del cual no hicieron parte, cuando los efectos de las mismas le sean extensibles -erga
omnes-, no para alterar su carácter de cosa juzgada -la cual se mantiene incólume, por cuanto por
vía de acción de reparación directa y al amparo del título de imputación de error judicial no se invalida
la decisión para proferir otra- sino para que se les reparen, en el marco del artículo 90 Constitucional,
los daños antijurídicos que el ejercicio de la función judicial les causó”
Con base en ello, esta agencia judicial considera que la señora María Teresa
Méndez de Ávila no se encontraba facultada para debatir en esta sede judicial la
prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
decretada respecto de su cónyuge e hija. Esta decisión no resolvió su situación
jurídica, de modo que no produjo efectos jurídicos en su contra, lo que se confirma
al tener presente que, como se verá más adelante, la pretensión resarcitoria que
formuló fue debidamente examinada; cuestión diferente es que se hubiera
denegado.
La legitimación, autorización o habilitación para discutir la sentencia en esta vía se
encuentra relacionada, para lo que aquí interesa, con la afectación, incidencia, o
efectos jurídicos que produzca la regulación de las situaciones jurídicas efectuada
en ella. Luego, tratándose de la excepción plurimencionada, los habilitados para
discutir su prosperidad son los jurídicamente afectados con la misma, esto es, los
señores José Ricardo Ávila Díaz y Kelly Johana Ávila Méndez, quienes no
concurrieron al presente asunto, el cual se promovió en nombre propio por la señora
Méndez de Ávila.
6.2. Incongruencia
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Una interpretación racional de la demanda de revisión permite entender que los
reproches relativos a la (i) no resolución del cargo atinente a la violación de los
artículos 1602 y 1603 del Código Civil; (ii) ausencia de decisión sobre las
pretensiones de la señora Méndez de Ávila; y, (iii) falencia de la parte resolutiva de
la sentencia que se revisa, conciernen al principio de congruencia.
Ese principio persigue la protección del derecho a obtener una decisión judicial
certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda
del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal
se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda,
tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del
demandante.
Tal garantía, que delimita el contenido de la sentencia, se encontraba regulada en
el artículo 305 del C.P.C.33 en los siguientes términos:
“(…) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último
(…)
Considerando ello, la jurisprudencia de esta corporación ha entendido que la
congruencia debe ser interna y externa: aquella, referida a la armonía entre la parte
resolutiva y motiva del fallo correspondiente; esta, atinente a la conformidad entre
la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y su contestación.
Vale anotar, eso sí, que la “alegación sobre el quebrantamiento de [este] principio no admite el
cuestionamiento a la apreciación probatoria o a la actividad interpretativa desarrollada por el juez,
así como tampoco permite calificar el acierto de la decisión censurada o examinar la posible
configuración de errores in iudicando34”.
Luego, los literales (i) y (ii) se refieren a la faceta externa del principio, y el restante
(iii) alude a la interna, orden en el que se abordarán.
6.2.1. Congruencia externa
Contrario a lo señalado en el libelo introductor, la decisión de no resolver el cargo
relativo a los artículos 1602 y 1603 del Código Civil no desconoció el principio de
congruencia, porque ese cargo no hizo parte de la demanda de reparación directa.
En dicho acto procesal, el yerro jurisdiccional se imputó a dos unidades
jurisdiccionales, a saber: (i) al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá por
aplicar la prescripción del artículo 1890 del Código Civil dejando de lado la
naturaleza de la acción resolutoria incoada; y, (ii) a la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá al dar por probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto del FNA pese a que sí fue parte vendedora del contrato de
compraventa, y, por no declarar el incumplimiento de ese negocio jurídico cuando
33 Norma aplicable al proceso ordinario de reparación directa.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 25, M.P.:
Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 4 de agosto de 2023, exp.: 11001-03-15-000-2022-04218-00
(6723).
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no se habían honrado las condiciones de tiempo para la entrega, así como las
demás acordadas frente al área privada del bien y sus características.
Ahora bien, si en gracia de discusión se considerara que el cargo debía resolverse,
lo cierto es que el acaecimiento de esa irregularidad procesal se concretó porque la
parte interesada no hizo uso de la adición de providencias, establecida en el artículo
311 del C.P.C., según la cual: “[c]uando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término”.
Agréguese a ello, que tampoco se motivó ni se demostró lo atinente al carácter
trascendental del argumento, y de su contenido no se sigue la configuración de un
error judicial que hubiera dado lugar a la prosperidad de la pretensión indemnizatoria
reclamada ante el juez de la reparación directa.
De otro lado, en la sentencia que se pretende infirmar sí se examinó la pretensión
resarcitoria propuesta por la señora Méndez de Ávila; cuestión diferente es que no
se le resolviera de manera favorable a sus intereses.
Primero, por la inexistencia de error judicial derivado de la prosperidad de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del FNA puesto que no
fue parte del contrato de compraventa y su participación en la Escritura Pública Nro.
0322 se debió a su calidad de mutuante en el préstamo que le hizo a la hoy
accionante para la adquisición del bien inmueble. En palabras del ad quem:
“… independientemente de las consideraciones personales de la parte actora sobre la
motivación de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2010, en la que se declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva del FNA; las pruebas que militan en el proceso
evidencian que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizó un ejercicio de sana
crítica y fundó su decisión en los elementos de prueba que obraban en el proceso ordinario
No. 1999-00319, los cuales evidenciaban que, contrario a lo manifestado por la recurrente,
dicha entidad no fungió como compradora o vendedora en el pluricitado contrato de
compraventa, razón por la cual no puede considerarse irrazonable o incoherente la decisión
cuestionada o que haya desconocido los elementos probatorios que resultaban atendibles.
81. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que dicha declaratoria no ocasionó un daño
antijurídico a la señora María Teresa Méndez de Ávila, porque, a pesar de haberse negado
las pretensiones de la demanda frente al FNA, por encontrar configurada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, dicho daño no resulta indemnizable, dado que la
decisión estuvo ajustada a derecho
82. No sobra notar que, en casos como el examinado, una providencia no puede considerarse,
per se, generadora de un daño antijurídico por el hecho de negar las pretensiones de quien
demanda, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no
implica necesariamente que la decisión que corresponda deba ser favorable a sus
pretensiones, como tampoco pueden convertirse las demandas por error jurisdiccional en una
instancia adicional para insistir en las peticiones elevadas dentro de un proceso ya concluido 35.
35 Nota original: Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo
contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a
las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues
el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la
producción de un daño antijurídico.
Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: sentencias
del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; del 27 de junio de 2013,
exp. 28.189; del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; del 12 de febrero de 2015, exp 28.482, todas con
ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la Subsección en sentencia del 24 de abril
de 2020, exp. 56864, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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83. En todo caso, la Sala reitera que en aquellos eventos en los cuales no es posible obtener
una única decisión correcta, solo existirá responsabilidad del Estado cuando los fallos
carezcan de una justificación razonable 36, lo cual no ocurre en el presente caso, debido a que
la sentencia proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de
noviembre de 2010, en este aspecto, se ajustó tanto al acervo probatorio como a las normas
y jurisprudencia aplicables al asunto”.
Segundo, porque no se cumplió con la suficiencia argumentativa para demostrar la
existencia del error imputado con relación a la declaratoria de inexistencia del
incumplimiento del contrato de compraventa ya referenciado. Así, respecto de cada
una de las razones que sustentaron dicha atribución de responsabilidad, el juez de
segundo grado advirtió lo siguiente:
“86.- El alegato antes referido, más allá de que estuviera precedido del calificativo de error por
defectuosa valoración probatoria, no revela la suficiencia requerida para analizar el yerro
invocado, por cuanto, en primer lugar, no expone una argumentación concreta frente a la
prueba que se dejó de valorar, sino que se dirige a señalar lo que a su real saber y entender
e íntima convicción se debía interpretar a partir de una prueba documental, lo que al final de
cuentas termina por llevar a que el juez de la reparación actué como un juez de tercera
instancia del proceso ordinario, lo cual es a todas luces resulta improcedente en sede del título
de imputación invocado.
87. Igual sucede con las razones de su disenso en torno al contenido del artículo 1889 del C.
de P.C., soportadas en un análisis de interpretación de la norma que incluso riñe con el error
de hecho que invocó, dejando de identificar cómo se trasgredió la norma en comento, pero
con la gravedad mayúscula de que aun cuando lo hubiera enunciado, es claro que ese
presunto yerro no cumple con el requisito de trascendencia y suficiencia, pues si bien en los
términos previstos en el inciso segundo del referido artículo, la señora Méndez de Ávila podía
cuestionar que la constructora no le hizo entrega de todo lo comprendido en los linderos, dicho
aspecto no podía modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la decisión,
soportada en la evidencia de que la venta se realizó como cuerpo cierto37
36 Nota original: Criterio establecido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15.576. Reiterada por la Subsección A, en sentencia
del 13 de mayo de 2015, expediente 33.911. M.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 31 de enero de
2019, expediente 47.168 y sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 51.200.
37 Nota original: De conformidad con lo establecido en los artículos 1888 y 1889 del Código Civil, un inmueble
puede venderse de dos maneras: una de ellas es atendiendo a su cabida y la otra es como cuerpo cierto.
En el primer caso, el valor del inmueble se determinará en función de su área, a tal punto de que, en el
evento de que la cabida del predio sea superior a la informada, el comprador deberá aumentar su precio, a
menos de que su valor supere en más de una décima parte el precio de la cabida real, caso en el cual el
comprador podrá aumentarlo proporcionalmente o desistir del contrato. Si la cabida es inferior a la declarada,
el vendedor estará obligado a completarla, pero, en caso de no ser posible o no exigírsele, este deberá
disminuir proporcionalmente el precio, salvo que el valor de la cabida faltante sobrepase más de una décima
parte del precio de la cabida completa, evento en el que el comprador podrá aceptar su disminución o desistir
del contrato. En el segundo caso, cuando la venta se haga como cuerpo cierto, su cabida no será
determinante para la fijación del precio, por lo que el comprador no podrá exigir su rebaja o aumento, con
independencia de su área.
27. Sobre estas dos modalidades de compraventa de inmueble la Corte Suprema de Justicia ha explicado
que la sola mención de la cabida de un inmueble en un instrumento contractual no es equivalente ni tampoco
encierra una "garantía de cabida" en el sentido que a esta expresión corresponde darle para los precisos
efectos que consagra el artículo 1887 junto con los dos que le siguen en el código Civil -1888 y 1889,- toda
vez que al tenor de estos preceptos, leídos y entendidos sin perder de vista el estrecho enlace que
evidentemente entre ellos existe, una garantía de tal naturaleza no puede considerarse configurada sino en
tanto concurran tres condiciones, a saber: a) Que la cabida se señale en el contrato; b) Que con relación a
ella sea fijado el precio y, en fin, c) Que los términos del negocio celebrado pongan de manifiesto que no fue
intención de los contratantes renunciar al derecho de reclamar por diferencias entre la cabida real y la
declarada.
Agregó que si se aceptara la doctrina contraria de que siempre que se menciona la cabida la venta es con
relación a ella, resultaría que para obtener que toda cláusula de un contrato produjera algún efecto, se
debería calificar la venta con relación a cabida todo contrato en que ésta se indicara, de modo que la venta
jamás podría ser de cuerpo cierto cuando se señalara la cabida. Así, si la economía no es preponderante el
contrato, tiene que prevalecer el concepto común y ordinario del "cuerpo cierto" y por ende, ante
circunstancia semejante, no puede admitirse que exista una garantía convencional de cabida. Corte
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88. Ahora, en cuanto a la omisión de valorar las pruebas que militaban en el proceso
primigenio, las cuales acreditaban que la constructora no entregó la obra con las
características establecidas en la escritura de compraventa, advierte la Sala que la parte
actora no emprendió una labor dirigida a señalar cuáles fueron los elementos de juicio sobre
los que recayó el error en la actividad probatoria y por qué con ello se trasgredió la ley,
circunstancia que evidencia una carencia en la carga de suficiencia frente al yerro invocado,
sin que para corroborar este acierto la sala deba volver sobre el análisis efectuado por el juez
de la causa, pues vuelve y se repite, el presente proceso no es una tercera instancia”
6.2.2. Congruencia interna
La violación de la faceta interna del principio de congruencia tampoco se encuentra
demostrada. No existe la contradicción anunciada en la demanda entre la parte
motiva y resolutiva del fallo.
Una lectura armónica de la providencia judicial permite entender que la modificación
efectuada por el juez de segundo grado lo fue respecto de la decisión de primera
instancia que negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, con el fin de
excluir de esa denegación a los sujetos procesales respecto de quienes se declaró,
de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues frente a
ellos no procedía un pronunciamiento de fondo.
Esa conclusión respeta el contenido de la parte motiva, en el que se analizó la
legitimación de las víctimas directa e indirectas y, con base en lo cual, se concluyó
la ausencia de dicho presupuesto procesal respecto de las segundas, lo que explica
el por qué se procedió, con posterioridad, a examinar la pretensión resarcitoria
propuesta por la señora Méndez de Ávila, según se anotó en el numeral
inmediatamente anterior -6.2.1.
Si en gracia de discusión se considerara que existe una discrepancia entre la parte
motiva y resolutiva del proveído del 4 de noviembre de 2022, lo cierto es que su
acaecimiento se concretó porque la parte interesada no hizo uso de la aclaración
de providencias, contemplada en el artículo 309 del C.P.C., y al tenor de la cual
“dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto
complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”.
6.3. Reproches orientados a reabrir el debate propio de las instancias
Lo relacionado con la no calificación de la conducta procesal de las accionadas en
el proceso ordinario y la indebida valoración de los elementos de convicción,
corresponde a objeciones orientadas a reabrir el debate propio de las instancias.
Mediante el primer argumento lo que se propone, en últimas, es que se revise la
existencia de los elementos de convicción que, a juicio de la parte actora, acreditan
la mala fe en la ejecución del contrato de compraventa. Y, a través del segundo
motivo de censura lo que se busca es que se aborde el análisis de los medios de
prueba para determinar si el FNA fue parte de dicha relación negocial y si la misma
fue incumplida
Tales aspectos no cuestionan la existencia de una irregularidad procesal con
incidencia en el debido proceso, sino la labor de juzgamiento propiamente dicha;
aspecto que no hace parte de la finalidad del recurso extraordinario, según se anotó
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 1994, exp. 4221, M.P. Carlos
Esteban Jaramillo Schloss.
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en el numeral 4 de la parte considerativa de esta providencia, pues “la interpretación y
valoración probatoria es un asunto propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de
conocimiento38”.
7. Costas
La demanda de la referencia se presentó el 10 de octubre de 202339, razón por la
que le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el C.P.A.C.A.,
modificado por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General
del Proceso.
En efecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone:
“ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley
rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias
de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a
partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia
de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones” (Resalto fuera del original).
Por ello, resulta aplicable lo previsto en el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que
modificó el artículo 255 del CPACA, e impuso el deber de condenar en costas
cuando el recurso extraordinario de revisión se declare infundado. Así se dispone
expresamente:
ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo70 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8
del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha
invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto,
esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este
código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con
la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, M.P.:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia del 7 de abril de 2015, exp.: 11001-03-15-000-2013-02724-00.
39 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
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Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”
(se destaca).
Como esa previsión no contiene una regulación íntegra de la condena en costas
corresponde integrarla con lo previsto en los artículos 365 y 366 del C.G.P.,
aplicables en virtud de la remisión dispuesta en el artículo 188 del C.P.A.C.A.
Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al tenor
del cual “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”. Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta los
numerales 1, 4 y 6, según los cuales:
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará́ la liquidación y corresponderá́ al juez aprobarla o rehacerla. (…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas. (…)
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará́ inmediatamente
quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento
al superior, según el caso.”
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijaron los criterios para
la fijación de las agencias en derecho y las tarifas tratándose de recursos
extraordinarios de revisión. Fue por eso por lo que en los artículos 2 y 5 se previó lo
siguiente:
“Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá́ en
cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. (…)
Artículo 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
En el asunto de la referencia, la Nación-Rama Judicial designó apoderada y
concurrió al proceso oponiéndose a las pretensiones de la demanda, actuación que
por sí misma constituye prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en
derecho.
Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, la consejera
sustanciadora dictará un auto posterior, de conformidad con lo consagrado en el
numeral 3 del artículo 366 del C.G.P., una vez quede en firme la presente sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María
Teresa Méndez de Ávila contra la sentencia del 4 de noviembre de 2022,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-26-000-2011-01591-01
(53.873).
2. Condenar en costas, por concepto de agencias en derecho, a la parte
recurrente.
3. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, ingresar
el expediente al despacho de la consejera ponente para lo de su competencia.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese, y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Ausente con permiso Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. La comprobación de su validez e integridad se puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica
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