Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00999-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00999-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00999-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
1 de marzo de 2023
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00999-01 (51333)
Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00999-01 (51333)
Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tema: Improcedencia de la acción de reparación directa para reclamar
perjuicios causados por un acto administrativo. Se confirma la
sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia
de la acción porque la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Se condena en costas a la
demandante por adelantar una acción indebida luego de que se le
rechazó la acción procedente.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia dictada el 9 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró <<de oficio la indebida escogencia de la acción>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso
en primera instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 27 de noviembre de 2014.
En el término de alegatos, la demandante solicitó la revocatoria de la sentencia
para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda; la entidad
demandada solicitó la confirmación. El Ministerio Público guardó silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda fue presentada el 21 de marzo de 2012 por Gloria Himelda
Piragauta Riveros. Se dirigió contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
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Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
Público (en adelante, el “Ministerio”) para obtener la indemnización de perjuicios
causados con la Resolución 059 del 11 de mayo de 2001, mediante la cual fue
destituida del cargo de profesional especializado 3010-16 y que, en su concepto,
constituyó una <<indebida operación administrativa>>.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<PRIMERA: declarar en forma solidaria administrativamente responsable a la
NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO por las actuaciones
irregulares cometidas en contra de la señora Gloria Himelda Piragauta Riveros
durante el desarrollo de la indebida operación administrativa que se dio mediante
el acto administrativo proferido en Resolución Nro. 059 del 11 de mayo de 2001;
en la cual se destituyó del cargo de profesional especializado 3010-16 y confirmado
por Resolución 1160 del 14 de junio del 2001. Acto(s) administrativo(s)
posteriormente revocado(s) mediante acto del 30 de enero del 2006 proferido por
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y que se confirmó mediante
sentencia del 27 de enero del 2011 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO dentro de la acción de nulidad interpuesta por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público contra el acto del 30 de enero del 2006 proferido
por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la NACIÓN -
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a pagar al accionante como
reparación o indemnización los perjuicios de orden moral que se estiman en 1000
salarios mínimos legales mensuales.
TERCERA: como consecuencia de lo anterior, condenar a la NACIÓN -
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO por los perjuicios materiales
[daño emergente y lucro cesante] sufridos por la demandante (…) teniendo en
cuenta las siguientes bases:
a).- por los salarios dejados de devengar desde el año 2001 hasta el 2011 con
base de liquidación salarial y prestacional reajustados por cada año (…)
CUARTA: la condena respectiva será actualizada en la forma prevista por el
artículo 178 del código contencioso administrativo>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El Ministerio inició un proceso disciplinario contra la demandante por recibir
doble asignación del tesoro público a través de una pensión de gracia y su salario
en la entidad. El proceso culminó con la Resolución 059 del 11 de mayo de 2001,
por medio de la cual se declaró su responsabilidad disciplinaria y fue destituida
del cargo.
3.2.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Piragauta Riveros demandó la anterior resolución y su confirmatoria, pero <<por
descuido de su apoderado no subsanó la demanda dentro de los términos y por
tal razón le fue rechazada>>.
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Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
3.3.- Previa solicitud de la demandante, en decisión del 30 de enero de 2006 la
Procuraduría General de la Nación revocó directamente la sanción de destitución
y declaró su absolución de responsabilidad disciplinaria.
3.4.- En 2006 el Ministerio rechazó varias solicitudes de la demandante relativas
a que se ordenara su reintegro y el pago de salarios dejados de percibir. El
Ministerio adujo que el fallo de la Procuraduría no daba esas órdenes y sólo tenía
efectos hacia el futuro.
3.5.- El Ministerio interpuso demanda de nulidad contra la decisión de revocatoria
de la Procuraduría, cuyas pretensiones fueron negadas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante sentencia del 27 de enero de 2011.
3.6.- La demandante afirma que el Ministerio <<abusó y violó de manera
permanente [sus] derechos>> mediante <<la indebida operación administrativa
del acto administrativo que (…) la sancionó con destitución del cargo>> y <<es
por su acto administrativo que se presentó la falla>>. La decisión de la
Procuraduría le restituyó sus derechos constitucionales, pero no reparó los
perjuicios ocasionados.
B. Posición de la parte demandada
4.- El Ministerio señaló que, al momento de la presentación de la demanda, 21
de marzo de 2012, la acción de reparación directa estaba caducada, pues el
término de caducidad empezó a correr desde el 30 de enero de 2006, fecha de
la decisión de la Procuraduría con la cual se materializó el daño. En sus alegatos
agregó que la acción era improcedente.
C. Sentencia recurrida
5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la excepción de indebida
escogencia de la acción. Indicó que la demanda pretendía la indemnización de
perjuicios derivados del acto administrativo de destitución de la demandante, por
lo que su legalidad se debía desvirtuar a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
D. Recurso de apelación
6.- La demandante señala que: (i) era improcedente demandar el acto de
destitución en nulidad y restablecimiento del derecho porque dicho acto
<<murió>> con la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
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Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
negó la pretensión de nulidad formulada por el Ministerio contra la decisión de
revocatoria de la Procuraduría; y (ii) la acción de reparación directa es
procedente cuando el acto administrativo es revocado por la administración, lo
que soporta con lo señalado en la providencia del 13 de mayo de 2009 proferida
en el expediente 15652.
II. CONSIDERACIONES
E. Decisión
7.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la indebida
escogencia de la acción. La causa del daño fue el acto que destituyó a la
demandante de su cargo, por lo que la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Adicionalmente, la revocatoria del acto por parte
de la Procuraduría tampoco tornaba procedente la acción de reparación directa.
Según la jurisprudencia citada en el recurso, la acción de reparación directa no
es procedente si el acto es revocado directamente con posteridad a la
oportunidad que se tenía para demandarlo en nulidad y restablecimiento del
derecho, y en este caso la demandante aceptó que ejerció la referida acción, pero
que fue rechazada por falta de subsanación.
8.- También condenará en costas a la demandante por adelantar una acción
improcedente, conociendo que la que sí era procedente se le había rechazado.
F. La acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho
9.- De la lectura de la demanda resulta claro que la demandante identifica como
causa del daño la Resolución 059 de 2001, es decir, el acto administrativo por el
cual el Ministerio la destituyó del cargo que ocupaba en dicha entidad. Aunque
en las pretensiones y en el resto de la demanda se sostenga que la actuación del
Ministerio correspondió a una <<operación administrativa>>, lo cierto es que el
origen de sus perjuicios fue el citado acto administrativo.
10.-. El acto administrativo de destitución fue el que <<vulneró los derechos
constitucionales>> de la demandante y, por ende, era necesario desvirtuar su
legalidad con el fin de obtener el restablecimiento de su derecho (reintegro) y/o
la reparación de los perjuicios (pago de salarios dejados de percibir).
11.- La acción de nulidad y restablecimiento sí era procedente; tanto así, que la
demandante aceptó haberla ejercido y señaló fue rechazada por falta de
subsanación.
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Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
12.- La revocatoria de la destitución a través del fallo del 30 de enero de 2006 de
la Procuraduría no tornaba procedente la acción de reparación directa1. La
providencia de unificación que se cita en el recurso indica que la reparación
directa no es procedente cuando el acto administrativo es revocado con
posteridad a la oportunidad que tenía el administrado para acudir a la jurisdicción
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho:
<<En algunos pronunciamientos la Sala ha sostenido que cuando se produce la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter individual no es viable
ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados mientras el acto estuvo vigente porque
mal podría exigírsele al administrado atacar un acto inexistente, por consiguiente,
ha señalado que la vía procesal idónea para hacer valer su derecho sustancial es
la acción de reparación directa, sin embargo, debe tenerse en cuenta que no
siempre que se produce la revocatoria directa de los actos administrativos
individuales se abre paso la posibilidad de ejercitar la acción de reparación directa
para perseguir la indemnización de los perjuicios causados con ocasión del acto
inconstitucional o ilegal, pues la revocatoria directa como enunciado general puede
cumplirse en cualquier tiempo, pero el derecho subjetivo de reclamar el
resarcimiento de los perjuicios causados cuyo origen reside en el acto
revocado tiene límites temporales y medios procesales que no pueden ser
mutados por el demandante a su arbitrio, para subsanar su negligencia o
error.
(…)
Conforme a lo expuesto (…) se puede concluir que si el acto administrativo de
contenido particular y concreto generador del daño es revocado directamente por
la administración con posteridad a la oportunidad que tenía el administrado o el
afectado para acudir a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no puede posteriormente ejercer válidamente la
acción de reparación directa con miras a obtener el resarcimiento de los
perjuicios originados en el acto ilegal que ha sido revocado, porque lo único
que podría inferirse de la actitud omisiva es que el demandante pretende habilitar
el término que dejó caducar para sacar provecho de su propia negligencia, tratando
de encauzar las pretensiones consecuenciales que pudo haber reclamado a través
de la acción consagrada por el artículo 85 del C.C.A., por medio de una acción que
claramente resulta improcedente>>2 (destacado fuera de texto).
13.- Contrario a lo que plantea la demandante en su recurso, el acto de
destitución no <<murió>> con la sentencia del 27 de enero del 2011 proferida por
el Consejo de Estado. La destitución había sido revocada directamente por la
Procuraduría General de la Nación y la sentencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado simplemente negó la pretensión de nulidad formulada por el
Ministerio contra el acto administrativo de la Procuraduría.
1 Esta decisión tampoco revivía términos según los dispuesto en el artículo 127 del Código Disciplinario
único: <<ARTÍCULO 127. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE. Ni la petición de
revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las
acciones contencioso-administrativas. Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación
del silencio administrativo>>.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de mayo de 2009, exp. 15651, C.P. Myriam Guerrero De
Escobar. Criterio (igualmente unificado en sentencia de la misma fecha. exp. 27422- C.P. Ramiro Saavedra
Becerra) que ha sido reiterado en: subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2020, exp. 48774. C.P.
José Roberto Sáchica Méndez; subsección B, sentencia del 2 de junio de 2021, exp. 46602. C.P. Ramiro
Pazos Guerrero y subsección C, sentencia del 11 de julio de 2022, exp. 55222. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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14.- Finalmente, si lo alegado es que la decisión de la Procuraduría fue errónea
porque no reparó los perjuicios causados con la destitución del cargo, lo cierto es
que la acción de reparación directa no es procedente para impugnar dicha
decisión ni para determinar sus alcances.
G. Costas
15.- La demandante será condenada en costas en virtud de lo dispuesto en los
artículos 171 del CCA y 392 del CPC. La Sala considera que actuó con temeridad
al iniciar una acción improcedente a sabiendas de que la acción procedente era
la de nulidad y restablecimiento, que previamente se le había rechazado. Y si
bien se alega que la responsabilidad se derivaba de una <<operación
administrativa>>, es claro que la parte conocía que la acción procedente era la
adelantada inicialmente.
16.- En consideración a que el Ministerio de Hacienda alegó de conclusión en el
trámite de segunda instancia, la Sala condenará a la recurrente por concepto de
agencias en derecho a la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Lo anterior, de conformidad con los criterios y tarifas
establecidas por el numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 20033 y
teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado.
En este caso las pretensiones se estimaron en $912.794.905 y el monto de
agencias en derecho señalado es inferior al 5% de dicha suma.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 9 de abril de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. LIQUÍDENSE por
3<<3.1.3. Segunda instancia (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.>>
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Demandante: Gloria Himelda Piragauta Riveros
Secretaría e inclúyanse por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de la
entidad demandada.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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