Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01155-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01155-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-01155-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / DEBERES DEL ESTADO / FINES DEL ESTADO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO / DEBERES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUBLICA / FACULTADES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
La Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada; en consonancia con esta definición, señala el artículo 209 que la función administrativa debe desarrollarse, con miras a cumplir los fines del Estado, por medio de la satisfacción de los servicios públicos. Las vías públicas terrestres son bienes que están afectos a la prestación de un servicio público; por tal circunstancia, a la Nación, los departamentos, Distritos y municipios les corresponde la construcción, mantenimiento y reparación de carreteras, conforme conciernan a su territorio pues se constituyen en las obras públicas necesarias para el desarrollo local que integraran la infraestructura de transporte de que trata el título II de la Ley 105 de 1993 (…) de acuerdo con el artículo 17 de esa Ley, hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 17
ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA / ESTADO DE VÍA PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA
[D]ada la propiedad de las vías urbanas, al municipio o distrito le asiste el deber que imponen los artículos 19 de la Ley 105 de 1993, por lo que le corresponde la construcción y mantenimiento de las mallas viales y de todos los elementos que están llamadas a integrarlas, asistiéndole, por tanto, el deber de conservarlas en buen estado de forma que garanticen el servicio público aludido. (…) en función del marco legal y constitucional que viene de describirse, al Estado le es exigible realizar las labores tendientes a cumplir con el sostenimiento de la red vial y, en consecuencia, es responsable por los daños que se causen, cuando incurra la omisión de esas tareas de conservación y mantenimiento rutinario de la infraestructura vial.
FUENTE FORMAL: LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 115 / LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 19
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 29 de enero de 2014; Exp. 30356; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / FUNCIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / FACULTADES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA
[E]l accidente que cobró la vida [de la víctima] ocurrió en Bogotá D.C., razón por la cual, al encontrarse la vía dentro de su jurisdicción, el deber de limpieza, remoción, reparación, mantenimiento y señalización, entre otros, le corresponden a este Distrito y los daños que se produzcan por la falta a estos deberes le resultan en principio imputables. No obstante, atendiendo a la organización administrativa de tal ente territorial, y dado que desde 1972 a través del Acuerdo 19 de ese año, el Concejo distrital creó el Instituto de Desarrollo Urbano con el fin de atender estas obligaciones de manera especializada, como lo refleja el artículo 2 de ese Acuerdo y el artículo 3 del Decreto 980 de 1997 (…) No hay duda, entonces, de los deberes de mantenimiento, construcción y señalización que le asistían al IDU respecto de la vía pública en la que ocurrió el incidente.
FUENTE FORMAL: DECRETO 980 DE 1997 - ARTÍCULO 3 / ACUERDO 19 DE 1972 - ARTÍCULO 2
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CAUSACIÓN DEL DAÑO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALLA DEL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / DEBERES DE LAS PARTES EN EL PROCESO / CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LAS CAUSALES EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN VÍA PÚBLICA
[L]a falta de mantenimiento y señalización vial a cargo del IDU fue una circunstancia involucrada en el desarrollo causal del accidente del 17 de junio de 2008 que generó la muerte [a la víctima]. Sigue entonces analizar si la falla en el servicio de mantenimiento vial es la causa directa y exclusiva del daño alegado o si, por el contrario, aun cuando ésta se encuentra acreditada, la fuente del daño fue la conducta del señor, cuestión esta que viene a ser el punto esencial de los argumentos esbozados en los recursos de apelación, pues, de un lado, los demandantes aseguran que no hubo incidencia causal por parte de la víctima en la ocurrencia del daño y, de otro lado, el ente demandado afirma que fue su conducta el origen único de éste. (…) la prosperidad de las excepciones de mérito que formula el demandado no puede soportase en la escueta exposición argumental, pues requiere de la comprobación de los fundamentos que le dan lugar, de ahí que quien pretende desligarse del deber de indemnizar por la ocurrencia de una causa extraña, le asiste la carga de acreditar su acaecimiento; por tanto, al IDU no le bastaba indicar la falta de casco de seguridad y la ausencia de licencia de conducción para liberarse del deber indemnizatorio, pues debió efectuar los esfuerzos probatorios pertinentes que llevaran a la conclusión evidente de que fueron esos hechos los que determinaron la ocurrencia del siniestro, así que, ante su ausencia, no hay lugar a darle el alcance que ese ente pretende. (…) por falta de prueba que acredite el medio exceptivo, esto es, que la víctima estuviera transitando por una zona no permitida, se debe descartar el argumento argüido por el IDU, consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / PÓLIZA DE SEGURO / PAGO DEL SEGURO
Los demandantes solicitaron por este concepto el reconocimiento y pago del valor de la motocicleta siniestrada; no obstante, como lo advirtió el a quo, no les asiste derecho para solicitar ese pago, toda vez que (…) los demandantes hicieron efectiva la póliza de seguros que sostenían con Seguros del Estado S.A. y obtuvieron el pago que ahora reclaman, por consiguiente, a quien le asiste legitimación para exigir el pago del causante del siniestro, es quien se subrogó el crédito, de conformidad con el artículo 1096 del Código de Comercio , de modo que resulta procedente su negación.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1096
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE
En la demanda se solicitó el pago de la asistencia económica que padres y hermanos del [occiso] dejaron de percibir con ocasión de su muerte; sin embargo, como lo consideró el a quo, no hay prueba que respalde tal pretensión, luego es preciso confirmar la negativa a reconocerlos.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / PRUEBA DEL PARENTESCO / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CAUSACIÓN DEL DAÑO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO
[D]e acuerdo con la postura unificada de esta Corporación, el tope máximo de indemnización por perjuicio moral en caso de muerte es de 100 SMLMV, para las relaciones afectivas conyugales o paterno filiales y de 50 SMLMV, para las relaciones afectivas de segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), a menos que se pruebe una circunstancia de especial gravedad que torne necesario aumentar ese monto ; por lo tanto, a los demandantes, en la medida en que cada uno acreditó las relaciones paternofiliales y de segundo grado de consanguinidad respecto del [occiso], por medio de los respectivos registros civiles de nacimiento, les corresponden 100 SMLMV, tanto para [los padres] y 50 SMLMV [los hermanos], sin sufrir reducción alguna, en la medida en que no se halló probada concurrencia del hecho de la víctima en la estructuración del daño.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 32988; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO A LA SALUD / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR DAÑO EN VÍA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO
Desde el 2011, esta Corporación ha prohijado el daño a la salud como categoría que integra los perjuicios inmateriales distintos a los morales y que comprende no sólo las afectaciones anatómicas y fisiológicas de la persona, sino también las “manifestaciones del bien ‘salud’, como bien necesario para una correcta expresión de la persona en la comunidad en la que vive”; por tanto, cuando se ordena la reparación del daño a la salud, se incluyen las afectaciones a las relaciones sociales y familiares de la víctima (daño a las condiciones de existencia) y las disminuciones sicofísicas (perjuicio sicológico). Al consultar las pruebas que obran en el expediente, no se observa alguna que demuestre la acreditación del padecimiento de este perjuicio por parte de los padres o hermanos de la víctima mortal (…) razón por la cual la Sala estima bien denegadas las pretensiones que se elevaron por los conceptos indicados.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NORMATIVIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / DEBERES DE LAS PARTES EN EL PROCESO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes en esta instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998
NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con salvamento de voto de la honorable consejera Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-01155-01(52042)
Actor: GERMÁN FLÓREZ Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / Título de imputación procedente de acuerdo con los hechos objeto de controversia / RESPONSABILIDAD POR FALLA DE MANTENIMIENTO VIAL / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / hecho exclusivo de la víctima / DAÑO A LA SALUD / macro categoría que recoge el daño sicológico y afectaciones a las condiciones de existencia.
Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se consideró la concurrencia de culpas y se condenó al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a pagar una indemnización.
El 17 de junio de 2008, el señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán sufrió un accidente, cuando se desplazaba en su motocicleta y se precipitó a un bache que lo hizo perder el control y sufrir heridas que luego lo llevaron a la muerte. Por esos hechos, su familia reclama indemnización, en tanto señalan al Estado como responsable de la falta de mantenimiento de la vía pública donde ocurrió el incidente.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de abril de 2014, a través de la cual se declaró parcialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y se obligó a pagar indemnización, en los siguientes términos:
“PRIMERO: Declarar parcialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano por los perjuicios causados a los demandantes, derivados de la muerte del señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán, ocurrida el 17 de junio de 2008, en la calle 134 con carrera 54 C de Bogotá, al caerse de su motocicleta, producto de la existencia de un hueco en la malla vial, que no había sido reparado por la entidad demandada.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a pagar al Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
PERJUDICADOS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV)
Germán Flórez Márquez (en calidad de padre)
Treinta (30)
Rosaura Beltrán de Flórez (en calidad de madre)
Treinta (30)
Vladimir Leonardo Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Treinta (30)
Erich Germán Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Treinta (30)
Wilhelm Eduardo Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Treinta (30)
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda”.
2. Dicha sentencia decidió la demanda presentada el 18 de agosto de 2010, por Germán Flórez Márquez, Rosaura Beltrán de Flórez, Vladimir Leonardo, Erich Germán y Wilhem Eduardo Flórez Beltrán (padres y hermanos de la víctima Rainer Dimitri Flórez Beltrán) contra el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante el IDU), cuyas pretensiones, hechos y fundamentos son, los siguientes:
Pretensiones
3. Los demandantes piden se declare responsable al IDU por la muerte de Rainer Dimitri Flórez Beltrán, quien cayó de su motocicleta por un bache en la vía y, como consecuencia, solicitan que por esos hechos se condene a esa entidad a pagar por a cada uno de ellos, por perjuicios morales 150 SMLMV, por perjuicios sicológicos 150 SMLMV, por perjuicios a las condiciones de existencia 500 SMLMV, por perjuicio material, en la modalidad de daño emergente $5’799.000, correspondiente a la motocicleta destruida y que además, se le pague a Germán Flórez Márquez y Rosaura Beltrán de Flórez, a título de perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, $1’500.000, por la asistencia económica dejada de percibir de su hijo fallecido, así como también las agencias en derecho que resulten procedentes.
Hechos
4. Se expuso, en síntesis, que el señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán falleció como consecuencia del accidente que sufrió el 17 de junio de 2008, en la calle 134 con carrera 53 C de Bogotá, cuando se movilizaba en su motocicleta y se precipitó a un hueco que lo hizo perder el control y sufrir lesiones mortales.
5. La vía donde se encontraba el bache estaba a cargo del IDU y se hallaba en malas condiciones, de hecho, dos meses después del incidente fue intervenida por un contratista de la entidad, conforme lo indica el oficio IDU-083582 DTP-225, por el cual se resolvió una petición de información.
Fundamentos de derecho
6. Los demandantes citaron fundamentos de orden constitucional y civil relacionados con la responsabilidad del Estado, los deberes de satisfacción de los servicios públicos y la responsabilidad por daños a terceros. Con base en tales argumentos, indicaron que el IDU era responsable del daño padecido porque era la entidad a cargo de la vía donde ocurrió el siniestro.
7. La demanda fue admitida notificada al IDU, quien guardó silencio.
8. El Tribunal abrió a pruebas el proceso y, vencido el término para su recaudo, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
Alegatos
9. La parte demandante reiteró los hechos expuestos en la demanda e insistió en la responsabilidad del IDU, como entidad a cargo de la vía en malas condiciones donde ocurrieron los hechos.
10. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
La sentencia recurrida
11. Al dictar sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró parcialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, al estimar que el daño alegado por los demandantes fue el resultado de la concurrencia de causas desplegadas por la entidad pública y la víctima directa, señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán.
12. Como fundamento de la anterior conclusión, dijo que estaba acreditado que el accidente se derivó de varias circunstancias: de un lado, por la falta de uso del casco de seguridad, la infracción al deber de conducir a un metro de la acera y la ausencia de licencia de conducción; de otro lado, se refirió a la existencia de un bache en la vía pública a cargo del IDU, por lo cual dijo que, dada la incidencia causal de la víctima fallecida en el daño alegado, sus familiares sólo tenían derecho a reclamar el treinta por ciento (30%) de la indemnización.
13. Frente a los perjuicios materiales reclamados, el Tribunal los negó pues la motocicleta estaba pignorada a favor de Banco de Occidente y, por ende, era éste el único facultado para reclamar.
14. En cuanto al lucro cesante exigido, dijo que no se había probado que los padres y hermanos del señor Flórez Beltrán dependieran económicamente de él, razón por la cual no resultaba procedente la pretensión por este concepto.
15. En relación con los perjuicios morales, dijo que se presumía su padecimiento por parte de los demandantes, dada la muerte del señor Flórez Beltrán y, consideró que a cada demandante le correspondían 30 SMLMV, atendiendo a la reducción de condena por la concausalidad declarada.
16. Negó la indemnización pedida por perjuicios fisiológicos porque los estimó subsumidos en los perjuicios morales, los cuales ya habían sido objeto de medida de resarcimiento.
17. Finalmente, rechazó la petición de indemnización por la alteración a las condiciones de vida, porque no había prueba que la demostrara. Asimismo, negó la condena en costas, en tanto no las estimó causadas.
LOS RECURSOS INTERPUESTOS
Sustentación de los recursos de apelación
18. Los demandantes solicitaron la modificación de la sentencia, en el sentido de que se excluyera el hecho de la víctima como concausa determinante del daño y, por ende, que se declarara la responsabilidad total del IDU, por los hechos acaecidos. Para el efecto, manifestaron los siguientes argumentos:
No es posible que un motociclista permanezca siempre a un metro de la acera, comoquiera que existen automóviles y autobuses estacionados que así lo impiden y, en todo caso, aunque el bache no se encontrara en la zona del metro a la acera, no es óbice para que la muerte del señor Flórez Beltrán no comprometa al Estado, pues la sola existencia del hueco demuestra falta de mantenimiento vial y hace que el daño le resulte atribuible.
La ausencia de licencia de conducción en el momento de los hechos no indica que la víctima no contara con ella y mucho menos evidencia entonces falta de pericia en la conducción, pues es común que en un accidente de tránsito se pierdan documentos.
La falta de hallazgo de casco de seguridad en el lugar de los hechos no acredita que la víctima no lo portara, además, no hay testimonio o prueba que indique lo contrario.
19. Por su parte, el IDU solicitó que se revocara la sentencia de instancia, para lo cual adujo como argumento único, que el bache que estaba en la vía pública y que configura una supuesta falla no fue la causa determinante del daño, pues lo fueron las circunstancias indicadas por el Tribunal (falta de casco de seguridad, tránsito por zona indebida y ausencia de licencia de conducción) y el exceso de velocidad del conductor de la motocicleta que pasó por alto el sentenciador, todo lo cual evidencia que la fuente exclusiva del daño fue la conducta descuidada de la víctima, liberando de responsabilidad a la entidad pública.
20. Esta Corporación admitió el recurso de apelación y, luego, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público, para rendir concepto.
21. El IDU reiteró el argumento central de su recurso de apelación.
22. Los demandantes y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
23. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos de apelación ya indicados, para lo cual se harán las siguientes consideraciones:
El objeto de los recursos
24. Al analizar las disertaciones, evidencia la Sala que ambas partes apuntan a una circunstancia común que se relaciona con la evidencia de la culpa de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad. De un lado, los demandantes afirman la falta de injerencia de la conducta del occiso en el daño padecido y, de otro lado, la entidad demandada asegura la directa y exclusiva incidencia de aquella en este último.
25. Así, marcando las disertaciones de apelación los linderos de la competencia de esta Corporación, la Sala procederá a analizar si los elementos de prueba llevan a colegir la configuración o no de la tesis exculpatoria, sin perjuicio de la reconstrucción de las circunstancias fácticas que permitan determinar los alcances de la imputación jurídica del daño.
Hechos probados
26. De acuerdo con el material probatorio recaudado durante el proceso y con el fin de abordar los recursos formulados, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
27. El 24 de junio de 2008, ocurrió el deceso del señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán, conforme con el registro civil de defunción. Su muerte se produjo en la Fundación Salud Bosque, por múltiples y graves lesiones, como lo acredita la historia clínica suscrita por los galenos de ese centro médico, que dice:
“DX
PACIENTE FALLECIDO SECUNDARIO A ACCIDENTE DE TRÁNSITO
POLITRAUMATISMO
TEC SEVERO – LESIÓN AXONAL DIFUSA
MUERTE CEREBRAL
NEURMOTORAX BILATERAL MANEJADO CON TORACOSTOMIAS
FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO
FRACTURA DE CLAVÍCULA” .
28. Las circunstancias que dieron lugar a las lesiones mortales del señor Flórez Beltrán corresponden a las ocurridas el 17 de junio de 2008, a las 19:10 horas, en la calle 134 con carrera 53C de Bogotá. Ese día, el mencionado señor se desplazaba en la motocicleta de uso particular de placas BZL 08, cuando perdió el control y cayó al suelo, causándose las referidas heridas, tal y como lo acredita el informe de accidentes de tránsito 403610.
29. De conformidad con el informe aludido, la vía donde ocurrieron los hechos era una recta plana, de un sentido, una sola calzada, dos carriles, asfáltica, con huecos, la cual se encontraba en condiciones secas y mala iluminación, y no contaba con señales de tránsito, salvo la demarcación de carril. Igualmente, indica el documento oficial que el hueco o bache que causó que el señor Flórez Beltrán perdiera el control de la motocicleta era de 0.4 metros de ancho por 0.85 metros de largo y se ubicaba en la zona de demarcación y división de los carriles de la calzada, de los cuales, el izquierdo tenía un ancho de 2.99 metros y el derecho 3.30 metros.
30. Como hipótesis del incidente el agente que elaboró el informe de accidentes de tránsito 403610 escribió:
“COD. HIPÓTESIS: 306
EL COJE (sic) EL JUECO (sic) QUE HA (sic) EN LA CALZADA PIERDE EL CONTROL Y CAE”.
31. Finalmente, como observaciones, el oficial hizo constar:
“LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR POR EL ACCIDENTE NO FUE POSIBLE UBICARLA”.
32. Por los hechos ocurridos el 17 de junio de 2008, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal por la supuesta comisión del delito de homicidio, proceso que finalmente fue archivado por atipicidad, mediante resolución de archivo del 29 de octubre de 2009, en el cual se puede leer:
“El día 17 de junio de 2008, el señor RAINER DEMEITRI (sic) FLOREZ (sic) BELTRÁN quien se desplazaba conduciendo una moto por la calle 134 sentido occidente oriente y al cruzar el paso del nivel del canal de aguas lluvias río Córdoba pierde el control de la motocicleta al coger unas grietas existentes en la mitad de la calzada por donde están demarcadas las líneas del carril resultado lesionado, es trasladado a la clínica el Bosque donde fallece días después.
(…)
Teniendo en cuenta el protocolo de necropsia donde se establece que la muerte de BREINER DIMITRI FLOREZ (sic) BELTRÁN fue ocasionada por los traumas que recibiera al caer de la moto donde se transportaba y sin que existían (sic) terceras personas que intervinieran o hayan provocado ese comportamiento, la fiscalía se abstendrá de adelantar la persecución penal conforme al art. 66 del cpp y dispondrá el archivo de las diligencias conforme a lo dispuesto en el art 79 del CPP con fundamento en la causal N, 1 POR ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA y en caso de que surjan nuevos elementos materiales probatorios se reiniciará investigación mientras no se haya extinguido la acción penal”.
Caso concreto
33. De acuerdo con las probanzas recaudadas y sin perjuicio de que no se encuentra en debate, la Sala colige la existencia de un daño que consistió en la muerte del señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán, como consecuencia de las lesiones que recibió producto del accidente ocurrido cuando se desplazaba en la motocicleta particular de placas BZL. Por lo tanto, encontrándose acreditado el primer elemento de la responsabilidad, es posible continuar con el análisis de manera que se logre determinar si es imputable al ente demandado, IDU o si la única causa adecuada y determinante del mismo es la conducta de la víctima.
34. La Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada; en consonancia con esta definición, señala el artículo 209 que la función administrativa debe desarrollarse, con miras a cumplir los fines del Estado, por medio de la satisfacción de los servicios públicos.
35. Las vías públicas terrestres son bienes que están afectos a la prestación de un servicio público; por tal circunstancia, a la Nación, los departamentos, Distritos y municipios les corresponde la construcción, mantenimiento y reparación de carreteras, conforme conciernan a su territorio pues se constituyen en las obras públicas necesarias para el desarrollo local que integraran la infraestructura de transporte de que trata el título II de la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
36. Ahora, de acuerdo con el artículo 17 de esa Ley, hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.
37. Igualmente, según el artículo 115 de la Ley 769 de 2002, “cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción”.
38. Así, dada la propiedad de las vías urbanas, al municipio o distrito le asiste el deber que imponen los artículos 19 de la Ley 105 de 1993, por lo que le corresponde la construcción y mantenimiento de las mallas viales y de todos los elementos que están llamadas a integrarlas, asistiéndole, por tanto, el deber de conservarlas en buen estado de forma que garanticen el servicio público aludido.
39. Esta Corporación ha reconocido que, en función del marco legal y constitucional que viene de describirse, al Estado le es exigible realizar las labores tendientes a cumplir con el sostenimiento de la red vial y, en consecuencia, es responsable por los daños que se causen, cuando incurra la omisión de esas tareas de conservación y mantenimiento rutinario de la infraestructura vial.
40. En este caso, el accidente que cobró la vida del señor Flórez Beltrán ocurrió en Bogotá D.C., razón por la cual, al encontrarse la vía dentro de su jurisdicción, el deber de limpieza, remoción, reparación, mantenimiento y señalización, entre otros, le corresponden a este Distrito y los daños que se produzcan por la falta a estos deberes le resultan en principio imputables.
41. No obstante, atendiendo a la organización administrativa de tal ente territorial, y dado que desde 1972 a través del Acuerdo 19 de ese año, el Concejo distrital creó el Instituto de Desarrollo Urbano con el fin de atender estas obligaciones de manera especializada, como lo rfleja el artículo 2 de ese Acuerdo y el artículo 3 del Decreto 980 de 1997 “por el cual se distribuyen algunos negocios y asuntos de la Secretaría de Obras Públicas al Instituto de Desarrollo Urbano”, modificado por el artículo 1 del Decreto 759 de 1998, de manera que, al ser el IDU un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, le asiste el deber de asumir responsabilidad por la desatención de tales mandatos legales; dicen las normas:
“Artículo 2. El Instituto atenderá la ejecución de obras públicas de desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan General de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización y de pavimentación, para la cual tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar obras de desarrollo urbanístico tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias.
(…)
4. Colaborar con la Secretaría de Obras Públicas, en el mantenimiento y conservación de vías”.
“Artículo 3. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo 19 de 1972, el mantenimiento, rehabilitación, reparación, reconstrucción, pavimentación de zonas de espacio público destinadas a la movilidad, tales como: vías, puentes vehiculares y peatonales, zonas verdes, zonas peatonales, andenes, monumentos públicos, separadores viales y obras complementarias, estarán o cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, así como la recepción e interventoría de las obras realizadas en zonas a desarrollar por urbanizadores o personas que adelanten loteos".
42. Lo anterior encuentra respaldo en el oficio IDU-083582 del 4 de diciembre de 2009, por medio del cual el IDU resolvió una petición de información, en cuyo contenido se lee, lo que sigue:
“1) ¿Qué entidad es la encargada de la malla vial existente en la Calle 134 por Carrera 53C de Bogotá para el día 17 de junio de 2008?
El IDU es la entidad encargada de realizar mantenimientos o intervenciones sobre la calle 134 a la altura de la carrera 53 C.
2) ¿Qué ‘tipo’ de vía es la Calle 134 por Carera (sic) 53 C de Bogotá para el día 17 de junio de 2008?
La calle 134 a la altura de la carrera 53C hace parte de la malla vial arterial de la ciudad”.
43. No hay duda, entonces, de los deberes de mantenimiento, construcción y señalización que le asistían al IDU respecto de la vía pública en la que ocurrió el incidente.
44. Precisado o anterior, pasa la Sala a verificar si existió una desatención a estas obligaciones que configuren una falla en el servicio público de mantenimiento y señalización vial.
45. De acuerdo con el informe de accidentes de tránsito 403610, elaborado el día de los hechos, en el lugar del incidente existía un hueco de 0.4 metros de ancho por 0.85 metros de largo que se encontraba ubicado en la mitad de la calzada destinada al tránsito vehicular. En el sitio no se halló señalización que advirtiera del peligro que un bache de tal magnitud representa para el tráfico vehicular y, de hecho, según el aludido informe, la vía no tenía buena iluminación y tenía otros baches, con lo cual salta la vista que el IDU no había adelantado la reparación y mantenimiento que le corresponde, como, además lo reconoció en oficio IDU-000192 del 5 de enero de 2010, por medio del cual resolvió una petición de información. En el oficio se advierte el siguiente contenido:
“Para la Calle 134 sólo se adelantó mantenimiento rutinario a través de acciones de movilidad, sin embargo, consultada la base de datos sobre las intervenciones viales realizadas en esta vía, no se registra intervención alguna en la Calle 134 por Carrera 53C, sitio por el que se indaga en su comunicación”.
46. Bajo estas premisas, se puede colegir sin dificultad que nos encontramos frente a una falla en el servicio, comoquiera que la entidad distrital desatendió las obligaciones que le asistían normativamente para la época de los hechos, y, por tanto, es preciso analizar si esa falla fue la causa del deceso del señor Flórez Beltrán, pues vale recordar que la comprobación de una desatención legal no basta para declaración de responsabilidad del Estado, ya que resulta necesario que se acredite también un vínculo de causalidad de la desatención legal con el menoscabo imputado y así también verificar la posible contribución única o concurrente del hecho de la víctima al hecho dañoso, para efectos de definir los alcances del deber de resarcir.
47. A pesar de que el accidente sucedió en vía pública, en el plenario no hay evidencia testimonial que indique la forma de ocurrencia de los hechos; no obstante, el informe de accidente de tránsito tantas veces mencionado advierte como causa probable, el bache vial, pues como se describe en el informe “él coje (sic) el hueco que hay en la calzada pierde el control y cae”.
48. Para la Sala esta hipótesis es razonable y goza de plena validez lógica, en la medida en que la existencia de un hueco de considerable magnitud, como el del lugar de los hechos que tenía 0.4 metros de ancho por 0.85 metros de largo, supone un obstáculo de importante gravedad para los vehículos que transitan por esa vía pública, por lo que resulta apenas lógico que durante el tránsito de un sujeto como el señor Flórez Beltrán en una motocicleta hubiera perdido el control y hubiera caído al suelo causándose importantes heridas. De hecho, como se puso de presente en el precitado informe de tránsito, la vía no tenía buena iluminación, el accidente ocurrió a las 19:10 horas, cuando ya no había luz natural ni señalización de algún tipo que permitiera advertir la existencia del bache.
49. No hay duda entonces, que la falta de mantenimiento y señalización vial a cargo del IDU fue una circunstancia involucrada en el desarrollo causal del accidente del 17 de junio de 2008 que generó la muerte al señor Flórez Beltrán. Sigue entonces analizar si la falla en el servicio de mantenimiento vial es la causa directa y exclusiva del daño alegado o si, por el contrario, aun cuando ésta se encuentra acreditada, la fuente del daño fue la conducta del señor, cuestión esta que viene a ser el punto esencial de los argumentos esbozados en los recursos de apelación, pues, de un lado, los demandantes aseguran que no hubo incidencia causal por parte de la víctima en la ocurrencia del daño y, de otro lado, el ente demandado afirma que fue su conducta el origen único de éste.
50. De conformidad con los argumentos del Tribunal, la muerte del señor Flórez Beltrán se debió a la falla en el servicio del IDU, consistente en la falta de mantenimiento vial que dio lugar al hueco causante del accidente, y también se debió a la conducta imprudente de la víctima, al conducir sin casco de seguridad, por fuera de la zona permitida para la circulación de motocicletas, esto es, fuera del metro de distancia desde la acera más próxima, y sin licencia de conducción.
51. Al revisar el material probatorio, observa la Sala que no hay ninguna prueba que evidencie que el señor Flórez Beltrán conducía sin casco de seguridad. Es cierto que en el informe de accidentes de tránsito 403610 no se hizo mención a este instrumento de seguridad que exigía la normatividad de tránsito de la época de los hechos, pero también lo es que la falta de referencia a este elemento no implica que la víctima no poseía casco de seguridad al momento del insuceso, máxime si se tiene en cuenta que el levantamiento del informe se hizo a las 20:30 horas, esto es, una hora después de ocurridos los hechos, cuando la víctima ya había sido trasladada a la Fundación Salud Bosque.
52. Asimismo, no hay prueba que indique que el señor Flórez Beltrán no contara con una licencia de conducción que lo habilitara para el manejo de motocicletas, porque, si bien en el informe de accidentes de tránsito 403610 se consignó que no se halló licencia de conducción de la víctima, no implica de ninguna forma que la víctima no contara con ese documento, pues, dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, en el levantamiento del informe, el agente consignó que “la licencia de conducción del conductor por el accidente no fue posible ubicarla” y en todo caso, la entidad demandada que alega la culpa exclusiva de la víctima no allegó certificación de tránsito o cualquier otro documento que pruebe que en efecto, el occiso carecía de tal documento.
53. Se precisa, además, que no portar licencia es asunto distinto a no tenerla, pues para la primera hipótesis, a lo sumo se podrá configurar una infracción de tránsito, sin relación de causalidad con el accidente, al paso que la segunda si podrá constituirse como elemento a valorar, de cara al desarrollo de una actividad peligrosa no autorizada para quien carece de tal documento.
54. En este punto es necesario recordar que la prosperidad de las excepciones de mérito que formula el demandado no puede soportase en la escueta exposición argumental, pues requiere de la comprobación de los fundamentos que le dan lugar, de ahí que quien pretende desligarse del deber de indemnizar por la ocurrencia de una causa extraña, le asiste la carga de acreditar su acaecimiento; por tanto, al IDU no le bastaba indicar la falta de casco de seguridad y la ausencia de licencia de conducción para liberarse del deber indemnizatorio, pues debió efectuar los esfuerzos probatorios pertinentes que llevaran a la conclusión evidente de que fueron esos hechos los que determinaron la ocurrencia del siniestro, así que, ante su ausencia, no hay lugar a darle el alcance que ese ente pretende.
55. Se aduce también como fundamento de la incidencia causal de la víctima en el accidente que cobró su vida, transitar por fuera de la distancia reglamentaria para conducir motocicletas, teniendo en cuenta que el artículo 94 del Código Nacional de Transporte obliga a estos vehículos a movilizarse a no más de un metro de la acera derecha de la vía.
56. Al revisar el croquis de tránsito, se puede observar que el bache causante de daños se encontraba en la mitad de la calzada, justo en la línea de blanca discontinua que marca la separación de los dos carriles existentes a una distancia superior de un metro desde la acera derecha, teniendo en cuenta que el carril derecho tenía un ancho de 3.30 metros, por lo que se puede colegir sin apremio que para el instante del accidente, el señor Flórez Beltrán no se encontraba cumpliendo la distancia reglamentaria que exige el artículo 94 del Código Nacional de Transporte, como se puede apreciar en el respectivo bosquejo:
57. Sin embargo, al ser la vía pública de carril doble, cuyas líneas blancas discontinuas correspondían a la división de carriles que van en un mismo sentido, estaba reglamentariamente permitido que una motocicleta hiciera adelantamientos y, por ende, saliera del área reglamentaria de un metro de la acera derecha, exigida por el artículo 94 del Código Nacional de Transporte, hacia el carril izquierdo que se dirige en el mismo sentido, a fin de ejecutar maniobras de adelantamiento, con el respectivo cuidado y precaución que ello merece, como lo contempla el inciso sexto del artículo 68, en armonía con el inciso octavo del artículo 94, reguladores del tránsito, que establecen:
“Artículo 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:
(…)
De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva”.
“Artículo 94. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:
(…)
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar”.
58. Lo anterior consulta plena lógica en la conducción de automotores en vía pública, pues de acuerdo con la experiencia, la dinámica misma del tránsito vehicular requiere que sus usuarios varíen de posición sus vehículos cuando resulte necesario para continuar su marcha, con la atención, cuidado y precaución que esas conductas requieren, tal como lo establece el artículo 60 del Código Nacional de Tránsito.
59. Estas exigencias están previstas para evitar que los usuarios viales causen daños a otros o a ellos mismos, pero de ningún modo pueden ser entendidas como parámetros para evitar daños por la existencia de obstáculos como baches o huecos que no deben estar en la vía pública y que, además, están sin señalización, de modo que el hecho de que el señor Flórez Beltrán no se hallara en la zona para motocicletas en una vía en la que podía cambiar de carril no constituye prueba de alguna incidencia de su conducta en el suceso que cobró su muerte.
60. Finalmente, como se ha indicado, la entidad demandada aduce como base del recurso de apelación el exceso de velocidad del señor Flórez Beltrán. Al respecto se observa que en el expediente no hay ningún elemento probatorio que acompañe esa afirmación, pues ni el informe de accidente de tránsito o las piezas procesales válidamente trasladadas del proceso penal dan cuenta de esa situación, por lo que no constituye un hecho probado que influya en la atribución de responsabilidad.
61. Así entonces, la muerte del señor Flórez Beltrán se dio por la existencia de un hueco en la vía pública de la calle 134 con carrera 50C de Bogotá, el cual se generó por la falta de mantenimiento y señalización vial a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, sin que probadamente el accidente hubiera tenido por causa la conducta de la víctima, toda vez que siendo una vía de dos carriles en un mismo sentido era posible que el señor Flórez Beltrán eventualmente transitara por la línea de división de carriles para ejecutar maniobras de adelantamiento, pues es una conducta natural en la conducción de automotores, la cual está permitida por el artículo 68, en armonía con el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito.
62. De este modo forzoso, por falta de prueba que acredite el medio exceptivo, esto es, que la víctima estuviera transitando por una zona no permitida, se debe descartar el argumento argüido por el IDU, consistente en la culpa exclusiva de la víctima, en tanto, se repite, carece de respaldo probatorio que lo sustente.
63. En consecuencia, se modificará la decisión del Tribunal por medio de la cual se declaró la concurrencia causal de la víctima y del ente demandado en el daño y, en su lugar, se dispondrá de una condena, sin beneficio de reducción por las razones expuestas en precedencia.
64. Ahora, dado que a la Sala le asiste competencia para escrutar la decisión por la cual se declaró la responsabilidad por los hechos acaecidos el 17 de junio de 2008, así también le asiste para revisar las condenas que profirió en consecuencia.
Perjuicios materiales
Daño emergente
65. Los demandantes solicitaron por este concepto el reconocimiento y pago del valor de la motocicleta siniestrada; no obstante, como lo advirtió el a quo, no les asiste derecho para solicitar ese pago, toda vez que, como lo indica el oficio CRV 0612, los demandantes hicieron efectiva la póliza de seguros que sostenían con Seguros del Estado S.A. y obtuvieron el pago que ahora reclaman, por consiguiente, a quien le asiste legitimación para exigir el pago del causante del siniestro, es quien se subrogó el crédito, de conformidad con el artículo 1096 del Código de Comercio, de modo que resulta procedente su negación.
Lucro cesante
66. En la demanda se solicitó el pago de la asistencia económica que padres y hermanos del señor Flórez Beltrán dejaron de percibir con ocasión de su muerte; sin embargo, como lo consideró el a quo, no hay prueba que respalde tal pretensión, luego es preciso confirmar la negativa a reconocerlos.
Perjuicios inmateriales
Perjuicios morales
67. En la demanda se solicitó el pago de 150 SMLMV para cada uno de los actores; sin embargo, como acertadamente lo indicó el a quo, de acuerdo con la postura unificada de esta Corporación, el tope máximo de indemnización por perjuicio moral en caso de muerte es de 100 SMLMV, para las relaciones afectivas conyugales o paterno filiales y de 50 SMLMV, para las relaciones afectivas de segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), a menos que se pruebe una circunstancia de especial gravedad que torne necesario aumentar ese monto; por lo tanto, a los demandantes, en la medida en que cada uno acreditó las relaciones paternofiliales y de segundo grado de consanguinidad respecto del señor Flórez Beltrán, por medio de los respectivos registros civiles de nacimiento, les corresponden 100 SMLMV, tanto para Germán Flórez Márquez (en calidad de padre) como para Rosaura Beltrán de Flórez (en calidad de madre) y 50 SMLMV, tanto para Vladimir Leonardo, como para Erich Germán y Wilhelm Eduardo Flórez Beltrán (hermanos), sin sufrir reducción alguna, en la medida en que no se halló probada concurrencia del hecho de la víctima en la estructuración del daño.
Daño a la salud
68. En la demanda se solicita el pago de 150 SMLMV, por perjuicios sicológicos y 500 SMLMV, por perjuicios a las condiciones de existencia.
69. Desde el 2011, esta Corporación ha prohijado el daño a la salud como categoría que integra los perjuicios inmateriales distintos a los morales y que comprende no sólo las afectaciones anatómicas y fisiológicas de la persona, sino también las “manifestaciones del bien ‘salud’, como bien necesario para una correcta expresión de la persona en la comunidad en la que vive”; por tanto, cuando se ordena la reparación del daño a la salud, se incluyen las afectaciones a las relaciones sociales y familiares de la víctima (daño a las condiciones de existencia) y las disminuciones sicofísicas (perjuicio sicológico).
70. Al consultar las pruebas que obran en el expediente, no se observa alguna que demuestre la acreditación del padecimiento de este perjuicio por parte de los padres o hermanos de la víctima mortal, señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán, razón por la cual la Sala estima bien denegadas las pretensiones que se elevaron por los conceptos indicados.
Costas
71. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes en esta instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de abril de 2014, a través de la cual se declaró parcialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y se obligó a pagar indemnización, los cuales quedarán así:
“PRIMERO: DECLARAR responsable al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por la muerte del señor Rainer Dimitri Flórez Beltrán, ocurrida el 17 de junio de 2008, en la calle 134 con carrera 54 C de Bogotá, al caerse de su motocicleta, producto de la existencia de un hueco en la malla vial, que no había sido reparado por la entidad demandada.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
PERJUDICADOS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV)
Germán Flórez Márquez (en calidad de padre)
cien (100)
Rosaura Beltrán de Flórez (en calidad de madre)
cien (100)
Vladimir Leonardo Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Cincuenta (50)
Erich Germán Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Cincuenta (50)
Wilhelm Eduardo Flórez Beltrán (en calidad de hermano)
Cincuenta (50)
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Salvamento de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
SALVAMENTO DE VOTO / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MAL ESTADO DE VÍA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / MEDIOS DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO
Para acreditar la supuesta falta de mantenimiento en la vía, la parte actora aportó únicamente el informe policial del accidente de tránsito y su respectivo croquis, medio de convicción que, a mi juicio, presenta tres falencias probatorias. La primera, no indicó o graficó la profundidad del hueco, lo que imposibilita determinar en qué medida su presencia podía afectar la dirección y/o la velocidad de los vehículos que transitaban por el sector. La segunda, no ilustró la ubicación final de la motocicleta siniestrada en la escena de los hechos, motivo por el que se desconoce la forma en que esa fisura en la vía afectó su desplazamiento. La tercera, la causa probable consignada en el informe no corresponde a un juicio de responsabilidad, pues su única finalidad, según la Resolución 004040 de 2004, modificada por la Resolución 1814 de 2005, es que el Ministerio de Transporte conozca las causas de accidentalidad y establezca correctivos para reducir el número de accidentes. Puestos de presente los defectos que contiene la prueba, en este caso no existe otro elemento probatorio que permita confrontar el contenido del informe de tránsito y verificar cuál fue la causa eficiente del daño por el que se demandó. Ante la imposibilidad de la reconstrucción del accidente de tránsito acaecido el 17 de junio de 2008, considero que lo procedente era proferir una sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, tal como lo ha hecho la Subsección en casos similares.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 8 de mayo de 2020; Exp. 55980; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 19 de junio de 2020; Exp. 59281; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
SALVAMENTO DE VOTO
Consejera: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-01155-01(52042)
Actor: GERMÁN FLÓREZ Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
SALVAMENTO DE VOTO
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito presentar las razones que me llevaron a salvar el voto frente a la sentencia del 16 de julio de 2021, por la cual se modificó la decisión de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Subsección concluyó que la muerte de Rainer Dimitri Flórez Beltrán se presentó por la existencia de un hueco en la vía pública de la calle 134 con carrera 50C de Bogotá, lo cual denotaba una omisión en cabeza del IDU, por falta de mantenimiento vial.
Para acreditar la supuesta falta de mantenimiento en la vía, la parte actora aportó únicamente el informe policial del accidente de tránsito y su respectivo croquis, medio de convicción que, a mi juicio, presenta tres falencias probatorias.
La primera, no indicó o graficó la profundidad del hueco, lo que imposibilita determinar en qué medida su presencia podía afectar la dirección y/o la velocidad de los vehículos que transitaban por el sector.
La segunda, no ilustró la ubicación final de la motocicleta siniestrada en la escena de los hechos, motivo por el que se desconoce la forma en que esa fisura en la vía afectó su desplazamiento.
La tercera, la causa probable consignada en el informe no corresponde a un juicio de responsabilidad, pues su única finalidad, según la Resolución 004040 de 2004, modificada por la Resolución 1814 de 2005, es que el Ministerio de Transporte conozca las causas de accidentalidad y establezca correctivos para reducir el número de accidentes.
Puestos de presente los defectos que contiene la prueba, en este caso no existe otro elemento probatorio que permita confrontar el contenido del informe de tránsito y verificar cuál fue la causa eficiente del daño por el que se demandó.
Ante la imposibilidad de la reconstrucción del accidente de tránsito acaecido el 17 de junio de 2008, considero que lo procedente era proferir una sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, tal como lo ha hecho la Subsección en casos similares.
En los anteriores términos dejo plasmado mi salvamento de voto.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Folio 16 c. 1.
Folios 2 a 4 c. 1.
Auto del 19 de septiembre de 2013 (folio 73 c. 1).
Auto del 27 de febrero de 2014, folio 88 c. 2.
Folios 95 y 96 c. 2.
Folios 132 a 134 c. principal.
Folios 135 a 141 c. principal.
Auto del 1 de octubre de 2014 (folio 154 c. principal).
Auto del 12 de noviembre de 2014 (folio 156 c. principal).
Folios 157 a 164 c. principal.
Folio 461 c. principal.
Folio 2 c. pruebas.
Folio 14 c. pruebas.
Folios 16 y 17 c. pruebas.
Folios 16 y 17 c. pruebas.
Folio 17 c. pruebas.
Ibídem.
Folio 85 c. pruebas.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 30356.
Folio 9 c. pruebas.
Folios 16 y 17 c. pruebas.
Folio 13 c. pruebas.
Folio 16 c. pruebas.
Folios 16 y 17 c. pruebas.
Artículo 94 del Código Nacional Tránsito “(…) los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo”.
Folios 16 y 17 c. pruebas.
Folio 17 c. pruebas.
“. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:
Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo”.
“OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce”.
Folio 24 c. pruebas.
“El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.
Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada”.
Al respecto, consultar sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 28 de agosto de 2014, exp. 32988.
Folios 1 a 5 c. pruebas.
Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011.
CORTÉS, Edgar: Responsabilidad civil y daños a la persona. El daño a la salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? Primera Edición, Bogotá. Externado de Colombia, 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de mayo de 2020, expediente 55.980 y del 19 de junio de 2020, expediente 59.281.
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