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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2013-00029-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2013-00029-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de mayo de 2015, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 46 “[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. […]”. 18 Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01 Demandante: Lacticrema Ltda. SEGUNDO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de inepta demanda y, en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-27-000-2013-00029-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Tema: Individualización de pretensiones en vigencia del Código
Contencioso Administrativo. Se declara probada de oficio la
excepción de inepta demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 12 de mayo de 2015, proferida por la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Descongestión, mediante
la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. El23 de agosto de 20102, la sociedad Lacticrema Ltda., en adelante parte
demandante, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo presentó demanda con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA: Que es nulo el auto aprobatorio de remate No. 000005 de febrero 12
de 2010, proferido por el abogado ejecutor del Grupo Interno de Trabajo Coactiva II,
división de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá,
Doctor JORGE DAVID ESTRADA BELTRAN, dentro del expediente 2006-01764
contentivo del proceso administrativo coactivo de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN contra LACTICREMA LTDA., con NIT: No. 860.518.382,
por medio del cual se dispone aprobar en todas sus partes el remate del bien
inmueble identificado con el folio matricula (sic) No. 50C-477412 (sic) de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, ubicada en la Carrera
32 No. 10-87 de Bogotá, celebrado el día 13 de Marzo de 2009.

SEGUNDA: Que a titulo (sic) de restablecimiento del derecho violado, se ordene a la
Dirección de Impuestos Nacionales DIAN a través de la División de Gestión de
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y del abogado ejecutor
del Grupo Interno de Trabajo Coactiva II Doctor JORGE DAVID ESTRADA
BELTRAN, o quien haga sus veces al momento de proferirse la orden, practicar la
1
La demanda de la referencia fue presentada en vigencia del Código Contencioso Administrativo.
2
Cfr. Folio 9 reverso del cuaderno 1 del tribunal.

2

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

diligencia de remate con el estricto cumplimiento de las formalidades para ella
prevista en los arts. 523 a 527 del C.P.C. […]”.

I.1.2. Los hechos

2. Informó que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bogotá de la
DIAN, a través de la División de Gestión de Cobranzas, Grupo Coactivo II, adelantó
proceso administrativo de cobro coactivo que se tramitó con el radicado núm.: 2006-
01764, en contra de la empresa Lacticrema Ltda.

3. Explicó que el 13 de marzo de 2009 se practicó diligencia de remate del inmueble
identificado con el Folio de Matrícula inmobiliaria 50C-477212 inscrito en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C.

4. Mencionó que, sin existir providencia alguna que fijara fecha para la práctica de la
subasta, el abogado ejecutor envió los avisos al periódico El Tiempo y a la radio
para su correspondiente publicación, desconociendo lo dispuesto en el artículo 525
del Código de Procedimiento Civil.

5. Aclaró que la fecha para ordenar el remate del referido inmueble se fijó tres (3)
días después de haberse ordenado la publicación del aviso en la prensa nacional,
en la cual se indicaba la existencia de la citada fecha del 13 de marzo de 2009.

6. Agregó que la diligencia de remate se realizó el 13 de marzo de 2009, sin haberse
allegado al expediente las publicaciones de los avisos de remate ni el respectivo
certificado de tradición del inmueble expedido dentro de los cinco (5) días anteriores
a la fecha del remate.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

7. Invocó como infringidas las siguientes disposiciones constitucionales y legales:
los artículos 1, 2, 4, 6 y 29 de la Constitución Política; 839-2 del Estatuto Tributario
y; 523 a 527 del Código de Procedimiento Civil.

8. Explicó que, teniendo en cuenta que la diligencia de remate se celebró sin la
observancia de las exigencias previstas en el Código de Procedimiento Civil,
aplicable por expresa disposición del artículo 839 del Estatuto Tributario, el auto
aprobatorio del remate contenido en la Resolución 000005 de 12 de febrero de 2010
resulta abiertamente ilegal, al haberse expedido desconociendo de manera
flagrante la Constitución Política y la ley.

9. Indicó que las normas invocadas como vulneradas contienen los parámetros
legales que debe cumplir la administración pública frente al contribuyente, las cuales
son de orden público y de obligatorio cumplimiento. De ahí que el acto demandado
quebrantó de manera manifiesta las referidas normas por violar el debido proceso,
el derecho a la defensa y las garantías procesales.

3

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

I.2. Trámite del proceso

10. El 23 de agosto de 2010, la sociedad Lacticrema Ltda., radicó demanda ante el
Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, quien mediante auto
de 7 de diciembre de 20103 inadmitió la demanda por cuanto no fue allegado el
certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora ni el poder
debidamente otorgado.

11. El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
de 2 de febrero de 20114, admitió la demanda y ordenó que se surtieran las
notificaciones de ley.

12. A través de auto de 27 de julio de 20115, se tuvo por no contestada la demanda
y se dio apertura al período probatorio.

13. En cumplimiento de la medida de descongestión adoptada mediante el Acuerdo
PSAA129454 de 23 de mayo de 2012 emitido por el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de auto de 27 de junio de 20126, se remitió el proceso al
Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, quien avocó
conocimiento mediante providencia de 1º de agosto de 20127.

14. El 19 de diciembre de 20128, la parte demandada solicitó la nulidad de todo lo
actuado, con sustento en la causal prevista en el numeral 2.° del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil.

15. Por auto de 6 de febrero de 20139, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto
admisorio de 2 de febrero de 2011 y ordenó remitir por competencia el asunto a la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

16. La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra de la anterior decisión10.

17. Mediante auto de 27 de febrero de 201311, el Juzgado Cuarenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó por improcedente el recurso de
reposición y concedió el de apelación ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, corporación judicial que mediante auto de 3 de mayo de 201312,
confirmó el auto de 6 de febrero de 2013.

3
Cfr. Folio 19 del cuaderno 1 del tribunal.
4
Cfr. Folio 28 del cuaderno 1 del tribunal.
5
Cf. Folios 60 a 61 del cuaderno 1 del tribunal.
6
Cfr. Folio 73 del cuaderno 1 del tribunal.
7
Cfr. Folio 77 del cuaderno 1 del tribunal.
8
Cfr. Folios 81 a 82 del cuaderno 1 del tribunal.
9
Cfr. Folios 94 a 97 del cuaderno 1 del tribunal.
10
Cfr. Folios 98 a 99 del cuaderno 1 del tribunal.
11
Cfr. Folios 101 a 102 del cuaderno 1 del tribunal.
12
Cfr. Folios 118 a 127 del cuaderno 1 del tribunal.

4

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

18. Remitido el proceso a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 7 de febrero de 201413, se
admitió la demanda y se ordenó que se surtieran las notificaciones de rigor.

19. En cumplimiento de lo ordenado en el Acuerdo CBSTA14-273 de 11 de junio de
2014, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el
1 de julio de 201414 se redistribuyó el proceso de la referencia a la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Descongestión, quien mediante auto 383 de 16 de julio de 201415, avocó
conocimiento del asunto.

20. Mediante auto 426 de 30 de julio de 201416, se otorgó valor probatorio a las
pruebas practicadas y allegadas al proceso, de conformidad con el artículo 146 del
Código de Procedimiento Civil.

21. A través de auto 504 de 03 de septiembre de 201417, se ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

22. Según auto 641 de 4 de diciembre de 201418, se ordenó oficiar a la parte
demandada a fin de que allegara la totalidad de los antecedentes administrativos,
incluyendo la fecha en que se hizo pública la fecha de la diligencia de remate.

I.3. La contestación de la demanda19

23. La DIAN, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones.

24. Explicóque el punto central de la discusión consiste en determinar si la
administración, con el auto aprobatorio del remate contenido en la Resolución
000005 del 12 de febrero de 2010 transgredió los artículos 1, 2, 4, 6 y 29 de la
Constitución Política; 839-2 del Estatuto Tributario y; 523 a 527 del Código de
Procedimiento Civil y, por lo tanto, el derecho al debido proceso y de defensa así
como las garantías procesales del contribuyente.

25. Hizo referencia a los antecedentes que dieron origen a la diligencia de remate,
en el siguiente sentido:

26. A través de auto 0008 del 2 de febrero de 2009, se decretó la diligencia de remate
en primera licitación del inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
50C-477212 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C.,
Zona Centro para el 23 de febrero de 2009, hora: 8:00 AM, la cual fue declarada
desierta.

13
Cfr. Folio 3 del cuaderno 2 del Tribunal.
14
Cfr. Folio 21 del cuaderno 2 del tribunal.
15
Cfr. Folios 22 a 24 del cuaderno 2 del tribunal.
16
Cfr. Folios 26 a 27 del cuaderno 2 del tribunal.
17
Cfr. Folio 32 del cuaderno 2 del tribunal.
18
Cfr. Folios 46 a 48 del cuaderno 2 del tribunal.
19
Cfr. Folios 6 a 13 del cuaderno 2.

5

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

27. Mediante auto 00026 de 26 de febrero de 2009, se fijó para el viernes 13 de
marzo de 2009, hora: 8:00 AM, para llevar a cabo diligencia de remate en segunda
licitación del bien inmueble identificado con el referido folio de matrícula y se ordenó
la publicación del aviso en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio
difusora, de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, y se
dispuso la comunicación de esa providencia al representante legal de la sociedad
Lacticrema Ltda., como lo dispone el artículo 565 del Estatuto Tributario,
advirtiéndole que contra ese auto no procedían recursos.

28. Mediante Resolución 000017 de 25 de agosto de 2009, se negó la solicitud de
incidente de nulidad presentada por el apoderado de la sociedad Lacticrema Ltda.

29. A través de la Resolución 00016 del 25 de agosto de 2009 se resolvió el incidente
de nulidad presentado por el apoderado de Lacticrema Ltda.

30. Según acta de adjudicación de remate del 13 de marzo de 2009, en el día y hora
señalada en el auto 00026 de 26 de febrero de 2009, se dejó constancia que el
aviso de remate fue publicado en el diario El Tiempo el 26 de febrero de 2009 y, en
esta misma fecha, aparece el certificado de publicación radial en la emisora Radio
Auténtica. Igualmente consta el Aviso del diario El Tiempo, que refiere al auto 00026
de 26 de febrero de 2009.

31. Con sustento en lo anterior, se podía inferir que: i) existió una actuación previa a
la diligencia de remate -auto 00026 de 26 de febrero de 2009-; ii) los avisos se
publicaron el 26 de febrero de 2009, es decir, con más de cinco (5) días de
antelación a la fecha del remate; por lo tanto, se cumplieron todos los presupuestos
previstos en los artículos 523 a 527 del Código de Procedimiento Civil y 832 del
Estatuto Tributario; iii) el auto que fijó fecha de remate se hizo con diez (10) días de
antelación a la fecha de realización de la diligencia y; iv) los avisos se enviaron
oportunamente.

I.4. La sentencia de primera instancia20

32. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en Descongestión, mediante sentencia de 12 de mayo de 2015,
negó las pretensiones de la demanda.

33. El Tribunal consideró que el problema jurídico tenía como finalidad analizar si la
Resolución 000005 de 12 de febrero de 2010, a través de la cual se aprobó el remate
del bien inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro del proceso administrativo
de cobro coactivo 2006-01764, transgredió los artículos 1, 2, 4, 6 y 29 de la
Constitución Política, así como los artículos 839-2 del Estatuto Tributario y 523 a
527 del Código de Procedimiento Civil, en particular, porque: i) transgredió el debido
proceso, el derecho de defensa y las garantías procesales de la sociedad
contribuyente puesto que, sin mediar providencia que fijara fecha para la práctica

20
Cfr. Folios 74 a 94 del cuaderno 1 del tribunal.

6

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

de la diligencia de remate, el abogado ejecutor envió los avisos al periódico El
Tiempo y a la radiodifusora para su correspondiente publicación, con violación del
artículo 525 del Código de Procedimiento Civil y; ii) la diligencia se realizó el día
estipulado, sin que se hubieran allegado al expediente las publicaciones de los
avisos de remate ni el respectivo certificado de tradición del inmueble expedido
dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha del remate.

34. Antes de abordar el fondo del asunto, subrayó que si bien la demandante no
explicitó el concepto de violación en un título específico, el mismo se podía inferir
de los hechos de la demanda, toda vez que en ellos se planteó verdaderos motivos
de inconformidad, razón por la cual debía estudiarse el fondo del asunto. Aclaró,
además, que el auto acusado es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción
con sustento en la jurisprudencia de esta Corporación que ha señalado que esta
clase de decisiones son susceptibles de ser controvertidas.

35. Hizo
un estudio detallado de las pruebas aportadas al proceso y encontró
demostrado que:

36. A través de auto 000008 de 2 de febrero de 2009 se fijó para el lunes 23 de
febrero de 2009, hora 8:00 AM, fecha para realizar la diligencia de remate del bien
inmueble identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos. Posteriormente, mediante acta de 23 de
febrero de 2008, se declaró la diligencia de remate y mediante auto 00026 de 26 de
febrero de 2009, se fijó nueva fecha para llevar a cabo una segunda licitación del
bien referido y se ordenó la publicación del aviso en un periódico de amplia
circulación y en una radio difusora de conformidad con el artículo 525 del Código de
Procedimiento Civil.

37. Por lo tanto, el Tribunal expuso que se debía concluir que sí hubo providencia
que fijó fecha de la diligencia de remate, la cual se efectuó a través de los autos
referidos supra.

38. Analizó las pruebas aportadas al expediente21 y concluyó que la actuación
desplegada por la accionada se ajustó a lo dispuesto en el artículo 525 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 839-2 del Estatuto
Tributario, ya que en el aviso se especificó la fecha y hora de licitación, el inmueble
materia de remate y sus características, número de matrícula y ubicación, su avalúo
así como el porcentaje que debían consignar los interesados. Además, se publicó
el 26 de febrero de 2009, es decir, con más de diez (10) días de antelación a la
fecha de remate, la cual se fijó para el 13 de marzo de esa misma anualidad.

39. Consideró que el primer problema jurídico carecía de vocación de prosperidad,
puesto que, mediante auto 00026 de 26 de febrero de 2009, previo al envío de los
avisos, se fijó fecha y hora para surtir la almoneda y estos fueron publicados en los
términos y en las condiciones previstas en el artículo 525 del Estatuto Tributario; por

21
En particular, el Oficio con radicado 18263, suscrito por la encargada de la Oficina de Comunicaciones de la DIAN, en el
que manifestó que los avisos fueron publicados en el Diario El Tiempo y en la Emisora Radio Auténtica, el 26 de febrero de
2009; ii) la certificación expedida por la Cadena Radial Auténtica y; iii) el Aviso publicado en el periódico El Tiempo

7

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

lo tanto, se respetaron las garantías procesales de la sociedad ejecutada, así como
su derecho de defensa y el debido proceso.

40. Señaló que el argumento planteado por la actora consistente en que la diligencia
de remate se llevó a cabo el 13 de marzo de 2009, sin que en el expediente se
hubiesen allegado las publicaciones de los avisos ni el respectivo certificado de
tradición del inmueble expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha de
remate tampoco estaba llamado a prosperar.

41. Para tales efectos, sostuvo que los avisos fueron publicados con antelación a la
almoneda, por lo que cuestionó la postura asumida por la parte demandante dirigida
a demostrar que estos no se allegaron al plenario ni se publicaron en debido tiempo.

42. Agregó que obra el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble identificado
con Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, Zona Centro, de 13 de marzo de 2009, razón por la cual, este documento
fue expedido en tiempo, es decir, dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha
de remate. De tal suerte que la DIAN acató los requerimientos previstos para
adelantar la diligencia de remate, ajustándose a lo ordenado por la ley.

43. En suma, advirtió que la diligencia de remate se practicó con el lleno de los
requisitos legales, respetando las garantías procesales del ejecutado y con sujeción
y respeto a sus derechos al debido proceso y de defensa.

44. El a quo negó la condena en costas, al evidenciar que la conducta procesal de
las partes no podía calificarse de temeraria, maliciosa ni mal intencionada, de
conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

I.5. El recurso de apelación22

45. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que el fallo de primera
instancia sea revocado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

46. Expuso que contrario a lo argumentado en la sentencia controvertida, la prueba
documental recopilada en la actuación administrativa demuestra que la diligencia
de remate realizada el 13 de marzo de 2009, sobre el bien inmueble identificado con
el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos se realizó sin el cumplimiento de las exigencias legales para
ello.

47. Mencionó que “[…] A pesar de que la prueba documental recogida da cuenta y
demuestra fehacientemente que el aviso de remate fue enviado por el abogado
ejecutor para su publicación en el periódico El Tiempo sin que existiera la
providencia que fijaba la fecha para la realización de la subasta en la fecha indicada
en el aviso emitido en la sentencia recurrida, este hecho tan grave se desconoce y
en su análisis, extrañamente, omitió referirse AL ENVIO DEL AVISO PARA SU

22
Cfr. Folios 97 a 99 del cuaderno 2 del tribunal.

8

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

PUBLICACIÓN SIN LA EXISTENCIA DE LA PROVIDENCIA INDICADA y, en su
lugar, acudió al análisis de un hecho no planteado en la demanda que fue la
publicación del citado aviso realizada con posterioridad a la providencia emitida.
[…]”.

48. Anotó que si la providencia que fijó la fecha de remate se expidió el 26 de febrero
de 2009, no era posible que el periódico El Tiempo publicara el aviso que anunciaba
la práctica de la subasta el mismo día en que se dictó la providencia.

49. Reiteró que con la prueba documental obrante se demostraba que el remate se
realizó sin que se hubiesen allegado al expediente las publicaciones de los avisos
de remate ni el respectivo certificado de tradición del inmueble y prueba de ello lo
constituye la misma actuación administrativa, en la cual obra la fecha en que fueron
allegados los mismos al expediente.

50. Sostuvo que si el certificado de tradición fue expedido el 13 de marzo de 2009
“[…] ¿ Cómo se puede afirmar válidamente que el citado documento fue allegado a
la actuación con anterioridad a la realización del remate y, mucho menos, cómo se
puede afirmar válidamente que el citado documento fue expedido dentro de los
cinco días anteriores a la realización del remate como lo ordena el Art. 525 del
C.P.C., cuando en su texto claramente se indica que el mismo fue expedido el
mismo día en que se realizó el remate. […]”.

51. Manifestó que era “[…] insólito […]” que el Tribunal haya acudido a argumentos
infundados y ajenos a los planteados en la demanda para respaldar la actuación
ilegal de la parte demandada.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia

52. A través de auto de 13 de noviembre de 201523, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

53. Mediante proveído de 7 de junio de 201624, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que de
considerarlo pertinente rindiera concepto.

54. La demandante guardó silencio.

55. La DIAN solicitó que la sentencia de primera instancia sea confirmada. Al
respecto, sostuvo que a través de auto 00026 de 26 de febrero de 2009 se fijó fecha
y hora para realizar el remate; los avisos fueron publicados con una antelación de
diez (10) días a la realización de la fecha de remate y se publicó en la radio y en la
prensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 525 del Código de
Procedimiento Civil.

56. El Ministerio Público guardó silencio.

23
Cfr. Folio 5 del cuaderno del Consejo de Estado.
24
Cfr. Folio 9 del cuaderno del Consejo de Estado.

9

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

57. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el acto acusado iii) el problema jurídico;
iv) la solución del caso concreto; v) conclusiones y; vi) condena en costas.

II.1. Competencia de la Sala

58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo25 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 26,
modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 27, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

II.2. El acto demandado

59. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad del auto aprobatorio de remate
contenido en la Resolución 000005 de 12 de febrero de 2010, expedido por el
abogado ejecutor del Grupo Interno de Trabajo Coactiva II, División de Gestión de
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, mediante el cual se
dispuso aprobar en todas sus partes el remate del bien inmueble identificado con el
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, ubicada en la Carrera 32 No. 10-87
de Bogotá efectuado el 13 de marzo de 2009, adjudicado al señor Pedro Luis
Iturriaga Laverde, acto administrativo que es del siguiente contenido:

“[…] AUTO APROBATORIO DE REMATE
(NÚMERO ACTO 000005 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010

EXPEDIENTE: 200601764
RAZÓN SOCIAL: LACTICREMA LTDA
NIT: 860.518.382
APODERADO ESPECIAL: VICTOR HUGO TERREROS PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANIA: […]
TARJETA PROFESIONAL: […]
DIRECCIÓN: […]
CIUDAD: BOGOTÁ
CÓDIGO: 606

El Abogado Ejecutor de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección
Seccional de impuestos de Bogotá D.C., en uso de las facultades legales conferidas
por los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario, el Decreto No. 4048 del 22 de
octubre de 2008, la Resoluciones No. 11 del 4 de noviembre de 2008, así como la
Resolución de Delegación No. 1578 del 4 de septiembre de 2009 y

25
Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
26
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
27
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

10

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

CONSIDERANDO

Que dentro del Proceso Administrativo Coactivo adelantado en contra de
LACTICREMA LTDA identificado con el Nit 860.518.382 el día 13 de marzo de 2009
se llevó a cabo la diligencia de remate del siguiente bien:

Tipo bien Descripción

BIEN INMUEBLE MTR INM 50C-477212 ubicado en la Cra 32 N° 10-87 de Bogotá D.C.

2. Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto N° 000026 del 26 de febrero
de 2009, se realizó diligencia de remate el día 13 de marzo de 2009, del bien
inmueble identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C-417212 de la
Oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, el cual se
encuentra ubicado en la Cra 32 N° 10-87 de Bogotá D.C., predio de propiedad de la
sociedad LACTICREMA LTDA. con NIT. 860.518.382. SE DEJA CONSTANCIA QUE
LA VENTA FORZADA DEL INMUEBLE OBJETO DE REMATE, SE EFECTUO
COMO CUERPO CIERTO.

3. Como resultado de la diligencia de remate se ADJUDICÓ en pública subasta el
bien inmueble ubicado en la Cra 32 N° 10-87 de Bogotá D.C., predio de propiedad
de la sociedad LACTICREMA LTDA. con NIT. 860.518.32, identificado con folio de
matricula (sic) inmobiliaria No 50C-477212, de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Bogotá zona centro, por la suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES
DE PESOS M/CTE ($312.000.000.) al señor PEDRO LUIS ITURRIAGA LAVERDE,
[…] quien presentó el título de depósito judicial No. 400100002446784 de fecha 12
de marzo de 2009 expedido por el Banco Agrario de Colombia por valor de CIENTO
OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS MICTE
($185.130.000), que tiene un valor superior al 40% del valor del avalúo del inmueble.

[…]

5. Que se ha dado estricto cumplimiento a las formalidades previstas en los artículos
523 al 526 del C.P.C., toda vez a la fecha NO se encuentra pendiente de resolver
peticiones, incidentes de nulidad que afecten el remate de conformidad con el numeral
segundo del artículo 141 del C.P.C. por lo cual es procedente la aprobación del
remate del inmueble de conformidad al artículo 530 del C.P.C.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO: APROBAR en todas sus partes el Remate del bien inmueble identificado
con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C-477212 de la Oficina de registro de
instrumentos públicos de Bogotá zona centro, el cual se encuentra ubicado en la
Cra 32 N° 10-87 de Bogotá D.C., predio de propiedad de la sociedad LACTICREMA
LTDA. con NIT. 860.518.382, ADJUDICADO en pública subasta el día treinta 13 de
marzo de 2009, al señor PEDRO LUIS ITURRIAGA LAVERDE, […] por la suma de
TRESCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS MICTE. ($312.000.000).

SEGUNDO: ORDENAR la cancelación del embargo Hipotecario inscrito en la
anotación número cinco (5) de fecha 14-04-19 radicación 1999-27008 del folio de
matrícula 50C-477212 a favor del banco Colpatria red multibanca Colpatria contra
LACTICREMA LTDA y OTROS.

TERCERO: ORDENAR la cancelación del embargo por Jurisdicción Coactiva
(Medida Cautelar) inscrito en la anotación número siete (7) de fecha 28-11-2006
radicación 2006-125414 del folio de matrícula 50C-477212 a favor de la Secretaria
de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos, Subdirección de Impuestos a la
Producción y al Consumo contra LACTICREMA LTDA.

11

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

CUARTO: ORDENAR la cancelación de la medida de Embargo que pesa sobre el
bien inmueble referenciado en el numeral anterior, la cual se halla inscrita en la
Anotación número seis (6) del 01-06-1999 Radicación 1999-41112 EMBARGO
JURISDICCION COACTIVA (MEDIDA CAUTELAR), del respectivo folio de
matricula inmobiliaria N° 50C- 477212. de DIAN ADMINISTRACION ESPECIAL
PERSONAS JURÍDICAS DE BOGOTA, a LACTICREMA LTDA NIT. 860.518.382.

QUINTO: ORDENAR a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá,
D.C. zona centro, la inscripción del remate a favor del señor PEDRO LUIS
ITURRIAGA LAVERDE […]

[…]

DÉCIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al apoderado de la sociedad
LACTICREMA LTDA NIT. 860.518.382, Dr. VICTOR HUGO TERREROS PEREZ, a
la Carrera 9 A No. 98 - 37 Oficina 204 de Bogotá D.C., de conformidad con el inciso
primero del artículo 565 del Estatuto Tributario, advirtiéndole que contra el mismo,
procede el recurso de apelación en el efecto diferido artículo 538 del C.P.C. […]”.
(Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

II.3. El problema jurídico

60. La Sala, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32028 y 32829 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201230 y atendiendo los argumentos planteados en el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico tiene como
objeto analizar si la Resolución 000005 de 12 de febrero de 201031, mediante la cual
se dispuso aprobar en todas sus partes el remate del bien inmueble identificado con
el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, ubicada en la Carrera 32 No. 10-87
de Bogotá efectuado el 13 de marzo de 2009, adjudicado al señor Pedro Luis
Iturriaga Laverde, expedido por el abogado ejecutor del Grupo Interno de Trabajo
Coactiva II, División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá resulta nula o no por haber violado los artículos 2, 4, 6 y 29

28
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
29
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
30
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
31
A través de auto de 3 de mayo de 2013, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al resolver el recurso de apelación en contra del auto de 6 de febrero de 2013 proferido por el Juzgado Cuarenta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, a través del cual se declaró la nulidad de todo lo actuado, inclusive, a partir del auto de
2 de febrero de 2011 que admitió la demanda, analizó la naturaleza jurídica de la Resolución 000005 de 12 de febrero de
2010, en los siguientes términos:

“[…] La Ley 1066 de 2006 en su artículo 5°, concentró la facultad de tramitar los procesos de cobro coactivo en cabeza de las
entidades públicas de la siguiente manera: “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades
públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o
caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado
por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos
efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.” Al respecto el H. Consejo de estado advierte: “En
la actualidad, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 el cobro de los créditos a favor de las entidades
públicas se hace mediante el procedimiento de cobro coactivo que está regulado por el Estatuto Tributario. Los actos que se
dictan al interior de ese procedimiento tienen el carácter de administrativos Y, por ende, podrán impugnarse ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho." (Subrayas de la Sala). Antes
de la citada ley, la jurisdicción coactiva, en términos generales, era una potestad especial otorgada por la ley a las autoridades
administrativa para hacer efectivos los créditos que tienen a su favor en la forma prevista en los artículos 68, 79 y 252 del
Código Contencioso Administrativo y 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil. […]”.

12

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

de la Constitución Política; 839-2 del Estatuto Tributario y; 523 a 527 del Código de
Procedimiento Civil.

61. Previo a analizar lo anterior, la Sala examinará si se configuró la excepción previa
de ineptitud de la demanda por falta del cumplimiento del requisito previsto en el
artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, según el cual si el acto definitivo
fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen.

II.4. El estudio de la excepción previa de ineptitud sustancial de la demanda

62. La sociedad actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó
demanda en la cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que es nulo el auto aprobatorio de remate No. 000005 de febrero
12 de 2010, proferido por el abogado ejecutor del Grupo Interno de Trabajo Coactiva
II, división de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá, Doctor JORGE DAVID ESTRADA BELTRAN, dentro del expediente 2006-
01764 contentivo del proceso administrativo coactivo de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN contra LACTICREMA LTDA. […]”. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).

63. Revisada la actuación administrativa, se advierte que el 22 de febrero de 201032,
la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

64. A través de la Resolución 000021 de 8 de marzo de 201033, el abogado ejecutor
del Grupo Interno de Trabajo Coactiva II, División de Gestión de Cobranzas de la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá resolvió el recurso de reposición, así:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto No. 000005 del 12 de
febrero de 2010 “Por medio de la cual se aprueba un remate” emitido por este
Despacho, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación impetrado de manera subsidiaria
al de reposición, el cual será enviado al superior jerárquico del funcionario que emite
la presente providencia, con el objeto de que lo estudie y lo resuelva.

NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al doctor VICTOR HUGO
TERREROS PEREZ personalmente o por edicto de conformidad con lo establecido
en el inciso segundo del Artículo 565 del estatuto Tributario en concordancia con el
articulo 569 ibídem y el 45 de C.C.A. Se le advierte al interesado que contra la
presente no procede recurso alguno por vía gubernativa. […]”. (Negrilla del texto).

65. Mediante la Resolución 000023 de 1.° de marzo de 201034, la Jefe del Grupo
Interno de Trabajo de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá D.C., resolvió el recurso de apelación, en los
siguientes términos:

32
Cfr. Folios 23 a 33 del cuaderno 1 de antecedentes.
33
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 000005 del 12 de febrero de 2010
[…]”. Cfr. Folios 42 a 46 del cuaderno 1 de antecedentes.
34
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto en subsidio de la reposición contra la Resolución
No. 000005 del 12 de febrero de 2010 […]”. Cfr. Folios 48 a 51 del cuaderno 1 de antecedentes.

13

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 000021 del 8 de
marzo de 2010, emitido por este Despacho, por los motivos expuestos en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al doctor VICTOR
HUGO TERREROS PEREZ personalmente o por edicto de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del Artículo 565 del estatuto Tributario en
concordancia con el articulo 569 ibidem y el 45 de C.C.A. Se le advierte al
interesado que contra la presente no procede recurso alguno por vía gubernativa.
[…]”. (Negrilla del texto).

66. El numeral 7.° del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil35, aplicable en
virtud de la remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
señala que la excepción de inepta demanda se configura (i) por no cumplirse con
los requisitos formales de la demanda, relacionados con el contenido y anexos que
debe contener la misma y que se encuentran establecidos en los artículos 137, 138
y 139 del Código Contencioso Administrativo y; ii) por indebida acumulación de
pretensiones.

67. El artículo 137 del Código Contencioso Administrativo señala que toda demanda
ante la jurisdicción administrativa debe contener. “[…] 4. Los fundamentos de
derecho de las pretensiones […]”

68. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, que resulta aplicable por
ser la norma vigente al momento de presentación de la demanda 36, señala que
cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Igualmente, su inciso segundo prevé que si el acto definitivo fue objeto de recursos
en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo
modifiquen o confirmen, pero si fue revocado, solo procede demandar la decisión
final, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe
individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de
nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado,
sólo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las
pruebas que lo demuestren. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

35
Hoy numeral 5. del artículo 100 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
36
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que las actuaciones y diligencias iniciadas en vigencia del Código
Contencioso Administrativo, se someterán a lo previsto en el régimen anterior y, las iniciadas con posterioridad al 2 de julio de 2012
se rigen conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por así disponerlo de manera expresa el artículo 308 del
CPACA. Sobre el particular, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de
junio de 2018. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicado núm.: 25000-23-24-000-2010-00112-01.

14

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

69. Esta Sección en sentencia de 11 de febrero de 202137, al referirse al artículo 138
del Código Contencioso Administrativo hizo un estudio de la evolución
jurisprudencial en relación con su alcance, en los siguientes términos:

“[…] la Sección Primera del Consejo de Estado, desde 1996 hasta el 10 de diciembre
de 2008, interpretó el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, en los
siguientes términos:

44.1. Si contra el acto administrativo procedían los recursos de reposición y
apelación, la parte demandante podía demandar la decisión definitiva y la que
resolvía el recurso de apelación.

44.2. Si contra el acto administrativo procedía únicamente el recurso de reposición,
la parte demandante tenía la carga de demandar la decisión definitiva y la que
resolvía el recurso de reposición […]”.

70. Sin embargo, según la misma providencia, a partir del auto de 10 de diciembre
de 2008, proferido por esta Sección se rectificó el anterior criterio, en el sentido de
que la demanda se debe dirigir contra todos los actos de la vía gubernativa. Así, la
citada sentencia de 11 de febrero de 2021 discurrió en el siguiente sentido:

“[… ] La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 10 de
diciembre de 2008, rectificó el criterio jurisprudencial expuesto y manifestó que en
todos los casos es necesario demandar el acto administrativo que resuelve el recurso
de reposición, así:

“[…] Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis
jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos
pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996(Exp. 3603,
Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de
6 de julio de 2001(Actora: Servientrega Ltda., Consejero Ponente doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp- 6929, Actora:
Schulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), en los cuales se dijo que por ser el recurso de reposición en la vía
gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto
principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de
demandar.

Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138
del C.C.A. no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos
de la vía gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia hábil de
todos los actos acusados […]”38. (Negrilla fuera del texto).

71. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que la exigencia prevista en el artículo
138 del Código Contencioso Administrativo consistente en individualizar en debida
forma las pretensiones de la demanda y de presentar la demanda cumpliendo los

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. 11 de febrero de 2021. Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02829-01. En igual sentido ver: i) Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Consejera ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón. Radicado núm.: 25000-23-24-000-2008-00330-01; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicado
núm.: 08001-23-31-703-2011-00403-01; iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado núm.: 11001-03-24-000-
2012-00003-00; iv) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 21 de junio de
2018. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicado núm.: 25000-23-24-000-2010-00112-01.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. 11 de febrero de 2021, Radicación número: 05001-23-31-000-2003-02829-01. Actor: Gustavo Adolfo de las Ríos
Uribe. Demandado: Municipio de Medellín. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto
de 10 de diciembre de 2008 que resuelve un recurso ordinario de súplica; C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único
de radicación 2006-0117

15

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo no vulnera el derecho
de acceso a la administración de justicia ni transgrede el principio que reconoce la
primacía del derecho sustancial sobre el formal ni tampoco implica un ritual
manifiesto, por tratarse de una norma de orden público de obligatorio cumplimiento.
En sentencia de 11 de febrero de 2021 esta Sala indicó:

“[…] 53. Además, la Sala considera que esta decisión no vulnera el derecho al acceso
a la administración de justicia de la parte demandante o el principio de primacía del
derecho sustancial sobre el procesal, atendiendo a que el fundamento de la tesis
jurisprudencial indicada supra es el artículo 138 del Código Contencioso
Administrativo que establece que, si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o
confirmen.

54. La norma idem es de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.

55. Las normas procesales son un medio o instrumento para garantizar la efectividad
de los derechos subjetivos; sin embargo, los interesados en presentar una demanda
deben atender las reglas previstas en el ordenamiento jurídico para garantizar los
derechos a la igualdad, así como al debido proceso y el principio a la seguridad
jurídica. En este contexto, no se configura un exceso ritual manifiesto cuando el juez
exige el cumplimiento de normas procesales en consideración a la naturaleza de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y a que “[…] ha sido
característica de esta jurisdicción que las pretensiones formuladas dentro de los
asuntos sometidos a su conocimiento deben regirse por la “rogatio” o rogación39 y
que existe una estrecha e ineludible relación entre ésta y el principio dispositivo40, de
manera que el actor dentro del proceso contencioso administrativo debe cumplir con
la carga de orientar el ámbito de acción dentro del cual considera que el juez deba
pronunciarse, aludiendo a los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus
pretensiones41 […]”42.

56. En consecuencia, la parte demandante tiene la carga de individualizar las
pretensiones de forma correcta, así como de presentar la demanda atendiendo los
requisitos y los presupuestos previstos en el Código Contencioso Administrativo, so
pena de que se configure la excepción de inepta de demanda o que no sea posible
proferir un pronunciamiento de fondo. […]43”.

39
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García
González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00434-01
y Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Bogotá, D.C., 21 de junio de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-93419-01. Actor: José Gabriel
Velásquez Sánchez, Bernardo Ramírez Zuluaga y Manuel Antonio Muñoz Uribe. Demandado: Departamento de Antioquia.
Referencia: Naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
40
« [... ] en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo el juzgador -tal y como lo ha señalado
reiteradamente la jurisprudencia- requiere para hacer su pronunciamiento de la individualización de las peticiones anulatorias
debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivo del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan a
la invalidación del acto administrativo atacado. En tal virtud, en tratándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un
control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga procesal ineludible
de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas lo mismo que el concepto de la violación, habida
consideración que el control asignado al contencioso administrativo no reviste, en estos casos, un carácter general, sino que,
por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado por los aspectos que el actor le solicite sean revisados [...]» Ver
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509).
Actor: Manuel Antonio Ruan Perdomo y Otro. Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Referencia:
acción de nulidad.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: Carlos
Alberto Zambrano Barrera. Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número. 11001-03-26-
000-2014-00101-00 (51754)A Actor: Luis Alfonso Arias García. Demandado: Agenda Nacional De Minería. Referencia:
Suspensión Provisional.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2020; C.P. Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación: 11001032400020180022700.
43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicado núm.: : 05001-2331-000-2003-02829-01.

16

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

72. En consecuencia, tratándose de demandas promovidas en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, era necesario que se demandara no solo el acto principal definitivo
sino también los actos administrativos que resuelvan los recursos interpuestos
contra el mismo. Igualmente, según la misma norma, solo se podrá demandar, de
manera independiente, el acto que resuelve un recurso si este revoca la decisión
recurrida44.

73. En el presente caso, la parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra del auto aprobatorio de
remate contenido en la Resolución 000005 de 12 de febrero de 2010, mediante el
cual se dispuso aprobar en todas sus partes el remate del bien inmueble
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-477212 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro, ubicado en la Carrera
32 No. 10-87 de Bogotá efectuado el 13 de marzo de 2009, adjudicado al señor
Pedro Luis Iturriaga Laverde, acto administrativo que fue objeto de impugnación a
través del recurso de reposición y en subsidio de apelación, de conformidad con el
artículo 538 del Código de Procedimiento Civil, conforme se indicó supra.

74. Enefecto, el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil regula lo
concerniente al auto que aprueba el remate, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 53045 . Aprobación o invalidez del remate. Pagado oportunamente
el precio, el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las
formalidades previstas en los artículos 523 a 528, y no esté pendiente el incidente
de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141. En caso contrario,
declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante.
En el auto que apruebe el remate se dispondrá, además:
1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten al bien
objeto del remate.
2. La cancelación del embargo y del secuestro.
3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio.
Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en
la notaría correspondiente al lugar del proceso. Copia de la escritura se agregará
luego al expediente.
4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga
en su poder.
6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o
efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que
quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.
7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito
y las costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado.
Empero, cuando se remate un bien para el pago de la parte exigible de una deuda
garantizada con hipoteca o prenda constituida sobre él, no se entregará al
ejecutado el sobrante del precio, que quedará depositado a órdenes del juzgado

44
. En igual sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de
junio de 2019. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado núm.: 25000-23-24-000-2008-00330-01; ii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicado núm.: 08001-23-31-703-2011-00403-01; iii) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Radicado núm.: 11001-03-24-000-2012-00003-00; iv) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2018. Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicado núm.:
05001-23-31-000-2006-02892-02.
45
Modificado por el art. 60, Ley 794 de 2003, Modificado por el art. 35, Ley 1395 de 2010.

17

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

como garantía del resto de la obligación, salvo que las partes dispongan otra cosa.
[…]”.

75. Por su parte, el artículo 538 ibidem señala que el auto aprobatorio del remate es
apelable en el efecto diferido:

“[…] ARTÍCULO 538. Apelaciones. Es apelable, en el efecto diferido, el auto
contemplado en el artículo 530. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

76. Por lo tanto, se presentó una indebida individualización de las pretensiones,
porque la parte actora tenía el deber de demandar no solo la Resolución 000005 de
12 de febrero de 2010 que contiene el auto aprobatorio de remate, sino también los
actos administrativos que resolvieron los recursos interpuestos contra este.

77. Conforme al inciso 2.º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, se
declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda por incumplimiento del
requisito previsto en el artículo 138 ibidem, esto es, por presentarse una indebida
individualización de las pretensiones, por lo que se revocará la sentencia de primera
instancia. La declaratoria anterior impide hacer un pronunciamiento sobre el fondo
de la controversia.

II.5. Conclusión

78. La demandante tenía la carga de individualizar las pretensiones en los términos
del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual, deben demandarse los
actos administrativos que modifican o confirman el acto administrativo definitivo
cuando este ha sido objeto de recursos, razón por la cual se configura la excepción
de ineptitud de la demanda.

II.6. Condena en costas

79. De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 7 de julio de 199846, no se condenará
en costas en tanto no concurren los presupuestos previstos en esa norma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de mayo de 2015, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en Descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

46
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia. […]”.

18

Radicación: 25000-23-27-000-2013-00029-01
Demandante: Lacticrema Ltda.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de inepta demanda y,
en consecuencia, INHIBIRSE de decidir sobre las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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