Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00112-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Impedimento de consejero de estado: configurado por haber realizado actuación en instancia anterior
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00112-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00112-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
21 de junio de 2018
IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO - Configurado por haber realizado actuación en instancia anterior / IMPEDIMENTO - Se declara fundado
El [Consejero] manifestó impedimento para resolver el asunto de autos por haber participado en el trámite de instancia, por cuanto el proceso le fue repartido para su conocimiento como Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por haber suscrito la sentencia de primera instancia sobre la cual recae el recurso de apelación. El Consejero consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. La Sala acepta su impedimento y lo separa del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal invocada, ya que, de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por «Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».
LEY PROCESAL - Aplicación / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Aplicación por haber sido iniciado el proceso bajo su vigencia / LEY 1437 DE 2011 - Inaplicación / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES – Cambio normativo
[L]a Sala encuentra que el proceso fue iniciado bajo la égida del CCA, en atención a que la presentación de la demanda ocurrió el 8 de marzo de 2010, pero en su trasegar surgió la Ley 1437 de 2011, cuya vigencia se advierte ya para cuando se profirió la sentencia de primera instancia adiada el 22 de noviembre de 2012 y lo propio acontece con el recurso de apelación que fue incoado el 10 de diciembre de 2012. […] aun cuando estando en curso el proceso, emergiera en el panorama normativo un nuevo código procesal contencioso administrativo, como acontece en el caso sub-lite, se aplica el vigente para la fecha en que se presenta la demanda, en tanto es el libelo introductorio ese primer acto o postulación procesal que da inicio al proceso que se irá formando, siendo su norma regente la vigente desde su inicio y que lo acompañará hasta su culminación, conforme a las voces del artículo 308 del CPACA, el cual fue transcrito con antelación y con mayor argumento de razonabilidad en aquellos aspectos como el concepto y el alcance de figuras que tienen que ver con la parte sustancial del derecho que se discute como es el aspecto de la postulación de la proposición jurídica a demandar. Por lo que no es de recibo el planteamiento de la parte recurrente de verse favorecido por el actual artículo 163 del CPACA, en tanto es innegable que le sería beneficioso a la situación procesal, por cuanto la presunción que consagra de entenderse demandados todos los actos.
LEY PROCESAL EN EL TIEMPO – Límites para regular sus efectos / LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA – Puede fijar y regular la aplicación de la ley en el tiempo / COMPETENCIA DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Para fijar y regular la aplicación de la ley en el tiempo / LEY PROCESAL EN EL TIEMPO – Regla general / LEY PROCESAL - Aplicación inmediata / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY – Efecto general de aplicación / IRRETROACTIVIDAD - Finalidad / PRINCIPIO DE ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY – Efecto excepcional de aplicación / LEY PROCESAL – Vigencia / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO – Concurrencia de cuerpos normativos
La Constitución Política impone como únicos límites para regular los efectos de la ley en el tiempo el respeto por los derechos adquiridos y el principio de legalidad y favorabilidad en materia penal, como se evidencia de los artículos 29 y 58 superiores. Por ello, el legislador en ejercicio de la facultad de configuración legislativa que le es propia e inherente a su atribución constitucional puede fijar y regular la aplicación de la ley en el tiempo y, por ende, la fecha hasta cuando producirá efectos una norma derogada y el momento en que entrara en vigencia la nueva que ha sido dictada, así, como regular los efectos de las normas frente a situaciones acaecidas bajo la ley antigua pero que continúan desarrollándose en vigencia de la nueva, es decir, los alcances ultractivos de la ley. Dentro de esa atribución, el legislador estableció como máxima general la irretroactividad de la ley, con la finalidad de garantizar el principio de la seguridad jurídica, salvo en temas penales y, con ello, protegió las situaciones consolidadas bajo la regencia de la norma derogada, a fin de respetar los derechos legítimamente adquiridos, dentro de los cuales bien se sabe no encuadran las meras expectativas. Es por esto que la ley en su definición e incidencia, por regla general, rija in actum, es decir, inmediatamente y hacia futuro, por lo que resulta razonable que se aplica tanto a las situaciones ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia, ello como manifestación del debido proceso de regirse por la ley preexistente, y a las que se encuentren en curso en esa fecha y por lo mismo no puedan ser consideradas como una situación “consolidada”, ya no por aplicación de dicha preexistencia sino por condiciones de libertad legislativa. Por consiguiente, es dable aceptar la concurrencia de cuerpos normativos, uno para los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y otro para las situaciones acaecidas con posterioridad a ésta.
NOTA DE RELATORÍA: Ver Corte Constitucional, sentencia C-763 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería; sentencia C-284 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
LEY EN EL TIEMPO – Excepciones a la aplicación inmediata
[L]as normas procesales o de trámite contenidas en la nueva ley son de aplicación inmediata, pero de ello se excluyen los siguientes eventos, a los que se aplicará la ley vigente al momento de su ocurrencia: (i) Términos y plazos procesales que hayan empezado a correr bajo la ley anterior derogada. (ii) Actuaciones procesales iniciadas bajo la ley anterior derogada. (iii) Diligencias procesales iniciadas bajo la ley anterior. Por su parte, el artículo 624 del Código General del Proceso que expresamente modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dejando incólume la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal, pero nutriendo con otros eventos específicos que se excluían de esta máxima y continuarían bajo la égida de la norma anterior. En efecto, dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad". En este orden de ideas, permanece la aplicación de la ley anterior, para las diligencias iniciadas, términos y plazos y especificó los siguientes eventos, que incluso pueden entenderse incluidas en las “actuaciones” procesales que contenía el artículo 40 en cita en su versión original: (i) los recursos interpuestos; (ii) la práctica de pruebas decretada; (iii) las audiencias convocadas; (iv) los incidentes en curso y; (v) las notificaciones que se estén surtiendo.
PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – Evolución jurisprudencial / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA - La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos
[L]a proposición jurídica incompleta no emerge per se ni constituye un absoluto procesal objetivo, de ahí que la jurisprudencia durante un tiempo hubiera hecho depender a dicha figura de la naturaleza discrecional u obligatoria del recurso de la vía gubernativa, para indicar que la no obligatoriedad, o mejor la discrecionalidad del recurso reposición conllevaba a su innecesaria demanda en anulación y, que en un sinnúmero de eventos se haya advertido, en razón a su rogación discrecional, que no constituía unidad inescindible ni conexa que impidiera asumir el conocimiento de fondo y fallar la causa en controversia aunque no se hubiera deprecado pretensión de nulidad contra el acto que decidió la reposición, dejando ese menester integrador al acto inicial y a su decisión en vía de apelación gubernativa. En la generalidad de los casos, posición que comparte la Sección Quinta, no es la discrecionalidad del recurso de reposición gubernativo lo que coloca la impronta de la unidad jurídica inescindible, sino el contenido de las decisiones y la decisión –valga la redundancia- la que permite analizar si se requería la formulación jurídica completa o no. Lo primero porque las decisiones deben coincidir en su argumentación marco, en tanto si alguno de las autoridades decisorias dentro de su competencia legal y legítima resuelve con fundamento en un argumento jurídico viable que emerge a partir de la decisión que adopta, se puede afirmar, en principio, que el contenido se ha escindido y se aparta con esa nueva ratio de la llamada unidad jurídica inescindible que implica una relación de dependencia. Lo segundo, esto es, por la decisión propiamente dicha, porque según las voces del artículo 138 del CCA, el legislador extraordinario indicó que solo le era necesaria esa proposición cuando modificara o confirmara el inicial, no cuando fuere revocado pues en este caso solo procedía la demanda contra esta última decisión.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, de 12 de mayo de 2014, Radicación 05001-23-31-000-2002-04926-01, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.
DEMANDA - Individualización e identificación de los actos administrativos / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES - Falencia por no demandar el acto que resuelve el recurso de reposición / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Probada por no encontrarse individualizadas las pretensiones en debida forma. Proposición jurídica incompleta / RECURSO DE REPOSICIÓN – Una vez interpuesto y decidido, entra a conformar y a hacer parte de la proposición jurídica
[L]a Sección Quinta, como juez de la apelación, encuentra que del contenido argumentativo analizado in extenso sobre la sustancialidad de las motivaciones soporte de las resoluciones y la decisión propiamente dicha, de cara al artículo 138 del CCA, el acto inicial, sus decisiones en reposición y apelación conforman el mismo e inescindible planteamiento jurídico, normativo y probatorio, que permite predicar con certeza que existe una íntima conexidad, que hace imposible per saltum pasar del acto inicial al acto que decidió la apelación sin detenerse en el acto que decidió por vía de la reposición, pues ello conllevaría al rompimiento de la unidad jurídica. Ello porque si bien el recurso de reposición es facultativo o discrecional, interpuesto por el interesado y decidido, entra a conformar y a hacer parte de la proposición jurídica completa, de tanto arraigo bajo la regencia del CCA, no siendo ya opción –como sí lo fue para su interposición por el art. 50 ib- obviarlo de la causa petendi en los juicios de legalidad del acto, si se cumplen con los requisitos de (i) contener decisión confirmatoria o modificatoria y (ii) cuando de su contenido y decisión se encuentra la inescindibilidad de la unidad de la decisión compuesta por el acto inicial y las decisiones de reposición y apelación y, su íntima conexidad con lo discutido y judicializado. […] Pero más allá de todo ello, es que la situación en concreto se advierte entramada sin poder dividirla, en tanto es claro que cada caso debe analizarse de cara a sus propias circunstancias y con enfoque racional, sin convertir a la proposición jurídica en una camisa de fuerza o en un obstáculo para administrar justicia ni tampoco, como lo alcanzó a esbozar la recurrente, que si tal falta de completud en la proposición jurídica acontecía, entonces para qué se admitió la demanda pues el deber de instrucción del operador jurídico le imponía un pronunciamiento inadmisorio del libelo para permitirle a la interesada subsanar el yerro en la formulación, en tanto para la Sección Quinta una formulación en tal sentido es inadecuada, en tanto conlleva predicar una especie de saneamiento a lo que por sustancialidad no puede ser reparado y responde al análisis de cada caso en sus particularidades.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de octubre de 1999, Radicación CE-SEC1-EXP1999-N5502, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 141 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 163 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 40 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 624 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 163 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00112-01
Actor: MUENACO S.A
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO - CONSEJO DE JUSTICIA
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Fallo - Segunda instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró probada la excepción de inepta demanda al no haber demandado todos los actos administrativos y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse sobre la el fondo de la controversia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
La SOCIEDAD MUENACO S.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra del Distrito Capital de Bogotá, la Alcaldía Local de Chapinero y el Consejo Distrital de Justicia, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
A. Resolución No. 123 del 6 de julio de 2007, proferida por la Alcaldesa Local de Chapinero, decisión de fondo en la Querella Policiva No. 087/2006 por contravención del régimen de normas urbanísticas, contemplado en las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003.
B. Acto administrativo No. 1267 del 30 de junio de 2009, proferido por el Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público, mediante el cual se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la sociedad Muenaco S.A. contra la Resolución No. 123 del 6 de julio de 2007 proferida por la Alcaldía Local de Chapinero.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de nulidad se restablezca a la sociedad demandante en su derecho y se le repare el daño causado, condenando a la entidad territorial demandada a indemnizar a la sociedad demandante.
TERCERA: Si la cuantía de la indemnización no fuere establecida dentro del proceso, la sentencia deberá señalar las bases con arreglo a los cuales se hará la liquidación incidental de que trata el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, en los términos previstos en los artículos 178 del mismo estatuto y 137 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con la ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN contenida en esta demanda.
CUARTA. Que se condene en costas a la entidad territorial demandada y en su defecto al pago de un porcentaje del monto de la condena, con la finalidad de resarcir a la demandante por el valor de los gastos y de los honorarios en que incurra.” (fls. 4 a 5 cdno. 1).
2. Hechos
En síntesis, la demandante planteó los siguientes fundamentos fácticos:
2.1. En el mes de septiembre del año 2004, la actora adquirió el inmueble con su lote de terreno ubicado en la nomenclatura de Bogotá del barrio Chapinero de la Calle 71 número 2-65 Este, en la urbanización Las Acacias.
2.2. Con el propósito de construir un edificio y para dar cumplimiento a las regulaciones urbanísticas, solicitó la licencia de demolición de la casa y de construcción de la obra nueva pretendida.
2.3. En el mes de noviembre siguiente, la Curaduría Urbana Nº 4 de Bogotá, expidió la respectiva licencia Nº 04-4-1574 y en febrero de 2006 aprobó la modificación tendiente a la ampliación del área y replanteamiento de obra.
2.4. Un vecino en calidad de tercero afectado, en oposición al otorgamiento de la licencia y su modificatoria, presentó recurso de reposición y apelación.
2.5. Con base en las mencionadas impugnaciones, la Curaduría de marras revocó la modificación de la licencia de construcción al considerar que parte del predio estaba dentro de la franja de adecuación de la llamada y delimitada Reserva Forestal del Bosque Oriental de la ciudad capital.
2.6. La entonces Alcaldesa de Chapinero, profirió en varias oportunidades, suspensiones de la obra y finalmente, expidió la Resolución 123 de 27 de julio de 2007, declarando a MUENACO S.A. infractora del régimen de obras por la construcción que había hecho sobre la zona de ronda de la quebrada La Vieja y en contravención a la licencia de construcción aprobada por la Curaduría Nº 4. Impuso multa a la sociedad actora, a razón de $195.160.000 y ordenó la demolición de las obras adelantadas sobre la zona de ronda.
2.7. Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, que correspondió decidir al Consejo de Justicia de Bogotá, quien mediante Resolución 1267 de 30 de junio de 2009, modificó parcialmente la decisión de la Curaduría, por una parte, para adicionar la sanción por adelantar construcción sin licencia de construcción, por cuanto el Departamento Administrativo de Planeación Distrital –en adelante DAPD - había revocado la licencia de construcción (Resoluciones 678 de 30 de agosto de 2007 y 0531 de 7 de julio de 2008) y, por otra parte, para rebajar la multa a $108.420.000,oo.
2.8. En comparativo, la parte actora trajo a colación las dos resoluciones que demandó:
Resolución 123 de 27 de julio de 2007 Alcaldía Local de Chapinero
Resolución 1267 de 30 de junio de 2009 del Consejo de Justicia (Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanística y Espacio Público)
PRIMERO: Declarar infractor al régimen de obras por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo a la sociedad MUENACO S.A., con NIT No. 800171125-7, representada en estas diligencias por el señor JACK DAVID ABADI SAFRA, identificado con la cédula de extranjería número 106.128 expedida en Bogotá, o a quien haga sus veces, en calidad de representante legal de la citada compañía, responsable de las obras construidas en zona de ronda de la quebrada, además de construir contraviniendo la licencia de construcción No. LC-04-4-1574 otorgado por la curaduría urbana No. 4 para el inmueble ubicado en la Calle 71 No. 2-65, de esa ciudad.
PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la decisión recurrida para en su lugar
DECLARAR infractor del régimen de obras a la sociedad Muenaco S.A. con NIT 8171125-7, representada legalmente por JACK DAVID ABADI SAFRA, identificado con la cédula de extranjería No. 106128 expedida en Bogotá o quien haga sus veces al momento de notificarse la presente determinación como responsables de las obras construidas en zona de ronda y construir sin la correspondiente licencia de construcción, de conformidad con los motivos del presente acto.
SEGUNDO: IMPONER a la sociedad MUENACO S.A., con NIT No. 800171125-7, representada en estas diligencias por el señor JACK DAVID ABADI SAFRA, identificado con la cédula de extranjería número 106.128 expedida en Bogotá, o a quien haga sus veces, en calidad de representante legal de la citada compañía y responsable de las obras construidas sobre la ronda de quebrada, además de contravenir la licencia de construcción No. LC-04-4-1574 en el inmueble ubicado en la Calle 71 No. 2-65 este de Bogotá, D.C., multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes, multiplicados por doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de área construida sobre área de ronda de quebrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 2º, numeral 1º, inciso 3º de la Ley 810 de 2003; sin que supere los quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondiendo la suma de CINCUENTRA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($54.210.000,oo) M/CTE, incrementada hasta en un cien por ciento (100%), ascendiendo a la suma de CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($108.420.000,oo) M/CTE., además de la multa a imponerse por la construcción realizada contraviniendo la licencia de construcción, la cual equivale a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes, multiplicados por mil ciento doce metros cuadrados (1.112 m2), de área construida contraviniendo la licencia de construcción de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2º numeral 4º de la Ley 810 de 2003, sin que en ningún caso la multa supere los doscientos salarios mínimos legales vigentes; correspondiendo la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($86.740.000,oo) M/CTE., de conformidad con el informe técnico de fecha cuatro (4) de octubre de 2005; multa que debe ser cancelada en la Tesorería Distrital con destino al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Chapinero. En caso de incumplimiento respecto del pago de las multas, se procederá a ordenar la remisión de las copias procesales pertinentes al Juzgado Único de Ejecuciones Fiscales para su correspondiente cobro coactivo.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo el cual quedará así:
Segundo: IMPONER a la sociedad MUENACO S.A. con NIT 8171125-7, representada legalmente por JACK DAVID ABADI SAFRA, identificado con cédula de extranjería No. 166128 expedida en Bogotá o quien haga sus veces, en calidad de Representante legal de la citada compañía y responsable de las obras construidas sobre la ronda de la quebrada la Vieja en el inmueble ubicado en la Calle 71 No. 2-65 Este de Bogotá, D.C., multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes que multiplicados por 250 metros cuadrados construidos sobre la ronda de la quebrada corresponden a la suma de $54.210.000 M. Cte., que incrementada en un 100% asciende a $108.420.000, además de la demolición de lo construido en dicha área conforme al artículo 2 numeral 1 inciso 3 (de la Ley 810 de 2003).
TERCERO: Advertir al declarado infractor que de conformidad con establecido en el inciso 1º del artículo 105 de la Ley 388 de 1997, modificado por la Ley 810 de 2003, Art. 3º, dentro de los sesenta (60) días de ejecutoriado este acto administrativo debe adecuarse a las normas demoliendo las obras construidas sobre la zona de ronda de la quebrada La Vieja, además de obtener la licencia de construcción que autorice la ejecución de las nueva obras de construcción. Si vencido este plazo no se hubiere obtenido la licencia de construcción, se procederá a ORDENAR LA DEMOLICIÓN de las obras ejecutadas, a costa del administrado, e imponer sucesivamente cada seis (6) meses la multa señalada en el numeral segundo de esta Resolución.
TERCERO: REVOCAR la multa impuesta por los 112 metros cuadrados (sic) para que el a quo imponga la que en derecho corresponda de acuerdo al artículo 2 numeral 3 de la Ley 810 de 2003, por construir sin licencia, de conformidad con los motivos del presente acto administrativo.
CUARTO: Ordenar al a quo, iniciar la actuación administrativa para establecer el área de construcción en la zona de manejo y preservación ambiental, para que una vez determine la existencia de la infracción, si hay lugar establezca el área de la misma e imponga las sanciones pertinentes.
2.9. Indicó que los actos demandados contradicen en forma flagrante lo comprobado por la Alcaldesa de Chapinero en la diligencia de verificación de 15 de mayo de 2007 e incluso con su dicho contenido en la declaración de 31 de mayo siguiente que absolvió ante el Juez 52 Penal Municipal, en las que había expresado que las obras que se adelantaban cumplían con lo autorizado en la licencia.
2.10. No obstante lo anterior, la funcionaria declaró a la actora infractora del régimen de obras, por construir en contravención a lo preceptuado en la licencia.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora señaló que se transgredieron los artículos 6, 13, 129, 31, 120 y 122 de la Constitución Política y los artículos 59 y 60 del CCA.
Esa transgresión normativa, la sustentó en los siguientes predicados:
3.1. Infracción de normas de superior jerarquía: la Alcaldía Local de Chapinero desplegó una actuación atípica, devenida de que la sociedad actora probó que las obras estaban siendo ejecutadas dentro del término de prórroga de la licencia de construcción, razón por la cual, a juicio de la actora, no efectuó la conducta contraventora al régimen de obras que se le imputó bajo el tipo sancionatorio de derecho urbano de construir sin contar con la respectiva licencia de construcción.
Por otra parte, conforme a la regulación urbana, para imputar otra conducta sancionable debía iniciarse nueva querella, más aún si se tiene en cuenta que había cumplido con lo autorizado por el curador urbano y había acatado el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió en el acta de compromiso.
3.2. Violación del debido proceso y abuso de poder: derivado de lo anterior, consideró que el hecho constitutivo de esta censura se sustenta en que el Consejo de Justicia al decidir la apelación sancionó a MUENACO S.A., con base en un fundamento fáctico que no se analizó ni se sancionó en primera instancia, esto es, la construcción sin licencia. Iteró que sí construyó con licencia y que ello fue comprobado. Se presentó entonces ausencia de antijuridicidad y culpabilidad en la conducta que le imputó el Consejo de Justicia.
3.3. Violación del principio de la non reformatio in pejus (artículo 31 de la Constitución Política): este principio constitucional fue transgredido, porque las sanciones impuestas por la Alcaldía Local eran inferiores a las que resultaron con la apelación y una segunda razón, atañe a que no podía ordenarse nuevas actuaciones para establecer el área de construcción de la zona de manejo y preservación ambiental.
3.4. Desviación y abuso de poder: porque el Consejo de Justicia decidió el recurso de apelación un año y medio después de que fuera presentado, con lo cual transgredió el artículo 60 del CCA.
3.5. Violación del derecho de defensa: en tanto la sociedad actora no tuvo la oportunidad de controvertir los cargos de construcción sin licencia, el abuso del poder por haber sido sancionada por una infracción que no le era oponible y por el desconocimiento del derecho a la igualdad, ya que una edificación vecina fue construida en condiciones similares y la constructora no fue sancionada.
4. Del trámite en primera instancia
4.1. Auto admisorio de la demanda: mediante auto de 8 de abril de 2010, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo admitió la demanda, conforme obra a folios 141 a 142 del cuaderno 1, y ordenó las notificaciones, entre ellas, al Distrito Capital a través del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y profirió las decisiones consecuenciales, tales como fijar el negocio en lista, determinar suma por concepto de gastos ordinarios del proceso, respecto a la cual le indicó que debía acreditar el pago de dicha suma, constituir póliza de seguros para precaver que el fallo le resulte adverso a las pretensiones de la demanda y ordenó oficiar a la Alcaldía Local de Chapinero y al Consejo de Justicia de Bogotá, que remitieran copia de la totalidad de los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos acusados.
4.2. Contestación de la demanda: el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ –Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero –en adelante el Distrito Capital-, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, mediante escrito obrante a folios 159 a 164 del cuaderno 1, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones y frente a las deprecadas como restablecimiento agregó: “máxime que las económicas no se encuentran demostradas dentro de la demanda, y no lo pueden hacer puesto que como el actor así lo menciona, la sanción impuesta no ha sido ejecutada”.
Propuso la EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA al no haber incluido pretensión ni cuestionamiento contra el acto que decidió el recurso de reposición. Explicó que conforme al artículo 138 del CCA, el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa que se deben demandar en cuanto lo modifiquen o confirmen y, en nuevo criterio adoptado por la Sección Primera, reiterado en sentencia de 10 de septiembre de 2009 (radicado 1998-00528), con ponencia de la Dra. María Claudia Rojas Lasso, mediante el cual se confirmó sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que se declaró inhibida para decidir sobre el asunto de fondo, desde la consideración de que la actora omitió demandar el acto que resolvió el recurso de reposición y no limitarse a demandar el inicial y el que desató el recurso de apelación.
Indicó que si bien en algún interregno, el Consejo de Estado sostuvo que ante la característica de facultativo del recurso de reposición, no era obligatorio demandar la decisión, sin que ello constituyera inepta demanda, lo cierto es que esa posición fue revaluada y rectificada por la Sección Primera, en el año 2008 (diciembre), para indicar que la norma contenida en el artículo 138 del CCA es clara en imponer la demanda de los actos en una proposición jurídica completa.
Explicó que el actor demandó la nulidad de: (i) la Resolución 123 de 6 de julio de 2007 expedida por la Alcaldía Local de Chapinero que decidió el fondo de la querella policiva Nº 087 de 2006 y, (ii) la Resolución 1267 de 30 de junio de 2009 proferida por el Consejo de Justicia de Bogotá, que resolvió el recurso de apelación contra el acto de la Alcaldía Local y que declaró a la Sociedad Muenaco S.A. infractora del régimen de obras y urbanismo.
Ahora bien, dentro de la referida querella, que se adelantó contra MUENACO S.A. por la vulneración al régimen de obras, la querellada interpuso en contra de la decisión inicial contenida en la Resolución 123 de 2007, recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos, el primero, mediante la Resolución 158 de 19 de septiembre de 2007, que en su artículo 2º, dispuso no reponer la Resolución Nº 123 de 6 de julio de 2007 y, en consecuencia, la confirmó en todas sus partes.
Pero en la demanda, MUENACO S.A. omitió incluir la nulidad de la decisión que resolvió el recurso de reposición.
Así las cosas, en aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, vigente sobre la materia, se encuentra probada la excepción de inepta demanda por no censurar la totalidad de los actos de la vía gubernativa y solicitó así declararla.
4.3. Otros trámites
Mediante auto de 29 de septiembre de 2011, obrante de folios 507 a 509 del cuaderno 2, el Magistrado Ponente del Tribunal tuvo como impugnadores de la demanda “a los copropietarios del edificio Bosques de la Quebrada”, colindante en vecindad con el inmueble en cuestión, pues dicho edificio responde a la nomenclatura del Distrito Capital, en la calle 71 Nº 2-51 de Bogotá, llamándolo “Edificio Bosques de La Quebrada”.
Indicó el interviniente, a través de su representante legal, que fue quien solicitó la revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC-04-4-15-74 expedida el 11 de noviembre de 2004, porque le perjudica la filtración de agua a los parqueaderos y les preocupa que los muros de los sótanos puedan sufrir agrietamientos o caída por el deslizamiento de tierra que existe en la actualidad y que ello se origina en la zona aledaña a la construcción ilegal sobre la ronda de la quebrada La Vieja.
Aseveró que si la demandante logra la nulidad de la Resolución 1267 de 30 de junio de 2009 del Consejo de Justicia y de la Resolución 123 de 6 de julio de 2007 de la Alcaldía de Chapinero, ello implicaría que no se demuela al obra levantada ilegalmente, en detrimento de la zona de protección ambiental “y en perjuicio de los vecinos colindantes del edificio Bosques de La Quebrada, quienes viven en constante temor de que el edificio sufra algún daño estructural, como consecuencia del deslizamiento de tierra causado por un peso no previsto en la estructura.”.
El dictamen pericial fue objetado por error grave por el coadyuvante en el entendido de que si la experticia se hacía para establecer una franja comprendida desde la Avenida Circunvalar a la altura de la quebrada referida en dirección a oriente, debió tenerse en cuenta el Decreto 1106 de 1986 que definió la Ronda o Área Forestal Protectora y los elementos que la conforman. A esta objeción, se opuso la actora mediante escrito que reposa a folios 518 a 520 del cuaderno 2, y luego del trámite ordenado incluido decreto de pruebas como consta en auto de 27 de octubre de 2011 y sendos escritos de oposición de ambas partes en cuanto a las decisiones de decreto o denegatoria de pruebas, el Despacho, cerró etapa probatoria y abrió a alegaciones finales.
4.4. Alegatos de conclusión
Surtida la etapa probatoria, por medio de proveído del 23 de agosto de 2012, obrante a folio 604 del cuaderno 1, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, lo cual realizaron en los siguientes términos:
4.4.1. Distrito Capital: en escrito radicado el 7 de septiembre de 2012, obrante de folios 605 a 610 del cuaderno 2, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Indicó que el régimen urbanístico aplicable al caso es la Ley 388 de 1997, modificatorio de la Ley 9 de 1989, se fundamenta en tres principios, a saber: (i) la función social y ecológica de la propiedad; (ii) la atención a los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común y (iii) la distribución equitativa de las cargas y los beneficios (art. 2º). Dentro de sus fines, están el posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos y su destinación al uso común y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios; atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo al interés común, con procura de su utilización racional, en armonía con la función social de la propiedad; propender por el mejoramiento de la calidad de vida y mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
Para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, las licencias deben obtenerse y otorgarse conforme al POT, las normas que lo desarrollan y complementan y a lo dispuesto en el Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997 y la Ley 810 de 2003. Concretamente, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 que impone la necesidad de licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo y para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición.
Así mismo se debe observar el artículo 103 de la misma Ley 388, modificado por el artículo 1º de la Ley 810 de 2003, que establece conductas y actividades constitutivas de infracciones urbanísticas, incluyendo la demolición, cuando las construcciones y actividades homólogas contravienen los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas. Esto sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal que recaiga sobre los infractores. Similares sanciones genera la localización de construcciones en contravención a las normas de usos del suelo. Por su parte el artículo 104 de la Ley 388, modificado por el artículo 2º de la Ley 810 de 2003, asigna a los alcaldes municipales y distritales, al gobernador de San Andrés o al funcionario que reciba la delegación, la competencia para imponer y graduar la sanción de acuerdo a la gravedad y magnitud de la infracción o a su reincidencia.
Citó el Código Civil en el artículo 677 y el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 83, atinentes a la naturaleza jurídica de las rondas de tales cuerpos de agua y que la define, entre otras, como la faja paralela a la línea de mareas máximas o la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
En el caso concreto, si bien es cierto la Defensoría del Espacio Público mediante los documentos obrantes a folios 601 a 609 de la actuación administrativa, determinó que carecía de los elementos técnicos que permitieran conceptuar sobre la ocupación del espacio público, toda vez que el manejo de las zonas de ronda, manejo y preservación ambiental son administradas por la EAAB, entidad que precisó que el predio de la Calle 71 Nº 2-65 tiene un área total de 428 mts2, de los cuales 131,27 mts2 sí afectaban la zona de la quebrada.
Dentro de la actuación administrativa que cursara ante la Alcaldía Local de Chapinero, obrante a folios 230 y 231, se observa que en el acta de verificación de 15 de mayo de 2007, se precisó la ubicación parcial de la construcción en la zona de ronda o protección de la quebrada La Vieja, que por más que existiera una licencia de construcción que ampara dichas obras, lo cierto es que ninguna autoridad tiene competencia para modificar la naturaleza de dicho suelo, que por lo demás es objeto de amparo especial.
Así mismo, se encuentra certificada la construcción parcial de un espacio correspondiente a la zona de ronda, manejo y preservación ambiental, que es afectada por 131,27 mts2 de la construcción de la calle 71 Nº 2-65 y agregó: “Tratándose de una zona de especial protección a la que le corresponde un tratamiento propio de los bienes de uso público…, por mandato constitucional consecuente con tal naturaleza debe prever las medidas necesarias para su restablecimiento, razón por la cual se cae de su peso la autorización del curador que se esgrime dentro de la actuación” (fl. 608 cdno. 1).
Concluyó que la Alcaldía Local de Chapinero y el Consejo de Justicia se encuentra ajustada a derecho.
Insistió en la EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA, que planteó en la contestación a la misma, relacionada en que MUENACO S.A. no demandó todos los actos que debían ser impugnados, concretamente la Resolución que decidió el recurso de reposición, esto es, la Resolución 158 de 19 de septiembre de 2007, que en su artículo 2, dispuso no reponer la Resolución Nº 123 de 6 de julio de 2007.
Solicitó declarar la excepción de inepta demanda o, subsidiariamente, nieguen todas las pretensiones.
4.4.2. La demandante MUENACO S.A., en escrito radicado el 11 de septiembre de 2012, obrante de folios 611 a 626 del cuaderno 1, la sociedad demandante reiteró los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones de la demanda.
Expuso que están probados los siguientes extremos de la litis:
i) Mediante licencia de construcción 1410 de 22 de agosto de 1957, otorgada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Bogotá, fue autorizada la construcción de una casa de dos pisos y sótano, en el predio de la Carrera 2E No. 70-96 “que corresponde a una de las asignadas al Lote C2 de la Urbanización ‘LAS ACACIAS” con una superficie de 652,34 v2 (417,5 m2) y que está delimitado dentro del polígono encerrado entre los Puntos B-C-D-E-F del Plano Oficial No. R. 17/ 1-1, en el que se aprecia, además, que el inmueble para el cual se expidió la licencia tiene por el costado norte acceso directo a la Calle 71 de la red vial de la ciudad, vía esta que se interpone entre el lote y la Quebrada de La Vieja al norte; así mismo puede verse en el plano que dicho predio colinda, un poco más hacia el oriente, con una zona de servidumbre de tránsito de 6 metros de ancho que disfruta la EAAB, y por último, puede verse que el lote colinda por el Sur y por el Sur y por el Oriente con ‘Zona Verde del Acueducto’ y que este último lindero simultáneamente corresponde al ‘LÍMITE DE LA ZONA URBANA’, todo lo cual prueba que se trata de un inmueble de propiedad privada situado al interior del perímetro urbano de Bogotá, con acceso directo a la malla vial de la ciudad y a una zona verde, susceptible de ser destinado a usos urbanos en este caso al uso de vivienda urbana” (negrillas en el texto original).
ii) El polígono comprendido entre los puntos B-C-D-E-F con una superficie de 652,32 V2 (417,5 m2) mostrado en el Plano No. R.17/1-1, que corresponde al terreno de propiedad privada de un predio urbano, actualmente corresponde al inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria 50C-54891, fue comprado por Rembertas Manekas, por Escritura Pública 942 de 8 de abril de 1954, de la Notaría 6ª de Bogotá.
iii) Folio de Matrícula Inmobiliaria de bien en cuestión, da cuenta de que se hizo uso oportuno de la Licencia de Construcción 1410 de 22 de agosto de 1957, por cuanto se construyó una casa de habitación junto con el lote de terreno sobre el cual se halla edificada y que está marcado con el No. C-2 en plano de subdivisión del loteo de la Urbanización Las Acacias.
iv) Concordante con la Licencia de Construcción 1410 de 22 de agosto de 1957, y con el certificado de libertad se constata que el predio tiene asignada dos direcciones: Calle 71 No. 2-65 y Calle 71 No. 2-67 Casa C, dentro de la nomenclatura urbana de Bogotá,
v) El Certificado de Libertad en cita es explícito en que el predio urbano es de propiedad privada, destinado al uso de vivienda y que fue construido en ejercicio legítimo de la Licencia de Construcción 1410 de 22 de agosto de 1957. La vivienda construida gozó de todos los servicios públicos domiciliarios que ha estado situado dentro del perímetro técnico de servicios, de lo contrario no hubiera podido gozar de los mismos.
vi) La sociedad MUENACO S.A., adquirió el predio urbano con matrícula inmobiliaria 50C-54891, por medio de la Escritura Pública 3173 de 3 de septiembre de 2004 de la Notaría 4ª de Bogotá y que se encuentra registrada en la Anotación Nº 28 del Folio de Matrícula Inmobiliaria referido, adiada el 9 de septiembre de 2004, luego de que el inmueble hubiera pasado por cinco propietarios anteriores, en un lapso de cuarenta y siete años “sin que en el folio de matrícula inmobiliaria apareciera la más mínima referencia a la existencia de afectación o restricción por motivos ambientales o de derecho público, ya que solo se aprecia en dicho folio el registro temporal de embargos y gravámenes propios del derecho privado, que ya habían sido levantados para la época en que MUENACO S.A. adquirió el inmueble” (fl. 613 cdno. 1).
vii) La intención de la EAAB tiene como causa real la de privar a la propietaria del inmueble, con el argumento de que se trata de una zona de ronda hidráulica de propiedad pública, “cuya tenencia y administración dizque le corresponde ejercer a la EAAB, pero sin que dicha empresa se haya hecho parte en la actuación para hacer valer su pretensión”, por cuanto no se hizo parte dentro de la querella policiva.
viii) Indicó que los actos sancionatorios carecieron de actuación previa por lo que la parte actora careció de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa contra las pretensiones de la EAAB.
ix) Aseveró que los documentos con los que la EAAB pretende hacerse a la tenencia de los terrenos de la actora están en contradicción con los planos que reposan en este proceso y que emanaron de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y con las conclusiones de la experticia del auxiliar de la justicia, en tanto el terreno no figura como propiedad pública o como zona de ronda a cargo de la EAAB.
x) Afirmó que la casa construida sobre el terreno en discusión contaba con la licencia respectiva desde el año de 1957 y que la demolición para construcción contó con el aval y autorización de la curaduría urbana dentro del trámite legal y legítimo respectivo, sin que se presentara oposición ni de la EAAB ni de los vecinos ni de terceros, como tampoco interpusieron recursos contra el otorgamiento de la licencia, razón por la cual este acto cobró firmeza.
xi) Criticó a la Alcaldía Local porque habiendo iniciado una querella por construcción con licencia caducada, al verificar que no era cierto en razón a la prórroga obtenida, dio el giro a otra conducta y era construcción con violación a la Licencia de Construcción L.C. 04-4-1574 de 11 de noviembre de 2004 y, así se mantuvo la suspensión de la obra. Aunado a que luego del acta de compromiso en el que la actora se comprometió a demoler los elementos de la obra que no tenían soporte en los planos y a construirlos nuevamente con sujeción a la referida licencia, la Alcaldía permitió al constructor la adecuación de las obras de la licencia y la actora cumplió con las obligaciones contraídas en el acta precitada, tal como se demostró en la diligencia de verificación de 15 de mayo de 2007 que efectuara personalmente la Alcaldesa Local y en las declaraciones que la referida funcionaria absolviera ante el Juez 52 Penal Municipal, en las que expresamente indicó que las obras que se adelantaban ahora sí cumplían con lo autorizado en la licencia.
xii) No obstante la contundencia de los hechos antes relatados, la Alcaldesa puso fin al trámite de querella con la Resolución 123 de 6 de julio de 2007, declarando a la actora contraventora del régimen de obras, por haber construido apartándose de la Licencia de Construcción, olvidando deliberadamente que ya se habían realizado las obras de adecuación ordenadas.
xiii) Con la Resolución 123 de 2007, acto demandado, la Alcaldesa sancionó a Muenaco S.A., con diferentes multas por dos contravenciones diferentes, como consta en el numeral segundo de la misma, a saber: de una parte, adelantar la construcción de obras en contravención a la licencia (art. 2º num. 4º de la Ley 810 de 2003) sin tener en cuenta que el propietario ya se había acoplado a lo pactado en el acta de compromiso y, de otra parte, por construir en la ronda (art. 2º num. 1º ib), sin que ello hubiera sido materia de la controversia.
xiv) La Alcaldesa no tuvo en cuenta que ordenó a la querellada obtener la licencia de construcción que autorice la ejecución de las nuevas obras de construcción, sin tener en cuenta que al haber cumplido con las obligaciones adquiridas en el acta de compromiso, las obras no requerían de una nueva licencia, sino tal solo continuar con las obras conforme a la licencia ya otorgada que había sido prorrogada por la Curaduría Cuarta.
xv) La decisión de segunda instancia adoptada por el Consejo de Justicia mediante Resolución 1267 de 30 de junio de 2009 que modificó parcialmente la sancionatoria 123 de 2007, fue extemporánea por cuanto excedió el término de los dos meses; resultó incongruente porque se le sancionó por conducta que no le había sido imputada inicialmente durante el trámite contravencional y desbordó la vía gubernativa, en razón a que si bien en el numeral 1º de la Resolución 1267 de 2009 indicó que modificaba el numeral primero de la Resolución 123, lo que en realidad hizo fue subrogarla para reemplazarla “pues multa al afectado por construir sin licencia, no obstante que la controversia no se circunscribió en ningún momento a ello”.
En similar sentido, el numeral segundo, pues si bien en principio indicó que sería una modificación, también se trata de una subrogación íntegra al reemplazar el numeral en su totalidad con la conclusión frente a una situación que no había sido la endilgada, por lo que se trata de una decisión diferente y espuria.
xvi) Está plenamente comprobado que la razón de la sanción urbanística sobre la construcción sin licencia, se apoyó en dos argumentos: (i) que el predio se encuentra en zona de ronda de La Quebrada de La Vieja y (ii) que parte del predio se encuentra dentro del área de reserva forestal protectora ‘Bosque Oriental de Bogotá’, imputaciones de las cuales como fueron variadas de aquellas que se le atribuyeron al inicio, no tuvo la oportunidad de controvertir.
Pero en contraste, la experticia concluyó que el predio se encuentra ubicado por debajo de la cota de 2.700 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), lo que prueba que se encuentra situado fuera de los límites de la reserva dentro del perímetro urbano de la capital y en suelo urbano, como lo corroboran las licencias expedidas desde 1957 y el plano oficial de la urbanización Las Acacias. Aunado a que concluyó que al predio en comento incluso lo separa de la ronda de la quebrada por la calle 71 y las distancias entre el predio y la quebrada son más de 15 metros.
xvii) Agregó “Ha quedado demostrado plenamente, mediante el certificado de libertad, que jamás ha sido inscrita, ni aparece actualmente registrada en el folio de matrícula, ningún acto o determinación que establezca que parte del predio está dentro del área de reserva forestal, ni tampoco que parte del mismo esa zona de ronda. En general no figura en el folio de matrícula ninguna restricción, afectación, servidumbre, gravamen o limitación del dominio de propiedad privada sobre el predio…” (fl. 622), menos por razones ambientales ni por motivo o derecho que se predique a favor de la EAAB. Tampoco reposa en los planos de Catastro que el predio en cuestión esté delimitado como ronda de la Quebrada La Vieja o como área de reserva forestal e incluso se encuentra por fuera de las zonas de uso público del sistema hídrico.
4.4.3. El coadyuvante: el Edificio Bosques de La Quebrada, en calidad de tercero interviniente, presentó escrito de alegaciones, obrante a folios 627 a 637 ibidem, en el que indicó que la reparación que se pretenda derivar de la ilegalidad del acto debe ser probada, lo cual no aconteció en el sub lite, por cuanto dentro de la querella 087 de 2006, la sociedad Muenaco S.A. siempre contó con las garantías de defensa y contradicción, con la posibilidad de pedir y adjuntar pruebas y, en general, ejercer toda clase de postulaciones procesales dentro del trámite policivo normal y a lo largo de éste nunca glosó ni censuró regularidad alguna en el trámite generadora de una posible nulidad procesal y menos la presentación de tutela por los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados.
Aseveró que la demanda se centra en atacar, de manera por demás extemporánea y subjetiva, la actuación de la Alcaldía Local de Chapinero previa a expedir la Resolución 123 de 2007 demandada.
Recordó que la actuación de la Alcaldía Local de Chapinero y el fallo del Consejo de Justicia se fundamentó en la revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC-04-4-15-74, de 11 de noviembre de 2004 expedida por Planeación Distrital, por lo que la Alcaldía se centró fue en lograr el sellamiento de la obra, su posterior demolición y aplicación de multas por violación al régimen urbanístico.
Arguyó que no se probaron las supuestas acusaciones de incompetencia, defectos de forma, indebida motivación por ir contra los objetivos de la medida policiva ni la violación al derecho de defensa; tampoco la falsa motivación, el desvío de poder y la expedición irregular del acto.
Explicó que el desvío de poder implica la intención personal o administrativa que se aparta del propósito legal, circunstancia que no aconteció en el caso presente porque no existió violación de la cosa juzgada ni fraude a la ley, no hay búsqueda de fin personal ni beneficio para un tercero, tampoco se favorece a la misma administración ni se aplicó un procedimiento equivocado, por lo que no se configura el abuso de poder endilgado al acto.
Por otra parte, indicó que a la sociedad actora le fue revocada la Licencia de Construcción LC-04-4-15-74 de 11 de noviembre de 2004, mediante Resolución 678 de 30 de agosto de 2007 expedida por Planeación Distrital, pero omitió demandar dicho acto y, para subsanar su incuria, trasladó el ataque al proceso de querella policiva, la cual solo tenía como meta el sellamiento de la obra y su posterior demolición.
Consideró que Muenaco no demolió la obra ni pagó la multa y lo cierto es que si violó los regímenes urbanístico y ambiental y la protección ecológica de la Quebrada La Vieja, al levantar la obra de la calle 71 Nº 2-65, por cuanto 131.27 metros afectan la zona de la ronda de aquella.
4.5. Concepto del Ministerio Público
El representante del Ministerio Público no rindió concepto.
4.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante sentencia del 22 de noviembre de 2012, se inhibió de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, al encontrar probada la excepción de inepta demanda por omisión en atacar en nulidad todos los actos expedidos en la vía gubernativa.
Explicó que el Distrito Capital propuso la excepción de inepta demanda por no haberse demandado a todos los actos administrativos.
Analizó que la sanción demandada fue impuesta a la sociedad actora mediante la Resolución 123 de 6 de julio de 2007 expedida por la Alcaldía Local de Chapinero. Contra este acto, la sociedad interpuso de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto a través de la resolución No. 158 de 19 de septiembre de 2007, confirmando la sanción. Posteriormente, el Consejo de Justicia de Bogotá resolvió la apelación mediante la Resolución 1267 de 30 de junio de 2009, mediante la cual revocó y confirmó parcialmente la sanción urbanística.
Así mismo, advirtió que la demanda en sus pretensiones anulatorias se dirigió contra las Resoluciones 123 de 2007 y 1267 de 2009. Por lo que resulta evidente que omitió demandar la Resolución 158 de 19 de septiembre de 2007, mediante la cual se confirmó la sanción.
Aunado a lo anterior, ni siquiera el poder especial conferido al mandatorio judicial incluyó la demanda anulatoria de la Resolución 158 de 2007, cuya legalidad tampoco fue cuestionada para que pudiera entenderse que también había sido integrada al objeto de la controversia.
Lo anterior, a juicio del Tribunal, hace inepta la demanda al no acusar el segundo acto dictado en la vía gubernativa, mediante el cual se decidió la reposición. En apoyo a esta consideración citó el fallo en que se rectificó la tesis jurisprudencial para indicar que era obligación demandar el acto que resuelve el recurso de reposición, esto es, la sentencia de 10 de diciembre de 2008, reiterada en fallo de 15 de abril de 2010 (rad. 11001-03-24-000-2003-0323-01. C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Indicó que la demanda se presentó en el año 2010, cuando ya el Consejo de Estado se había decantado por la necesaria demanda del acto que decidiera el recurso de reposición confirmando o modificando la decisión primigenia, criterio jurisprudencial que se ha mantenido incólume desde la decisión adoptada en el año 2008.
Por todo lo anterior, decidió declarar probada la excepción de inepta demanda por omisión en la demanda de todos los actos propuesta por la parte demandada y, por ende, inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y no condenó en costas al no encontrar acreditados los presupuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
4.6. El recurso de apelación.
Inconforme con la decisión, la parte actora recurrió en apelación, conforme a escrito que reposa a folios 691 a 701 ibidem, con el propósito de que se revoque la decisión de inhibirse proferida por el Tribunal a quo.
Como sustento del recurso de alzada explicó que cuando la demanda fue admitida, esto es en auto de 8 de abril de 2010, el Tribunal aplicaba la tesis atinente a que cuando se presentara el recurso de apelación en forma subsidiaria al de reposición, no era necesario demandar el acto que en vía de la reposición confirmaba el acto recurrido.
De lo contrario, lo procedente era que el Tribunal hubiera inadmitido la demanda para que fuera corregida incluyendo dicho acto, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 446 de 1998. Indicó que lo cierto es que para la época de la admisión de la demanda, ni la Sección Primera del Consejo de Estado había dictado el fallo de 15 de abril de 2010 (rad: 11001-03-24-000-2003-0323-01), al que alude el Tribunal a quo y menos se había proferido el antecedente horizontal que cita adiado el 29 de marzo de 2012, en el que acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado.
Aseveró que incluso el propio Tribunal consideró que la interpretación tradicional del artículo 138 del CCA ha sido considerar apta la demanda, aunque no esté dirigida contra el acto intermedio confirmatorio del acto inicial, cuando la demanda comprende el acto principal y el que resuelve el recurso de apelación interpuesto como subsidiario, que encuentra mayor apoyo en lo opcional del recurso de reposición, como claramente lo prevé el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989.
Al comparar las regulaciones procesales contencioso administrativas disertó en los siguientes términos: (i) la interpretación literal del artículo 22 del Decreto 2204 de 1989, reformatorio del artículo 135 del CCA, lleva a la conclusión de que solo debe enmendarse el acto que decide la apelación interpuesto como subsidiario, por cuanto dicho artículo es categórico en que la demanda debe pedir que se declare la nulidad del acto que “ponga término” al proceso administrativo, y este no es otro que el recurso de apelación; (ii) la necesidad de una interpretación sistemática que permite concluir que aunque el artículo 135 del CCA solo se refiera al acto que pone término a la actuación administrativa, es decir, el que resuelve el recurso de apelación interpuesto como subsidiario. Por ello se ha sostenido que la voluntad administrativa se evidencia al integrar el último acto con el acto inicial “en la medida en que el primero de dichos actos es de obligada referencia del último, ya que contra ese primer acto fue que se interpuso el recurso de apelación subsidiario de acuerdo con el Artículo 50 del CCA, por lo que entre las dos decisiones pueden hablarse de un acto administrativo complejo” (fl. 694); (iii) destacó que se debe tener en cuenta que no se recurre en apelación el acto intermedio que decide el recurso de apelación, por dos razones: (a) el acto intermedio no se ha producido en el momento de interponerse el recurso de apelación subsidiario, (b) dicho acto no tiene recursos, conforme lo disponer el artículo 49 ib, salvo el de queja, cuando el intermedio ha negado el recurso de apelación procedente (art. 50-3 ib).
Concluyó que la importancia de la decisión del recurso de reposición es la concesión del recurso de apelación subsidiario interpuesto contra la primera y apelado, el superior nada habrá de resolver sobre ese acto intermedio, por cuanto se enfoca en la decisión inicial por ser la recurrida. Es por ello que la voluntad de la administración está completa con el primer y el último acto, sin que pueda ser calificada de inepta, aquella que no demanda el acto intermedio que decide la reposición.
Consideró que es excepcional que la voluntad de la administración se contenga en tres actos administrativos, y que no sea posible pedir ni obtener la declaración de nulidad de uno sin pedir la de todos por falta de integración de la proposición jurídica completa.
Reconoció que tampoco puede asumirse, como regla general, que el acto intermedio no sea apelable por el simple hecho de ser el recurso de reposición optativo, dada la posibilidad de que el querer de la administración solo esté configurada en las tres decisiones, incluyendo el acto intermedio, pero tampoco puede borrarse que sea viable demandar el primero y el último acto, aduciendo la literalidad el artículo 138 del CCA, pues es innegable que la voluntad del intermedio está subsumida en el primero de los actos y más cuando la voluntad del superior es la que prevalece y más cuando es completamente distinta a la que sustentó el acto intermedio.
En contraste, el CPACA, en este tema se decantó por la interpretación sistemática, al repudiar las decisiones inhibitorias y permitirlas excepcionalmente para la ineptitud sustantiva de la demanda.
Con base en lo anterior, indicó que el fallo inhibitorio que se ha proferido es totalmente injustificado, pues “un debate de derecho penal administrativo, como el que nos ocupa en este proceso, y que gira principalmente alrededor de la trascendental controversia acerca de si puede o no ser penado con las sanciones urbanísticas previstas por la ley para quien construye sin licencia, aquel que haya construido amparado con una licencia de construcción, antes de ser esta revocada directamente, es un debate que no se debe evadir con una sentencia inhibitoria, aduciendo que ha debido demandarse la nulidad de un acto intermedio que nada le agrega ni le quita a la voluntad administrativa” (fl. 695).
Continuó la explicación del tema de la proposición jurídica, indicando que el acto administrativo del Consejo Distrital de Justicia que se demanda es completamente diferente a los actos anteriores, salvo en cuanto confirma parcialmente el primer acto, decisión ésta que en últimas, en su trasfondo, revoca parcialmente en lo que no confirmó.
Con base en todo lo anterior, la recurrente planteó que como el 12 de julio de 2012 entró a regir el CGP, que introdujo modificaciones a las reglas generales que contenía el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pero que esta Ley 153 regentó al CPC que entró a regir el 1º de julio de 1971, en cuyo artículo 699 indicaba que a los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas y los términos que hubieran empezado a correr, incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se aplican las leyes vigentes cuando se iniciaron, como excepción a la regla general, de que prevalecen las normas concernientes a la sustanciación y a la ritualidad de los juicios. Este contenido fue compartido por el artículo 266 del CCA.
Con el CPACA, concretamente con el inciso 3º del artículo 308, que comenzó a regir el 2 de julio de 2012, derogó la regla general de la aplicación prevalente de las leyes nuevas que contenía el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al consagrar que a los procesos en curso se les aplicaran las leyes anteriores concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios. Aunque el CGP continuó con la previsión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
Por lo anterior, considera que para el caso concreto el artículo 138 del CCA estaba derogado por el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, por ser la regulación vigente y aplicable de inmediato y en forma prevalente sobre la norma anterior, tanto a los procesos iniciados como a las nuevos, desde la promulgación de la Ley 1564 de 2012.
El artículo 163 del CPACA consagra en el tema de la individualización de las pretensiones que se entenderán demandados los actos que resolvieron los recursos ante la administración.
En consecuencia, solicitó se conceda el recurso de apelación, para que el Consejo de Estado revoque en todas sus partes la sentencia apelada y en su lugar sea fallada en el fondo de la controversia planteada.
4.7. Trámite en segunda instancia
4.7.1. Por auto del 23 de agosto de 2013, obrante a folio 4 del cuaderno principal, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
4.7.2. La parte actora mediante memorial de 13 de septiembre siguiente, que reposa a folios 6 a 7 ibidem, solicitó se decretaran pruebas en segunda instancia para que se oficie a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a fin de que se expida a mi costa copia auténtica del Decreto Distrital 364 de 2013, con las constancias de publicación, ya que contiene el nuevo POT del Distrito Capital, junto con los planos y anexos que forman parte del mismo y que modificó en forma trascendental el POT anterior, en ejes temáticos como: reemplaza todo el régimen y criterios de delimitación de rondas hidráulicas y ZMPA (Zonas de Manejo y Preservación Ambiental) y asigna competencias a la Secretaría Distrital de Ambiente; delimita el perímetro urbano; excluye expresamente los terrenos ocupados por vías públicas de las rondas hidráulicas y ZMPA, lo que para el caso sub lite es aplicable, toda vez que está plenamente demostrado que entre La Vieja y el predio de propiedad privada, se interpone una vía vehicular de la malla vial local del barrio Las Acacias, que es el modo de ingreso no solo al predio del caso concreto sino de todos los lotes y edificios del barrio que colindan con esa vía, lo que significa que es imposible que el predio se pueda considerar como parte de la Ronda de La Quebrada La Vieja o de su ZMPA. En suma el nuevo POT es un replanteamiento diferente a su homólogo anterior, por lo que resulta ostensiblemente influyente.
4.7.3. Mediante auto de 19 de noviembre de 2013, el Despacho instructor de la Sección Primera del Consejo de Estado accedió a librar el oficio respectivo a fin de recaudar la prueba solicitada.
4.7.4. Mediante proveído del 1º de diciembre de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
4.7.4.1. Alegatos presentados por el tercero interesado (coadyuvante): en escrito obrante de folios 20 a 25 del cuaderno principal, el Edificio Bosques de La Quebrada se refirió a que la revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC-04-4-15-74 de 11 de noviembre de 2004 fue proferida por Planeación Distrital. Por su parte la Alcaldía se centró únicamente en lograr el sellamiento de la obra, posterior demolición y en la aplicación de multas por violación al régimen urbanístico.
Pero lo cierto es que el apelante debió atacar en su oportunidad la decisión de Planeación Distrital por los daños y perjuicios que ahora y extemporáneamente pretende mediante una acción prescrita y ahora no solo pretende desconocer la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se fijaron los alcances del artículo 138 del CCA, lo que significa que la actora no pidió la nulidad de la Resolución 158 de 2007, mediante la cual se confirmó la sanción de demolición y multas.
Indicó que es inaceptable la tesis de la recurrente al afirmar que a la fecha en la que se presentó la demanda, esto es, a 8 de abril de 2010, no existía sentencia en el sentido acogido por el Tribunal a quo para inhibirse, pues tal imperativo procesal está consagrado desde tiempos pretéritos en el artículo 138 del CCA, que previó que cuando se demande la nulidad de un acto, se debe indicar cuál es el principal y cuál es el secundario, para evitar un pronunciamiento ineficaz, en aplicación del principio de unidad de materia. En apoyo de su intervención trajo a colación sentencia de 2 de febrero de 2006, de la Sección Segunda “B” del Consejo de Estado, dentro del radicado 15001-23-31-000-2000-02392-01 (870-05), con ponencia del Consejero Jesús María Lemos, que se decanta por la necesaria impugnación de todos los actos como una unidad, sin que pueda emitirse ninguno de sus extremos y que quedó clarificado con la reforma que al artículo 138 hiciera el artículo 24 del Decreto 2304, por lo que solicita se confirme el fallo de primera instancia.
Se opuso a las pruebas decretadas en segunda instancia, aunque reconoció que son útiles para probar que la construcción de marras sí estaba violando la Ronda de la Quebrada La Vieja, tal como consta en el plano de coordenadas y en el mapa que envió el Acueducto de Bogotá y que reposan en el expediente.
No obstante indicó que el Decreto 364 de 2013 no se puede valorar dentro del proceso porque para la fecha de la expedición, desde hacía tiempo atrás se encontraba trabada la litis y, por ende, el caso se rige por la legislación pasada y es con base en ella que el proceso de obra ha estado suspendido.
4.7.4.2. Alegatos de la parte demandante: presentó su escrito de alegación final, que reposa a folios 27 a 40 del cuaderno principal, en los que reiteró casi en forma textual los argumentos de la apelación.
Agregó que en atención a que el Decreto 364 de 2013, decretado como prueba de segunda instancia, fue suspendido provisionalmente, sin que se haya producido dentro del respectivo proceso, una decisión de fondo, a su juicio, se configuró el evento de prejudicialidad que obliga a fallar el proceso de la referencia después de que se decida definitivamente la suerte que correrá dicho decreto.
4.7.4.3. Alegatos de la parte demandada (Distrito Capital): alegó de conclusión mediante escrito obrante a folios 41 a 48 del cuaderno principal, indicó que sobre el régimen urbanístico, el Consejo de Justicia de Bogotá ha indicado que se estructura con las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y con base en tres principios, a saber: (i) la función social y ecológica de la propiedad; (ii) la prevalencia del interés general sobre el particular; (iii) la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Que las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas, en las que se exigen requisitos como la licencia con sujeción al POT, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y la Ley 810 de 2003.
En efecto, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 señala que se requiere licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento y para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición.
4.7.4.4. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo.
El espectro competencial del juez ad quem está limitado a los argumentos del alzada, tal y como lo prevé el entonces aplicable artículo 357 del CPC.
Así las cosas, en forma anticipada, la Sala advierte que su competencia como juez ad quem -luego de verificar que no se presenta causal de nulidad procesal o carencia de alguno de los presupuestos procesales de la acción- está limitada por la rogación que hace el censor en el escrito de apelación y este solo hizo referencia al eje temático de la proposición jurídica incompleta como soporte de la decisión inhibitoria, pero no se advierte del contenido del texto ninguna otra censura de alzada, razón por la cual se advierte en forma temprana que el estudio se limitará al aspecto temático que la propia parte recurrente restringió y circunscribió al evento generador de la supuesta ineptitud sustantiva de la demanda.
2. Cuestión previa: Aceptación de impedimento del Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio
El doctor Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver el asunto de autos por haber participado en el trámite de instancia, por cuanto el proceso le fue repartido para su conocimiento como Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por haber suscrito la sentencia de primera instancia sobre la cual recae el recurso de apelación.
El Consejero consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala acepta su impedimento y lo separa del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal invocada, ya que, de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por «Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».
3. Problema jurídico
Conforme a la decisión del a quo que declaró probada la excepción de inepta demanda al no haber demandado todos los actos administrativos y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse sobre la el fondo de la controversia, en armonía con el recurso de apelación cuya tesis es que siendo el recurso de reposición discrecional, mal puede exigirse se integre a la proposición de nulidad que se deprecó en la demanda, la Sala encuentra que deberá determinar si en realidad los actos proferidos en el caso concreto por la Alcaldía Local de Chapinero y el Consejo de Justicia constituyen unidad inescindible que permita predicar la necesidad de exigir la formulación de la proposición jurídica completa, cuya ausencia, como en efecto, lo consideró el Tribunal a quo genera pronunciamiento inhibitorio o si por el contrario no se imponía, trayendo consecuencialmente la decisión que revoque la decisión del a quo en este específico punto.
La decisión y análisis del problema jurídico se desarrollará con base en los derroteros subsiguientes:
4. Actos administrativos acusados
En razón a que el argumento basilar del sub lite es la integración de los actos expedidos para efectos de poder ser judicializados, la situación en el caso concreto se compone de los siguientes actos sancionatorios:
4.1. Acto demandado en nulidad: La Resolución 123 de 6 de julio de 2007, proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, dentro de la querella Nº 087/2006, por medio de la cual declaró a la sociedad MUENACO S.A., infractora del régimen de obras y responsable: (i) por las construcciones realizadas en la zona de ronda de la quebrada y (ii) por construir contraviniendo la Licencia de Construcción Nº LC-04-4-1574 otorgada por la curaduría urbana Nº 4 para el inmueble ubicado en la nomenclatura de Bogotá de la calle 71 Nº 2-65 Este. Como consecuencia de lo anterior impuso a la contraventora por construir sobre la ronda una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes multiplicados por 250 m2 de área construida sobre el área de ronda de la quebrada, lo que equivale a $54.210.000,oo, incrementada hasta un 100%, y por construir en contravía de la Licencia otorgada, una multa de 8 s.m.l.d.v., multiplicados por 1.112 m2 de área construida, conforme lo dispone el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2º, numeral 1º, inciso 3º y numeral 4º de la Ley 810 de 2003, equivalente a $86.740.000,oo y con base en el informe técnico de 4 de octubre de 2005.
Advirtió a la infractora que dentro de los 60 días siguientes a que el acto quede ejecutoriado debía adecuarse a las normas demoliendo las obras construidas sobre la zona de ronda de la quebrada La Vieja y obtener la licencia de construcción que autorice la ejecución de las nuevas obras de construcción, so pena de procederse a ordenar la demolición a costa del administrado, aunado a la imposición sucesiva de multas.
Se le indicó que contra la Resolución cabían los recursos de reposición ante la Alcaldesa Local de Chapinero y de apelación ante el Consejo de Justicia de Bogotá.
Este acto se notificó el 16 de julio de 2006.
4.2. Acto demandado en nulidad: la Resolución número 1267 de 30 de junio de 2009, por medio del cual el Consejo de Justicia de Bogotá, decidió en vía de apelación gubernativa, lo siguiente:
“PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la decisión recurrida para en su lugar DECLARAR infractor del régimen de obras a la sociedad MUENACO S.A…., como responsable de las obras construidas en zona de ronda y construir sin la correspondiente licencia de construcción, de conformidad con los motivos del presente acto.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal segundo el cual quedará así:
Segundo: IMPONER a la sociedad MUENACO S.A…., responsable de las obras construidas sobre la ronda de la quebrada La Vieja en el inmueble ubicado en la Calle 71 Nº 2 65 Esta de Bogotá D.C., multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes que multiplicados por 250 metros cuadrados construidos sobre la ronda de la quebrada, corresponden a la suma de $54.2010.000,oo M-Cte que incrementada en un 100% asciende a $108.420.000., además de la demolición de lo construido en dicha área conforme al artículo 2º numeral 1º inciso 3.
TERCERO. REVOCAR la multa impuesta por los 112 metros cuadrados para que el a quo imponga la que en derecho corresponda de acuerdo al artículo 2 numeral 3 de la Ley 810 de 2003, por construir sin licencia, de conformidad con los motivos del presente acto administrativo.
CUARTO. Ordenar al a quo, iniciar la actuación administrativa para establecer el área de construcción en la zona de manejo y preservación ambiental, para que una vez determine la existencia de la infracción, si hay lugar establezca el área de la misma e imponga las sanciones pertinentes.
QUINTO. Confirmar en lo demás, la Resolución Administrativa 123 de 6 de junio de 2007, proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, conforme al condiciones expuestas en la parte motiva del presente acto.
SEXTO. Contra el presente acto no procede ningún recurso.
SÈPTIMO. Una vez en firme la presente decisión, vuelvan las diligencias al Despacho de origen para lo de su competencia”
5. La regulación aplicable
Se hace necesario dilucidar este punto, para resolver la controversia sobre la normativa aplicable al caso en estudio, en atención a que la parte actora en su postulación pretendió esbozar a su favor la aplicación del CPACA, que como bien se lee en dicho cuerpo normativo dio un giro a la figura de la proposición jurídica completa que se manejaba bajo los dominios del CCA, en tanto en el actual ordenamiento, por disposición del artículo 163, se entienden bajo presunción demandados todos los actos de la vía gubernativa, beneficio ope legis del que carecía su homólogo anterior ya derogado.
En efecto, el actual dispositivo en su texto indica: “Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. // Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.” (Subrayas fuera de texto).
Pues bien, la Sala encuentra que el proceso fue iniciado bajo la égida del CCA, en atención a que la presentación de la demanda ocurrió el 8 de marzo de 2010 (fl. 58 cdno. 1), pero en su trasegar surgió la Ley 1437 de 2011, cuya vigencia se advierte ya para cuando se profirió la sentencia de primera instancia adiada el 22 de noviembre de 2012 y lo propio acontece con el recurso de apelación que fue incoado el 10 de diciembre de 2012 (fl. 691 cdno. 2).
La Constitución Política impone como únicos límites para regular los efectos de la ley en el tiempo el respeto por los derechos adquiridos y el principio de legalidad y favorabilidad en materia penal, como se evidencia de los artículos 29 y 58 superiores.
Por ello, el legislador en ejercicio de la facultad de configuración legislativa que le es propia e inherente a su atribución constitucional puede fijar y regular la aplicación de la ley en el tiempo y, por ende, la fecha hasta cuando producirá efectos una norma derogada y el momento en que entrara en vigencia la nueva que ha sido dictada, así, como regular los efectos de las normas frente a situaciones acaecidas bajo la ley antigua pero que continúan desarrollándose en vigencia de la nueva, es decir, los alcances ultractivos de la ley.
Dentro de esa atribución, el legislador estableció como máxima general la irretroactividad de la ley, con la finalidad de garantizar el principio de la seguridad jurídica, salvo en temas penales y, con ello, protegió las situaciones consolidadas bajo la regencia de la norma derogada, a fin de respetar los derechos legítimamente adquiridos, dentro de los cuales bien se sabe no encuadran las meras expectativas.
Es por esto que la ley en su definición e incidencia, por regla general, rija in actum, es decir, inmediatamente y hacia futuro, por lo que resulta razonable que se aplica tanto a las situaciones ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia, ello como manifestación del debido proceso de regirse por la ley preexistente, y a las que se encuentren en curso en esa fecha y por lo mismo no puedan ser consideradas como una situación “consolidada”, ya no por aplicación de dicha preexistencia sino por condiciones de libertad legislativa.
Por consiguiente, es dable aceptar la concurrencia de cuerpos normativos, uno para los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y otro para las situaciones acaecidas con posterioridad a ésta.
Sobre el particular el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en su texto original establecía:
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
De este texto pretranscrito, se observa que aunque todo el contenido se refiere a ritualidad del juicio, esto es, a aspectos procesales, para indicar en la generalidad, que las normas procesales o de trámite contenidas en la nueva ley son de aplicación inmediata, pero de ello se excluyen los siguientes eventos, a los que se aplicará la ley vigente al momento de su ocurrencia:
Términos y plazos procesales que hayan empezado a correr bajo la ley anterior derogada.
Actuaciones procesales iniciadas bajo la ley anterior derogada.
Diligencias procesales iniciadas bajo la ley anterior.
Por su parte, el artículo 624 del Código General del Proceso que expresamente modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dejando incólume la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal, pero nutriendo con otros eventos específicos que se excluían de esta máxima y continuarían bajo la égida de la norma anterior. En efecto, dispone:
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".
En este orden de ideas, permanece la aplicación de la ley anterior, para las diligencias iniciadas, términos y plazos y especificó los siguientes eventos, que incluso pueden entenderse incluidas en las “actuaciones” procesales que contenía el artículo 40 en cita en su versión original:
(i) los recursos interpuestos;
(ii) la práctica de pruebas decretada;
(iii) las audiencias convocadas;
(iv) los incidentes en curso y;
(v) las notificaciones que se estén surtiendo.
Entonces, para resolver la controversia sobre la normatividad aplicable al caso en estudio y en atención a que la parte actora en su postulación de instancia pretendió esbozar a su favor la aplicación del CPACA.
Lo cierto es que se reitera que la demanda se incoó en el mes de marzo de 2010, que fue repartida al Despacho de conocimiento el 16 de marzo de 2010 (fl. 139 cdno. 1), en vigencia del CCA; distinto aconteció con la sentencia del a quo adiada el 22 de noviembre de 2012 (fls. 681 a 690 cdno. 2) y, el recurso de apelación que fue incoado el 10 de diciembre de 2012 (fl. 691 ib), es decir, habiendo entrado a regir el CPACA -2 de julio de 2012-, por lo que no puede desconocerse que el legislador en ejercicio de su facultad de configuración legislativa y consiente de la problemática que ocasionaría la coexistencia de dos cuerpos normativos que regulan idénticos aspectos de sustanciales de manera diferente, como precisamente ocurre con la figura de la proposición jurídica completa, consagró en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 lo siguiente:
“Este Código se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (subrayas fuera de texto).
Con lo que queda claro que las actuaciones y diligencias iniciadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, se someterán a lo previsto en el régimen anterior y, las iniciadas con posterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen conforme a lo previsto el CPACA.
No obstante, aun cuando estando en curso el proceso, emergiera en el panorama normativo un nuevo código procesal contencioso administrativo, como acontece en el caso sub-lite, se aplica el vigente para la fecha en que se presenta la demanda, en tanto es el libelo introductorio ese primer acto o postulación procesal que da inicio al proceso que se irá formando, siendo su norma regente la vigente desde su inicio y que lo acompañará hasta su culminación, conforme a las voces del artículo 308 del CPACA, el cual fue transcrito con antelación y con mayor argumento de razonabilidad en aquellos aspectos como el concepto y el alcance de figuras que tienen que ver con la parte sustancial del derecho que se discute como es el aspecto de la postulación de la proposición jurídica a demandar.
Por lo que no es de recibo el planteamiento de la parte recurrente de verse favorecido por el actual artículo 163 del CPACA, en tanto es innegable que le sería beneficioso a la situación procesal, por cuanto la presunción que consagra de entenderse demandados todos los actos.
Pero es que precisamente, era su homólogo CCA el que no daba tregua a la falencia de presentar el vocativo con la proposición jurídica completa, imponiendo a la parte interesada a cargo rogar la nulidad de las decisiones en vía gubernativa, cuando se confirmara o se modificara, excluyendo al que revocara, pues a juicio del legislador extraordinario, en este evento solo encontró necesario que se demandara solo este último.
Aclarado el aspecto de la norma y figura regente en el tema que se discute, se procede al siguiente análisis.
6. La proposición jurídica incompleta aplicable al caso
Valga recordar que el tema que se discute es aquel generado de las consecuencias de la formulación de la demanda de cara a la figura de la proposición jurídica completa, por cuanto en el CCA, emergía como una causal de inepta demanda, conforme a la previsión contenida en el artículo 138, contenido que varió en grado sumo con la entrada en vigencia del CPACA, al punto de que a juicio de la Sala no se podrá predicar o declarar la figura de la proposición jurídica incompleta, como lo venía haciendo la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con soporte en el CCA.
Es innegable que bajo la regencia del CCA dicha exigencia era estricta y son varias e innumerables la decisiones de los operadores de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que declararon que la demanda era inepta por haberse formulado con el vicio de la proposición jurídica incompleta, en tanto el artículo 138 del CCA así lo imponía en las letras de su texto, como se evidencia del siguiente aparte jurisprudencial:
“En efecto, a fin de ejercer la acción subjetiva de anulación consagrada en el artículo 85 del C.C.A., es menester, entre otros requisitos de orden procedimental y sustancial, que la parte actora dentro del libelo introductorio individualice con toda precisión el acto o los actos a demandar, bajo las reglas o directrices establecidas por el Legislador en el artículo 138 del C.C.A., que dispone en síntesis la obligación de demandar la totalidad de los actos que hayan conformado el agotamiento de la vía gubernativa salvo aquellos casos en los que el acto definitivo es revocado, evento en el que tan sólo procede demandar la última decisión.
A partir de lo anterior, es claro que en todo caso debe demandarse el acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la Administración frente a una situación jurídica particular, junto con aquellas decisiones que en vía gubernativa constituyan unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la órbita de decisión del Juez frente a una pretensión anulatoria, precisamente por la identidad y unidad de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda segmentarse bajo tales condiciones el análisis de su legalidad.
La inobservancia de lo expuesto vicia sustancialmente el contenido de la pretensión anulatoria en el marco de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, lo que se traduce en la configuración de la denominada proposición jurídica incompleta que impide el ejercicio de la capacidad decisoria del Juez frente al litigio propuesto, tornando procedente la declaración inhibitoria al respecto.
A nivel del petitum la situación en mención se suscita en dos casos de ocurrencia alternativa o sumada a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa petendi, o ii) Cuando el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que determina su contenido, validez o su eficacia, eventos en los que como se expresó resulta imposible emitir una decisión de fondo para el Juez” (negrillas fuera de texto).
Sin perjuicio de lo anterior es pertinente aclarar que la proposición jurídica incompleta no emerge per se ni constituye un absoluto procesal objetivo, de ahí que la jurisprudencia durante un tiempo hubiera hecho depender a dicha figura de la naturaleza discrecional u obligatoria del recurso de la vía gubernativa, para indicar que la no obligatoriedad, o mejor la discrecionalidad del recurso reposición conllevaba a su innecesaria demanda en anulación y, que en un sinnúmero de eventos se haya advertido, en razón a su rogación discrecional, que no constituía unidad inescindible ni conexa que impidiera asumir el conocimiento de fondo y fallar la causa en controversia aunque no se hubiera deprecado pretensión de nulidad contra el acto que decidió la reposición, dejando ese menester integrador al acto inicial y a su decisión en vía de apelación gubernativa.
En la generalidad de los casos, posición que comparte la Sección Quinta, no es la discrecionalidad del recurso de reposición gubernativo lo que coloca la impronta de la unidad jurídica inescindible, sino el contenido de las decisiones y la decisión –valga la redundancia- la que permite analizar si se requería la formulación jurídica completa o no.
Lo primero porque las decisiones deben coincidir en su argumentación marco, en tanto si alguno de las autoridades decisorias dentro de su competencia legal y legítima resuelve con fundamento en un argumento jurídico viable que emerge a partir de la decisión que adopta, se puede afirmar, en principio, que el contenido se ha escindido y se aparta con esa nueva ratio de la llamada unidad jurídica inescindible que implica una relación de dependencia.
Lo segundo, esto es, por la decisión propiamente dicha, porque según las voces del artículo 138 del CCA, el legislador extraordinario indicó que solo le era necesaria esa proposición cuando modificara o confirmara el inicial, no cuando fuere revocado pues en este caso solo procedía la demanda contra esta última decisión.
Ilustrativa resulta la doctrina en este punto, cuando en sus disertaciones ha indicado que dentro de los presupuestos de la demanda se impone que ésta se ajuste a las exigencias legales:
“(…) debe tenerse una idea clara en cuanto a las individualizaciones aludidas, ya que el artículo 138 del c.c.a. hace algunas precisiones y exigencias a este respecto, Así, en los contencioso de anulación y de restablecimiento deberá individualizarse con toda precisión el acto que se pretende sea declarado nulo.
La individualización del acto no ofrece dificultades en la mayoría de los casos, pero cuando se trate de un acto que fue objeto de recursos debe impugnarse como una unidad; y por ende, no puede omitirse ninguno de sus extremos.
Aunque durante la vigencia del artículo 138 del c.c.a. no se logró acuerdo en la jurisprudencia del Consejo de Estado por la redacción opcional que traía su texto, que permitía que se podían indicar también los actos de trámite o los que fueron modificados o confirmados en la vía gubernativa, el decreto 2304, en su artículo 24, clarificó las cosas al disponer: “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”.
Como se observa, la demanda del acto que confirma total o parcialmente el acto inicial (el definitivo, según el art. 50 in fine del c.c.a.) también será obligatoria. Se entiende así que el acto solo quedará bien individualizado cuando se impugne como una unidad, compuesta por el primer pronunciamiento y por los que resolvieron los recursos de vía gubernativa.
En cambio, si el acto inicial fue revocado en su totalidad por virtud de un recurso, deberá demandarse sólo el acto final…”.
Y es que históricamente, la necesidad de la correcta individualización del acto ha sido una constante si se miran las actas de la Comisión Redactora del derogado CCA, pues se encuentra que en principio se buscaba como lo ha indicado el título del artículo “la individualización de los actos” de cara a las pretensiones cuando de conocer sobre las decisiones de la administración se trataba. Nada distinto se concluye de los primeros conatos del texto que finalmente emergió y se materializó como el artículo 138 de dicho ordenamiento.
En efecto se lee en el artículo 5º, del entonces proyecto Nº 2 del 21 de octubre de 1983 “proyecto por medio del cual se expiden las reglas generales del procedimiento ante lo contencioso administrativo y se sustituye el Capítulo IX, artículos 82 a 93 del C.C.A.”, cuya literalidad fue la siguiente: “Individualización del acto acusado. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión indicando, cuando sea el caso, los diferentes pronunciamientos hechos por la administración durante el debate gubernativo; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto).
Con mínimo cambio en su texto, el proyecto de ley Nº 3 de 5 de diciembre de 1983, en su artículo 5º, indicó ya no en términos de acción sino de demanda, lo siguiente:
“Individualización del acto acusado y restablecimiento del derecho. Si la demanda es de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión, indicándose cuando fuere el caso, los pronunciamientos de la administración durante el procedimiento gubernativo.
Si se demanda el restablecimiento de un derecho, se especificará la forma en que éste se pretende, ya se trate de indemnización u otras prestaciones, o la modificación o reforma del acto demandado o de la operación administrativa que origina la demanda”.
Con base en ese contexto, que se mantuvo casi en el mismo texto tanto en la segunda (art. 151) y tercera versiones (art. 144) del entonces proyecto de Código Contencioso Administrativo, la Sala encuentra que los actos que se expidieron en el caso sub júdice son mixtos en su decisión y en su contenido, pues no se limitan a las meras decisiones de los recursos a tener una sola tendencia en la decisión a razón de “confírmese, revóquese o modifíquese” sino que dispone diversas clases de medidas a lo largo de su articulado decisorio, razón por la cual se analizará el contenido y las decisiones en el capítulo subsiguiente.
7. Las razones y el contenido de los actos.
Se tiene dentro del iter de los actos que los siguientes fueron los extremos que tuvieron en cuenta para adoptar las respectivas decisiones:
7.1. Acto que si fue demandado: el acto inicial o primigenio, está contenido en la Resolución 123 de 6 de julio de 2007, obrante a folios 59 a 71 del cuaderno 1, decidió:
7.1.1. Declarar infractor del régimen de obras a la sociedad MUENACO S.A., por (i) las obras construidas en la zona de ronda de la quebrada y (ii) construir contraviniendo la licencia de construcción Nº LC-04-4-1574 otorgada por la Curaduría Urbana Nº 4 para el inmueble de la Calle 71 Nº 2-65 Este de Bogotá.
7.1.2. Imponer multa a la referida sociedad, por la construcción sobre la ronda de la quebrada La Vieja, en suma equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes multiplicados por los 250 mts2 del área construida sobre la ronda de la quebrada (art. 104 Ley 388 de 1997, mod. art. 2º, num. 1º, inc. 3º de la Ley 810 de 2003), sin que supere los 500 smmlv, correspondiendo a la suma de $54.210.000,oo, incrementada en un 100% y, por la construcción contraviniendo la licencia de construcción, la suma 8 smldv, multiplicados por 1.112 mts2, que es el área en la que se incumple, sin que en ningún caso supere los 200 smmlv, en el equivalente a $86.740.000,oo. Para un total de $195.160.000,oo.
7.1.3. Advertir al declarado infractor que de conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 105 de la Ley 388 de 1997 (mod. art. 3º Ley 810 de 2003) dentro de los 60 días de ejecutoriada la decisión, debe adecuarse a las normas (i) demoliendo las obras construidas sobre la ronda de la quebrada La Vieja; (ii) obtener la licencia de construcción que autorice la ejecución de las nuevas obras de construcción.
Plazo: dentro de los 60 días contados desde la ejecutoria de este acto administrativo.
Pero si vencido este plazo no obtiene la licencia de construcción indicada sobre las obras nuevas, se procederá a ordenar la demolición de las obras ejecutadas a costa del administrado y se impondrá multa referida en el numeral 2, cada 6 meses.
La decisión adoptada, en síntesis, se fundamentó en que el Director Administrativo de Bienes Raíces de la EAAB, encontró que el predio se encuentra parcialmente localizado dentro de la zona de manejo y preservación ambiental de la Quebrada La Vieja, en donde se adelantan obras de construcción de un edificio, según la Licencia de construcción No. LC-04-4-1574 de 11 de noviembre de 2004 de la Curaduría Urbana Nº 4 y solicitó la revocatoria directa de la misma ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Y refiere lo siguiente:
• Mediante Resolución E No. 06-5-0217 de 31 de mayo de 2006, la Curaduría Urbana Nº 5 revocó la autorización de modificación de la referida licencia de construcción que había expedido.
• Por Resolución Nº 06-4-11110 de 21 de noviembre de 2006, la Curaduría Urbana No. 4 concedió por una sola vez prórroga de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición total LC-04-4-1574.
• El 27 de diciembre de 2006, la Comisión de Veeduría de Curadurías Urbanas solicitó al DAPD la revocatoria directa de los actos administrativos LC-04-4-1574 de 11 de noviembre de 2004 y RES 06-4-1110 de 21 de noviembre de 2006.
• En diligencia de verificación de la Alcaldía Local, con la asistencia de funcionarios de la asesoría de obras, del Ministerio Público y de los ingenieros de la EAAB, estos últimos concluyeron que en atención a la solicitud de la Alcaldía Local de Chapinero -para contar con apoyo técnico en la delimitación de las zonas de ronda y de preservación ambiental de la quebrada La Vieja-, se realizaron los estudios técnicos que definen esas zonas y, de conformidad con las normas atinentes al sistema hídrico de la ciudad y a los replanteos topográficos, se procedió a hacer la ubicación y reconocimiento físico en terreno de los mojones que hacen parte del límite legal respectivo, conforme al POT (decreto 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004) y frente a la obra en discusión se indicó:
“una vez hecho el reconocimiento se observó que parte de las obras de construcción se encuentran ubicadas dentro de la zona de ronda establecida para la quebrada. Vale la pena precisar que no toda la construcción de la obra se encuentra localizada dentro de la ronda. En consecuencia, se solicita a través de la asesoría de obras de la Alcaldía Local que se revise cuáles son las obras autorizadas en el sitio… Allí podremos determinar técnicamente qué obras estarían ocupando la zona de ronda de la quebrada” (negrillas fuera de texto).
Por lo que se dio orden de suspensión parcial de la obra, en tanto encontró que se construyeron estructuras en concreto a nivel del sótano, semisótano y piso comunal sobre la ronda de la quebrada, en equivalente a una zona de 1.247 mts2 y área de construcción de 250 mts2 en dos niveles e indicó que el resto de la obra no se suspende.
La sociedad actora presentó acción de tutela contra la Alcaldía Local de Chapinero al considerar que se violó el debido proceso, la propiedad privada y la libertad personal, la cual fue negada.
Con base en informe técnico –sin que se indique su procedencia o la entidad que lo ordenó ni lo elaboró- se indicó que en área total construida en la zona de ronda es de 250 m2 y el área total construida al interior del predio en zona sin afectación es de 1.112 mts2.
Normativamente, el Acuerdo 79 de 2003, el Decreto 1421 de 1993, la Ley 388 de 1997, el Decreto 1052 de 1998, la Ley 810 de 2003 y el Decreto 564 de 2006, atinentes a las infracciones urbanísticas, así como su control y sanción en cabeza de los Alcaldes Locales, determinan que para adelantar obra de construcción, ampliación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, se requiere de licencia expedida por la entidad territorial o por los curadores urbanos, según sea el caso (art. 99-1 Ley 388 de 1997); que dentro de las infracciones urbanísticas, todas las actuaciones antes relacionadas que contravengan los POT y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de obras y, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores.
Respecto a las sanciones urbanísticas previstas en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997 (mod. art. 2º de la Ley 810 de 2003), entre ellas, multas y, si la construcción se desarrolla sobre rondas de cuerpos de agua, la cuantía de la sanción pecuniaria se incrementará en un 100%, sobre las multas base que oscilan entre 15 y 30 smdlv por mt2 del área del suelo afectado.
Por otra parte, indicó que conforme al artículo 105 inciso 2º ibidem, en el mismo acto que se impone la multa se ordenará la suspensión de los servicios públicos domiciliarios y se ratificará la medida policiva de suspensión y sellamiento de obras y, el infractor cuenta con 60 días para que adecúe las obras a la licencia respectiva o para tramitar su renovación, so pena de ordenar, a costa del interesado, la demolición de las obras ejecutadas e imponerle las multas respectivas y ratificar la suspensión de los servicios públicos domiciliarios.
Descendiendo al caso concreto y, luego de indicar que analizó las pruebas, en el acto se expuso la autoridad sancionatoria:
“(…) existían suficientes razones de orden técnico y legal para impedir que la construcción se continuara realizando sobre la zona de ronda de quebrada, máxime cuando en visita realizada al sitio de la obra el día 15 de mayo de 2007 con el apoyo técnico del ingeniero ROGER FAJARDO, funcionario de la EAAB, se determinó que parte de las obras de construcción se encontraban ubicadas dentro de la zona de ronda establecida para la quebrada La Vieja. Pese a que estas obras cuentan con la licencia de construcción Nº LC-04-4-1574 expedida por la curaduría urbana Nº 4 en la modalidad de obra nueva y demolición total en el predio localizado en la calle 71 Nº 2-65 Este de Bogotá D.C., la cual fue prorrogada por la misma curaduría mediante resolución Nº 06-4-1110 calendada el 21 de noviembre de 2006; no podía por ello permitir este Despacho que se continuara ejecutando la obra de construcción ya que las rondas de cuerpos de agua y zonas de preservación ambiental del sistema hídrico de la ciudad tienen un tratamiento especial que deben ser celosamente cuidadas por la administración, y obviamente respetadas y preservadas por los administrados” (fl. 67 cdno. 1). Subrayas y negrillas fuera de texto.
Reconoció que si bien la Curaduría Urbana Nº 4 al expedir la licencia de construcción Nº LC-04-4-1574 y su prórroga, incurrió en error al permitir construir sobre la zona de ronda, sin que la Alcaldía Local desconozca la validez de la licencia, lo cierto es que en ejercicio de la competencia de prevención y control y debido a la obligación legal que le asiste de impedir que se continúe la construcción, salvo que se logre demostrar que el área sellada no corresponde a la zona de ronda.
Arguyó que respecto de la última suspensión de obra, orden adiada el 22 de junio de 2007, se sustentó en que la construcción no puede cumplir con la licencia de construcción, porque ésta -la construcción- estaría soportada sobre una pantalla y columnas construidas sobre el área de ronda de la quebrada, que deberán demolerse, siendo imposible que el resto de la construcción se mantenga incólume, por cuanto necesita de dichas columnas y pantallas para mantenerse erigida y para garantizar la observancia a las normas de sismo resistencia y por imposibilidad de cumplir con la licencia de construcción Nº 04-4-1574, en tanto lo que se estaba construyendo no era lo aprobado, ya que al excluirse la zona de ronda implicaba indefectiblemente la variación del proyecto de construcción.
Así las cosas, los responsables de la obra no podían cumplir ni técnica ni jurídicamente con la licencia de construcción otorgada, razón suficiente para que se procediera a suspender las obras hasta que se demoliera lo construido sobre la ronda hídrica y, además se destruyan las obras que controvierten la licencia de construcción otorgada o que adelante el otorgamiento de licencia por obra nueva.
Finalmente, explicó el monto de la sanción y su fundamento normativo sustento (Ley 810 de 2003).
7.2. Acto no demandado y del que se predica la proposición jurídica incompleta. La Resolución 158 de 19 de septiembre de 2007, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y sobre la procedencia del recurso subsidiario de apelación, obrante a folios 176 a 184 del cuaderno 1.
La decisión adoptada en esta resolución obra a folios 176 a 184 del cuaderno 1, fue la siguiente:
“SEGUNDO. No reponer la Resolución Nº 123 de fecha 6 de julio de 2007, proferida dentro de la actuación administrativa Nº 087 de 2006 y en consecuencia, se confirma en todas y cada una de sus partes.
TERCERO. Conceder el recurso de apelación solicitado, y enviar las presentes diligencias al Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., para lo de su cargo.
CUARTO. Contra la presente Resolución no procede ningún recurso”,
El sustento de la decisión comienza con los planteamientos del recurso en vía administrativa, que en síntesis fueron:
(i) la sanción se impuso porque se construyó en espacio público, pero la entidad no tuvo en cuenta que se ajustó en forma total a lo aprobado en la licencia;
(ii) la violación al debido proceso por el aspecto competencial de la Alcaldesa de Chapinero fue desoído porque la funcionaria puede realizar acciones preventivas mediante visita a las obras, pero cuando se trate de situaciones que no tengan o hayan sido objeto de investigación, porque en este caso, sí existía un expediente administrativo que ella omitió notificar a las partes;
(iii) la violación del debido proceso porque la sanción fue impuesta sin que surtiera la etapa de descargos;
(iv) la construcción sobre espacio público no es cierta, por cuanto no puede la Alcaldía controvertir lo aprobado por la Curaduría. De tal suerte que si lo considera ilegal debe demandar el acto, pero no puede impedir la construcción autorizada;
(v) las pruebas deben ser susceptibles de traslado para efecto de controvertirlas;
(vi) las decisiones deben ser adoptadas mediante resoluciones motivadas;
(vii) la diligencia que llevara a cabo la Alcaldía el día 15 de mayo de 2007 fue absolutamente irregular, por cuanto no fue fijada mediante auto anterior ni notificada a las partes.
Con base en ese insumo de la postulación de la impugnante, la Alcaldía Local consideró que conforme con el Acuerdo 79 de 2003, el Decreto 1421 de 1993, la Ley 388 de 1997, el Decreto reglamentario 1052 de 1998, la Ley 810 de 2003 y el Decreto 564 de 2006, contentivas de las disposiciones referentes a las infracciones urbanísticas, su control y sanción se radicaba en los Alcaldes Locales.
Como respuesta a cada una de las glosas del recurso, le indicó lo siguiente:
(i) no se transgredió el debido proceso porque se demostró que el acto sancionatorio fue adoptado con base en las circunstancias de hecho y de derecho debidamente establecidas y probadas en el curso de la actuación administrativa, aunado a que el acta de descargos dentro del investigativo se realizó el 9 de mayo de 2007, siendo atendida por la apoderada recurrente en calidad de mandataria de MUENACO S.A.;
(ii) la sancionada tuvo conocimiento y acceso al expediente desde su inicio, concurrió a los descargos y a las verificaciones técnicas, fue conocedora del objeto y motivo de la investigación y de las pruebas, de lo cual concluye que ni el procedimiento ni las decisiones le fueron ocultadas;
(iii) en el ámbito competencial, indicó que las actuaciones administrativas se adelantaron como consecuencia de la querella que se adelantó en desarrollo del control urbanístico que le corresponde realizar a los Alcaldes Locales, sin afectar la licitud del proceso que se adelantó conforme a la normativa sobre obras y urbanismo “por lo que una vez se probó tanto la existencia de la infracción al régimen urbanístico como el responsable, se dictó el respetivo fallo motivado, por tanto no puede afirmarse que las actuaciones de la administración local obedezcan a un comportamiento contrario a derecho” (fl, 180 cdno. 1);
(iv) no es cierto que la recurrente haya cumplido “milimétricamente” con lo aprobado en la licencia de construcción, como ella lo afirma, por cuanto, al practicar las diferentes verificaciones técnicas, se probó que sí construyó sobre la ronda de La Quebrada La Vieja, que es zona de manejo de preservación ambiental, de conformidad con el POT del Distrito Capital.
Indicó que no obstante la existencia de la licencia de construcción LC-04-4-1574 de la Curaduría Urbana Nº 4, no es viable ni legal ni técnicamente ejecutar obras, ni siquiera parciales, sobre la ronda de dicha quebrada, porque forma parte de la estructura ecológica y del espacio público de la ciudad.
Siguiendo con las decisiones de cada una de las glosas de la recurrente en reposición gubernativa, la parte accionada le indicó:
(v) que el trámite que se aplica a las actuaciones administrativas que versan sobre urbanismo y uso del suelo, en efecto es el previsto en la parte primera del CCA, en cuyos principios se encuentran el de la celeridad y la informalidad, por lo que incluso en el recaudo de pruebas no se requiere de términos ni requisitos especiales, por lo que para la diligencia de 15 de mayo de 2007, no se imponía auto previo que la ordenara ni notificación para la práctica de dicha verificación técnica, máxime que en el auto en que se avocó el conocimiento de la investigación, la Alcaldesa Local había ordenado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y agregó “la vigilancia que se ejerce a las obras, no depende de un procedimiento rígido, como quiera que la función administrativa en el caso que nos ocupa es fundamentalmente preventiva y de control, pudiéndose disponer de forma inmediata y sin previa notificación al verificar las obras en ejecución, planos y las respectivas licencias de construcción” (fl. 181 ib).
Concluyó que revisado el plenario no encontró que se aportaran al expediente, como tampoco al recurso de reposición, pruebas que conllevaran la necesaria reponer la sanción impuesta y que permitieran absolver de responsabilidad a la infractora y destacó que la administración contaba con la certeza y encontró probado plenamente que en el predio objeto de la presente querella se realizaron obras que no pueden predicarse cumplían con la licencia de construcción precitada, pues iteró que se construyó sobre la ronda de la quebrada.
Normativamente, indicó que la función social de la propiedad y la prevalencia del interés general sobre el particular, conforme a la Constitución Política (arts. 1 y 58), a la Ley 388 de 1997, al Decreto 252 de 1998 y el artículo 1º del Decreto 1504 de 1998, sustenta que el área sobre la cual se impuso el sellamiento está integrada al espacio público y contiene una restricción de uso por el POT, permitiendo únicamente la reforestación, la recreación pasiva, la conservación y la preservación del ecosistema o en su defecto manteniendo el área privada sin construcción alguna, esto es como un antejardín.
Finaliza la Resolución con un tema que informa sobre un evento posterior al momento de los hechos que se juzgan, como es que la licencia de construcción LC-04-4-1574 de 11 de noviembre de 2004
“(…) es de especial connotación señalar que la Secretaría Distrital de Planeación profirió la Resolución Nº 0678 de 30 de agosto de 2007 “por la cual se decide un trámite de revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC-04-4-1574 del 11 de noviembre de 2004, y de las Resoluciones Nº CLC RES 05-4-0519 del 23 de agosto de 2005 y Nº 06-4-1110 del 21 de noviembre de 2006”. Resolviendo en su artículo primero: ‘Revocar la Licencia de Construcción LC-04-4-1574 del 11 de noviembre de 2004 expedida por el Curador Urbano Nº 4 de Bogotá, otorgada a la Sociedad MUENACO S.A. representada legalmente por el señor JACK DAVID ABADI HARI, con fundamento en las razones anteriormente expuestas.” En su artículo segundo: “Como consecuencia de lo ordenado en el artículo precedente, declarar que las Resoluciones Nº CLC RES 05-4-0519 del 23 de agosto de 2005 y No. 06-4-1110 del 21 de noviembre de 2006 expedida por la Curaduría Urbana Nº 4 de esta ciudad, por ser accesorias a la Licencia de Construcción revocada, quedan sin valor y sin efecto jurídico’”.
7.3. Acto que sí se demandó: La Resolución 1267 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual el Consejo de Justicia de Bogotá, Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público decidió el recurso de apelación presentado por MUENACO S.A. contra la Resolución 123 de 6 de julio de 2007 (véanse fls. 73 a 82 cdno. 1).
Las decisiones que el Consejo de Justicia adoptó fueron variadas y abarcaron todo el vademécum de posibilidades que se contienen en el artículo 138 del CCA., a saber: modificación, confirmación y revocación.
En efecto, las determinaciones fueron las siguientes:
7.3.1. Modificar el numeral primero, para en su lugar, declarar infractor del régimen de obras a MUENACO S.A. y a su representante legal, como responsables de las obras construidas en la zona de ronda y por construir sin la correspondiente licencia de construcción.
7.3.2. Modificar el ordinal segundo, para en su lugar, imponer a MUENACO S.A. y a su representante legal “responsable de las obras construidas sobre la ronda de la quebrada La Vieja en el inmueble”, multa equivalente a 15 smldv multiplicados por 250 mts2 construidos sobre la ronda de la quebrada.
7.3.3. Revocar la multa impuesta por los “112 metros cuadrados para que el a quo imponga la que en derecho corresponda de acuerdo con el artículo 2 numeral 3 de la Ley 810 de 2003, por construir sin licencia”.
7.3.4. Ordenar al a quo, iniciar la actuación administrativa para establecer el área de construcción en la zona de manejo y preservación ambiental, para que una vez determine la existencia de la infracción, si hay lugar establezca el área de la misma e imponga las sanciones pertinentes.
7.3.5. Confirmar en lo demás.
El sustento de las decisiones adoptadas, en síntesis, fue el siguiente:
Fácticamente, relató hechos coincidentes con los expuestos en la Resolución inicial o primigenia Resolución 123 de 6 de julio de 2007; agregó que esta decisión fue recurrida en reposición y apelación por considerarla violatoria del debido proceso (i) al haber omitido la diligencia de descargos; (ii) por haberle sancionado a pesar de contar con la licencia y haber acreditado el cabal cumplimiento de sus términos; (iii) porque se vició el trámite administrativo y porque las providencias ejecutoriadas no fueron debidamente notificadas a las partes.
Como fundamento normativo invocó las mismas regulaciones del acto inicial y agregó que el artículo 529 y siguientes del Acuerdo 6 de 1990, el artículo 98 del Acuerdo 18 de 1989, prevé la adecuación de la obra para viabilizar una estructura para un determinado uso; todo cambio de uso debe estar amparado por una licencia de adecuación.
Legalmente es exigible la licencia y la obligatoriedad de sus términos y las sanciones que generan su desconocimiento al construir violando y cambiando los términos del permiso concedido, se genera la obligación de imponer la sanción respectiva.
Desde el punto de vista del procedimiento, invocó los artículos 28, 34 y 35 del CCA, por lo que la acusación del recurso sobre la supuesta irregularidad en el trámite por la ausencia de descargos por los infractores o por la falta de decreto previo de las actuaciones, ya que conforme a dicha normativa, tan solo se impone comunicar la actuación a quienes puedan resultar afectados con la decisión, no siendo los descargos un imperativo o de forzosa ocurrencia. Con todo, finalmente, la sociedad sancionada sí rindió los mentados descargos.
Encontró que conforme a los artículos 138 y 139 del Acuerdo 6 de 1990, la Ronda o área forestal protectora y la ronda hidráulica son protegidas por dicha norma urbanística propia del Distrito y en el caso concreto de cara a las pruebas documentales que obran en el expediente, advirtió certificada y más que comprobada la construcción parcial de un espacio correspondiente a la zona de ronda, manejo y preservación ambiental, por parte de la referida construcción de la calle 71 Nº 2-65 Este, de 131,27 metros cuadrados, que de suyo afectaron la zona de ronda de la quebrada La Vieja, siendo un espacio de especial protección, por lo que ninguna autoridad puede autorizar el uso a los particulares y, por ende, se imponía proveer las medidas necesarias para su restablecimiento.
Por lo anterior, consideró que devenían en improcedentes, los argumentos planteados por la apelante MUENACO S.A. relacionados con la autorización que obtuvo del curador para realizar la construcción de acuerdo con la licencia otorgada. E informó sobre la revocatoria directa de ésta.
Así las cosas, para efectos de la decisión modificatoria que adopta el Consejo de Justicia de Bogotá, explicó que era necesario e irrefutable que con las condiciones de revocatoria de la Licencia en el que la sancionada pretendió justificar su actividad, dicho acto fue despojado de los efectos jurídicos “…determinando que toda la obra del inmueble –referido-…, se adelantó sin contar con autorización y por ello, deberá el a quo imponer las sanciones señaladas por el régimen de construcción para las obras desarrolladas sin la correspondiente licencia, aclarando que la demolición debe realizarse conforme el artículo 4º de la Ley 810 de 2003”.
Y sobre un aspecto que omitió la Alcaldía Local indicó: “…como quiera que el a quo no se pronunció respecto de la zona de manejo y preservación ambiental, se ordenará que disponga la actuación administrativa que corresponda, para que una vez que determine la existencia de la infracción, si hay lugar establezca el área de la misma e imponga las sanciones pertinentes…” (fl. 81 cdno. 1).
E indicó que revocaría la decisión en cuanto a la sanción por contravenir la licencia de construcción en atención a la revocatoria directa que se dispuso sobre ella “…por lo que el área construida no cuenta con ninguna clase de licencia y se confirmará en cuanto corresponde a la medida adoptada por la intervención sobre la zona de ronda”.
De tal suerte que la Sección Quinta, como juez de la apelación, encuentra que del contenido argumentativo analizado in extenso sobre la sustancialidad de las motivaciones soporte de las resoluciones y la decisión propiamente dicha, de cara al artículo 138 del CCA, el acto inicial, sus decisiones en reposición y apelación conforman el mismo e inescindible planteamiento jurídico, normativo y probatorio, que permite predicar con certeza que existe una íntima conexidad, que hace imposible per saltum pasar del acto inicial al acto que decidió la apelación sin detenerse en el acto que decidió por vía de la reposición, pues ello conllevaría al rompimiento de la unidad jurídica.
Ello porque si bien el recurso de reposición es facultativo o discrecional, interpuesto por el interesado y decidido, entra a conformar y a hacer parte de la proposición jurídica completa, de tanto arraigo bajo la regencia del CCA, no siendo ya opción –como sí lo fue para su interposición por el art. 50 ib- obviarlo de la causa petendi en los juicios de legalidad del acto, si se cumplen con los requisitos de (i) contener decisión confirmatoria o modificatoria y (ii) cuando de su contenido y decisión se encuentra la inescindibilidad de la unidad de la decisión compuesta por el acto inicial y las decisiones de reposición y apelación y, su íntima conexidad con lo discutido y judicializado.
Se diría entonces que el acto volitivo de interposición del recurso de reposición de carácter eminentemente facultativo se transmuta en obligatorio cuando de demandar se trata debido a que emergió con ese acto dispositivo una decisión de la administración que contiene efectos particulares y que no puede desconocerse o disimularse bajo el derrotero de que el recurso de reposición en sede administrativa es voluntario o discrecional, pues se itera lo es en su incoación pero no en su judicialización cuando se pretende discutir la presunción de legalidad del acto porque pasó al campo de la administración quien ya adoptó su decisión.
Se afirma de ese modo porque si la discrecionalidad de la interposición de dicho recurso se mantuviera a lo largo del iter de la actuación, entonces sería viable afirmar que la administración también tendría en su voluntariedad decidirlo o no y ello carece de cualquier planteamiento jurídicamente razonable.
Pero más allá de todo ello, es que la situación en concreto se advierte entramada sin poder dividirla, en tanto es claro que cada caso debe analizarse de cara a sus propias circunstancias y con enfoque racional, sin convertir a la proposición jurídica en una camisa de fuerza o en un obstáculo para administrar justicia ni tampoco, como lo alcanzó a esbozar la recurrente, que si tal falta de completud en la proposición jurídica acontecía, entonces para qué se admitió la demanda pues el deber de instrucción del operador jurídico le imponía un pronunciamiento inadmisorio del libelo para permitirle a la interesada subsanar el yerro en la formulación, en tanto para la Sección Quinta una formulación en tal sentido es inadecuada, en tanto conlleva predicar una especie de saneamiento a lo que por sustancialidad no puede ser reparado y responde al análisis de cada caso en sus particularidades.
Por eso con buen criterio, la jurisprudencia de antaño decantaba entre sus letras los casos en que no era necesario demandar, ni siquiera, el acto principal, como aconteció en el año de 1999, pero conforme a las particularidades de cada caso, cuando se afirmó: “La Sala en una interpretación racional de la norma entiende que ésta debe aplicarse cuando conjuntamente con el acto modificatorio se pretende la anulación del acto definitivo o inicial. Porque la génesis de la aludida disposición [se refiere al artículo 138 del CCA] se encuentra en la apreciación o en la necesidad advertida por la jurisprudencia de que si no se demandan los actos proferidos en la vía gubernativa que modifiquen o confirmen lo decidido en el acto definitivo, anulado éste, aquellos quedarían vigentes; y viceversa, de demandarse sólo los proferidos en la vía gubernativa, de ser anulados quedaría vigente el acto definitivo.
Pero cuando la divergencia del interesado se presenta no con el acto definitivo sino con el modificatorio en cuanto éste crea una situación nueva, nada empece para que éste último, en tanto haga más gravosa su situación, pueda ser demandado de manera independiente, porque su anulación no afectaría el acto principal o definitivo, que quedaría vigente. Puede, pues, no existir interés en demandar el acto principal o “definitivo” y así, nada obsta para que no se pueda prescindir de acusarlo, y dirigir la acción apenas contra el que lo modificó, creando una situación nueva”.
Así las cosas, no encuentra la Sala que los argumentos de la apelación tenga la entidad para vulnerar la presunción de acierto de la decisión del a quo, por lo que desde los anteriores derroteros se confirmará la decisión del Tribunal, en tanto las razones esgrimidas por el fallo con ponencia del hoy Consejero Carlos Moreno Rubio –impedido-, permanecen incólumes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento para conocer del asunto presentado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, al encontrarse probada la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del CGP. En consecuencia, sepáresele del conocimiento del presente caso.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y Cúmplase.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
El 8 de marzo de 2010, conforme consta en sello de acuso de recibo de la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal a quo. Folios 58 y 1 a 58 del cuaderno 1. Aunque no menciona la referencia exacta, como se trata de decisión adoptada por esta Corporación, es del conocimiento de la Sección Quinta que se trata de la providencia de la Sección Primera de 10 de diciembre de 2008, dentro del expediente 2006-00117, actor: Laboratorio Bussié S.A., con ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno, precisamente al decidir el recurso ordinario de súplica contra la providencia que se decantaba por la tesis de su no obligatoriedad, por lo que expresamente se lee: “…la Sala rectifica la tesis jurisprudencial…”. Folios 681 a 690. Folio 121 del cuaderno principal. Folios 59 a 71 del cuaderno 1. Folios 73 a 82 del cuaderno 1. Vigente desde el 2 de julio de 2012, conforme el artículo 308 del CPACA. Dentro de las vicisitudes de la aplicación de la ley en el tiempo, emergen figuras como la ultractividad de la ley, explicada por la Corte Constitucional en sentencia C-763 de 17 de septiembre de 2002, dentro del expediente D-3984, al conocer de la demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo Transitorio de la Ley 600 de 2000, actor: Ricardo Arturo Sánchez Núñez. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería: “(…) la ultraactividad de la ley también encuentra arraigo constitucional. La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. // Y claro, el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinadas hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma derogada, por expresa voluntad del legislador….” (subrayas y destacados fuera de texto). Sobre la definición de la ley, véase sentencia C-284 de 13 de mayo de 2015, en la que se declaró exequible el aparte demandado del artículo 4º de la Ley 153 de 1887, cuyas consideraciones fueron las siguientes: “Esta expresión [se refiere a la “ley”], contenida en el artículo 230 ha sido entendida “en un sentido material” de manera que comprende todas las normas (i) adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento jurídico les reconoce competencias para el efecto y (ii) siguiendo el procedimientos o las formas fijadas con ese propósito. En ese sentido la “ley” incluye no solo las normas dictadas por el Congreso de la Republica sino también –y entre otros cuerpos normativos- los Decretos expedidos por el Presidente de la República, así como las disposiciones adoptadas -en desarrollo de sus atribuciones constitucionales- por el Consejo Nacional Electoral (Art. 265), la Contraloría General de la República (Art. 268), el Banco de la Republica (Arts. 371 y 372) y el Consejo Superior de la Judicatura. (Art.
257). // (…) El amplio concepto de ley, necesario para comprender todas las formas de regulación que prevé la Carta, no implica que entre sus diferentes componentes no existan las relaciones jerárquicas propias de un ordenamiento escalonado. Esas relaciones –necesarias para definir la validez de las normas- se establecen a partir de criterios relativos (i) a su contenido dando lugar, por ejemplo, a que las leyes aprobatorias de tratados en materia de derechos humanos, las leyes estatutarias y las leyes orgánicas ostenten una especial posición en el ordenamiento jurídico; (ii) al órgano que la adopta de manera tal que, por ejemplo, una ley adoptada por el Congreso se superpone a un decreto reglamentario expedido por el Presidente de la República; o (iii) al procedimiento de aprobación conforme al cual normas con un procedimiento agravado de expedición tienen primacía respecto de otro tipo de leyes, lo que ocurre por ejemplo en la relación entre los actos legislativos y las leyes aprobadas por el Congreso (…)”. Actor: Carlos Andrés Pérez Garzón. Exp. D-10455. M. P. Dr. Mauricio González Cuervo. Sentencia de 12 de mayo de 2014. Radicación: 05001233100020020492601. Jhon Nelson Sernna Zuluaga. Demandado: Municipio de Itagüí. C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren.
BETANCUR JARAMILLO. Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. 5ª edición. 1ª reimpresión. Medellín. 2000. Págs.202 y 203.
El mismo autor indica que dentro de los presupuestos del proceso, están los llamados procesales y los materiales de la sentencia de fondo. Dentro de los procesales se contienen todos aquellos presupuestos que permiten el nacimiento válido del proceso, su normal desenvolvimiento [Bielsa Rafael. Sobre lo Contencioso Administrativo. Castellvi. Buenos Aires. 3ª ed] y su finiquito mediante fallo con carácter de sentencia “son conocidos en la doctrina como presupuestos procesales y deben concurrir, unos, al momento de formularse la demanda para que el juzgador pueda admitirla (presupuestos previos); y otros, denominados del procedimiento o procedimentales, una vez iniciado el proceso, para su adecuado desenvolvimiento. Unos y otros en conjunto pueden, a su turno, clasificarse en tres grupos bien diferenciados, así: 1) presupuestos procesales de la acción; 2) presupuestos procesales de la demanda; y 3) presupuestos procesales del procedimiento [Devis Echandía Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil. Tomo 1. Bogotá]”.
Proyecto de Código revisado el 12 de diciembre de 1983 por el grupo auxiliar y la Subcomisión del Gobierno encargada de redactar el texto definitivo.
Proyecto de Código de 16 de diciembre de 1983 elaborado por el Gobierno Nacional. Entregado a la Comisión Asesora del entonces Presidente de la República doctor Belisario Betancur Cuartas (Acta No. 40). En esta versión, la redacción varió tan solo en la parte final: “Individualización del acto acusado. Si la demanda es de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión, indicándose cuando fuere el caso, los pronunciamientos de la administración durante el procedimiento gubernativo; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trata de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado”.
El numeral primero de la parte resolutiva reconoció una personería adjetiva.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 28 de octubre de 1999. Expediente 5502. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
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