Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2006-02021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2006-02021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-31-000-2006-02021-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
13 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO / EXTINCIÓN DE DOMINIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sobre la oportunidad para el ejercicio de la acción (…) En el estudio de este presupuesto procesal la Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico, puesto que el análisis de los argumentos de la apelación, como se indicará enseguida, pone en evidencia que la demandante tuvo conocimiento del proceso de extinción de dominio desde sus inicios y, en esa medida, contrario a lo que concluyó el a quo, cuando se presentó la demanda la acción de reparación ya había caducado. (…) Acreditado que (…) conoció efectivamente del proceso de extinción de dominio, pues de otra forma no se explica que le haya solicitado al referido testigo que declarara en el desarrollo de las diligencias adelantadas por la Fiscalía, indicio que se refuerza -como quedó visto- a partir del conocimiento que de ese proceso tenía su esposo y por el hecho de que ambos tenían una residencia común, es evidente que no podía invocar como fundamento de sus pretensiones una condición que nunca tuvo: la de tercero absoluto en relación con dicho proceso debido a su falta de notificación formal ; además, para lo que acá interesa, de esa circunstancia se desprende, como se anunció al comienzo de las cosideraciones, otra consecuencia de particular trascendencia en este asunto, que consiste en que para el momento en el que la actora promovió la acción de reparación directa su acción ya había caducado, razón por la cual debían desestimarse sus pretensiones. (…) . En efecto, como es indudable que la causa de los daños en este caso está directamente relacionada con las determinaciones que se tomaron a lo largo del proceso de extinción de dominio, que la demandante calificó como errores judiciales o en fin, con anomalías que atribuyó al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, resulta elemental considerar que si la sentencia que puso fin al proceso de extinción de dominio quedó ejecutoriada en julio de 2004, la acción para reclamar la responsabilidad del Estado por lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá , con respaldo en la acción de reparación directa, caducó en julio de 2006.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa por error judicial ver: Consejo de Estado, sentencia de 21 de junio de 2018, Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00032-01(45465). ” (Sentencia de 19 de julio de 2018 (Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00753-01[54914])
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., Trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-31-000-2006-02021-01(41284)
Actor: MARÍA ELSA ORTÍZ DE URRECHAGA
Demandado: NACIÓN -RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
TEMAS: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA –. Proceso de expropiación CADUCIDAD.
SÍNTESIS DEL CASO: A la demandante le fue declarada la extinción del derecho de dominio dentro de un proceso en el que asegura que no fue notificada y en el que la Fiscalía y los jueces que conocieron del mismo cometieron otro tipo de errores con incidencia sobre el debido proceso. Enterada de la existencia del proceso luego de que se dictó sentencia de segunda instancia, promueve acción de reparación directa para que se le indemnicen los perjuicios que le causaron las presuntas actuaciones irregulares.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de enero de 2011, mediante la cual se resolvió:
“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda…”.
Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones 3. Decisión
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda y el trámite de primera instancia – 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
1.1. La demanda y el trámite de primera instancia
1. El 26 de septiembre de 2006 María Elsa Ortíz de Urruchaga presentó acción de reparación directa en contra de la Nación –Rama Judicial- y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se hicieran las declaraciones y condenas referidas en el escrito de subsanación y que a continuación se sintetizan:
PRIMERA.- Que se declare “administrativa y extracontractualmente resaponsable a la Naciòn (Rama Judicial) y a la Fiscalía General de la Nación, en forma solidaria, de los perjuicios materiales y morales ocasionados a la demandante (…) con motivo del daño antijurídico sufrido por la misma al declararse extinguido el derecho de dominio existente sobre el (…) inmueble rural, ubicado en el municipio de Cota en la Urbanizaciòn Granjas ‘La Vuelta del Río Nº 2’ Granja Nº 32”.
SEGUNDA.- En consecuencia, solicitó la “reparación integral del daño” y particularmente el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales a título de perjuicios morales; y por perjuicios materiales pidió $250.000.000 o el mayor valor que se demostrara en juicio, suma esta última que que pretendió debidamente actualizada.
TERCERA.- Reclamó que se declarara que en caso de que no se haya enajenado el predio, la sentencia de extinción de dominio “no surte efectos legales ni es oponible” a la demandante “…por cuanto no le fue legalmente notificada actuación juducual alguna sobre el proceso”, precisando que en este evento “no habrá lugar a la condena por los perjuicios materiales”.
CUARTA. Y por último pretendió “Disponer, en consecuencia”, la cancelación del registro de dicha sentencia en la matrícula inmobiliaria (anotación 10).
2. Como sustento de las pretensiones, refirió los hechos que se resumen:
3. Estuvo unida por lazos de consanguinidad con Guillermo Ortíz Gaitán, contra quien se inició acción de extinción de dominio como presuto autor responsable de delitos contemplados en la Ley 30 de 1986. Entre los bienes materia de esa medida se encontraban las granjas 27, 28, 29, 32 y 40 ubicadas en zona rural del municipio de Cota, que figuraban en el Registro de Instrumentos Públicos a nombre de Eugenio Urruchaga Altuna (las tres primeras), cuñado del Ortíz Gaitan, María Elsa Ortíz de Urruchaga y de otro cuñado, respectivamente.
4. En Resolución de 12 de abril de 2000 fue decretada la “ocupación” de esos bienes. Se ordenó, además, que tal acto se notificara “de conformidad con lo establecido en el literal b) del Artículo 15 de la ley 333 de 1996 a las personas y en la forma indicada”.
5. En la citada Resolución se dispuso que la ocupación se materializaría el 14 de abril de 2000; así ocurrió respecto de los bienes de propiedad de Eugenio Urruchaga Altuna. La diligencia continuó el 25 de abril de 2000 sobre los predios de la Granja 32, “que personalmente habitaba la señora María Elsa con su esposo”. Empero, la diligencia se adelantó con Urruchaga Altuna, de modo que la autoridad judicial supuso equivocadamente que él también era titular de la Granja N°32.
6. El Fiscal estimó que no existía prueba de que la Granja Nº 32 fuera de propiedad de Guillermo Ortíz Gaitan, por lo que declaró fundada la oposición realizada por Eugenio Urruchaga y decretó el levantamiento de las medidas cautelares, sin que la demante hubiera sido “notificada de esa diligencia, ni del proceso de extinción, ni tampoco llamada a suscribir documento alguno”.
7. “…desvinculada total y absolutamente del proceso de extinción de dominio” la Granja N° 32, un nuevo Fiscal, mediante Resolución de 6 de noviembre de 2002, “decidió unilateralmente revocar la resolución adoptada por la misma autoridad dos años y medio atrás, el día 25 de abril de 2000, para en su lugar por sí y ante sí, sin trámite o procedimiento legal alguno declarar procedente la extinción del dominio sobre la ‘Granja N° 32’”, contraviniendo la argumentación y demostraciones expuestas por su antecesor.
8. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia declarando la extinción de dominio de la Granja N° 32; apelada esa decisión por un apoderado que carecía de poder, el 12 de marzo de 2004 el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó esa sentencia; denegó posteriormente el recurso de casación interpuesto y la Corte Suprema, en su momento, declaró bien denegado este último recurso.
9. En 2004 María Elsa de Urruchaga adelantaba gestiones para enajenar el inmueble de su propiedad. Relató que por esa época recibió la visita del apoderado del propietario de la Granja 40 y que “Fue en ese preciso momento cuando el profesional del derecho la enteró acerca de la existencia del proceso judicial de exitinción del derecho de dominio (…), pues la señora de Urrechaga siempre tuvo la idea o conocimiento de ese proceso pero en relación con las granjas de su esposo, en la misma unidad residencial”.
10. El 30 de septiembre de 2004 se registró en la Matricula Inmobiliaria del bien la extinción del derecho de dominio, por lo que desde entonces “empezó a operar el desalojo de la propiedad o titularidad inscrita a favor de María Elsa de Urruchaga, con los notorios perjuicios que ello ha acarreado al no poder disponer del bien”, del cual, no obstante, al momento de promoverse esta acción todavía conservaba la tenencia, misma que tiene derecho a retener por cuanto “le son inoponibles e ineficaces las sentencias que han extinguido su derecho de dominio inscrito”.
11. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto de 13 de diciembre de 2006.
12. La Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Como razones de la defensa argumentó que la Fiscalía “se ajustó íntegramente al mandato supremo”, sin que se advirtiera actuación alguna contraria a derecho. Remató su argumentación proponiendo la excepción de caducidad de la acción.
13. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.
14. Tramitada la instancia, las partes presentaron alegatos de conclusión. El argumento de la parte demandante se concentró en que se reaundó ilegalmente un proceso (se trascribe) “extinguido en el marco de su competencia, por la propia autoridad jurisdiccional, lo cual no autorizaba a funcionario o autoridad alguna para restablecerlo con aplicación de una u otra, de las dos legislaciones que fueron extendidas al tercero incidental que nunca le fue notificado debidamente y menos aún con el respeto de las garantías que se imponen a los derechos constitucionales que le asisten para el ejercicio de un derecho legítimo de defensa y contradicción”.
15. La Fiscalía General de la Nación adujo que en este caso la acción caducó; que la parte demandante no probó que la Fiscalía le hubiere causado algún perjuicio y que no había falla en las actividades de la administración.
16, Por su parte, la Rama Judicial indicó que “no se pude aceptar la teoría de la demandante, al decir que desconocía de tal proceso de extinción de dominio y que nunca fue notificada de las decisiones judiciales adoptadas en el curso del mismo, ya que es inaceptable que ella desconociera del proceso y su cónyuge sí supiera del estado del mismo”.
17. En Sentencia de 26 de enero de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda.
18. Descartó que la acción hubiera caducado porque la demanda partía del supuesto de que la actora no conoció de la existencia del proceso; así, tomó como referente de la caducicad la fecha en la que se inscribió la sentencia de extinción del dominio en el Registro (30 de septiembre de 2004), de manera que la demanda, concluyó, fue presentada de manera oportuna. Enseguida, estableció que las pruebas allegadas al expediente no daban cuenta de la notificación personal a la demandante de la iniciación del proceso de extinción de dominio en la forma prevista en la Ley 333 de 1996, de manera que “desconocía del proceso de extinción de dominio” y, por ende, no pudo “ejercer su derecho de contradicción y por ende el de defensa”.
19. No obstante, prosiguió, las pretensiones no podían ser acogidas, habida cuenta que (se trascribe) “del mismo libelo demandatorio y de las pruebas recaudadas (…) se vislumbra un actuar culposo por parte de la misma parte actora, por cuanto para la Sala no ofrece credibilidad la teoría de ésta inherente a la ausencia de conocimiento del proceso de extinción de dominio adelantado en su inmueble”. Precisó que, “resultaría elemental que en casos tan graves como lo es la extinción de dominio de un inmueble de su propiedad, su esposo la tuviera al tanro del estado del proceso (…) ya que la experiencia enseña que entre cónyuges se forja tal vínculo de confianza, el cual para el presente caso les hacía más exigente, teniendo en cuenta el nivel de trascendencia que tenía tal circunstancia sobre sus bienes”.
20. Al respecto, consideró llamativo que Eugenio Urrechaga Altuna hubiera tenido pleno conocimiento de la actuación seguida contra el bien de aquélla, a tal punto que designó apoderado para la defensa de sus intereses y que, sin embargo, la actora no estuviera al tanto de la existencia del trámite de extinción, por lo que –insistió-, “es inaceptable que ella desconociera el proceso y su cónyuge tuviera pleno conocimiento del mismo, sin que éste la hubiera puesto al tanto de una situación de tan especial relevancia”, de modo que, concluyó luego, “la conducta de la actora fue determinante y le es atribuible la calidad de culpa”.
21. Argumentó el Tribunal que la conclusión relacionada con el conocimiento que la demandante tenía del proceso de extinción se reforzaba con la declaración de 3 testigos, de cuyo análisis fluia “la noción que tenía la actora del proceso seguido a la Granja No. 32” y por donde era dado concluir que adoptó una conducta “negligente y descuidada (…) configurándose con ello causal eximente de responsabilidad, siendo esta la culpa exclusiva de la víctima” en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
22. Razonó enseguida que, a pesar de no haberse practicado la notificación personal, “sí se agotó el procedimiento”, habida cuenta que se llevó a cabo el emplazamiento contemplado en la Ley 333 de 1996 y en el Código de Procedimiento Civil. Por último, en lo referente a que no era dado adelantar el proceso de extinción sobre la Granga Nº 32 ya que la Fiscalía ya se había pronunciado ordenando el levantemianto de las medidas cautelares, consideró el a quo que tal determinación no entrañaba un pronunciamiento de fondo con respecto a la extinción de dominio, ya que lo decidido en la diligencia de ocupación no hacía tránsito a cosa juzgada, máxime cuando las medidas cautelares en estos asuntos no tienen el carácter de obligatorias.
Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
23. La parte demandante apeló la decisión para que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones.
24. Los aspectos centrales de los alegatos de la parte demandante en ambas instancias se resumen así:
25. El trámite de la extinción de dominio estuvo lleno de vías de hecho que menoscabaron las garantías procesales de la demandante y su derecho al debido proceso, ya que “fue siempre ajena y excluida por completo, de las investigaciones”.
26. En efecto, sostuvo que no se realizó la notificación personal exigida por la Ley 333 de 1996, con lo cual no se le aseguró el derecho de contradicción de las decisiones que se adoptaban en lo sucesivo, ni se le permitió designar un abogado de confianza.
27. En punto a la falta de notificación, indicó que a pesar de que en la sentencia apelada el Tribunal detectó falencias, terminó exigiendo conductas que “no estuvieron al alcance de la accionante” para luego presumir o tener por sentado con fundamento en las reglas de la experiencia que dicha notificación se surtió.
28. En línea con lo anterior, cuestionó la validez de la notificación que se hizo a través del cónyuge y afirmó que entre ellos debe pero no “tiene” que existir un grado de confianza, y que no puede calificarse como descuidada la conducta de quien no participó en un proceso que nunca le fue notificado. Tal defecto, concluyó, produjo en este caso “un vicio de nulidad insaneable por irregularidad sustancial afectante del debido proceso”
29. Añadió que la sentencia recurrida tuvo en cuenta “declaraciones como las de los señores Rafael Garzón Ballesteros, Edgar Espinel y Doris Suárez que no refieren en el tiempo que se analiza judicialmente sus afirmaciones, para deducir o concluir un fallo adverso”. En efecto, sostuvo que fue una vez que la demandante tuvo conocimiento de la existencia del proceso, esto es, “cuando se le informó del fallo proferido en vía de ejecutoria”, que le hizo saber a los declarantes que existía un proceso en su contra.
30. Se quejó de que el curador ad litem designado al interior de ese trámite para represenrar a los afectados no comparecientes, de ningún modo tenía habilitación para representar los intereses de la actora, porque en relación con ella ya se habían concluido el proceso y porque en todo caso la demandada debió quedar notificada en forma personal.
31. A propósito, insistió en que se reanudó de manera arbitraria e ilegal, bajo argumentos carpichosos y subjetivos el trámite de extinción de dominio en momentos en los que ya se había dispuesto con los alcances preclusivos de cosa juzgada, la desvinculación del bien del proceso a través de una providencia interlocutoria, cuyo objeto no se asimilaba al pronunciamiento sobre una medida cautelar, como lo aseveró el Tribunal.
32. Con tal proceder, acotó la recurrente, se desconoció el non bis in ídem y el principio de seguridad jurídica al revivirse un proceso que había terminado el 25 de abril de 2000 y, lo realizado con posterioridad por otro funcionario, estaba viciado por falta de compentencia.
33. Adujo que como María Elsa Ortíz era un tercero de buena fe, no fueron probadas las circunstancias para que procediera la extinción del dominio, tal y como lo había declarado en un primer momento la Fiscalía.
34. La Rama Judicial reiteró los argumentos de su defensa y respaldó las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la sentencia apelada.
35. La Fiscalía General de la Nación coadyuvó asimismo las conclusiones del Tribunal.
36. El Ministerio Público sostuvo que “aunque en este caso la causa eficiente del daño es atribuible a la falta de notificación personal de la actora para que ejerciera su derecho de defensa (…) no puede pasar inadvertido el hecho consistente en que la persona afectada por la vulneración (…) concurrió a la producción del daño dada su actitud de indiferencia ante el proceso en mención”. Empero, solicitó que se declarara que las pretensiones prosperan en un 50%, debido a que la actividad del Estado también contribuyó a la producción del daño.
37. El consejero Ramiro Pazos Guerrero, en auto de 11 de agosto de 2017, manifestó a la Sala su impedimento para conocer del asunto, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, dado que participó en la decisión de primera instancia. Dicho impedimento se declaró fundado en providencia del 11 de septiembre de 2017.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales 2.1.1. Sobre la oportunidad para el ejercicio de la acción. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales
38. El presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción por ser las demandadas – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación – entidades públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente en el momento de la presentación de la demanda.
39. Esta Corporación es además competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa.
2.1.1. Sobre la oportunidad para el ejercicio de la acción
40. En el estudio de este presupuesto procesal la Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico, puesto que el análisis de los argumentos de la apelación, como se indicará enseguida, pone en evidencia que la demandante tuvo conocimiento del proceso de extinción de dominio desde sus inicios y, en esa medida, contrario a lo que concluyó el a quo, cuando se presentó la demanda la acción de reparación ya había caducado.
41. A juicio del a quo, el daño alegado era producto de un obrar culposo de la víctima, conclusión que sustentó –en lo fáctico- en que la demandante tuvo conocimiento del proceso de extinción de dominio que se adelantó en su contra, pero se desentendió de su desarrollo; y en lo jurídico, en el contenido del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
42. En la sustentación del recurso se alega que el Tribunal cometió defectos en la valoración de los testimonios, que lo llevaron a concluir el supuesto conocimiento que María Elsa Ortiz de Urruchaga tenía del trámite de extinción de dominio; además, cuestiónó el recurrente que el Tribunal asumiera de forma indebida que por el hecho de que Eugenio Urruchaga conocía de dicho trámite, tal circunstancia implicaba que María Elsa Ortíz, por efecto del vínculo matrimonial que los ligaba, tenía que saber asimismo de la existencia del proceso de extinción. En general, sostuvo el recurrente que, haberse promovido y adelantado esa actuación a espaldas de la actora, implicó una grave vulneración de sus garantías procesales, sobretodo cuando en el desarrollo de esas diligencias se presentaron manifiestas irregularidades que estuvo en imposibilidad de controvertir, precisamente, por su falta de notificación.
43. A juicio de la parte actora, el Tribunal cometió un error al tener acreditado, a partir de las declaraciones de terceros vertidas en este proceso, que la demandante conocía de la acción de extinción de dominio. Estimó que el a quo descontextualizó en el tiempo lo dicho por los testigos, como quiera que desconoció que sólo fue cuando María Elsa Ortíz Urruchaga tuvo conocimiento de la existencia del proceso, situación que ocurrió –según afirmó- “cuando se le informó del fallo proferido en vía de ejecutoria”, que le hizo saber a los declarantes que contra ella se adelantaba un trámite de extinción, por lo que los testimonios, concluyó, debieron analizarse dentro de ese contexto.
44. Sin embargo, encuentra la Sala que tal reparo no tiene fundamento en relación con la declaración del arquitecto Rafael Garzón Ballesteros, cuyo contenido permite establecer que la demandante sí conocía, por lo demás desde el comienzo, el proceso de extinción de dominio que se adelantaba sobre su propiedad, constatación a partir de la cual se concluye, como se anticipó, que la acción de reparación directa ya había caducado cuando la ejerció.
45. En efecto, aquél testigo indicó de manera clara que “…por el año 2000, el Doctor Eugenio Urrechaga y su señora me solicitaron que declarara como arquitecto constructor sobre esta obra ante un Fiscal sobre la ejecución de los planos y la ejecución de la obra; y yo asistí e hice la correspondiente declaración” –se resalta-.
46. La declaración a la que se refirió el testigo en este proceso es la que, así se verifica, tuvo lugar durante la práctica de las diligencias de ocupación de los inmuebles que pertenecían a la demandante y a su esposo en abril del 2000. Del relato que Rafael Garzón Ballesteros realizó dentro de este proceso es válido concluir, como lo hizo en su momento el Tribunal, que la demandante conocía la existencia del proceso de extinción de dominio, por lo menos, desde abril de 2000, pues entonces le solicitó al arquitecto que testificara ante la Fiscalía. No sobra decir que el testimonio que en ese entonces absolvió dicho profesional estuvo exclusivamente relacionado con la Granja Nº 32, de propiedad de la actora.
47. Ahora bien, si los demás testigos refirieron haberse enterado de la existencia del proceso por manifestaciones hechas por la demandante con posterioridad al año 2000, tal estado de cosas no impone razonar, como lo pretende el recurrente, que María Elsa Ortíz de Urruchaga sólo supo de ese trámite por la época en que les comentó a los testigos esa puntual circunstancia. Se trata de sucesos de naturaleza distinta que no tienen que ocurrir, necesariamente, en una misma época.
48. En efecto, lo trascendental en este caso consistía, no tanto en determinar en qué momento la demandante enteró a los testigos de la existencia del proceso, sino establecer cuándo fue que aquélla tuvo conocimiento personal y directo de la situación que les comunicaba. De esto último es prueba concluyente el hecho de que ella y su esposo le solicitaron en abril del año 2000 a Rafael Garzón Ballesteros que declarara ante el Fiscal que adelantana la investigación contra la Granja Nº 32.
49. De manera que no puede descalificarse la sentencia de primera instancia por presuntamente haber sacado del contexto las declaraciones que hicieron los testigos, porque como viene de argumentarse, a partir de lo dicho por uno de ellos, quien por lo demás refirió cercanía al matrimonio Urruchaga, es válido concluir que la demandante estaba enterada de la existencia del trámite de extinción de dominio desde sus comienzos.
50. En línea con lo anterior, el Tribunal razonó con respaldo en las reglas de la experiencia, que no era posible que María Elsa Ortíz de Urruchaga desconociera la existencia del proceso de extinción del derecho de dominio, en momentos en los que su esposo estaba suficientemente enterado del mismo.
51. Al respecto, considera la Sala que, al existir -como viene de señalarse- un indicio concluyente de que la demandante conoció del referido trámite desde el comienzo, indicio que en sí mismo tiene plenos alcances demostrativos, la comprobación que tal indicio aporta se refuerza (y muy probablemente se explica) con ocasión del grado de parentesco que afirmó tener con Eugenio Urruchaga Altuna, de suerte que el razonamiento del Tribunal al respecto tampoco merece ningún reparo.
52. En efecto, descartado que hubiera sido notificada personalmente del trámite de extinción, para la Sala es innegable que María Elsa Ortíz de Urruchaga llegó a tener un conocimiento extraprocesal del mismo; y sin que, a decir verdad, sea relevante establecer la forma como adquirió esa información, porque lo que cuenta es que la tenía y, además, se sabe desde cuándo, lo más probable es que se hubiera enterarado de la existencia de esas actuaciones por intermedio de su esposo.
53. Nótese que contra Eugenio Urruchaga Altuna también se adelantaba un trámite de extinción de dominio sobre 3 bienes que figuraban a su nombre (Granjas 27, 28, 29), ubicados en el mismo conjunto en el que se encuentra la Granja Nº 32 (Agrupación la Vuelta del Río). De esos bienes asumió la defensa y posteriormente, al atender personalmente la diligencia de ocupación en relación con la Granja Nº 32, de la que afirmó ser el propietario, le confirió poder al mismo apoderado que lo representó en las visitas previas, quien indicó a la autoridad que el bien aparecía registrado a nombre de la demandante “por la obvia razón de una sociedad conyugal vigente”. Ese día el mencionado abogado solicitó al Fiscal, con el propósito de fundamentar la oposición a la diligencia, que se recibiera el testimonio del arquitecto Rafael Garzón Ballesteros, persona que declaró en el trámite del 25 de abril de 2000 en relación con la Granja Nº32 y lo hizo, como quedó analizado, por solicitud que le hiciera “el Doctor Eugenio Urrechaga y su señora”.
54. En ese orden de ideas, además de que es claro que la demandante conocía la causa de extinción de dominio, todo indica que tuvo que adquirir ese conocimiento por intermedio de su esposo –dado el vínculo matrimonial que los unía- y que ello debió ocurrir en algún momento entre la iniciación de las diligencias de ocupación de las Granjas 27, 28 y 29 (el 14 de abril de 2000) y antes de que tuviera lugar sobre la Granja Nº 32 el 25 de abril de ese mismo año.
55. Lo anterior porque la demandante confesó en el escrito de la demanda que supo de la existencia del proceso de expropiación, solo que respecto de los bienes que figuraban a nombre de Eugenio Urruchaga Altuna. Sin embargo, es extraño que su marido apenas le hubiera comentado que estaban siendo perseguidos los bienes que figuraban a nombre de él y, en cambio, se abstuviera de informarla de que la Granja que a ella pertenecía formalmente y en la que ambos vivían (en la demanda se afirmó que en la granja 32 Granja 32, “habitaba la señora María Elsa con su esposo”), también era objeto del trámite de extinción de dominio.
56. Para la Sala, entonces, no es verosímil que la actora alegue que era completamente ajena a las diligencias que venían desarrollándose en relación con el inmueble que le pertenecía, ya que no sólo dio señales inequívocas de conocer el proceso de extinción, de conformidad con el testimonio Rafaél José Garzón Ballesteros, sino que de tal estado de cosas tuvo que ser puesta al tanto por parte de su esposo.
57. Acreditado que María Elsa Ortíz de Urruchaga conoció efectivamente del proceso de extinción de dominio, pues de otra forma no se explica que le haya solicitado al referido testigo que declarara en el desarrollo de las diligencias adelantadas por la Fiscalía, indicio que se refuerza -como quedó visto- a partir del conocimiento que de ese proceso tenía su esposo y por el hecho de que ambos tenían una residencia común, es evidente que no podía invocar como fundamento de sus pretensiones una condición que nunca tuvo: la de tercero absoluto en relación con dicho proceso debido a su falta de notificación formal; además, para lo que acá interesa, de esa circunstancia se desprende, como se anunció al comienzo de las cosideraciones, otra consecuencia de particular trascendencia en este asunto, que consiste en que para el momento en el que la actora promovió la acción de reparación directa su acción ya había caducado, razón por la cual debían desestimarse sus pretensiones.
58. En efecto, como es indudable que la causa de los daños en este caso está directamente relacionada con las determinaciones que se tomaron a lo largo del proceso de extinción de dominio, que la demandante calificó como errores judiciales o en fin, con anomalías que atribuyó al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, resulta elemental considerar que si la sentencia que puso fin al proceso de extinción de dominio quedó ejecutoriada en julio de 2004, la acción para reclamar la responsabilidad del Estado por lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con respaldo en la la acción de reparación directa, caducó en julio de 2006.
59. Como la demanda se presentó en septiembre de 2006, para entonces es evidente que la acción ya había caducado; y si tal conclusión es categórica en relación con la sentencia de segunda instancia que definió de manera definitiva el trámite de la extinción de dominio, con mayor razón debe entenderse clausurada la posibilidad de cuestionar por esta vía la regularidad de los los actos procesales y de las presuntas irregularidades que ocurrieron con anterioridad dentro de dicho trámite.
60. Cabe añadir que la caducidad en este caso no podía computarse desde el momento en el que la extinción del derecho de dominio se inscribió en el Registro de Instrumentos Públicos, habida cuenta que ese acto es apenas una consecuencia de las actuaciones judiciales que se adelantaron contra la demandante, de manera que es en éstas que eventualmente se encontraría la causa adecuada de los daños cuya indemnización persiguió.
61. Al verificarse que el plazo con el que contaba para cuestionar la validez de las determinaciones que se tomaron en el trámite de extinción del dominio se encuentra vencido, tal estado de cosas hacía inviable el análisis de fondo de sus pretensiones, determinación en la cual no tiene ninguna incidencia que el proceso se encuentre en trámite de segunda instancia, habida cuenta que la caducidad es una institución de orden público y, como tal, debe ser declarada oficiosamente en cualquier estado del proceso, como en efecto se dispondrá.
2.2. Sobre la condena en costas
62. La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no se dan los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
3. DECISIÓN
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal “SEGUNDO” de la sentencia apelada, proferida el 26 de enero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: “DECLARAR probalda la excepción de caducidad propuesta por la Nación –Rama Judicial-”
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: Con cargo a los interesados, expídanse copias de la presente decisión.
QUINTO: por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Folio 494 cuaderno principal. Folio 496 cuaderno principal. Para la época de presentación de la demanda, esto es, 26 de septiembre de 2006, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $204’000.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la pretensión por perjuicios materiales se calculó en $250’000.000. Establecido que la demandante supo del proceso de extinción de dominio desde sus inicios, entonces tuvo la posibilidad de atacar al interior de ese trámite (con respaldo en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 333 de 1996)el catálogo de falencias que ahora condena en forma categórica. Su omisión al respecto es constitutiva de un obrar por lo menos culposo que, por lo mismo, clausuraría cualquier posibilidad de que el daño pueda ser imputado al Estado. Las cosas son de ese modo porque María Elsa Ortíz de Urruchaga se puso a sí misma en situación de indefensión o, de cualquier modo, quedó en ese estado producto de la falta de cuidado que le era razonablemente exigible, por lo que en tal contexto se fracturaría el nexo de causalidad, como se desprende del contenido del artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
“La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial, “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial. Con todo, se ha precisado que, ‘aunque generalmente el plazo bienal de caducidad opera desde la configuración del hecho dañoso, esto es, a partir de la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial, cuando el afectado no sea parte en la causa donde se comete el yerro, el término sólo puede germinar desde que al perjudicado se le notifique la decisión cuestionada’”
“De la misma manera, el cómputo de la caducidad, tratándose de eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe contarse a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, “que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial”. Consejo de Estado, sentencia de 21 de junio de 2018, Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00032-01(45465)
Sentencia que confirmó la dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en la que se declaró “…la extinción del derecho de DOMINIO a favor del Estado Colombiano (…) de los bienes que fueron objeto de la acción a Guillermo Otíz Gaitan”, entre los cuales se encontraba la Granja Nº 32 de la Agrupación Granjas La Vuelta del Río. Tiene establecido esta Corporación que “la caducidad de la acción es un presupuesto procesal de orden público, no disponible por acuerdo entre las partes, e irrenunciable, de donde resulta imperativo declarar su ocurrencia, aun de manera oficiosa, precisamente en garantía de los principios de acceso a la administración de justicia y el debido proceso al que tienen derecho las dos partes en el litigio judicial” (Sentencia de 19 de julio de 2018 (Radicación número:
08001-23-31-000-2009-00753-01[54914]) en la que, además, se reiteró que “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la verificación de la ocurrencia de la caducidad conlleva la falta de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para entrar a conocer el contenido material de las pretensiones de la demanda y, por tanto, ante la ocurrencia de ese supuesto, procede la terminación del proceso y resulta improcedente pronunciarse sobre las pretensiones que –por razón de la caducidad- dejan de estar expuestas al conocimiento del juzgador”.
“Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia constituye un principio del derecho fundamental al debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual frente al fenómeno de la caducidad no hay lugar al saneamiento ni a la extensión de la Jurisdicción, en la medida en que los jueces sólo pueden asumir el estudio de la causa petendi en aquellos asuntos que la Ley les asigne resolver”.
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