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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2010-00032-01

Acción de reparación directa: daños derivados de la administración de justicia

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2010-00032-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-31-000-2010-00032-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños derivados de la administración de justicia / DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / ERROR JURISDICCIONAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Cómputo del término desde el momento en que conocieron de las acciones y de las omisiones que lo originaron el daño / FALLO INHIBITORIO - Caducidad de la acción

Las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate alegaron que las acciones y omisiones causantes del daño fueron las siguientes: i) El Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha no le informó al Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha que el proceso ejecutivo que tramitó en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate, para el 3 de noviembre de 2004, había terminado y que el bien que tenía embargado se puso a disposición del Juzgado 1° Civil del Circuito de esa ciudad. ii) El Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha no cumplió la orden que profirió en el auto del 20 de junio de 2006, la cual consistió, aparentemente, en oficiar al Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha para comunicarle que había decretado la medida cautelar de embargo y secuestro de un inmueble perteneciente a la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate. iii) La señora María Eugenia Triviño Álvarez sostuvo que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, mediante auto del 8 de noviembre de 2006, terminó el proceso que tramitó en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate, y omitió poner a disposición del Juzgado 1° Laboral del Circuito de esa misma ciudad el bien que tenía embargado. De esta manera, estas dos supuestas omisiones encuadrarían en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que la tercera correspondería a un error judicial.

RECURSO DE APELACIÓN - Competencia / COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia / COMPETENCIA DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS - Conocen en primera instancia procesos por daños ocasionados por la Administración de Justicia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Conoce de procesos por daños derivados de la administración de justicia en segunda instancia

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, consultar Auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 34985, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 73

CADUCIDAD - Noción. Garantiza la seguridad jurídica de los sujetos procesales / CADUCIDAD - Limita el tiempo para ejercer el derecho de acción / CADUCIDAD - Representa un plazo perentorio para que las partes impulsen el litigio / TÉRMINO DE CADUCIDAD - Determina el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado / TÉRMINO DE CADUCIDAD - No admite renuncia. Solo puede ser suspendido por solicitud de conciliación extrajudicial en derecho / CADUCIDAD - De evidenciarse por el juez de conocimiento debe ser declarado de oficio

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa, consultar Auto de 6 de agosto de 2009, Exp. 36834, CP. Mauricio Fajardo Gómez; de 30 de agosto de 2017, Exp. 39435, CP. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Término / TÉRMINO CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Dos años desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso que motiva la presentación de la demanda / CONTEO TÉRMINO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia objeto de censura o a partir de su conocimiento si no es parte en el proceso

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial, “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial (…)” NOTA DE RELATORÍA: Sobre el conteo del término de caducidad en casos en los que se demanda responsabilidad estatal proveniente de error judicial, consultar sentencias de 23 de junio de 2010, Exp. 17493, CP. Mauricio Fajardo Gómez (E); de 27 de enero de 2012, Exp. 22205, CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 29 de agosto de 2012, Exp. 24584, CP. Stella Conto Díaz del Castillo; de 26 de noviembre de 2015, Exp. 38833, CP. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero; de 30 de agosto de 2017, Exp. 39435, CP. Marta Nubia Velásquez Rico (E), entre muchas otras.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Cómputo del término en casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / CONTEO TÉRMINO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - A partir del acaecimiento del hecho que causó el daño

[E]l cómputo de la caducidad, tratándose de eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe contarse a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, “que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial”. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el cómputo del término de caducidad en casos en los que se demanda responsabilidad estatal proveniente de error judicial, consultar sentencias 19 de julio de 2007, Exp. 33763, CP. Mauricio Fajardo Gómez; de 21 de noviembre de 2012, Exp. 45094, CP. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de abril de 2017, Exp. 53708, CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

FALLO INHIBITORIO - Por encontrarse probado el fenómeno jurídico de caducidad de la acción / CADUCIDAD DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Se configuró al presentarse demanda por fuera del término legal / CADUCIDAD MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - La demanda se presentó posterior a los dos años señalados en la norma / CONTEO TERMINO DE CADUCIDAD - Desde el momento en que el demandante conoció el fallo censurado

Recapitulando, se impone concluir que la sentencia objeto del recurso de apelación será confirmada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00032-01(45465)

Actor: MARÍA EUGENIA TRIVIÑO ÁLVAREZ Y OTROS

Demandado: RAMA JUDICIAL

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA -

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DE ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – los dos años del término de caducidad se contabilizan a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que ocasionaron el daño, si los demandantes no hacían parte del proceso, el término correrá desde el momento en que conocieron de las acciones y de las omisiones que lo originaron.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

El 5 de febrero de 2010, las señoras María Eugenia Triviño Álvarez, Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declarara responsable por las acciones y las omisiones en que habrían incurrido los Juzgados 1° y 2° Civiles del Circuito de Riohacha, así como el 2° Laboral del Circuito de esa misma ciudad.

Como consecuencia de esa declaración, solicitaron el pago de los siguientes perjuicios materiales -sin aclarar si en la modalidad de lucro cesante o daño emergente-:

i) Para la señora María Eugenia Triviño Álvarez $37’235.367.47, correspondientes a la liquidación del crédito aprobada por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Riohacha, el 27 de junio de 2007; $5’585.305 por la liquidación de costas y agencias en derecho, aprobadas el 26 de julio de 2007; $5.733 por concepto de indemnización moratoria, desde el 27 de junio de 2007 y hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia.

ii) En favor de Alexi del Carmen Díaz Pinto $9’708.602,11, correspondientes a la liquidación del crédito aprobada por el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha, el 27 de junio de 2007, $970.860 por la liquidación de costas y agencias en derecho, aprobadas el 18 de julio de 2007, más los intereses moratorios causados desde esas fechas y hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia.

iii) Para Sebastiana María Ustate Ustate $22’292.324,74, que equivalen a la liquidación del crédito aprobada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, el 27 de junio de 2007, $2’229.232 por la liquidación de costas y agencias en derecho, aprobadas el 18 de julio de 2007, más los intereses moratorios causados desde esas fechas y hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia.

Por perjuicios morales pidieron el pago de 1.000 S.M.L.M.V., “en común a las demandantes”.

1.1. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate manifestaron que, el 27 de mayo de 2004, radicaron una demanda ejecutiva con el fin de obtener el cobro de las condenas impuestas en el proceso ordinario laboral que promovieron en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate. La competencia del proceso la asumió el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha.

Con la demanda solicitaron el decreto de la medida cautelar de embargo y secuestro de un lote y el edificio construido sobre este, localizado en la ciudad de Medellín e identificado con la matrícula inmobiliaria No 001-207375. Ese bien se encontraba embargado y secuestrado por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha, dentro del proceso ejecutivo que el Banco Central Hipotecario inició en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate.

El Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha libró el mandamiento de pago y decretó la medida cautelar. La Secretaría de ese Juzgado, mediante el Oficio SJ2L-0544 del 3 de noviembre de 2004, notificó al Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha de la existencia de la medida cautelar, en los términos del artículo 542 del C.P.C; sin embargo, para esa fecha, el proceso ejecutivo que se tramitó en este último despacho ya había terminado y el bien embargado puesto a disposición del Juzgado 1° Civil del Circuito de la referida ciudad, circunstancia que no fue informada al Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha.

Mediante auto del 20 de junio de 2006, el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha dispuso oficiar, por secretaría, al Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, para comunicarle de la existencia de la medida cautelar; no obstante, la orden nunca se cumplió.

De otro lado, la señora María Eugenia Triviño Álvarez indicó que, el 28 de marzo de 2006, radicó una demanda ejecutiva ante el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Riohacha, para el cobro de las condenas impuestas en su favor dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate. Aclaró que también solicitó la medida cautelar de embargo y secuestro del lote y el edificio aludidos.

Precisó que el inmueble se encontraba embargado y secuestrado por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, dentro del proceso ejecutivo promovido por la señora Carmen Alicia Salas Rivadeneira en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate.

El Juzgado 1° Laboral del Circuito de Riohacha libró el mandamiento de pago, decretó la medida cautelar y la puso en conocimiento del Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, a través del oficio JPLCS202 del 5 de abril de 2006, según las previsiones del artículo 542 del C.P.C.

El Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, en auto del 8 de noviembre de 2006, terminó el proceso enunciado por pago total de la obligación y omitió poner el bien embargado a disposición del Juzgado 1° Laboral del Circuito de esa misma ciudad.

Las demandantes aclararon que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) las fotocopias autenticadas de los procesos ejecutivos que se adelantaban en los juzgados Primero (1°) y Segundo (2°) Civil del Circuito de Riohacha (…) solo fueron proporcionadas el 12 de septiembre y el 9 de octubre del año 2007, respectivamente, fecha esta última a partir de la cual las accionantes estuvieron en la posibilidad de acudir a la administración de justicia para reclamar sus derechos.

“(…) Presentada la demanda el 2 de octubre de 2009, fue rechazada por falta del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, mediante auto notificado por estado No 167 del 9 de noviembre de 2009. Dentro del término de ejecutoria, noviembre 10 de 2009, se presentó solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial.

“(…) admitida la solicitud de conciliación extrajudicial, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia respectiva, para el 4 de febrero de 2010, celebrada la audiencia (...) fue declarada fallida”.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión de la demanda y notificación

La demanda se admitió mediante auto proferido el 1° de marzo de 2010, decisión que fue notificada en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.2. Contestación de la demanda

La Rama Judicial indicó que dentro de las providencias judiciales emitidas por los despachos judiciales cuestionados en la demanda no existe un error judicial, pues estas se ajustaron a las normas legales y procedimentales. Propuso la excepción de caducidad, dado que el hecho dañoso que se alegó ocurrió el 19 de julio de 2007, fecha en la cual se notificaron por estado las liquidaciones y las costas correspondientes a los procesos ejecutivos laborales.

2.3. Los llamamientos en garantía

La Rama Judicial, junto con en el escrito de contestación de la demanda, solicitó llamar en garantía a los señores Álvaro José Cuello Mendoza y Fabio Olea Massa, quienes se desempeñaron, para la época de los hechos, como titulares de los Juzgados 1° Laboral del Circuito de Riohacha y 1° Civil del Circuito de la misma ciudad, respectivamente.

2.3.1. La contestación de los llamamientos en garantía

Mediante providencia del 21 de mayo de 2010, el Tribunal a quo admitió los llamamientos formulados y ordenó las notificaciones correspondientes, por lo que, debidamente vinculados al proceso, los llamados en garantía presentaron sus contestaciones en los siguientes términos:

Fabio Olea Massa, actuando como abogado en ejercicio y en nombre propio, indicó que no está llamado a responder, dado que se desvinculó del cargo de Juez 1° Civil del Circuito de Riohacha en el mes de noviembre de 2001 y los hechos que originaron la demanda ocurrieron después de esa fecha.

Álvaro José Cuello Mendoza, a través de apoderado, sostuvo que en su condición de Juez 1° Laboral del Circuito de Riohacha realizó las actuaciones que le correspondían y no incurrió en una mora ni en un error judicial.

2.4. Etapa probatoria y alegatos de conclusión

A través de providencia del 6 de octubre de 2010, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 17 de marzo de 2011, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

La Rama Judicial reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, la parte demandante insistió en los argumentos del libelo introductorio; entre tanto, el Ministerio solicitó declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 18 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de la Guajira declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que la caducidad respecto de las pretensiones de la señora María Eugenia Triviño Álvarez se debía contabilizar desde el día siguiente a la finalización del proceso que cursó en el Juzgado 1° Civil del Circuito, es decir, el 9 de noviembre de 2006, de manera que esta sucedió el 9 de noviembre de 2008 y la demanda se presentó, extemporáneamente, el 5 de febrero de 2010.

En lo referente a las pretensiones de las señoras Alexi Díaz Pinto y Sebastiana Ustate Ustate consideró que la caducidad debía contabilizarse desde que el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha les hizo entrega de las copias del expediente, el 9 de octubre de 2007, momento a partir del cual podían demandar. Así las cosas, la caducidad se configuró el 10 de octubre de 2009 y la demanda se radicó el 5 de febrero de 2010.

Aclaró que la demanda se presentó inicialmente el 2 de octubre de 2009 y se rechazó en auto del 5 de noviembre de ese mismo año por no agotar el requisito de la conciliación extrajudicial. Explicó que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el término de caducidad se suspendía cuando la solicitud de conciliación se radicaba antes de su ocurrencia; bajo ese entendido, como en el sub lite la solicitud de conciliación se presentó ante el Ministerio Público el 10 de noviembre de 2009, fue extemporánea, porque para esa fecha la acción de reparación directa ya había caducado.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Recurso de la parte demandante

Manifestó que la acción de reparación caducó el 10 de octubre de 2009 y la demanda se radicó el 2 del mismo mes y año; aunque se rechazó por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

Indicó que de conformidad con el artículo 90 del C.P.C. se interrumpía la prescripción con la presentación de la demanda y se impedía la ocurrencia de la caducidad; sostuvo que, el artículo 143 del C.C.A. estableció que se inadmitiría la demanda que careciera de los requisitos y formalidades y que su presentación no interrumpía los términos de la caducidad de la acción. No obstante (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“El citado artículo del C.C.A. hace referencia a la inadmisión de la demanda y la no interrupción de la caducidad, no haciendo referencia al evento de rechazo de la misma; por el contrario, cuando se trata del rechazo de la demanda existe la posibilidad de apelar el auto que la rechaza. Si esto es procedente, igual considero que era procedente dentro del término de ejecutoria del auto que rechazó la demanda solicitar la audiencia de conciliación extrajudicial, y todo ello dentro del término de caducidad, ya que con la presentación de la demanda se interrumpió el término de caducidad y antes de la ejecutoria del auto que la rechaza cuando se debería reiniciar el conteo del termino de caducidad, se hizo la solicitud de la conciliación extrajudicial con lo que igualmente se suspendía los términos para la ocurrencia de la caducidad, y luego la demanda se presenta el mismo día de realizada la correspondiente audiencia de conciliación que se dio por fracasada, no a lugar para que se declarara probada la excepción de caducidad. Más si tenemos en cuenta que la excepción de caducidad fue decidida al admitirse la demanda”.

2. Trámite de segunda instancia

2.1. El 6 de noviembre de 2012 se admitió el recurso de apelación presentado por las demandantes y el 23 de noviembre de 2012 se corrió el término de traslado para alegar de conclusión.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del asunto

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.

2. Oportunidad de la acción

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial, “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial. Con todo, se ha precisado que, ‘aunque generalmente el plazo bienal de caducidad opera desde la configuración del hecho dañoso, esto es, a partir de la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial, cuando el afectado no sea parte en la causa donde se comete el yerro, el término sólo puede germinar desde que al perjudicado se le notifique la decisión cuestionada’” (se destaca).

De la misma manera, el cómputo de la caducidad, tratándose de eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe contarse a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, “que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial”.

La Sala, de los medios de prueba allegados al proceso y en lo que importa para el presente asunto, encontró probadas las siguientes circunstancias:

Proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha

• En autos del 25 de marzo de 1998, ese despacho judicial libró mandamiento de pago en favor de la señora Carmen Alicia Salas Rivadeneira y en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate, por el valor de $6’500.000; de igual manera, decretó el embargo y secuestro de un lote de terreno y el edificio construido sobre este, localizado en Medellín e identificado con la matrícula inmobiliaria No 001-207375.

-En proveído del 5 de mayo de 1998 citó al proceso al Banco Central Hipotecario, porque sobre el bien objeto del embargo aparecía registrada una hipoteca en su favor.

• El 9 de octubre de 2000, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, mediante el Oficio No 413 MC, informó al Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha que, en los términos del artículo 558 del C.P.C., canceló el embargo decretado el 25 de marzo de 1998, en la medida en que en favor del Banco Central Hipotecario se había decretado y registrado un embargo en el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha.

-El Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha, a través del Oficio No JSCDC-0961 del 11 de agosto de 2003, le comunicó al Juzgado 1° Civil del Circuito de esa misma ciudad que a partir de esa fecha le dejaba a su disposición el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No 001-207375, porque, mediante auto del 30 de julio de 2003, terminó el proceso ejecutivo que tramitó en favor del Banco Central Hipotecario.

• El 8 de noviembre de 2006, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha terminó, por pago total de la obligación, el proceso ejecutivo que inició la señora Carmen Alicia Salas Rivadeneira en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío. Además, dispuso el desembargo del inmueble indicado.

• El 5 de julio de 2007, el apoderado de las señoras María Eugenia Triviño Álvarez, Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana Ustate Ustate solicitó copia auténtica del proceso en análisis “el cual se encuentra terminado y archivado”. En auto del 10 de julio de 2007, que se notificó en estado del 12 de julio del mismo año, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha ordenó su expedición.

-Las fotocopias del proceso se autenticaron el 12 de septiembre de 2007; así lo certificó el Secretario de ese juzgado en cada uno de los folios que lo componen. A pesar de que en el caso sub examine no existe constancia de su entrega, según se indicó en la demanda, esto ocurrió ese mismo día.

Proceso ejecutivo laboral que se tramitó en el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha

-El 6 de julio de 2004 libró mandamiento de pago en favor de las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate por las sumas de $3’788.020 y $6’720.109, respectivamente. También decretó el embargo y secuestro del lote de terreno y el edificio construido sobre este, localizado en la ciudad de Medellín e identificado con la matrícula inmobiliaria No 001-207375. Aclaró que el inmueble estaba embargado y secuestrado por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha, dentro del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío, representada por Jaime Alonso Aristizábal Alzate.

-Esa decisión se notificó por el precitado despacho al Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha mediante el Oficio No SJ2L-0544 del 3 de noviembre de 2004.

-En auto notificado en el estado del 21 de junio de 2006, el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha ordenó lo siguiente: “comuníquese al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, el embargo que pesa sobre el bien inmueble decretado en este proceso y que aparece identificado en auto de julio seis (6) de dos mil cuatro (2004) (…)”.

Proceso ejecutivo laboral que tramitó el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Riohacha

-El 30 de marzo de 2006 libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral y por el valor de $27’341.577, en favor de la señora María Eugenia Triviño Álvarez y en contra del señor Jaime Alfonso Aristizábal, como heredero de la señora Martha Rocío Berrío. Igualmente, de conformidad con el artículo 542 del C.P.C., decretó el embargo y el secuestro de un lote de terreno y el edificio en él construido, localizado en Medellín e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-207375, “el cual se encuentra embargado y secuestrado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, dentro del proceso ejecutivo de Carmen Alicia Salas Rivadeneira contra la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío (…)”.

• Mediante oficio No JPLCS 202 del 5 de abril de 2006, el mencionado despacho judicial le notificó al Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha el embargo que decretó en la providencia del 30 de marzo de 2006; este fue recibido el 7 de abril de 2006.

En este punto, importa precisar que las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate alegaron que las acciones y omisiones causantes del daño fueron las siguientes:

i) El Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha no le informó al Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha que el proceso ejecutivo que tramitó en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate, para el 3 de noviembre de 2004, había terminado y que el bien que tenía embargado se puso a disposición del Juzgado 1° Civil del Circuito de esa ciudad.

ii) El Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha no cumplió la orden que profirió en el auto del 20 de junio de 2006, la cual consistió, aparentemente, en oficiar al Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha para comunicarle que había decretado la medida cautelar de embargo y secuestro de un inmueble perteneciente a la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate.

iii) La señora María Eugenia Triviño Álvarez sostuvo que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, mediante auto del 8 de noviembre de 2006, terminó el proceso que tramitó en contra de la sucesión de Martha Rocío Alzate Berrío, representada por el señor Jaime Alonso Aristizábal Alzate, y omitió poner a disposición del Juzgado 1° Laboral del Circuito de esa misma ciudad el bien que tenía embargado.

De esta manera, estas dos supuestas omisiones encuadrarían en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que la tercera correspondería a un error judicial.

Como ya se indicó, en estos casos la caducidad deberá contabilizarse a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que ocasionaron el daño o, en su defecto, desde el momento en que las demandantes conocieron de las acciones y de las omisiones que lo originaron.

En ese orden, frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que aparentemente incurrió el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha, la caducidad se contará desde el día siguiente al 12 de septiembre de 2007, pues en esta última fecha el Juzgado 1° Civil del Circuito de esa ciudad le entregó al apoderado de las señoras Díaz Pinto y Ustate Ustate las fotocopias del proceso ejecutivo que tramitó en favor Carmen Alicia Salas Rivadeneira y en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío.

Esta última circunstancia le permitió a las referidas demandantes acceder, a través de su apoderado, a ese proceso, del cual no fueron partes, y obtener sus fotocopias para estudiarlo y así conocer los pormenores de las actuaciones que allí obraban y, en especial, saber que, en decisión del 30 de julio de 2003, el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha terminó el proceso ejecutivo que tramitó en contra de la sucesión anotada; igualmente, tener conocimiento de que se procedió a levantar el embargo del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No 001-207375 y se dejó a disposición del Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha.

De esta forma, la caducidad sucedió el 13 de septiembre de 2009 y como la demanda se radicó el 5 de febrero de 2010 fue extemporánea.

Se advierte que, el 3 de julio de 2007, el apoderado de las hoy demandantes le solicitó al Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha la expedición de las fotocopias del proceso ejecutivo que allí cursó en favor del Banco Central Hipotecario y en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío . El Secretario de ese despacho las autenticó el 9 de octubre de 2007 y según se indicó en la demanda, estas se entregaron ese mismo día.

El a quo consideró esta última fecha como referente para contar la caducidad, dado que desde ese instante las accionantes podían acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar.

En cuanto a esa postura, se debe aclarar que de la valoración de las pruebas obrantes en el sub lite resultó demostrado que la supuesta omisión que cometió el Juzgado 2° Civil del Circuito de Riohacha podía verificarse dentro del expediente del proceso ejecutivo que tramitó el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha y cuyas fotocopias se entregaron el 12 de septiembre de 2007, lo anterior significa que en ese momento las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto y Sebastiana María Ustate Ustate conocieron el daño que solicitaron les fuese indemnizado y, por ende, desde ahí debía contabilizarse la caducidad de la acción.

En lo que respecta a la omisión del Juzgado 2° Laboral del Circuito de Riohacha, por no dar cumplimiento a la orden que impartió en auto notificado por estado del 21 de junio de 2006 que, al parecer, configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la caducidad deberá contarse desde el 25 de ese mismo mes y año, -día siguiente al de su ejecutoria-, puesto que las señoras Díaz Pinto y Ustate Ustate eran las demandantes dentro de ese asunto y, por tanto, tenían acceso al expediente como partes procesales, de manera que conocieron de la omisión en que aparentemente incurrió ese despacho, incluso, desde que se notificó la decisión que no se acató.

Sobre ese particular, se aclara que en el auto descrito no se indicó un término específico para dar cumplimiento a la orden, únicamente se utilizó la expresión “ofíciese”.

Vistas así las cosas, la caducidad respecto de la posible negligencia expuesta ocurrió el 25 de junio de 2008 y como la demanda se radicó el 5 de febrero de 2010, fuerza concluir que fue extemporánea.

En lo que atañe al error judicial que aparentemente cometió el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha, la caducidad de la acción de reparación directa se debe contabilizar de la misma forma en que se hizo con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido el Juzgado 2° Civil del Circuito de esa misma ciudad.

Lo expuesto se justifica porque desde el momento en que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Riohacha le entregó al apoderado de la señora Triviño Álvarez las copias del proceso ejecutivo que tramitó -12 de septiembre de 2007-, esta pudo advertir la aparente omisión que, según alegó, fue la causa del daño antijurídico.

De esta manera, la caducidad de la acción de reparación directa frente a esta imputación de responsabilidad sucedió el 13 de septiembre de 2009 y la demanda se radicó el 5 de febrero de 2010, es decir, por fuera del plazo establecido para ello.

Resulta oportuno advertir que el abogado Jorge Eliécer Toro Curiel representó a las señoras Alexi del Carmen Díaz Pinto, Sebastiana María Ustate Ustate y María Eugenia Triviño Álvarez, en los procesos ejecutivos que estas tramitaron ante los Juzgados 1° y 2° Laborales del Circuito de Riohacha; asimismo, fue su apoderado en las solicitudes que radicaron ante los Juzgados 1° y 2° Civiles del Circuito de esa misma ciudad con el objetivo de obtener copia de los expedientes que cursaron en esas instancias judiciales en contra de la sucesión de la señora Martha Rocío Alzate Berrío; finalmente, dicho profesional también funge como su abogado de confianza en el sub lite.

Lo anterior es relevante para el estudio de la caducidad de la acción, dado que, de conformidad con el artículo 44 del C. de P.C., los ciudadanos debían comparecer a los procesos judiciales por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, a quienes, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia C- 1178 del 8 de noviembre de 2001, les autorizaban para ejercer su derecho de defensa, en su nombre, sin trasladarle su titularidad y no perdían la facultad de vigilar sus actuaciones y revocarle el poder. Así lo expuso esa Corporación (se transcribe de forma literal):

“(…) corresponde a la Corte determinar si con el otorgamiento del poder el derecho a la participación en juicio se traslada total o parcialmente al apoderado, o si permanece en el poderdante, con el fin de establecer si consulta las previsiones constitucionales que el poder pueda ser revocado por el otorgante, sus herederos o sucesores en cualquier momento del proceso, sin justificación aparente.

“De esta forma, cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá de representarlo en la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre. Es evidente, en consecuencia, que el poderdante puede vigilar la actuación de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no concuerda con sus expectativas (…)”.

De esta manera, se debe entender que las actuaciones procesales que se surtieron en los procesos ejecutivos en estudio fueron conocidas por las demandantes a través del abogado que las representó. La Sección Tercera de la Corporación expuso, en un asunto análogo, lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“(…) en un caso similar al presente, donde el daño consistía precisamente en el error judicial de levantamiento irregular de una medida cautelar en proceso diferente a aquel en el que era parte la víctima que demandó en reparación directa, la Sala se inclinó por contabilizar el término preclusivo desde que a las partes afectadas se les notificó formalmente del yerro cometido (…).

“En el sub júdice es claro que el error judicial alegado se materializó en el auto del 22 de enero de 1998, cuando el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica dispuso, indebidamente, el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los inmuebles con M.I. 148-1632 y 7723.

“Ahora bien, como la decisión fue notificada por fijación del estado n.° 08 del 26 de enero de 1998 (fl. 39 vto., C.4°), el día 30 del mismo mes y año cobró ejecutoria, por lo que la caducidad de la acción de reparación directa, fundada en el mentado error judicial, en principio, se configuró el día 31 de enero de 2000 (…).

“En este sentido, como la demanda sólo fue presentada hasta el 11 de abril de 2000, el a quo declaró probada la excepción propuesta por el demandado; sin embargo, desde la formulación del libelo genitor la parte accionante ha aducido que la notificación del referido auto no puede ser tenida en cuenta para computarle el término de caducidad a la demandante, pues dicha providencia no fue proferida en el proceso judicial del que era parte y ella personalmente sólo tuvo conocimiento del hecho ‘a finales del mes de abril día 29 del 98’, por información suministrada por el abogado que la representaba en el juicio ejecutivo, esto es, el doctor Guillermo Over Aguirre González (…).

“Con todo, considera el despacho que los litigantes no pueden alegar falta de conocimiento personal de determinada providencia si la misma le fue debidamente notificada al abogado que escogieron para su representación judicial, pues es carga de las partes hacer el debido seguimiento a las actuaciones judiciales en las que estén vinculadas.

“Por tanto, poco importa cuándo efectivamente la señora Beatriz María Peña Sotomayor fue enterada de la providencia mediante la cual se ordenó el levantamiento de la medida cautelar por el que ahora demanda la responsabilidad patrimonial del Estado; lo que interesa, concretamente, es cuándo fue notificado el referido proveído al togado que la estaba representando, pues, además, atendiendo la cuantía del proceso, se requería del derecho de postulación, a partir del cual la demandante sólo podía dirigirse al juez a través de abogado titulado (…)” (se destaca).

Cabe anotar que, según se indicó en el hecho 11 de la demanda, en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, la parte actora radicó una demanda con idénticas pretensiones a las del sub lite, el 2 de octubre de 2009, y fue rechazada porque no se agotó el requisito de la conciliación extrajudicial; sin embargo, tal circunstancia no se encuentra demostrada; aunque, de haber sido así, de conformidad con el análisis antes efectuado, para ese momento la acción de reparación directa también se encontraba afectada por el fenómeno procesal de la caducidad.

En lo que tiene que ver con la radicación de la solicitud de la conciliación ante el Ministerio Público, es suficiente con decir que esto sucedió el 10 de noviembre de 2009, cuando la caducidad ya estaba configurada, de suerte que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2, parágrafo 1 del Decreto 1716 de 2009, no tuvo la virtualidad de suspender ningún término.

Recapitulando, se impone concluir que la sentencia objeto del recurso de apelación será confirmada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.

3. Condena en costas

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 1 a 12 del cuaderno 1. Folios 12 y 323 del cuaderno 1. De conformidad con los poderes obrantes en los folios 13 a 15 del cuaderno 1.
“ARTÍCULO 542. ACUMULACION DE EMBARGOS EN PROCESOS DE DIFERENTES JURISDICCIONES <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 295 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.
“El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto es apelable en el efecto diferido y se comunicará por oficio al juez del proceso laboral o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva. Tanto éste como el acreedor laboral, podrá interponer reposición y apelación en el efecto mencionado, dentro de los diez días siguientes al de la remisión del oficio por correo certificado, o de su entrega por un subalterno del juzgado si fuere en el mismo lugar.
“(…) Cuando el embargo se haya practicado en el proceso laboral o fiscal, en el civil podrá pedirse el del remanente que pueda quedar en aquél y el de los bienes que se llegaren a desembargar” (se destaca). Folios 325 a 326 del cuaderno 1. Folio 329 del cuaderno 1. Folio 326 vuelto del cuaderno 1. Folios 331 a 333 del cuaderno 1. Folios 337 a 338 y 351 a 352 del cuaderno 1. Folios 367 a 368 del cuaderno 1. Notificaciones que obran a folios 369 del cuaderno 1 y 11 del cuaderno 2. Folio 373 del cuaderno 1. Folios 14 a 16 del cuaderno 2. Folios 385 y 386 del cuaderno 1. Folio 410 del cuaderno 1. Folios 411 a 412 del cuaderno 1. Folios 413 a 419 del cuaderno 1. Folios 428 a 434 del cuaderno 1. Folios 437 a 444 del cuaderno de segunda instancia. Folios 446 y 447 del cuaderno de segunda instancia. Folios 454 a 457 del cuaderno de segunda instancia. Folio 459 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia de la Subsección A del 30 de agosto de 2017, exp. 39.435, entre muchas otras decisiones de la Sala.

Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, expediente 24.584, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. 50001-23-33-000-2014-00071-01(53708), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Providencias de julio 19 de 2007, expediente 33.763 y de 12 de diciembre de 2007, expediente 33.583, ambas reiteradas por esta Subsección, en proveído de 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094; M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras decisiones de la Sala. Folios 151 y 189 del cuaderno 1. Folio 198 del cuaderno 1. Folio 202 del cuaderno 1. Folios 208 y 267 del cuaderno 1. Folio 180 del cuaderno 1. Folios 183 y 184 del cuaderno 1. Folios 137 a 218 del cuaderno 1. Hecho 10 de la demanda. Folios 92 a 93 del cuaderno 1. Folio 100 del cuaderno 1. Folio 109 del cuaderno 1. Folios 47 y 48 del cuaderno 1. Folio 49 del cuaderno 1. Lo expuesto porque el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos; entre tanto, el error judicial se predica de las decisiones o providencias que se profieren en ejercicio de la función de interpretar y aplicar el derecho. Al respecto consultar i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), CP: Mauricio Fajardo Gómez, Reiterada en sentencia de la Subsección A del 3 de agosto de 2017, exp. 25000-23-26-000-2007-00749-01(42968) y ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp. 37355. Folio 308 del cuaderno 1. Se aclara que la ejecutoria estaba regulada por el 331 del C.P.C., aplicable por la remisión que hacía el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis.

Decisión del 29 de agosto de 2012, Subsección B, radicación No. 23001-23-31-000-2000-02474-01(24584), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
La redacción de ese hecho es del siguiente tenor (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “Presentada la demanda el 02 de octubre de 2009, fue rechazada por falta del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, mediante auto notificado por estado No 167 del 09 de noviembre de 2007 (…)” (fl.10 del cuaderno 1).
“ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca).
“Artículo 2°. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa (…).
“Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:
“(…) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado” (se destaca).

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