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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00179-01

Funcionamiento de la administración de justicia: dilación en la adopción

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00179-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00179-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: MARTHA ISABEL DURÁN DE JAIMES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Dilación en la adopción
de decisiones judiciales – No se configuró / ERROR JUDICIAL – Cargas de claridad,
precisión y argumentación - límites de la autonomía e independencia judicial – No se
configuró.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia del 26 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que la Nación – Rama Judicial incurrió en defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y error judicial en el proceso de
reparación directa seguido por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro,
que concluyó con la declaración de la excepción de cosa juzgada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de agosto de 20121, los señores Martha Isabel Durán de Jaimes, Martha
Viviana, Claudia Patricia y César Alonso Jaimes Durán, y Álvaro, Carmen Cecilia,

1 Folios 11 – 47 del cuaderno 1.

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Elsa, Beatriz Castro y María Elena Rangel Castro, estos últimos actuando en
nombre propio y en representación de su madre Claudina Castro, presentaron
demanda de reparación directa, subsanada el 25 de septiembre siguiente 2, contra
la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente
responsable de los perjuicios ocasionados con la presunta morosidad judicial, error
judicial y violación al derecho al juez natural que se produjo en el trámite del proceso
de reparación directa con radicación 47001-33-31-004-2009-00301-01 incoado por
la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, en el cual, mediante sentencia
del 23 de junio de 2010, se declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.

Por lo anterior, solicitaron como indemnización por perjuicios materiales derivados
de la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, el reconocimiento del valor
correspondiente a las exequias, por concepto de daño emergente, y por concepto
de lucro cesante, la suma de dinero que su cónyuge e hijos dejaron de percibir
como consecuencia de su fallecimiento3. Asimismo, solicitaron el pago del daño
moral padecido, en cuantía de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMLMV) a favor de la cónyuge y de cada uno de sus hijos, y 500 SMLMV para
cada uno de sus hermanos.

Como sustento fáctico de las pretensiones, manifestaron que, para el 1º de agosto
de 2006, fecha en la que entraron en funcionamiento los juzgados administrativos,
el proceso de reparación directa incoado por la muerte del señor Ernesto Alonso
Jaimes Castro, que era de conocimiento del Tribunal Administrativo del
Magdalena, se encontraba al despacho para fallo, por lo que no debía ser remitido
a los juzgados administrativos, sino decidido en primera instancia por el Tribunal.

No obstante lo anterior, el 23 de abril de 2009, casi tres años después de la entrada
en funcionamiento de los juzgados administrativos, el Tribunal Administrativo del
Magdalena ordenó la remisión del expediente a dichos juzgados para que dictaran

2 La subsanación se centró en aclarar la estimación razonada de la demanda, informar sobre las

direcciones electrónicas de notificaciones, aportar copia de la solicitud de conciliación y allegar el
traslado de la demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Folios 54 – 68 del
cuaderno 1.
3 El monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante fue tasado en la demanda, de la siguiente

manera: (i) para Martha Isabel Durán de Jaimes, en su calidad de esposa, la suma de
$590’392.375,70; (ii) para Claudia Patricia Jaimes Durán, quien era menor de edad para el momento
de fallecimiento de su padre, la suma de $6’643.062,99; y (iii) para César Alonso Jaimes Durán,
quien igualmente era menor de edad al momento del fallecimiento de su padre, la suma de
$20’354.052,95.
2

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

sentencia de primera instancia. Aunque esa decisión fue impugnada, el Tribunal la
confirmó.

Mediante sentencia del 21 de enero de 2010, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños
y perjuicios ocasionados por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro.

Sin embargo, el 23 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena
revocó dicha decisión y declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, al
considerar que el asunto ya había sido resuelto en un proceso anterior de
reparación directa promovido por la misma familia, en el cual se había dictado fallo
a su favor, esto es, la sentencia del 23 de septiembre de 2009 proferida por el
Consejo de Estado.

Los demandantes explicaron que, en julio de 1997, presentaron dos demandas de
reparación directa de manera simultánea, con fundamento en el factor de
competencia territorial. La primera fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo
del Cesar, por los hechos relacionados con el secuestro del señor Jaimes Castro
ocurrido en ese departamento, en la cual solicitaron exclusivamente la
indemnización de perjuicios morales. La segunda fue presentada ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con ocasión del fallecimiento de aquel, en el
municipio de El Banco, donde fue sepultado como N.N. a orillas del río Magdalena,
en un paraje conocido como Mata de Caña, demanda en la que reclamaron tanto
perjuicios materiales como morales.

Sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en error judicial
al declarar la excepción de cosa juzgada, dado que entre ambos procesos no
existe identidad ni de causa ni de objeto, pues uno se originó en el secuestro, y el
otro, en la muerte del señor Jaimes Castro, y en cada caso se solicitaron
indemnizaciones distintas. Agregan que no existía obligación legal de acumularlas
en una sola demanda, y que, como consecuencia de esa indebida apreciación, no
han sido reparados integralmente, ya que los perjuicios derivados del asesinato no
han sido indemnizados.

De igual forma, alegaron que existió una mora injustificada en el proceso
relacionado con la muerte del señor Jaimes Castro, dado que, a pesar de haberse
3

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

radicado al mismo tiempo que el correspondiente al secuestro, la sentencia de
primera instancia fue proferida doce años después del fallo emitido en el primer
proceso. Esta dilación obedeció, entre otras razones, a que el Tribunal
Administrativo del Magdalena remitió el expediente a los juzgados administrativos
varios años después de que estos entraran en funcionamiento, en lugar de haber
proferido directamente la sentencia de primera instancia. Según los demandantes,
de haberse decidido primero el proceso relacionado con la muerte del señor
Jaimes Castro, habrían recibido una reparación más favorable, por cuanto en dicho
proceso se reclamaron tanto perjuicios materiales como morales.

Finalmente, argumentaron que el Tribunal Administrativo del Magdalena carecía
de competencia funcional para conocer el proceso en segunda instancia, puesto
que, al momento de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos,
el 1º de agosto de 2006, el expediente ya se encontraba al despacho para fallo,
inclusive, con pruebas decretadas de oficio desde 2004. Conforme al régimen
transitorio aplicable, el Tribunal debió fallar el proceso en primera instancia en lugar
de remitirlo a los juzgados. En consecuencia, no solo incurrió en error al declarar
la excepción de cosa juzgada, sino que además se arrogó una competencia que
no le correspondía.

2. El trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 1º de octubre de 20124, el cual fue notificado en debida forma a
la demandada5, quien presentó los siguientes planteamientos de defensa:

La Nación – Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones
bajo el argumento de que la sentencia cuestionada se encontraba ajustada a
derecho, por cuanto el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró de oficio la
excepción de cosa juzgada, al encontrar que ya existía una condena por los mismos
hechos puestos a su consideración. En consecuencia, propuso las excepciones de
ausencia de causa para demandar e inexistencia de daño antijurídico 6.

4 Folios 69 y 70 del cuaderno 1.
5 Folio 71 del cuaderno 1.
6Folios 72 – 77 del cuaderno 1.

4

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

2.2. Mediante auto del 14 de marzo de 20137, confirmado el 30 de mayo8 y
adicionado el 10 de octubre del mismo año9, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se declaró incompetente por razón del territorio y ordenó la remisión
del expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.3. No obstante, mediante fallo de tutela del 5 de junio de 2014, esta Corporación
dejó sin efecto las decisiones anteriores y ordenó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca continuar con el trámite del proceso, por considerarlo competente10.

2.4. Ante la pérdida del expediente, el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante auto del 14 de marzo de 2016, fijó fecha para realizar la audiencia de
reconstrucción del expediente prevista en el artículo 126 del CGP11.

2.5. Sin embargo, por solicitud de la parte actora12, mediante auto del 18 de mayo
de 2016, el Tribunal revocó dicha decisión y dispuso remitir las actuaciones al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que fuera este el que adelantara la
reconstrucción del expediente13.

2.6. A través de auto del 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca reconstruyó el expediente y fijó fecha y hora para la audiencia
inicial14.

2.7. En la audiencia inicial celebrada el 16 de noviembre de 2016, el Tribunal, una
vez saneado el proceso, procedió a la fijación del litigio15.

7 Folios 79 – 81 del cuaderno 1.
8 Folios 88 – 89 del cuaderno 1.
9 Folios 91 – 93 del cuaderno 1.
10 Folios 164 – 184 del cuaderno 3.
11 Folios 5 – 6 del cuaderno 2.
12 Folios 8 – 26 del cuaderno 2.
13 Folios 42 – 43 del cuaderno 2.
14 Folios 85 – 86 del cuaderno 2.
15 En esa oportunidad se dispuso: “5.3.) Escuchadas las partes, previamente a fijar el litigio, el
Despacho hará las siguientes precisiones:
5.3.1. De los hechos relacionados con el daño antijuridico denominado por el actor, como violación
al juez natural.
“a) Respecto al daño antijurídico relacionado con el derecho al juez natural, el demandante, lo
concreta en los siguientes dos aspectos: a) La remisión del proceso de reparación directa a los
Juzgados del Distrito del Magdalena y b) El hecho, de no conocer el Tribunal del Magdalena en
Primera Instancia, que conllevó en su criterio, que el H. Consejo de Estado no conociera de esta
actuación en segunda instancia”.
“b) Sobre este punto, debe el Despacho resaltar que la parte demandante, interpuso recurso
extraordinario de revisión, precisamente solicitando la nulidad de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en la causal 6 del artículo 188 del anterior
CCA., (Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
5

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

2.8. Posteriormente, mediante providencia del 7 de diciembre de 201716,
confirmada el 12 de julio de 201817, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación negó la solicitud de cambio de radicación interpuesta por la parte
actora y ordenó continuar el trámite ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2.9. En la audiencia inicial celebrada el 5 de septiembre de 2018, el Tribunal declaró
la nulidad de lo actuado los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2016, debido a la
acreditación de una enfermedad grave del apoderado judicial de la demandante.
En consecuencia, procedió nuevamente a la fijación del litigio18 y a la programación
de la audiencia de pruebas19.

Al momento de fijar el litigio, el Tribunal excluyó los hechos relacionados con la
presunta violación del derecho al juez natural, al considerar que no constituían un
punto en controversia. Esto, por cuanto las circunstancias fácticas y jurídicas
relacionadas con la remisión del proceso a los juzgados administrativos de Santa
Marta, ya habían sido analizadas por el Consejo de Estado al resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 23 de junio de 2010,

recurso de apelación); ese recurso extraordinario de revisión se fundamentó, precisamente en lo que
ahora reclama, como violación a su juez natural.
“c) El H. Consejo de Estado, mediante providencia de febrero 12 de 2014, resolvió: “DECLARAR
INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión, propuesto contra la sentencia de fecha 23 de
junio de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de
la demanda incoada, por Martha Isabel
Duran de Jaimes y otras, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional”.
“d) Por lo anterior, es claro para este Despacho, que la situación fáctica, al igual que los aspectos de
orden jurídico, relacionados en esta nueva demanda, con la remisión del proceso al Juzgado
Administrativo de Santa Marta y que el demandante, denomina como “violación del derecho a su
juez natural”, ya fue objeto de estudio por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo
que significa, que no puede hacer parte de la fijación del litigio en esta actuación procesal.
“En estricto sentido, quedan excluidos en consecuencia los hechos 1 a 12, que se relacionan con la
remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de Santa Marta.
“5.3.2. Por consiguiente, la fijación del litigio, se centrará en definir, los hechos relacionados con los
siguientes daños antijuridicos: a) la morosidad de la actuación judicial del Tribunal del Magdalena y;
b) los hechos relacionados con el error judicial imputado a la sentencia de fecha 23 de junio de 2010,
proferida igualmente por el Tribunal Administrativo del Magdalena”. Folios 110 – 113 del cuaderno
2.
16 Folios 208 – 218 del cuaderno 2.
17 Folios 310 – 315 del cuaderno 3.
18 En esa ocasión se excluyó del objeto del litigio los hechos relacionados con la presunta violación

del derecho del juez natural. Por tanto, se fijó el litigio en el siguiente sentido: “Escuchadas las partes,
se procede a fijar el litigio, el cual, en este caso se centra en los hechos 9 a 11 y 16 a 18, que guardan
relación con: a) la presunta morosidad de la actuación judicial del Tribunal Administrativo del
Magdalena y; b) el presunto error judicial contenido en la sentencia de segunda instancia proferida
el 23 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo de Magdalena. Igualmente será parte de la
fijación del litigio, lo relacionado con la demostración de los presuntos perjuicios sufridos por la parte
actora”.
19 Folios 226 – 230 del cuaderno 2.

6

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena20. Contra esta decisión no
se interpuso recurso alguno21.

2.10. Celebrada la audiencia de pruebas el 21 de septiembre de 2018 22, se
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y se dispuso la
presentación de alegatos de conclusión por escrito.

2.10.1. La Nación – Rama Judicial reiteró que no incurrió en error judicial ni en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, argumentando que la
declaración de cosa juzgada estuvo jurídicamente sustentada, y que el retraso en
el trámite tenía justificación. Además, afirmó que la parte actora incurrió en abuso
del derecho al haber acudido reiteradamente a acciones civiles, penales,
constitucionales, disciplinarias y ahora administrativas, con el propósito de obtener
un resultado contrario a derecho23.

2.10.2. La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y agregó que el
Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en error al considerar vinculante un
obiter dictum y, con base en este, declarar la excepción de cosa juzgada. Asimismo,

20 En esa oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que tales hechos no eran

objeto de litigio, por cuanto: “La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión,
contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativa del Magdalena,
solicitando su nulidad con fundamento en la causal 6 del artículo 688 del CCA "Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin a proceso y contra la que no procede recurso de apelación",
por considerar que el tribunal carecía de competencia para conocer el asunto en segunda instancia,
esto es, como tribunal de cierre, argumentando que al encontrarse el proceso al despacho para fallo,
no podía remitirlo a los Juzgados Administrativos. // Mediante providencia del 12 de febrero de 2014,
el H. Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, por considerar que
si bien se presentó una irregularidad en el proceso, consistente en la remisión del expediente a los
juzgados administrativos, comoquiera que las reformas legislativas producidas por las leyes 446 de
1998 y 957 de 2005, convirtieron el proceso en única instancia ante el Tribunal Administrativo, le
correspondía al Tribunal del Magdalena dictar la sentencia, pero no como juez de primera instancia
sino en única instancia”.
21 Dicha decisión se notificó por estrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 1437

de 2011, sin que la parte actora interpusiera recurso alguno dado que no asistió a la audiencia inicial.
Si bien el 6 de septiembre de 2018, la abogada María Ángela Fajardo Ruíz, quien manifestó actuar
como apoderada sustituta del representante judicial de la parte actora – Oscar Humberto Gómez
Gómez-, solicitó la interrupción del proceso y la nulidad de lo actuado, debido a una enfermedad
incapacitante (amigdalitis) que le impidió asistir a dicha diligencia (fls. 235 - 237 del cuaderno 2), la
cual fue negada por el Tribunal a quo durante la audiencia de pruebas y, posteriormente, el
apoderado principal de la parte actora reiteró la solicitud de nulidad procesal, argumentando que la
audiencia inicial se llevó a cabo pese a la configuración de una causal de interrupción del proceso
por enfermedad grave de la apoderada sustituta (fls. 1 – 21 del cuaderno 4); lo cierto es que,
mediante auto del 13 de diciembre de 2018, el Tribunal a quo negó dicha solicitud, por considerar
que la causal de interrupción solo podía ser presentada por el apoderado reconocido en el proceso
y que la afección alegada no tenía la connotación de enfermedad grave (fls. 28 - 30 del cuaderno 4).
Esta decisión fue confirmada el 25 de abril de 2019, cuando el Tribunal rechazó por improcedente el
recurso de súplica interpuesto por la parte actora (fls. 45 – 46 del cuaderno 4) y el 13 de junio
siguiente, cuando negó la solicitud de adición formulada frente a esta última decisión (fls. 62 – 63 del
cuaderno 4).
22 Folios 239 – 241 del cuaderno 2.
23 Folios 242 – 246 del cuaderno 2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

insistió en la responsabilidad del Tribunal por haber remitido el expediente a los
juzgados administrativos más de tres años después de su entrada en
funcionamiento, cuando ya se encontraba al despacho para fallo24.

2.10.3. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia
el 26 de noviembre de 2019, en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL por el error jurisdiccional cometido en la sentencia del 23 de
junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, a
pagar por concepto de pérdida de oportunidad, las siguientes sumas:

• A favor de la señora MARTHA ISABEL DURÁN DE JAIMES el equivalente a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• A favor de la joven MARTHA VIVIANA JAIMES DURÁN el equivalente a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• A favor de la joven CLAUDIA PATRICIA JAIMES DURÁN el equivalente a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• A favor del joven CÉSAR ALONSO JAIMES DURÁN el equivalente a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: Se fijan como agencias en derecho a favor de la parte actora y a
cargo de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, en la suma de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo).

CUARTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria de la
sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanente devuélvanse
al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9
del Acuerdo No 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.

Con respecto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado
de la presunta morosidad en el proceso de reparación directa relacionado con la
muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, el Tribunal concluyó que el retraso
no fue injustificado ni atribuible a actuaciones negligentes o arbitrarias de los
funcionarios judiciales, sino que obedeció al desarrollo propio del proceso.

24 Folios 276 – 292 del cuaderno 2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En cuanto al error judicial, consideró que el Tribunal Administrativo de Magdalena
erró al declarar de oficio la excepción de cosa juzgada en la sentencia del 23 de
junio de 2010, por cuanto no se cumplían los presupuestos estructurales de dicha
figura jurídica.

Sobre este punto, explicó que, independientemente de la técnica utilizada en la
demanda, en el proceso tramitado ante el Tribunal Administrativo del Cesar se
indicó expresamente que la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro no era
objeto del litigio, razón por la cual no se solicitaron perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante. En consecuencia, el daño antijurídico invocado en
cada proceso era distinto: en el primero, se reclamaba la reparación patrimonial
derivada del hurto del vehículo y el secuestro de la víctima, mientras que, en el
segundo, se pretendía la indemnización por su fallecimiento. Así, a pesar de que
existía identidad de partes y de causa petendi, no concurría identidad de objeto,
dado que las pretensiones formuladas eran diferentes.

El Tribunal precisó que el análisis realizado no constituía una instancia adicional ni
implicaba la nulidad de los efectos de la providencia cuestionada, por lo que no le
correspondía emitir una nueva sentencia sustitutiva, ni adelantar el estudio de fondo
sobre la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
por la muerte del señor Jaimes Castro, ni valorar los perjuicios reclamados en ese
proceso.

En lo atinente al daño indemnizable, el Tribunal reconoció que, si bien no es posible
determinar con certeza el sentido que habría tenido una eventual sentencia de
fondo, sí se frustró la posibilidad de los demandantes de acceder a una decisión
judicial respecto de sus pretensiones. Por tanto, se configuró un perjuicio autónomo
por pérdida de oportunidad, como único daño resarcible en el presente proceso,
ante la imposibilidad de definir técnicamente el grado de afectación sufrido con
ocasión del error judicial.

En consecuencia, condenó a la Rama Judicial al pago de cincuenta (50) SMLMV a
favor de cada uno de los demandantes que resultaron favorecidos inicialmente por
el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y que obran como

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

demandantes en esta acción, esto es, la cónyuge y los tres hijos del señor Jaimes
Castro, con fundamento en el principio de equidad y el arbitrio judicial 25.

4. Recursos de apelación

4.1. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, solicitando su revocatoria parcial y que, en su lugar, se disponga:
(i) el reconocimiento de los perjuicios que la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional habría debido indemnizar en la acción de reparación directa
promovida por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, a favor de todos
los demandantes, incluidos sus hermanos; (ii) la declaración de responsabilidad de
la Nación – Rama Judicial por defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia; y, (iii) la adopción de medidas de reparación por la violación de bienes
jurídicos y derechos constitucionalmente protegidos, incluyendo medidas no
pecuniarias, tales como la publicación de la sentencia en las carteleras del Ejército
Nacional y del Poder Judicial de Colombia, y la realización de un acto público de
desagravio a la familia de la víctima, con la presencia, como mínimo, del Ministro
de Defensa, el Comandante General del Ejército Nacional y el Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura.

Como fundamento de la apelación, la parte actora señaló que el Tribunal a quo
omitió pronunciarse sobre la responsabilidad atribuida a la demandada por la
dilación superior a tres años en la remisión del expediente a los juzgados
administrativos, lo cual impidió que el proceso con mayores pretensiones fuese
fallado con anterioridad al de menor contenido económico.

Sostuvo, además, que dicha dilación no solo evidenció un defecto en el
funcionamiento del aparato judicial, sino que también constituyó un error judicial,
manifestado en: a) la errónea consideración de que el expediente ingresó al
despacho para fallo cuando la Secretaría remitió al despacho las pruebas
decretadas en segunda instancia; y b) la indebida remisión del proceso a los
Juzgados Administrativos de Santa Marta, cuando correspondía al Tribunal
Administrativo del Magdalena dictar sentencia, según lo determinado en el recurso
extraordinario de revisión promovido contra la sentencia de segunda instancia que
declaró la excepción de cosa juzgada.

25 Folios 296 – 305 del cuaderno principal.

10

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Asimismo, indicó que la mora judicial era patente al comparar las fechas de las
sentencias de primera instancia proferidas en ambos procesos, por cuanto el
seguido ante el Tribunal Administrativo del Magdalena fue fallado casi doce años
después del tramitado ante el Tribunal Administrativo del Cesar.

En cuanto al análisis del error judicial, argumentó que no solo era inexistente la
identidad de objeto entre los procesos, sino que tampoco se configuraba la
identidad de causa petendi, pues uno versaba sobre el secuestro y desaparición
forzada, y el otro, sobre la muerte de la víctima.

Cuestionó, igualmente, que el Tribunal hubiera limitado el reconocimiento
indemnizatorio al perjuicio derivado de la imposibilidad de obtener una sentencia
de fondo. En su criterio, el juzgador debió analizar si, de haberse dictado sentencia
en el proceso promovido por la muerte del señor Jaimes Castro, esta habría sido
condenatoria, lo cual, a su juicio, se encontraba plenamente demostrado con base
en: (i) las pruebas del proceso que daban cuenta de que el Ejército Nacional,
actuando en ejercicio de sus funciones, se alió con una estructura criminal para
hurtar la carga transportada por la víctima y posteriormente asesinarla, ocultando
su cadáver como N.N.; (ii) la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Administrativo de Santa Marta, que fue condenatoria respecto de los mismos
hechos; y (iii) el reconocimiento de responsabilidad estatal en el proceso tramitado
por el secuestro y desaparición del señor Jaimes Castro, resultando contradictorio
absolver al Estado por su muerte cuando ya se había declarado su responsabilidad
por los hechos previos.

Finalmente, reprochó que el a quo no hubiera motivado la negativa al
reconocimiento de perjuicios a los hermanos de la víctima, en su calidad de tales o
como hijos de la madre del señor Jaimes Castro, a quien el Juzgado Administrativo
de Santa Marta sí reconoció indemnización en primera instancia. Asimismo, calificó
como manifiestamente insuficiente la indemnización reconocida, por lo que solicitó
una reparación integral acorde con la magnitud del daño sufrido26.

4.2. La Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque la sentencia de primera instancia, por considerar que no incurrió en
error judicial y, por ende, no es responsable del daño reclamado.

26 Folios 309 – 319 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Argumentó que el Tribunal a quo se limitó a examinar los aspectos procesales de
la cosa juzgada, sin efectuar un análisis de fondo sobre la naturaleza de las
pretensiones formuladas en cada proceso. En ese sentido, señaló que el Estado no
estaba obligado a indemnizar “la muerte” del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro
—que por las circunstancias en que se produjo correspondía a una ejecución
extrajudicial—, cuando ya había indemnizado a sus familiares por los hechos
constitutivos de “desaparición forzada”.

Explicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la “desaparición forzada” se configura cuando una persona es detenida
por agentes del Estado, se oculta su paradero, y finalmente es ejecutada, ocultando
su cadáver para impedir su identificación. Siendo este último elemento —la
imposibilidad de hallar o identificar el cuerpo— lo que la distingue de una ejecución
extrajudicial.

A partir de lo anterior, indicó que el proceso tramitado ante el Tribunal Administrativo
del Cesar, se fundamentó en la configuración de una “desaparición forzada”, por
cuanto, agentes del Ejército Nacional interceptaron y retuvieron ilegalmente al
señor Jaimes Castro sin informar sobre su paradero, lo que derivó en su muerte.
Este daño ya había sido indemnizado, y el posterior hallazgo del cuerpo no alteraba
la naturaleza jurídica del hecho inicialmente juzgado.

En ese sentido, sostuvo que no era posible reclamar una nueva indemnización bajo
la calificación de ejecución extrajudicial —como se pretendía en el proceso ante el
Tribunal Administrativo del Magdalena— pues ello implicaría un doble
reconocimiento por un mismo hecho generador, bajo dos tipificaciones jurídicas
excluyentes: desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Finalmente, solicitó que, en caso de mantenerse la condena, se ordenara
compensar los perjuicios ya reconocidos y pagados por la desaparición forzada del
señor Jaimes Castro, a fin de evitar una doble reparación27.

27 Folios 320 – 324 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Los anteriores recursos fueron concedidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 20 de octubre de 202028 y remitidos al Consejo de Estado para
su trámite mediante oficio del 31 de mayo de 202129.

5. Trámite en segunda instancia

En proveído del 22 de julio de 2021, esta Corporación admitió los recursos de
apelación30 y, el 24 de agosto siguiente, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera
concepto31.

En esta oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos esgrimidos en
sus respectivos recursos de apelación32, mientras que el Ministerio Público se
abstuvo de emitir concepto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.

Por su parte, el artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”,
cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición33, razón por la cual se concluye que esta

28 Folio 346 del cuaderno principal.
29 Folio 346 del cuaderno principal.
30 Folio 351 del cuaderno principal.
31 Folio 353 del cuaderno principal.
32 Folios 355 – 356, 358 – 371 del cuaderno principal.
33 La pretensión por concepto de lucro cesante solicitado a favor de la señora Martha Isabel Durán

de Jaimes, ascendió a $590’392.375,70. Para la fecha de presentación de la demanda -2012- 500
SMLMV equivalían a $283’350.000.
13

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Corporación es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra el fallo del a quo.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.

En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el
término de caducidad se computa a partir de la ejecutoria de la providencia de la
cual se predica el error, pues, desde ese momento, la víctima tiene conocimiento
del daño34; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a
la actuación judicial que le dio origen, el término de caducidad comienza a correr
desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se
manifiesta, dependiendo de las circunstancias del caso concreto35.

En ese mismo sentido, en eventos de defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, el cómputo de la caducidad de la acción debe contarse
a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la
acción u omisión causante del daño.

En el presente asunto se demandó a la Nación - Rama Judicial por el presunto
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, manifestado en la
morosidad injustificada en el trámite de la acción de reparación directa promovida
por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro (radicado 47001-33-31-004-
2009-00301-01), así como por el error judicial contenido en la sentencia de 23 de
junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que puso fin
a dicho proceso.

34 Al respecto consultar las siguientes decisiones: (i) sentencia del 30 de agosto de 2017, exp.
39.435; (ii) sentencia del 13 de junio de 2016, exp. 37.392; (iii) sentencia del 24 de octubre de 2016,
exp. 38.159; (iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, exp. 58.052; estas dos últimas con ponencia
del Magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 59.096 y sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 64.070,
C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
14

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Para efectos del cómputo del término de caducidad, se observa que la sentencia
del 23 de junio de 2010, cobró ejecutoria el 6 de julio del mismo año.

Así las cosas, el plazo para demandar a través del medio de control de reparación
directa fenecía inicialmente el 7 de julio de 2012. No obstante, dicho término se
suspendió en virtud de la solicitud de conciliación prejudicial el 3 de julio de 2012,
cuando restaban cinco días para que operara la caducidad, y la constancia de no
conciliación fue expedida el 14 de agosto de 201236, por lo que el plazo restante se
reanudó al día siguiente, fecha en la que fue radicada la demanda. En
consecuencia, se concluye que esta fue presentada de manera oportuna.

3. Legitimación en la causa

En punto a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los que se
depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en daños ocasionados por
la administración de justicia, la Sala precisa que quienes están legitimados para
acudir a reclamar el daño son aquellos que: (i) gozan de la calidad de parte – víctima
directa- en el proceso en que se reprocha un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia o que dio lugar a una providencia contentiva de un
supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la actuación u omisión de la administración de
justicia se proyecta como una afrenta a sus derechos de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva -víctimas indirectas-, por tener una relación con
el proceso judicial cuestionado, en tanto la sentencia y sus efectos están llamados
a ser oponibles y exigibles frente a ellos37.

Con este derrotero, ha de considerarse que los señores Martha Isabel Durán de
Jaimes, Martha Viviana, Claudia Patricia y César Alonso Jaimes Durán, así como
Álvaro, Carmen Cecilia, Elsa, Beatriz Castro y María Elena Rangel Castro, se
encuentran legitimados en la causa por activa, en su calidad de parte demandante
de la acción de reparación directa radicada bajo el número 47001-33-31-004-2009-
00301-01, promovida por “la muerte violenta del transportador Ernesto Alonso
Jaimes Castro, el abandono de su cuerpo sin vida a la intemperie, la angustia
derivada de su desaparición y el posterior hallazgo de su cadáver enterrado como

36 Según constancia proferida por la Procuraduría Sexta Judicial II Administrativa obrante al folio 69

del cuaderno 3.
37 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2022,

exp. 53.873, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, sentencia del 24 de abril de 2023,
exp. 56.673 y sentencia del 1º de diciembre de 2023, exp. 65.453, entre otras.
15

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

N.N., en hechos que tuvieron parcial ocurrencia en territorio del Departamento de
Magdalena”.

Es pertinente precisar que en dicho proceso fue reconocida como parte la señora
Claudina Castro, madre del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, quien falleció el
2 de julio de 2008, conforme consta en el registro civil de defunción obrante en el
expediente38. En consecuencia, quienes ostentan la calidad de herederos de la
señora Castro, esto son, sus hijos Álvaro, Carmen Cecilia, Elsa, Beatriz Castro y
María Elena Rangel Castro39, se encuentran legitimados en la causa por activa para
formular pretensiones a favor de la masa herencial con el objeto de recomponer el
patrimonio de la causante.

Por su parte, la Nación - Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, en tanto se le atribuye el daño alegado con fundamento en la mora judicial
y el error judicial señalados en el libelo introductorio.

4. Problema jurídico

De conformidad con los términos de los recursos de apelación, el análisis de la Sala
se centra en determinar si la Nación – Rama Judicial es responsable del daño
reclamado por la parte actora derivado del supuesto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia por la morosidad del proceso de reparación directa con
radicación 47001-33-31-004-2009-00301-01, promovido con ocasión de la muerte
del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro. En particular, se examinará si durante la
primera instancia se incurrió en una dilación injustificada tanto en la remisión del
expediente a los Juzgados Administrativos de Santa Marta como en la emisión de
la respectiva sentencia de primer grado.

Adicionalmente, corresponde establecer si en la sentencia del 23 de junio de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, se incurrió en error judicial,
al haberse declarado de oficio la excepción de cosa juzgada.

En caso de encontrarse demostrada la responsabilidad de la demandada,
corresponderá fijar el monto indemnizatorio, determinar si este debe reconocerse a

38 Folio 47 del cuaderno 1.
39 Tal como consta en los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 45 – 49 del cuaderno anexo

1.
16

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

la totalidad de los demandantes, y evaluar la procedencia de adoptar medidas de
reparación integral.

Por otra parte, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la
responsabilidad que se atribuye a la demandada por la supuesta violación al
derecho al juez natural, derivada de la falta de competencia funcional del Tribunal
Administrativo del Magdalena para conocer en segunda instancia de la referida
acción de reparación directa. Lo anterior, debido a que, si bien la parte actora
insistió en dicha imputación en su recurso de alzada, este aspecto fue
expresamente excluido durante la fijación del litigio en la audiencia inicial, decisión
que cobró firmeza al no haber sido objeto de cuestionamiento por las partes.

Sobre el particular, cabe recordar que “la etapa de fijación del litigio es la que
determina los temas que serán estudiados en la sentencia; de hecho, es tal su
importancia que aquélla condiciona las pruebas y la postura procesal que en
adelante adoptarán las partes como estrategia de defensa, y ello, de suyo, implica
que los sujetos procesales tienen la carga y el deber de velar para que dentro del
problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto de debate”40.

5. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación
en la adopción de decisiones judiciales

Como ruta para el análisis de los aspectos antes indicados, se debe recordar que
la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el
artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el
trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional
dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su
incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los
principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

Sobre el particular, el artículo 7 de la Ley 270 de 1996 estableció que la
administración de justicia debe ser eficiente, lo cual implica que los funcionarios y
empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su

40 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2022, exp. 27001-23-31-000-2019-

00062-02, acumulados: 27001- 23-31-000-2019-00065-00 27001-23-31-000-2019- 00076-00. C.P.:
Carlos Enrique Moreno Rubio.
17

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

cargo, sin sacrificio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la
competencia que les fije la ley.

En relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial
constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se precisa
que este título de atribución es una modalidad de responsabilidad aplicable de
forma residual, en tanto solo opera en supuestos fácticos distintos al error
jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad. Adicionalmente, la jurisprudencia
y la doctrina han señalado que el título de imputación aplicable, por regla general,
es la falla del servicio, por lo que corresponde al demandante, inicialmente,
acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional que se presente con
ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia.

Con base en dicho título de imputación, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que para establecer si el retardo de una decisión judicial está en la
base de un juicio de responsabilidad del Estado, se deben observar diversos
factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el
volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial,
así como las especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de factores
exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en
general, circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los
procesos y su duración, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una
administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un Estado
ideal41.

Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las
autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a
los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de
las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el

41 Al respecto, esta Corporación ha sostenido: “Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la

responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar
decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego
de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido
llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de
funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de
duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay
que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia
con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos
humanos y materiales disponibles para atenderla”. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de
25 de agosto de 2011, exp. 19.162, C.P. Hernán Andrade Rincón.
18

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

tiempo más allá de las previsiones legales, puede calificarse automáticamente
como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso
del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas
circunstancias ajenas al operador judicial, de ahí que deban analizarse las
condiciones particulares del servicio de administración de justicia, en concreto de
la entidad a cargo del respectivo proceso, de los despachos encargados de su
trámite, del tipo de proceso que se invoca como fundamento del petitum y de la
conducta de las partes, con el fin de constatar si la tardanza constituye o no un
defectuoso funcionamiento del servicio42.

En el presente asunto, la parte actora atribuye a la administración de justicia una
dilación indebida en el trámite de primera instancia de la acción de reparación
directa con radicación 47001-33-31-004-2009-00301-01, por considerar que fue
excesivo el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda, el 9 de mayo
de 1997, y la emisión de la sentencia de primera instancia, el 21 de enero de 2010.
Estima aún más reprochable la demora, porque el Tribunal Administrativo del
Magdalena habría tardado aproximadamente tres años en remitir el expediente a
los Juzgados Administrativos de Santa Marta, una vez se crearon y entraron en
funcionamiento. A juicio de los demandantes, esta dilación les causó un daño, dado
que, de haberse decidido primero el proceso relacionado con la muerte del señor
Jaimes Castro, habrían obtenido una reparación más favorable, debido a que, a
diferencia del proceso incoado por el secuestro, en ese trámite también se
solicitaron perjuicios materiales.

Previo a efectuar el estudio correspondiente, la Sala reseña, a partir de las piezas
documentales incorporadas al expediente, el trámite procesal que resulta pertinente
para resolver los cuestionamientos promovidos:

Fecha Actuación Folio
09/05/1997 Presentación de la demanda. 5 – 40
C. Anexo 1.
28/05/1997 Admisión de la demanda por parte del Tribunal 55 – 57
Administrativo del Magdalena. C. Anexo 1.
01/09/1997 Notificación de la demanda a la Nación – Ministerio de 67
Defensa – Ejército Nacional. C. Anexo 1.
09/09/1997 Fijación en lista. 68
C. Anexo 1.
12/09/1997 Contestación de la demanda. 69 – 70
C. Anexo 1.

42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 48.271, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

19/12/1997 Auto abre proceso a pruebas. 75 – 77
C. Anexo 1.
20/01/1998 Notificación por estado del auto de pruebas. 77
C. Anexo 1.
27/01/1998 Expedición de oficios Nos. 95 a 117 para la práctica de 78 – 108
pruebas y comisión al Tribunal Administrativo de C. Anexo 1.
Santander para la recepción de testimonios.
06/05/1998 Expedición de oficio No. 834 dirigido a la Corte Suprema 128 y 138
de Justicia para que remita copia del expediente penal. C. Anexo 1.
16/06/1998 Tribunal comisionado acepta impedimento de magistrada 237 – 238
y asigna diligencia al magistrado siguiente en turno C. Anexo 1.
24/06/1998 Oficio mediante el cual la CSJ remite el expediente – sin 131
decisión en sede del recurso extraordinario de casación. C. Anexo 1.
10/08/1998 Recepción del testimonio del señor Elio Rangel Paredes. 247 – 248
C. Anexo 1.
11/08/1998 Parte actora solicita la suspensión de los testimonios por 249 – 250
falta del cuestionario anexo a la demanda. C. Anexo 1.
13/08/1998 Suspensión de diligencias y fijación de nuevas fechas para 251 – 252
la recepción de testimonios. C. Anexo 1.
20/08/1998 Parte actora solicita que se requiera a las entidades 141 – 146
previamente oficiadas para que den respuesta a lo C. Anexo 1.
solicitado y la remisión del cuestionario para la práctica de
los testimonios.
21/09/1998 Constancia de inasistencia de la testigo María Eugenia 263
Amado de Caro y los apoderados C. Anexo 1.
27/09/1998 Recepción nuevamente del testimonio del señor Elio 264 – 269,
Rangel Paredes. C. Anexo 1.
28/09/1998 Constancia de inasistencia de la testigo Beatriz Moreno de 267
Barrios y los apoderados. C. Anexo 1.
13/10/1998 Constancia de inasistencia de la testigo Cecilia Sanabria y 268
los apoderados. C. Anexo 1.
19/10/1998 Recepción del testimonio del señor Nelson Villabona 269 – 271
Granados. C. Anexo 1.
26/10/1998 Recepción del testimonio del señor Jorge Enrique Mantilla. 276 – 278
C. Anexo 1.
27/10/1998 Constancia de inasistencia de la testigo Marina Guzmán de 279
Moreno y los apoderados. C. Anexo 1.
03/11/1998 Constancia de inasistencia de la testigo Isolina Ardila de 280
Ramírez y los apoderados. C. Anexo 1.
17/11/1998 Constancia de inasistencia de los testigos Ana Moreno de 281 - 282
Zapata y Evaristo Sarmiento y los apoderados. C. Anexo 1.
15/01/1999 El Tribunal comisionado fija nuevas fechas para la 283
recepción de los testimonios. C. Anexo 1.
01/03/1999 Recepción del testimonio de las señoras Beatriz Moreno 288 – 290,
de Barrios y Cecilia Sanabria de Rangel. 295 – 297
C. Anexo 1.
02/03/1999 Recepción del testimonio de la señora Eugenia Amado de 291 – 294
Caro. C. Anexo 1.
03/03/1999 Recepción del testimonio de la señora Ana Moreno de 298 – 302
Zapata. C. Anexo 1.
Constancia de inasistencia de los testigos Isolina Ardila de
Ramírez y Marina Guzmán de Moreno.
10/03/1999 Constancia de inasistencia del testigo Evaristo Sarmiento 304
y los apoderados. C. Anexo 1.
05/05/1999 Tribunal comisionado fija nueva fecha para recepción de 307
testimonio del señor Sergio Sepúlveda. C. Anexo 1.
21/06/1999 Parte actora insiste en requerimiento a jueces penales para 165 – 172
que alleguen sentencia de casación y su ejecutoria, por C. Anexo 1.

20

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

considerarla indispensable para la firmeza de la condena
penal.
01/07/1999 Recepción del testimonio del señor Sergio Sepúlveda. 309 - 310
C. Anexo 1.
29/07/1999 Tribunal Administrativo de Santander devuelve despacho 195 – 310
comisorio. C. Anexo 1.
04/02/2000 Parte actora aporta documentos provenientes de las 1 – 106
entidades militares oficiadas. C. Anexo 2.
08/02/2000 Cierre del Tribunal Administrativo del Magdalena para 312
14/02/2000 verificación de expedientes (Acuerdo No. 3) C. Anexo 1.
14/02/2000 Continuación del cierre del Tribunal Administrativo del 313
21/02/2000 Magdalena para verificación de expedientes (Acuerdo No. C. Anexo 1.
3)
11/04/2000 Auto que ordena cumplimiento del auto de pruebas – punto 314
7- y recepción del testimonio del señor Hugo Peláez C. Anexo 1.
mediante comisión.
22/11/2000 Parte actora devuelve despacho comisorio, informando 316 – 317
que ignora el nuevo domicilio del señor Hugo Peláez. C. Anexo 1.
27/08/2001 Parte actora solicita que el fallo que se emita le sea 362 – 366
notificado personalmente mediante comisión al Tribunal C. Anexo 1.
Administrativo de Santander, e insiste en oficiar a la Corte
Suprema de Justicia y a los jueces penales para que
remitan la decisión adoptada y la constancia de ejecutoria.
31/08/2001 Parte actora corrige el memorial anterior respecto del 367 – 368
juzgado penal a oficiar. C. Anexo 1.
23/05/2003 Fijación de audiencia de conciliación para el 10 de junio de 370
2003. C. Anexo 1.
04/06/2003 Ministerio de Defensa solicita aplazamiento de la 374
audiencia. C. Anexo 1.
09/06/2003 Magistrada del Tribunal en comisión de servicios. 375
10/06/2003 C. Anexo 1.
16/06/2003 Parte actora expresa falta de ánimo conciliatorio y solicita 317 – 319
la no celebración de la audiencia si no hay petición expresa C. Anexo 1.
de la contraparte.
18/07/2003 Parte actora advierte que no prosperó el recurso 380
extraordinario de casación y solicita que se requiera la C. Anexo 1.
constancia de ejecutoria de la sentencia penal
condenatoria.
22/09/2003 Ministerio de Defensa informa que el comité de conciliación 381
no autorizó conciliar, pide continuar trámite. C. Anexo 1.
22/06/2004 Expediente pasa al despacho, informa vencimiento del 385
período probatorio y que audiencia de conciliación fue C. Anexo 1.
infructuosa.
23/06/2004 Corre traslado a las partes para presentar alegatos de 386
conclusión. C. Anexo 1.
13/07/2004 Ministerio de defensa presenta alegatos. El actor no 387 – 389
presentó alegatos. C. Anexo 1.
25/08/2004 Decreto de prueba de oficio para verificar si existe cosa 392 – 393
juzgada respecto a los expedientes 3253 y 15.354 C. Anexo 1.
27/08/2004 Envío de oficios Nos. 4770 y 4771 para solicitar la 399 – 400
información anterior. C. Anexo 1.
08/10/2004 Recepción de certificación del Consejo de Estado 401
informado que el proceso 15.354 se encuentra en trámite C. Anexo 1.
para sentencia de segunda instancia desde el 26 de
febrero de 1999.
01/08/2005 Parte actora solicita emisión de fallo. Sostiene que la 403 – 410
demanda se refiere solo a la muerte del señor Ernesto C. Anexo 1.
Alonso Jaimes Castro, aspecto que no reclamó ante el TA
del Cesar.
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Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

07/10/2005 Anexa al expediente la certificación del Consejo de Estado. 402
C. Anexo 1.
18/10/2005 Parte actora reitera solicitud de emisión de fallo y allega 411 – 414
constancias y certificaciones de la justicia penal del Cesar. C. Anexo 1.
18/05/2007 Parte actora allega certificación expedida por la Secretaría 415 – 435
de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre causa C. Anexo 1.
petendi del exp. 15.354 y la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
03/04/2008 La demandante Martha Isabel Durán de Jaimes solicita al 436 – 437
despacho que profiera sentencia de primera instancia. C. Anexo 1.
23/04/2009 Auto que ordena remitir el expediente a los juzgados 438 – 440
administrativos de Santa Marta. C. Anexo 1.
15/05/2009 Parte actora interpone recurso de reposición contra la 450 – 458
decisión anterior. C. Anexo 1.
27/05/2009 Auto que decide no reponer. 461 – 462
C. Anexo 1.
05/06/2009 Parte actora solicita adición de la decisión anterior. 463 – 466
C. Anexo 1.
12/06/2009 Auto que niega la adición y ordena remitir expediente para 471 – 473
garantizar doble instancia. C. Anexo 1.
25/06/2009 Remisión del expediente a Juzgados Administrativos de 474
Santa Marta. C. Anexo 1.
30/06/2009 El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta avoca 107
conocimiento. C. Anexo 2.
30/09/2009 Despacho solicita información al Tribunal Administrativo 108
del Magdalena sobre la existencia de otro cuaderno de C. Anexo 2.
copias del proceso.
13/10/2009 Tribunal Administrativo del Magdalena responde que no 109
posee otro cuaderno de copias. C. Anexo 2.
15/10/2009 Expediente pasa al despacho para fallo. 110
C. Anexo 2.
21/01/2010 El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta profiere 111 – 116
Sentencia de Primera Instancia C. Anexo 2.
27/01/2010 Parte actora presenta recurso de apelación. 118 – 134
C. Anexo 2.
28/01/2010 El Ministerio de Defensa interpone recurso de apelación. 152
C. Anexo 2.
10/02/2010 Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta concede 156
los recursos de apelación interpuestos por las partes. C. Anexo 2.
05/03/2010 Traslado al Ministerio de Defensa para que sustente 158
recurso de apelación. C. Anexo 2.
19/03/2010 Admisión de los recursos de apelación. 171
C. Anexo 2.
09/04/2010 Corre traslado a las partes para presentar alegatos de 173
conclusión. C. Anexo 2.
14/05/2010 Expediente pasa al despacho para fallo. 226
C. Anexo 2.
23/06/2010 El Tribunal Administrativo del Magdalena profiere 227 – 230
Sentencia de Segunda Instancia. C. Anexo 2.

Con fundamento en el material probatorio previamente relacionado, la Sala
concluye que no se configuró la dilación injustificada alegada por la parte actora,
por cuanto si bien el trámite procesal se prolongó por un período de trece años,
dicha duración se encuentra razonablemente justificada en atención a la
complejidad de la práctica probatoria, la necesidad de decretar pruebas de oficio

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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

para verificar la existencia de cosa juzgada, y las dificultades estructurales del
sistema judicial, que impactaron directamente la dinámica del proceso.

En efecto, a lo largo de la actuación se adelantó el recaudo de más de veintiséis
pruebas documentales y testimoniales solicitadas por las partes43, lo que implicó la
participación de diferentes autoridades y entidades, entre ellas, se ofició a: el
Comando del Batallón La Popa del Ejército Nacional en Valledupar; el Comando
General del Ejército Nacional en Bogotá; el gerente de Copetrán en Bucaramanga;
la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalía de Valledupar -
Unidad de Reacción Inmediata, Fiscalías 14, 16 y 17; el Juzgado Promiscuo de
Chiriguaná (Cesar); la Procuraduría General de la Nación; el Comando Batallón La
Popa en Valledupar; la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena; el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Valledupar; el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el hospital La Candelaria de El
Banco; el Banco de la República; el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE); el Comando Batallón La Popa en Valledupar; el Comando
General del Ejército Nacional - Departamento de Personal en Bogotá; la
Superintendencia Bancaria; la Unidad Investigativa de Policía Judicial de El Banco;
la Notaría Única de El Banco; el periódico Vanguardia Liberal en Bogotá; el diario
El Espectador en Bogotá; el diario El Frente en Bucaramanga y el Batallón de
Artillería No. 2 de La Popa en Valledupar (Cesar)44.

43 Mediante auto del 19 de diciembre de 1997, el Tribunal Administrativo del Magdalena tuvo como

pruebas las aportadas por las partes y además ordenó la práctica de las solicitadas por la parte
actora en los numerales 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del acápite de pruebas,
estas fueron: “5. Informe oficial: se pedirá al Comando del Batallón La Popa, del Ejército Nacional,
Valledupar, y al Comando General del Ejército Nacional, Bogotá, informe oficial sobre los hechos
acaecidos entre los días 4 de marzo de 1995 y 6 de septiembre de 1995, en desarrollo de los cuales
se produjo la desaparición del transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro (…) // 7. Testimonios
sobre daños y perjuicios: se recibirá testimonio, mediante comisión al Tribunal Administrativo de
Santander a María Eugenia Amado de Caro (…), Hugo Peláez (…), Elio Rangel Paredes (…), Beatriz
Moreno de Barrios (…), Cecilia Sanabria (…), Nelson Villabona Granados (…), Jorge Mantilla (…),
Marina Guzmán de Moreno (…), Isolina Ardila de Ramírez (…), Ana Moreno de Zapata (…) y Evaristo
Sarmiento (…) // 8. Prueba de la relación laboral y los ingresos: se oficiará a la Gerencia de Copetrán
y se citará al socio de esa cooperativa de transportadores, señor Sergio Sepúlveda Ortiz (…) // 9.
Traslado expediente penal (…) adelantado contra persona civil y/o militar por el secuestro y homicidio
cometidos en la persona del transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro y el hurto del vehículo que
conducía (…) // 10. Traslado del expediente disciplinario. (…) contra el personal militar por los hechos
acaecidos en territorio de Cesar y Magdalena (…) // 11. Traslado expediente contencioso-
administrativo (…) por la muerte del otro transportador interceptado, secuestrado y asesinado en el
marco de estos mismos hechos, señor Jesús María Durán Bueno (…) // 12. Informe sobre la captura
(…) de los individuos comprometidos en el homicidio (…) y hurto (…) // 13. Autopsia (…) // 14. Precio
del oro (…)15. I.P.C. (…) // 16. Hoja de vida (…) de los militares implicados (...) // 17. Supervivencia
(…) tablas de supervivencia probables vigentes (…) // 18. Acta de levantamiento de cadáver (…) //
19. Certificado de defunción (…) // 21. Informes de prensa”; así como la solicitada por la parte
demandante relativa a establecer si miembros del Ejército Nacional participaron en los hechos.
44 Folios 78 – 106 del cuaderno anexo 1.

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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Este amplio y exigente ejercicio probatorio demandó una gestión judicial que,
inevitablemente, implicó una considerable inversión de tiempo. A ello se suma que,
en diversos momentos, la parte actora manifestó inconformidad con las respuestas
emitidas por las autoridades militares a los oficios librados por el despacho judicial,
razón por la cual, el 4 de febrero de 2000, allegó directamente al expediente varios
documentos emitidos por dichas entidades, con el fin de sustentar y precisar la
participación de miembros del Ejército Nacional en los hechos objeto de la
demanda.

De igual forma, la etapa probatoria exigió la remisión de despacho comisorio al
Tribunal Administrativo de Santander para la recepción de los doce testimonios
decretados, lo que produjo dilaciones significativas en el trámite. Estas demoras
obedecieron, principalmente, a la reiterada inasistencia de testigos y apoderados,
tal como se evidenció en múltiples oportunidades entre los años 1998 y 1999,
situación que forzó la reprogramación constante de las diligencias. La práctica de
estos testimonios concluyó finalmente el 22 de noviembre de 2000, fecha en la cual
la parte actora desistió de la declaración del señor Hugo Peláez, ante la
imposibilidad de ubicar su nuevo domicilio, lo que obstaculizó su citación y
comparecencia efectiva.

Asimismo, la prolongación del proceso encuentra sustento en la naturaleza misma
del asunto debatido, en tanto se trata de una acción de reparación directa derivada
de hechos constitutivos de responsabilidad civil extracontractual del Estado ex
delicto, esto es, originada en la comisión de delitos por parte de agentes estatales.
En estos eventos, la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado
está condicionada, en buena medida, al desarrollo y resultado del proceso penal,
pues la sentencia condenatoria que en este se profiera constituye un elemento
esencial para estructurar el juicio de imputación civil, al permitir establecer de forma
fehaciente la ocurrencia del hecho punible, su autoría y la vinculación de agentes
estatales.

En el caso concreto, la sentencia penal condenatoria proferida contra varios
miembros del Ejército Nacional por los delitos de hurto, secuestro y homicidio, no
adquirió firmeza de manera inmediata debido a la interposición de un recurso
extraordinario de casación, circunstancia que generó un retraso inevitable en la
consolidación de los elementos de juicio requeridos para avanzar hacia una
decisión de fondo en el proceso contencioso-administrativo.
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Dentro de este contexto, la actividad probatoria desplegada en el proceso de
reparación directa tuvo como propósito esencial la obtención de piezas procesales
provenientes de la actuación penal, en particular la sentencia condenatoria y su
constancia de ejecutoria, documentos que fueron solicitados de manera reiterada
por la parte actora, quien instó en varias oportunidades a que se requiriera tanto a
la Corte Suprema de Justicia como a los juzgados penales competentes, a efectos
de que remitieran dicha documentación. Sobre este punto, se encuentra probado
en el expediente que solo hasta el 18 de julio de 2003 se tuvo conocimiento de que
el recurso extraordinario de casación interpuesto contra dicha sentencia no había
prosperado. Con todo, se colige que la necesidad de contar con dicha información,
imprescindible para el análisis integral de la responsabilidad del Estado, incidió de
manera significativa en la extensión de la etapa probatoria.

Aunado a lo anterior y comoquiera que la parte actora guardó silencio frente a este
aspecto, en el año 2004 el despacho judicial advirtió la posible conexidad o
duplicidad del asunto con los procesos tramitados bajo los expedientes 3253 y
15.354, circunstancia que hizo necesario el decreto y práctica de pruebas de oficio
con el fin de verificar la existencia de cosa juzgada. Esta actuación generó una
nueva extensión del trámite, al requerirse las certificaciones respectivas por parte
de las autoridades judiciales competentes, siendo relevante destacar que la
documentación idónea para tales efectos solo fue aportada al expediente el 5 de
octubre de 2005 y 18 de mayo de 2007, fecha esta última en la que la parte actora
allegó una certificación expedida por la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la que se precisaron las partes, el objeto y la causa petendi
del proceso 15.354, así como la sentencia de primera instancia dictada en aquél.

Además de las circunstancias asociadas a la práctica probatoria, también se
identifica como razón justificante de la extensión del trámite procesal, la decisión
de remitir el expediente a los juzgados administrativos de Santa Marta adoptada en
el año 2009, con fundamento en una interpretación sobre la competencia funcional
orientada a garantizar el principio de doble instancia45. Esta determinación —cuyo

45 El 23 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que, mediante el Acuerdo

No. PSAA06-3321 del 9 de febrero de 2006, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura creó los circuitos judiciales administrativos en todo el territorio nacional, y que,
posteriormente, por medio del Acuerdo No. PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, se adoptaron las
medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos, los cuales
iniciaron operaciones el 1º de agosto de 2006. En atención a dicha reorganización de la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, se
produjo un cambio en la asignación de competencias, razón por la cual el Tribunal ordenó la remisión
del expediente a los Juzgados Administrativos de Santa Marta, al considerar que, por razón de la
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acierto no corresponde valorar en esta sede46—, dio lugar a una nueva fase del
proceso, sin que ello representara una dilación desproporcionada o injustificada.

En efecto, la remisión del expediente trajo consigo actuaciones necesarias como la
reasignación del despacho y el análisis integral del expediente por parte del nuevo
juzgador. No obstante, dichas gestiones no postergaron indebidamente la adopción
de las decisiones judiciales, como lo evidencia el hecho de que el traslado fue
ordenado el 25 de junio de 2009, la sentencia de primera instancia fue proferida el
21 de enero de 2010 y la de segunda instancia se dictó el 23 de junio del mismo
año. Lo anterior refleja una actuación diligente y razonable por parte de la
administración de justicia frente a las circunstancias del caso, que culminó con la
emisión de las sentencias de primera y segunda instancia en un plazo inferior a un
año.

De todas formas, conviene precisar que la dilación en el trámite de la acción de
reparación directa cuestionada, en especial, en la remisión del expediente a la
autoridad que se consideró competente, encuentra parte de su justificación en las
dificultades estructurales históricas del sistema judicial colombiano, especialmente
en la jurisdicción contencioso-administrativa, caracterizada por una alta congestión,
escasez de despachos judiciales y sobrecarga laboral en los tribunales.

cuantía —pues la pretensión mayor no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes—, el conocimiento del proceso correspondía a estos últimos (folios 438 – 440 del cuaderno
anexo 1).
Inconforme con la decisión de remitir el expediente, la parte actora interpuso recurso de apelación,
argumentando que el proceso se encontraba al despacho para fallo desde el 23 de junio de 2004,
por lo que, a su juicio, el Tribunal conservaba la competencia para proferir sentencia en única
instancia, conforme a lo dispuesto en la Ley 954 de 2005 (folios 441 – 449 del cuaderno anexo 1).
No obstante, mediante auto del 27 de mayo de 2009, el Tribunal Administrativo del Magdalena
resolvió no reponer la decisión, al considerar que el expediente solo fue enviado al despacho para
fallo el 23 de mayo de 2007, una vez culminado el trámite probatorio derivado del decreto de pruebas
para mejor proveer (folios 461 – 462 del cuaderno anexo 1).
Posteriormente, el 5 de junio de 2009, la parte actora solicitó la adición del auto que resolvió la
reposición (folios 463 – 466 del cuaderno anexo 1). Dicha solicitud fue rechazada mediante
providencia del 12 de junio del mismo año, oportunidad en la que el Tribunal sostuvo que la remisión
del expediente, se realizaba con el fin de garantizar el derecho a la doble instancia (folios 471 – 473
del cuaderno anexo 1).
46 Sin perjuicio de lo advertido en el acápite de definición del problema jurídico, se resalta que en el

marco del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la sentencia de
segunda instancia, con fundamento en la causal sexta del artículo 188 del CCA, esto es, por
considerar que se configuró una nulidad procesal originada en la falta de competencia funcional
derivada de la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Santa Marta (folios 1 – 19
del cuaderno anexo 3), se encuentra acreditado que mediante sentencia del 12 de febrero de 2014,
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso. Lo anterior, por estimar que,
si bien se evidenciaba una irregularidad en la remisión del expediente, dicha circunstancia no vulneró
el derecho sustancial de los demandantes, por cuanto estos obtuvieron un pronunciamiento judicial,
garantizándose el acceso a una decisión de primera y segunda instancia, sin que su derecho de
acceso a la administración de justicia resultara menoscabado (folios 116 – 132 del cuaderno anexo
3).
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Estas deficiencias fueron ampliamente reconocidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, lo cual motivó la creación de los Juzgados Administrativos mediante el
Acuerdo PSAA06-3321 de 2006, como respuesta institucional para
descongestionar los Tribunales Administrativos, garantizar el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia, y mejorar los tiempos de respuesta judicial.

Este contexto estructural se refleja en el presente caso, que debió ser tramitado
inicialmente ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, instancia que
acumulaba funciones de única y primera instancia, lo que conllevó a demoras en la
práctica de pruebas, en la obtención de documentos de entidades oficiadas, y en el
impulso procesal, mediante la adopción de decisiones como el decreto oficioso de
pruebas o la remisión del expediente a la autoridad competente, ante la evidente
carga de trabajo que enfrentaba dicho órgano jurisdiccional.

La complejidad del proceso, sumada a las limitaciones estructurales de los
tribunales para atender con celeridad todas las actuaciones requeridas, impide
concluir que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por dilación injustificada. Esta conclusión se refuerza al observar que el
trámite de la acción de reparación directa aquí cuestionada no excedió el promedio
de duración de este tipo de procesos.

Ciertamente, al comparar la duración de las acciones de reparación directa
promovidas de manera simultánea por la parte actora el 9 de mayo de 1997 —una
ante el Tribunal Administrativo del Cesar y otra ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena—, ambas fundadas en los mismos hechos que vulneraron los bienes
jurídicos tutelados del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, se constata que,
contrario a lo afirmado por los demandantes, no existió una diferencia temporal
desproporcionada entre uno y otro proceso. Así, mientras la sentencia de segunda
instancia proferida en el caso tramitado en el Cesar se dictó el 23 de septiembre de
200947, en el presente asunto —radicado ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena— la decisión de segunda instancia se emitió el 23 de junio de 2010,
pese a haberse surtido en este último un trámite adicional de remisión del
expediente, como ya se explicó.

47 Folios 251 – 275 del cuaderno 2.

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Es pertinente señalar que la comparación propuesta por la parte actora no puede
restringirse únicamente a la fecha de emisión del fallo de primera instancia, pues el
proceso se desarrolló en dos instancias y solo puede considerarse concluido una
vez se produjo la ejecutoria de la decisión definitiva.

Conforme a lo expuesto, para la Sala resulta evidente que la duración de la acción
de reparación directa adelantada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena se
encuentra razonablemente justificada en los distintos elementos ya señalados, lo
cual hace improcedente la declaratoria de responsabilidad bajo el título de
imputación invocado, máxime cuando, para la prosperidad de las pretensiones, no
basta con la simple afirmación de la prolongación de una etapa procesal. Tal
circunstancia, por sí sola, no puede calificarse automáticamente como irrazonable,
dado que dicho título de atribución exige acreditar, en cada caso, la existencia de
una dilación arbitraria e injustificable atribuible a la autoridad judicial.

De hecho, el análisis objetivo del trámite procesal permite concluir que su duración
no excedió de manera injustificada los estándares razonables, ni configura un
funcionamiento anormal de la administración de justicia. Por el contrario, el tiempo
empleado obedeció a factores tales como la complejidad del acervo probatorio, la
necesidad de allegar información de múltiples entidades públicas y privadas, las
dificultades para la comparecencia de testigos, la dependencia del resultado del
proceso penal, la práctica de pruebas de oficio, la remisión del expediente a los
juzgados administrativos de Santa Marta y, finalmente, las limitaciones
estructurales que históricamente han afectado a la jurisdicción contencioso-
administrativa, las cuales, en conjunto, justifican razonablemente el tiempo
transcurrido.

Estas circunstancias, lejos de evidenciar negligencia o desidia por parte de los
operadores judiciales, reflejan una gestión procesal condicionada por restricciones
institucionales y por la complejidad del asunto debatido. En consecuencia, se
impone confirmar, en este aspecto, la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

6. La responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de error judicial

Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de
la Sala, se precisa que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
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Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado, estableciendo para
el efecto que: “El Estado deberá responder patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus
agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que
fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada
en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende
todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la
función de impartir justicia.

En este escenario, el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de
responsabilidad del Estado, plantea un vínculo con el derecho de acceso a la
administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración
implica la vulneración o lesión de dichos derechos48 a través del ejercicio
abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que

48 Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de

acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio
del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando
se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho
procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013].
De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable
para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento
de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se
garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que
sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para
que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se
protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra enunciado en el derecho
positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo
cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas
convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un
derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas
garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione.
Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de
igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e
imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el
fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogando como un
derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a
su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[
Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia
administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
29

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar
si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio
de los mencionados derechos49.

De conformidad con los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el error judicial
se predica de las providencias contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que la
decisión se encuentre en firme y que el afectado hubiera interpuesto los recursos
ordinarios de ley, último requisito que de no cumplirse configura la causal eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Conviene precisar que el error judicial tiene su génesis en una decisión contraria y/o
violatoria de la ley, de ahí que puede acaecer por la configuración de dos supuestos,
esto es, el error de hecho y el de derecho, entendidos estos como causales
específicas que fundamentan el error jurisdiccional y sobre las cuales se estudiará
el título de imputación, sin que sea necesario invocarlos directamente, pues basta
con que el juez de instancia pueda interpretarlos a partir de una valoración integral
de la demanda, siempre y cuando aparezcan de manera clara, precisa y estén
debidamente argumentados50.

Así, cuando se trate de un error de derecho se deberá establecer, por lo menos, un
señalamiento de las normas que se consideran como transgredidas y una
explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Por su parte, en lo
que concierne al error de hecho, se deberá explicar cuáles fueron las pruebas sobre
las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se violó la ley.

49 Así lo ha sostenido esta Subsección, entre otras, en las sentencias de 30 de julio de 2021, exp.

52.026; 11 de octubre de 2021, exp. 52.270; y 7 de diciembre de 2021, exp. 47.988, con ponencia
del magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
50 Sobre el particular, esta Subsección ha indicado que las cargas de claridad, precisión y debida

argumentación que le permiten a la parte actora demostrar que existe una imputación de tipo jurídico
a la demandada, comprenden los siguientes aspectos:
“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas las
acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto
de violación esté determinado o sea determinable.
“La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la decisión y refutarlas, ya que
de no ser un argumento nodal de la decisión que se estima causó un daño, la reparación directa
sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado,
entonces, un daño antijurídico.
“La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en las consideraciones
que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la precisión, para efectos de que
opere el error jurisdiccional”.
Se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia del 20 de noviembre de
2019, expediente 43.042, del 12 de diciembre de 2019, del 10 de septiembre de 2020, expedientes
45.602, 44852 y 55.004.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En efecto, la fundamentación de las causales para cimentar el error judicial exige
demostrar los yerros cometidos por el juzgador en la providencia que se acusa
causante del daño antijurídico, el cual pudo haber comprometido la legalidad de la
decisión cuestionada tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (in
judicando) como las relativas al derecho procesal (in procedendo) y que, de todos
modos, tendrían que tener entidad suficiente para haber hecho mutar la decisión
que tomó, pues los yerros que se invoquen deben ser inexcusables e injustificables
y deben surgir de una conducta carente de fundamento objetivo, que vulnere los
derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el derecho de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

Lo anterior, sin que las diferencias en la interpretación sean pasibles de reclamo,
pues el error judicial debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía
funcional del juez, a quien por mandato constitucional se le otorga libertad para
interpretar los hechos que se someten a su consideración, y, asimismo, aplicar las
normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del
respectivo conflicto jurídico (artículo 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte
contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo
ha precisado la Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no
da lugar a exigir una respuesta unívoca e inequívoca del fallador51.

En esa misma dirección, esta Subsección52 ha considerado que para romper con la
presunción de legalidad, y más que esta, de legitimidad que ampara a las decisiones
judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro
en la decisión, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar
el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la
ratio decidendi del pronunciamiento53, pues de lo contrario la providencia todavía se
mantendría incólume, configurándose una carencia demostrativa de la imputación
jurídica de la demanda, lo que conduciría a un fallo denegatorio de pretensiones.

Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a desvirtuar
la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no de manera
inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos, cuya

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp.

39.969.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019,

expediente 45.602.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674.

C.P.: María Adriana Marín.
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida
por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del
juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación directa por
error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva
del error.

Por lo mismo, es dable recordar que el error judicial no constituye una vía alternativa
o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto
ordinario, pues la labor del juez de lo contencioso administrativo debe limitarse a la
verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique
adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a emitir pronunciamientos acerca de
si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial o a confirmar,
modificar o revocar la providencia judicial cuestionada, pues en este campo la
acción del juez de la responsabilidad está vedada.

Conforme a lo expuesto, la Sala abordará el yerro aducido en relación con la
sentencia del 23 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que en su parte resolutiva revocó en su integridad la sentencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada. Este análisis se desplegará
bajo el título de imputación jurídica de error judicial, en tanto el daño que reclama
el actor subyace en una falla en el servicio proveniente del supuesto error contenido
en la anotada providencia y de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente dicha decisión se encuentra en firme.

Con ese propósito, se parte por recordar que, tanto en el escrito de demanda como
en el recurso de apelación, la parte actora insiste en la existencia de un yerro en la
sentencia acusada, por considerar que no se cumplieron los requisitos de identidad
de causa petendi y objeto para declarar la excepción de cosa juzgada, toda vez que
un proceso se originó en el secuestro y otro en la muerte del señor Ernesto Alonso
Jaimes Castro, formulándose en cada uno pretensiones indemnizatorias distintas.
Por su parte, la entidad demandada niega la configuración de dicho yerro, por
considerar que un análisis de fondo sobre la naturaleza de las pretensiones permite
concluir que la indemnización reconocida por la “desaparición forzada” del señor
Jaimes Castro —hecho que culminó con su muerte—, ya comprendía dicha
circunstancia, independientemente de que el hallazgo e identificación del cadáver
permita calificar los hechos como una “ejecución extrajudicial”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En el presente caso, se encuentra acreditado que, con fundamento en los hechos
relacionados con la desaparición, secuestro y posterior asesinato del señor Ernesto
Alonso Jaimes Castro, el 9 de mayo de 1997, sus familiares, Martha Isabel Durán
de Jaimes (esposa), Martha Viviana, Claudia Patricia y César Alonso Jaimes Durán
(hijos), Claudina Castro (madre), Juan Isidro Rangel Paredes (padrastro), Álvaro,
Beatriz, Carmen Cecilia, Elsa Castro y María Elena Rangel Castro (hermanos)
presentaron dos demandas de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, una ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena y la otra ante el Tribunal Administrativo del Cesar, con las pretensiones
y hechos que se transcriben a continuación54:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
MAGDALENA DEL CESAR
PRETENSIONES “Declaraciones: LA NACIÓN-MINISTERIO “Declaraciones: LA NACIÓN
DECLARATIVAS DE DEFENSA NACIONAL (Ejército MINISTERIO DE DEFENSA
Nacional) es administrativamente NACIONAL (Ejército Nacional)
responsable de la totalidad de los daños y es administrativamente
perjuicios de todo orden ocasionados a los responsable de la totalidad de
demandantes a consecuencia de la muerte los daños y perjuicios de todo
violenta del transportador ERNESTO orden ocasionados a los
ALONSO JAIMES CASTRO, el abandono demandantes a consecuencia de
de su cuerpo sin vida a la intemperie, la la interceptación y atraco, en la
angustia derivada de su desaparición y el carretera al mar, entre Pelaya y
posterior hallazgo de su cadáver enterrado Pailitas (Cesar), de que fue
como N.N., en hechos que tuvieron parcial víctima el transportador
ocurrencia en territorio del Departamento ERNESTO ALONSO JAIMES
de Magdalena en el marco de oscuras y CASTRO, su despojo del
complejas circunstancias que, para hacer automotor que conducía, su
claridad, se exponen a continuación: secuestro y conducción por
territorio del Cesar hasta límites
“Se estableció, meses después de su de este departamento y el vecino
muerte, que ERNESTO ALONSO JAIMES departamento del Magdalena, el
CASTRO había sido interceptado en la ocultamiento de la información
carretera al mar, entre Pelaya y Pailitas por parte de militares orgánicos
(Cesar), secuestrado y conducido hasta el del Batallón La Popa, con sede
corregimiento Matecaña, comprensión en Valledupar, quienes no sólo
municipal de El Banco (Magdalena), y conocían lo ocurrido, sino que
asesinado allí, todo ello con el fin de habían tomado parte activa en el
hurtarle la carga de Leche Klim que llevaba desarrollo de los hechos, y la
a bordo del tractocamión de placas terrible angustia que hubieron de
XKG597 de la empresa Copetrán, hechos vivir sus seres queridos a
cometidos por personal militar activo del consecuencia del silencio
Batallón La Popa (Valledupar) y personal militar”.
civil debiéndose precisar que la muerte del
transportador sólo quedó al descubierto el
día 6 de septiembre de 1995, cuando en
diligencia de exhumación y reconocimiento
del cadáver de un N.N., practicada por la
Fiscalía 14 de Valledupar en el cementerio

54 La información se extrae de la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena

(folios 5 a 40 del cuaderno anexo 1), la certificación expedida el 28 de marzo de 2007 por la
Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con las partes, objeto y causa
petendi del expediente 15.354, cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Cesar (folios 422 – 424 del cuaderno anexo 1), y la sentencia del 23 de septiembre
de 2009, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado en el expediente 15.354 (folios
251 – 275 del cuaderno 2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

de El Banco (Magdalena), la señora
MARTHA ISABEL DURAN DE JAIMES
identificó el cuerpo del desconocido como
el de su esposo, ERNESTO ALONSO
JAIMES CASTRO, desaparecido desde el
4 de marzo de 1995, cuando partió de
Valledupar hacia Bogotá en un
tractocamión de la empresa Copetrán,
cargado de Leche Klim. El N.N. había sido
hallado a orillas del Rio Magdalena en el
corregimiento Matecaña comprensión
municipal de EI Banco (Magdalena). La
autoría de los hechos en cabeza de
personal militar se precisó con
posterioridad, al perfeccionarse las
investigaciones penales. La investigación
determinó que el crimen se consumó en el
corregimiento Matecaña, Municipio de El
Banco (Magdalena)”
PRETENSIONES “DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES: “DAÑOS Y PERJUICIOS
DE CONDENA MATERIALES
“Daño emergente:
“Daño emergente:
“LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL (Ejército Nacional) pagará a los “LA NACIÓN – MINISTERIO DE
demandantes la indemnización por daño DEFENSA NACIONAL (Ejército
emergente que corresponda, en la cuantía Nacional) pagará a los
que se demuestre en el curso del proceso, demandantes la indemnización
que resulte de la aplicación del Art. 107 del que corresponda por daño
Código Penal (Decreto 100 de 1980), o de emergente, en la cuantía que se
la liquidación posterior a la sentencia establezca en el curso del
genérica. proceso.

“Este perjuicio está dado por el costo total “Este daño está dado por el
de los viajes que la familia demandante costo total de los viajes que la
hubo de hacer a territorio del departamento familia actora hubo de realizar
de Magdalena en procura de determinar el fuera de Bucaramanga, en
sitio preciso donde había sido sepultado el procura de determinar el
desaparecido occiso y su exhumación y paradero del transportador
traslado desde El Banco (Magdalena) a desaparecido. Estimo este
Bucaramanga, ciudad donde recibió perjuicio, hasta la demanda, en
cristiana sepultura. DIEZ MILLONES DE PESOS
($10.000.000).
“Estimo el perjuicio en la suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10'000.000). “Expresamente solicito su
En todo caso, el cálculo del daño indexación o actualización con
emergente se efectuará mediante la base en los i.p.c. certificados por
aplicación de la fórmula de matemática el DANE.
financiera adoptada por el Consejo de
Estado (...). “DAÑOS Y PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES:
“Lucro cesante:
“Daño moral subjetivo: LA
“LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIÓN-MINISTERIO DE
NACIONAL (Ejército Nacional) pagará a los DEFENSA NACIONAL (Ejército
demandantes MARTA ISABEL DURAN DE Nacional) por concepto de
JAIMES, MARTHA VIVIANA JAIMES compensación por daño moral
DURAN, CLAUDIA PATRICIA JAIMES subjetivo, pagará a cada uno de
DURAN y CESAR ALONSO JAIMES los actores TRES MIL GRAMOS
DURAN la indemnización por lucro cesante DE ORO FINO, al precio de
que corresponda, según lo que se venta correspondiente a la fecha
establezca en el proceso. del evento dañoso actualizado a
la fecha de ejecutoria del fallo
“Para su liquidación, se tomará en cuenta mediante la aplicación del i.p.c.,
un ingreso mensual equivalente a o al precio de venta
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000). correspondiente a la
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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mencionada fecha de ejecutoria,
“Estimo ese perjuicio en TREINTA Y según la opción que resulte más
CINCO MILLONES DE PESOS favorable para los
($35.000.000) hasta la fecha de la damnificados.(…)”
demanda (indemnización vencida, debida o
consolidada) de conformidad con el art 20, “La tasación se hará teniendo en
nums 1 T 2 del C de P.C. pues únicamente cuenta la multiplicidad de hechos
han transcurrido 25 meses desde la fecha dañosos que tuvieron escenario
de los hechos. en el departamento del Cesar
(interceptación del automotor,
“Pero la liquidación total y definitiva del atraco, robo del vehículo y su
lucro cesante, es decir, contando no sólo la carga, secuestro del
indemnización vencida, debida o transportador, conducción por
consolidada entre la fecha de los hechos y territorio del Cesar hasta límites
la fecha de la demanda, sino también la del departamento y el del
futura o anticipada, o sea, la transcurrida Magdalena, ocultamiento de la
entre la fecha de la demanda y el fin de la información sobre lo acaecido
dependencia económica se efectuará por parte del personal militar
aplicando las siguientes fórmulas de orgánico del Batallón La Popa
matemáticas financieras, adoptadas por la partícipe de los hechos, y la
jurisprudencia del Consejo de Estado (...). inenarrable angustia, que se
prolongó durante varios meses,
“DAÑOS Y PERJUICIOS padecida por los demandantes a
EXTRAPATRIMONIALES: consecuencia de la reticencia
militar a indicar lo ocurrido”.
“Daño moral subjetivo: LA NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(Ejército Nacional), por concepto de
compensación por daño moral subjetivo,
pagará a cada uno de los actores TRES
MIL GRAMOS DE ORO FINO, al precio de
venta correspondiente a la fecha del evento
dañoso actualizado a la fecha de ejecutoria
del fallo mediante la aplicación del i.p.c., al
precio de venta correspondiente a la
mencionada fecha de ejecutoria, según la
opción que resulte más favorable para los
damnificados.

“La tasación se hará teniendo en cuenta
que, aparte del derivado de la muerte
violenta del transportador, fueron causados
otros daños de orden moral a consecuencia
del inhumano abandono de su cuerpo a
orillas del Rio Magdalena y la insoportable
carga de angustia derivada del no hallazgo
de su cadáver con prontitud, aparte de que
terminó siendo de conocimiento de la
familia damnificada que la víctima estuvo
secuestrada en territorio del
Departamento de Magdalena antes de ser
asesinada, todo lo cual da al hecho
moralmente dañoso unas particulares
características de brutalidad e infamia”.

HECHOS “1o.] El 26 (sic) de septiembre de 1995, en “1) Entre el 4 de marzo y el 26
diligencia de exhumación y reconocimiento (sic) de septiembre de 1995, la
de un cadáver enterrado como N.N. en el familia de transportador
cementerio de El Banco (Magdalena), la ERNESTO ALONSO JAIMES
señora MARTHA ISABEL DURAN DE CASTRO nada sabía sobre su
JAIMES identificó los despojos mortales de paradero.
su esposo, el transportador ERNESTO
ALONSO JAIMES CASTRO. “JAIMES CASTRO había partido
de Valledupar con destino a
“2o.] Ese día culminó la desesperada Bogotá, en caravana con otro
búsqueda del transportador por parte de su tractocamión, el día 4 de marzo
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

familia, iniciada al perderse su rastro, luego de 1995 a las 6:00 a.m., y el
de que partiera de Valledupar con destino automotor, de placas XKG597,
a Bogotá, en caravana con otro afiliado a Copetrán, con la carga
tractocamión, el día 4 de marzo de 1995 a de Leche Klim que transportaba,
las 6 a.m. y se encontrara el automotor que había sido encontrado en la
conducía, de placas XKG597, afiliado a carretera al mar, cerca del
Copetrán, con la carga de Leche Klim que municipio de Aguachica (Cesar),
transportaba intacta, abandonado en la sitio donde, de igual manera,
carretera al mar, cerca del municipio de apareció abandonado el otro
Aguachica (Cesar), sitio donde, de igual tractocamión cargado.
manera, apareció abandonado el otro
tractocamión cargado. “2).- Desde ese día, 4 de marzo
de 1995 y hasta el 6 de
“3o.] Desde ese día, 4 de marzo de 1995 y septiembre de 1995, la familia no
hasta el 6 de septiembre de 1995, la familia volvió a tener noticia alguna del
no volvió a tener noticia alguna del transportador, ignorando si
transportador, ignorando si estaba vivo o estaba vivo o muerto, y sin
muerto, y sin comprender por qué el comprender por qué el
tractocamión había sido abandonado por él tractocamión había sido
en plena carretera, dejando intacta la carga abandonado por él en plena
de Leche Klim que transportaba. carretera, dejando intacta la
carga de Leche Klim que
“4o.] De acuerdo a lo que la familia supo transportaba.
después, el 6 de marzo de 1995 había sido
encontrado, a orillas del Rio Magdalena, en “3).- En la semana anterior al 6
el corregimiento Matecaña, del Municipio de septiembre de 1995, el DAS
de El Banco (Magdalena), el cuerpo de un de Valledupar obtuvo
desconocido, de sexo masculino, el cual, al información que explicaba lo
no poder ser identificado, fue enterrado en acaecido a los transportadores
el cementerio de El Banco, como N.N de Leche Klim y señalaba los
nombres y ubicación de los
“5o.] En la semana anterior al 6 de autores del hecho.
septiembre de 1995 el DAS de Valledupar
obtuvo información que explicaba lo “A partir de ella, el DAS, en
acaecido a los transportadores de Leche asocio con la Fiscalía General de
Klim y señalaba los nombres y ubicación de la Nación, capturó a los
los autores del hecho. presuntos delincuentes.

“A partir de ella, el DAS, en asocio con la “Ellos confesaron, entre otros
Fiscalía General de la Nación, capturó a los hechos, la interceptación en
presuntos delincuentes. carretera de los transportadores,
el atraco, el robo de
“Ellos confesaron la autoría del robo de los tractocamiones, el secuestro de
tractocamiones y el asesinato de los las víctimas, su conducción por
transportadores e indicaron dónde los territorio del Cesar hasta límites
habían tirado. con el vecino departamento del
Magdalena, y el ocultamiento de
“Por esos días, la esposa del señor todo por parte de los militares
JAIMES CASTRO había estado en orgánicos del Batallón La Popa,
Valledupar en averiguaciones relacionadas que habían tomado parte activa
con la desaparición de su marido. en los hechos, aparte de otros
episodios acaecidos ya en
“La Fiscalía 14 de Valledupar ordenó, territorio del departamento del
entonces, la exhumación y reconocimiento Magdalena y que, por lo tanto, no
del N.N. que estaba enterrado en el forman parte del fundamento
cementerio de El Banco, para disipar la fáctico de esta demanda.
sospecha de que pudiera ser el cuerpo
dejado a orillas del Rio Magdalena y, al “4). La Fiscalía 14 de Valledupar
mismo tiempo, el transportador que era pudo establecer, en efecto, que
buscado por la esposa. los coautores del hecho eran
militares adscritos al Batallón La
“El 6 de septiembre de 1995, la Fiscalía 14 Popa, del Ejército Nacional,
de Valledupar, practicó la exhumación del quienes, aprovechando su
cadáver del N.N. diligencia a la cual fue condición de autoridades,
ordenada la presencia de la señora hicieron detener al
MARTHA ISABEL DURAN DE JAIMES. transportador, cerca de Pailitas

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

(Cesar), y así hicieron posible el
“6o.] En la mencionada diligencia de que fueran despojados de sus
exhumación y reconocimiento, la señora tractocamiones y sus cargas,
MARTHA ISABEL DURAN DE JAIMES secuestrados y llevados desde la
identificó al desconocido N.N. como su Floresta entre Pelayas y Pailitas
esposo, ERNESTO ALONSO JAIMES (Cesar) hasta límites con el
CASTRO. vecino departamento del
Magdalena y entre otros hechos
“Culminó, así, la búsqueda del que ya no son parte de la causa
desaparecido transportador. petendi de este proceso.

“7o.] La Fiscalía 14 de Valledupar pudo “5).- La Fiscalía estableció,
establecer, además, que los coautores del también, que los dos
hecho eran militares adscritos al Batallón tractocamiones fueron
La Popa, del Ejército Nacional, quienes conducidos con rumbo a
aprovechando su condición de Bucaramanga por los coautores
autoridades, hicieron detener al del hecho, pero que, al
transportador, cerca de Pailitas (Cesar), y presentarse un falla no prevista
así hicieron posible el que fueran en el del señor JAIMES
despojados de sus tractocamiones y sus CASTRO y no resultar
cargas, secuestrados, llevados desde La conveniente proseguir la marcha
Floresta, entre Pelaya y Pailitas (Cesar) con el otro únicamente,
hasta Matecaña, corregimiento de EI terminaron abandonados cerca
Banco (Magdalena), y asesinados allí. de Aguachica (Cesar), con la
carga intacta.
“8o.] La Fiscalía estableció, también, que
los dos tractocamiones fueron conducidos “Ello explica el por qué los dos
con rumbo a Bucaramanga por los vehículos fueron encontrados
coautores del hecho, pero que, al abandonados en la carretera,
presentarse una falla no prevista en el del con su correspondiente carga.
señor JAIMES CASTRO y no resultar
conveniente proseguir la marcha con el otro “Es decir, el hurto fracasó.
únicamente, terminaron abandonados
cerca de Aguachica (Cesar), con la carga “En cuanto al transportador
intacta. JAIMES CASTRO, fue
asesinado y su cuerpo dejado a
“Ello explica el por qué los dos vehículos orillas del Río Magdalena, en el
fueron encontrados abandonados en la corregimiento Matecaña,
carretera, con su correspondiente carga. comprensión municipal del El
Banco (Magdalena), pero este
“Es decir, el hurto fracasó. último hecho no es fundamento
fáctico de esta demanda.
“En cuanto al transportador JAIMES
CASTRO, fue asesinado y su cuerpo “6).- Lo ocurrido a ERNESTO
dejado a orillas del Rio Magdalena, en el ALONSO JAIMES CASTRO en
corregimiento Matecaña, comprensión territorio del departamento del
municipal de El Banco (Magdalena). Cesar ha causado a los
demandantes daño moral
“9o.] La muerte de ERNESTO ALONSO incomesurable”.
JAIMES CASTRO ha causado a los
demandantes daño moral
inconmensurable.

“10o.] De su trabajo como transportador, el
señor JAIMES CASTRO velaba
económicamente por su esposa, señora
MARTA ISABEL DURAN DE JAIMES, y
sus hijos, CLAUDIA PATRICIA y CÉSAR
ALONSO JAIMES DURAN”.

De igual manera, se probó que el 23 de septiembre de 2009, la Sección Tercera
del Consejo de Estado resolvió en segunda instancia la demanda presentada ante
el Tribunal Administrativo del Cesar, declarando la responsabilidad de la Nación –

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Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en razón a la participación de miembros
de las fuerzas militares en la retención y desaparición del señor Ernesto Alonso
Jaimes Castro55. En dicha providencia, se argumentó que la causa petendi no podía
restringirse a un criterio geográfico y que las actuaciones desplegadas por las
autoridades, valiéndose de la institucionalidad —despojo del vehículo, retención de
sus ocupantes y su posterior homicidio—, se encontraban debidamente
acreditadas. Así lo indicó56:

La sentencia recurrida se revocará, porque en el asunto sub iudice se
encuentran acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad civil
extracontractual del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución,
dentro del régimen de falla en la prestación del servicio en la modalidad
probada.

La Sala considera pertinente precisar que la demanda atribuye responsabilidad
a cargo de la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
exclusivamente por los hechos “… acaecidos en el territorio del Cesar…” (fls.
17 y 18 C. Consejo), atinentes a la “…interceptación y atraco (…) secuestro y
conducción…” del transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro, dejando de
lado la responsabilidad que se genera por la muerte del mismo, de manera que
dentro del marco que constituye la causa petendi, la Sala analizará la
responsabilidad de la Entidad demandada, con la precisión de que la misma no
puede ser imputada y restringida por el factor geográfico, pues tal concepto riñe
con la noción intersubjetiva que informa la responsabilidad civil, lo cual supone
que ésta se halla determinada por actividades o hechos atribuibles a una
persona57 (imputabilidad material).

Por otra parte se encuentra acreditado que el señor Ernesto Alonso Jaimes
Castro fue interceptado el día 4 de marzo de 1995 por unos sujetos que lo
despojaron del vehículo que conducía, lo retuvieron por un espacio de horas y
luego le quitaron la vida.

(…)

El día 4 de marzo de 1995 transitaban por la carretera que atraviesa los
corregimiento de Besotes y Norean, comprensión territorial del municipio de
Pailitas, César, sendos camiones conducidos por Ernesto Alonso Jaimes y
Jesús María Durán Bueno, cada uno de ellos con el respectivo escolta asignado
por la compañía encargada de brindar la seguridad a la empresa propietaria de
las mercancías transportadas, en efecto, los militares ordenaron detener la
marcha, redujeron a los ocupantes de los camiones atándolos de las
extremidades, los mantuvieron retenidos y finalmente les quitaron la vida,
dejando abandonados los cuerpos a orillas del río Magdalena.

Guardaron silencio sobre la comisión de la conducta punible y sólo después de

55 En dicha providencia se reconoció indemnización por daño moral a favor de los familiares del señor

Ernesto Alonso Jaimes Castro, así: “A favor de los señores Martha Isabel Durán de Jaimes, Claudina
Castro, Martha Patricia Jaimes Durán, César Alonso Jaimes Durán, Claudia Patricia Jaimes Durán
el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, en su
condición de esposa, madre e hijos de la víctima directa. // A favor de los señores Álvaro Castro,
Beatriz Castro, Carmen Cecilia Castro, Elsa Jaimes Castro y María Elena Rangel Castro el
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, en su
condición de hermanos del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro”.
56 Folios 251 – 275 del cuaderno 2.
57 PEIRANO FACIO J. Responsabilidad Extracontractual. Editorial Temis. Año 2004.

38

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

6 meses el cuerpo del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro fue recuperado por
sus familiares, pues había sido sepultado en una fosa común.

La falla en la prestación del servicio emerge de manera diáfana. Los miembros
de las fuerzas militares encontrándose en ejercicio de sus funciones destinaron
los elementos propios del servicio que se hallan destinados para la defensa y
seguridad Nacional y el mantenimiento del orden público para fines
completamente distintos, para realizar actividades delictivas, además utilizaron
su condición de servidores públicos y se valieron de la institucionalidad del
Ejército de Colombia para facilitar la comisión de las conductas punibles,
propiciando la confianza de los conciudadanos para lesionar los bienes
jurídicos que el ordenamiento jurídico tutela, la libertad y la vida que, a más de
lo anterior, se hallaban en la obligación de proteger en su condición de
miembros de las fuerzas militares, conforme lo ordena el artículo 2º de la
Constitución Política, comprometiendo así la responsabilidad de la Entidad
demandada.

El daño alegado se encuentra plenamente acreditado. El señor Ernesto Alonso
Jaimes Castro, fue retenido por los miembros de las fuerzas militares, los que,
a su vez, impidieron que sus familiares tuvieran noticia acerca de lo sucedido;
ocultaron la comisión de la conducta punible imposibilitando que las
autoridades pudieran identificar su cuerpo, por ello su familia permaneció sin
información alguna por espacio de 6 meses, ignorando los verdaderos
acontecimientos a pesar de que aguardaban la esperanza de hallarlo con vida.

El nexo causal se halla configurado. La actuación ilícita de los miembros de las
fuerzas militares constitutiva de falla en la prestación del servicio guarda
relación de causa a efecto con el daño cuya indemnización reclaman los
demandantes, de manera que si los miembros de la fuerza pública hubieran
obrado dentro del marco de la legalidad, el daño alegado no existiría y sin él la
indemnización de los perjuicios deprecada no tendría fundamento.

A partir de lo anterior, en la sentencia del 23 de junio de 2010 —hoy cuestionada
—, el Tribunal Administrativo del Magdalena encontró configurada la excepción de
cosa juzgada, por las siguientes razones58:

En el asunto sub iuris se configuran de manera palmar los elementos
axiológicos descritos [identidad de los sujetos procesales, identidad del objeto
requerido e identidad de la causa] en forma precedente toda vez que ante esta
Jurisdicción promovieron acción de reparación directa los señores MARTHA
ISABEL DURÁN DE JAIMES, MARTHA VIVIANA JAIMES DURÁN, CLAUDIA
PATRICIA JAIMES DURÁN, CESAR ALONSO JAIMES DURÁN, CLAUDINA
CASTRO, JUAN ISIDRO RANGEL PAREDES, ÁLVARO CASTRO, CARMEN
CECILIA CASTRO y MARÍA ELENA RANGEL CASTRO, en contra de la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
por los hechos ya descritos en forma precedente, vale reiterar, la desaparición
del transportador ERNESTO ALONSO JAIMES CASTRO ocurrida entre los
días 04 de marzo y 06 de septiembre de 1995, y su posterior muerte tanto por
personal civil como por personal militar activo del Batallón La Popa de
Valledupar (Cesar), habiendo sido encontrado su cadáver el día 06 de
septiembre de 1995 al haber sido sepultado como N.N. en el cementerio de El
Banco (Magd.). Empero, estos mismos accionantes formularon similar acción
contenciosa (acción de reparación directa) ante el Tribunal Administrativo del
Cesar por los mismos supuestos fácticos.

58 Folios 221 – 230 del cuaderno anexo 2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

(...)

[M]ediante memorial visible a folios 415 a 435 del plenario, el mandatario
judicial de la parte actora, luego de reiterar la consideración de que en una y
otra acción se persiguen pretensiones diferentes allega con el escrito predicho
certificación signada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de calenda 28 de marzo de 2007 (fls. 422 a 424) y la cual le merece
plena credibilidad a la Colegiatura al haber sido allegada en original y no haber
sido tachada de falsa en su oportunidad. Amén de adjuntar copia informal de la
sentencia de calenda veintiún (21) de mayo del año mil novecientos noventa y
ocho (1998) proferida por el H. Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
asunto radicado bajo el número 3253 en el que fueron accionantes los señores
MARTHA ISABEL DURÁN DE JAIMES, MARTHA VIVIANA JAIMES DURÁN,
CLAUDIA PATRICIA JAIMES DURÁN, CLAUDINA CASTRO, JUAN ISIDRO
RANGEL PAREDES, ÁLVARO CASTRO, BEATRIZ CASTRO, CARMEN
CECILIA CASTRO, ELSA JAIMES CASTRO, MARÍA ELENA RANGEL
CASTRO y CESAR ALONSO JAIMES DURÁN, denegatoria de las súplicas del
libelo. Ahora bien, la prueba documental remitida por el H. Consejo de Estado
es del siguiente tenor, en lo pertinente:

[Inserta el contenido de la certificación correspondiente a la cita textual
de las pretensiones y hechos reseñados en el cuadro precedente]

De suerte, pues, que se haya acreditado por demás el primer elemento
integrante de la “cosa juzgada” toda vez que en uno y otro asunto actuaron los
mismos sujetos procesales.

Igualmente, palmar resulta indubitable la inferencia de configurarse los
elementos de “identidad del objeto requerido” e “identidad de la causa” toda vez
que tanto el petitum y los supuestos fácticos obedecen a una misma génesis.
En efecto, muy a pesar de que de manera tozuda y obstinada (fls. 403 a 410 y
417 a 421) esgrime que en uno y otro proceso se plantean circunstancias y
pretensiones disímiles habida cuenta de que, en uno, se enjuicia a la Nación
ante esta Colegiatura por la muerte del ociso (sic) ocurrida en el Departamento
del Magdalena, incluyendo, por razones obvias, los hechos dañosos
antecedentes concomitantes y subsiguientes que rodearon su muerte. En
cambio, en el otro asunto promovido ante el Tribunal Administrativo del Cesar
se pretende que a los accionantes se les resarzan los perjuicios y daños
derivados de la “… interceptación armada y antijurídica que el Ejército Nacional,
aliado con una banda de facinerosos sin escrúpulos, hizo del indefenso
transportador a la altura del sitio conocido como Berotes, ubicado en pleno
Departamento del Cesar; de habérsele amarrado, amordazado y reducido a la
impotencia, hecho sucedido en el Cesar; de habérsele despojado del tracto -
camión que conducía, cosa que tuvo lugar en el Cesar…”.

Puntualizado lo anterior se permite acotar la colegiatura que no se alcanza a
explicar que frente a unas mismas circunstancias fácticas y jurídicas se
pretenda trastocar la visión universal e íntegra que acerca de la cuestión
litigiosa ha de tener el juzgador. En efecto sobre unos mismos hechos la
sentencia no puede ser objeto de parcelación o sesgo alguno puesto que de
ser así se vulneraria el principio general de non bis idem, esto es, nadie puede
ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es más, repárese que el tópico
que se advierte fue expresamente examinado por el H. Consejo de Estado en
la sentencia de segunda instancia de calenda 23 de septiembre de 2009,
radicado No. 20001-23-31-000-3253-01, Exp. 15.354, revocatoria de la
decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
que por los mismos hechos, reitérase, promovieron los mismos sujetos
procesales aquí accionantes. En efecto, sobre tal aspecto dilucidó así la
altísima Colegiatura:

40

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

“… La Sala considera pertinente precisar que la demanda atribuye
responsabilidad a cargo de la Nación colombiana - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, exclusivamente por los hechos “…
acaecidos en el territorio del Cesar…” (fls. 17 y 18 C. Consejo),
atinentes a la “… interceptación y atraco (…) secuestro y conducción
…” del transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro, dejando de lado
la responsabilidad que se genera por la muerte del mismo, de
manera que dentro del marco que constituye la causa petendi, la Sala
analizará la responsabilidad de la entidad demandada, con la
precisión de que la misma no puede ser imputada y restringida por el
factor geográfico, pues tal concepto riñe con la noción intersubjetiva
que informa la responsabilidad civil, lo cual supone que ésta se halla
determinada por actividades o hechos atribuibles a una persona
(imputabilidad material) …”.

Pues bien, ante la existencia del supuesto incontrovertible que los supuestos
fácticos materia de la contención fueron promovidos ante otra instancia judicial
los cuales ya fueron sentenciados por ésta e incluso con antelación a la
decisión aquí examinada, sentencia cuyo contenido hubiere podido conocer el
A quo de haberse tomado el trabajo de consultar la página oficial en INTERNET
del H. Consejo de Estado, impone con mayores veras la inferencia de que hay
lugar a la declaratoria oficiosa del medio exceptivo de “cosa juzgada” como en
efecto así se hará constar adelante.

Con el material probatorio previamente reseñado, considera la Sala que la atribución
de responsabilidad por error judicial que se le endilga a la pasiva carece de
fundamento para que se active el mecanismo resarcitorio ejercido, por las siguientes
razones:

En primer lugar, es importante recalcar que el título de imputación por error
jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía e
independencia que tiene el juez para interpretar los hechos que se someten a su
consideración, y aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue
apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico, de ahí que,
corresponda a la parte actora demostrar que la interpretación del fallador resulta
contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente, lo cual, no ocurrió en
el presente asunto.

En efecto, la parte actora se limita a expresar su desacuerdo con la interpretación
realizada por el juez contencioso administrativo, reiterando los mismos argumentos
planteados durante la acción de reparación directa objeto de controversia, por
cuanto insiste en la falta de configuración de los elementos de identidad de objeto y
de causa petendi necesarios para la configuración de la cosa juzgada, sin presentar
razones específicas que sustenten la posibilidad de fraccionar los hechos
generadores del daño y promover diferentes demandas sin transgredir el principio

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

del non bis in idem, lo cual, de entrada, supone una carencia argumentativa y
demostrativa de la imputación jurídica formulada contra la entidad demandada.

No obstante lo anterior, cabe resaltar que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena se fundamentó en una argumentación jurídicamente
atendible, en tanto que, para que una sentencia quede dotada del valor y fuerza de
la cosa juzgada, el ordenamiento jurídico59 exige, por regla general, la concurrencia
de tres elementos de identidad entre los procesos comparados: identidad de objeto,
identidad de causa petendi, e identidad jurídica de las partes, las cuales, tal como
lo ha sostenido de antaño la jurisprudencia, no requieren una igualdad calcada, pues
lo primordial es evidenciar y examinar el núcleo de la causa petendi y que sus bases
fundamentales sean análogas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado60:

Aquí y ahora, resulta pertinente traer a colación la vieja doctrina de la Corte
referente a que para que se presente el fenómeno de la cosa juzgada no se
requiere que el petitum de los dos procesos sea idéntico, como se exhibe en el
asunto bajo escrutinio. Así lo razonó la Sala, en sentencia CSJ SL del 18 de
agos./1998, rad.10.819:

Antes del estudio de los desatinos fácticos planteados en la censura, conviene
aclarar que para que en un caso determinado se configuren los elementos
axiológicos del instituto procesal de la “cosa juzgada” no es indispensable que
todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean exactamente los
mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. La ley procesal no exige
para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea un calco o
copia fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo fundamental es
que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos
procesos evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la
segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a
revivir un proceso legal y definitivamente fenecido.

En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha precisado que la
identidad de objeto comprende no solo las pretensiones expresamente formuladas,
sino también aquellas que, aunque no hayan sido formuladas de forma explícita, se
derivan directa y necesariamente del mismo núcleo fáctico y jurídico de otras ya
resueltas; asimismo, ha señalado que la identidad de causa petendi exige la

59 El Código de Procedimiento Civil -vigente para la época de los hechos-, en su artículo 332 señala:

“ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”. En
igual sentido, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo -vigente para la época de los
hechos- señala que “la sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma
causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.
60 Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral. Sentencia del 27 de agosto de 2014, SL17406-2014,

radicación 44.704, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

coincidencia sustancial de los hechos que dieron origen a la controversia. Al
respecto, ha manifestado61:

Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no fueron declarados expresamente.

Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

En desarrollo de dichos postulados, se ha exigido a la parte actora que exponga de
manera completa y leal, desde el inicio del proceso, los fundamentos fácticos y
jurídicos en los que sustenta su acción judicial. Esto con el fin de evitar el
fraccionamiento indebido de pretensiones derivadas de un mismo hecho generador,
en atención a los principios de cosa juzgada, non bis in idem, seguridad jurídica,
lealtad procesal, y a los postulados de eficiencia y eficacia de la administración de
justicia. Sobre este aspecto, la jurisprudencia nacional ha sostenido 62:

Si se llegase a la afirmación contraria [la necesidad de una copia exacta de los
elementos axiológicos de la cosa juzgada] bastaría que después de una
sentencia judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos
fácticos de la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el
objeto de enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en
una tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado
frustrado-. Tal actitud fomentaría el desgaste del sistema judicial y socavaría
su seriedad, respetabilidad y prestigio. De ahí porqué resulta muy importante
que quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado en
señalar de manera concreta, sintética, completa y leal todos los fundamentos
de ipso que le asisten a su favor, con la consciencia de que el proceso que
ventila es en principio único y definitivo, y sólo tiene las etapas que la ley
garantiza dentro del debido proceso por ella gobernado.

En ese contexto, no se advierte que el Tribunal Administrativo del Magdalena haya
desconocido el requisito de identidad de causa petendi, toda vez que, conforme a
lo expuesto en la sentencia del 23 de septiembre de 2009 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el conjunto de hechos — esto es, la interceptación,
la privación de la libertad (secuestro) y la desaparición que culminó con el homicidio

61 Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
62 Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral. Sentencia del 27 de agosto de 2014, SL17406-2014,

radicación 44.704, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro a manos de agentes estatales— fue objeto
de análisis en el proceso promovido ante el Tribunal Administrativo del Cesar, y
constituyó la base fáctica para declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional.

Así las cosas, si bien la parte actora buscó fraccionar geográficamente los hechos,
haciendo énfasis en la privación de la libertad (secuestro) y desaparición del señor
Jaimes Castro, en un proceso; y en su muerte, en el otro; lo cierto es que el núcleo
fáctico que sustenta la responsabilidad de la Nación es el mismo en ambos casos,
por cuanto se trata de un hecho generador complejo, compuesto por una secuencia
concatenada de eventos ocurridos entre el 4 de marzo —cuando se produjo la
interceptación del transportador— y el 6 de septiembre de 1995 — fecha en la que
fue exhumado e identificado el cadáver—, es decir, una serie continua de
acontecimientos que se desarrollaron en diferentes momentos pero que guardan
unidad de causa y que por lo mismo no pueden ser fragmentados, so pena de
incurrir en una práctica contraria a la buena fe procesal, susceptible de ser calificada
como abuso del derecho.

En este punto, conviene precisar que, en las acciones de reparación directa, el
fuero de competencia territorial se encuentra determinado por “el lugar donde se
produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas”, conforme
al artículo 134 D del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al trámite
de la acción de reparación directa cuestionada). Esta disposición contempla la
posibilidad de un fuero concurrente, en aquellos casos en que el hecho generador
del daño se haya desarrollado en distintos lugares, autorizando al demandante a
escoger, entre los jueces competentes, el que considere más favorable a su causa.

No obstante, esta facultad de elección no implica la posibilidad de fraccionar la
causa de manera artificiosa para presentar múltiples demandas ante distintos
despachos judiciales, cuando se trata de un solo núcleo fáctico. La norma procesal
permite optar por uno de los foros competentes, pero no autoriza la presentación
paralela o sucesiva de varias acciones fundadas en el mismo conjunto de hechos
fundantes de la responsabilidad.

El fraccionamiento del litigio con base en distinciones geográficas o en pretensiones
accesorias desconoce la unidad del hecho generador complejo y vulnera principios
fundamentales del proceso, como la economía procesal, la seguridad jurídica y,
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

especialmente, el principio de non bis in idem, en la medida en que se busca reabrir
litigios sobre cuestiones ya decididas por la jurisdicción. Esta práctica además
propicia el desgaste injustificado del aparato judicial y socava la coherencia del
sistema de responsabilidad estatal.

En consecuencia, la Sala estima que el Tribunal Administrativo del Magdalena
adoptó una interpretación jurídicamente razonable al concluir que la diferenciación
en la selección de los hechos no obedecía a una verdadera distinción sustancial en
la causa petendi, sino que implicaba una parcelación de un mismo núcleo fáctico.
Dicha conclusión se fundamentó en una posición jurídica que encuentra legitimidad
en la unidad que debe preservar un hecho generador complejo, así como en la
aplicación de los principios procesales previamente enunciados.

En línea con lo anterior, si bien el Tribunal a quo declaró la responsabilidad del
Estado con fundamento en la supuesta inexistencia de identidad de objeto entre los
dos procesos, por cuanto en uno se formularon pretensiones por el hurto del
vehículo y el secuestro del señor Jaimes Castro, y en el otro, por su homicidio; lo
cierto es que, independientemente de la técnica empleada en la formulación de las
pretensiones ante el Tribunal Administrativo del Cesar, la sentencia del 23 de
septiembre de 2009 del Consejo de Estado resolvió expresamente sobre el
conjunto de hechos que incluía la muerte del señor Jaimes Castro, considerándola
parte del daño juzgado. Así se desprende de la motivación de dicha providencia,
en la cual se afirmó lo siguiente (apartado relevante en negrita):

La Sala considera pertinente precisar que la demanda atribuye responsabilidad
a cargo de la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
exclusivamente por los hechos “… acaecidos en el territorio del Cesar…” (fls.
17 y 18 C. Consejo), atinentes a la “…interceptación y atraco (…) secuestro y
conducción…” del transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro, dejando de
lado la responsabilidad que se genera por la muerte del mismo, de manera que
dentro del marco que constituye la causa petendi, la Sala analizará la
responsabilidad de la Entidad demandada, con la precisión de que la
misma no puede ser imputada y restringida por el factor geográfico, pues
tal concepto riñe con la noción intersubjetiva que informa la
responsabilidad civil, lo cual supone que ésta se halla determinada por
actividades o hechos atribuibles a una persona63 (imputabilidad material).

Por otra parte se encuentra acreditado que el señor Ernesto Alonso Jaimes
Castro fue interceptado el día 4 de marzo de 1995 por unos sujetos que lo
despojaron del vehículo que conducía, lo retuvieron por un espacio de horas y
luego le quitaron la vida.

(…)

63 PEIRANO FACIO J. Responsabilidad Extracontractual. Editorial Temis. Año 2004.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

El daño alegado se encuentra plenamente acreditado. El señor Ernesto Alonso
Jaimes Castro, fue retenido por los miembros de las fuerzas militares, los que,
a su vez, impidieron que sus familiares tuvieran noticia acerca de lo sucedido;
ocultaron la comisión de la conducta punible imposibilitando que las
autoridades pudieran identificar su cuerpo, por ello su familia permaneció
sin información alguna por espacio de 6 meses, ignorando los verdaderos
acontecimientos a pesar de que aguardaban la esperanza de hallarlo con
vida.

Asimismo, como se anotó previamente, la jurisprudencia nacional ha sostenido que
la identidad de objeto no se circunscribe exclusivamente a las pretensiones
formuladas de manera expresa, sino que también se predica de aquellas que, sin
haber sido solicitadas de forma explícita, se derivan directa e inescindiblemente del
mismo núcleo fáctico y jurídico.

En ese sentido, no resulta procedente atribuir a la Rama Judicial un error judicial,
dado que del análisis comparativo entre las pretensiones presentadas en ambos
procesos resulta razonable concluir que existe una identidad sustancial de objeto.
El hecho de que en una de las demandas no se hubiere solicitado expresamente,
por ejemplo, la indemnización por lucro cesante, no desvirtúa la existencia de cosa
juzgada, dado que dicho perjuicio constituye una consecuencia directa del mismo
hecho generador complejo: la detención, la privación de la libertad y la desaparición
forzada que culminó con la ejecución del señor Jaimes Castro. Por tanto, se trataba
de una pretensión que pudo y debió haberse formulado en el mismo proceso
judicial, máxime cuando ambas demandas fueron presentadas el mismo día y la
muerte del señor Jaimes Castro no constituyó un hecho sobreviniente.

Así las cosas, le asiste razón a la Rama Judicial al afirmar que el análisis sustancial
de las pretensiones formuladas en cada proceso conduce a la conclusión de que
existe identidad de objeto, puesto que, en efecto, independientemente de la
calificación jurídica que se otorgue a los actos violentos sufridos por el señor Jaimes
Castro — ya sea “desaparición forzada” o “ejecución extrajudicial” —, los perjuicios
reclamados y los que razonablemente pudieron haberse solicitado, se originaron
en un mismo hecho generador complejo, que ya había sido objeto de análisis y
decisión por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En consecuencia, no puede hablarse de error judicial alguno, ya que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena encuentra respaldo en una

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

interpretación jurídicamente plausible, conforme al precedente jurisprudencial y a
los principios procesales aplicables.

Así, considerando que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa y
probatoria que exige el título de imputación de error jurisdiccional —al no demostrar
de manera suficiente los yerros que imputa a la providencia cuestionada—, se
advierte que el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
cuanto al cotejo de los hechos y pretensiones de ambos procesos, se enmarcó
dentro de los límites de la autonomía e independencia judicial, pues no se evidencia
que dicha interpretación hubiera sido abiertamente contraria al ordenamiento
jurídico ni que hubiere desbordado los márgenes de razonabilidad exigibles, razón
por la cual no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia ni de tutela judicial efectiva de la parte
demandante. Por tanto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negará las pretensiones de la demanda.

7. Condena en costas

De manera previa a decidir sobre la condena en costas, es preciso advertir que la
parte actora, junto con la demanda, presentó solicitud de amparo de pobreza, la
cual, conforme con el artículo 153 del CGP64 debe resolverse en el auto admisorio
de la demanda. No obstante, en el auto admisorio, el Tribunal a quo no se pronunció
sobre la mencionada solicitud y, a su vez, la parte actora no manifestó
inconformidad alguna al respecto ni reiteró dicha petición en etapas posteriores del
proceso. En consecuencia, se entiende que desistió tácitamente de la solicitud,
razón por la cual corresponde analizar la procedencia de la condena en costas.

En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011
(CPACA), que en su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. En consonancia con ello, el numeral 4 del artículo 365 del CGP prevé que

64 Si bien la parte actora presentó la solicitud de amparo de pobreza con fundamento en los artículos

160 y siguientes del CPC (fls. 48 – 51 del cuaderno 1), se advierte que, conforme a dicho estatuto
procesal el momento procesal, el momento para su resolución coincide con el previsto en el artículo
153 del CGP. En efecto, según lo dispuesto en el artículo 162 del CPC “[c]uando se presente junto
con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de aquélla”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

procede la condena en costas a la parte vencida en ambas instancias, cuando la
sentencia de segunda instancia revoca totalmente la del inferior65.

No obstante lo anterior, el artículo 188 del CPACA contempla una excepción a esta
regla general, en aquellos casos donde “se ventile un interés público”. Y, también
señala que, en todo caso, se decidirá sobre su imposición cuando la demanda se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

En desarrollo de esta norma y en aras de asegurar el respeto y la realización de los
principios, derechos y deberes constitucionales a favor de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-241 de 2024 concluyó que en los procesos relacionados con el
resarcimiento a las víctimas de tales violaciones se ventila un interés público, de
manera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no procede la
condena en costas, incluso cuando se desestima el recurso de apelación.

Entiende la Sala que el criterio indicado por el legislador y que ordena aplicar la
Corte en este tipo de asuntos cobija a los demandantes del presente proceso, por
cuanto si bien en este caso se persigue la declaración de responsabilidad de la
administración de justicia por defectuoso funcionamiento y error judicial, se advierte
que, independientemente del alcance de dichos títulos de imputación, el medio de
control fue promovido con el fin último de obtener la reparación integral de la grave
violación a los derechos humanos sufrida por su familiar, Ernesto Alonso Jaimes
Castro, a manos de miembros del Ejército Nacional.

Ahora, si bien en la presente acción se advierte que la estrategia jurídica adoptada
para reclamar los perjuicios derivados del hecho dañoso —consistente en su
fraccionamiento en dos demandas distintas— podría ser vista como una práctica
contraria a los principios de buena fe procesal, lo cierto es que dicha actuación
obedeció a una estrategia jurídica implementada por el apoderado judicial, la cual
no puede trasladarse en perjuicio de los demandantes para efectos de la imposición
de costas, más aún si se considera que el presente medio de control no carece de
manera manifiesta de fundamento legal. Por lo tanto, no procede la condena en
costas a la parte actora en ninguna de las instancias del proceso.

65 “Artículo 365. Condena en costas. (…) [L]a condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
48

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)
Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

VF

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