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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00472-02

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00472-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar, NEGAR las pretensiones formuladas. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en ambas instancias, las cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI». de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-00472-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00472-02 (0624-2023)
Demandante: Gloria Lache Rangel
Demandado: Municipio de Rionegro, Santander

Tema: Aportes a pensión derivados del reconocimiento de una relación laboral
encubierta. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante el cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora Gloria Lache Rangel instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra municipio de Rionegro, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio sin número del 31 de octubre de 2016, por
medio del cual la entidad negó la solicitud de reconocimiento y pago de aportes a
pensión derivados de la relación laboral declarada previamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad territorial
reconocer y pagar a Colpensiones los aportes pensionales, mediante el cálculo
actuarial, por el periodo correspondiente al 2 de febrero de 1986 a marzo de 2003,
con el propósito de que la administradora asuma el pago de la pensión.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que prestó sus servicios al municipio de Rionegro- Santander, como docente
desde el 2 de febrero de 1986 hasta marzo de 2003, a través de contratos de
prestación de servicios.

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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00472-02 (0624-2023)

5. Que el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 8 de noviembre de
2007, declaró la existencia de una relación laboral entre ella y el municipio de
Rionegro y, como consecuencia de esto, ordenó reconocer las prestaciones
económicas.

6. Que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de febrero de 2010,
modificó la decisión, en cuanto a los extremos de la vinculación y confirmó en lo
demás la sentencia de primera instancia.

7. Que en el primer proceso no solicitó el pago de los aportes a pensión, a pesar de
tratarse de una obligación legal a cargo del empleador.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 4, 13, 48, 53 y 229 de la
Constitución Política, 3 del Decreto 1887 de 1994, 9 y 33 de la Ley 798 de 2003, 57
del Decreto 1748 de 1995, modificado por el Decreto 3798 de 2003,

9. En el concepto de la violación se señaló que se desatendieron las normas
invocadas que establecen la obligación del empleador de afiliar al trabajador al
Sistema de Seguridad Social en Pensión y realizar los aportes correspondientes.

10. Que la entidad quebrantó los preceptos legales, pues, es indiscutible la
existencia de una relación laboral y la configuración de los elementos de aquella,
por lo que debió asumir el pago de las cotizaciones a pensión, con el fin de cubrir
las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda se admitió mediante auto del 3 de octubre de 2017 y fue notificada
a la parte demandada, quien indicó que los hechos de la demanda son
apreciaciones subjetivas que atienden a su criterio personal.

12. Que, en el caso, no se especificó si la demandante durante el tiempo en que
laboró como contratista y, respecto al cual se declaró la existencia de una relación
laboral con la entidad, realizó sus aportes a pensión, como era su obligación o no
realizó ninguna cotización. De esta forma, no resulta claro cuál es la reclamación a
la entidad.

13. Que en el caso de pretender el reembolso de lo que pagó por concepto de
aportes, la pretensión estaría dirigida a reclamar un crédito a su favor y no el pago
de las cotizaciones, razón por la cual debía aplicarse la prescripción.

Propuso como excepciones las de inepta demanda y prescripción del derecho
reclamado.

14. Se celebró audiencia inicial el 15 de mayo de 2019, en la que se declararon no
probadas las excepciones de inepta demanda y prescripción. Frente a la segunda
decisión, el demandado interpuso recurso de apelación y fue confirmada por el
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Consejo de Estado, mediante providencia del 6 de julio de 2020.

15. El 20 de mayo de 2021 se reanudó la audiencia en la cual se fijó el litigio, se
surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas y se procedió con su
práctica en la misma diligencia, se corrió traslado para alegar de conclusión y se
dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte
demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 6 de julio de
2022, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó al municipio de Rionegro-
Santander, establecer las diferencias entre los aportes realizados por la señora
Gloria Lache Rangel como contratista y los que debieron efectuarse debido a la
relación laboral y, cotizar al respectivo fondo de administración de pensiones, la
suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

17. Consideró que en las decisiones judiciales a través de las cuales se declaró la
existencia de la relación laboral no se resolvió nada respecto a los aportes a pensión
y, al ser aquella una obligación a cargo del empleador y con carácter imprescriptible
y periódico, era procedente su reconocimiento.

Condenó en costas a la entidad demandada.

EL RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y reiteró que la pretensión de la parte actora
relativa al reintegro de los aportes pensionales corresponde a un crédito personal y,
por tanto, deben aplicarse las reglas de prescripción de la acción ejecutiva definidas
en la Ley 791 de 2002.

19. Que, además, para el cobro de cotizaciones atrasadas o dejadas de pagar al
Sistema de Seguridad Social Integral se aplica el procedimiento especial definido
en el artículo 817 del Estatuto Tributario.

20. Que el Tribunal no tuvo en cuenta que el objeto de la demanda ya fue discutido
en el proceso ordinario que dio lugar a la expedición de las sentencias del 8 de
noviembre de 2007 y 18 de febrero de 2010 proferidas por el Tribunal Administrativo
de Santander y el Consejo de Estado, respectivamente, en las cuales declaró la
existencia de la relación laboral.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. El 8 de mayo de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes
de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

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Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

22. La Sala deberá analizar si la pretensión relativa al pago de los aportes a pensión
debió resolverse en el proceso contencioso administrativo previo, en el cual se
reclamó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de los derechos
prestacionales derivados de aquella o si es posible ordenar el pago de estos a través
de un nuevo proceso.

23. La Sala advierte que la señora Gloria Lache Rangel instauró una primera
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de
Rionegro- Santander, en la que pretendió la nulidad del oficio sin número del 30 de
junio de 1998, mediante el cual la entidad negó el reconocimiento de la existencia
de la relación laboral y el pago de las prestaciones derivadas de esto.

24. Que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicación
número 68001-23-15-000-1998-01627-01 (1017-2008), mediante sentencia del 8 de
noviembre de 2007 el Tribunal Administrativo de Santander anuló el acto
administrativo demandado y, como consecuencia, declaró la existencia de una
relación laboral entre las partes, en virtud del principio de primacía de la realidad
sobre las formas y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó pagar a favor
de la demandante las prestaciones sociales correspondientes, teniendo en cuenta
el valor pactado en el contrato, salvo aquellas causadas antes del 7 de mayo de
1995, en razón a la prescripción de los derechos.

25. Que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a través de fallo
del 18 de febrero de 2010, modificó la decisión de primera instancia, en el sentido
de fijar como extremos del vínculo laboral de la demandante y la entidad desde
febrero de 1986 hasta marzo de 2003 y reconocer las prestaciones sociales
causadas en todo ese tiempo.

26. En la presente demanda, la parte actora aduce que no solicitó en proceso
anterior el reconocimiento y pago de los aportes a pensión derivados de la relación
laboral que pretendió que se declarara y, por ello, al tratarse de un derecho
imprescriptible, es procedente ordenarlo en esta oportunidad.

27. Sobre esto, se advierte que en la primera demanda podría entenderse incluida
la pretensión relativa al reconocimiento y pago de los aportes a pensión, en tanto
que, la parte interesada pidió, según se extrae de la transcripción de las
pretensiones de la decisión de primera instancia, entre otras cosas, lo siguiente: (i)
reconocer y pagar todos los derechos laborales derivados de la relación laboral y
(ii) cancelar los salarios y prestaciones, de acuerdo con su grado y escalafón
docente.

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28. Ahora bien, según lo aduce la demandante y, puede advertirse de una lectura
de las providencias, las autoridades judiciales del proceso ordinario primigenio no
se pronunciaron sobre ese reconocimiento. De manera que, a juicio de la Sala de
Decisión, correspondía a la parte interesada, acudir a las herramientas procesales
adecuadas para buscar la complementación de la decisión y, con ello, obtener un
pronunciamiento sobre todos los aspectos del litigio, sin que, la presentación de un
nuevo medio de control subjetivo pueda considerarse adecuado para ese propósito.

29. La Sala considera que el pago de los aportes a pensión es una pretensión
consecuencial que depende del reconocimiento y acreditación de la existencia de la
relación laboral encubierta y, de los tres elementos que la constituyen. De esta
manera, su análisis, procedencia y reconocimiento debe hacerse en un mismo y
único momento, pues, de lo contrario, el juez del nuevo proceso ordinario estaría
abocado a actuar como un operador judicial de simple ejecución.

30. En estos asuntos, se exige por parte del juez un análisis personal, directo y
riguroso de las pruebas allegadas y practicadas en el proceso, con las que
pretenden demostrarse los elementos que configuran la relación laboral y/o la
desnaturalización de la figura de vinculación empleada. Esa práctica, de acuerdo
con el principio de inmediación de la prueba y, que, permite llegar al convencimiento
certero frente a la existencia de un verdadero vínculo laboral, también, implica que
el juez del proceso ordinario inicial es el único que tiene la potestad de reconocer
los derechos salariales y prestacionales que se derivan de aquel.

31. Acudir de manera posterior ante la administración de justicia, para que se
reconozca una prestación o una suma de dinero específica que se omitió solicitar o
respecto de la cual no se pronunció el juez, sería tanto, como pretender que otro
sea el que complemente o ajuste una decisión judicial previa, a modo de corrección
o tercera instancia, para subsanar las falencias en las que pudo haber incurrido una
de las partes.

32. Para la Sala, en este tema, se genera una mayor dificultad, pues, adicional a lo
expuesto, se busca que el juzgador sin haber contado con la oportunidad de valorar
bajo su propio juicio y razonamiento los elementos probatorios con los que se
pretendió acreditar la existencia de una relación laboral, simple y llanamente acoja
la valoración realizada por otro operador, en contravía de los principios de
autonomía e independencia judicial.

33. A modo de ejemplo, podría trasladarse la presente discusión a las controversias
relacionadas con la responsabilidad extracontractual del Estado en cuanto a la
reclamación de perjuicios. Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la sentencia del 30 de mayo de 2025, expediente n.º 25000-23-36-000-
2012-00179-01 (67.179), indicó que:

«Asimismo, como se anotó previamente, la jurisprudencia nacional ha sostenido
que la identidad de objeto no se circunscribe exclusivamente a las pretensiones
formuladas de manera expresa, sino que también se predica de aquellas que,
sin haber sido solicitadas de forma explícita, se derivan directa e
inescindiblemente del mismo núcleo fáctico y jurídico.

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En ese sentido, no resulta procedente atribuir a la Rama Judicial un error
judicial, dado que del análisis comparativo entre las pretensiones presentadas
en ambos procesos resulta razonable concluir que existe una identidad
sustancial de objeto. El hecho de que en una de las demandas no se hubiere
solicitado expresamente, por ejemplo, la indemnización por lucro cesante, no
desvirtúa la existencia de cosa juzgada, dado que dicho perjuicio constituye una
consecuencia directa del mismo hecho generador complejo: la detención, la
privación de la libertad y la desaparición forzada que culminó con la ejecución
del señor Jaimes Castro. Por tanto, se trataba de una pretensión que pudo y
debió haberse formulado en el mismo proceso judicial, máxime cuando ambas
demandas fueron presentadas el mismo día y la muerte del señor Jaimes Castro
no constituyó un hecho sobreviniente».

34. Así pues, la Sala advierte que la pretensión encaminada a obtener el pago de
los aportes pensionales se deriva del reconocimiento previo de la existencia del
vínculo laboral entre la demandante y el Municipio de Rionegro- Santander.

35. De esta manera, le asiste razón a la entidad apelante, en cuanto a que el objeto
del presente asunto quedó definido en una instancia anterior. No puede entenderse
desagregada del primer proceso ordinario y, buscar, como lo hace la parte
demandante, que el debate en esta oportunidad, se limite a tener por probado el
vínculo y complementar el restablecimiento del derecho, en razón a la omisión de
reclamarlo en el momento debido.

36. Por lo tanto, se revocará la decisión y, en su lugar, se denegarán las
pretensiones invocadas.

De la condena en costas en ambas instancias.

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

40. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, cuanto resultó vencida en el asunto. Para el efecto, de conformidad
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con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del seis (6) de julio de dos mil veintidós
(2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su
lugar, NEGAR las pretensiones formuladas.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en ambas instancias, las
cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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