Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00321-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00321-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2012-00321-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
8 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / RÉGIMEN PROCESAL – Al trámite de la demanda / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
La demanda de la referencia se presentó el 14 de septiembre de 2012, por tal razón, le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de radicación del escrito inicial, que corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011. (…) En lo relacionado con la caducidad debe tenerse en cuenta que los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (…) En suma, resulta claro que en los eventos en los que el término de caducidad de la pretensión de reparación directa inició con anterioridad al 2 de julio de 2012, se deben aplicar las reglas dispuestas en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 40 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
El numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los tribunales administrativos conocen de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda de 500 smmlv. A su vez, el artículo 150 ejusdem señala que el Consejo de Estado es el competente para conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas en tales asuntos.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 152 NUMERAL 6 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 150
OMISIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Fuera de la oportunidad / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL
A juicio de la Subsección, el proceder de la parte actora resulta contrario a los principios de lealtad procesal y debido proceso, toda vez que se pretende que la controversia se dirima a partir de unos supuestos diferentes a los debatidos y a aquellos frente a los cuales la entidad demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIAS DE OTROS DESPACHOS JUDICIALES – Tribunal Administrativo / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial”. (…) La Sala precisa que la controversia no gira en torno a la validez de la Resolución 423 del 5 de abril de 2001, proferida por el Ministerio de Defensa, sino frente a la legalidad de la decisión mediante la cual se rechazó la demanda presentada (…)en contra de dicho acto administrativo. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 26 de noviembre de 2015; Exp. 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833), reiterada en sentencia del 30 de agosto de 2017; Exp. 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), de 13 de junio de 2016, Exp. 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); de 24 de octubre de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); de 22 de febrero de 2017, Exp. 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del C.P. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO
El primer elemento que se debe constatar en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico. (…) Esta Sección ha señalado que para que un daño sea indemnizable, además de estar plenamente estructurado, se deben acreditar varios presupuestos, a saber: i) que es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la antijuridicidad del daño como elemento de responsabilidad estatal, consultar sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16516 C.P. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, Exp. 32985B, entre otras.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTARTIVO PARTICULAR – Por conducta concluyente / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA
La Subsección advierte que la notificación de la Resolución 423 del 5 de abril de 2001 se dio por conducta concluyente, pues, pese a la falta de citación previa del afectado, él convino en su desvinculación de la institución, en la medida en que, según los documentos que aportó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, compareció ante el Ejército Nacional el 11 de abril de 2001, para practicarse el examen médico de retiro, actuación que solo podía adelantar en la medida en que supiera que su relación con la institución había terminado. (…) El hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda del Consejo de Estado le hubiesen dado efecto a la notificación por edicto, pese a las irregularidades presentadas, no da cuenta de la antijuridicidad del daño alegado, porque, aunque por razones distintas, la demanda resultaba extemporánea.
CONDENA EN COSTAS – Regulación normativa / FACTOR OBJETIVO
En atención a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el literal b del artículo 625 del C.G.P., en la sentencia se decidirá sobre la condena en costas, con aplicación de las normas previstas en el último de los estatutos mencionados, el cual, en el numeral 1 de su artículo 365, dispone que se condenará a su pago a la parte vencida en el proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 625 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / EXPENSAS / GASTOS PROCESALES
Pues bien, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 361 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / ACUERDO 1887 DE 2003 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00321-01 (47390)
Actor: FABIO ENRIQUE FIGUEROA DÍAZ
Demandado: RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Responsabilidad del estado por error jurisdiccional / Auto que rechaza la demanda del proceso primigenio – Sí operó la caducidad, pero bajo el entendido de que el escrito inicial no se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación por conducta concluyente.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 24 de abril de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La demanda se presentó por el supuesto error judicial que se presentó en el auto por medio del cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz en contra del acto administrativo que lo retiró del Ejército Nacional.
En criterio de la parte actora, la demanda no era susceptible de ser rechazada, porque el acto administrativo cuestionado no le fue notificado en debida forma, por tal razón, el término para demandarlo debía contarse a partir de la fecha en la que, por conducta concluyente, el afectado lo conoció.
II. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 14 de septiembre de 2012, el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz, por medio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados por (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[L]a vía de hecho judicial contenida en las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de rechazo de la demanda por caducidad (…) de fecha 17 de julio de 2008 y auto que confirmó la decisión (…) de fecha 15 de julio de 2010 (…)”(se destaca).
Para lo pertinente, la parte actora solicitó 1.000 smmlv por perjuicios morales y otros 1.000 por daño emergente.
1.2. Hechos
En la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes hechos:
1.2.1. El señor Fabio Enrique Figueroa Díaz se desempeñó como oficial del Ejército Nacional, en virtud de lo cual, mediante Resolución 1140 del 26 de diciembre de 2000, fue designado como Comandante de un pelotón contraguerilla en Mocoa, decisión que no se le comunicó, al punto de que no se le suministraron los viáticos requeridos para su desplazamiento.
1.2.2. El 27 de febrero de 2001, el demandante puso en conocimiento del Comandante General del Ejército Nacional la pérdida de varios elementos del Batallón de Intendencia Las Juanas de Bogotá, cuyo valor ascendía a $380’000.000.
1.2.3. Por lo anterior, el señor Figueroa Díaz fue objeto de persecución y amenazas, por lo que solicitó su retiro, frente a lo cual, el 7 de marzo de 2001, el Departamento de Personal del Ejército le informó que su baja estaba en trámite y que el 12 de marzo siguiente iniciaba con “los 3 meses de alta”.
1.2.4. El señor Figueroa Díaz fue desvinculado de la entidad por una supuesta inasistencia al servicio por más de 10 días sin causa justificada, mediante la Resolución 0423 del 5 de abril de 2001, la cual no le fue notificada personalmente ni por edicto.
1.2.5. El 21 de junio de 2001, la parte actora acudió a la Dirección de Sanidad Militar para averiguar lo sucedido con su retiro y se enteró de que había sido desvinculado a través de la referida resolución, de la cual se le suministró una copia, pero sin agotar previamente la diligencia de notificación.
1.2.6. El 3 de agosto del mismo año, el demandante pidió la revocatoria del referido acto administrativo, frente a lo cual la Jefe de la Oficina Jurídica le indicó que, una vez revisados los antecedentes del caso, sería resuelta; pero, finalmente, no se le dio respuesta.
1.2.7. El 3 de octubre de la misma anualidad, la parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resolución que lo desvinculó del servicio.
1.2.8. Dentro del anterior trámite, el 14 de enero de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió a la demandada para que certificara el último lugar de prestación de servicios del señor Figueroa Díaz y allegara copia de la decisión cuestionada, junto con sus constancias de notificación.
1.2.9. Entre 2002 y 2008 el a quo libró varios oficios tendientes a que se le informaran las condiciones en las que se notificó la resolución demandada. Algunos de los requerimientos formulados fueron contestados bajo el argumento de que en la entidad no obraba la totalidad de los documentos que dieran cuenta del trámite de notificación de la Resolución 0423 del 5 de abril de 2001.
1.2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 17 de julio de 2008, rechazó la demanda por caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque la desvinculación del oficial fue notificada mediante edicto desfijado el 9 de mayo de 2001, de ahí que la demanda radicada el 3 de octubre siguiente fuera extemporánea.
1.2.11. El Consejo de Estado confirmó el auto de rechazo de la demanda a través de proveído del 15 de junio de 2010, para lo cual tomó como referencia tanto la fecha en la que se desfijó el edicto como aquella en la que, eventualmente, se surtió la notificación por conducta concluyente.
1.2.12 A juicio de la parte actora, la decisión de la que se predica el error judicial vulneró su garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la Administración de justicia, en la medida en que el acto administrativo de retiro no le fue notificado, al punto de que lo conoció hasta el “21 de junio de 2001, cuando acudió a la Dirección de Sanidad para realizar su ficha médica”.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Admisión y traslado de la demanda
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda el 16 de octubre de 2012, para que, entre otros aspectos, se razonara la cuantía, respecto de lo cual la parte actora explicó que los perjuicios morales solicitados eran de 100 smmlv y los materiales ascendían a $332’305.974, dados los “salarios dejados de percibir” durante el lapso que se negó el derecho de acceso a administración de justicia.
2.2. La demanda fue admitida el 10 de diciembre de 2012, decisión que se le notificó al día siguiente a la Rama Judicial, entidad que se opuso a las pretensiones, porque las providencias que dieron lugar al proceso de reparación directa por error judicial fueron proferidas con estricto apego al ordenamiento jurídico.
2.3. Audiencia inicial -artículo 180 de la Ley 1437 de 2011-
2.3.1. Decisión de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas
En diligencia del 24 de enero de 2013, el a quo explicó que no se encontraba probada ninguna excepción previa y, luego, en la etapa de fijación del litigio, precisó que la controversia no era de carácter fáctica sino jurídica, pues en el sub lite lo que se debía determinar era si el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron o no en un error judicial al rechazar, por caducidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz presentó en contra del acto administrativo que lo retiró del Ejército Nacional.
Además, el Tribunal decretó las pruebas documentales allegadas con la demanda y negó las que el demandante solicitó en relación con la actuación en la que se profirió el referido acto administrativo de desvinculación, esto último porque el proceso de la referencia no era una tercera instancia de la litis en la que supuestamente se configuró el error judicial objeto de las pretensiones.
En la primera instancia se indicó que la controversia era de puro derecho, por tal razón, se prescindió de la audiencia de pruebas y de la de alegaciones y juzgamiento, para, en su lugar, en la misma diligencia, correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus consideraciones finales..
2.3.2. Alegatos de conclusión
La parte actora explicó que las pretensiones tenían vocación de prosperidad, porque la demandada declaró probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 9 años después de la presentación de la demanda, pese a que no encontró probada la fecha en la que el Ejército Nacional notificó al demandado y a que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.
A su vez, la entidad demandada sostuvo que en la decisión cuestionada no se configuró un error judicial, porque la caducidad alegada sí operó, en la medida en que el derecho de acción no se ejerció dentro de los 4 meses siguientes a la notificación por edicto de la resolución proferida en contra del demandado, por manera que el daño reclamado tenía como fuente la culpa exclusiva de la víctima.
De otro lado, el Ministerio Público aclaró que, al margen de que la parte actora hiciera alusión a una mora judicial, debía tenerse en cuenta que en la demanda no se invocó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia sino un error judicial, el cual, en todo caso no se estructuró, dado que la determinación cuestionada contaba con el fundamento fáctico y jurídico requerido para tal fin.
2.3.4. Sentencia de primera instancia
En la referida audiencia del 24 de abril de 2013, escuchados los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia denegatoria de las pretensiones.
A título de cuestiones previas, el a quo aclaró que:
i) La demanda se presentó con el fin de que se indemnizaran los perjuicios causados por error judicial, sin que en la misma se formulara pretensión alguna con el fin de que se repararan los perjuicios causados con la supuesta mora que se presentó en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la litis.
ii) El análisis del caso debía adelantarse con fundamento en las consideraciones expuestas en la segunda instancia del proceso judicial pertinente, por corresponder a la decisión que puso fin al debate suscitado en cuanto a la oportunidad en el ejercicio del derecho de acción.
iii) El acto administrativo por medio del cual fue trasladado el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz a Mocoa surtió plenos efectos jurídicos, porque no fue suspendido, revocado o anulado, por tal razón, las actuaciones que tuvieran que ver con su situación debían adelantarse en dicho lugar, pues era allí en donde debía prestar el servicio.
iv) La excepción de culpa exclusiva de la víctima se analizaría siempre que se encontrara configurada la responsabilidad de la Rama Judicial, por tratarse de un eximente.
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal explicó que el error judicial alegado no se presentó, toda vez que el Consejo de Estado, al confirmar la decisión de primera instancia, contó la caducidad desde la notificación del acto administrativo de retiro, que se surtió por edicto y, en gracia de discusión, por conducta concluyente.
Lo anterior, a juicio del a quo, no da cuenta de un error judicial, pues la decisión respetó la garantía del debido proceso, en la medida en que el demandante no demandó en oportunidad.
De otro lado, se explicó que, si bien la parte actora presentó una solicitud de revocatoria directa, no es menos cierto que esta no revivió los términos para acudir ante esta jurisdicción.
Asimismo, se indicó que la interpretación de la parte actora, según la cual el término de caducidad “se habilitó” con la notificación por conducta concluyente no corresponde con la normativa especial que regula este tipo de procedimientos administrativos.
Adicionalmente, el Tribunal condenó en costas a la parte actora y, de manera consecuente, fijó la suma de $3’323.059 por agencias en derecho en favor de la entidad demandada.
2.3.5. Recurso de apelación
Mediante escrito del 7 de mayo de 2013, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
En su criterio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pasó por alto que la demanda del señor Figueroa Díaz fue rechazada 10 años después de haber sido presentada, es decir, la decisión pertinente no se tomó en un término prudencial.
Además, el proceso judicial se dilató, pues a pesar de que en el plenario obraban las pruebas pertinentes, se requirió innecesariamente en diversas ocasiones al Ejército Nacional para que informara el último lugar de prestación de servicios del demandante y la fecha en la que le fue notificado el acto administrativo de retiro.
En cuanto al error judicial, la parte actora precisó que encontró probada la notificación por edicto, pese a que el Ejército Nacional allegó un oficio en el que indicó que no existían registros acerca de “la notificación personal del mismo”.
Además, explicó que el edicto no podía fijarse en Mocoa, porque el último lugar en el que el señor Figueroa Díaz prestó sus servicios fue en Bogotá y si bien se ordenó su traslado a la primera de las mencionadas ciudades, no era menos cierto que no se hizo efectivo por razones de seguridad y porque no se le suministraron los viáticos correspondientes.
Finalmente, se sostuvo que la condena en costas impuesta no resultaba procedente, en cuanto no se analizó la conducta desplegada a lo largo del proceso.
El recurso interpuesto en los anteriores términos fue concedido mediante providencia del 14 de mayo de la misma anualidad.
3. Trámite de segunda instancia
3.1. Esta Corporación admitió la apelación el 6 de septiembre de 2013 y, a través de auto del 25 de octubre de la misma anualidad, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
3.1.1. La Rama Judicial sostuvo que no se encontraban acreditados los presupuestos requeridos para proferir condena en su contra, toda vez que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la litis no se adoptó ninguna decisión contraria al ordenamiento jurídico.
Aclaró que la notificación del acto administrativo cuestionado se llevó a cabo por edicto desfijado el 25 de abril de 2001, de ahí que el término de 4 meses de caducidad hubiese empezado a correr al día siguiente.
3.1.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Régimen aplicable
La demanda de la referencia se presentó el 14 de septiembre de 2012, por tal razón, le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de radicación del escrito inicial, que corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011.
En cuanto a los aspectos no regulados por la referida ley, conviene aclarar que el derecho de acción se ejerció con antelación al 1º de enero de 2014, fecha en la cual empezó a regir la Ley 1564 de 2012 para los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción.
Así las cosas, con fundamento en el auto de unificación del 25 de junio de 2014 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el sub lite, desde la presentación de la demanda hasta la entrada de vigencia del C.G.P. se rigió por el C.P.C. y lo actuado con posterioridad por el nuevo estatuto procesal civil contenido en la Ley 1564 de 2012.
En lo relacionado con la caducidad debe tenerse en cuenta que los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
En suma, resulta claro que en los eventos en los que el término de caducidad de la pretensión de reparación directa inició con anterioridad al 2 de julio de 2012, se deben aplicar las reglas dispuestas en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-.
2. Competencia
El numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los tribunales administrativos conocen de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda de 500 smmlv.
A su vez, el artículo 150 ejusdem señala que el Consejo de Estado es el competente para conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas en tales asuntos.
Pues bien, en el proceso de la referencia la parte demandante solicitó $332’305.974 por perjuicios materiales, suma que para la fecha de presentación de la demanda era superior a 500 smmlv, de ahí que el sub lite lo hubiese tramitado en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que a esta Corporación le corresponda resolver la apelación interpuesta por la parte actora, por lo que procederá de conformidad.
3. Cuestión previa: adición de las pretensiones por fuera de las oportunidades previstas para tal fin
La parte actora en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del a quo, además de lo reclamado en la demanda por error judicial, solicitó la indemnización de los perjuicios causados por la mora en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra del acto administrativo que lo desvinculó del Ejército Nacional.
Así las cosas, se advierte que el demandante planteó una nueva pretensión, frente a la cual la Sala no se pronunciará, en la medida en que no fue formulada en la demanda o en el término previsto para su reforma.
A juicio de la Subsección, el proceder de la parte actora resulta contrario a los principios de lealtad procesal y debido proceso, toda vez que se pretende que la controversia se dirima a partir de unos supuestos diferentes a los debatidos y a aquellos frente a los cuales la entidad demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
De este modo, para definir el asunto en segunda instancia, la Subsección se remitirá a lo solicitado en la demanda, esto es, a la configuración o no de un error judicial en la providencia que rechazó la demanda presentada por el señor Figueroa Díaz en contra del acto administrativo que lo desvinculó del Ejército Nacional.
Una vez delimitado el objeto de la litis se analizará lo referente a la caducidad.
4. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, cuyo vencimiento sin haberse ejercido el derecho de acción implica la configuración de la caducidad.
Los términos para incoar los distintos medios de control previstos por el legislador no admiten suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, según lo previsto por las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, tampoco admiten renuncia y su extinción debe ser declarada por el juez de oficio o a petición de parte.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial”.
Así las cosas, para computar el término de caducidad se debe determinar la fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia mediante la cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz en contra de la Resolución 0423 del 5 de abril de 2001, por medio de la cual el Ministerio de Defensa lo retiró “en forma temporal, con pase a la reserva” del Ejército Nacional, dada su inasistencia injustificada al servicio por más de 10 días.
Pues bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 17 de julio de 2008, rechazó la referida demanda, decisión confirmada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de proveído del 15 de julio de 2010, notificado el 23 de septiembre siguiente y ejecutoriado el 28 del mismo mes y año.
Así las cosas, el término de caducidad de la acción de reparación directa por error judicial empezó a correr al día siguiente de la ejecutoria del auto de rechazo de la demanda, lo que ocurrió en septiembre de 2010, es decir, en vigencia del Decreto 01 de 1984, el cual, en el numeral 8 del artículo 136, preveía que el plazo de caducidad de la reparación directa era de 2 años.
De este modo, la demanda debía presentarse dentro del período comprendido entre el 29 de septiembre de 2010 y el 29 de septiembre de 2012, término que se suspendió desde el 30 de julio del segundo año hasta el 30 de agosto siguiente, en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido por la parte demandante -artículo 21 de la Ley 640 de 2001-.
El término para demandar se reanudó el 31 de agosto de 2012 y la parte actora acudió a esta jurisdicción el 14 de septiembre de la misma anualidad, por tal razón, la Subsección concluye que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.
5. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, en cuanto al extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
5.1. Legitimación en la causa del demandante
El señor Fabio Enrique Figueroa Díaz promovió el proceso de la referencia, de ahí que resulte acreditada su legitimación en la causa de hecho.
La Sala también encuentra probada su legitimación material, porque fue él quien presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que fue rechazada mediante la decisión de la cual se predica el error judicial objeto de las pretensiones.
5.2. Legitimación de la demandada
La Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues fue a esta entidad la que se le imputó el daño por el que se demandó.
En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
6. Alcance de la apelación
Pues bien, el a quo negó las pretensiones, por considerar que la providencia respecto de la cual la parte actora invoca la configuración del error judicial no es contraria al ordenamiento jurídico, dado que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente no se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación por edicto de la decisión.
El señor Figueroa Díaz apeló la anterior determinación, para lo cual explicó que el acto administrativo cuestionado no le fue notificado de manera personal ni por edicto, sino por conducta concluyente el 21 de junio de 2001, por manera que la demanda radicada el 3 de octubre siguiente resultaba oportuna.
De este modo, a la Sala le corresponde determinar la fecha en la que al señor Figueroa Díaz se le notificó la Resolución 423 del 5 de abril de 2001, proferida por el Ministerio de Defensa Nacional, y si la demanda se presentó dentro de los 4 meses siguientes.
Adicionalmente, de encontrarse que la decisión judicial analizada se encuentra ajustada a derecho, la Subsección se pronunciará frente a la condena en costas impuesta en este proceso en contra del demandante por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7. Caso concreto
7.1. Hechos probados
La Sala precisa que la controversia no gira en torno a la validez de la Resolución 423 del 5 de abril de 2001, proferida por el Ministerio de Defensa, sino frente a la legalidad de la decisión mediante la cual se rechazó la demanda presentada por el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz en contra de dicho acto administrativo.
Por lo anterior, solo se analizarán las pruebas obrantes en el referido proceso, pues fueron estas las que le permitieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección Segunda de esta Corporación concluir que se había configurado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Precisado lo anterior, se determinarán los hechos probados:
7.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución 423 del 5 de abril de 2001, retiró del servicio al mayor Fabio Enrique Figueroa Díaz, “de forma temporal, con pase a la reserva y por inasistencia al servicio sin causa justificada por más de 10 días consecutivos”.
7.1.2. El señor Fabio Enrique Figueroa Díaz presentó demanda de nulidad y restablecimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del referido acto administrativo.
En el plenario no obra la constancia de la fecha de radicación pertinente, solo se encuentra el sello de presentación personal por parte del apoderado en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá -3 de octubre de la misma anualidad- y el paso de la demanda al despacho del magistrado sustanciador –26 del mismo mes y año–.
En el libelo, como sustento fáctico, se indicó que el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz: i) ingresó al Ejército Nacional en condición de oficial el 25 de enero de 1982; ii) para el año 2000 ostentaba el cargo de Mayor; iii) mediante la Resolución 1114 del 6 de diciembre de 2000, fue trasladado a la Vigésima Cuarta Brigada en Mocoa; iv) el funcionario no se presentó en el lugar asignado, por razones de seguridad, y v) el 28 de febrero de 2001,con el fin de proteger su integridad y la de su familia, solicitó que se le llamara a calificar servicios o que se le retirara de la institución.
Además, se agregó que el acto administrativo de desvinculación no le fue notificado “en legal forma”, sino que se enteró de su existencia el 21 de junio de 2001, cuando se acercó al Comando para preguntar por sus salarios, de ahí que “a partir de esa fecha se entienda notificado por conducta concluyente”.
7.1.3. Efectuado el reparto pertinente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 14 de enero de 2002, requirió al Ejército Nacional para que remitiera copia del acto administrativo demandado, junto con sus constancias de notificación, y para que certificara el último lugar de prestación de servicios del demandante.
7.1.4. En virtud de lo anterior, por oficio del 21 de junio de 2002, la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional informó que el último lugar de prestación de servicios fue Mocoa; además, allegó copia del acto administrativo de retiro del demandante e informó que las constancias de notificación se allegarían con posterioridad, por encontrarse en poder de la Vigésima Cuarta Brigada, con sede en Mocoa.
7.1.5. El Tribunal Administrativo, por auto del 31 de octubre de 2002, remitió las diligencias al Tribunal Administrativo de Nariño, por ser el juez del último lugar de prestación del servicio.
7.1.6. El señor Figueroa Díaz interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior decisión, para lo cual explicó que él no había aceptado el traslado a Mocoa y que el último lugar en donde se desempeñó fue en Bogotá.
7.1.7. Las diligencias fueron enviadas a Nariño, pese a no haberse emitido pronunciamiento alguno frente a los recursos interpuestos. Advertida la irregularidad, el 21 de abril de 2003, se ordenó la devolución de las diligencias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que las recibió el 2 de mayo de 2003.
7.1.8. Entre 2003 y 2006 el Tribunal requirió en 3 oportunidades al Ejército Nacional para que aclarara lo relacionado con el lugar de prestación del servicio del demandante, requerimiento atendido en septiembre de 2006.
7.1.9. Mediante providencia del 9 de agosto de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por extemporánea la impugnación del demandante en contra del auto que remitió las diligencias a Nariño; sin embargo, de manera oficiosa dejó sin efecto dicha decisión, porque el Ejército Nacional le informó que el traslado a Mocoa no se había hecho efectivo y que el último lugar en el que se prestaron los servicios fue Bogotá.
7.1.10. De conformidad con lo ordenado en proveídos del 12 de octubre de 2007 y del 1° de febrero de 2008, el 12 de marzo de la misma anualidad, el Ejército allegó al plenario el edicto fijado el 25 de abril de 2001 en la Vigésima Cuarta Brigada, con sede en Mocoa.
La entidad también allegó copia del acta de la valoración médica por ortopedia que, por retiro, se le practicó al demandante el 15 de junio de 2001.
7.1.11. El 12 de junio de 2008, el señor Figueroa Díaz le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que procediera a la admisión de su demanda, para lo cual aportó un oficio del 21 de mayo de 2008, en el que la Vigésima Séptima Brigada le informó que en libros de registro del 1° de marzo al 30 de mayo de 2001 no existía constancia acerca de la notificación personal o por edicto del acto administrativo de retiro.
Asimismo, se allegó el acta del examen médico practicado al demandante el 11 de abril de 2001, en la que se indicó que se hacía con ocasión de su “retiro” (casilla 5 de “causal de examen”). El documento aparece firmado por el señor Figueroa Díaz, en calidad de compareciente.
7.1.12. Finalmente, el 17 de julio de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad de la acción, para lo cual consideró (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“En relación con la Resolución No. 423 de 5 de abril de 2001, se hace el siguiente análisis:
“El citado acto administrativo fue notificado por edicto del 25 de abril de 2001, que permaneció fijado por el término de diez (10) días hasta el 9 de mayo de 2001 (fl. 220) y la demanda fue presentada ante esta Corporación el 4 de octubre de 2001 (fl. 17 vuelto).
“Por consiguiente, la demanda fue presentada extemporáneamente, esto es, cuando se hallaba caducada la acción por haber transcurrido un tiempo superior a los cuatro (4) meses que ordena el artículo 136 del CCA, ya que se formuló el 4 de octubre de 2001, cuando la oportunidad legal para su presentación venció el 10 de septiembre de 2001.
“(…).
“En consecuencia, como está en firme la orden de retiro del servicio del demandante y no es legalmente posible revivir los términos para acusarla (…) resulta claro que la demanda adolece de defectos insubsanables que la hacen (…) susceptible de rechazo (…)”.
7.1.13. La parte actora apeló la anterior determinación. En su criterio, en el expediente no existía prueba respecto de la citación para notificación personal de la decisión que lo desvinculó de la institución, por manera que la demandada recurrió al edicto sin agotar las diligencias previas requeridas para tal fin, el cual, en todo caso, debió fijarse en Bogotá y no en Mocoa.
A su juicio, dadas las irregularidades presentadas en la notificación, la caducidad debía computarse desde cuando operó por conducta concluyente, es decir, a partir del 21 de junio de 2001, de ahí que la demanda presentada el 3 de octubre siguiente resultara oportuna.
7.1.14. Recibidas las diligencias por esta Corporación, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por auto del 19 de noviembre de 2009, requirió al Ejército Nacional para que allegara las constancias de notificación, los recursos interpuestos en la vía gubernativa e informara la fecha exacta del retiro.
7.1.15. El 15 de marzo de 2010, la Oficina Jurídica del Ejército Nacional allegó copia del edicto fijado el 25 de abril de 2001 para notificar la Resolución 423 del 5 de abril de 2001 y explicó que los soportes de las diligencias adoptadas para tal fin se encontraban en la Vigésima Séptima Brigada, con sede en Mocoa, antes Vigésima Cuarta Brigada.
7.1.16. El 15 de abril de la misma anualidad, la Vigésima Séptima Brigada, ubicada en Mocoa, le informó a esta Corporación que en sus archivos no obraba documentación que soportara el proceso de notificación por edicto de dicha Resolución.
7.1.17. A través de oficio del 20 de mayo de 2010, el Subdirector de Personal del Ejército Nacional manifestó que en contra del acto administrativo de retiro no procedían recursos en la vía gubernativa.
7.1.18. Mediante providencia del 15 de julio de 2010, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la anterior decisión, para lo cual precisó (trascripción literal, incluso con posibles errores):
“El Ejército Nacional – Vigésima Cuarta Brigada con sede en Mocoa (…) realizó la notificación por edicto del acto administrativo demandado, el 25 de abril de 2001 (fl.220).
“Tanto en la demanda como en la sustentación del recurso de apelación se confirmó que el 3 de agosto de 2001 se elevó solicitud de revocatoria de la Resolución No. 0423 del 5 de abril de 2001 (fls. 2) con relación al reintegro del demandante (fl. 14, 335 a 337).
“En (…) el recurso de apelación (…) se afirmó que el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente en el que el actor ‘tuvo conocimiento de la existencia de la Resolución No. 423 del cinco (5) de Abril de 2001. Lo cual ocurrió, como el mismo lo relata, el día 21 de junio de 2001, cuando se presentó en la Dirección de Sanidad para que se le examinara con el fin de elaborar su ficha médica de retiro’.
“(…).
“Del contenido de la anterior disposición [artículo 44 del C.C.A.], se advierte que opera la notificación por conducta concluyente, cuando la parte interesada se entera de la decisión y conviene en ella, ya sea porque la acepta o porque interpone los recursos de ley a tiempo, o eleva algún tipo de solicitud con relación al contenido del acto, como es el caso, de la revocatoria de la Resolución No. 0423 de 5 de abril de 2001.
“En este caso, la parte demandante tenía pleno conocimiento sobre la existencia y contenido del acto administrativo que lo retira del servicio (fl. 2), en consideración a que se notificó por conducta concluyente, ya que el actor, como se afirmó en la sustentación del recurso de apelación el 21 de junio de 2001, ‘se presentó en la Dirección de Sanidad para que se le examinara con el fin de elaborar su ficha médica de retiro’ (fl. 304).
“De otro lado, el 3 de agosto de 2001 la parte actora presentó ante la entidad demandada petición solicitando la revocatoria del acto de retiro con el fin de obtener el reintegro al cargo.
“Aceptando en gracia de discusión, que a falta de notificación personal, la fijación por edicto de la Resolución No. 423 del 5 de abril de 2001, se efectuó en forma irregular el 25 de abril de 2001 (fl. 230), tampoco sería un sustento procesal aceptable, ya que la parte actora tuvo conocimiento del acto demandado (21 de junio de 2001 y 3 de agosto del mismo año), antes de que caducara la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (26 de agosto de 2001), para agotar la vía gubernativa y demandar el acto ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
“Así las cosas, en este caso debe contarse el término de caducidad de la acción a partir del 25 de abril de 2001, notificación por edicto (fl. 230), luego venció el 23 de agosto de 2001.
“(…) [L]a petición de revocación de aun acto ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (…)”.
8. Daño antijurídico
El primer elemento que se debe constatar en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico. En efecto, esta Sala ha sostenido que “sin daño no hay responsabilidad”, de ahí que solo cuando este se encuentre acreditado se deba verificar lo relacionado con la imputación. Sobre el tema, esta Sección ha sostenido:
“[En] términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.
“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”(se destaca).
Asimismo, la Sala ha explicado:
“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
“En efecto, (…) ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado” (se destaca).
El daño es entendido como la alteración negativa a un interés protegido, que, si bien surge como un fenómeno físico o material (v.gr. la lesión, la muerte, la destrucción, la retención, entre otros), lo cierto es que su contenido es eminentemente deontológico y normativo, toda vez que no toda alteración del mundo exterior puede ser considerada daño en sentido jurídico o normativo.
Esta Sección ha señalado que para que un daño sea indemnizable, además de estar plenamente estructurado, se deben acreditar varios presupuestos, a saber: i) que es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.
Pues bien, la Subsección encuentra acreditado que el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz padeció un daño, en cuanto no pudo acceder a la Administración de justicia y, de manera consecuente, no fue tramitada la pretensión que formuló en contra del acto administrativo que lo desvinculó del Ejército Nacional.
Lo anterior, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado rechazaron, por caducidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que él presentó para tal fin.
Con todo, el referido daño no tiene la connotación de antijurídico y, por tanto, no es indemnizable, pues el demandante, tal como lo concluyeron los funcionarios judiciales que conocieron del asunto, no ejerció su derecho de acción en oportunidad, de ahí que resultara procedente el rechazo de la demanda.
En efecto, como se ha precisado a lo largo de la presente providencia, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Resolución 423 del 5 de abril de 2001, retiró del servicio al mayor Fabio Enrique Figueroa Díaz, “de forma temporal, con pase a la reserva y por inasistencia al servicio sin causa justificada por más de 10 días consecutivos”.
Para efectos de notificar actos administrativos como el anterior, el legislador no consagró una norma especial de notificación, por manera que las reglas aplicables para tal fin eran las contenidas en el Decreto 01 de 1984, vigente para la época de los hechos, el cual, en su artículo 44, señalaba que las decisiones que pusieran fin a una actuación administrativa se notificarían personalmente al interesado, previa citación dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto administrativo.
A su vez, en atención a lo previsto en el artículo 45 ejusdem, en los eventos en los que no pudiera efectuarse la notificación dentro de los 5 días siguientes a la citación, debía procederse a la fijación de edicto por el término de 10 días.
De otro lado, el artículo 48 de la misma normativa señalaba que en el evento en los que las notificaciones no se hicieran en los anteriores términos se tendría por no agotada la diligencia y la decisión no surtiría efectos legales, “a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, conv[iniera] en ella o utilice en tiempo los recursos legales”.
Pues bien, en el presente asunto se encuentra probado que para notificar el acto de retiro del servicio del demandante se procedió a la fijación de edicto el 25 de abril de 2001 en la Vigésima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Mocoa.
Sin embargo, pese a los distintos requerimientos formulados, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se acreditó que, previo a la fijación del edicto, se hubiese intentado la notificación personal, por manera que las diligencias relativas al referido edicto, según lo previsto en el citado artículo 48 del C.C.A., carecieron de efecto.
La Subsección advierte que la notificación de la Resolución 423 del 5 de abril de 2001 se dio por conducta concluyente, pues, pese a la falta de citación previa del afectado, él convino en su desvinculación de la institución, en la medida en que, según los documentos que aportó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, compareció ante el Ejército Nacional el 11 de abril de 2001, para practicarse el examen médico de retiro, actuación que solo podía adelantar en la medida en que supiera que su relación con la institución había terminado.
De este modo, según lo previsto en el numeral 2 del artículo 136 Decreto 01 de 1984, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debía presentarse entre el 12 de abril de 2001 y el 12 de agosto siguiente; sin embargo, se procedió de conformidad hasta octubre de la misma anualidad –la fecha exacta se desconoce, tal como se explicó en el capítulo precedente–.
De otro lado, en agosto de 2001, el señor Figueroa Díaz solicitó la revocatoria directa de la Resolución 423, actuación que, por expresa disposición legal –artículo 72 ejusdem- no revivió los términos para acudir ante esta jurisdicción.
En las condiciones analizadas, resultaba evidente que el escrito inicial presentado por el señor Figueroa Díaz no era susceptible de ser tramitado, sino que, como ocurrió, debía rechazarse por caducidad.
El hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda del Consejo de Estado le hubiesen dado efecto a la notificación por edicto, pese a las irregularidades presentadas, no da cuenta de la antijuridicidad del daño alegado, porque, aunque por razones distintas, la demanda resultaba extemporánea.
En suma, se encontró acreditado que el señor Fabio Enrique Figueroa Díaz padeció un daño; sin embargo, este daño no puede catalogarse como antijurídico, porque no se advierte la configuración de un error jurisdiccional.
Así las cosas, se comparte la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa de la referencia, en cuanto a la denegatoria de las pretensiones planteadas y, por tal razón, se analizará lo relacionado con la condena en costas de primera instancia y, como punto nuevo, se resolverá sobre la que se debe imponer en esta.
9. Costas
En atención a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el literal b del artículo 625 del C.G.P., en la sentencia se decidirá sobre la condena en costas, con aplicación de las normas previstas en el último de los estatutos mencionados, el cual, en el numeral 1 de su artículo 365, dispone que se condenará a su pago a la parte vencida en el proceso.
La condena depende de un factor objetivo, del hecho de ser vencido en el proceso, y no de la conducta desplegada por las partes, de ahí que no resulten de recibo los argumentos del demandante y, de manera consecuente, se deba confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además, se impondrá la condena en costas pertinente de segunda instancia, en cuanto el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra del fallo del a quo fue resuelto de manera desfavorable.
Pues bien, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003.
En aplicación de lo anterior, por tratarse de un proceso de segunda instancia con cuantía, la Sala fija las agencias en derecho de segunda instancia en suma equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda.
Finalmente, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la parte demandada, siempre que se encuentren probados y provengan de actuaciones autorizadas por la ley; además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas en cada instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia a la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Fabio Enrique Figueroa Díaz, incluido, por agencias en derecho, un monto equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca procederá en los términos indicados en el artículo 366 del C.G.P.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia y cumplido lo anterior, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 19, cuaderno 1. Folios 4, cuaderno 1. En el acápite de hechos de la demanda no se indicó la fecha de ingreso. Folio 8, cuaderno 1. Folio 24, cuaderno 1. Folio 36, cuaderno 1. Folios 56-107, cuaderno 1. El archivo de audio y video de la diligencia obra a folio 1 del cuaderno 3. Minutos 1 al 13: 10”. Minutos 13:11” a 19:35”. Minutos 19:40” a 20:10”
Minutos 20:26” a 27:40”. Minutos 27:53” a 32:28”. Minutos 32: 30” a 45:45”. Minutos 46 a 65:06”. Folios 71-76, cuaderno 6. Folio 86, cuaderno 6. Folios 92-104, cuaderno 6. Folios 107-108, cuaderno 6. Folios 107-108, cuaderno 6. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Enrique Gil Botero, expediente 49.299, demandante Cafesalud EPS S.A., demandado Nación – Ministerio de la Protección Social. Para el presente asunto no se tendrán en cuenta las modificaciones dispuestas por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, pues estas entraron a regir con posterioridad a la época de los hechos.
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. Para el 2013 el smmlv era igual a $660.00, suma que al multiplicarse por 500 daba como resultado $330’000.000. Reglamentada por el Decreto 1716 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto 1069 de 2015, "[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho". Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras. Al respecto consultar las siguientes decisiones: i) sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado: 50001-23-31-000-2005-00274-01 (39435); ii) sentencia del 13 de junio de 2016, radicado: 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); iii) sentencia del 24 de octubre de 2016, radicado: 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, radicado: 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del Magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, expediente 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, expediente 45.094, y del 14 de agosto de 2013, expediente 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Folios 409-410, cuaderno 2. Folios 53-54, cuaderno 2. Folio 429-431, cuaderno 2.
“Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se resalta). Folio 60, cuaderno 2. Folio 60, cuaderno 2. Folios 73-74, cuaderno 2. Folio 77, cuaderno 2. Folios 167-171, cuaderno 2. Folio 75, cuaderno 1. Folio 21, cuaderno 3. Folio 25, cuaderno 2.
Folio 90, cuaderno 2. Folios 93-98, cuaderno 2. Folio 98, cuaderno 2. Folios 206-208, cuaderno 2. Folios 210, 214, cuaderno 2. Folio 295, cuaderno 2. Folio 221, cuaderno 2. Folio 296-301, cuaderno 2. Folios 307-309, cuaderno 2. Folios 355-357, cuaderno 2. Folios 302-304, cuaderno 2. Folio 373, cuaderno 2. Folio 339, cuaderno 2. Folio 339, cuaderno 2. Folio 342, cuaderno 2. Folios 344-352, cuaderno 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, expediente 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Folio 60, cuaderno 2.
“Artículo 44. Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente (…).
“Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.
“Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación (…). La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
“(…)..
“Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.
“En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código”.
“Artículo 45. Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”. Folio 339, cuaderno 2.
“Artículo sexto. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
“(…).
“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…)”. (se destaca). A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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