Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00436-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Contrato de derecho privado de la administración
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00436-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2012-00436-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de agosto de 2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO
[E]l derecho que podría existir en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro derivado de la póliza (…) expedida por QBE Seguros S.A. se encuentra prescrito, motivo por el cual, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , en ejercicio de las facultades oficiosas que esa norma consagra, se revocará la sentencia de primera instancia en tanto condenó a QBE para, en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva ordinaria consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio. Es pertinente advertir que QBE no insistió en su recurso de apelación sobre la excepción de prescripción extintiva planteada en su escrito de contestación ; sin perjuicio de ello, con fundamento en el artículo 187 del CPACA, la Sala tiene el deber y ostenta competencia para estudiar y decidir “todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”, incluso en segunda instancia porque, tal y como lo establece el artículo 305 del CGP y lo señaló esta Corporación en sentencia de unificación, el juez está en la obligación de analizar de oficio aquellas cuestiones necesarias para proferir una sentencia de mérito. Dado que QBE es apelante único y que con su recurso busca que se revoque la sentencia que le fue desfavorable, el estudio de la excepción de prescripción está a tono con la garantía de la no reformatio in pejus.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 305
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 6 de abril de 2018; Exp. 46005; C.P. Danilo Rojas Bethancourt.
CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ESTATAL / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN / FUNCIONES DEL JUEZ / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
[E]l régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio es plenamente aplicable a la controversia, pues, si bien, según lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de seguro en los que se fundan las pretensiones de la demanda se califican como estatales, esto no desdice de la aplicación de las normas comerciales aplicables a la materia, según lo dispone el artículo 13 ibídem. En este orden de ideas, el artículo 1081 del estatuto mercantil resulta aplicable no solo por remisión del referido artículo 13 de la Ley 80 de 1993, sino porque el contrato de seguro contiene un régimen especial en materia de prescripción liberatoria, que no riñe con el derecho público y, por ende, no puede ser desconocido por el juez. Se advierte también que el régimen de caducidad de la acción contencioso administrativa no suplanta al de la prescripción extintiva, pues se trata, como esta Corporación lo ha dicho en diversas oportunidades, y como lo apuntala la doctrina, de fenómenos jurídicos diferentes.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2512 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 10 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 6 de diciembre de 2017; Exp. 54635; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, de 27 de marzo de 2014; Exp. 29205; C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 19 de febrero de 2009; Exp. 24609; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO EVOLUCIÓN NORMATIVA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
La prescripción extintiva genera (…) la imposibilidad de hacer efectiva una obligación o un derecho porque extingue la obligación —y el crédito correlativo— en razón de no haberse ejercido en un determinado período. Este fenómeno opera por el transcurso del tiempo sin que se ejercite la acción, pero —a diferencia de la caducidad — no se limita a la extinción de la acción, sino que, principalmente, permea la existencia del derecho u obligación, por lo cual se afirma que, aunque es una institución de carácter sustancial, produce efectos procesales. La prescripción es, en principio, renunciable, tácita o expresamente según lo dispone el artículo 2514 del Código Civil y, por ello, de conformidad con la legislación civil, no puede ser declarada de oficio. Así lo disponen, en la actualidad, los artículos 2513 del Código Civil y 282 del Código General del Proceso (CGP), como también lo preveía el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil (CPC); sin embargo, en lo que se refiere a los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta materia fue regulada de manera especial por el legislador. En efecto, desde la expedición de la Ley 167 de 1941 —artículo 111 —, pasando por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, y ahora en el artículo 187 del CPACA, el legislador estableció que es deber del juez, en primera o segunda instancia, decidir sobre las excepciones de fondo que encuentre probadas, aun cuando no hubieren sido alegadas.
FUENTE FORMAL: LEY 167 DE 1941 - ARTÍCULO 111 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 164 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 306 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 282 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2513 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2514
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 19 de febrero de 2021; Exp. 47255; C.P. José Roberto Sáchica Méndez y del 5 de diciembre de 2006; Exp. 13750; C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencias de la Corte Constitucional, C 412 de 1997; M.P. Hernando Herrera Vergara y C 091 de 2018; M.P. Alejandro Linares Cantillo.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / CLASES DE EXCEPCIONES / EXCEPCIONES MIXTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIONES DE FONDO / OPORTUNIDAD PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES DE FONDO / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
La excepción de prescripción extintiva es una de aquéllas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CPACA, debe ser declarada de oficio por el juez contencioso administrativo si la encuentra probada, incluso a pesar de no haber sido invocada por la demandada, porque: Hace parte de lo que la doctrina ha denominado excepciones mixtas, que son aquellas que atacan la relación sustancial debatida en el proceso y, como tal, constituyen por naturaleza excepciones de fondo, pero respecto de las cuales la ley procesal, por razones de economía, ha anticipado su decisión en el marco del proceso . En efecto, en el caso del proceso contencioso administrativo, su decisión se anticipa —antes de la expedición de la Ley 2080 de 2021 — al momento de la celebración de la audiencia inicial, de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del CPACA. En este orden de ideas, el hecho de que el artículo 187 del CPACA hable de las “excepciones de fondo” no excluye a la prescripción extintiva, que es una auténtica excepción que ataca la relación jurídica sustancial —pues funge como medio extintivo del derecho que el demandante reclama en el proceso— y, por ende, es una excepción de fondo, sin perjuicio de que la ley procesal habilite su resolución en un estadio anticipado del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180 NUMERAL 6 / LEY 2080 DE 2021
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 30 de agosto de 2011; Exp. 58225; C.P. Ramiro Pazos Guerrero y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de junio de 2015; Exp. 2010-00006; M.P. Margarita Cabello Blanco
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / FUNCIONES DEL JUEZ / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES
[A] diferencia de lo que ocurre con el artículo 282 del CGP, que le prohíbe expresamente al juez reconocer la prescripción extintiva, aún si la encuentra probada, en el artículo 187 del CPACA no existe tal prohibición, sino que, por el contrario, rige la regla general que consiste en que el juez debe decidir sobre “todas las excepciones de fondo”, lo que incluye la prescripción. Si el legislador considerara que el juez contencioso no podía declarar de oficio la prescripción extintiva, hubiera hecho explícita esta circunstancia, lo que no hizo; por tanto, se concluye que sí es posible para el juez de lo contencioso administrativo, en primera o segunda instancia, declararla de oficio si la encuentra probada (…) la competencia del ad quem está delimitada por los argumentos expuestos por el apelante “sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. De esta manera, tal y como también señaló la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005) de la Sección Tercera de esta Corporación , los límites que le imponen los argumentos del apelante a la competencia del ad quem no deben entenderse como un obstáculo para que en la segunda instancia el juez haga un control oficioso de aquellas cuestiones necesarias para proferir una sentencia de mérito; dentro de estos aspectos está la prescripción que, se reitera, se trata de un fenómeno extintivo del derecho que se debate y, por ende, incide en la determinación de la sentencia de mérito.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 305 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 282 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 6 de abril de 2018; Exp. 46005; C.P. Danilo Rojas Bethancourt. Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / NORMATIVIDAD APLICABLE / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CLASES DE CONTRATO COMERCIAL / OBLIGACIONES COMERCIALES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES COMERCIALES / PRESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO
La prescripción liberatoria en el contrato de seguro extingue las relaciones obligatorias derivadas de dicho negocio jurídico que, pese a tener un régimen especial , requiere del cumplimiento de tres presupuestos generales : (i) la inactividad del acreedor de la obligación, que no exigió o reclamó la prestación correlativa a su derecho de crédito; (ii) el transcurso del tiempo durante un periodo determinado por ley que, por ser de interés público, no puede ser modificado por pacto entre las partes ; y (iii) que constitucional o legalmente no se señale expresamente que una determinada relación jurídica es imprescriptible. En materia de seguros, la ley mercantil establece dos tipos de prescripciones, la ordinaria y la extraordinaria, que se diferencian, entre otras cosas , en que: (i) la primera es de dos (2) años, los cuales empiezan a correr contra el “interesado” a partir del conocimiento, real o presunto, que tenga sobre el “hecho que da base a la acción” que, en el caso de la reclamación de la prestación asegurada en cabeza de la aseguradora , será desde el momento en que el asegurado o beneficiario conoce o debió conocer de la ocurrencia del hecho que se aduce como constitutivo del siniestro ; (ii) la segunda no atiende al conocimiento que sobre el acaecimiento del riesgo amparado pudo tener el interesado, sino que responde sólo a factores objetivos, está instituida también para proteger a quienes padecen de alguna incapacidad y se configura con el paso de cinco (5) años contados desde “el momento en que nace el respectivo derecho”.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 5 de marzo de 2020; Exp. 63861; C.P. Marta Nubia Velásquez y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de febrero de 2002; Exp. 6011; M.P. Nicolás Bechara Simancas, del 12 de febrero de 2007; Exp. 999 9749; M.P. Edgardo Villamil Portilla, del 18 de diciembre de 2012; Exp. 2007 0071; M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, del 31 de julio de 2002; Exp. 7498, del 19 de febrero de 2003; Exp. 6571, de 29 de junio de 2007; Exp. 1998 04690 01, 25 de mayo de 2011; Exp. 2004 00142 01 y 4 de abril de 2013; Exp. 2004 00457 01.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / NORMATIVIDAD APLICABLE / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CLASES DE CONTRATO COMERCIAL / OBLIGACIONES COMERCIALES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES COMERCIALES / RECLAMACIÓN DEL ASEGURADO / PRESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO
El término de prescripción ordinaria para reclamar el pago de la prestación a cargo del asegurador que, como se dijo, comienza a correr a partir del conocimiento real o presunto del interesado sobre la ocurrencia del hecho que se aduce como constitutivo del siniestro, esto es, como base de la acción, puede interrumpirse, civil o naturalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2539 del Código Civil , el cual resulta aplicable a la prescripción en el contrato de seguro porque, en virtud del artículo 822 del Código de Comercio , en ausencia de un régimen especial para la prescripción liberatoria, debe acudirse a las normas del Código Civil . En ambos casos, la interrupción genera como efecto que “el término que estaba corriendo o que se encontraba en estado de consolidación, se ve truncado y, por ende, deberá comenzarse a contar de nuevo como si no hubiese corrido ninguno”. La interrupción natural ocurre cuando el deudor reconoce, expresa o tácitamente, la prestación a su cargo, mientras que la civil procede, en los términos del artículo 94 del CGP —que reitera en este punto el inciso primero del artículo 90 del CPC—, con la presentación de la demanda, siempre que el auto admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente a la fecha en la que el demandante conozca dicha providencia. A partir de la entrada en vigencia del último inciso del artículo 94 del CGP, el término de prescripción también puede interrumpirse, por una única vez, mediante “el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor”. El efecto que el CGP le confiere a este requerimiento escrito entró a regir a partir del 1º de octubre de 2012, de conformidad con la regla de vigencia establecida en el numeral 4º del artículo 627 del CGP.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 627 NUMERAL 4 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 94 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 90 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 822 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2539
AVISO / AVISO DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RECLAMACIÓN DEL ASEGURADO / OBLIGACIONES COMERCIALES / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES COMERCIALES / CONTRATO COMERCIAL / CLASES DE CONTRATO COMERCIAL / CONTRATO DE SEGURO / PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO / REQUISITOS DE LA RECLAMACIÓN DEL ASEGURADO / SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
[L]a Superintendencia no presentó una reclamación en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio que tuviera la virtualidad de interrumpir, al amparo del artículo 94 [CGP], el cómputo de la prescripción. En efecto, el Oficio GT-572 que la Superintendencia le remitió a QBE el 12 de agosto de 2010 y que, según la demandante , constituía simultáneamente la reclamación y el aviso de la ocurrencia del siniestro cubierto por la póliza (…) de que trata el 1075 del Código de Comercio, tiene la naturaleza de un aviso, pero no cumple con el contenido de una reclamación, básicamente, porque no determina ni demuestra la cuantía de la pérdida, lo que impide, a su vez, que produzca los efectos que le son propios a la reclamación y a los que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio . (…) al anotado oficio no es posible atribuirle la condición de una reclamación en los términos de los artículos 1077 y 1080 referidos, por cuanto a través suyo no se determinó ni probó la cuantía del presunto hurto electrónico, de modo que la aseguradora tuviera certeza sobre cuál era el valor de la indemnización que tendría que pagarle a la demandante. Esa expresión se enmarca entonces en el cumplimiento de una obligación a cargo del asegurado prevista en el artículo 1075 del Código de Comercio.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1075 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1077 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1080 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 94
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PÓLIZA DE SEGURO / SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO
[E]l término de prescripción ordinaria de la prestación a cargo del asegurador también puede suspenderse (…) como ocurre con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, caso en el que el término ya corrido se mantiene computado y se reanuda al momento de desaparecer la causa de suspensión. (…) como la Superintendencia es la que ostenta el interés asegurable y es claramente la legitimada para reclamar el pago del siniestro amparado por la póliza (…) según lo previamente analizado, en su contra corre la prescripción ordinaria de dos (2) años desde el conocimiento del hecho que adujo como constitutivo de siniestro amparado por dicha póliza y en el que funda su acción, pues este tipo de prescripción, se reitera, es de raigambre subjetiva en tanto presupone el conocimiento del hecho que da base a la acción. Ahora bien, para determinar el cómputo de términos, se debe tomar como referente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121 del CPC —pues dicha norma procesal estaba vigente al momento en que comenzó a correr la prescripción
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 121 INCISO 2 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre de 2020; Exp. SC4312-2020; M.P. Ariel Salazar Ramírez.
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTABILIZACIÓN DEL TERMINO JUDICIAL / CONTABILIZACIÓN DEL TERMINO JUDICIAL EN DÍAS / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
[L]a Superintendencia presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de julio de 2012 ante el Ministerio Público motivo por el cual, a partir de ese día, inclusive, se suspendió el término de prescripción de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, faltando 25 días comunes para que prescribiera la prestación a cargo de QBE como consecuencia del conocimiento de la ocurrencia del riesgo amparado aducido como base de la acción. (…) la constancia de conciliación fallida se expidió el 12 de septiembre de 2012. De esta manera, a partir del 13 de septiembre de 2012 se reanudó el término de prescripción respecto del que faltaban 25 días para concretarse. (…) el hecho de que faltaran 25 días para que finalizara el término legal de dos (2) años previsto en el artículo 1081 del estatuto comercial, no convierte el término en uno de días, que deban, por ende, contabilizarse como hábiles (…) En este orden de ideas, los 25 días comunes vencieron el 7 de octubre de 2012. Dado que ese día era inhábil, la prescripción extintiva ocurrió definitivamente al vencerse las 18:00 horas del lunes 8 de octubre de 2012. (…) la Superintendencia presentó la demanda el 9 de octubre de 2012, esto es, al día siguiente que ocurriera la prescripción extintiva. En este orden de ideas, la prestación que pretendía reclamar judicialmente, consistente en el pago del seguro contratado con QBE, incluso al margen de que en efecto haya surgido, ya se había extinguido definitivamente. (…) la Sala declarará probada de oficio la prescripción extintiva de la relación jurídico-sustancial reclamada por la Superintendencia en la pretensión primera principal, de conformidad con la cual solicitó el reconocimiento y pago a cargo de QBE de $378’924.660 correspondiente a la póliza Dado que las pretensiones subsiguientes son consecuenciales de la primera principal pues en ellas se reclaman intereses moratorios junto con la actualización monetaria de la prestación derivada del contrato de seguro, también corren la suerte de aquélla.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 121 INCISO 2 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS
De conformidad con el artículo 188 del CPACA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que la sentencia de primera instancia será revocada para, en su lugar, denegar las pretensiones contra QBE. En consecuencia, se ordenará que se liquiden de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP, liquidación que, según ese mismo artículo, se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 361
RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO
En relación con las agencias en derecho, puesto que este es un proceso declarativo en segunda instancia, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura se fijarán en la suma de tres millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos ($3’789.246,60) que corresponden al 1% del valor de las pretensiones económicas de la demanda —que ascendieron a la suma de trescientos setenta y ocho millones novecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta pesos— a favor de QBE Seguros S.A.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4 / ACUERDO 1887 DE 2003
NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto de la honorable consejera María Adriana Marín.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00436-01(50761)
Actor: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Demandado: QBE SEGUROS S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada QBE Seguros S.A. en contra de la sentencia que profirió la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se la condenó a pagarle a la demandante $358’014.091 por concepto de la ocurrencia del siniestro y $180’096.653,21 a título de intereses moratorios; y se negaron las pretensiones dirigidas contra Seguros del Estado S.A.
La controversia se centra en determinar si las aseguradoras están obligadas al pago de la indemnización con cargo a las respectivas pólizas como consecuencia del presunto acaecimiento del riesgo asegurado, y, de ser el caso, cuál es la cuantía de dichas obligaciones.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 21 de octubre de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO.- Condenar a QBE SEGUROS S.A. a pagar la suma de trescientos cincuenta y ocho millones catorce mil noventa y un pesos ($358.014.091,oo), a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, por concepto de la ocurrencia del siniestro amparado en la póliza de Manejo Global No. 92100000480, suscrita entre la Superintendencia de Notariado y Registro y QBE Seguros S.A.
SEGUNDO: Condenar a la sociedad QBE SEGUROS S.A. al pago de los intereses moratorios liquidados al tenor del numeral 8 del artículo 4º de la ley 80 de 1993, esto es, el doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, a partir de la acreditación de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado, conforme lo disponen los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, es decir desde el 13 de septiembre de 2010, por la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 21/100 ($180.096.653,21).
TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CUARTO: Se condena en costas a la entidad demandada QBE SEGUROS S.A. Por Secretaría de la Sección, liquídese el monto remanente por gastos procesales que será devuelto a la entidad demandante y se impone el pago de las sumas causadas en el presente evento con cargo a la parte demandada QBE SEGUROS S.A. Fíjese por agencias en derecho la suma de cinco millones trescientos ochenta y un mil ciento siete pesos con 44/100 ($5.381.107,44).”
El anterior proveído decidió la demanda presentada el 9 de octubre de 2012 por la Superintendencia de Notariado y Registro (en adelante, la Superintendencia) cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación:
Pretensiones
La demandante formuló las siguientes pretensiones principales:
“PRIMERA PRINCIPAL: Que se reconozca y pague por la compañía QBE SEGUROS S.A. a favor de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($378’924.660.00) m/legal, por concepto de la reclamación del siniestro ocurrido el 10 de agosto de 2010, por el hurto electrónico de la cuenta corriente No 150-03030-2 del Banco Popular, de conformidad con el contrato de seguro expedido el día 15 de julio del año 2.009, contenido en la póliza # 92100000480.
SEGUNDA PRINCIPAL: Que se reconozca por la compañía QBE SEGUROS S.A. a favor de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y se paguen los intereses moratorios conforme las disposiciones del Código de Comercio y la Superintendencia Bancaria, exigibles desde el 10 de agosto de 2010 hasta la fecha de su solución o pago.
TERCERA PRINCIPAL: Que se reconozca y pague debidamente indexada, la suma que arroje la liquidación.”
Como pretensiones subsidiarias, la Superintendencia solicitó que “teniendo en cuenta que la póliza de infidelidad y riesgos financieros No. 33-23-100003 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. aplica y opera en exceso de la Póliza de Manejo Global Comercial para entidades oficiales # 92100000480 expedida por QBE SEGUROS S.A., solicito que se condene a favor de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en caso de que la Compañía QBE Seguros S.A. no pague su obligación […] la suma de […] ($378’924.660.00) […]”, junto con los intereses moratorios e indexación monetaria antes solicitada.
Hechos
En apoyo de sus peticiones, la Superintendencia relató, en síntesis, los siguientes hechos:
La Superintendencia contrató, en calidad de tomadora y asegurada con QBE Seguros S.A. (en adelante, QBE) la póliza de manejo global 92100000480 expedida el 15 de julio de 2009 cuya cobertura comprendió los riesgos que implicaran pérdidas para la entidad derivados de acciones y omisiones de sus servidores calificadas como delitos contra la administración pública o violaciones de disposiciones legales y reglamentarias. Dicha póliza tuvo una vigencia desde el 3 de julio de 2009 hasta el 21 de octubre de 2010 y la prima fue de $13’013.699.
Manifestó que el 27 de julio de 2009 adquirió, también como tomadora y asegurada, la póliza de infidelidad y riesgos financieros 33-25-1000003 expedida por Seguros del Estado S.A. (en adelante, Seguros del Estado), que cubrió a la Superintendencia de las pérdidas sufridas como consecuencia de los riesgos a que estuviera expuesta en el giro ordinario de su actividad, causados por empleados, terceros o en complicidad con ellos, cuya vigencia se mantuvo entre el 22 de agosto de 2009 y el 3 de enero de 2011.
Precisó que el monto asegurado por QBE fue de hasta $500’000.000, mientras que el asegurado por Seguros del Estado en póliza que no coexistía con la de QBE, cubría el exceso de las reclamaciones hasta la suma de $950’000.000.
Relató que la Superintendencia manejaba la cuenta corriente 150-03030-2 del Banco Popular a través de la cual se gestionan los pagos de los subsidios a notarios, de los impuestos y retenciones para transferencias internas entre cuentas de la entidad y mediante la cual se hacen pagos al ICETEX.
Afirmó que el 10 de agosto de 2011 [sic], a las 11:17 horas se cometió un hurto electrónico en cuantía de $717’500.000 sobre los recursos depositados en la anotada cuenta corriente, hurto que se instrumentó a través de 22 transacciones que quedaron registradas en la planilla de pagos PHJ1JYLA de ACH.
Agregó que el 11 de agosto de 2010, el Director Financiero y la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la entidad presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación; asimismo, que, a través de oficio GT-572 del 12 de agosto de 2010, la Superintendencia le comunicó a QBE la ocurrencia del siniestro cuya pérdida ascendía en ese momento a $717’500.000 pero que, luego, se determinó que equivalió a $378’924.660. Lo propio señaló que se hizo el 13 de agosto de 2010 respecto de Seguros del Estado.
Narró que el 12 de agosto de 2010, la Superintendencia ofició a los Bancos Popular, AV Villas, Bancolombia y Davivienda con el fin de determinar en cuáles cuentas fueron depositadas las sumas de dinero extraídas de la cuenta corriente de la entidad.
Agregó que, entre noviembre de 2011 y junio de 2012, la Superintendencia le remitió a la Fiscalía 56 de la Unidad Delegada ante el CTI de Bogotá múltiples peticiones inquiriendo por el estado de la investigación, que, de conformidad con las respuestas del ente acusador, se encontraba en etapa de averiguación preliminar y en determinación de responsables.
Señaló que la Superintendencia atendió todos los requerimientos de información que le fueron formulados por las sociedades aseguradoras, con lo cual dicha entidad dio cuenta de la ocurrencia del siniestro y de su cuantía. Manifestó que, pese a lo anterior, y sin justificación legal alguna, ni QBE ni Seguros del Estado pagaron el valor asegurado por las respectivas pólizas de seguro, dilatando el trámite a través de requerimientos de información y documentos innecesarios y sin invocar o probar una causal eximente responsabilidad que las excusara del cumplimiento de sus obligaciones.
Finalizó señalando que el 12 de septiembre de 2012 se celebró y declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación solicitada por la Superintendencia para agotar el requisito de procedibilidad.
Los fundamentos de derecho de la demanda
Como fundamentos de derecho, la Superintendencia invocó los artículos 1036, 1045, 1077 y 1080 del Código de Comercio y señaló que las demandadas aseguraron a la entidad de las eventuales pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del hurto de los dineros que le pertenecían; que, dado que el 10 de agosto de 2010 acaeció el siniestro, las aseguradoras están en la obligación jurídica de pagar el valor de la indemnización, lo que no han realizado sin una justificación atendible.
Los argumentos de defensa de las demandadas
QBE Seguros S.A.
El 10 de abril de 2013, QBE contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, planteando las excepciones que tituló: (i) “prescripción de la acción de la Superintendencia de Notariado y Registro”; (ii) “inexistencia del siniestro”; (iii) “reducción de la indemnización por coexistencia de seguros”, y (iv) “deducible”, cuyos fundamentos fácticos y jurídicos se resumen a continuación.
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1º del el artículo 1081 del Código de Comercio, manifestó que las acciones derivadas de la póliza expedida por QBE están prescritas porque el supuesto siniestro fue conocido por la Superintendencia el 11 de agosto de 2010, fecha en la que la entidad presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y, aunque instauró solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió el término de prescripción por 25 días, la demanda la presentó 26 días después de la fecha de reanudación, configurándose la prescripción.
En relación con la excepción de inexistencia del siniestro, QBE señaló que, en aplicación del artículo 1602 del Código Civil, su obligación de pago estaba regida por lo que las partes acordaron que sería la cobertura de la póliza que amparó las pérdidas que pudiera sufrir la Superintendencia como consecuencia de acciones u omisiones de sus servidores que incurrieran en delitos contra la administración pública o significaran contravenciones a disposiciones legales o reglamentarias.
Agregó que en las coberturas básicas de la póliza se precisó que, si no era posible determinar específicamente el empleado o empleados responsables del siniestro, QBE pagaría la indemnización “siempre y cuando las circunstancias que dieron lugar al evento permitan considerar que en la ocurrencia del mismo intervinieron uno o varios empleados del [sic] Superintendencia de Notariado y Registro a cualquier título (autor intelectual, material o cómplice) […]”. Como no fue posible establecer quién fue el responsable del supuesto hurto electrónico, ni se determinó que un servidor de la Superintendencia hubiera participado en él, QBE no está obligada a pagar la indemnización.
En punto a la excepción sobre la coexistencia de seguros, QBE manifestó que, de conformidad con los artículos 1092 y 1094 del estatuto comercial, hay coexistencia de seguros cuando se presenta identidad de asegurados, interés y riesgo asegurado, lo que ocurre en este caso. Por ende, dado que la póliza de QBE tiene un límite en el valor asegurado de $500’000.000 y la de Seguros del Estado de $900’000.000, a la primera le corresponde, en caso de condena, un pago proporcional del 34,48%.
Por último, señaló que, en el caso de una eventual condena, se debe descontar de dicha suma el 2% a título de deducible.
Seguros del Estado S.A.
El 23 de abril de 2013, Seguros del Estado contestó la demanda y también se opuso a sus pretensiones, planteando las excepciones denominadas: (i) “inexistencia de la obligación por falta de cobertura”; (ii) “inexistencia de la obligación por inexistencia del siniestro”; y (iii) la genérica, cuyos fundamentos fueron los siguientes:
En relación con la inexistencia de la obligación de pago por falta de cobertura, Seguros del Estado señaló que la póliza de infidelidad y riesgos financieros 33-25-1000003 que expidió cubría a la Superintendencia de las pérdidas amparadas en exceso de los $500’000.000 asegurados por la póliza de manejo global de QBE, de manera que como la reclamación es de $378’924.660, no puede cobrarse con cargo a la póliza expedida por Seguros del Estado.
Por lo mismo, afirmó que en este caso no existe siniestro que deba ser cubierto por Seguros del Estado ni se presenta el fenómeno de la coexistencia de seguros ni solidaridad entre las aseguradoras, toda vez que las pólizas operan de manera independiente y Seguros del Estado no puede ser llamada a responder por un siniestro cuya cuantía es inferior a $500’000.000, incluso si QBE no se allanara a pagar.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
Como fundamento de su decisión, el Tribunal expresó las siguientes razones:
Que la póliza expedida por QBE amparó los riesgos de pérdida o menoscabo de los fondos de la Superintendencia de Notariado y Registro causados por acciones u omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o contravengan disposiciones legales o reglamentarias, lo que cobija el siniestro cuya ocurrencia ocurrió el 10 de agosto a las 11:17 horas, de conformidad con el reporte de la Gerencia de Seguridad del Banco Popular allegado al expediente.
El Tribunal encontró probado que, a esa hora del 10 de agosto, fue cargado al portal del Banco Popular por el usuario primario “bpwinva”, asignado al Director Financiero de la Superintendencia, el archivo PHJ1JYLA.txt mediante el cual se autorizaban dos (2) transferencias por un valor total de $717’500.000 a través de la plataforma ACH. Dichas transferencias fueron destinadas a 22 cuentas de los bancos Popular, Davivienda, AV Villas y Bancolombia.
Además, destacó que, según el mismo informe del Banco Popular, las transferencias fueron autenticadas y aprobadas por el usuario asignado al Director Financiero de la Superintendencia desde mayo de 2009 y que del hurto se pudieron reversar y reintegrar recursos de la Superintendencia, en cuantía de $319’000.000 por lo que el valor de la pérdida fue de $358’014.091.
El Tribunal concluyó de los referidos elementos de juicio —así como de las pruebas de la investigación penal adelantada en la Fiscalía 56 Delegada ante el CTI que se encontraba en etapa de averiguación de responsables— que “el hurto electrónico que soporta el siniestro se realizó utilizando un usuario y contraseña asignados a un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro, independiente de la participación o no del empleado, que tipifica la estipulación contractual y configura la causa eficiente del detrimento o menoscabo patrimonial a la entidad demandante, en la suma de trescientos cincuenta y ocho millones catorce mil noventa y un pesos ($358.014.091,oo)”. Señaló que, al margen de la responsabilidad penal, era posible deducir que se configuró el siniestro cuyo riesgo fue amparado por QBE, pues se trató de un acto producto de acciones u omisiones imputables a los servidores de la Superintendencia en el marco del procedimiento previsto para llevar a cabo transacciones financieras.
Señaló, además, que el siniestro ocurrió en vigencia de la póliza de manejo global expedida por QBE y que la Superintendencia cumplió con su carga de dar aviso a la demandada sobre su ocurrencia mediante comunicación del 12 de agosto de 2010, que satisfizo los requerimientos del artículo 1075 del Código de Comercio. Por ende, concluyó que QBE está en la obligación de pagar la indemnización sufrida por la Superintendencia con cargo a la póliza.
En relación con la cuantía de la indemnización, el Tribunal señaló que la prueba de la pérdida sufrida por la Superintendencia fue de $358’014.091, pues así constaba en el informe del Banco Popular, y no la señalada por la demandante —que equivale a $378’924.660— que carecía de soportes. Concluyó que como dicha suma estaba comprendida dentro de los límites del valor asegurado por QBE —que equivalía a $500’000.000— y dado que el siniestro se encontraba probado, QBE debía pagar la suma asegurada.
En punto a los intereses moratorios, el Tribunal consideró que, puesto que el contrato de seguro involucrado era de naturaleza estatal por haber sido celebrado con una entidad pública, la tasa debía ser la establecida en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y no el bancario corriente como lo establece el artículo 1080 del estatuto mercantil. En aplicación de los referidos artículos, calculó los intereses moratorios a partir del vencimiento de los 30 días con los que QBE contaba para pagar la indemnización tras la acreditación de la ocurrencia del siniestro el 12 de agosto de 2010, esto es, a partir del 13 de septiembre de 2010.
El valor de $358’014.091 fue primero indexado y luego los intereses moratorios se liquidaron desde la fecha anotada hasta el 21 de octubre de 2013, fecha de la sentencia, para un total por concepto de intereses de $180’096.653,21.
El Tribunal encontró fundadas las excepciones formuladas por Seguros del Estado, relativas a la falta de cobertura de la póliza expedida por esta y a la falta de coexistencia de seguros en tanto la pérdida sufrida por la Superintendencia estaba cubierta por la póliza de QBE.
EL RECURSO DE APELACIÓN
El 12 de noviembre de 2013, QBE interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con el objeto de que sea revocada en su integridad y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda. Fundó su recurso en cuatro (4) reproches concretos, que son: (i) que el siniestro amparado no ocurrió; (ii) que el Tribunal interpretó indebidamente que el aviso de la ocurrencia del siniestro equivalía a la figura de la reclamación, por lo que no era procedente condenar a QBE a pagar intereses moratorios; (iii) que los intereses fueron indebidamente calculados, y (iv) que el Tribunal no tuvo en cuenta el deducible. Las razones de cada uno de estos reproches se desarrollan a continuación.
En relación con el primer reproche, QBE manifestó que la cobertura de la póliza 92100000480 era clara y que amparaba a la Superintendencia solo en caso de que se acreditaran tres requisitos: (a) que la asegurada sufriera un menoscabo; (b) causado por la acción u omisión de uno de sus servidores, y (c) que la conducta del servidor fuera calificada como un delito contra la administración pública o comportara el incumplimiento de una disposición legal o reglamentaria.
Señaló que la sentencia de primera instancia concluyó que la póliza amparó las pérdidas sufridas por el hurto electrónico con prescindencia de la participación de un empleado de la Superintendencia, con fundamento en el solo hecho de que la sustracción de los recursos de la cuenta corriente fue realizada utilizando el usuario y contraseña del Director Financiero. Dijo que la póliza amparaba las pérdidas que sufriera la Superintendencia por actos de sus servidores, pero no toda suerte de pérdidas cometidas por terceros.
Agregó en este punto que no solo no existen pruebas que acrediten la participación del Director Financiero de la Superintendencia, sino que los hechos probados demuestran que dicho servidor no tuvo relación alguna con el hurto —ni ningún otro servidor de la entidad—. En este sentido, con base en el análisis que hizo del mismo informe del Banco Popular en que el Tribunal fundó su providencia, concluyó que está acreditado que el hurto se cometió por un tercero no identificado a través de una dirección IP desconocida —que no era la habitual de la Superintendencia—, por lo que no se acreditó un elemento necesario para que se configure el riesgo amparado por la póliza.
En relación con el segundo reproche, la apelante manifestó que de conformidad con los artículos 1075 y 1080 del estatuto mercantil, el aviso del siniestro es completamente distinto de la reclamación pues, mientras que el primero es la simple noticia de ocurrencia del siniestro, la segunda es la petición de pago que hace el asegurado, a la cual debe acompañar todos los soportes que permitan acreditar la ocurrencia del riesgo asegurado y su cuantía.
Para QBE, la sentencia incurrió en un error al concluir que la comunicación del 12 de agosto de 2010 constituía la reclamación de pago y no el simple aviso, de cuya caracterización dedujo que la aseguradora estaba en mora de pagar el siniestro vencidos los 30 días siguientes a su recepción, esto es, a partir del 12 de septiembre del referido año. En dicha comunicación, por ejemplo, la Superintendencia ni siquiera acreditó la cuantía del siniestro o aportó con ella los soportes de su ocurrencia, por lo que no puede tenerse como una reclamación y mucho menos como fuente para condenar a QBE a pagar intereses de mora.
En punto al tercer reproche, la recurrente afirmó que los intereses moratorios fueron indebidamente liquidados por el Tribunal porque para hacerlo tomó una tasa equivalente al doble del interés legal consagrada en el artículo 1617 del Código Civil —12% anual— aplicándola a periodos inferiores a un año, en los meses corridos de los años 2010 y 2013. En este orden de ideas, señaló que, incluso si se considerara que los intereses debieran liquidarse a partir de la fecha en que lo hizo el Tribunal, equivaldrían a $141’682.779 y no a $180’096.553,21.
Por último, señaló que a la condena no se le dedujeron los $7’160.281,28 equivalentes al 2% pactados a título de deducible, ejercicio que debió hacerse antes de calcular los intereses moratorios.
Mediante auto del 28 de marzo de 2014, el Tribunal concedió el recurso de apelación. A través de auto del 14 de mayo de 2014 se admitió y, posteriormente, mediante auto del 27 de agosto de 2014, se les corrió a las partes y al Ministerio Público el traslado por el término de 10 días para alegar de conclusión. QBE y la Superintendencia presentaron sus alegatos de conclusión mientras que Seguros del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio en el término concedido.
En sus alegatos, QBE reiteró los planteamientos formulados en el recurso e insistió en su solicitud de revocar la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, pedir que se nieguen las pretensiones de la demanda.
La Superintendencia, por su parte, reiteró en sus alegatos los argumentos que desarrolló al descorrer el recurso de apelación interpuesto por QBE, en los que manifestó: (i) que no es cierto que fuera indispensable para que se concretara el riesgo amparado, que el hecho que generara daños a la entidad fuera una conducta delictiva de uno de sus empleados porque la propia póliza estableció que se reconocería el pago cuando, de acuerdo a las circunstancias que dieran lugar al evento, se pudiera concluir que un empleado intervino en él. En tal virtud, se había probado: (a) que el Director Financiero sí había intervenido en el hurto tal y como lo acreditaba el hecho de que fue citado a absolver un interrogatorio ante la Fiscalía, y (b) que el Director Financiero permitió la ocurrencia del siniestro porque el hurto se perpetró desde su usuario; (ii) que nada impide que el aviso y la reclamación coincidan en un solo acto, que es lo que ocurrió en este caso. Agregó que, en todo caso, en múltiples comunicaciones la Superintendencia atendió los requerimientos de información de las aseguradoras sin que éstas emitieran una respuesta formal en la que se echara de menos algún elemento para acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro; y (iii) defendió el ejercicio de liquidación de intereses, señalando que la tasa aplicada fue la que establecen los artículos 4º de la Ley 80 de 1993 y 1617 del Código Civil, previa actualización de las sumas desde septiembre de 2012.
CONSIDERACIONES
La prescripción extintiva de las acciones derivadas de la póliza 92100000480 expedida por QBE Seguros S.A.
La Sala encuentra que en el sublite el derecho que podría existir en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro derivado de la póliza 92100000480 expedida por QBE Seguros S.A. se encuentra prescrito, motivo por el cual, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en ejercicio de las facultades oficiosas que esa norma consagra, se revocará la sentencia de primera instancia en tanto condenó a QBE para, en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva ordinaria consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio.
Es pertinente advertir que QBE no insistió en su recurso de apelación sobre la excepción de prescripción extintiva planteada en su escrito de contestación; sin perjuicio de ello, con fundamento en el artículo 187 del CPACA, la Sala tiene el deber y ostenta competencia para estudiar y decidir “todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”, incluso en segunda instancia porque, tal y como lo establece el artículo 305 del CGP y lo señaló esta Corporación en sentencia de unificación, el juez está en la obligación de analizar de oficio aquellas cuestiones necesarias para proferir una sentencia de mérito. Dado que QBE es apelante único y que con su recurso busca que se revoque la sentencia que le fue desfavorable, el estudio de la excepción de prescripción está a tono con la garantía de la no reformatio in pejus.
Cabe también mencionar que, mediante auto proferido en la audiencia inicial del 21 de mayo de 2013, el Tribunal dijo abordar el estudio de la excepción de prescripción extintiva de QBE, pero, en la realidad, por considerar que el régimen mercantil de la prescripción del contrato de seguro era inaplicable al caso, no analizó si ese fenómeno se configuró o no; en su lugar, estudió la caducidad de la acción:
“Al respecto, el Despacho considera que el contrato de seguro celebrado es un contrato estatal […] por reunir los presupuestos previstos en los artículos 32, 39 y 40 de la Ley 80 de 1993 y, aun cuando, sus estipulaciones corresponden con las normas comerciales y con las normas del estatuto de contratación, que por su esencia lo exigen, su clausulado no podrá ser contrario a la Constitución, la ley, los principios de la contratación […] por lo tanto, la acción derivada del contrato que nos concierne debe someterse a las previsiones del derecho público o ley 80 de 1993, en cuyo caso, no aplica el Despacho las normas del Código de Comercio sino las propias del CPACA […] sin que allí se prevea plazo de prescripción extintiva […]
El Despacho aplicará el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA […] aunque el artículo 1081 del Código de Comercio pueda coincidir con lo previsto con la anotada norma, en el campo de la acción contencioso administrativa opera la caducidad de la acción, y debe aplicarse al sub examine al contrato de seguro que nos hemos referido.
El conteo de los términos se aplicará de la siguiente manera: el demandante acepta que el siniestro ocurrió el 10 de agosto […] fecha a partir de la cual debe tomarse la prescripción. Según lo anterior, el término de 2 años establecido en la ley a partir del 10 de agosto, finalizaría el 11 de agosto de 2012. Como dicho término se suspendió el 18 de julio de 2012, a raíz de la presentación de la conciliación extrajudicial, fecha para la cual faltaban 23 días —no 25— para el vencimiento de la demanda […] el término se reanudó el 12 de septiembre de 2012, fecha en la que la Procuraduría Judicial Administrativa declaró fallida la conciliación, por lo que se reanudó específicamente el 13 de septiembre del 2012. Contados los 23 días, que los cuenta el despacho como hábiles, debido a que ya no pueden contarse como años, sino siguiendo las previsiones del Código Civil, el vencimiento de la caducidad culminaba el 16 de octubre de 2012. Como la demanda fue presentada el 9 de octubre de 2012, se declara que no prospera la excepción de prescripción como tampoco prosperaría la excepción de caducidad que oficiosamente revisaría el Despacho.” (énfasis agregado)
Contra dicha decisión, QBE interpuso los recursos de reposición y de apelación, que el a quo rechazó por improcedentes.
Vale anticipar, además, que el régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio es plenamente aplicable a la controversia, pues, si bien, según lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de seguro en los que se fundan las pretensiones de la demanda se califican como estatales, esto no desdice de la aplicación de las normas comerciales aplicables a la materia, según lo dispone el artículo 13 ibídem. En este orden de ideas, el artículo 1081 del estatuto mercantil resulta aplicable no solo por remisión del referido artículo 13 de la Ley 80 de 1993, sino porque el contrato de seguro contiene un régimen especial en materia de prescripción liberatoria, que no riñe con el derecho público y, por ende, no puede ser desconocido por el juez.
Se advierte también que el régimen de caducidad de la acción contencioso administrativa no suplanta al de la prescripción extintiva, pues se trata, como esta Corporación lo ha dicho en diversas oportunidades, y como lo apuntala la doctrina, de fenómenos jurídicos diferentes.
Precisado lo anterior, desciende la Sala al estudio de la prescripción como excepción de fondo que puede y debe ser declarada de oficio por el juez contencioso administrativo. El artículo 2512 del Código Civil define la prescripción extintiva como un modo de “[…] extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”, mientras que el artículo 2535 ibídem dispone que “[l]a prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”. En concordancia con su definición, el numeral 10º del artículo 1625 del mismo estatuto inscribe a la prescripción liberatoria en los medios de extinción de las obligaciones.
La prescripción extintiva genera, por tanto, la imposibilidad de hacer efectiva una obligación o un derecho porque extingue la obligación —y el crédito correlativo— en razón de no haberse ejercido en un determinado período. Este fenómeno opera por el transcurso del tiempo sin que se ejercite la acción, pero —a diferencia de la caducidad— no se limita a la extinción de la acción, sino que, principalmente, permea la existencia del derecho u obligación, por lo cual se afirma que, aunque es una institución de carácter sustancial, produce efectos procesales.
La prescripción es, en principio, renunciable, tácita o expresamente según lo dispone el artículo 2514 del Código Civil y, por ello, de conformidad con la legislación civil, no puede ser declarada de oficio. Así lo disponen, en la actualidad, los artículos 2513 del Código Civil y 282 del Código General del Proceso (CGP), como también lo preveía el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil (CPC); sin embargo, en lo que se refiere a los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta materia fue regulada de manera especial por el legislador.
En efecto, desde la expedición de la Ley 167 de 1941 —artículo 111—, pasando por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, y ahora en el artículo 187 del CPACA, el legislador estableció que es deber del juez, en primera o segunda instancia, decidir sobre las excepciones de fondo que encuentre probadas, aun cuando no hubieren sido alegadas. Señala el referido artículo 187, en su segundo inciso, que “[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.
La excepción de prescripción extintiva es una de aquéllas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CPACA, debe ser declarada de oficio por el juez contencioso administrativo si la encuentra probada, incluso a pesar de no haber sido invocada por la demandada, porque:
Hace parte de lo que la doctrina ha denominado excepciones mixtas, que son aquellas que atacan la relación sustancial debatida en el proceso y, como tal, constituyen por naturaleza excepciones de fondo, pero respecto de las cuales la ley procesal, por razones de economía, ha anticipado su decisión en el marco del proceso. En efecto, en el caso del proceso contencioso administrativo, su decisión se anticipa —antes de la expedición de la Ley 2080 de 2021— al momento de la celebración de la audiencia inicial, de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del CPACA. En este orden de ideas, el hecho de que el artículo 187 del CPACA hable de las “excepciones de fondo” no excluye a la prescripción extintiva, que es una auténtica excepción que ataca la relación jurídica sustancial —pues funge como medio extintivo del derecho que el demandante reclama en el proceso— y, por ende, es una excepción de fondo, sin perjuicio de que la ley procesal habilite su resolución en un estadio anticipado del proceso;
En la exposición de motivos de la Ley 167 de 1941, cuya regulación en esta materia vino a ser confirmada en el Código Contencioso Administrativo, en el CPACA y en la Ley 2080 de 2021 que modificó a este último estatuto procesal, se señaló que la posibilidad de declarar de oficio la prescripción extintiva era un punto en el que el proceso contencioso administrativo se apartaba del civil —razón histórica—;
A diferencia de lo que ocurre con el artículo 282 del CGP, que le prohíbe expresamente al juez reconocer la prescripción extintiva, aún si la encuentra probada, en el artículo 187 del CPACA no existe tal prohibición, sino que, por el contrario, rige la regla general que consiste en que el juez debe decidir sobre “todas las excepciones de fondo”, lo que incluye la prescripción. Si el legislador considerara que el juez contencioso no podía declarar de oficio la prescripción extintiva, hubiera hecho explícita esta circunstancia, lo que no hizo; por tanto, se concluye que sí es posible para el juez de lo contencioso administrativo, en primera o segunda instancia, declararla de oficio si la encuentra probada; y
La Corte Constitucional, al estudiar si el numeral 6º del artículo 180 del CPACA que habilitaba al juez de lo contencioso administrativo a declarar probadas de oficio las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, prescripción extintiva, conciliación y falta de legitimación en la causa en el curso de la audiencia inicial vulneraba el principio de igualdad por no habilitar lo propio al juez civil, concluyó:
“[M]ientras las normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso tienen por finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada y permitir la libre disposición de los sujetos para permitirles hacer valer o renunciar a la prescripción, la norma del CPACA tiene una finalidad diferente, de interés general, que consiste en el amparo del patrimonio público, cuya protección también goza de respaldo constitucional, al tratarse de un interés colectivo y su protección, un principio constitucional […] De esta manera es posible sostener que el reconocimiento oficioso de la prescripción, por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es una norma de derecho público, característica propia del Contencioso Administrativo, que persigue finalidades de interés general y hace parte de otra serie de normas propias del Derecho Administrativo, que lo hacen especial, frente al derecho privado, tales como la invalidez de la confesión de los representantes de las entidades públicas” (énfasis agregado).
En este orden de ideas, reafirmó la constitucionalidad de la interpretación de la norma conforme a la cual el juez de lo contencioso administrativo tiene el deber de declarar la prescripción extintiva oficiosamente.
Se precisa que, si bien la declaratoria de oficio de la excepción de prescripción se explica por la necesidad de proteger el interés general, esto no quiere decir que se trate de un privilegio a favor de las entidades públicas, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia arriba referenciada, al advertir que, no obstante lo previamente mencionado,
“[E]stas normas que caucionan el patrimonio público, no pueden ser entendidas como un mandato general a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que permita concluir que su función jurisdiccional consiste en la protección del erario en favor de la administración pública, ya que esto atentaría contra el principio de imparcialidad, como garantía esencial exigible de cualquier juez de la República”.
Agrega la Sala que, si el legislador hubiera querido privilegiar únicamente a la administración con la declaración oficiosa de la prescripción extintiva, con tacha de constitucionalidad, así lo hubiera establecido. Es menester concluir, entonces, que, si la encuentra probada, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar de oficio la prescripción extintiva, incluso si esto no beneficia los intereses de la entidad pública.
Por las razones anotadas, considerando el carácter sustancial de la institución de la prescripción extintiva, es dable afirmar que se trata de una excepción de fondo y, en consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 187 del CPCA, el juez de lo contencioso administrativo, sea en primera o segunda instancia, está obligado a declararla cuando la encuentre probada, aun cuando no hubiere sido alegada por la parte interesada.
La Sala aclara que, de conformidad con el artículo 305 del CGP, la competencia del ad quem está delimitada por los argumentos expuestos por el apelante “sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. De esta manera, tal y como también señaló la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005) de la Sección Tercera de esta Corporación, los límites que le imponen los argumentos del apelante a la competencia del ad quem no deben entenderse como un obstáculo para que en la segunda instancia el juez haga un control oficioso de aquellas cuestiones necesarias para proferir una sentencia de mérito; dentro de estos aspectos está la prescripción que, se reitera, se trata de un fenómeno extintivo del derecho que se debate y, por ende, incide en la determinación de la sentencia de mérito.
Ahora bien, en relación con la prescripción extintiva de las acciones —y de las prestaciones— derivadas del contrato de seguro, señala el artículo 1081 del Código de Comercio que:
“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” (énfasis agregado).
La prescripción liberatoria en el contrato de seguro extingue las relaciones obligatorias derivadas de dicho negocio jurídico que, pese a tener un régimen especial, requiere del cumplimiento de tres presupuestos generales: (i) la inactividad del acreedor de la obligación, que no exigió o reclamó la prestación correlativa a su derecho de crédito; (ii) el transcurso del tiempo durante un periodo determinado por ley que, por ser de interés público, no puede ser modificado por pacto entre las partes; y (iii) que constitucional o legalmente no se señale expresamente que una determinada relación jurídica es imprescriptible.
En materia de seguros, la ley mercantil establece dos tipos de prescripciones, la ordinaria y la extraordinaria, que se diferencian, entre otras cosas, en que: (i) la primera es de dos (2) años, los cuales empiezan a correr contra el “interesado” a partir del conocimiento, real o presunto, que tenga sobre el “hecho que da base a la acción” que, en el caso de la reclamación de la prestación asegurada en cabeza de la aseguradora, será desde el momento en que el asegurado o beneficiario conoce o debió conocer de la ocurrencia del hecho que se aduce como constitutivo del siniestro; (ii) la segunda no atiende al conocimiento que sobre el acaecimiento del riesgo amparado pudo tener el interesado, sino que responde sólo a factores objetivos, está instituida también para proteger a quienes padecen de alguna incapacidad y se configura con el paso de cinco (5) años contados desde “el momento en que nace el respectivo derecho”. Sobre la diferencia entre ambos tipos de prescripciones, señaló la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:
“Esa ramificación […] legislativamente encuentra su razón de ser en el hecho de que la prescripción ordinaria, en materia del contrato de seguro, es un fenómeno que mira el aspecto meramente subjetivo, toda vez que concreta el término prescriptivo a las condiciones del sujeto que deba iniciar la acción y, además, fija como iniciación del término para contabilizarlo el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción; en cambio, la extraordinaria consagra un término extintivo derivado de una situación meramente objetiva, traducida en que sólo requiere el paso del tiempo desde un momento preciso, ya indicado, y sin discriminar las personas frente a las cuales se aplica, así se trate de incapaces, tanto que el citado artículo 1081 expresa que ‘correrá contra toda clase de personas’”. (énfasis agregado)
La prescripción ordinaria, como lo señala la norma, corre contra los interesados que, según Fernando Hinestrosa, son “los sujetos directa y primariamente envueltos en un contrato de seguro”. Esta posición ha sido reiterada por esta Subsección, que, en sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861), señaló que,
“[F]rente al artículo 1081 del Código de Comercio, tal como lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para aplicar la prescripción ordinaria debe tenerse en cuenta que ‘por interesado debe entenderse quien deriva algún derecho del contrato de seguro’, es decir, el tomador, el asegurado y el beneficiario, en la medida en que participen en la contratación del seguro y deben tener conocimiento de sus derechos respecto de este” (énfasis agregado).
El término de prescripción ordinaria para reclamar el pago de la prestación a cargo del asegurador que, como se dijo, comienza a correr a partir del conocimiento real o presunto del interesado sobre la ocurrencia del hecho que se aduce como constitutivo del siniestro, esto es, como base de la acción, puede interrumpirse, civil o naturalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2539 del Código Civil, el cual resulta aplicable a la prescripción en el contrato de seguro porque, en virtud del artículo 822 del Código de Comercio, en ausencia de un régimen especial para la prescripción liberatoria, debe acudirse a las normas del Código Civil. En ambos casos, la interrupción genera como efecto que “el término que estaba corriendo o que se encontraba en estado de consolidación, se ve truncado y, por ende, deberá comenzarse a contar de nuevo como si no hubiese corrido ninguno”.
La interrupción natural ocurre cuando el deudor reconoce, expresa o tácitamente, la prestación a su cargo, mientras que la civil procede, en los términos del artículo 94 del CGP —que reitera en este punto el inciso primero del artículo 90 del CPC—, con la presentación de la demanda, siempre que el auto admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente a la fecha en la que el demandante conozca dicha providencia. A partir de la entrada en vigencia del último inciso del artículo 94 del CGP, el término de prescripción también puede interrumpirse, por una única vez, mediante “el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor”. El efecto que el CGP le confiere a este requerimiento escrito entró a regir a partir del 1º de octubre de 2012, de conformidad con la regla de vigencia establecida en el numeral 4º del artículo 627 del CGP.
En este caso, la prescripción del contrato de seguro no se interrumpió con apoyo en dicho último inciso del artículo 94 del CGP por dos razones fundamentales:
Como se dijo, la norma entró en vigencia el 1º de octubre de 2012, esto es, 8 días antes de que se presentara la demanda, periodo en el cual la Superintendencia no le presentó ninguna reclamación a QBE y, por tanto, no se produjo el efecto atribuido por esa norma al requerimiento escrito del acreedor al deudor; de manera que, para efectos de determinar la prescripción de la acción, resulta indiferente si antes de la entrada en vigencia de dicho artículo, la Superintendencia presentó o no reclamación ante QBE.
Incluso si, en gracia de discusión y solo de ella, se admitiera que el artículo 94 del CGP pudiera aplicar retroactivamente a partir del momento en que comenzó a correr la prescripción —que, como se verá, es a partir del 11 de agosto de 2010—, lo cierto es que, de las pruebas que obran en el expediente, y tal y como lo alega QBE en su recurso, la Superintendencia no presentó una reclamación en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio que tuviera la virtualidad de interrumpir, al amparo del citado artículo 94, el cómputo de la prescripción. En efecto, el Oficio GT-572 que la Superintendencia le remitió a QBE el 12 de agosto de 2010 y que, según la demandante, constituía simultáneamente la reclamación y el aviso de la ocurrencia del siniestro cubierto por la póliza 92100000480 de que trata el 1075 del Código de Comercio, tiene la naturaleza de un aviso, pero no cumple con el contenido de una reclamación, básicamente, porque no determina ni demuestra la cuantía de la pérdida, lo que impide, a su vez, que produzca los efectos que le son propios a la reclamación y a los que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio.
En el anotado oficio, la Superintendencia le “comentó” a QBE que el 10 de agosto de 2010 ocurrió un hurto electrónico en la cuenta corriente 150-03030-2 del Banco Popular, cuyo titular era la demandante, le indicó que, según información del “banco”, el hurto se instrumentó a través de 22 transacciones en el documento PH1J1JYLA por valor total de $717’500.000, pero que el “banco solicito [sic] la confirmación por valor de […] $532.300.000” y anunció que aportaba la denuncia presentada por el Director Financiero ante la Fiscalía General de la Nación “para sus tramites [sic] y fines pertinentes”. En dicho documento, como se observa, no se determinó con claridad y precisión cuál era el valor de la pérdida y, por lo mismo, tampoco se probó.
A partir de lo anterior colige la Sala que al anotado oficio no es posible atribuirle la condición de una reclamación en los términos de los artículos 1077 y 1080 referidos, por cuanto a través suyo no se determinó ni probó la cuantía del presunto hurto electrónico, de modo que la aseguradora tuviera certeza sobre cuál era el valor de la indemnización que tendría que pagarle a la demandante. Esa expresión se enmarca entonces en el cumplimiento de una obligación a cargo del asegurado prevista en el artículo 1075 del Código de Comercio —el aviso— que no daba lugar a que se desataran las consecuencias de la reclamación a las que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio.
A lo anterior se agrega que no existe en el expediente otra comunicación en la que, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley comercial, la Superintendencia hiciera un reclamo extrajudicial a QBE para el pago del seguro ni antes ni después de la fecha en que entró a regir el artículo 94 del CGP. La relación de las múltiples comunicaciones que la demandante enlista en su demanda y en su escrito de alegaciones de conclusión en esta instancia y en las que dijo atender los requerimientos de las aseguradoras no están dirigidas a QBE, sino que se trata de misivas dirigidas exclusivamente a Seguros del Estado y al ajustador —Satva— que dicha aseguradora contrató para efectos de atender la reclamación de la Superintendencia.
Por otra parte, el término de prescripción ordinaria de la prestación a cargo del asegurador también puede suspenderse por causales distintas a las anteriormente señaladas, como ocurre con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, caso en el que el término ya corrido se mantiene computado y se reanuda al momento de desaparecer la causa de suspensión.
Con fundamento en el horizonte conceptual arriba desarrollado, entra la Sala a analizar el caso concreto en el que, como se anticipó, se evidencia que se configuró la prescripción de la relación jurídica sustancial derivada de la póliza de manejo global expedida por QBE.
En cuanto al sustento de la excepción de la prescripción extintiva, la Sala concluye que en este caso debe partirse de la aplicación del inciso segundo del artículo 1081 del estatuto mercantil, esto es, el de la prescripción ordinaria de dos (2) años, contados a partir del conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, es decir, del conocimiento que tuvo o pudo tener la Superintendencia del hecho que en la demanda adujo como constitutivo del siniestro. Esto por cuanto la Superintendencia goza de calidad de tomadora y asegurada de la póliza expedida por QBE y, por ende, es la parte “interesada” o, de otra manera, es el sujeto “directa y primariamente envuelto en [el] contrato de seguro”.
En efecto, la Superintendencia contrató la póliza expedida por QBE, y, por ende, siendo tomadora de ella, es parte del contrato de seguro en los términos del artículo 1037 del Código de Comercio. Pero, además, era asegurada del contrato que la protegía de:
“[L]os riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de la Superintendencia de Notariado y Registro causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendicisn [sic] de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado”.
De esta manera, como la Superintendencia es la que ostenta el interés asegurable y es claramente la legitimada para reclamar el pago del siniestro amparado por la póliza 92100000480, según lo previamente analizado, en su contra corre la prescripción ordinaria de dos (2) años desde el conocimiento del hecho que adujo como constitutivo de siniestro amparado por dicha póliza y en el que funda su acción, pues este tipo de prescripción, se reitera, es de raigambre subjetiva en tanto presupone el conocimiento del hecho que da base a la acción.
Ahora bien, para determinar el cómputo de términos, se debe tomar como referente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121 del CPC —pues dicha norma procesal estaba vigente al momento en que comenzó a correr la prescripción— de conformidad con la cual “[l]os términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”.
De conformidad con la demanda y en concordancia con el contenido del oficio GT-572 del 12 de agosto de 2010 que la Superintendencia le remitió a QBE —que comportó el aviso de que trata el artículo 1075 del Código de Comercio—, dicha entidad pública fundó su acción en que el siniestro cubierto por la póliza 92100000480 ocurrió el 10 de agosto de 2010, en tanto en esa fecha “se presentó un hurto electrónico en la cuenta corriente No. 150-03030-2 del Banco Popular, la cual corresponde al Fondo Cuenta Especial de Notariado”. Dicho aviso, a su vez, da cuenta de que, para el momento de expedición de ese documento, la Superintendencia ya conocía del hecho en el que sustentó su acción.
Con todo, la Sala puede establecer que el 11 de agosto de 2010 la Superintendencia conoció que fue víctima de un hurto electrónico de dineros de una cuenta corriente que era manejada exclusivamente por funcionarios de esa misma entidad, toda vez que, en esa fecha, mediante correo electrónico, dio aviso al Banco Popular sobre lo ocurrido. En dicho correo, el Director Financiero y la Coordinadora de Tesorería de la Superintendencia le informaron a esa entidad financiera:
“[E]n el día de ayer 10 de agosto de 2010; la cuenta 150030302 del Fondo Cuenta Especial de Notariado de la Superintendencia de Notariado y Registro, sufrió un hurto electrónico NO AUTORIZADO, que asciende a la suma de $717.500.000.oo, realizado en 22 operaciones a varias cuentas de varias entidades bancarias, DAVIVIENVDA, BANCO DE BOGOTÁ, AV VILLAS y BANCOLOMBIA. Lo anterior para que procedan a detener el abono a las cuentas que se relacionan en la planilla PHJ1JYLA del 10082010 a las 11:17:33 A.M. […].
En consecuencia, en los términos del inciso segundo del artículo 1081 del estatuto mercantil, el cómputo de los dos (2) años de la prescripción ordinaria partirá del 11 de agosto de 2010 por cuanto está acreditado que desde entonces la Superintendencia conoció del hecho que adujo como constitutivo del siniestro amparado por la póliza 92100000480 con base en el cual estima que surgió a cargo de la aseguradora la obligación de pagar la indemnización que reclama en este juicio y que es, como ya se dijo, el hecho que da base a su acción.
De conformidad con las reglas para el cómputo de plazos previstas en el inciso segundo del artículo 121 del CPC que establece que “[l]os términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”, la prescripción ordinaria en este caso ocurría al vencer el 11 de agosto de 2012.
Empero, la Superintendencia presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de julio de 2012 ante el Ministerio Público motivo por el cual, a partir de ese día, inclusive, se suspendió el término de prescripción de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, faltando 25 días comunes para que prescribiera la prestación a cargo de QBE como consecuencia del conocimiento de la ocurrencia del riesgo amparado aducido como base de la acción.
De conformidad con las pruebas del expediente, la constancia de conciliación fallida se expidió el 12 de septiembre de 2012. De esta manera, a partir del 13 de septiembre de 2012 se reanudó el término de prescripción respecto del que faltaban 25 días para concretarse. La Sala advierte que el hecho de que faltaran 25 días para que finalizara el término legal de dos (2) años previsto en el artículo 1081 del estatuto comercial, no convierte el término en uno de días, que deban, por ende, contabilizarse como hábiles, pues en los términos del inciso segundo del artículo 121 del CPC, “[l]os términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”, con lo cual los días faltantes deben seguir la regla de que se contarán como comunes.
En este orden de ideas, los 25 días comunes vencieron el 7 de octubre de 2012. Dado que ese día era inhábil —domingo—, la prescripción extintiva ocurrió definitivamente al vencerse las 18:00 horas del lunes 8 de octubre de 2012.
Según sello de recibido de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Superintendencia presentó la demanda el 9 de octubre de 2012, esto es, al día siguiente que ocurriera la prescripción extintiva. En este orden de ideas, la prestación que pretendía reclamar judicialmente, consistente en el pago del seguro contratado con QBE, incluso al margen de que en efecto haya surgido, ya se había extinguido definitivamente.
Finalmente, vale mencionar que, incluso si se contara la prescripción a partir de la expedición del aviso de la ocurrencia del siniestro a QBE —12 de agosto de 2010—, en tanto es un claro indicativo de que, al menos para esa fecha, la Superintendencia ya había entendido configurado el siniestro cubierto por la póliza 92100000480 según sus términos y condiciones y, por supuesto, conocía de su ocurrencia, tendría que concluirse, igualmente, en la prescripción de la acción pues, de ser este el caso, también se habría configurado el 8 de octubre de 2012, según los cómputos arriba realizados.
Por todo lo anterior, la Sala declarará probada de oficio la prescripción extintiva de la relación jurídico-sustancial reclamada por la Superintendencia en la pretensión primera principal, de conformidad con la cual solicitó el reconocimiento y pago a cargo de QBE de $378’924.660 correspondiente a la póliza 92100000480. Dado que las pretensiones subsiguientes son consecuenciales de la primera principal —pues en ellas se reclaman intereses moratorios junto con la actualización monetaria de la prestación derivada del contrato de seguro—, también corren la suerte de aquélla.
En tal virtud, se revocarán los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar probada de oficio la prescripción extintiva de las acciones derivadas del contrato de seguro en los términos del artículo 1081 del estatuto comercial y denegar las pretensiones de la demanda.
Costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que la sentencia de primera instancia será revocada para, en su lugar, denegar las pretensiones contra QBE. En consecuencia, se ordenará que se liquiden de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP, liquidación que, según ese mismo artículo, se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia.
En relación con las agencias en derecho, puesto que este es un proceso declarativo en segunda instancia, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura se fijarán en la suma de tres millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos ($3’789.246,60) que corresponden al 1% del valor de las pretensiones económicas de la demanda —que ascendieron a la suma de trescientos setenta y ocho millones novecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta pesos ($378’924.660)— a favor de QBE Seguros S.A.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de octubre de 2013 para, en su lugar,
“1. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de las acciones derivadas de la póliza 92100000480 expedida por QBE Seguros S.A.
“2. En consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda, relativas a la póliza Nº 92100000480, expedida por QBE Seguros S.A.”
SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral tercero de la referida sentencia en tanto denegó las pretensiones dirigidas contra Seguros del Estado S.A.
TERCERO: CONDENAR en costas a la Superintendencia de Notariado y Registro por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: FIJAR las agencias en derecho en tres millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos ($3’789.246,60)a favor de QBE Seguros S.A. que corresponden al 1% del valor de las pretensiones.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace: HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
ACLARACIÓN DE VOTO / PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DE LA NORMA / ALCANCE DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / DERECHO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN / DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN / SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
Pese a que, según la sentencia C-091 de 2018, la constitucionalidad del artículo 187 del CPACA deviene de la finalidad perseguida por el legislador, de proteger el patrimonio público, se declaró en el presente caso la ocurrencia del indicado fenómeno a favor de la parte pasiva, es decir, del particular que fue demandado por la entidad estatal, lo que operó precisamente en contra del bien jurídico protegido por la Constitución Política y la norma procesal mencionada. La razón por la que se acompaña la decisión final así adoptada en la sentencia, es que el ordenamiento aplicable prevé la facultad ejercida por la Sala, de proceder de oficio como lo hizo, sin distinciones específicas, por lo que en principio no le era dable al juzgador introducirlas. No obstante, son los aludidos fundamentos normativos y jurisprudenciales los que suscitan dudas y se aprecian ambiguos, cuestión que debe ser resuelta, ciertamente, por el legislador, al escapar del margen de competencia de la administración de justicia (…) La sentencia C-091, si bien refleja una intención de armonizar el ordenamiento civil –que prohíbe la declaratoria oficiosa de la prescripción- con las normas del proceso contencioso administrativo –que abren paso a tal declaratoria-, no salva la contradicción que surge de la propia postura de la Corte: el legislador le permitió desde siempre al juez contencioso declarar de oficio la prescripción con el fin de salvaguardar el patrimonio público, pero el juez no podría hacer tal ejercicio únicamente para resolver a favor de la entidad estatal, sino en todos los procesos –es decir, incluyendo aquellos que afecten el erario-, so pena de afectar su imparcialidad y, precisamente, el derecho a la igualdad del particular que litiga contra el Estado.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C 091 de 2018.
ACLARACIÓN DE VOTO / PRINCIPIO DE IGUALDAD / APLICACIÓN DE LA NORMA / ALCANCE DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / DERECHO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN / DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN / PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
Así, si la distinción que el legislador hace entre la legislación civil y la contencioso administrativa es constitucional y no vulnera el principio de igualdad en tanto sirve para salvaguardar el patrimonio público, entonces, permitirle al juez contencioso que dé por probado ese fenómeno en los casos que no cumplan con esa finalidad rompería con el principio de igualdad que es el que justifica la constitucionalidad de ese trato diferencial. Pero al mismo tiempo, ese principio resultaría quebrantado si, en sede de juicio, solo se ejercen facultades poniendo a una de las partes en condiciones de desventaja frente a la otra. Por otro lado, si tratándose de la defensa del patrimonio público, este bien jurídico resulta comprometido en un proceso adelantado por la jurisdicción ordinaria civil, en esta no resulta aplicable la facultad prevista en el artículo 187 del CPACA, lo que entonces dejaría sin protección las arcas del Estado. (…) en el presente caso se dio aplicación al artículo 187 del CPACA sin distinción de que la prescripción favorecería al particular demandado y no al ente estatal al que estaba afecto el patrimonio público, lo que resultaba formalmente ajustado a derecho porque la norma, en efecto, no establece diferenciaciones al respecto. Sin embargo, bajo el principio de que el derecho procesal tiene por objeto la efectividad de la ley sustancial, y teniendo en cuenta que a los contratos estatales les es aplicable tanto la normativa civil como la comercial que los pueda regular, personalmente entendería que las normas procesales relativas a la declaratoria oficiosa de excepciones de fondo debe someterse, no obstante, a las limitantes que al respecto imponga la normativa sustancial, en particular, el art. 2513 del Código Civil, máxime cuando en casos como el sub judice, quien “se sirve de la prescripción” es el ente privado contra el patrimonio de la entidad pública.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2513 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
ACLARACIÓN DE VOTO
Consejera: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00436-01(50761)
Actor: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Demandado: QBE SEGUROS S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las que aclaro el voto frente a la sentencia dictada el 27 de agosto del año en curso, mediante la cual se revocó el fallo de primer grado y se negaron las pretensiones de la demanda por haber operado el fenómeno de la prescripción, que se declaró de oficio.
Se fundamentó esa declaratoria oficiosa de la prescripción en el artículo 187 del CPACA –en cuanto permite e incluso impone declarar de oficio la excepción de prescripción si se encuentra probada-, destacándose en una de las notas de pie de página que, en sentencia C-091 de 2018, la Corte Constitucional declaró exequible dicha norma por encontrar que no era lesiva del principio de igualdad –frente a las normas civiles que exigen al interesado alegar la prescripción en sede de juicio- sino que establecía un trato diferencial justificable a la luz del ordenamiento superior, por cuanto, mientras las reglas del derecho civil favorecían aspectos como la autonomía de la voluntad, “la norma del CPACA tiene una finalidad diferente, de interés general, que consiste en el amparo del patrimonio público, cuya protección también goza de respaldo constitucional, al tratarse de un interés colectivo y su protección, un principio constitucional”.
Pese a que, según la sentencia C-091 de 2018, la constitucionalidad del artículo 187 del CPACA deviene de la finalidad perseguida por el legislador, de proteger el patrimonio público, se declaró en el presente caso la ocurrencia del indicado fenómeno a favor de la parte pasiva, es decir, del particular que fue demandado por la entidad estatal, lo que operó precisamente en contra del bien jurídico protegido por la Constitución Política y la norma procesal mencionada.
La razón por la que se acompaña la decisión final así adoptada en la sentencia, es que el ordenamiento aplicable prevé la facultad ejercida por la Sala, de proceder de oficio como lo hizo, sin distinciones específicas, por lo que en principio no le era dable al juzgador introducirlas. No obstante, son los aludidos fundamentos normativos y jurisprudenciales los que suscitan dudas y se aprecian ambiguos, cuestión que debe ser resuelta, ciertamente, por el legislador, al escapar del margen de competencia de la administración de justicia, pero que en todo caso amerita, en mi criterio, las siguientes reflexiones:
1) La sentencia C-091, si bien refleja una intención de armonizar el ordenamiento civil –que prohíbe la declaratoria oficiosa de la prescripción- con las normas del proceso contencioso administrativo –que abren paso a tal declaratoria-, no salva la contradicción que surge de la propia postura de la Corte: el legislador le permitió desde siempre al juez contencioso declarar de oficio la prescripción con el fin de salvaguardar el patrimonio público, pero el juez no podría hacer tal ejercicio únicamente para resolver a favor de la entidad estatal, sino en todos los procesos –es decir, incluyendo aquellos que afecten el erario-, so pena de afectar su imparcialidad y, precisamente, el derecho a la igualdad del particular que litiga contra el Estado.
2) Así, si la distinción que el legislador hace entre la legislación civil y la contencioso administrativa es constitucional y no vulnera el principio de igualdad en tanto sirve para salvaguardar el patrimonio público, entonces, permitirle al juez contencioso que dé por probado ese fenómeno en los casos que no cumplan con esa finalidad rompería con el principio de igualdad que es el que justifica la constitucionalidad de ese trato diferencial. Pero al mismo tiempo, ese principio resultaría quebrantado si, en sede de juicio, solo se ejercen facultades poniendo a una de las partes en condiciones de desventaja frente a la otra.
3) Por otro lado, si tratándose de la defensa del patrimonio público, este bien jurídico resulta comprometido en un proceso adelantado por la jurisdicción ordinaria civil, en esta no resulta aplicable la facultad prevista en el artículo 187 del CPACA, lo que entonces dejaría sin protección las arcas del Estado.
Como se anotó, recae en el legislador la misión de fijar salidas para las anteriores cuestiones, a lo que también está llamada la justicia constitucional, quizás bajo un ejercicio de ponderación, más allá de simplemente avalar la norma del CPACA tal cual como está redactada, y aplicarla indistintamente en los procesos judiciales, al margen de que ello favorezca o no el patrimonio público (finalidad que es la que hace constitucionalmente válida la norma, según la Corte).
4) Reitero, en el presente caso se dio aplicación al artículo 187 del CPACA sin distinción de que la prescripción favorecería al particular demandado y no al ente estatal al que estaba afecto el patrimonio público, lo que resultaba formalmente ajustado a derecho porque la norma, en efecto, no establece diferenciaciones al respecto.
Sin embargo, bajo el principio de que el derecho procesal tiene por objeto la efectividad de la ley sustancial, y teniendo en cuenta que a los contratos estatales les es aplicable tanto la normativa civil como la comercial que los pueda regular, personalmente entendería que las normas procesales relativas a la declaratoria oficiosa de excepciones de fondo debe someterse, no obstante, a las limitantes que al respecto imponga la normativa sustancial, en particular, el art. 2513 del Código Civil, máxime cuando en casos como el sub judice, quien “se sirve de la prescripción” es el ente privado contra el patrimonio de la entidad pública.
En esos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado
Folio 205, cuaderno del Consejo de Estado. Folios 1 a 18, cuaderno 1. La fecha de presentación de la demanda consta en la carátula de la demanda y en el folio 2, cuaderno 1. Vale señalar que la demanda fue subsanada y obra, de manera integrada, a folios 28 a 45 del cuaderno 1. Folio 30, cuaderno 1. Folio 30, cuaderno 1. Folio 67, cuaderno 1. También planteó la excepción denominada “inexistencia de la obligación por cuanto la demandante no trasladó el riesgo ocurrido” que fue fundada en las mismas razones que la de “inexistencia de la obligación por falta de cobertura”. También propuso las excepciones denominadas “inexistencia de la obligación por inexistencia de solidaridad” e “inexistencia de la obligación por no haberse demostrado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida”, que se fundaron en la misma razón según la cual Seguros del Estado no debe responder por un siniestro que no estaba cubierto por la póliza expedida por ella. Ver folios 193 a 205, cuaderno del Consejo de Estado. La Sala observa que la sentencia del Tribunal se refirió a estas pruebas, sin referirse puntualmente a algún medio de prueba en concreto. Folio 202, cuaderno del Consejo de Estado. La sentencia del 21 de octubre de 2013 fue notificada mediante la remisión de mensaje de datos a las direcciones de correo electrónico de las partes y del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del CPACA; se dejó constancia de que dichos correos fueron recibidos por las partes y el Ministerio Público (folios 206 y 207, cuaderno del Consejo de Estado). De esta manera, el término de 10 días para interponer y sustentar el recurso (art. 247 CPACA) vencía el 14 de noviembre de 2013 (los días 4 y 11 de noviembre de 2013 fueron feriados). QBE Seguros S.A presentó y sustentó el recurso de apelación mediante escrito del 12 de noviembre de 2013 (folios 208 a 221, cuaderno del Consejo de Estado). Folios 291 a 294, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 254, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 259, cuaderno del Consejo de Estado. Folios 260 a 274, cuaderno del Consejo de Estado. Folios 275 a 282, cuaderno del Consejo de Estado. Ver constancia secretarial que obra a folio 283 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 223 a 226, cuaderno del Consejo de Estado. Citó los folios 323 y 326, cuaderno 4. Artículo 187, CPACA: “[…] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus […]” (énfasis agregado)
Código de Comercio, artículo 1081: “La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”
Ver folios 66 a 67, cuaderno 1. Código General del Proceso, artículo 305 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
Sentencia del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Bethancourt),
Ver grabación Audiencia Inicial del 21 de mayo de 2013, folio 127, cuaderno 1, minutos 30:50-41:57. Ver grabación Audiencia Inicial del 21 de mayo de 2013, folio 127, cuaderno 1, minutos 42:00-45:07
que señala que “[s]on contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto […]”,
Porque fueron celebrados por la Superintendencia, que se trata de una entidad estatal de conformidad con el artículo 2.1(b) de la Ley 80 de 1993. Sobre la extensa línea jurisprudencial sobre las diferencias entre la caducidad y la prescripción ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, Exp. 47.255, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En esta se dijo: “La caducidad y la prescripción extintiva no son sinónimos; sin embargo, pese a que se trata de figuras jurídicas distintas, producen efectos similares, en tanto y en cuanto, al final, sobre la base de sustentos normativos y teleológicos disímiles, ambas generan la imposibilidad de hacer efectiva una obligación o un derecho, una porque cierra la posibilidad de exigirlos judicialmente y, la otra, porque extingue el derecho o la obligación en razón de no haberse ejercido en un determinado período”. También ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2017 (Exp. 54.635, C.P. Marta Nubia Velásquez) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 27 de marzo de 2014, radicación No. 250002326000200301705 01, expediente 29205. Al exponer las diferencias entre la caducidad y la prescripción, la Corte Suprema de Justicia señaló que, “en la caducidad se ataca la acción y no el derecho, mientras que en la prescripción se extinguen, tanto la acción como el derecho” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Exp. No. R-6550). Así lo han señalado tratadistas como Fernando Hinestrosa (HINESTROSA, Fernando, “Tratado de las obligaciones”, Tomo I, Universidad Externado de Colombia, 3ra edición, agosto de 2015, pág. 838) y Guillermo Ospina Fernández (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, “Régimen General de las Obligaciones”, Editorial Temis, 2001, pp. 465 y 466) quienes destacan la dualidad de efectos de la prescripción extintiva: sustanciales y procesales. En efecto, la caducidad no es igual a la prescripción y, pese a que tiene resultados adversos a las pretensiones del demandante, no son lo mismo, ni la una está atada a la otra, como lo afirmó el Tribunal. Sobre el particular, la Sala reitera que “la prescripción de la acción procedente del contrato de seguro puede ser alegada en forma independiente a la caducidad de la acción contractual, toda vez que se trata de fenómenos jurídicos diferentes” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2017 (Exp. 54.635, C.P. Marta Nubia Velásquez) y que “en torno al contrato de seguro se puede indicar que la prescripción consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio se refiere a la extinción del derecho, al paso que la caducidad de la acción contractual establecida en el Código Contencioso Administrativo implica la improcedencia de la acción” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez sentencia de 19 de febrero de 2009, radicación número: 05001-23-31-000-2000-01720-01(24609). Por ende, cada figura tiene sus propios contornos y debe analizarse de manera separada.
El numeral 10 del artículo 1625 del Código Civil enuncia como medio de extinción de las obligaciones —y por ende del derecho de crédito correlativo— la prescripción. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que “(…) la prescripción del derecho sustancial o material equivale a la extinción jurídica de una situación como consecuencia del transcurso del tiempo, como consecuencia de una renuncia, abandono, desidia o inactividad”; Corte Constitucional, sentencia C-412/97, M.P. Hernando Herrera Vergara. Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Sobre la extensa línea jurisprudencial sobre las diferencias entre la caducidad y la prescripción ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, Exp. 47.255, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
“ […] hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley o la convención para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, de no haberse ejercitado, se puede presumir que su titular lo ha abandonado; mientras el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser útilmente ejercitado. Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho; o sea, la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad de hecho”. COVIELLO, Nicolás, Doctrina General del Derecho Civil, pág. 535. UTHEA 1949, citado por BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, 4 edición, Señal Editora, 1996, pág.134. Esta Corporación ha dicho que la prescripción extintiva es una institución de carácter sustancial, en tanto que “opera por el abandono o negligencia del titular del derecho que tiene poder dispositivo sobre el mismo en ejercicio de la autonomía de la voluntad, frente a otro que no puede quedar expuesto intemporalmente a las pretensiones de aquél, en una relación intersubjetiva de sus patrimonios” (Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, Exp. 13750). Según la Corte Constitucional, la diferencia de trato respecto de la declaración oficiosa de la prescripción extintiva entre la Jurisdicción Ordinaria y la Contencioso Administrativa radica en que, en la primera, las normas que la regulan “tienen por finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada y permitir la libre disposición de los sujetos para permitirles hacer valer o renunciar a la prescripción, la norma del CPACA tiene una finalidad diferente, de interés general, que consiste en el amparo del patrimonio público, cuya protección también goza de respaldo constitucional, al tratarse de un interés colectivo y su protección, un principio constitucional”. En esta misma providencia esa Corporación destacó que el origen de esta facultad oficiosa no surgió con la promulgación de la Ley 1437 de 2011, sino que, por su finalidad, ha acompañado la función del juez contencioso administrativo desde la Ley 167 de 1941. (Sentencia C-091 de 2018).
“Las excepciones se deciden en la sentencia definitiva. ǁ Pueden ser declaradas sin instancia de parte, cuando se encuentren justificados los hechos u omisiones que las constituyen”.
“ARTICULO 164. “[…] En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la ‘reformatio in pejus’” (énfasis agregado).
La Sección Tercera de esta Corporación ha dicho: “Por su parte, las excepciones mixtas son aquellas que están encaminadas a atacar la relación jurídico sustancial, sin embargo, el legislador ha permitido que sean resueltas de manera anticipada en la audiencia inicial, esto en virtud del principio de economía procesal.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de agosto de 2011, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. 58.225. Que modificó en su artículo 40 el numeral 6º del artículo 180 del CPACA. Sobre la prescripción extintiva, el tratadista Hernando Devis Echandía dijo que las excepciones perentorias o de mérito “Son todos los hechos que se dirigen contra lo sustancial del litigio, o sea contra las pretensiones del actor, para desconocer el nacimiento de su derecho o la relación jurídica o para afirmar su extinción […] excepciones perentorias definitivas procesales. Son las verdaderas perentorias en doctrina, o sea las que sin negar el nacimiento del derecho pretendido por el actor, persiguen anularlo o extinguirlo definitivamente, o modificarlo también definitivamente, y por ello excluyen para siempre la pretensión, con fuerza de cosa juzgada. Configuran estas excepciones todos los hechos en virtud de los cuales la ley considera que una obligación se extingue (art. 1625 C.C): el pago, la remisión, la novación, la prescripción, la confusión […]. (énfasis agregado) DEVIS ECHANDÍA, Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pp. 219-220. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado sobre las excepciones mixtas que “por mandato del último inciso del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el demandado está habilitado para proponer “como” previas las excepciones de cosa juzgada, transacción o caducidad, cuya naturaleza sustancial no niega, ni por ello se desdibuja, pero que por diversas razones de política judicial, la economía del proceso entre ellas, autoriza diligenciar anteladamente. Es claro, entonces, que no asumen, por esa razón, el carácter de previas, pues a la vista está que no inciden en la regularidad del trámite procesal, sino en la relación sustancial, solo que el legislador, de manera francamente sui generis, habilita su alegación en las mismas condiciones y bajo el mismo trámite de aquellas”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de junio de 2015, Exp. 2010-00006, M.P.: Margarita Cabello Blanco. Esta posición es reiterada en la sentencia del 30 de agosto de 2011 de la Sección Tercera, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. 58.225.
“En relación con las excepciones (….) se dispone que puedan ser propuestas desde que el negocio se fija en lista hasta que se dicte auto de citación para sentencia, en cualquiera de las instancias del juicio; que se decidan en la sentencia definitiva; que pueden ser declaradas sin instancia de parte cuando se encuentren acreditados los hechos que las constituyen, y que este pronunciamiento de oficio puede hacer aun respecto de la prescripción, contrariamente a como se dispone en la ley para los juicios civiles” (negrillas no originales): Tulio Enrique Tascón, Ramón Miranda, Gustavo Hernández Rodríguez, Guillermo Peñaranda Arenas, Elías Abad Mesa, Carlos Rivadeneira y Gonzalo Gaitán, 27 de noviembre de 1939, “Exposición de motivos del proyecto de ley orgánica del Consejo de Estado y de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, en Anales de la Cámara de Representantes, p. 1773
Actualmente, el artículo 182A —numeral 3— del CPACA —incorporado a través de la Ley 2080 de 2021— establece que, en cualquier estado del proceso, se proferirá sentencia anticipada “cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva”.
Así lo refrendó la Corte Constitucional en sentencia C-091 de 2018 cuando señaló que “De esta manera, la norma del CPACA, heredera de la tradición expuesta, excepciona las reglas propias del derecho privado y constituye, por lo tanto, una típica norma de derecho administrativo que, en materia de prescripción extintiva, busca amparar el interés general que subyace en la protección del patrimonio público que resulta salvaguardado, en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en razón de la oficiosidad del reconocimiento de este fenómeno.”
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021. Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Código General del Proceso, artículo 305 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
En sentencia del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Bethancourt), la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el ámbito competencial del ad quem y dijo “Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada.” Si bien esta sentencia fue proferida al amparo del artículo 357 del CPC, sus consideraciones resultan extensibles a la situación normativa actual porque el artículo 305 del CGP no solo no dispuso algo contrario a la posibilidad de ejercicio de facultades oficiosas del juez en segunda instancia, sino que, antes bien, lo confirmó. Por lo cual la doctrina ha señalado acertadamente que “las especialidades sin duda, son el criterio prioritario de interpretación del artículo 1081 que rige la prescripción en el contrato de seguros. Y sus normas, si pugnan con aquellas que gobiernan la institución del derecho civil y, claro está, respecto de los negocios mercantiles en general (C. de Co., art. 822), están llamadas a prevalecer sobre estas”. Ossa G., J. Efrén, Teoría General del Contrato de Seguro, Cap XXII, de la prescripción de las acciones procedentes del contrato de seguro, Editorial Temis, Bogotá 1991, página 518. JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad Javeriana, 2012, Bogotá D.C., pp. 24 y 25. Ver en punto a este requisito laudo arbitral del 16 de agosto de 1995 de Distral S.A. c. La Nacional Compañía de Seguros Generales, Cámara de Comercio de Bogotá.
Para mayor detalle sobre las diferencias entre ambos tipos de prescripción, ver JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad Javeriana, 2012, Bogotá D.C., pp. 47 y siguientes.
“Cómo en punto al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, la floración -eficaz- de la reticencia o de la inexactitud en la declaración del estado de riesgo, etc.), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna al precitado conocimiento. De allí que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de febrero de 2002, M.P. Nicolás Bechara Simancas, Exp. 6011. Al respecto, ha dicho la doctrina que “Sobre la referida dicotomía es útil advertir que la realización del riesgo asegurado puede emanar de diversas fuentes, dado que una es la relación jurídica que se establece entre el asegurado y la aseguradora, para la cual corre la prescripción ordinaria y otra es la relación que surge entre un perjudicado o damnificado y la aseguradora, caso en el cual se puede predicar la prescripción extraordinaria. Por ello, se trata de derechos diversos y “no es extraño, entonces, que los dos derechos no queden, al mismo tiempo incorporados a cada uno de los patrimonios de su respectivo acreedor” Ossa G., J. Efrén, Teoría General del Contrato de Seguro, Cap XXII, de la prescripción de las acciones procedentes del contrato de seguro, Editorial Temis, Bogotá 1991, página 545”. Reiterado en sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta Nubia Velásquez). En aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 1081 del Código de Comercio la Subsección A de la Sección Tercera, en un caso que involucró el estudio de la prescripción en una póliza que incluía el amparo de infidelidad de riesgos financieros, contabilizó la prescripción a partir del conocimiento del hecho aducido como siniestro. En efecto, en dicha sentencia señaló que “[e]n este orden de ideas, se aprecia que no tuvo ocurrencia la prescripción derivada del contrato de seguro consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que FINAGRO presentó la demanda dentro del término de dos años contado a partir de la fecha en que se encontró en conocimiento de las irregularidades que alegó como amparadas bajo las pólizas de seguro que le otorgó Seguros Colpatria S.A.” (énfasis agregado) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017 (Exp. 48.887, C.P. Marta Nubia Velásquez). Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta Nubia Velásquez); sentencia del 6 de diciembre de 2017 (Exp. 54.635, C.P. Marta Nubia Velásquez); sentencia del 19 de junio de 2013 (C.P. Danilo Rojas Bethancourt, Exp. 25.472). En ese mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “[…] por no ser aún del caso, la Sala no resolverá los temas de fondo de la controversia, tales como la configuración del siniestro, la ausencia de coberturas, reticencias, la no existencia del perjuicio y demás puntos planteados en la demanda y su contestación, pues sobre tales cuestiones deberán decidirse, de ser el caso, en la sentencia que defina el mérito de las pretensiones y excepciones de fondo, luego de agotarse el trámite que la ley ordena. […] El término de prescripción empezó a correr desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que dio base a la acción, pues así lo ordena el artículo 1081 del Código de Comercio.” (énfasis agregado. Sentencia del 17 de noviembre de 2020, M.P.
Ariel Salazar Ramírez, SC4312-2020). “Tal y como atrás se reseñó, tanto el inicial demandado como las demandadas en reconvención, invocando el artículo 1081 del Código de Comercio y afirmando que las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en dos años contados a partir de cuando el interesado conoció, o debió conocer, el hecho generador de la acción, propusieron como excepción de mérito la prescripción extintiva de las acciones promovidas en su contra.” (sentencia del 19 de febrero de 2002, M.P. Nicolás Bechara Simancas, Exp. 6011). Sobre el particular, ver también: (i) sentencia del 7 de julio de 1977 (G.J. Tomo CIV, pág. 139 y siguientes); (ii) sentencia del 12 de febrero de 2007 (M.P. Edgardo Villamil Portilla, Exp. 999-9749); y (iii) sentencia del 18 de diciembre de 2012 (M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez 2007-0071), entre otras. JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad Javeriana, 2012, Bogotá D.C., pp. 67-68. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2002, Exp. 7.498; reiterada por sentencias del 19 de febrero de 2003, Exp. 6571; 29 de junio de 2007, Exp. 1998-04690-01; 25 de mayo de 2011, Exp. 2004-00142-01; y 4 de abril de 2013, Exp. 2004-00457-01, entre otras. HINESTROSA, Fernando, “La prescripción extintiva”, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 73. Nota original: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de julio de 1977. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta Nubia Velásquez).
“[C]uando se trata de la acción enderezada a exigir la prestación asegurada, la irrupción prescriptiva y, por ende, la floración del término de ley, será disímil en una u otra tipología, así ambas tengan como referente sustancial al siniestro, entendido como la realización del riesgo asegurado (C. de Co., art. 1054). En la ordinaria, los dos años están atados al conocimiento, real o presunto, como lo han reconocido la ley, la jurisprudencia y la doctrina, pues el enteramiento puede deducirse de hechos inequívocos o de omisiones indicativas de la falta de diligencia, razón por la cual se emplea la expresión ‘[…] debido tener conocimiento’” JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad Javeriana, 2012, Bogotá D.C., p. 77. Código Civil, artículo 2539 “La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524.”
Artículo 822, Código de Comercio: “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa […]” (énfasis agregado)
“Ante todo, ha de recordarse que el Código de Comercio establece para varios contratos términos especiales de prescripción, como sucede con el contrato de transporte (art. 993), el contrato de agencia (art. 1329) y el contrato de seguro (art. 1081), entre otros. Sin embargo, este Código no se ocupa del régimen propio y particular de la prescripción, de suerte que ha de acudirse para tal efecto al Código Civil, por expresa remisión del artículo 822 del Estatuto Mercantil, el cual señala la necesidad de aplicar las normas civiles para, entre otros efectos, regular lo concerniente a los modos de extinción de las obligaciones dentro de los cuales se encuentra la prescripción.
Ahora bien, en materia de interrupción de la prescripción extintiva el Código Civil contiene dos regímenes distintos: el primero, aplicable a la que podría denominarse prescripción ‘normal’ que se encuentra en el artículo 2539 y el segundo, para las llamadas prescripciones ‘de corto tiempo’ que se halla en el artículo 2544”. (énfasis agregado) SUESCÚN MELO, Jorge, “Algunos aspectos de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro”, en Derecho Privado. Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, Tomo II, 2003, pp. 639. La Sala considera que el régimen subsidiario aplicable debe ser el de las prescripciones normales, adoptando la postura del doctrinante Suescún Melo que goza de fundadas razones. JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad Javeriana, 2012, Bogotá D.C., p. 173. Artículo 90, CPC “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado […].”
Artículo 627, CGP “La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas: […] 4. Los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "17" \h 17 numeral 1, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "18" \h 18 numeral 1, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "20" \h 20 numeral 1, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "25" \h 25, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "30" \h 30 numeral 8 y parágrafo, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "31" \h 31 numeral 6 y parágrafo, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html" \l "32" \h 32 numeral 5 y parágrafo, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr002.html" \l "94" \h 94, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr002.html" \l "95" \h 95, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr007.html" \l "317" \h 317, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr008.html" \l "351" \h 351, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr009.html" \l "398" \h 398, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr011.html" \l "487" \h 487 parágrafo, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr012.html" \l "531" \h 531 a HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr013.html" \l "576" \h 576 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr014.html" \l "590" \h 590 entrarán a regir a partir del primero (1o) de octubre de dos mil doce (2012).” (énfasis agregado)
Esta Subsección ha señalado que la reclamación dirigida al asegurador para el pago de la prestación tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción en los términos del artículo 94 del CGP. Dijo que: “Además, se puede precisar que la reclamación no interrumpía ni suspendía el término de prescripción de la acción, puesto que la ley no lo contempló de esa forma y la interrupción solo ocurría con la presentación de la demanda, de acuerdo con el artículo 90 del CPC - a diferencia de lo que puede suceder ahora a la luz del artículo 94 del CGP, el cual no aplica en este proceso.” sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta Nubia Velásquez).
Artículo 1077, Código de Comercio “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”
Folio 29, cuaderno 2. Escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia, folio 278, cuaderno del Consejo de Estado. Artículo 1075, Código de Comercio “El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro.”
“ARTÍCULO 1080. <PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES MORATORIOS>.
<Inciso modificado por el parágrafo del Artículo 111 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro. El asegurado o el beneficiario tendrán derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior <inciso primero original del artículo>, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador” (énfasis agregado). Folio 29, cuaderno 2. Código de Comercio, artículo 1075 “El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer […]”
Su incumplimiento, en cambio, podría acarrear las consecuencias a las que se refiere el artículo 1078 ibídem: “ARTÍCULO 1078. <REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO>. Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las obligaciones que les corresponden en caso de siniestro, el asegurador sólo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho”.
Ver (i) Oficio GT-577 de la Superintendencia de Notariado y Registro al Banco Popular (folios 31 y 32, cuaderno 2); (ii) Oficio DISE-0356 de la Directora de Indemnizaciones de Seguros del Estado dirigido al Secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro (folios 33 y 34, cuaderno 2); (iii) Oficio OCDI-1454 de la Superintendencia de Notariado y Registro dirigido a la Intermediaria de seguros (folio 35, cuaderno 2) (iv) Oficio GATH3283 de la Superintendencia de Notariado y Registro dirigido a la Intermediara de Seguros (folios 36 a 38, cuaderno 2); (v) Oficio OCI-491 de la Superintendencia de Notariado y Registro dirigido al intermediario de Seguros (folios 39 a 56, cuaderno 2); (vi) Correos electrónicos cruzados entre la Superintendencia y Seguros del Estado (folio 57, cuaderno 2); (vii) Correos electrónicos cruzados entre la Superintendencia y ajustador de Seguros del Estado (folio 58, cuaderno 2); (viii) Oficio SNR-0120-2010 de la SNR a Seguros del Estado (folios 59 y 60, cuaderno 2); (ix) Oficio del 18 de enero de 2011 de Seguros del Estado a JVT (folio 61, cuaderno 2); (x) Oficio SNR2010EE004235 de la SNR dirigido a JLT (folios 62 y 63, cuaderno 2); (xi) Oficio SNR-015-2011 de JLT a Seguros del Estado (folio 64, cuaderno 2); (xii) Oficio SNR2012EE015890 dirigido por la SNR a la intermediaria de seguros (folios 65-67) y (xii) Correo electrónico del 10 de julio de JLT a Satva (folios 68 y 69, cuaderno 2). Folios 33 y 34, cuaderno 1. Escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia, folio 278, cuaderno del Consejo de Estado. Folios 2 y 33, cuaderno 2. Artículo 21, Ley 640 de 2001 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" \h 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.”
Folio 1, cuaderno 2. HINESTROSA, Fernando, “La prescripción extintiva”, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 73. Folio 1, cuaderno 2. Ossa G., J. Efrén, “Teoría General del Contrato de Seguro”, Editorial Temis, Bogotá 1991,
En el acápite de hechos de la demanda la Superintendencia refirió: “1.5. El 10 de agosto de 2011 (sic) se presentó un hurto electrónico en la cuenta No. 150-030-30-2 del Banco Popular, cuyo titular es la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 1.6. Según información del Banco este hurto se realizó con el nombre de la planilla PHJ1JYLA a las 11:17 A.M. del 10/08/10, la cual consta de veintidós transacciones por valor de SETESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($717.500.000)”. En los fundamentos de derecho señaló: “En el presente caso existe un contrato de seguro firmado por las sociedades demandadas, dentro del que se cubría el posible hurto de dineros pertenecientes a la entidad. Por consiguiente, las aseguradoras asumían el riesgo ante un eventual hurto, caso que se presentó en el mes de agosto del año 2010…” (folio 37, cuaderno 1). Folio 29, cuaderno 2. Además de que así se desprende de lo previamente analizado, ambas partes coinciden, al menos, en que el documento comportó el aviso a la aseguradora acerca de la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza 92100000480. Se advierte que la discusión que se presenta en este proceso en relación con la ocurrencia del siniestro –en tanto la Superintendencia alegó en su demanda que se configuró por el hecho del hurto, sin hacer mención a ninguna otra circunstancia (hechos 1.5 y 1.6 de la demanda y acápite de fundamentos de derecho, ver pie de pág.
102), mientras que QBE ha señalado en contra de ese argumento que así no ocurrió porque no se ha acreditado la participación de un servidor de la Superintendencia en ese ilícito– no será objeto de análisis en esta sentencia, pues se trata de un aspecto que no puede ser abordado en consideración a que se encuentra configurada la excepción de prescripción, para cuya determinación, como ya se estudió, se debe partir del conocimiento por parte de la demandante del hecho que dio base a la acción. Se reitera que, en este mismo sentido, en sentencia del 17 de noviembre de 2020 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (M.P. Ariel Salazar Ramírez, SC4312-2020), indicó: “Como quiera que el proceso se encuentra en su fase inicial, y de lo que se trata es de determinar si se acreditó la excepción previa propuesta, a tal temática se circunscribirá esta providencia. Por ende, por no ser aún del caso, la Sala no resolverá los temas de fondo de la controversia, tales como la configuración del siniestro, la ausencia de coberturas, reticencias, la no existencia del perjuicio y demás puntos planteados en la demanda y su contestación, pues sobre tales cuestiones deberán decidirse, de ser el caso, en la sentencia que defina el mérito de las pretensiones y excepciones de fondo, luego de agotarse el trámite que la ley ordena. […] El término de prescripción empezó a correr desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que dio base a la acción, pues así lo ordena el artículo 1081 del Código de Comercio.” (énfasis agregado). Según da cuenta el documento titulado “Procedimiento Gestión Tesorería del Proceso Gestión Financiera”, el Director Financiero y la Coordinadora del Grupo de Tesorería (folio 79, cuaderno 2). Folio 23, cuaderno 3. Folio 46, cuaderno 1. Artículo 21, Ley 640 de 2001: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" \h 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.” (énfasis agregado)
Folio 46, cuaderno 1. Sin perjuicio del anterior ejercicio de contabilización, bajo una segunda interpretación, para que operara la prescripción restaban 24 días porque, tras la reanudación del término faltaban esos días para completar los 2 años, tomando como referente el mes de 30 días. Bajo este supuesto, la prescripción habría ocurrido el 6 de octubre de 2012, operando en todo caso la prescripción. Folio 2, cuaderno 1. Folio 29, cuaderno 2. Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”. Aplicable a este caso en atención a lo establecido en el numeral 3º del artículo 393 del CPC y dado que se encontraba vigente.
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