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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2021-00028-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2021-00028-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1.1. de la sentencia del 12 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual quedará así: “SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el convenio 1282 de 2013 celebrado por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En consecuencia, Téngase la suma de $2.058’029.642 a cargo del departamento archipiélago y en favor del INVIAS a título de los dineros no restituidos y su respectivo interés moratorio”. 18 Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993) Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro Referencia: Controversia contractual SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. TERCERO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y FIJAR como agencias en derecho, a favor del INVIAS, la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 88001-23-33-000-2021-00028-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y otro
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
DE SEGURO - Su término es de dos (2) años contabilizados a partir del momento en se
conoció o debió conocer el hecho constitutivo del siniestro y corre frente a quienes derivan
directamente algún derecho del contrato de seguro, es decir, el tomador, el asegurado y el
beneficiario, en la medida en que tienen conocimiento de sus derechos respecto de éste /
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL - Corresponde al momento en que se define el
ajuste o rendición final de cuentas del negocio jurídico con el objeto de establecer, con
fundamento en su desarrollo, las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de las
partes / SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTATALES - Se clasifica como
una categoría del seguro de daños con carácter patrimonial, en tanto su finalidad consiste en
proteger el patrimonio público del perjuicio que podría ocasionarse a la entidad estatal por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas bajo el negocio jurídico / SEGURO DE DAÑOS
• No puede constituir fuente de enriquecimiento para el asegurado / CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS - Tienen origen y fundamento en un ánimo de cooperación entre
organismos con funciones interrelacionadas o complementarias bajo un “paralelismo de
intereses”, por lo que las relaciones se desarrollan en un plano de igualdad o equivalencia,
sin que existan prerrogativas en favor de una entidad a costa de la otra.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia se refiere al presunto incumplimiento de un convenio
interadministrativo y a la afectación de la garantía única de cumplimiento.

1

Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 12 de abril de 2023 1, en la que el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resolvió
la demanda2 presentada el 9 de junio de 20213 por el Instituto Nacional de Vías (el
INVIAS, parte actora o entidad demandante), en contra del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (el departamento o entidad
territorial demandada) y La Previsora S.A. Compañía de Seguros (la aseguradora),
cuyos principales hechos, fundamentos de derecho y pretensiones se describen a
continuación.

Hechos

2. El INVIAS y la entidad territorial demandada suscribieron el Convenio
Interadministrativo 1282 del 26 de agosto de 2013, para el “DRAGADO DE
PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN ANDRÉS”, por
un valor de $13.600’000.000 y un plazo inicial de diez (10) meses. Mediante Adicional
1, del 7 de mayo de 2014, se adicionó en la suma de $5.600’000.000.

3.En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas quinta y séptima del convenio, y
conforme a lo acordado en el Adicional 1, el INVIAS desembolsó a favor del
departamento la totalidad de los aportes a su cargo por un total de $19.200’000.000.

4.Para garantizar el buen manejo y la correcta inversión de los desembolsos, así
como el cumplimento general del convenio, la entidad territorial constituyó a favor del
INVIAS la póliza de seguro 1012877 con La Previsora S.A., con vigencia hasta el 18
de junio de 2019 -última modificación-.

5. De conformidad con la cláusula quinta del convenio, si vencido el plazo estipulado
para su ejecución no se habían invertido la totalidad de los recursos, el departamento
debía reintegrarlos al INVIAS; así mismo, en la cláusula décima sexta se acordó que
los rendimientos financieros debían ser reintegrados mensualmente por el
departamento a la entidad demandante.

6. El plazo del convenio se prorrogó en diez oportunidades, terminando el 31 de
diciembre de 2018 sin que se hubieran ejecutado la totalidad de los recursos. El
departamento realizó un reintegro parcial de los recursos no ejecutados al INVIAS por
valor de $17.200’000.000.00, quedando un saldo por reintegrar de $969’028.494;

1 Expediente digital, archivo “29_SENTENCIA_ACCEDEPAR”.
2 Expediente digital, archivo “010DEMANDA”.
3 Expediente digital, archivo “02ActaReparto”.

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

además, para la fecha de la presentación de la demanda, el departamento había
reintegrado por concepto de rendimientos financieros un total de $3.892’158.913.

7. En criterio del actor, el departamento incumplió el convenio por cuanto: (i) no
reintegró en su totalidad el saldo de los dineros no invertidos; (ii) no reintegró la
totalidad de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados; (iii) no
realizó todos los pagos de las obligaciones que contrajo bajo los contratos que celebró
para la ejecución del convenio (que denominó como negocios jurídicos derivados) 4 ni
procedió con su liquidación; y (iv) no hizo entrega de la información requerida por el
INVIAS para definir el balance del negocio jurídico.

Pretensiones

8. A partir de los supuestos fácticos antes enunciados, la parte actora solicitó (i)
declarar que el departamento demandado incumplió el convenio, y
consecuencialmente, condenar tanto a la entidad territorial como a la aseguradora, a:
(ii) pagar la suma de $969’028.494 correspondientes al saldo de los desembolsos

girados no invertidos, con su respectiva indexación e intereses moratorios; (iii) pagar
el valor de los rendimientos financieros producidos por las sumas que aún figuran en
la cuenta corriente constituida para el manejo de los desembolsos5; (iv) realizar las
acciones y entregar los documentos necesarios para efectuar el cierre del balance
financiero del convenio; y, (v) pagar los valores pendientes a favor de los contratistas
de los negocios jurídicos derivados. Así mismo, pidió (vi) liquidar judicialmente el
convenio interadministrativo.

Contestación de la demanda

9.El departamento demandado guardó silencio en el término para contestar la
demanda.

10. La aseguradora6 se opuso a las pretensiones, para lo cual, expuso que: (i) cualquier

pretensión en su contra debía considerar las condiciones generales de la póliza en
cuanto a la delimitación y exclusión de las coberturas otorgadas, incluyendo el límite
del valor asegurado; (ii) no era procedente la afectación de la garantía de cumplimiento
debido a la ausencia de acto administrativo que declarara el siniestro; (iii) no se
acreditó el incumplimiento del departamento, pues de haber existido, la entidad
demandante estaba obligada a iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio

4 Contrato de prestación de servicios 1012 de 2015 celebrado con Ingeproyect Ltda. y contrato de obra 1676 de

2017 celebrado con la Unión Temporal D.M. San Andrés.
5 Cuenta corriente de manejo y firmas conjuntas No. 2660 6999 5279 del Banco Davivienda, Sucursal San Andrés.
6 Expediente digital, archivo “06Contestacion Demanda”.

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

permitiendo ejercer el derecho de defensa tanto al contratista como a la aseguradora;
(iv) la cobertura de la póliza estaba limitada al convenio interadministrativo, por lo que

no resultaba extensible a los posibles incumplimientos del departamento frente a
terceros. Propuso también las excepciones de (v) caducidad del medio de control y (vi)
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro; subsidiariamente,
solicitó (vii) dar aplicación al mecanismo de compensación de los valores de los dineros
adeudados al contratista.

Alegatos en primera instancia

11. Agotado el período probatorio7 y dentro del término de traslado para alegar de
conclusión, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda 8; a su
vez, la aseguradora9 reafirmó lo expuesto en su contestación. El departamento10
indicó que no se probó el incumplimiento del objeto del convenio interadministrativo y
que la demanda fue presentada después de haber caducado el medio de control. El
Ministerio Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

12. El Tribunal declaró que la entidad territorial incumplió el convenio, lo liquidó
judicialmente incluyendo a favor del INVIAS el valor de los recursos no invertidos con
intereses de mora, y afectó la garantía de cumplimiento por dicho concepto hasta el
límite del amparo. Negó las demás pretensiones de la demanda 11. Como
fundamentos de la decisión, el a quo expuso lo siguiente:

(i) La demanda fue interpuesta dentro del término establecido por los artículos 164

7 Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas por el INVIAS y la aseguradora, incluyendo copia del

convenio interadministrativo 1282 de 2013 junto con su adición y sus prórrogas, copia auténtica de la garantía de
cumplimiento 012877, sus condiciones generales y modificaciones, copias simples del acta de aprobación de la
garantía, de la orden de inicio del convenio, del oficio SMF 11301 del 16 de marzo de 2020 dirigido al Banco
Davivienda, de la respuesta emitida por esa entidad bancaria mediante oficio 75640 del 18 de octubre de 2020,
de los memorandos SMF 33412 y SMF 34028 del 15 y 18 de mayo de 2021, así como de los oficios SMF-34841
• 22/08/19, SMF-40014 - 23/09/19, SMF-44453 - 21/10/19, SMF-49602 - 19/11/19, SMF-51443 - 03/12/19, SMF-
1209 - 14/01/20, SMF-3929 - 05/02/20, SMF-11295 - 16/03/20, SMF-40292 - 15/10/20, SMF-4095 - 15/10/20,
SMF-44718 - 09/11/20, SMF-49338 - 02/12/20 y SMF- 230203 - 06/05/21.
8 Expediente digital, archivo “12Agregar Memorial”.
9 Allegados mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2021.
10 Expediente digital, archivo “13Agregar Memorial”.
11 Textualmente determinó: “PRIMERO: DECLÁRESE el incumplimiento de parte del Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Convenio 1282 de 2013. SEGUNDO:
LIQUIDAR judicialmente el convenio 1282 de 2013 celebrado por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En consecuencia,
Téngase la suma de $ 1.868.889.063 a cargo del departamento archipiélago y en favor del INVIAS a
título de los dineros no restituidos y su respectivo interés moratorio. TERCERO: AFÉCTESE la póliza
de seguros No. 1012877 hasta el límite de su amparo por el cumplimiento del contrato. CUARTO:
NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, conforme lo expuesto en precedencia. TERCERO: Sin
lugar a costas en la instancia”.

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
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Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

del CPACA y 1081 del Código de Comercio.

(ii) Se acreditó que el departamento omitió devolver los recursos no ejecutados.

(iii)
Sobre el reintegro de los rendimientos financieros, de cara a la ausencia de
elementos probatorios que permitieran establecer o evidenciar los rendimientos
generados por la cuenta corriente de manejo de los recursos del convenio, no podía
reconocerse este concepto.

(iv)Tampoco procedía la pretensión relacionada con la cancelación de los pagos
pendientes a terceros contratantes con origen en los contratos derivados para el
desarrollo del convenio celebrados por el departamento, puesto que si bien existe una
relación presupuestal entre los dineros aportados por el INVIAS al convenio y los
contratos derivados para su desarrollo, la relación individual de cada una de dichas
contrataciones resulta ajena al demandante; en últimas, el perjuicio generado por el
incumplimiento en el pago de los contratos derivados es propia del vínculo particular
existente entre la entidad territorial y sus contratistas, donde el hipotético
incumplimiento convencional no generaba un perjuicio directo de los intereses del
demandante.

(v)Carecían de sustento jurídico los cargos esgrimidos por la aseguradora, por cuanto
desconocían que:

(a)Las normas de derecho público que ponen a la administración en una posición de
superioridad sobre el contratista, como las cláusulas excepcionales al derecho
común, no son de recibo en los convenios interadministrativos por expresa prohibición
del artículo 14 de la Ley 80 de 1993; tampoco procede el ejercicio de la competencia
unilateral para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento
previstas en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011;

(b)En el convenio no se pactó a favor de ninguna de las partes la posibilidad de
imponer multas, sanciones, penas u otras medidas conminatorias al cumplimiento; y

(c) Aunque la póliza otorgada y el artículo 128 del Decreto 1510 de 2013
materializaban el riesgo por intermedio del acto administrativo que declara el siniestro,
el Código de Comercio que rige los contratos de seguro también habilita la
demostración del siniestro y la cuantía del perjuicio en sede jurisdiccional, vía que era
la procedente en este caso ante la inexistencia de habilitación para hacerlo
unilateralmente. La obligación a cargo del asegurador nace con la realización del
riesgo amparado y es exigible cuando el asegurado o el beneficiario prueba tanto el
siniestro como la cuantía del perjuicio; para tal fin, a la aseguradora demandada le
resultaba irrelevante si ello ocurría en sede judicial o administrativa, pues en ambas

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

el ordenamiento jurídico garantiza el respeto al debido proceso.

(vi)La póliza cubría expresamente los perjuicios derivados del incumplimiento y de la
debida inversión de los recursos aportados por el INVIAS, por lo que estando
acreditado que: (a) el departamento incumplió su obligación de reintegrar los valores
no ejecutados; (b) la cuantía de esos recursos; y, (c) que ese incumplimiento y los
perjuicios causados estaban amparados bajo las condiciones generales de la póliza
1012877, resultaba procedente la declaración judicial del acaecimiento del siniestro
amparado y por ende la efectividad del contrato de seguro por ese concepto, con
límite en la cuantía o monto asegurado.

El recurso de apelación

13. La compañía aseguradora recurrió12 la sentencia de primera instancia solicitando

revocar la condena en su contra. Insistió en la configuración de la caducidad del medio
de control y de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, así
como en la improcedencia de las pretensiones por la no imposición de sanciones por
parte de la demandante para apremiar el cumplimiento del departamento, y la
necesidad de respetar las condiciones generales de la póliza frente al riesgo y la
cuantía asegurada; agregó que, de mantenerse la condena, debe aplicarse la
compensación pactada en el contrato de seguro. Al respecto, indicó lo siguiente:

(i)La demanda fue radicada después del vencimiento del término legal de dos (2)
años establecido en el artículo 164 del CPACA, por lo que se configuró la caducidad
del medio de control.

(ii)
La acción fue incoada mucho después de los plazos previstos en el artículo 1081
del Código de Comercio, de manera que no era procedente la condena en su contra
fundada en la no devolución de los saldos no invertidos, pues las acciones derivadas
del contrato de seguro habían prescrito.

(iii)
Las condiciones del contrato de seguro son ley para las partes, por lo que no
puede exigírsele a la aseguradora asumir riesgos de manera indiscriminada y a
responder por la materialización de ellos cualquiera sea su fuente, objeto, lugar o
momento en que acaezcan, cuando contractualmente no asumió los mismos.
Adicionalmente, en la condición quinta del contrato de seguro se dispuso que la
responsabilidad de la aseguradora estaría limitada al valor establecido como
asegurado.

12 Expediente digital, archivo “32_RECEPCIONRECURSOAPELACION_MEMORIALAPELACIONE20”.

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(iv)No resulta admisible que se pretenda por la demandante declarar el
incumplimiento del convenio cuando ésta tuvo todas las herramientas legales a su
disposición para conminar a cumplir el contrato. Como la parte actora no puso en
marcha sus potestades legales en materia sancionatoria para conminar al contratista
a cumplir el convenio en los términos de los artículos 17 y 86 de las leyes 1150 de
2007 y 1474 de 2011, carece de causa y de objeto pretender que se declare en sede
judicial su incumplimiento.

(v)Debe darse aplicación a la condición décima cuarta del contrato de seguro,
conforme a la cual, si el INVIAS fuere deudor del departamento garantizado por
cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en
el monto de esas acreencias.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar si la demanda fue presentada oportunamente y,

en caso afirmativo, si los demás argumentos de la aseguradora vertidos en el recurso
de apelación tienen la suficiencia para modificar o revocar la decisión del a quo.

La caducidad de la acción

15. El artículo 164-2, literal j, numeral v, del CPACA, establece que en aquellos
negocios jurídicos que requieran de liquidación y ésta no se logre por mutuo acuerdo
o no se practique por la administración unilateralmente, el término de caducidad será
de dos (2) años contabilizados desde el vencimiento del término previsto para la
liquidación bilateral y unilateral.

16. Está acreditado que el convenio fue objeto de varias prórrogas, y según la última

de ellas acordada bajo el Adicional 11, su plazo de ejecución venció el 31 de
diciembre de 2018. Por su parte, en la cláusula vigésima se acordó expresamente
que el convenio interadministrativo sería objeto de liquidación, procedimiento que
debía “efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento” en los
términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que prevé 4 meses para la liquidación
unilateral y 2 meses para la unilateral.

17. Dado que la octava pretensión de la demanda refiere a la liquidación judicial del
convenio, deduciéndose así la ausencia de dicho trámite, el término para proceder
con la liquidación inició el 1 de enero de 2019 y venció el 1 de julio de ese mismo año;
en consecuencia, el plazo de dos (2) años para interponer la demanda transcurrió
inicialmente entre el 2 de julio de 2019 y el 2 de julio de 2021. Como la demanda se

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
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Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

presentó el 9 de junio de 2021, se concluye que fue oportuna, aun sin considerar que
los términos procesales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio
de 2020 producto de las medidas procesales utilizadas por el Consejo Superior de la
Judicatura dentro del marco de la pandemia por el Covid-1913.

La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro

18. El régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de
seguros consagrado en el Código de Comercio, es plenamente aplicable a la presente
controversia, pues aun cuando el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 14 prevé que los
contratos de seguro como el celebrado por la entidad demandada para garantizar el
cumplimiento del convenio, se califican como estatales15, esto no desdice de la
aplicación de las normas comerciales en la materia, según lo dispone el artículo 13
ibídem; en consecuencia, los términos de prescripción previstos por el artículo 1081
del estatuto mercantil resultan aplicables no solo por remisión del referido artículo 13
de la Ley 80 de 1993, sino porque el contrato de seguro contiene un régimen especial
en materia de prescripción liberatoria, que no riñe con el derecho público. Se advierte
también que el régimen de caducidad de la acción previamente estudiada, no suplanta
al de la prescripción extintiva, pues se trata de fenómenos jurídicos diferentes como
ha sido expuesto por la Sala en diversas oportunidades16.

13 Mediante el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional determinó que “los términos

de prescripción y de caducidad previstos, en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial, sean de días, meses o años, se encuentran
suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales”. Mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-
11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-
11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los
términos judiciales hasta el 8 de junio de 2020. Finalmente, por medio del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio
de 2020, el CSJ dispuso: “Artículo 2. Suspensión de términos judiciales. Se prorroga la suspensión de términos
judiciales en el territorio nacional, desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020 inclusive. Se exceptúan de esta
suspensión de términos los asuntos señalados en los artículos siguientes” y “Artículo 1. Levantamiento de la
suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se
levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo”.
14 El cual señala que son “contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren

las entidades a que se refiere el presente estatuto…”.
15
Porque fue celebrado por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entidad
estatal de conformidad con los dispuesto por el artículo 2.1(a) de la Ley 80 de 1993.
16 La caducidad no es igual a la prescripción ni son figuras que estén atadas la una a la otra, pese a que tienen

resultados adversos a las pretensiones del demandante. Sobre el particular, la Sala reitera que “la prescripción de
la acción procedente del contrato de seguro puede ser alegada en forma independiente a la caducidad de la acción
contractual, toda vez que se trata de fenómenos jurídicos diferentes” (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2017, (Exp. 54.635, C.P. Marta Nubia Velásquez) y que “en torno
al contrato de seguro se puede indicar que la prescripción consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio
se refiere a la extinción del derecho, al paso que la caducidad de la acción contractual establecida en el Código
Contencioso Administrativo implica la improcedencia de la acción” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 19 de febrero de
2009, radicación número: 05001-23-31-000-2000-01720-01(24609). Por ende, cada figura tiene sus propios
contornos y debe analizarse de manera separada. Esta posición fue reiterada en sentencia del 27 de agosto de
2021, Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez, radicación número 25000-23-36-000-2012-00436-
01(50761).

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Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

19. La prescripción extintiva requiere del cumplimiento de tres presupuestos
generales o principales: (i) la inactividad del acreedor de la obligación, que no exigió
o reclamó la prestación correlativa a su derecho de crédito; (ii) el transcurso del tiempo
durante el periodo determinado por la ley; y, (iii) que constitucional o legalmente no se
señale expresamente que una determinada relación jurídica es imprescriptible. Por
su parte, el artículo 1081 del Código de Comercio establece dos tipos de
prescripciones en materia de seguros, la ordinaria y la extraordinaria: (a) la primera es
de dos (2) años, los cuales empiezan a correr contra el “interesado” a partir del
conocimiento, real o presunto, que tenga sobre el “hecho que da base a la acción”17,
el cual, en el caso de la reclamación de la prestación asegurada en cabeza de la
compañía de seguros, será desde el momento en que el asegurado o beneficiario
conoció o debió conocer la ocurrencia del hecho constitutivo del siniestro 18; (ii) la
segunda no atiende al conocimiento del acaecimiento del riesgo amparado por parte
del interesado, sino que responde a factores objetivos; también está instituida para
proteger a quienes padecen de alguna incapacidad19 y se configura con el paso de
cinco (5) años contados desde el momento en que nace el respectivo derecho.

20. La prescripción ordinaria corre contra los interesados, esto es, “los sujetos directa
y primariamente envueltos en un contrato de seguro”20, posición que ha sido reiterada
por esta Subsección al indicar que por interesado debe entenderse aquel que deriva
algún derecho del contrato de seguro, es decir, el tomador, el asegurado y el
beneficiario, en la medida en que tienen conocimiento de sus prerrogativas respecto
de éste21.

21.En el caso concreto, la Sala considera que debe partirse de la aplicación de la
prescripción ordinaria de dos (2) años contados a partir del conocimiento real o
presunto del hecho que da base a la acción, es decir, del conocimiento que tuvo o
debió tener el INVIAS de los hechos que en la demanda adujo como constitutivos del

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de febrero de 2002, M.P. Nicolás Bechara

Simancas, Exp. 6011.
18 En aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 1081 del Código de Comercio, la Subsección A de

la Sección Tercera, en un caso que involucró el estudio de la prescripción en una póliza que incluía el amparo de
riesgos financieros, contabilizó la prescripción a partir del conocimiento del hecho aducido como siniestro. En
dicha sentencia señaló que “[e]n este orden de ideas, se aprecia que no tuvo ocurrencia la prescripción derivada
del contrato de seguro consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que FINAGRO presentó
la demanda dentro del término de dos años contado a partir de la fecha en que se encontró en conocimiento de
las irregularidades que alegó como amparadas bajo las pólizas de seguro que le otorgó Seguros Colpatria S.A.”
(énfasis agregado) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017 (Exp.
48.887, C.P. Marta Nubia Velásquez). Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta Nubia Velásquez); sentencia del 6 de diciembre de 2017 (Exp.
54.635, C.P. Marta Nubia Velásquez) y sentencia del 19 de junio de 2013 (C.P. Danilo Rojas Bethancourt, Exp.
25.472).
19 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio, “La prescripción en el contrato de seguro”, Editorial Universidad

Javeriana, 2012, Bogotá D.C., pp. 67-68.
20 HINESTROSA, Fernando, “La prescripción extintiva”, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 73.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020 (Exp. 63.861, C.P. Marta

Nubia Velásquez).

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

siniestro, por cuanto esa entidad ostenta la posición de asegurada y beneficiaria bajo
la garantía de cumplimiento objeto de reclamo22 y, por ende, es parte “interesada” o
directamente envuelta en el contrato de seguro, quien además conocía sus
condiciones y sus derechos en tanto aprobó su alcance y contenido23 y fue informada
de cada una de sus modificaciones24.

22. Aunque en la demanda el INVIAS expuso diversos hechos como constitutivos de
incumplimiento, y por ende del siniestro, el a quo únicamente encontró acreditado el
relacionado con la no devolución de los recursos aportados por la parte actora que
no fueron ejecutados bajo el convenio y en consecuencia decidió afectar la garantía
solo por ese concepto; por su parte, en el recurso de apelación, la aseguradora
reprocha el hecho de que ese incumplimiento pudiera ser cubierto por la póliza, dado
que para el momento en que se presentó la demanda habían prescrito las acciones
derivadas del contrato de seguro. En esa medida, y para resolver el planteamiento
del apelante bajo el breve marco normativo que se ha descrito, corresponde
establecer el momento en que el INVIAS conoció o debía conocer que el
departamento no reintegró la totalidad de los recursos no invertidos, único hecho
constitutivo del siniestro que se encontró probado en la sentencia de primera instancia
y que sustenta la afectación de la póliza, a lo cual se opone la aseguradora como
apelante único con fundamento en la configuración de la prescripción extintiva.

23. En la cláusula quinta del convenio se acordó que “Si vencido el plazo estipulado
en el presente Convenio EL DEPARTAMENTO no hubiere invertido los recursos,
deberá reintegrarlos al área de Tesorería del INSTITUTO”. Esta disposición
convencional no implica que el reintegro de esos recursos tuviera que hacerse al
momento mismo de la finalización del plazo de ejecución, dado que la determinación
de su existencia y monto requería la definición de las inversiones efectivamente
realizadas por el departamento en cumplimiento del objeto del convenio; en
concordancia con ello e interpretándolo sistemáticamente, bajo la cláusula décima
sexta se especificó que dichos recursos serían “reintegrados al INSTITUTO una vez
se haya formalizado el Acta de Recibo Final del Convenio y se procederá a la
liquidación del Convenio Interadministrativo”.

24. Por tanto y según lo pactado, una vez suscrita el acta de recibo final, se
determinaba la existencia de los eventuales recursos no invertidos y surgía la
obligación a cargo del departamento de reintegrarlos al INVIAS previo a la liquidación
del convenio.

22 Expediente digital, visible en el archivo “06Contestacion Demanda”.
23 Mediante acta de aprobación de la garantía aportada con la demanda.
24 Tal como se indicó en libelo inicial, con el cual, el INVIAS aportó copia de cada una de las modificaciones de la

garantía.

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Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

25. Conforme a lo indicado en la demanda y a las pruebas allegadas, las partes del

convenio no suscribieron el acta de recibo final. No obstante, el desconocimiento de
esa estipulación no excusa el hecho de que, para el momento de realizarse el corte
final de cuentas del negocio jurídico, la parte actora debía conocer el saldo de los
recursos no invertidos según lo acordado en el negocio jurídico y atendiendo a la
finalidad misma del trámite liquidatorio.

26. En esa medida, la parte actora debió conocer el incumplimiento constitutivo del
siniestro para el momento de la liquidación del convenio o, en este caso, cuando
venció el plazo previsto para hacerlo ante la omisión de dicho trámite, momento en
que se definía el ajuste o rendición final de cuentas del negocio jurídico con el objeto
de establecer las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de las partes,
entre ellos, los valores no ejecutados y no reintegrados por el departamento.

27. Como el plazo de ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2018 y el término para
liquidar el convenio venció el 1 de julio de 2019 -transcurridos 6 meses conforme a la
cláusula vigésima-, el plazo de dos (2) años de la prescripción ordinaria frente al
contrato de seguro transcurrió entre el 2 de julio de 2019 y el 2 de julio de 2021. Como
la demanda se presentó el 9 de junio de 2021, para ese momento no se había
configurado la prescripción extintiva, por lo que la demanda fue oportuna, aún sin
considerar que los términos prescriptivos también fueron suspendidos entre el 16 de
marzo y el 30 de junio de 2020 con ocasión de las medidas adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura producto de la pandemia por el Covid-19.

El seguro de daños y las condiciones de la póliza 1012877

28. De conformidad con lo establecido en los artículos 1082, 1083 y 1088 del Código
de Comercio, el seguro de cumplimiento de contratos estatales se clasifica como una
categoría especial del seguro de daños con carácter patrimonial, en tanto su finalidad
consiste en proteger el patrimonio público del perjuicio que podría ocasionarse a la
entidad estatal por el incumplimiento de las obligaciones pactadas bajo el negocio
jurídico, indemnizando las consecuencias patrimoniales derivadas del acaecimiento
de ese riesgo25. Con ocasión de su naturaleza meramente indemnizatoria, el seguro
de daños no puede constituir fuente de enriquecimiento para el asegurado, por lo que
para la asunción del riesgo por parte del asegurador no resulta suficiente que el hecho
constitutivo del siniestro haya acaecido, sino que resulta indispensable que haya
causado un perjuicio real e identificable al patrimonio del asegurado o beneficiario, el
cual a su vez determina el monto a indemnizar, sin que éste pueda ser mayor a la
suma asegurada. En esa medida, la suma indemnizable no necesariamente debe

25Conforme al artículo 1127 del Código de Comercio, son asegurables tanto la responsabilidad
contractual como la extracontractual.

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corresponder al valor asegurado, sino que debe ser el resultado de la afectación
patrimonial efectivamente ocasionada.

29. Conforme a lo dispuesto por la Ley 1150 de 200726 y el Decreto 1510 de 201327,
los contratistas del Estado prestarán garantía única para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, la cual puede consistir en pólizas expedidas por
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia.

30.En lo que refiere a los convenios interadministrativos, de las mismas normas
puede extraerse que, aunque esta garantía no es obligatoria, ello no significa que su
pacto esté prohibido; contrariamente, en tanto frente a los convenios gravitan riesgos
de incumplimiento, la ley permite a las entidades públicas justificar la necesidad de
su exigencia en consideración al objeto, la forma de pago y los riesgos involucrados
en cada caso, con fundamento en los principios de planeación, responsabilidad y
economía.

31. En este orden, bajo la póliza de cumplimiento, el tomador del seguro traslada el
riesgo de la inobservancia de sus obligaciones convencionales a la compañía
aseguradora, por lo que de presentarse el hecho constitutivo de incumplimiento y en
la medida que éste ocasione daños que afecten el patrimonio de la entidad pública
acreedora, surge la obligación de la compañía aseguradora de resarcir los daños
ocasionados al beneficiario, hasta la concurrencia de la suma asegurada. La
compañía de seguros, en los términos del artículo 1056 del Código de Comercio, tiene
la facultad de seleccionar los riesgos que desee asumir de acuerdo con su experiencia
y capacidad técnica y económica, de manera que delimitados éstos por ella misma y
expedida la garantía correspondiente, tendrá la consecuente obligación de responder
por el siniestro en los términos definidos en la póliza.

32. El convenio 1282 de 2013 tuvo por objeto realizar el dragado de profundización
del canal de acceso al puerto de San Andrés, para lo cual, el INVIAS aportaría la

26 “Artículo 7. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento

de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos
hechos (…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los
de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en
el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del
contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”.
27 “Artículo 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones

surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y
su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extra-contractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y del presente decreto”. “Artículo 111. Clases
de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria”.
“Artículo 76. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre
entidades estatales es la contratación directa (…). Artículo 77. No obligatoriedad de garantías. En la contratación
directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III de las disposiciones especiales del presente decreto
no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”.

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suma de $19.200’000.000, mientras que el departamento demandado invertiría
integralmente dichos recursos mediante la celebración, ejecución y liquidación de los
contratos necesarios para la realización de las obras correspondientes, obligándose
a reintegrar al INVIAS los valores no invertidos o ejecutados.

33.Con el fin de garantizar las obligaciones a su cargo, el departamento constituyó a
favor del INVIAS la “Póliza de Seguro de Cumplimiento Única a favor de Entidades
Estatales No. 1012877”, conforme a la cual y sus condiciones generales, la compañía
aseguradora demandada asumió los siguientes riesgos:

(i)El incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del convenio y a cargo
del departamento, así como su cumplimiento tardío o defectuoso, bajo el amparo de
“CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”, con un valor asegurado de $1.920’000.000.

(ii)
El uso y apropiación indebidos, así como la no inversión de los recursos aportados
por el INVIAS y su no devolución por parte del departamento, bajo el amparo de
“BUEN MANEJO DEL ANTICIPO”, con un valor asegurado correspondiente a la
totalidad del desembolso a cargo de la parte actora ($19.200’000.000). Aunque las
sumas aportadas por el INVIAS no correspondían a un anticipo, la póliza fue clara al
establecer que su objeto envolvía garantizar la “INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO
DEL CONVENIO”, precisando que el “AMPARO DE ANTICIPO ENTIÉNDASE COMO
AMPARO DE LOS DESEMBOLSOS OTORGADOS POR EL INVIAS”28.

34. En el fallo de primera instancia, el Tribunal a quo encontró que la parte actora
acreditó el hecho constitutivo del siniestro y la cuantía de la pérdida en los términos
del artículo 1077 del Código de Comercio, por cuanto: (i) se probó la existencia de
recursos no invertidos, (ii) que el departamento incumplió con su obligación de
reintegrarlos al INVIAS; y (iii) se demostró que las sumas pendientes de devolución
ascendían a $969’028.494 conforme a las pruebas aportadas por el INVIAS y ante el
silencio de la entidad territorial demandada. En el recurso de apelación, la
aseguradora no cuestiona ni desconoce la obligación a cargo del departamento de
reintegrar los aportes no invertidos, ni su omisión sobre el particular, como tampoco
la cuantía de los recursos pendientes de devolución y de los intereses de mora
tasados por el Tribunal, que componen la suma por la que ordenó la afectación de la
garantía ($1.868’889.063), sin que éstos excedan el valor asegurado
($19.200’000.000).

35.En consecuencia, la Sala no encuentra que la sentencia de primera instancia
impusiera a la aseguradora la asunción de riesgos de manera indiscriminada, ni le

28 En la póliza se indicó que su cobertura se extendía a la no inversión, el uso y la apropiación indebidos de dichos

recursos.

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obligó a responder por la materialización de ellos indistintamente de su fuente.
Contrariamente, la afectación de la garantía tuvo origen en el reconocimiento del
carácter patrimonial del seguro de daños, en la materialización de un riesgo
expresamente cubierto por la póliza y en la acreditación de la afectación
efectivamente ocasionada por el acaecimiento del siniestro, sin que se superara el
monto asegurado29. De esta manera, el cargo de la apelante resulta infundado sin
que en la alzada se allegaran elementos de juicio para llegar una conclusión diferente,
pues aunque la recurrente exige el acatamiento de las condiciones de la póliza, no
indica cuáles fueron desconocidas.

La no imposición de multas o sanciones por parte del INVIAS para apremiar al
departamento a cumplir

36. Los convenios interadministrativos son negocios jurídicos celebrados entre
entidades públicas con el objeto de cooperar, coordinar y/o colaborar en la realización
de funciones administrativas de interés común para quienes lo suscriben, con la
finalidad de garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones públicas30. De
este modo, tales convenios no tienen por objeto prestaciones patrimoniales propias
de los contratos conmutativos, ni intereses puramente económicos o contrapuestos,
dado que con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos atados al interés
general en virtud del principio de colaboración31.

37. En ese sentido, esta Subsección ha señalado que los “convenios
interadministrativos”, sirven de vehículo para que dos o más entidades públicas se
comprometan y encaucen sus voluntades hacia la gestión cooperada de las funciones
administrativas que corresponde a cada una de ellas en procura de un fin común. Con
base en ello, el concepto de convenio excede el tradicional de “contrato”, pues pese
a que media un acuerdo de voluntades, en éstos se excluye la contraposición de
intereses entre las entidades que los suscriben, lo que en todo caso no significa que
los compromisos que se asuman en virtud de este tipo de acuerdos no puedan tener
un componente de carácter patrimonial32.

38.De manera que la nota distintiva de los convenios interadministrativos, la
constituye la concurrencia de entidades estatales para la realización de un fin común,

29 Este último aspecto reiterado en el numeral tercero la parte resolutiva de la sentencia, en donde se ordena

afectar la póliza “hasta el límite de su amparo”.
30 El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de

cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin
ánimo de lucro”.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 23 de mayo de 2012,

Exp. 1998-01471.
32 Sentencia del 14 de junio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP). C.P. Marta Nubia Velásquez

Rico.

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respecto del cual, cada una de ellas está interesada u obligada desde sus propias
funciones o atribuciones legales. Se trata de un ánimo de cooperación entre
organismos con funciones interrelacionadas o complementarias bajo un “paralelismo
de intereses”, por lo que no existe preeminencia de una entidad frente a la otra -como
en el caso del ente público respecto del contratista- sino que las relaciones se
desarrollan en un plano de igualdad o equivalencia, esto es, sin que existan
prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra.

39. Por ende, con ocasión de su naturaleza, finalidad y alcance, en los convenios
interadministrativos, no es procedente ejercer la potestad unilateral de la
administración para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento previstas en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley
1474 de 2011, en tanto y en cuanto esta clase de convenciones: (i) no involucran un
contenido patrimonial a título de remuneración o precio por la prestación de un
servicio, el suministro de un bien o la realización de una obra a favor de una entidad
por la otra y, por ello, no tienen un interés puramente económico; (ii) tienen por objeto
ejecutar actividades que contribuyen directamente al fin común de los sujetos públicos
contratantes, pues están vinculados desde su ámbito funcional con un ánimo de
colaboración y cooperación, y en tal sentido, no existen intereses contrapuestos, ni
uno superior en cabeza de la entidad pública, como en el caso de los contratos y que
justifica tales prerrogativas; y (iii) la voluntad de colaboración, cooperación y
coordinación entre las entidades ocurre en un plano de igualdad o equivalencia, por
lo que no existe un ámbito de superioridad y de control y dirección del “contratante”
frente al “contratista”, como sucede con los contratos.

40. Por otra parte, aunque en los convenios interadministrativos no es procedente
ejercer la potestad unilateral de la administración para la imposición de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento, ello no obsta para que en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, las partes convengan sanciones o penas pecuniarias con
el fin de apremiar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio
indicando el procedimiento para su efectividad.

41. El convenio interadministrativo 1282 de 2013 fue nominado como tal, y conforme
a su contenido y alcance carece de un contenido de obligaciones contrapuestas, en
tanto tuvo por objeto la conjunción de esfuerzos para el desarrollo de las obras
necesarias para el dragado de profundización del canal de acceso al puerto de San
Andrés, mediante el aporte de una suma de dinero por parte del INVIAS y su inversión
mediante la celebración, ejecución y liquidación de los negocios jurídicos requeridos
para tal finalidad por el departamento, sin que bajo el clausulado del negocio jurídico
se hubiesen acordado medidas coercitivas a favor de alguna de las partes para
apremiar su cumplimiento.

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42. En consecuencia, carece de sustento el argumento de la aseguradora consistente
en que el INVIAS no impuso multas o sanciones al departamento durante su ejecución
para conminarlo a cumplir, no solo por cuanto tal circunstancia no impide que el juez
del contrato verifique el proceder contrario a las obligaciones contraídas al suscribir
el acuerdo de voluntades, y por ende, determine su incumplimiento, sino también ante
la inexistencia de esas prerrogativas en cabeza de la entidad pública demandante
bajo el negocio jurídico objeto de la controversia. Se anota, además, que los saldos
por reintegrar, único concepto reconocido por el a quo y que es debatido por la
aseguradora, solo se mostraban a la liquidación del convenio, por lo que aun en el
caso de que fueran procedentes esas potestades a favor del INVIAS, estas no se
activaban en la fase de ejecución del negocio jurídico y por ende no eran pasibles de
ser ejercidas en la forma extrañada por el recurrente.

43. Así mismo, la imposición de multas o sanciones por parte del INVIAS durante la

ejecución del convenio tampoco era un requisito para hacer efectiva la garantía ante
el incumplimiento del departamento, pues no existió pacto en ese sentido en el
convenio ni en el contrato de seguro, y conforme a los artículos 1077 y 1080 del
Código de Comercio, resulta suficiente que el asegurado pruebe el siniestro y la
cuantía de la pérdida -tal como quedó acreditado según se ha expuesto- para que el
asegurador esté en el deber jurídico de proceder con el pago, por cuenta de la
materialización del riesgo que libremente asumió.

La compensación pactada en el contrato de seguro

44. Solicitó la aseguradora en el recurso de alzada dar aplicación a la condición décima

cuarta del contrato de seguro, donde se dispuso que: “Si la entidad estatal contratante
asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad
a éste o del resultado de la liquidación del contrato y antes del pago de la
indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se
aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las
acreencias”.

45. En el caso concreto, no se elevó pretensión o excepción tendiente al
reconocimiento de acreencia alguna a favor del departamento, quien no contestó el
libelo inicial ni demandó en reconvención, como tampoco obra prueba en el
expediente de su existencia, sin que la aseguradora en la contestación, en los
alegatos o en el recurso de apelación haya acreditado lo contrario, por lo que ante la
inexistencia de fundamentos fácticos y probatorios que evidencien alguna acreencia
a favor del departamento, y en consecuencia, la procedencia de dar aplicación a la
condición del contrato de seguro antes indicada, el cargo así propuesto resulta

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insuficiente para variar la decisión de primera instancia.

46.En consecuencia, ante la improcedencia de la totalidad de los argumentos vertidos
en el recurso de apelación y dado que la condena impuesta por el Tribunal a quo se
mantiene incólume, procede la Sala a indexar su valor de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 del CPACA con base en la siguiente fórmula:

R = RH Índice Final
Índice Inicial

En la que el valor R se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma
por actualizar, multiplicada por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia (enero de 2025), dividido por el índice inicial de precios vigente al
momento de proferirse el fallo de primera instancia (abril de 2023).

Valor sin indexar = $1.868’889.063

R = $1.868’889.063 x Índice Final (146,24)
Índice Inicial (132,80)

R = $2.058’029.642 como valor indexado.

47. La indexación efectuada tiene por finalidad traer a valor presente las sumas
liquidas reconocidas en el fallo de primera instancia, como un instrumento que
permite equilibrar el fenómeno de la depreciación que sufre la moneda por efecto
de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, por lo que no se concibe como un
desmejoramiento de la posición del apelante único al no modificar la condena
impuesta por el a quo, al tratarse únicamente de una actualización de ésta con el
objetivo de que posea un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que
fue impuesta por el fallo recurrido.

Costas

48. En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202133, en armonía con el artículo 365
del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la compañía
aseguradora demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación
que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia. Dicha condena no

33 Como el recurso se interpuso el 28 de abril de 2023, le son aplicables las modificaciones introducidas por la Ley

2080 de 2021.

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requiere la apreciación o la calificación de una conducta temeraria, sino la verificación
objetiva de quién resultó vencido.

49. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.

50. En relación con las agencias en derecho, el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, define en el
artículo segundo que, para la fijación de las agencias en derecho, se debe tener en
cuenta “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales
directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas
mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa, la cual, para
los asuntos declarativos de segunda instancia, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV
y una máxima de (6) SMLMV.

51. Teniendo como marco estas precisiones y en vista de que todos los cargos de la

apelación se hallaron infundados, la Sala fija las agencias en derecho de segunda
instancia en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberán ser
pagados por la recurrente a favor de la entidad demandante.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1.1. de la sentencia del 12 de abril de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, el cual quedará así:

“SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el convenio 1282 de 2013
celebrado por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
consecuencia, Téngase la suma de $2.058’029.642 a cargo del
departamento archipiélago y en favor del INVIAS a título de los dineros no
restituidos y su respectivo interés moratorio”.

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Radicación: 880012333000-2021-00028-01 (69993)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandado: Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y otro
Referencia: Controversia contractual

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a La Previsora S.A.
Compañía de Seguros y FIJAR como agencias en derecho, a favor del INVIAS, la
suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las costas
se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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