Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2012-00718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2012-00718-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
14 de septiembre de 2022
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
Demandado: Nación - Rama Judicial
Tema: Error jurisdiccional. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones de la demanda porque la demandante no formuló una
pretensión autónoma en la que individualizara el daño antijurídico
causado por el error judicial. En cualquier caso, la parte actora
tampoco demostró que decisión acusada hubiera incurrido en error
judicial.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2015 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda.
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa
administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa
por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente
en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con
lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación1.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 19 de noviembre de
20152. En el auto del 27 de febrero de 20203 se dio traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
2 Cuaderno principal, folio 125.
3 Cuaderno principal, folio 271.
1
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
respectivamente. La demandante4 presentó alegatos de conclusión dentro de la
oportunidad legal. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda5 que dio origen al proceso fue interpuesta el 14 de diciembre de
2012 por la señora Rosita María Castillo de Ibarra. Se dirigió contra la Rama
Judicial para obtener la reparación del daño causado por los errores judiciales
contenidos en las sentencias dictadas en el trámite del proceso ejecutivo iniciado
contra el Banco de Colombia – Bancolombia S.A.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<PRIMERA: Se condene a la demandada a la indemnización a que tiene
derecho la demandante como consecuencia de la falla en el servicio en que por
error judicial ha incurrido la Rama Judicial del Poder Público, dentro del proceso
ejecutivo Nº 1997-3101-02 de Rosita María Castillo de Ibarra contra
BANCOLOMBIA, que se tramitó ante los Juzgados 32 y 1º Civil del Circuito de
Bogotá D.C., y en segunda instancia ante H. Tribunal Superior de Bogotá, D.C.
Sala Civil, integrada por los magistrados ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, LUIS
ROBERTO VALENZUELA VALBUENA (con salvamento de voto) y GERMÁN
VALENZUELA VALBUENA, por el cambio de sentencia que produjo el Juzgado
1º Civil del Circuito de Bogotá y el H. Tribunal en sede ejecutiva, del fallo proferido
en sede ordinaria.
SEGUNDA: Que la indemnización corresponda a la diferencia que resulte entre
la errónea liquidación del crédito que hizo el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Bogotá D.C., confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, integrada por los dos magistrados antes citados, con salvamento de voto
de uno de ellos, y la correcta y debida liquidación del crédito que debió hacerse
conforme a la sentencia impartida en el proceso ordinario.
TERCERA: Se condene a la demandada a la indemnización del daño moral
ocasionado a la demandante con el error judicial dentro del ejecutivo, como
consecuencia de la defraudación en la confianza debida a la administración de
justicia, el cual se estima en el equivalente a 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
CUARTA: Se condene en costas a la demandada.>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Rosita María Castillo de Ibarra presentó demanda de responsabilidad civil
contractual contra el Banco de Colombia (hoy Bancolombia S.A.), por la
4 Cuaderno principal, folios 275 – 284.
5 Cuaderno No. 1, folios 3 – 24.
2
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
desaparición o extravío de un grupo de acciones de la Compañía Colombiana de
Tabacos, de Bavaria y del propio Banco de Colombia. Estas acciones, de
propiedad de la señora Castillo de Ibarra, se extraviaron en poder del Banco de
Colombia en el año 1971. La accionante las había dejado en depósito por cuenta
de la suscripción de un contrato con ese propósito.
3.2.- Mediante sentencia del 28 de julio de 2005, la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. profirió sentencia de segunda
instancia en la que confirmó la declaratoria de incumplimiento del contrato de
depósito por parte del Banco de Colombia y condenó a la entidad demandada en
los siguientes términos:
<<(…) se CONDENA al Banco de Colombia a pagar, a favor de la demandante
Rosita María del Castillo Ibarra, por concepto de daño emergente y lucro cesante,
el valor de 1016 acciones de Bavaria S.A., 891 acciones del Banco de Colombia
y 412 acciones de Coltabaco, al momento de su pago, junto con los dividendos
decretados por las sociedades emisoras en cada uno de los periodos de
causación hasta el pago del valor de las acciones, de acuerdo con lo aprobado
por cada una de las asambleas generales de accionistas de las sociedades
emisoras y según las certificaciones que para el efecto fueron expedidas por
éstas a instancia del decreto oficioso de pruebas por el Tribunal.
Sobre los dividendos reconocerán intereses corrientes desde el primer periodo
de causación hasta el 22 de abril de 1998 y desde la reconvención judicial (23 de
abril de 1998) se pagarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el
pago, teniendo en cuenta que los primeros (corrientes) serán los que mes a mes
correspondan a la tasa de interés bancario corriente certificada por la
Superintendencia Bancaria, y el interés moratorio será el fluctuante, acorde con
las certificaciones expedidas por el mencionado órgano, sin que en ningún
momento exceda los límites máximos señalados en los artículos 894 del Código
de Comercio, modificado por el 111 de la Ley 510 de 1999 y 305 del Código
Penal.>>
3.3.- El Banco de Colombia liquidó de manera errada la condena impuesta en su
contra y el 4 de octubre de 2006 puso a disposición del Juzgado 32 Civil del
Circuito de Bogotá D.C., que conoció el proceso en primera instancia, la suma de
setenta y ocho millones treinta y ocho mil trescientos veintiocho pesos
($78.038.328).
3.4.- Inconforme con el pago realizado a su favor, el 16 de octubre de 2007 la
demandante solicitó la ejecución de la sentencia porque consideraba que <<(…)
el apego textual a la condena del tribunal arrojaba una cifra superior a los 52 mil
millones de pesos>>.
3.5.- El proceso ejecutivo correspondió inicialmente al Juzgado 32 Civil del
Circuito de Bogotá D.C., el cual, antes de librar mandamiento de pago, ordenó la
práctica de un dictamen pericial para liquidar la condena impuesta en la sentencia
del 28 de julio de 2005. El dictamen pericial fue allegado al expediente mediante
documento del 8 de febrero de 2008 y en el mismo se determinó el valor de la
3
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
condena en una cifra superior a los setenta mil millones de pesos
($70.000.000.000).
3.6.- El proceso ejecutivo posteriormente pasó al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bogotá D.C., que libró mandamiento de pago <<(…) con apego a la
literalidad de la sentencia ordinaria (…)>>, sin tener en cuenta el dictamen pericial
practicado para liquidar el valor de la condena impuesta contra el Banco de
Colombia y a favor de la demandante.
3.7.- En sentencia del 18 de noviembre de 2009 el Juez Primero Civil del Circuito
de Bogotá D.C. declaró la prosperidad de la objeción por error grave del dictamen
pericial y determinó el valor de la condena impuesta en la sentencia del 28 de
julio de 2005 en noventa y seis millones ochocientos treinta y siete mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos
($96.837.466,95). Como quiera que el valor pagado por el Banco de Colombia
fue de setenta y ocho millones treinta y ocho mil trescientos veintiocho pesos
($78.038.328), ordenó seguir adelante con la ejecución por dieciocho millones
setecientos noventa y nueve mil ciento treinta y ocho pesos con noventa y cinco
centavos ($18.799.138,95). Esta providencia fue apelada por la demandante.
3.8.- Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2010 la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó la orden de seguir adelante
con la ejecución, pero disminuyó el monto de la obligación a cargo del Banco de
Colombia a setecientos doce mil quinientos sesenta y un pesos con nueve
centavos ($712.561,09). En esta providencia, el tribunal determinó nuevamente
el valor de la condena impuesta en la sentencia del 28 de julio de 2005, acogiendo
la interpretación del Banco de Colombia.
3.9.- De acuerdo con lo señalado por la parte actora, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. incurrió en error judicial porque determinó el valor
de la condena con base en parámetros diferentes a los fijados en la sentencia del
28 de julio de 2005, que constituyó el título ejecutivo. La demandante señaló:
a.- En lo que respecta a la determinación del valor de las acciones del Banco de
Colombia, el tribunal redujo las 891 acciones que tenía la demandante a 0.26
acciones con ocasión de la transformación accionaria que sufrió dicho banco
como consecuencia de su fusión con el Banco Industrial Colombiano,
desconociendo lo ordenado en la sentencia del 28 de julio de 2005 en la que se
ordenó el pago del valor de 891 acciones.
b.- De otra parte, <<(…) al liquidar los intereses sobre los dividendos de todas las
acciones, lo hizo con cifras en valores históricos en centavos y no sobre valores
actuales o actualizados como lo ordena la sentencia de segunda instancia, y
como es de ordinario según las reglas de las matemáticas financieras y el común
entendimiento de las cosas por el paso del tiempo, así como tomó cada periodo
4
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
histórico por separado respecto de los intereses sobre los dividendos y al final los
sumó todos, aplicando a los dividendos los lineamientos fijados pero para las
tasas de interés corriente, es decir, los certificados de cada periodo>>.
B.- Posición de la entidad demandada
4.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda6. Señaló que en
este caso no existió error jurisdiccional porque las providencias proferidas en el
proceso ejecutivo fueron ampliamente fundamentadas en las normas aplicables
al caso concreto y en las pruebas allegadas al expediente. Con base en los
anteriores argumentos, propuso las excepciones que denominó (i) ausencia de
los presupuestos para la existencia del error jurisdiccional, (ii) ausencia de causa
para demandar, y (iii) inexistencia del daño antijurídico.
C.- Llamamiento en garantía
5.- La Rama Judicial llamó en garantía con fines de repetición a los magistrados
Ariel Salazar Ramírez y Germán Valenzuela Valbuena, quienes integraron la Sala
de Decisión que profirió la sentencia de segunda instancia el 5 de noviembre de
2010 en el marco del proceso ejecutivo. De acuerdo con la entidad demandada,
la providencia emitida por los llamados en garantía pudo haber desconocido el
principio de no reformatio in pejus, <<(…) lo que implicó una conducta contraria
a las exigencias de la Constitución y la ley, conducta que probablemente
encuadra en la presunción de culpa grave consagrada en el artículo 6 de la Ley
678 de 2001>>.
6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió el llamamiento en
garantía formulado por la Rama Judicial mediante auto del 20 de noviembre de
20137.
7.- Germán Valenzuela Valbuena se opuso a las pretensiones de la demanda de
reparación directa8. Explicó que una providencia judicial solo podía incurrir en
error judicial cuando contenía una equivocación garrafal, colosal o inexcusable
producto de la arbitrariedad, la desidia o la ignorancia. Y que, en este caso, la
posición adoptada en la providencia fue suficientemente argumentada, explicada
y justificada, razón por la cual no podría considerarse que existió error judicial.
7.1- En lo que respecta al llamamiento en garantía, señaló que la prohibición de
la no reformatio in pejus frente a un título ejecutivo no podía <<(…) ser resguardo
de aspiraciones desproporcionadas, puesto que siempre el juzgador tendrá la
6 Cuaderno No. 3 folios 45 – 49.
7 Cuaderno No. 3, folios 101 – 104.
8 Cuaderno No. 3, folios 117 – 121.
5
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
posibilidad y el deber de ajustarlo a lo legal y estrictamente permitido según los
extremos previstos en la sentencia que se ejecuta>>.
8.- Ariel Salazar Ramírez también se opuso a las pretensiones de la demanda de
reparación directa9. Afirmó que la providencia acusada de error jurisdiccional fue
ampliamente sustentada y que el salvamento de voto expresado por uno de los
integrantes de la Sala de Decisión no evidenciaba que la decisión adoptada por
la mayoría de la Sala fuera contraria a derecho.
8.1.- En relación con el llamamiento en garantía, manifestó que el juez del
proceso ejecutivo está en la obligación de ajustar la orden de pago al contenido
del título ejecutivo y que el principio de no reformatio in pejus no blinda el
mandamiento de pago que ha desbordado el título ejecutivo
D.- Sentencia recurrida
9.- En sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 2 de septiembre de
201510, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y del llamamiento en
garantía. En síntesis, consideró que la demandante no demostró que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. hubiera incurrido en un error judicial
en tanto los intereses comerciales y moratorios fueron liquidados de acuerdo con
lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia que constituyó el título ejecutivo.
E.- Recurso de apelación
10.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente la decisión de
primera instancia11 y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.
En el recurso de apelación reitera los argumentos expuestos en la demanda.
II. CONSIDERACIONES
F.- Decisión
11.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa fue
presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA:
(i) mediante sentencia del 5 de noviembre de 2010 la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó parciamente la sentencia
proferida en primera instancia por el Juez Primero Civil del Circuito de Bogotá
9 Cuaderno No. 3, folios 134 – 136.
10 Cuaderno principal, folios 84 – 87.
11 Cuaderno principal, folios 89 – 106.
6
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
D.C., (ii) según constancia secretarial12, esta providencia quedó ejecutoriada el
19 de noviembre de 2010, (iii) la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 25 de octubre de 2012, la cual fue declarada fallida el 6 de
diciembre de 2012, y (iv) la demanda fue presentada el 14 de diciembre de 2012.
12.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque la demandante reclamó, mediante la acción
de reparación directa, las mismas peticiones que formuló en el proceso que
culminó con la sentencia acusada de error judicial. Es decir, no individualizó el
daño ocasionado por la decisión judicial acusada de incurrir en error.
13.- Como se ha señalado en anteriores ocasiones13, en los procesos de
responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial la parte demandante
tiene la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en el
proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error, porque
la sentencia allí dictada ya ha hizo tránsito a cosa juzgada y lo que se puede
solicitar ahora es la reparación del daño sufrido como consecuencia de tal
decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo que implica para el
demandante la carga de precisarlo y demostrar su causación.
14.- En este caso la accionante no formuló una pretensión autónoma en la que
se determinara cuál fue el daño antijurídico causado por el error judicial. Tanto
en las pretensiones de la demanda ejecutiva como en las pretensiones de la
demanda de reparación directa solicitó el pago de la condena impuesta en la
sentencia del 28 de julio de 2005 de acuerdo con los parámetros allí fijados. La
única diferencia es que en este proceso solicitó el reconocimiento de los
perjuicios morales, pero no allegó pruebas para demostrarlos.
15.- La demanda de reparación directa por error judicial no es una tercera
instancia del proceso judicial; el perjuicio que puede reclamarse en este caso es
el que genera la decisión que se considera como inadecuada, o el detrimento
patrimonial que le genera a la demandante, de manera precisa, esa decisión.
Impetrar en la demanda de reparación directa por error judicial la misma
pretensión que se formuló en el proceso en el que se profirió la sentencia que se
estima equivocada, implica confundir el objeto de los dos procesos.
16.- Al margen de lo anterior, no se demostró que la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. hubiera incurrido en error judicial
porque:
12 Cuaderno No. 1, folio 31.
13 Al respecto las sentencias del 19 de junio y del 2 de octubre de 2019, proferidas dentro de los expedientes
No. 42976 y 45760, C.P. Alberto Montaña Plata. También ver la sentencia de 10 de febrero de 2021,
expediente 44645. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
7
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
16.1.- La demandante no allegó al proceso de reparación directa copia del
expediente del proceso de responsabilidad contractual ni del proceso ejecutivo,
razón por la cual en esta instancia no es posible valorar las pruebas que tuvo en
cuenta la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. para
determinar el número de acciones de Bancolombia de acuerdo con lo consignado
en la providencia acusada de error.
16.2.- No está acreditado que la liquidación de los intereses generados por los
dividendos de las acciones correspondiera a un valor superior al consignado en
la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Si bien tanto en
el trámite de la primera instancia como en el de la segunda instancia la
demandante solicitó la práctica de un dictamen pericial con el anterior propósito,
lo cierto es que (i) en el marco de la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó dicha prueba y esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada,
y (ii) en el trámite de la segunda se decretó la prueba en los términos en que fue
solicitada, pero mediante auto del 29 de agosto de 201914, el cual fue confirmado
por medio del auto del 28 de enero de 2020, se prescindió de la misma por no
haberse logrado su práctica después de tres años 15.
G.- Costas
17.- Como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera
desfavorable para la demandante, la Sala la condenará en costas y fijará las
agencias en derecho en un (1) salario mínimo mensual legal vigente, de
conformidad con el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia dictada el 2 de
septiembre de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Fíjanse las agencias en
14 Cuaderno principal, folio 249.
15 Cuaderno principal, folio 265.
8
Radicado: 25000-23-36-000-2012-00718-01 (55794)
Demandante: Rosita María Castillo de Ibarra
derecho en un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclara voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.