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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00396-02

Fecha
29 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00396-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 8 Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380) Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C. Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Movilidad Asunto: Controversias contractuales PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, (i) a Taborda Vélez & Cía. S. en C. por la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($16’309.441) a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad; y (ii) a SERVIENTREGA S.A. por el monto de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($16’309.441) a favor de la entidad demandada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00396-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

29 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380) (Acumulado) 1
Demandante: Taborda Vélez & Cía. S. en C. y otra
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Movilidad
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – los actos administrativos de liquidación
unilateral del contrato proferidos por fuera de los dos años del término de caducidad no
son susceptibles del medio de control de controversias contractuales, sino de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala, a resolver los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control.

La controversia gira alrededor de la pretensión de nulidad de los actos que
liquidaron unilateralmente un contrato de concesión, y la declaratoria de
incumplimiento de dicho negocio por parte de la contratante.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. En providencia del 18 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, declaró la caducidad del medio
de control en los siguientes procesos:

(i) Proceso 2013-00396

2. Promovido por la sociedad Taborda Vélez & Cía. S. en C. -integrante de la
Unión Temporal SETT- quien demandó en sede de controversias contractuales al
Distrito Capital – Secretaría de Movilidad, con el fin de que se declare la nulidad
de las Resoluciones 110 del 26 de agosto de 2010 y 161 del 23 de noviembre de
ese año, mediante las cuales se liquidó unilateralmente el contrato de concesión
105 de 1997 y se confirmó tal determinación; igualmente pidió declarar el
incumplimiento de la contratante al no ajustar las tarifas pactadas como
remuneración en los términos previstos en el pliego de condiciones y, a título de
indemnización, el pago de $5.903´702.619 por el indebido ajuste tarifario que

1 Acumulado con el proceso 25000233600020130037800.

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

ocurrió entre 1998 y 2004; además, pidió que se le excluyera de pagar
$6.523´776.412 que la entidad le impuso en el acto de liquidación enjuiciado.

3. Como fundamento fáctico, indicó que 23 de junio de 2010 la entidad pública y la
Unión Temporal SETT2 suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato de
concesión 105 de 1997 declarándose a paz y salvo respecto de 113 de los 118
ítems o aspectos revisados. Los asuntos sobre los cuales no se logró un acuerdo
fueron, para la SDM: la transferencia de propiedad del software, algunos bienes
muebles no revertidos, rendimientos financieros por consignaciones no utilizadas
y el pago de participación a la SDM por trámites recaudados por el SETT y
adelantados por Servicios Integrales para la Movilidad SIM; y para la UT SETT: el
pago de los valores dejados de percibir por aplicación indebida del ajuste tarifario.

4. Posteriormente, la Secretaría profirió la Resolución 110 del 26 de agosto de
2010, por la cual liquidó unilateralmente el contrato, sin incluir los valores
correspondientes a las tarifas pendientes de reajuste, y además ordenó a la unión
temporal el pago de $6.523.776.412 a favor de la Secretaría, por los conceptos
sobre los que no se logró consenso liquidatorio; tal decisión fue confirmada el 23
de noviembre de 2010.

5. Contra estos actos el demandante reprochó la imposición de una carga
inexistente y la no inclusión de la remuneración debida al concesionario.

La defensa

6. El Distrito Capital – Secretaría de Movilidad se opuso a las súplicas incoadas al
afirmar que los actos debatidos fueron expedidos en observancia de la ley, las
garantías del debido proceso y las cláusulas contractuales.

7. Como fundamento de su defensa, propuso los siguientes medios exceptivos: (i)
ausencia de configuración de causales de nulidad respecto de los actos de
liquidación unilateral; (ii) legalidad en la interpretación de la cláusula de reversión
del contrato; (iii) legalidad del ajuste de las tarifas de trámites, los valores de los
bienes muebles no revertidos y rendimientos financieros por consignaciones no
utilizadas por los usuarios; (iv) ausencia de causa para demandar; y (v) la
excepción de oficio o genérica.

(ii) Proceso 2013-00378

8. Servientrega S.A. –integrante de la UT SETT– también demandó la nulidad de
los actos administrativos debatidos en el proceso 2013-00396, así como de las
Resoluciones 1 de 1998, 396 de 1998, 198 de 1999, 2 de 2001, 2 de 2002 y 3 de
2003, expedidas por el FONDATT, por medio de las cuales se ajustaron las tarifas
del contrato de concesión 105 de 1997; reclamó la indemnización de perjuicios

2 Según consta en el acuerdo de constitución, la unión temporal SETT – Servicios Especializados de Tránsito

y Transporte está compuesta por Servientrega Ltda., en un 70%, y por Taborda Vélez & Cía. S. en C. en un
30% -folios 7 a 15 del cuaderno 2-.

2

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

causados a raíz de los actos acusados y el pago de los valores dejados de
percibir por ajuste de tarifas para las vigencias 1998 a 20043.

9. Los vicios aducidos contra el acto de liquidación unilateral fueron: (i) falsa y/o
ausencia de motivación, en tanto el contenido obligacional compelía a la
concesionaria a transferir la licencia de uso del software y no su propiedad; (ii)
violación a la regla de fondo, en tanto la entidad obvió las reglas del pliego de
condiciones que determinaban que el ajuste de las tarifas de los servicios debía
hacerse con base en el salario mínimo legal diario; y (iii) desconocimiento del
derecho de defensa, al no poder defenderse de los argumentos de la accionada.

10. Agregó el incumplimiento del contrato de concesión por la entidad pública, al
abstenerse por 6 años de reajustar los servicios que prestaba la concesionaria a
los usuarios, conforme el aumento del salario mínimo y no en atención al IPC.

La defensa

11. La Secretaría Distrital de Movilidad se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y propuso las mismas excepciones que en el proceso 2013-003964.

Alegatos en primera instancia

12. Surtido el debate probatorio5, al alegar de conclusión, Taborda Vélez & Cía. S.
en C.6 y Servientrega S.A.7, insistieron en los fundamentos de sus respectivas
demandas; esta última subrayó que el dictamen pericial daba cuenta de que los
perjuicios irrogados ascendieron a la suma de $10.675.278.212,48.

13. La SDM8 ratificó las razones de su defensa y anotó que el ajuste tarifario fue
ordenado mediante sendos actos administrativos que no fueron demandados en
el plazo de ejecución y gozan de presunción de legalidad; precisó que en ninguna
parte del contrato se estableció que el reajuste de tarifas tuviera aplicación
retroactiva.

El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida

3 Estimó los perjuicios en “un monto no inferior a … $12.574.428.449” –folio 13 del cuaderno 2-.
4 Folios 50 a 65 del cuaderno 2.
5 En la audiencia inicial del 13 de septiembre de 2017 (celebrada luego del auto que decretó la acumulación de los

procesos) el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con las correspondientes demandas y en las
contestaciones de éstas –cuadernos 4, 5, 6 y 7-. Asimismo, a) ofició a la SDM para que allegara (i) el inventario de
avalúo realizado por la firma Quinaval (folios 381 a 388 del cuaderno 3) y (ii) copia de la Resolución 198 de 1999
expedida por el FONDATT; b) decretó los testimonios de los señores Alberto Bustos, Elvira Pérez Franco y Carlos
Robles –pedidos por Taborda Vélez Cía. S. en C.-, esta prueba no se práctico debido a la inasistencia de los
declarantes a la audiencia de pruebas (folio 364 del cuaderno 3); y c) accedió al decreto del dictamen pericial y
contable solicitado por Servientrega S.A., con el propósito de determinar la cuantía de los perjuicios irrogados a la
unión temporal SETT –cuaderno 8-.
6 Folios 472 a 491 del cuaderno 3.
7 Folios 448 a 471 del cuaderno 3.
8 Folios 492 a 508 del cuaderno 3.

3

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

14. Como fundamento de la declaratoria de caducidad del medio de control
instaurado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 precisó que al ser el
contrato de concesión 105 de 1997 de aquellos que requieren liquidación, el
término de dos años para demandar debía contabilizarse, según el art 136 del
CCA, al vencimiento de los seis meses posteriores a la terminación del plazo
contractual -cuatro meses para la liquidación de mutuo acuerdo, y dos meses más
para la liquidación unilateral, si la primera no se logró10-. Así, al constatar que el
contrato terminó el 28 de febrero de 2008, las partes podían liquidarlo de mutuo
acuerdo hasta el 29 de junio de ese año y la Administración finiquitarlo de forma
unilateral hasta el 30 de agosto de esa misma anualidad; de modo que el plazo de
caducidad se extendió hasta el 30 de agosto de 2010, pero los demandantes
acudieron ante la jurisdicción el 22 (2013-0396) y 23 (2013-378) de marzo de
2013, es decir, cuando ya había caducado el medio de control.

15. Mencionó que aún si se contabilizara la caducidad desde que aconteció la
liquidación bilateral del contrato, lo cierto es que también habría operado dicho
fenómeno -sin posibilidad de computar el plazo para demandar desde el acto de
liquidación unilateral- puesto que las partes finiquitaron la relación negocial con el
acuerdo de liquidación bilateral; puntualizó que el acto proferido por la
Administración “no comprende temas ni valores distintos a los que la entidad ya
había advertido en la liquidación bilateral”11.

Síntesis de los recursos de apelación:

El presentado por Servientrega S.A.

16. Pide revocar en su totalidad la sentencia apelada. Su inconformidad radica en
el hito que tuvo en cuenta el a quo para hacer el cómputo de la caducidad, puesto
que el correcto corresponde a aquel en que se confirmó la liquidación unilateral
del contrato, en tanto allí quedaron en firme las decisiones objeto de controversia
-reversión de bienes y ajustes tarifarios-.

17. A su vez, plantea que existió una grave incongruencia del a quo, pues al
constatar que la entidad carecía de competencia para proferir las resoluciones
enjuiciadas debió declarar la nulidad de esos actos administrativos antes de
indicar que operó la caducidad. Además, se opuso a la condena en costas.

El instaurado por Taborda Vélez S. en C.

18. En su disenso, subraya que el acto que dio origen a la controversia fue el que
liquidó unilateralmente el negocio jurídico, por lo que el plazo para demandar
debe contabilizarse desde la fecha en que éste se notificó personalmente, lo que
ocurrió el 20 de enero de 2011, de suerte que los dos años para instaurar el

9 Folios 514 a 526 del cuaderno principal.
10 La cláusula vigésima segunda del negocio jurídico sub lite relativa a la liquidación del contrato, no
estableció un término para su realización de común acuerdo.
11 Folio 525 del cuaderno principal.

4

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

medio de control corrieron del 21 de enero de 2011 al 21 de enero de 2013,
período al que se agregan tres meses de suspensión del trámite de conciliación
prejudicial, extendiendo aquel término al 21 de abril de 2013. Como la demanda
fue presentada el 22 de marzo de 2013, reclama que lo hizo oportunamente.

19. Agrega que al contabilizar la caducidad a partir del acuerdo de liquidación
bilateral, el Tribunal desconoció la intención de las partes de darle efectos
parciales a dicho acuerdo, ya que éstas no concertaron algunos asuntos que
fueron decididos hasta la liquidación unilateral.

20. Y que habiendo evidenciado que la SDM expidió la liquidación unilateral
extemporáneamente, lo que le correspondía al a quo era declarar la nulidad de los
actos debatidos -por incompetencia- aún sin petición de parte, antes de referirse a
la caducidad.

Trámite de segunda instancia

21. En los alegatos de segunda instancia 12 , Servientrega S.A. 13 insistió en los
argumentos que expuso en su alzada; al paso que Taborda Vélez S. en C. y el
Ministerio Público guardaron silencio.

22. La SDM pidió confirmar la sentencia de primer grado; negó la falta de
competencia para expedir los actos de liquidación unilateral, e indicó que los
recursos instaurados no cumplen con la carga argumentativa exigida, al limitarse
a reseñar jurisprudencia sin discutir las razones de la decisión apelada.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. Bajo el alcance y términos señalados en los recursos interpuestos, la
Subsección procede a verificar si las demandas fueron presentadas en tiempo; en
el evento que así sea, pasará a estudiar los vicios de nulidad alegados.

La Sala considera que los recursos interpuestos cumplen con la carga
argumentativa, pues discuten el momento acogido por el Tribunal como punto de
partida para contabilizar el plazo de caducidad, planteando su inconformidad.

Caso concreto

24. Dos tesis se confrontan en la apelación. Para el Tribunal, el cómputo inició al
concluir los seis meses para la elaboración de la liquidación bilateral o unilateral,
o, en su defecto, cuando las partes suscribieron el acta de liquidación de común

12 Esta Corporación admitió los recursos de apelación en proveído del 11 de marzo de 2019 -folio 612 del

cuaderno principal- y el 21 de mayo siguiente corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto -folio 615 del cuaderno principal-.
13 Folio 670 del cuaderno principal.

5

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

acuerdo. Para las apelantes el punto de partida corresponde a la expedición de
las resoluciones mediante las cuales la SDM liquidó unilateralmente el contrato,
en tanto la liquidación bilateral no tenía efectos definitivos.

25. Sobre el cómputo de la caducidad en contratos que requieren liquidación,
cuando la misma se hacía por fuera del término convencional o legal, hubo
discrepancias en la jurisprudencia. Una postura afirmaba que si la liquidación se
realizaba de forma posterior al vencimiento de los plazos previstos para el efecto,
dicho finiquito negocial no tenía incidencia en el término de caducidad de la
acción, toda vez que este último transcurre de forma autónoma y sin depender de
la liquidación del negocio jurídico. “En ese entendido, si la liquidación es
efectuada estando ya vencido el período pactado por las partes para el efecto, o
del previsto por la ley para suplir el silencio de las partes sobre este particular, y
vencidos también los dos meses que tenía la administración para practicar su
liquidación unilateral, pero dentro del término de dos (2) años que la ley les
confería para el ejercicio oportuno de la acción, las partes pueden presentar las
reclamaciones judiciales que estimen necesarias para que por esa vía se diriman
las controversias que persistan en el marco de dicho acuerdo, o que surjan frente
al acto administrativo que hubiere liquidado unilateralmente el contrato, pero solo
hasta el vencimiento de la fracción subsistente del término de dos años que la ley
ha dispuesto para el ejercicio de la acción”14.

26. Un segundo criterio se dirigió a considerar que el inicio de dicho cómputo
procedía desde la fecha del acuerdo de liquidación bilateral o de la expedición del
acto administrativo de liquidación unilateral, aún si estos actos ocurrieron luego de
que expirara el plazo en cada caso, e incluso después de haber culminado el
término de dos años contados desde el vencimiento del término de liquidación
unilateral.

27. La Sección Tercera de esta Corporación unificó su postura en relación con
contratos liquidados bilateralmente de manera extemporánea, pero dentro de los
dos años posteriores al vencimiento del término convencional o legal supletorio
que tenían las partes para saldar el negocio de forma concertada (4 meses), y de
la finalización del término que tenía la Administración para liquidarlo
unilateralmente (2 meses), sin hacer la precisión relacionada con la expedición del
acto de unilateral emitido extemporáneamente.

Dicho proveído indicó que como el acta de liquidación bilateral extemporánea es
un acto jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal, dado el
reconocimiento explícito del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en el evento de
que la liquidación de mutuo acuerdo “se haya practicado luego de vencido el
término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y
del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla
unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del
plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad del medio

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 1 de agosto

de 2019, radicación 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009).

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Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al
de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato …”15.

28. En precisión de la cronología acontecida en el caso concreto, la Sala observa
que se efectuaron dos liquidaciones: una bilateral dentro del término de caducidad
de la acción, y una unilateral, por fuera de tal oportunidad16. Así se colige de los
documentos e hitos contractuales, según se pasa a detallar.

29. El contrato de concesión 105 de 1997 tuvo un plazo de ejecución de 10 años,
contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades -cláusula
vigésima-, lo que ocurrió el 31 de diciembre de 1997, línea de tiempo que se
extendía hasta el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, las partes lo prorrogaron
hasta el 29 de febrero de 2008. Según lo anterior, el plazo de cuatro meses para
la liquidación bilateral y de dos meses para la liquidación unilateral corrió hasta el
2 de septiembre siguiente (2008); por ende, el término de dos años para
demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió
hasta el 3 de septiembre de 2010.

30. Por su parte, la resolución que confirmó la liquidación unilateral quedó en
firme el 31 de diciembre de 2010, fecha en que fue desfijado el edicto respectivo,
según obra en el expediente. No obstante, esta circunstancia, tal firmeza carecía
de aptitud legal para revivir un término de caducidad ya expirado pues no hay
norma que autorice su interrupción, suspensión, extensión o prórroga, por esa vía.
Esta conclusión no varía por el hecho de que la Resolución 110 del 26 de agosto
de 2010 se expidiera días antes de finalizar el plazo de caducidad de la acción,
pues, se repite, solo adquirió firmeza17 cuando este término había fenecido.

31. Por lo anterior, para el momento en que las Resoluciones 110 del 26 de
agosto de 2010 y 161 del 23 de noviembre de 2010 -que liquidaban
unilateralmente el contrato y su confirmatoria, respectivamente- cobraron firmeza,
la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas, en virtud de la
configuración de la caducidad. Desde este punto de vista, el citado medio de
control no fue promovido en tiempo, tal como concluyó el a quo.

32. Con todo, la Sala no desconoce que la Administración expidió unos actos
administrativos que, en un Estado de Derecho, no pueden quedar desprovistos de
control jurisdiccional; y advierte que en casos como el que ahora se analiza,
resultaría un contrasentido que la configuración del término de caducidad sirviera
de patente para impedir su escrutinio judicial.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 1 de agosto

de 2019, radicación 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009).
16 Las partes suscribieron un acta bilateral de liquidación de común acuerdo denominada acta de liquidación

parcial. Posteriormente, fueron expedidas las resoluciones 110 del 26 de agosto de 2010 y 161 del 23 de
noviembre de ese año, bajo las cuales la entidad indicó que liquidaba el contrato en relación con los aspectos
no concertados en el acta de liquidación parcial.
17 El artículo 62 del CCA (vigente para ese momento) es contundente al señalar que la firmeza de los actos

administrativos ocurre, entre otros, “cuando los recursos interpuestos se hayan decidido”

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Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

33. De modo que cuando ello ocurre, la Sala precisa que es posible cuestionar la
legalidad de tales actos dentro de los 4 meses siguientes al de la notificación o
comunicación del respectivo acto, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo procesal estatuido para debatir las
manifestaciones unilaterales de la Administración acontecidas por fuera del iter
contractual, en las que el medio de control de controversias no está disponible por
haber caducado.

34. Como la Resolución 161 de 2010, confirmatoria de la 110 de ese año, quedó
en firme según la constancia de desfijación del edicto del 31 de diciembre de esa
anualidad, el plazo para demandar corrió del 1 de enero al 1 de mayo de 2011,
fecha para la cual las partes no habían presentado sus respectivos libelos
introductorios, pues ello ocurrió el 21 y 22 de marzo de 2013 (procesos 2013-
00378 y 2013-00396) circunstancia que lleva a colegir que operó la caducidad del
medio de control y, por ende, la Sala confirmará, por las razones expuestas la
sentencia apelada.

Costas

35. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se
condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.

La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

36. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia:
(i) a cargo de Taborda Vélez & Cía. S. en C. la suma de DIECISÉIS MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
($16’309.441) a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad; y (ii) a cargo de
SERVIENTREGA S.A. el monto de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($16’309.441) a favor de la
entidad demandada, cifras que no superan el 5% sobre las pretensiones que
fueron formuladas en el proceso, límite máximo para la tasación de las costas en
segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.

IV. PARTE RESOLUTIVA

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:

8

Radicación: 250002336000201300396 02 (63.380)
Demandante: Taborda Vélez y Cía. S. en C.
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de
Movilidad
Asunto: Controversias contractuales

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, (i) a Taborda Vélez & Cía.
S. en C. por la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($16’309.441) a favor de la
Secretaría Distrital de Movilidad; y (ii) a SERVIENTREGA S.A. por el monto de
DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($16’309.441) a favor de la entidad
demandada.

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

AUSENTE CON PERMISO
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

18 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que

se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Se recuerda que, con la
finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema
SAMAI.

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