Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 41001233100020120015501 (65.750)
Demandante: Industria de Licores Global Sociedad Anónima S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL –
EXTEMPORANEIDAD – Efectos de expedirlo luego del vencimiento del término fijado en el
artículo 44 de la Ley 446 de 1998 / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
que declaró configurada la caducidad de la acción contractual instaurada.
La controversia gira alrededor de la pretensión de nulidad del acto de liquidación
unilateral de un contrato de concesión y, en el recurso bajo el que la actora
controvierte el cómputo de la caducidad.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca1, el 31 de
octubre de 2019, que resolvió la demanda2 cuyas pretensiones, hechos principales
y fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
2. La Industria de Licores Global S.A. -en adelante Licorsa- presentó demanda de
controversias contractuales contra el Departamento del Huila, con el fin de obtener
las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, con eventuales
errores):
“PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 723 del 28 de
diciembre de 2009, y de la Resolución N° 119 del 26 de marzo de 2010,
confirmatoria de la primera, por medio de las cuales el señor Gobernador del
Departamento del Huila, procedió a liquidar, de manera unilateral, el contrato de
concesión para la producción, comercialización y venta de licores destilados anisados
de los que es titular, en régimen de monopolio, el Departamento, ajustado con la firma
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL S.A. – LICORSA y el cual distingue con el
número 0001 de 1997, adicionado el 23 de diciembre de 2005 con «otrosí N° 1».
1
En cumplimiento del Acuerdo No. PSAA16-10529 de fecha 14 de junio de 2016, expedido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, fueron remitidos al Tribunal Administrativo de Arauca procesos del sistema escritural que
se encontraban para sentencia en el Tribunal Administrativo del Huila. Remisión visible a fl. 855 del c. 4.
2
Fl. 515 del c.3; presentada el 30 de marzo de 2012.
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
Demandante: Industria de Licores Global S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
SEGUNDO.- DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, por parte del Departamento del
Huila, del identificado contrato de concesión (…) conforme con los hechos
consignados en la demanda.
TERCERO.- REALIZAR, en sede judicial, la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO de
concesión número 0001 de 1997, adicionado el 23 de diciembre de 2005 con «otrosí
N° 1» para la producción (…). Acorde con la liquidación que en esta misma demanda
presenta la parte actora.
CUARTO.- CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL HUILA a pagar, a la orden de
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL S.A. – LICORSA, conforme a la liquidación
efectuada, la sumas líquidas de dinero que resultaren probadas, en términos de valor
actualizado para la fecha del pago, juntos con los intereses de mora liquidados
conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, contados
a partir de la fecha (30 de abril de 2008) en que se debió liquidar bilateralmente el
contrato, por los siguientes conceptos y valores:
Uno. A título de reparación del daño derivado del incumplimiento contractual en la
fijación de la cuota de degustación y promoción, la suma de SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($7.839´875.518) M/CTE., en valor
actualizado a la fecha del pago, más los intereses a la tasa del 12% anual sobre el
valor debido pagar.
Dos. A título de reembolso de lo no debido cobrar, por concepto de estampillas
durante la vigencia del contrato, la suma de UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
($1.317´220.540) M/CTE., en valor actualizado a la fecha del pago, más los intereses
a la tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Tres. A título de reembolso por pago de lo no debido e indebidamente imputado a
estampillas del contrato, la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($96´946.000) M/CTE., en valor actualizado a la
fecha del pago, más los intereses a la tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Cuatro. A título de mora en el pago de obligación contractual por bodegaje de licor,
ajeno al objeto mismo del contrato, la suma de DIECIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
(18´658.537) M/CTE., en valor actualizado a la fecha del pago, más los intereses a la
tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Cinco. A título de reparación del daño o a título de compensación por modificación
de las reglas tributarias en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) no deducible
o no retornable, la suma de DOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
OCHO MIL PESOS ($2.510´908.000) M/CTE., en valor actualizado a la fecha del
pago, más los intereses a la tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Seis. A título de reparación del daño derivado de conducta de la administración en la
modificación de la participación porcentual [Hecho del Príncipe], la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($543´863.520) M/CTE., en valor actualizado a la
fecha del pago más los intereses a la tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Siete. A título de reparación del daño derivado de incumplimiento de obligación legal
en la tarea o labor de estampillado de licor, objeto de producción del contrato, indebida
e ilegalmente transferida a la contratista, la suma de CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES SEIS MIL PESOS ($59´006.000) M/CTE., en valor actualizado a la fecha
del pago, más los intereses a la tasa del 12% anual sobre el valor debido pagar.
Ocho. A título de reparación del daño derivado de no acatar Ordenanza
Departamental sobre revisión, para reducción, de la cuota mínima anual de ventas, la
suma de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($1.767´678.874) M/CTE., en valor actualizado a la fecha del pago, más los intereses
a la tasa del 12% anual sobre el valor debido (sic) pagar.
2
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
Demandante: Industria de Licores Global S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
Nueve. A título de reembolso de lo no debido pagar por concepto de estampillas,
ordenado en Resolución 723 de 2009, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
($339´748.000) M/CTE., en valor actualizado a la fecha del pago, más los intereses a
la tasa del 12% anual sobre el valor debido (sic) pagar.
Liquidación de las pretensiones, a la fecha de la demanda.
N° CONCEPTO VALOR VALOR INTERESES DE TOTAL
NOMINAL POR ACTUAL 28-02- MORA 12%
COBRAR 2012 ANUAL 30-04-
2012
UNO Cuota de
degustación y 7.839.864.366 13.402.054.355 6.772.577.083 20.174.6y31.43
promoción 8
DOS Estampillas
pagadas sin 1.317.220.540 2.785.050.817 1.407.394.034 4.192.444.851
causa legal
TRES Pago de lo no
debido. 96.946.000 100.255.129 57.948.981 158.204.111
Bodegaje.
(Arrendamiento)
CUATR Saldo a 1-05-09 18.658.537 30.263.417 (Al 7.630.261 26.288.797
O 30.04-2008)
CINCO IVA no 2.510.908.000 3.412.965.492 1.972.745.691 5.385.711.184
descontable
SEIS Incremento
unilateral de la 543.863.520 671.572.999 388.179.354 1.059.752.353
participación
porcentual.
SIETE Costo (mano de
obra) 59.006.000 94.782.492 47.897.263 142.679.755
estampillado
licor.
OCHO No reducción
cuota mínima 1.767.678.874 2.629.404.379 763.178.353 3.042.645.400
anual de ventas.
Costo financiero
NUEVE Resol. 723/09 y 339.748.000 339.748.000 105.330.233 445.078.233
119/10
TOTALES 14.493.893.837 23.466.097.080 11.522.881.253 34.988.978.333
QUINTO.- ORDENAR que la condena se realice de conformidad con los artículos 176,
177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO.- Costas y agencias en derecho por razón y causa del proceso, con cargo a
la entidad demandada”3.
Hechos relevantes
3. El 22 de diciembre de 1997, entre el Departamento del Huila y la Sociedad
Licorsa S.A. se celebró el contrato de concesión 0014 para “la producción y venta
de licores destilados anisados de los que es titular, en régimen de monopolio, el
Departamento del Huila” 5, con un plazo de ejecución de 10 años comprendidos
entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007, y 4 meses más para su
liquidación. Es decir, hasta el 1 de mayo de 2008.
3
Fls. 451 a 453 del c.3.
4
Sobre este contrato se celebró Otrosí 1 con fecha del 28 de diciembre de 2005, en el que únicamente se modificó el numeral
5 de la cláusula cuarta del contrato de concesión, estableciendo que la cuota mínima anual de venta era de 1’700.000 botellas
de aguardiente. Folios 175 y 176 del c.1.
5
Folios 164 a 174 del c. 1.
3
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
Demandante: Industria de Licores Global S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
4.El plazo de la liquidación bilateral fue prorrogado por las partes en sendas
ocasiones, con vencimiento definitivo el 30 de septiembre de 2009. En los dos
meses siguientes la entidad pública no liquidó unilateralmente el contrato.
5. El 29 de diciembre de 2009, el ente territorial expidió la Resolución 723 mediante
la cual liquidó unilateralmente el referido contrato. Inconforme con esa liquidación,
Licorsa S.A. presentó recurso de reposición el 26 de enero de 2010 el cual le fue
negado con Resolución 119 del 26 de marzo de 2010, notificada el 21 de abril
siguiente.
Fundamentos de derecho
6.Licorsa adujo que la contratante incurrió en los siguientes incumplimientos
contractuales y yerros al momento de liquidar unilateralmente el contrato:
• Afirmó que sólo durante los dos primeros años de vigencia del contrato se acordó
la cuota anual de degustación y, si en adelante no se hacía de común acuerdo, la
entidad contratante estaba autorizada a definirla, sin que lo hubiese hecho. Por
tanto, indicó que el Departamento erró al considerar que no haber calculado dicho
rubro significaba un desistimiento tácito por parte del contratista sobre este valor.
• La contratante cobró semestral e irregularmente, a título de tasa, las estampillas
pro-electrificación rural, pro-desarrollo, pro-universidad y, con la expedición de la
Ordenanza 031 de 2006, la estampilla pro-cultura, desconociendo la prohibición
contenida en los arts. 67 de la Ley 14 de 1983 y 192 de la Ley 223 de 1995.
• El Departamento reconoció el valor del bodegaje o arrendamiento de productos de
la liquidada Industria Licorera del Huila, pero guardó silencio sobre su indexación.
• El concesionario pagó doble vez el IVA de la producción, con ocasión de la
expedición de la Ley 788 de 2001, que determinó que el impuesto liquidado en
ningún caso podría ser afectado con impuestos descontables, salvo el relacionado
con los productores oficiales. Situación que debía incluirse en la liquidación del
contrato, pues afectó su equilibrio económico; señaló que la Corte Constitucional
indicó que los concesionarios del monopolio de licores no son productores oficiales.
• La Administración incrementó unilateralmente la participación porcentual aprobada
por la Asamblea Departamental en la Ordenanza 031 de 2006, afectando sus
derechos pues, por la característica de “producto elástico” de los licores, el precio
trasladado al consumidor final está unido al riesgo de disminución de ventas, y al
cumplimiento de la cuota mínima anual de ventas.
• El Departamento del Huila interpretó indebidamente los artículos 194 y 218 de la
Ley 223 de 1995, e impuso a Licorsa la obligación de colocar las estampillas de
control de producción, cuando ello estaba a cargo del ente territorial durante 3 años.
• Desde el año 2003, Licorsa pidió al Departamento la revisión de la cuota mínima
anual de ventas por el deterioro local y nacional de su comercialización y, ante su
4
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
Demandante: Industria de Licores Global S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
negativa, generó al contratista una pérdida de oportunidad al no haber podido
invertir sus recursos en otras actividades.
Contestación de la demanda6
7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Sobre la fijación de la cuota
de degustación y promoción alegó que era una obligación en cabeza de ambas
partes y fue debidamente pactada hasta 1999, luego de lo cual, no consta que
ninguna de las partes buscara a la otra para determinar dicha cuota, así que debía
entenderse que esa era la voluntad de las partes; en todo caso, la contratante
compensó el efecto económico soportado por el contratista con la reducción de la
cuota mínima de ventas a través de la Resolución 1722 del 23 de diciembre de 2005.
8. El cobro de estampillas era parte de las formalidades que debían cumplirse para
la legalización del contrato 001 de 1997 y de su otrosí 1. Negó deberle al contratista
algún monto por bodegaje, pues el valor se había compensado con la suma que
Licorsa debía por la ejecución del contrato; y, no había lugar a indexación, pues ello
no fue objeto de pronunciamiento en el acta de compromiso de marzo de 1998.
9. Sostuvo que: (i) no hay fundamento para reconocer una compensación por la
modificación de las reglas en materia de IVA; (ii) en el trámite de liquidación bilateral
Licorsa no allegó sus estados financieros para acreditar la afectación por el cambio
de la participación porcentual definido en la Ordenanza 031 de 2006; y, (iii) no era
obligación del ente territorial reducir la cuota mínima anual de ventas, aunque, en
todo caso, hubo una reducción del 15% en 2005.
Alegatos en primera instancia
Surtido el debate probatorio 7 , al alegar de conclusión, demandante 8 y
10.
demandada9 insistieron en los argumentos bajo los cuales se trabó la litis.
11. El Ministerio Público no se pronunció.
Fundamentos de la providencia recurrida
12. El Tribunal Administrativo de Arauca declaró la caducidad del medio de control
instaurado10. Indicó que este término se debe contabilizar pasados los cuatro meses
para la liquidación de común acuerdo, o el plazo convenido, seguido de los dos
6
Fls. 691 a 704 del c.4.
7
Mediante auto del 6 de febrero de 2013, el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda (449 folios
obrantes en los c.1 a 3) y en su contestación (folios 683 a 740 del c. 4). Igualmente, decretó los testimonios pedidos por la actora:
de los señores Luis Jorge Sánchez García (visible a fls. 781 y 782 del c.4); Carlos Andrés Cante Puentes (constancia de no
comparecencia fl. 821 del c. 4); Héctor Galindo Yustres (fls. 791 a 797 del c.4) y Berenice Sterling Manrique (fls. 783 a 790 del c.
4). Y ofició: (i) a la Asamblea Departamental del Huila, a fin de que expidiera copia de constancia de notificación de las gacetas 11
de 1987, 77 de 1997, 6 y 55 de 1998, 11, 23 y 31 de 2005 y 53, 56 y 314 de 2016 (fls. 777 y 778 del c. 4); (ii) a la Secretaría General
de la Gobernación del Huila y a la Secretaría de Hacienda Departamental para que allegaran copia del contrato 1107.08 con la
respectiva constancia de publicación; (iii) a la Gobernación del Huila, para que remitiera copia de la totalidad de los antecedentes
del proceso de liquidación del contrato de concesión 001-1997 y su otrosí 1 de 2005 (visible c. 1 a 4 antecedentes administrativos);
(iv) a la Procuraduría 34 Judicial Administrativa de Neiva, a fin de que allegara copia de la solicitud de conciliación extrajudicial
hecha por Licorsa radicada el 30 de diciembre de 2009; y (v) a la Procuraduría 153 Judicial II Administrativa de Neiva, a fin de que
aportara copia de la solicitud de conciliación extrajudicial hecha por Licorsa radicada el 4 de mayo de 2010 (visible a fls. 760 a 768
del c.4).
8
Fls. 835 a 851 del c.4.
9
Fls. 832 a 834 del c.4.
10
Folios 857 a 863 del c. principal.
5
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
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Asunto: Controversias contractuales
meses que facultan a la Administración para hacerlo unilateralmente, según los
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 44 de la Ley 446 de 1998. Si bien la entidad
conserva la facultad de liquidar el negocio dentro de los dos años en que transcurre
la caducidad, ello en modo alguno impide el inicio de su cómputo, pues ni la
liquidación bilateral ni la unilateral pueden revivir el plazo para demandar; lo
contrario llevaría a dejar en manos de las partes dicho fenómeno procesal.
13. El plazo contractual vencía inicialmente el 30 de abril de 2008 y fue prorrogado
hasta el 30 de septiembre de 2009 a través de actas suscritas por las partes;
comoquiera que no se logró tal liquidación, al día siguiente empezaron a correr los
dos meses para la liquidación unilateral, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2009;
así que el término para el ejercicio de la acción de controversias contractuales se
extendió hasta el 2 de diciembre de 2011.
14. Aclaró que Licorsa había presentado solicitud de conciliación extrajudicial el 30
de diciembre de 2009, la cual no sería tenida en cuenta para el conteo de la
caducidad dado que ella no versaba sobre los actos expedidos por la Administración
objeto del proceso; por ende, se tendría en cuenta la solicitud de conciliación
extrajudicial del 4 de mayo de 2010, presentada cuando habían transcurrido 5
meses y 2 días para instaurar la demanda. El 3 de agosto de 2010 se declaró fallida
tal diligencia, por lo que la oportunidad para demandar vencía el 14 de marzo de
2012; como ésta fue presentada el 30 de marzo de dicha anualidad, concluyó que
fue extemporánea, configurándose la caducidad.
15. Descartó que en el presente caso aplique el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007,
norma que no estaba vigente para la fecha en que se suscribió y finalizó el contrato.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
16. El actor pidió revocar la sentencia de primer grado y que se acceda a sus
pretensiones. Censura al Tribunal por desconocer que el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional han señalado que los términos legales para realizar la
liquidación bilateral o unilateral son indicativos, así que la Administración y las partes
contaban con una competencia temporal para liquidarlo dentro del término de dos
años para ejercer el respectivo medio de control, siempre que no se hubiera
notificado el acto admisorio de la demanda. Era la fecha de ejecutoria o notificación
de dicho acto de liquidación la que definía el término de caducidad.
17. Bajo tal criterio jurisprudencial, no podía desconocerse que el Departamento del
Huila, mediante las Resoluciones 723 del 28 de diciembre de 2009 y 119 del 26 de
marzo de 2010, liquidó unilateralmente el contrato, que son los dos actos
administrativos objeto de este medio de control; de modo que desde su notificación
y/o ejecutoria iniciaba el cómputo del término de caducidad. Desconocerlo, era
obviar que el objeto de la presente acción no es obtener la liquidación judicial del
contrato de concesión, como inicialmente ocurría y por lo que Licorsa presentó una
solicitud de conciliación extrajudicial el 4 de mayo de 2010, sino que se buscaba
6
Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
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Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
estudiar el contenido del acto liquidatorio unilateral expedido mientras la entidad
pública tenía competencia temporal, afectando los derechos del contratista.
Trámite de segunda instancia
18. En la etapa de alegatos de conclusión, ambas partes reiteraron los argumentos
planteados en curso del proceso11.
19. El Ministerio Público12 pidió revocar la sentencia de primera instancia puesto que,
si bien la Ley 1150 de 2007 no es aplicable al contrato en cuestión, la solución
planteada en dicha ley para el caso en que se efectúe la liquidación unilateral por
fuera de los términos establecidos en el CCA es plenamente aplicable al caso
concreto, pues la jurisprudencia venía resolviendo estas situaciones bajo dos
premisas fundamentales: por un lado, que los términos de cuatro meses para la
liquidación de mutuo acuerdo y el de dos meses para la liquidación unilateral, eran
meramente indicativos y no preclusivos o imperativos, lo cual permitía la posibilidad
de que los contratos fueran liquidados unilateralmente aun vencidos dichos
términos, siempre que no hubiere vencido el término de caducidad para el ejercicio
de la acción contractual; y segundo, que la ley de contratación estatal tiene una
finalidad que no hace admisible dejar los contratos sin posibilidad de liquidación.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
20. Bajo el alcance y términos señalados en el recurso interpuesto, la Subsección
procede a verificar si la demanda fue presentada en tiempo; en el evento que así
sea, pasará a estudiar las pretensiones de la demanda.
Oportunidad para ejercer la acción
21. Dos tesis se confrontan en la apelación. Para el Tribunal, el término de caducidad
inició a correr al vencimiento de los dos meses para la realización de la liquidación
unilateral por parte de la Administración, sin que la posterior expedición de tal acto
unilateral pudiera alterar su cómputo. La apelante señala que la oportunidad para
demandar se debe contabilizar con la expedición del acto de liquidación unilateral.
22. Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación 13 ha explicado que la
caducidad corresponde a una figura jurídica a través de la cual el legislador define
bajo parámetros razonables el límite temporal en que toda persona puede acceder
a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, y evita, a su vez, que
situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, tiñendo
de incertidumbre y pugnacidad las relaciones del conglomerado social.
11
Índice 10 y 11 de Samai.
12
Índice 15 de Samai.
13
Al respecto, pueden verse Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Subsección A. M.P.:
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sentencia del 19 de julio de 2017. Exp. 57932. De la misma Subsección A, sentencia del 9
de mayo de 2012. Exp. 21.906, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65750)
Demandante: Industria de Licores Global S.A. - Licorsa
Demandado: Departamento del Huila
Asunto: Controversias contractuales
23. Se trata, entonces, de un instituto procesal que obra como medida de balance
entre estos intereses superiores: acceso a la administración de justicia, seguridad
jurídica, y paz social, franca expresión del fin constitucional del Estado dirigido a
“asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” según pregona el
artículo 2 de la Carta Política. Bajo estos postulados, el legislador quedó investido
de la facultad de definir el lapso dentro del cual es posible ejercer el derecho de
acción, siendo la caducidad su límite; de suerte que al configurarse opera como
medio extintivo de aquel derecho.
24. Por su naturaleza y efectos definitorios, dos matices se revelan fundamentales
en el análisis de la caducidad: es un fenómeno objetivo pues está ligado al paso del
tiempo y no al querer de las partes; y, es de orden público, de modo que su
declaratoria, aun de oficio, corresponde a una obligación-deber del juez.
25. Significa lo anterior, que ante el supuesto de hecho definido por la ley como punto
de partida del término de caducidad, éste avanza con la precisión y exactitud de la
medida de tiempo que lo define, y de forma imparable como regla de principio de
cara al referente cronológico al que quedó sujeto. Por ello, la marcha que emprende
el término de caducidad no se suspende ni se interrumpe sino en los limitados
eventos y con los efectos que establece la ley; en cualquier caso, sin abandonar su
carácter esencialmente objetivo14, pues no se concibe la posibilidad de que tal figura
quede en manos de una de las partes y pueda variar el término prefijado en la ley15
-por ser de orden público, valga insistir-.
26. Este rol determinante, llevado al campo de los presupuestos procesales, impone
al juez que al momento de dictar sentencia verifique los términos de caducidad, con
el fin de determinar si cuenta o no con habilitación temporal para realizar el examen
judicial pretendido, como dispone el art. 164 del CCA 16 –estatuto aplicable a este
asunto, en conjunto con la jurisprudencia regente para aquel momento, por tratarse
del referente normativo y del criterio auxiliar de la actividad judicial a los que debe
acudir esta Sala en función verificar las reglas vigentes al momento en que inició a
correr el citado término–.
27. El Decreto 01 de 1984 en su texto original, estableció en el inciso séptimo del
artículo 136 que las acciones “…relativas a contratos caducarán a los dos (2) años
de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella”, de modo que
el término correría de forma individual para cada evento que ocurriese en el marco
del contrato. La jurisprudencia así lo explicó, indicando que el término de caducidad
de la acción contractual iniciaba a partir de la expedición de un acto administrativo
14
La existencia de diversos puntos de partida para el cómputo de la caducidad, no desdice del carácter objetivo de este
fenómeno, pues según el tipo de acto y el ámbito en que éste se expide el término correrá de manera diversa según las reglas
fijadas por el legislador, v. gr. a partir de la publicación, comunicación, notificación, o ejecutoria del acto administrativo, o
también del momento en que se incumplió una obligación.
15
Sobre la inadmisibilidad de que el término de caducidad pueda, de alguna manera, quedar al arbitrio de una de las partes,
ver: Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2013. Rad. 66001-23-31-000-2000-
00317-01(23136). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16
“(…) En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada (…)”. Por su parte el artículo 364 del C. de P. C. establece que “Cuando el juez halle probados los hechos
que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación
y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Si el juez encuentra probada una excepción que
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el
superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la
sentencia”.
8
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contractual (v.gr. declaratoria de caducidad o terminación unilateral, modificación) o
de la ocurrencia del hecho causal específico del litigio (v.gr. incumplimiento del
convenio, surgimiento del imprevisto)17.
28. De forma posterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado estimó que resultaba
necesario adoptar un criterio que permitiera establecer el cómputo de la caducidad
bajo una concepción integral de la relación contractual, concluyendo que para ello
resultaba más adecuado tomar como referente la fecha de terminación del contrato
si éste no requería de liquidación, o de la suscripción de la liquidación, en caso
contrario18.
29. Explicó que los hechos que dieran origen a las controversias contractuales no
podían ser valorados separadamente y había que distinguir entre aquellos contratos
que requerían ser liquidados, y los que no, explicitando que en los primeros la
caducidad de la acción iniciaba su cómputo desde la suscripción del acta bilateral,
la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, de ser el caso, desde
el vencimiento del plazo para efectuarla, “…porque de lo contrario se caería en el
error de iniciar un pleito en contra de la entidad por el sin número de diferencias que
puedan sobrevenir en la ejecución del contrato”, y atendiendo a que “…en aquel
momento es posible determinar el estado de las obligaciones a cargo de cada una
de las partes”19.
30. Luego, el art. 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA,
positivizó el criterio antes expuesto, y en relación con el conteo de la caducidad de
la acción contractual dispuso que el término sería de dos (2) años contados a partir
del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan
de fundamento, y estableció reglas especiales según si los contratos requerían o no
de liquidación, para el inicio de dicho cómputo, en los siguientes términos:
“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes,
contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes,
a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto
que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por
la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede
judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la
obligación de liquidar...” (Se resalta).
31. Atendiendo la norma transcrita, para aquellos negocios jurídicos que debían ser
liquidados la caducidad de la acción contractual iniciaba a correr transcurridos dos
(2) años desde: (i) la liquidación bilateral o unilateral en el término establecido
convencional o legalmente; o (ii) vencido el término para que la entidad realizara la
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de marzo de 1989. Expediente
No. 5.453.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 1995. Expediente
No. 9965.
19
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de agosto de 2000. Expediente No. 11816. Si bien el fallo es del año
2000.
9
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liquidación unilateral, es decir, a partir del incumplimiento de dicha obligación. Ello
imponía distinguir entre el término con el que la entidad contaba para liquidar el
contrato, asociado a su competencia temporal, y el fenómeno procesal de la
caducidad para demandar en oportunidad.
32. Sobre el plazo con que contaban las partes para concurrir a la liquidación del
contrato, se recuerda que el Decreto Ley 222 de 1983 no precisó el tiempo dentro
del cual debía agotarse la etapa de liquidación del contrato, y fue la jurisprudencia
de esta Corporación la que suplió tal vacío al precisar que la liquidación del contrato
por mutuo acuerdo debía realizarse dentro de un término plausible o razonable de
cuatro (4) meses contado a partir del vencimiento del contrato, momento a partir del
cual la entidad contratante debía proceder con la liquidación unilateral20, añadiendo,
posteriormente, que la Administración tenía competencia para liquidar el contrato
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
de la liquidación bilateral, término que tomó de la figura del silencio administrativo21,
sin que en todo caso, ello afectara el cómputo de la caducidad de la acción22.
33. Con posterioridad, tal y como ocurrió con el término de caducidad de la acción
contractual, el legislador adhirió a los lineamientos antes indicados pero ahora en
relación con los términos que debían observar las partes para la liquidación del
contrato, de forma que la Ley 80 de 1993 23 acogió como fórmula para suplir la
voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la
liquidación bilateral y, dado que el artículo 61 ídem al establecer la competencia de
la Administración para liquidar unilateralmente los contratos no definió un término
específico, se acogió el período sucesivo de dos (2) meses para esta fase unilateral,
de cara a la integración normativa efectuada con la Ley 446 de 1998.
34. Conforme a lo anterior, esta Corporación24 puntualizó que si el plazo legalmente
previsto para efectuar la liquidación concluye sin que ésta se hubiere realizado,
irremediablemente el término de caducidad ya habría empezado a correr y, por
ende, ninguna incidencia podía tener en el término de caducidad una liquidación
posterior. Sostener lo contrario sería tanto como admitir que el término de caducidad
quedara al arbitrio de alguna de las partes25.
20
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 1988. Radicación No. 3615. “Aunque la ley no lo diga
no quiere significar esto que la Administración pueda hacerlo a su arbitrio, en cualquier tiempo. No, en esto la jurisprudencia
ya ha tomado también partido. Se ha considerado como término plausible el de cuatro meses; dos, a partir del vencimiento
del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada para la liquidación y dos para que el trabajo se haga
de común acuerdo. Si se vence este último la Administración no podrá esperar más y deberá proceder a la liquidación
unilateral, mediante resolución administrativa debidamente motivada”.
21
Expedientes acumulados Nos. 3265 y 3461. “…estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación
unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo. || Aunque
este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, la Sala lo adopta por interpretación analógica para el evento
como el que aquí se presenta, pues coincide con el que la ley ha establecido para que la administración se pronuncie sobre
las peticiones que se formulen o respecto de los recursos gubernativos que contra sus decisiones se interpongan".
22
Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2013. Rad. 66001-23-31-000-2000-
00317-01(23136). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
23
Inicialmente el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establecía que: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución
o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por
las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.”
24
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2013. Rad.
66001233100020000031701(23136) M.P. Jaime Orlando Santofimio. Ver también, Sentencias del 24 de julio de 2013. Rad.
28768; del 15 de octubre de 2015. Rad. 48656.
25
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014. 25000232600020030075301 (29.469). M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
10
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35. Y expuso que de no ser así se llegaría a la “extraña e ilegal” situación de existir
un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de
alguna de las partes –según el marco legal entonces vigente–. Entendimiento que
conduciría a que el término de caducidad no fuese de dos (2) años contados a partir
del momento en que vencieron los términos legales para liquidar el contrato, sino
que superaría los treinta meses o más, todo por decisión de quien o quienes
liquidaron el contrato por fuera de los términos legalmente previstos para ello26.
Caso concreto
36. En el contrato de concesión 001 de 1997 se pactó un plazo de ejecución de 10
años, contados desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 200727 luego de
lo cual, se sumaban cuatro (4) meses para intentar concertar una liquidación
bilateral, que transcurrieron entre el 1 de enero de 2008 al 1 de mayo siguiente. Este
plazo se prorrogó de común acuerdo en diversas oportunidades, hasta su última
fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 200928.
37. Vencido este plazo, el Departamento del Huila tenía dos (2) meses para liquidar
unilateralmente el contrato de concesión, los cuales se cumplieron el 1 de diciembre
de 2009, sin que ello se hubiera efectuado; de manera que los dos (2) años de
caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaron a correr el 2 de
diciembre de 2009 y fenecerían, en principio, el 2 de diciembre de 2011.
38. Fue hasta el 28 de diciembre de 2009 que el Departamento del Huila profirió la
Resolución 723, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato, acto
administrativo que fue notificado el 22 de enero de 2010 29. Inicialmente Licorsa
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 30 de diciembre de 2009, antes de
que le fuera notificada la Resolución 723, de modo que la Sala coincide con el
Tribunal en que esa solicitud no sea tenida en cuenta para el cómputo del término
de caducidad, pues el objeto de este proceso resultó diverso con ocasión de la
expedición de tales actos –seguidamente la Sala hará mención sobre la solicitud de
conciliación que atañe al objeto de la presente causa–. De suerte que el término de
caducidad aún avanzaba, sin suspensiones, desde el 2 de diciembre de 2009.
39. Licorsa presentó recurso de reposición contra la referida Resolución 723 de 2009,
el cual fue resuelto de forma desfavorable por el ente territorial mediante Resolución
119 del 26 de marzo de 2010, notificada personalmente el 20 de abril siguiente 30. El
4 de mayo de 201031, Licorsa presentó solicitud de conciliación extrajudicial en la
26
Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2013. Rad. 66001-23-31-000-2000-
00317-01(23136). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
27
Cláusula quinta del contrato de concesión 001 de 1997: “QUINTA: PLAZO.- El término de duración del presente contrato
será de diez (10) años, comprendidos entre el 1° De enero de 1998 y el 31 de diciembre del año 2007, más cuatro (4) meses
para su liquidación. No habrá prórroga automática. (…)”. Fl. 170 del c.1.
28
Las partes acordaron extender el plazo para realizar la liquidación bilateral mediante las siguientes actas que reposan a
folios 446 a 451 del cuaderno de antecedentes administrativos: (i) Acta de común acuerdo 1 mediante la cual las partes
prorrogaron dicho término hasta el 30 de julio de 2008; (ii) Acta de común acuerdo 2, en la que se prorrogó el término por dos
meses, hasta el 30 de septiembre de 2008; (iii) Acta de común acuerdo 3 que lo prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2008;
(iv) Acta de común acuerdo 4, se prorroga hasta el 15 de enero de 2009; (v) Acta de común acuerdo 5 con prórroga hasta el
15 de marzo de 2009; y (vi) Acta de común acuerdo 6 con prórroga hasta el 30 de septiembre de 2009.
29
La referida Resolución 723 de 2009 fue notificada el 22 de enero de 2010. Fl. 76 del c. 1.
30
Fl. 162 del c.1.
31
Folios 178 y 179 del c. 1.
11
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que incluyó las referidas resoluciones, actuación que la Sala tendrá en cuenta para
el cómputo del término de caducidad.
40. En este punto, valga mencionar que la Sección Tercera ha precisado que la
solicitud de conciliación extrajudicial debe ser congruente con el objeto de la
demanda, sin que deba ser gramaticalmente literal el contenido de ambos
documentos, pues uno se soporta en una oferta para transar las diferencias y otro
se basa en la pretensión que se pide declarar en una sentencia. Comoquiera que la
solicitud de conciliación presentada el 4 de mayo de 2010 guarda correspondencia
con las pretensiones de la demanda, al versar sobre las resoluciones por las cuales
el Departamento del Huila liquidó unilateralmente el contrato de concesión, este
trámite de conciliación es el llamado a agotar el requisito de procedibilidad, y es el
que se adecua al precepto contenido en el art. 21 de la Ley 640 de 2001 que autoriza
por una sola vez la suspensión del término de caducidad con la presentación de la
solicitud de conciliación.
41. La radicación de esta solicitud suspendió el término de caducidad, a partir de ese
día, habiendo transcurrido para ese momento 5 meses y 2 días de los dos años
previstos en la ley, así que restaba 1 año, 6 meses y 28 días para presentar la
respectiva demanda.
42. El 3 de agosto de 201032 se declaró fallida la conciliación entre las partes, por lo
que el 4 de agosto se reanudó el conteo del término faltante, el cual venció el 3 de
marzo de 2012, pero como ese día era sábado la caducidad se configuró el lunes 5
de marzo. La demanda fue presentada el 30 de marzo de 201233, es decir fuera del
término para ello, siendo obligatorio declarar en el presente asunto la ocurrencia del
fenómeno de la caducidad.
43. Conforme a la normatividad aplicable al sub-lite, el hecho de que la
Administración hubiese expedido los referidos actos administrativos después de
vencido el plazo legal para liquidar unilateralmente el contrato no tenía la virtualidad
de modificar o ampliar el término de caducidad, pues el legislador no lo estableció
así, ni la expedición de tal acto es causal de interrupción o suspensión de este
término que, como se precisó, es de orden público e inmodificable.
44. La Sala distingue, solo a manera de ilustración, que la anterior hipótesis difiere
de aquella que ocurre en los eventos en que el acto administrativo fuese proferido
al vencimiento del término de caducidad de la acción contractual –después de los
dos años fijados por la ley– (hipótesis que incluye aquellos actos que, aun habiendo
sido expedidos dentro de aquel lapso, su notificación y firmeza se hubiese cobrado
por fuera de ese término). En estos casos, como ya no estaría disponible la acción
contractual, el mecanismo de nulidad y restablecimiento corresponde al dispositivo
in natura para hacer control judicial a la expedición de actos administrativos
contractuales vestidos de tal atemporalidad, como ya tuvo oportunidad de precisar
32
Ídem.
33
Fl. 515 del c.3.
12
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esta Subsección34; situación que no ocurre en este caso, en el cual avanzaba el
término de caducidad de controversias contractuales, ya analizado.
45. Por lo anterior, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Arauca, en el sentido de declarar la caducidad de la acción de controversias
contractuales instaurada por Licorsa.
Costas
46.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que
modificó el artículo 171 del CCA, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta
para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por
tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya
actuado temerariamente, no habrá lugar a su imposición.
III. PARTE RESOLUTIVA
47. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de septiembre de 2023, rad.
250002336000201300396 02 (63.380). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
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