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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02193-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02193-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revócase la sentencia de 7 de diciembre de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A negó las pretensiones, en su lugar, declárase probada la excepción de falta de jurisdicción por inmunidad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA frente a la justicia nacional. SEGUNDO. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las desanotaciones del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-02193-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

10 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000233600020130219301 (58.690)
Demandante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
Demandado: INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – CADUCIDAD
DE LA ACCIÓN

Síntesis del caso: entre las partes se suscribió un convenio para la ejecución de los
recursos del programa “Agro Ingreso Seguro – AIS” y el ministerio pretende que se
declare el incumplimiento del IICA porque no entregó la información técnica y financiera
que permita establecer la realidad de la ejecución de los proyectos que se financiaron
con los dineros públicos entregados. Se declara la falta de jurisdicción para conocer del
asunto por la inmunidad otorgada por la República de Colombia a la demandada.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra la sentencia de 7 de diciembre
de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A denegó las súplicas de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2013 (fls. 6 – 42 cdno. 1), el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promovió demanda en ejercicio de la

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Actor. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Controversias contractuales

acción de controversias contractuales en contra del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de obtener las siguientes
pretensiones:

“2.1. PRINCIPALES

PRIMERA: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, en
su condición de responsable de la ejecución de los recursos públicos
utilizados en las convocatorias del programa “Agro Ingreso Seguro –
AIS”, pretende que se declare el incumplimiento del Convenio Especial
No. 052 de 2009, por parte del IICA y como consecuencia se liquide por
vía judicial el citado convenio.

SEGUNDA: Se condene al pago indemnizatorio por los perjuicios
ocasionados con ocasión del incumplimiento de una parte, en cuantía
de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($4.500.000.000), en aquellas sumas que resulten amparadas en cada
uno de los Acuerdos de Financiamiento siniestrados en el marco del
Convenio No. 052 de 2009, lo anterior, como mínimo daño patrimonial,
sin perjuicio de que pueda llegar a demostrarse a través de cualquier
otro tipo de actuación contractual, administrativa o judicial un daño
superior y sin que pueda entenderse como renuncia alguna a dicha
reclamación.

2.2. SUBSIDIARIA:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su condición de
responsable de la ejecución de los recursos públicos utilizados en las
convocatorias del Programa Agro Ingreso Seguro – AIS, pretende que
se declare el incumplimiento del convenio especial No. 052 de 2009, por
parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, por la falta de cumplimiento del Convenio y con ello lograr la
indemnización por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento por
una parte, en la suma establecida en la garantía única de seguros de
cumplimiento 24 GU027478 en favor de entidades estatales, esto es,
CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000),
y por otra, en aquellas sumas que resulten amparadas en cada uno de
los Acuerdos de Financiamiento siniestrados en el marco del Convenio
No. 052 de 2009, lo anterior, como mínimo daño patrimonial, sin
perjuicio de que pueda llegar a demostrarse a través de cualquier otro
tipo de actuación contractual, administrativa o judicial un daño superior
y sin que pueda entenderse como renuncia alguna a dicha reclamación.

Aclaración preliminar

La pretensión de la presente acción no va dirigida a hacer exigible el
cobro de la garantía única de cumplimiento; la referencia que se hace
respecto de la póliza es para cuantificar el valor de las pretensiones de
la indemnización por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento
por parte del IICA del convenio 052 de 2009.” (fls. 8 – 9 cdno. 1 -
mayúsculas fijas, subrayado y negrillas originales).

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Controversias contractuales

2. Hechos

Como fundamento de hecho de las pretensiones la parte demandante narró, en
síntesis, lo siguiente:

1) La Ley 1133 de 2007 creó el programa Agro Ingreso Seguro con dos
componentes: (i) la entrega de apoyos económicos directos para proteger los
ingresos de los productores durante un período de transición ante las distorsiones
derivadas de los mercados externos y, (ii) apoyos para la competitividad
destinados a mejorar la productividad y mejoramiento de procesos en el sector
agropecuario, con la posibilidad de destinar recursos para promover la
transferencia tecnológica mediante la cofinanciación de proyectos de adecuación
de tierras e infraestructura de riego y drenaje.

2) En el año 2009 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) suscribió
el convenio número 052 con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) para la implementación, desarrollo y ejecución de la
convocatoria pública de riego y drenaje que permita la asignación de los recursos
del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

3) En cumplimiento del convenio el IICA suscribió 16 acuerdos de financiamiento,
12 de los cuales se ejecutaron en un 100% y 4 de ellos presentaron problemas
en la ejecución, según lo reportó el contratista en el informe de 21 de enero de
2011.

4) El 31 de marzo de 2011, el MADR le solicitó al contratista el informe final de
ejecución previsto en la cláusula quinta del convenio y este no fue presentado,
por lo cual en marzo de 2013 el comité interventor en el marco del plan de
liquidación del convenio, se desplazó a las instalaciones del IICA para verificar el
estado de la ejecución técnica y financiera; en ese momento se enteró de que se
había declarado el incumplimiento en los 16 acuerdos de financiamiento.

5) El 26 de abril de 2013, el IICA presentó el informe final, pero no incluyó
información sobre la ejecución técnica y financiera de los 16 acuerdos, su
liquidación ni los pormenores de la contratación derivada de estos, por lo cual el
MADR le requirió los soportes correspondientes; el 8 de julio del 2013 el

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Controversias contractuales

contratista remitió 15 actas de liquidación suscritas el 31 de agosto de 2002 a
través de las cuales declaró los incumplimientos de los ejecutores y precisó que
reclamó la indemnización correspondiente a la aseguradora, aunque, no precisó
el estado de dichas reclamaciones.

6) El 27 de septiembre de 2013 el IICA le informó al MADR el reintegro al tesoro
nacional de los recursos no ejecutados del convenio 052 por valor de
$225.140.918.

7) El Comité Interventor del convenio del MADR consideró que IICA incurrió en
incumplimiento de sus obligaciones contractuales porque, pese a que la
presentación de informes trimestrales era una obligación del contratista, este no
entregó los documentos que permitieran verificar los resultados alcanzados de
acuerdo con el plan operativo, el estado de las reclamaciones ante las
aseguradoras y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo cual se
realizó una audiencia con la presencia del contratista y de la Compañía
Aseguradora de Fianzas, garante del cumplimiento del convenio y, como
resultado el MADR expidió la Resolución 00331 de 2013 por la cual “se declara
el incumplimiento del convenio especial de cooperación científica y tecnológica
052 de 2009 y se hace efectiva la póliza que lo garantiza”.

8) El valor de los 16 acuerdos de financiamiento derivados del convenio número
052 es de $12.438.162.468 y el IICA no ha reportado la información necesaria
para verificar la ejecución técnica y financiera, lo cual ha impedido que la
interventoría realice los informes técnicos y financieros correspondientes.

9) El IICA tenía la obligación contractual de rendir trimestralmente los informes
de la ejecución, responder técnica y administrativamente por el cumplimiento de
las actividades establecidas en el plan operativo, vigilar el estricto cumplimiento
de las obligaciones a cargo de las personas contratadas para la ejecución de
actividades propias del convenio, consignar a la Dirección del Tesoro Nacional
los recursos no ejecutados y almacenar y custodiar los archivos y documentos
que se produzcan durante la ejecución del convenio y entregarlos al IICA al
momento de la finalización, obligaciones todas estas incumplidas por el
contratista.

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3. Contestación de la demanda

En la oportunidad legal, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) manifestó que de conformidad con el Acuerdo Básico de 27 de
septiembre de 1967 suscrito entre la República de Colombia y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (hoy Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura) y la Convención sobre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ese organismo internacional
goza de inmunidad; sin embargo, y sin que ello constituya renuncia a ella ni la
asunción de la calidad de parte dentro del proceso, contestó de la siguiente
manera:

1) Los 16 proyectos mencionados a lo largo de la demanda no corresponden a la
ejecución del convenio 052 de 2009, según decisión del Comité Administrativo
del Convenio presidido por el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural e
integrado por funcionarios de la entidad demandante, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural decidió utilizar recursos del convenio para ejecutar actividades
ajenas a este, esto es, para financiar proyectos que no habían sido seleccionados
en las convocatorias realizadas en el marco del convenio 052, orden que debía
ser acatada por el IICA.

2) El MADR obra en pleno desconocimiento a la cláusula compromisoria pactada
en el Acuerdo 052 de 2009.

3) El IICA entregó al Ministerio toda la documentación en su poder y esta misma
fue aportada al proceso por la parte demandante.

4) “La culpa es del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por asignar
recursos de un convenio (el 052 que nos ocupa), para financiar actividades
ajenas a este convenio. Este es un hecho grave de utilización de recursos
públicos realizada con la anuencia y el poder de ordenamiento que ejerció en
todo el momento el MADR sobre el IICA. No puede culparse a quien en minoría
ejecuta órdenes imperativas de la mayoría y especialmente cuando quien las
ordena es el dueño de los recursos”. (fl. 81 cdno. 1).

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Actor. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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5) Propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia del daño, por cuanto el
ministerio no acreditó haber padecido algún detrimento; (ii) no hubo conducta
culposa de mi poderdante, ya que el IICA no obró con negligencia ni incumplió
sus obligaciones contractuales; (iii) inexistencia de un nexo causal entre la
conducta de mi poderdante y el supuesto daño alegado por la contraparte, debido
a que el eventual perjuicio recae sobre elementos ajenos al convenio; (iv) culpa
de un tercero, por la conducta del viceministro de agricultura y del comité
interventor; (v) violación de la inmunidad de jurisdicción otorgada a mi
poderdante, que se la otorgan los convenios suscritos y el derecho internacional
consuetudinario; (vi) violación del principio de legalidad, derivada del
sometimiento al IICA a un procedimiento judicial que no resulta viable; (vii)
violación de la cláusula compromisoria, porque el convenio se rige por el derecho
privado y la revisión de un eventual incumplimiento debía someterse a los
procedimientos legales y voluntarios fijados para ese tipo de asuntos, “por
tratarse de un convenio de ciencia y tecnología, el Ministerio debió tener en
cuenta que la contratación entre particulares se caracteriza por impedir bajo
cualquier circunstancia el establecimiento de disposiciones convencionales o de
decisiones administrativas que generen un rompimiento del equilibrio entre las
partes” (fl. 87 cdno. 1).

4. La sentencia apelada

El 7 de diciembre de 2016 (fls. 136 - 139 cdno. ppal.) el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A negó las pretensiones de la
demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1) En el presente caso no está en discusión el incumplimiento del convenio
interadministrativo 052 porque este fue declarado por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural mediante la Resolución 331 de 25 de septiembre de 2013 y se
confirmó mediante la Resolución 333 del día 30 de esos mismos mes y año, de
modo que la controversia se centra en los perjuicios ocasionados a la entidad
estatal1.

1
En la audiencia inicial, a la cual no compareció la apoderada del IICA, se fijó el litigio así:
“escuchadas la parte actora (sic), se procede a fijar el litigio, el cual, en este caso se centra en
las circunstancias fácticas no aceptadas por las partes, relacionadas con los HECHOS 20 Y 21,
en el sentido de: si están demostrados, sí o no, los perjuicios ocasionados al Ministerio de
Agricultura.” (fl. 98 cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas originales).

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2) Era carga de la parte demandante acreditar el monto de los perjuicios, su
causación y cuantía, así como también la conexidad entre estos y el
incumplimiento de la contraparte, lo cual no hizo; el MADR pretendió la suma de
$4.500.000.000 correspondientes al monto asegurado del amparo de
cumplimiento, pero ello no lo releva de probar los daños sufridos porque no todo
incumplimiento genera perjuicios.

3) No está probado que la omisión del IICA de entregar información hubiera
generado daños, porque los 16 acuerdos que se discuten en el presente caso
derivaron del convenio 055 de 2008 (suscrito entre las mismas partes) cuyo
objeto fue apoyar la construcción de sistemas de riego frente al cual nada dijo la
parte demandante.

3) “Quiere significar la Sala, que no está demostrado que, al omitir la entrega de
la documentación de los Acuerdos de Financiamiento, el demandado le causó un
perjuicio a la entidad, ya que, se reitera, estos Acuerdos surgieron de otra
actuación entre las partes y la cual no fue traída a conocimiento de esta Instancia”
(fl. 139 cdno. ppal).

4) No se acreditó la causación de costas porque no hay prueba de las expensas
en las que se hubiera incurrido; tampoco se causaron agencias en derecho
porque la apoderada del IICA no asistió a las audiencias ni presentó alegatos de
conclusión.

5. El recurso de apelación

En el término legal previsto para el efecto (fls. 147 – 164 cdno. ppal.) el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural insistió en el incumplimiento del IICA, por
idénticas razones a las planteadas en la demanda; reiteró que las omisiones de
entrega de la información sobre la ejecución de los acuerdos, su declaratoria de
incumplimiento y las reclamaciones ante las correspondientes aseguradoras, lo
cual “ocasionó perjuicios para la implementación de los planes y políticas por
cuanto ante la tardanza de la entrega del informe final impidió conocer a tiempo
del cumplimiento de los Acuerdos de Financiamiento” (fl. 157 cdno. ppal.),
“determinar la ejecución final técnica y financiera del convenio” (fl. 158 cdno.

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ppal.), “conocer el detalle de las gestiones realizadas” y “adelantar la liquidación
del convenio” (fl. 159 cdno. ppal.).

Indicó que aún están pendientes de reintegrar los $225.140.918 que el IICA
reconoció deber e insistió en que no ha recibido la totalidad de la documentación
que soporte la ejecución del convenio, con base en lo cual concluyó lo siguiente:

“De acuerdo con lo probado, es del caso precisar que la pretensión no
es exorbitante si se tiene que los perjuicios que el incumplimiento de las
obligaciones causó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural son
ostensiblemente superiores a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS $4.500.000.000 pues al no conocerse el informe
final no es posible determinar los perjuicios adicionales causados, culpa
plena imputable al IICA” (fls. 163 – 164 cdno. ppal.).

6. Alegatos de conclusión

1) En la oportunidad para presentar alegaciones finales el IICA (fls. 218 – 223
cdno. ppal.) insistió en que goza de inmunidad ante la jurisdicción colombiana y
que no puede ser llamado a juicio, en apoyo de lo cual citó la sentencia T-833 de
2005 de la Corte Constitucional, insistió en que sí entregó la información
solicitada por el MADR y en que de existir perjuicios estos deben ser imputados
al viceministro de agricultura de la época y al comité interventor del convenio que
ordenaron trasladar recursos de un convenio a otro sin cumplir los requisitos
legales.

2) Por su parte, el Ministerio Público (fl. 224 – 229 cdno. ppal.) solicitó que se
confirme la sentencia apelada porque el MADR pretende que se declare el
incumplimiento del convenio 052 de 2009 con fundamento en la no entrega de
información sobre 16 proyectos adelantados en virtud de otro convenio (055 de
2008) y “no es posible declarar el incumplimiento de un contrato con las razones
fácticas y jurídicas de otro” (fl. 228 cdno. ppal.), afirmación que explicó en los
siguientes términos:

“Así las cosas, fácil es advertir que tanto la demanda como el presente
recurso se sustentaron en una premisa equivocada, puesto que se
pretende endilgar responsabilidades al IICA, por el incumplimiento del
convenio 052 de 2009 como resultado de una falta de ejecución de
obligaciones que no eran propias del demandante, lo cual fue
desestimado porque el problema jurídico de este proceso no era el
incumplimiento de la demandada, porque en todo caso este se

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encuentra demostrado con las decisiones contenidas en la resolución
No 331 del 25 de septiembre de 2013, confirmada por la resolución 333
del 30 de septiembre de 2013, por medio de las cuales el demandante
declaró el incumplimiento del convenio especial de cooperación
científica y tecnológica No 052 de 2009” (fl. 229 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, lo cual tendrá lugar en un único capítulo denominado “inmunidad
del Instituto Interamericano para la Cooperación de Cooperación para la
Agricultura”, por cuanto, tal como lo sostuvo este a lo largo del proceso, dicho
organismo internacional no está sujeto a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por expreso pacto con la República de Colombia. La prosperidad
de esta excepción releva a la Sala del análisis de los demás aspectos de la
controversia.

1. Inmunidad del Instituto Interamericano para la Cooperación de
Cooperación para la Agricultura

1) El 15 de enero de 1944, se realizó en Washington DC la Convención Sobre el
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas suscrita por Colombia el 23 de julio
de 1948 y ratificada el 15 de julio de 19522.

2) El 26 de septiembre de 1967, la República de Colombia y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas suscribieron el acuerdo básico “Sobre
Privilegios e Inmunidades del Instituto”, en el cual se pactó lo siguiente:

“Artículo 6°. El Instituto gozará en Colombia de las siguientes
prerrogativas e inmunidades:

a) De inmunidad de jurisdicción de los tribunales nacionales,
contra todo procedimiento judicial y administrativo, a excepción de
los casos particulares en que expresamente se renuncie a esa
inmunidad.” (destaca la Sala).

2
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_C-
12_Convencion_sobre_el_Instituto_Interamericano_de_Ciencias_Agricolas_firmas.htm

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3) El 6 de marzo de 1979 los Estados miembros del Instituto Interamericano de
Ciencias Agrícolas pactaron la “Convención sobre el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura”, suscrita por Colombia el 3 de junio de 1979 y
ratificada el 28 de enero de 19803, en los siguientes términos:

“Artículo 1. El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas,
establecido por la Convención abierta a la firma de las Repúblicas
Americanas el 15 de enero de 1944, se denominará ‘Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura” (en adelante el
Instituto), y se regirá de conformidad con la presente convención.”.

4) En el Capítulo VIII de la referida convención se precisó que el referido instituto
gozaría de las inmunidades que le concedan los Estados miembros mediante
acuerdos bilaterales o multilaterales:

“CAPITULO VIII

DE LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES

Artículo 26. El Instituto gozará en el territorio de cada uno de los
Estados Miembros de la capacidad jurídica y de los privilegios e
inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones y la
realización de sus propósitos.

Artículo 27. Los Representantes de los Estados Miembros en las
reuniones de la Junta y del Comité y el Director General gozarán de los
privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios
para desempeñar sus funciones con independencia.

Artículo 28. La condición jurídica del Instituto y los privilegios e
inmunidades que deben otorgarse a él y a su personal serán
determinados en un acuerdo multilateral que celebren los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos o, cuando se
estime necesario, en los acuerdos que el Instituto celebre bilateralmente
con los Estados Miembros.

Artículo 29. Para realizar sus fines y de conformidad con la legislación
vigente en los Estados Miembros, el Instituto podrá celebrar y ejecutar
contratos, acuerdos o convenios; poseer fondos, bienes inmuebles,
muebles y semovientes, y adquirir, vender, arrendar, mejorar o
administrar cualquier bien o propiedad.” (resaltado original).

5) Con todo, en el Capítulo XI de la Convención se acordó que los privilegios e
inmunidades concedidos al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas se
extienden al IICA, de modo tal que el Acuerdo Básico de 1967 continúa vigente
pese al cambio de denominación del organismo:

3
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/c-17.html

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“CAPITULO XI

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 38. Los derechos y beneficios, así como los privilegios e
inmunidades que han sido otorgados al Instituto Interamericano de
Ciencias Agrícolas y a su personal se extenderán al Instituto y a su
personal. Asimismo, el Instituto será el titular de los haberes y
propiedades del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y
asumirá todas las obligaciones que éste haya contraído.” (resaltado
original).

6) De acuerdo con lo expuesto es claro que la República de Colombia le
reconoció al IICA inmunidad frente a sus tribunales respecto de cualquier
procedimiento judicial y, lejos de renunciar a esta, el mencionado instituto la alegó
durante el curso del proceso.

7) Frente a este punto es necesario precisar que, de acuerdo con la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, estas inmunidades no
corresponden a una prerrogativa del derecho internacional consuetudinario sino
que deben estar acordadas expresamente por los Estados quienes
voluntariamente deciden renunciar al ejercicio de su jurisdicción; además,
tampoco se trata de prerrogativas absolutas sino relativas en tanto y en cuanto
resulten idóneas para permitir el ejercicio pleno y pacífico de las funciones del
organismo beneficiario. En sentencia C-098 de 2020 la Corte lo sostuvo así:

“5. Ahora bien, las inmunidades que cobijan a las organizaciones
internacionales no están contempladas de manera general en ningún
instrumento internacional único. Como lo indicó la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia al resolver un caso que
involucraba a uno de estos organismos en nuestro país, “la capacidad
de las Organizaciones Internacionales (OI), [en estos temas], depende
enteramente de la voluntad de los miembros que las conforman
(generalmente Estados), y por lo tanto, gozan o no de inmunidad de
jurisdicción, según lo establezcan los tratados constitutivos, convenios
o acuerdos de sede. // En este orden, su inmunidad, no surge de forma
endógena, como tampoco [se] deriva del Derecho Internacional
Consuetudinario, sino que se encuentra consagrada, según sea el caso,
en el tratado constitutivo del organismo o acuerdo de sede, con el
alcance que sus miembros decidan”.

Por lo tanto, dependerá de cada convenio internacional que se suscriba,
el alcance de los privilegios e inmunidades que se le concederán a una
organización internacional en particular, en un territorio específico.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que una de
las condiciones para que los privilegios e inmunidades conferidos en
tales casos sean compatibles con la Constitución, se funda en que los

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beneficios o exclusiones de jurisdicción que se concedan estén dirigidos
inequívocamente a permitir la ejecución de las actividades de la
organización correspondiente, sin que puedan fijarse o interpretarse
como cláusulas abiertas que excedan ese marco y puedan constituirse
en autorización sin límite para vulnerar derechos fundamentales. En
términos de la Corte, “[l]as inmunidades y privilegios conferidos a
miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política
siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y
soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de
los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas”. Porque de
no hacerse dicha salvedad “[b]ajo el manto de buenas intenciones
patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...)
cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de
tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y
desequilibrios.”

76. En este sentido, en lo que concierne al alcance mismo de las
inmunidades, esta Corporación ha sostenido que, a la luz de la
Constitución, en el territorio colombiano, ningún Estado u organismo
internacional goza de inmunidad absoluta. Esto es así, porque las
atribuciones que le competen al Estado colombiano en términos de
soberanía e independencia implican que tiene plena capacidad jurídica
para “asegurar la defensa y protección de los derechos de las personas
sometidas a su jurisdicción”. En la Sentencia C-137 de 1996, esta
Corporación precisó lo anterior de la siguiente forma:

‘[L]las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden
ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en
capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de
un gobierno extranjero o representante de un organismo de
derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla
en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que
le competen como estado libre y soberano para asegurar la
defensa de los derechos de las personas sometidas a su
jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la
Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es
legítima’.

En el mismo sentido y como lo expresó la Corte Constitucional en
la Sentencia T-462 de 2015 en lo que respecta a la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas:

‘[L]a garantía de inmunidad sobre personas y bienes tiene unos
límites los cuales han ido cambiando con el tiempo En el
mencionado instrumento internacional se incluyen ciertos límites,
relacionados, por ejemplo, con las obligaciones que los Estados
acreditantes deben observar en materia de actos de comercio o
del respeto por las normas sobre seguridad social del Estado
receptor’.

La Corte en consecuencia ha abandonado la teoría de la inmunidad
absoluta de tales agentes y organismos, y la ha sustituido por la figura
de la inmunidad restringida, con el objeto de salvaguardar
esencialmente el principio de soberanía nacional y dar cuenta de que
tales privilegios no pueden ser asociados o considerados en sí mismos,
como un sinónimo de impunidad.

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Controversias contractuales

77. En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha previsto que los acuerdos
mencionados, bajo la modalidad de inmunidad restringida, suponen:

(i) Que las exclusiones de jurisdicción solo se predican en el marco del
ejercicio de las actividades propias de la organización internacional
correspondiente. Esto es, dichos tratamientos diferenciados “se
circunscriben esencialmente a los que resulten necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los cuales habrán de gozar
mientras desempeñen sus funciones y después de la cesación, en
relación con el ejercicio de dichas atribuciones”.

(ii) Que dichos tratamientos no configuran inmunidad absoluta y por
ende no pueden ser comprendidos como cláusulas abiertas que facultan
a sus beneficiarios para desconocer las normas del ordenamiento
jurídico colombiano, ni menos aún para que se permita la impunidad
respecto de delitos y demás comportamientos antijurídicos en que
incurran dichos beneficiarios. En ese sentido, el principio de inmunidad
de jurisdicción debe ser concebido como un instrumento para garantizar
la autonomía de los agentes internacionales en el ejercicio de sus
funciones, pero no como “una renuncia no justificada del deber del
Estado de garantizar los derechos y deberes de los habitantes del
territorio”.

(iii) Finalmente, también suponen que en cualquier caso, ante la
exclusión de la jurisdicción, el Estado colombiano está llamado a reparar
patrimonialmente el daño causado a terceros, en los términos del
artículo 90 superior, cuando estos, en virtud de tal inmunidad, no estén
en capacidad de reclamar judicialmente el perjuicio causado al
beneficiario responsable. En este último aspecto, la Corte
Constitucional reconoció en la Sentencia C-315 de 2004 que la
inmunidad de jurisdicción podría afectar, eventualmente, el derecho de
acceso a la administración de justicia de las personas, al impedir a los
nacionales, por ejemplo, demandar a los miembros de las misiones
diplomáticas que les hubieren podido ocasionar algún daño. Sin
embargo, a partir de esa providencia, la Corte Constitucional ha
considerado que ese reparo no es justificado, no solo porque la
inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino porque
en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado
colombiano, por haber sido víctima de un daño antijurídico (CP art.
90). Lo anterior, en atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado
en la materia, que desde ese entonces considera que:

‘[E]l título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio
de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento
del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad
legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la
República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el
administrado no está en el deber de soportar, pues la carga
pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una
persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al
Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar
el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta
que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la
igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P’.

De este modo, se precisó en esa providencia, -como lo ha reiterado en
diversas sentencias posteriores-, que el principio de inmunidad de
jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado

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Controversias contractuales

por una misión diplomática o un organismo internacional no pueda
obtener la indemnización respectiva a cargo del Estado colombiano. En
tales casos, si por un privilegio conferido por el Estado a una persona,
se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulte
damnificado, sin la posibilidad de demandar con fundamento en el
hecho dañino ante su juez natural, hay un desequilibrio de las cargas
públicas; y por ello el particular está habilitado para demandar al Estado
colombiano en reparación. El rompimiento del equilibrio de las cargas
públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la
República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al
Estado el deber de reparar a los afectados” (negrillas originales –
subrayado de la Sala).

8) Por su parte, en similar orientación, esta Sección ha señalado que las
inmunidades deben interpretarse de manera relativa en razón del contexto para
el que han sido otorgadas, que acompasa con la necesidad de permitir el
desarrollo autónomo de las funciones del respectivo organismo4:

“Esta Corporación, acoge el criterio objetivo – finalista adoptado por la
Corte Constitucional, en cuanto a la interpretación de las cláusulas de
inmunidad jurisdiccional, extendidas, específicamente, a favor de los
órganos internacionales, de manera que la simple inclusión de la
prerrogativa en el instrumento de derecho internacional no implica que
se encuentre excluida absolutamente de la jurisdicción interna del
Estado, por cuanto la inmunidad debe entenderse concedida en el
contexto de la finalidad para la cual fue creada, que no es otro
distinto que permitir al organismo desarrollar las funciones que le
son inherentes, con autonomía e independencia, para evitar que
agentes externos entorpezcan su objeto, de suerte que cuando la
cláusula se torne ambigua, abstracta o abarque supuestos
indeterminados, el juez deberá interpretarla atendiendo los criterios
expuestos y la lógica de lo razonable para establecer el alcance de la
misma y evitar así la mengua indirecta e innecesaria de derechos
fundamentales de los habitantes del territorio colombiano, como el
acceso a la administración de justicia y de atributos inherentes al Estado
como la soberanía e independencia ya que, de hecho, la simple
concesión de las inmunidades implica la cesión de éstos en alguna
proporción.” (se destaca).

9) En este caso, el objeto del convenio suscrito entre las partes 5 guarda relación
precisa con las funciones del IICA establecidas en la convención de 1979, que
son las siguientes:

“Artículo 4. Para alcanzar sus fines el Instituto tendrá las
siguientes funciones:

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 26 de marzo de 2009, exp. 34.460, MP Myriam
Guerrero de Escobar.
5
“El presente convenio tiene por objeto la cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio
y el IICA, mediante la unión de esfuerzos, recursos, tecnología y capacidades, para la
implementación, desarrollo y ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje, que permita
la asignación de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro – AIS”. (fl. 48 cdno. 2).

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Controversias contractuales

a. Promover el fortalecimiento de las instituciones nacionales de
enseñanza, investigación y desarrollo rural, para impulsar el avance y
la difusión de la ciencia y la tecnología aplicadas al progreso rural;

b. Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades
de acuerdo con los requerimientos de los gobiernos de los Estados
Miembros, para contribuir al logro de los objetivos de sus políticas
y programas de desarrollo agrícola y bienestar rural;

c. Establecer y mantener relaciones de cooperación y de coordinación
con la Organización de los Estados Americanos y con otros organismos
o programas, y con entidades gubernamentales y no gubernamentales
que persigan objetivos similares, y

d. Actuar como órgano de consulta, ejecución técnica y
administración de programas y proyectos en el sector agrícola,
mediante acuerdos con la Organización de los Estados Americanos,
o con organismos y entidades nacionales, interamericanos o
internacionales.” (se resalta).

10) En esa perspectiva, la inmunidad otorgada por la República de Colombia es
aplicable en este caso porque la controversia tiene que ver exactamente con el
ejercicio, en el país, de las funciones propias del organismo6 y no amenaza con
desconocer derechos de los habitantes del territorio, por cuanto el convenio
materia de la litis fue suscrito con el propio Estado que la concedió; así las cosas,
en aplicación del principio “pacta sunt servanda” no le es posible al Estado
desconocer sus compromisos internacionales y, por ende, no resulta viable
someter a esta jurisdicción la controversia promovida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en su contra.

11) El artículo 6 del acuerdo básico de 1967 “Sobre Privilegios e Inmunidades del
Instituto” prevé la posibilidad de que el IICA renuncie a la inmunidad para
determinados casos particulares siempre que se haga de manera expresa, lo
cual no ocurrió en este caso; en efecto, verificado en su integridad el texto del
convenio 052 de 2009 suscrito entre las partes no se encuentra renuncia expresa
a la referida inmunidad, como tampoco se alegó ni se probó que la hubieran
acordado en documento separado.

La Sala entiende por renuncia expresa aquella que se realiza de manera explícita
e inequívoca, no sujeta a ningún tipo de interpretación o deducción, que no está

6
A pesar de lo alegado en la contestación de la demanda no se acreditó que se ejecutaron
actividades ajenas a las funciones del organismo.

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sujeta a inferencias o a la interpretación de otras disposiciones del contrato, por
lo cual su existencia y eficacia depende de que aparezca pactada o consignada
en forma concreta e indubitable.

En este asunto concreto, en la cláusula decimoséptima del contrato se acordó lo
siguiente en materia de arbitramento:

“Las partes harán todo lo posible para resolver en forma ágil, rápida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual. En caso de que las diferencias que se originen por razón
de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y/o liquidación de
este Convenio no puedan resolverse directamente en forma amigable,
EL MINISTERIO y EL IICA podrán someterlas a decisión de árbitros. El
arbitramento será en derecho. La designación, número de árbitros,
requerimiento, constitución y funcionamiento del Tribunal de
Arbitramento, se regirá por las normas legales vigentes que regulen la
materia.” (fl. 52 cdno. – mayúsculas fijas originales).

En la referida cláusula no se incluyó una renuncia expresa a la inmunidad sino
que se previó la posibilidad de llevar los eventuales conflictos ante la justicia
arbitral; además, es especialmente relevante en este caso que la parte
demandada con ocasión de dar respuesta a la demanda formuló la excepción de
cláusula compromisoria y el tribunal de primera instancia la declaró no probada
por considerar que, tal como lo pactaron las partes, era facultativo acudir o no a
tal instancia, en efecto, las partes dijeron que podrían acudir a los árbitros,
decisión que no fue apelada por ellas, circunstancia por la cual no es posible
revisar dicho aspecto por no ser parte del recurso de alzada; en consecuencia,
aquella estipulación contractual no corresponde ni puede ser equivalente a una
renuncia expresa a la inmunidad.

Con fundamento en lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada que
definió de fondo la controversia y, en su lugar, declarar probada la excepción de
falta de jurisdicción por inmunidad de la parte demandada, lo cual impide a la
Sala pronunciarse respecto del fondo del conflicto objeto del proceso, incluidas
las costas procesales.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Controversias contractuales

FALLA

PRIMERO. Revócase la sentencia de 7 de diciembre de 2016 por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
A negó las pretensiones, en su lugar, declárase probada la excepción de falta de
jurisdicción por inmunidad del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura IICA frente a la justicia nacional.

SEGUNDO. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las desanotaciones del caso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

(aclara el voto)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

(salva el voto)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. Se hace constar que la presente providencia fue suscrita electrónicamente por
los magistrados del Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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